Este cuadro de Zurbarán, "Defensa de Cádiz", ilustra perfectamente el objetivo y prioridad de nuestra asociación.
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viernes, 10 de febrero de 2012

La judicatura destaca la unanimidad y solidez del fallo

Por C. Guindal

Publicado en El Confidencial (10/02/2010)
Baltasar Garzón no volverá a la Audiencia Nacional. Es cierto que ha sido un juez con sus luces y sombras. Endiosado tras algunas de sus investigaciones, defenestrado en la etapa final de su carrera, entre sus compañeros no hubo mucha sorpresa tras conocer la sentencia. Sin embargo, sí hubo pesar porque después de todo Garzón fue compañero durante dos décadas.

El aún magistrado no podrá pedir el reingreso en la carrera judicial hasta dentro de 11, años, cuando ya tenga 67. Veinte años como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, donde ya no regresará. Llevaba dos años suspendido de manera cautelar tras su imputación formal por el Tribunal Supremo pero durante este tiempo siempre quedó una gota de esperanza, que se ha esfumado.

El 9 de febrero es la fecha que el Alto Tribunal le ha considerado responsable de un delito de prevaricación y le ha expulsado de la carrera judicial. En la Audiencia, pesar sin sorpresa. No había alegría ni asombro. Parecía que se sospechaba lo que iba a ocurrir. “Era lo previsible”, dicen algunos; “no deja de ser un compañero”, dicen otros.

Tras conocer la sentencia, se vuelve a abrir del debate sobre la interpretación del artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que le ha llevado a la inhabilitación. Muchos recuerdan que la ley es clara y sólo se puede grabar conversaciones entre imputados y abogados desde la cárcel cuando se trata de delitos de terrorismo. Garzón se extralimitó y debe pagar por ello. Otros opinan que la pena podría haber sido inferior, si se le hubiese aplicado la prevaricación imprudente.

En uno u otro órgano judicial, parece que la sentencia no ha causado sorpresa. En el Consejo General del Poder Judicial sostienen que el fallo ha sorprendido a muy pocos. Era un juicio muy técnico, dicen fuentes del órgano de los jueces, y no se puede olvidar que la decisión ha sido acordada por unanimidad de los siete magistrados que le juzgaron. Ante esta votación, es difícil para la mayoría oponerse a la sentencia. El presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y candidato a presidir el tribunal, Javier Gómez Bermúdez, fue ayer muy claro: "Creo en la Justicia y creo en el Tribunal Supremo. Un juez que no cree en la justicia mejor que se vaya a otro sitio".

Ni siquiera desde las asociaciones de jueces ponen en duda la imparcialidad y legitimidad de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se vuelve a hablar de la solidez jurídica del caso.

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha afirmado que la sentencia "era esperada porque el auto tenía una alta solidez jurídica. Existían indicios que apuntaban a la responsabilidad penal de Garzón yahora se ha corroborado la sospecha". En declaraciones a Ep, ha añadido que Garzón "es reconocido por los servicios prestados al país y para la judicatura resulta duro que un miembro suyo tenga que ser condenado por un ilícito penal". No obstante, esta resolución "pone en evidencia que España es un Estado de Derecho en el que se protege a los ciudadanos y en el que el Tribunal Supremo enjuicia con equidistancia y neutralidad, aunque el enjuiciado sea un destacado miembro de la judicatura cuya carrera acabará marcada por un saldo negativo que es haber sido sancionado por dictar una resolución injusta a sabiendas de esta injusticia".

Para el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Jiménez Villarejo, la sentencia produce "una profunda pena", pero es "muy exhaustiva y completa y recoge una condena proporcionada". Jiménez Villarejo ha defendido que se trata de una "buena" resolución que clarifica en buena medida las cuestiones que rodean el derecho de defensa y la posibilidad de utilizar "medidas o diligencias de investigación indiscriminadamente". "Es muy clarificadora por el contenido, muestra una contundencia absoluta y va a ser un referente: un tribunal altamente cualificado ha entendido que la conducta de Garzón fue deliberada y consciente. La condena es ajustada", ha remachado. "Entendemos la sentencia pero no deja de producirnos pena y decepción que un juez tan relevante como lo era Garzón sea condenado", ha concluido.

Ahora, todos los ojos están puestos en la sentencia sobre la investigación de los crímenes de la guerra Civil y el franquismo. Una vez que se conozca el fallo de este segundo asunto, el Tribunal Supremo deberá inhibirse del tercer caso, el de los cobros de Nueva York, porque Baltasar Garzón ya no es miembro de la carrera judicial.

jueves, 26 de enero de 2012

Un juicio provocador

Editorial El País 25/01/2011

Pendiente del veredicto sobre las escuchas en la cárcel a los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados, sospechosos de connivencia para blanquear fondos ocultos en Suiza, el juez Baltasar Garzón compareció ayer por segunda vez en pocos días ante el Tribunal Supremo, en esta ocasión para ser juzgado por la causa abierta sobre los crímenes del franquismo. A Garzón se le acusa de prevaricar por intentar dar una respuesta legal, desde las exigencias de la España democrática, a los familiares y asociaciones de víctimas del franquismo que no renuncian a recuperar los restos de allegados que yacen todavía en fosas comunes en toda España.

Además de temeraria, por lo que comporta de apología y reivindicación de un régimen dictatorial de infausta memoria para muchos españoles, la querella que sentó ayer en el banquillo a Garzón añade un tono provocador difícilmente soportable en la España democrática. No es irrelevante en este caso el perfil ideológico de los querellantes: una asociación nostálgica del franquismo -Manos Limpias- y un grupo político de corte fascista -Falange Española, luego expulsada del proceso- que sirvió de hechura de partido único a los diversos elementos de la dictadura. Ese tono ha contaminado el juicio y está causando un grave daño a la imagen internacional de España.

Existe la posibilidad de que el espectáculo termine cuanto antes. La defensa de Garzón alegó ayer dos motivos: la aplicación de la llamada doctrina Botín, elaborada por el propio Tribunal Supremo, según la cual no cabe abrir juicio oral solo a instancias de la acción popular y sin que el fiscal acuse y existan, además, perjudicados, y la extraña actuación del instructor Varela, que aconsejó a la asociación querellante cómo debía redactar el escrito de acusación para evitar la nulidad del proceso.

A Garzón se le acusa de haber asumido una competencia que no le correpondía. Pero eso había que determinarlo tras estudiar la denuncia y resolver las cuestiones que planteaba: si era fundada, si era aplicable la Ley de Amnistía de 1977 y compatible con la Ley de Memoria Histórica, si los delitos habían prescrito o eran de naturaleza permanente. Eran cuestiones a dilucidar en el procedimiento, por lo que ninguna de las resoluciones adoptadas al respecto podrían ser nunca tachadas de prevaricadoras.

miércoles, 13 de abril de 2011

La justicia al revés

Por Jose Manuel Romero

Publicado en El País (12/04/2011)

Dos años después de que un exconcejal del PP de Majadahonda destapara la trama de corrupción masiva vinculada al partido de Mariano Rajoy y José María Aznar, solo se ha abierto juicio oral contra quienes investigaron o denunciaron los hechos. Los culpables de la rapiña, empresarios y políticos, siguen esperando a que los tribunales resuelvan sus múltiples recursos, que ralentizan la investigación hasta hacerla casi inviable.

El juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro abrió ayer juicio oral contra el magistrado Baltasar Garzón por un supuesto delito de prevaricación al ordenar escuchas en la cárcel a los abogados de los cabecillas de la red Gürtel a sabiendas de que no podía hacerlo. Su veredicto no es unánime en la carrera judicial. Ni mucho menos.

El juez que instruye desde hace dos años este caso en Madrid, Antonio Pedreira, que prorrogó las escuchas en la cárcel, entiende que es posible ordenar grabaciones en prisión aunque no se trate de casos de terrorismo. "La profesión de la abogacía es digna, pero no puede disfrutar de privilegios discriminatorios frente a otras profesiones. De la misma forma que se puede adoptar la medida motivada de entrada y registro en despachos profesionales, se puede de forma motivada acordar la intervención de comunicaciones", señala.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló las escuchas en la cárcel en un auto acordado por dos magistrados con el voto particular de un tercero, José Manuel Suárez Robledano, quien argumentó así su apoyo a la intervención de las comunicaciones a los abogados: "Pensemos que un interno en prisión preventiva se concierta con su abogado para que transmita -y eso nunca es derecho de defensa sino otra cosa muy diferente- y para que dé instrucciones de matar a una persona o hacer desaparecer el cadáver de la persona asesinada o para facilitar el blanqueo de dinero sucio procedente del tráfico de drogas, de la prostitución ilegal o del tráfico de influencias. La inmunidad absoluta que se da en esos casos a la confidencialidad en el locutorio impediría la prevención e investigación y acaso hasta la comisión de delitos contra la vida o de otros considerados siempre con la categoría de graves en el Código Penal Vigente". Pese a los argumentos de los jueces Pedreira y Suárez Robledano ha habido otros que consideran ilegales las escuchas. Y un magistrado del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que señala que Garzón grabó a los abogados a sabiendas de que la ley se lo impedía por lo que ahora abre juicio oral a través de un auto casi condenatorio: "Con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que no tenía la seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos, el magistrado acusado [Garzón] decidió acceder libremente a las conversaciones confidenciales que mantuvieran los internos con sus abogados...".

Los que denunciaron al juez por las escuchas ilegales pretenden que toda la investigación se anule y que las pruebas principales de la corrupción queden en nada. Sin embargo, antes de la orden judicial de intervenir las comunicaciones en la cárcel de los jefes corruptos con sus abogados, el juez Baltasar Garzón llevaba seis meses recabando pruebas del cohecho, del tráfico de influencias, del blanqueo de dinero y de la malversación de fondos públicos en las comunidades de Madrid, Valencia, Castilla y León y Galicia, todas gobernadas por el PP.

El juez Garzón es la segunda persona sin relación con la trama de corrupción que será juzgada por este caso antes que se haga lo mismo con los culpables de la red de rapiña. El otro acusado que ya se ha sentado en el banquillo sin tener trato con la red de Francisco Correa es el portavoz socialista valenciano. Ángel Luna, que espera sentencia por el supuesto delito de haber mostrado en el Parlamento un informe policial bajo secreto de sumario que denunciaba la corrupción y que había sido publicado por los medios de comunicación cinco meses antes.

Es la justicia al revés.