Ley electoral y regeneración democrática

Por Rosa Díez, publicada en EL Mundo (14/12/2010)

La autora explica su plan de reforma del sistema electoral para garantizar la pluralidad y la igualdad de los votantes. Aboga por un sistema de listas abiertas para reforzar la participación ciudadana en la elección de sus representantes.

El régimen electoral es una pieza clave del Estado constitucional, pues habilita la participación política de los ciudadanos, transforma sus votos en escaños y, en definitiva, hace operativo el principio democrático en las instituciones de nuestro Estado, que propugna como uno de sus valores superiores el pluralismo político.

Como hemos analizado en numerosas ocasiones, la Ley Orgánica 5/1985, vino a consolidar un sistema electoral cuyos parámetros principales se fijaron en la todavía franquista Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977, recogidos en el Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo, que reguló las primeras elecciones democráticas tras la dictadura. En 1978, esos parámetros pasaron a formar parte de la Constitución española y finalmente todos ellos fueron ratificados en 1985 en la LOREG (Ley Orgánica de Régimen Electoral General).
Conviene recordar estos antecedentes para aquilatar correctamente el origen y las pretensiones de la Ley que pretendemos cambiar. Si los objetivos del legislador de entonces eran mantener un sistema que garantizara el bipartidismo, los del legislador del siglo XXI han de ser instaurar un sistema político que garantice la pluralidad, la igualdad de los electores ante la ley al margen de su opción ideológica y el control de los ciudadanos sobre los poderes públicos.

La Ley electoral actual consagra algunas magnitudes que en nada se corresponden con la España de hoy. Así, dentro del rango de entre 300 y 400 diputados que fija el artículo 68.1 de la Constitución, el artículo 162 de la LOREG opto por mantener la cifra de 350 diputados que ya figuraban en la Ley preconstitucional. Sin embargo, las peculiaridades de la distribución poblacional española y el crecimiento del padrón de habitantes desde 1977 han originado la segunda ratio entre diputados y electores más baja en los países europeos.
El artículo 68.2 de la Constitución consagró también una representación mínima inicial por provincia, de suerte que 100 escaños de la Cámara, más otros dos de Ceuta y Melilla, se asignan con independencia de la población, lo que determina que el número de votos necesarios para la atribución de un escaño presente importantes desviaciones de unas circunscripciones a otras.
Finalmente, y para garantizar el principio de proporcionalidad mandado por la Constitución, la LOREG optó por recoger, aunque sin nombrarla, la fórmula utilizada desde las primeras elecciones democráticas, conocida como regla D’Hont. Como se puede apreciar, tenemos un sistema electoral diseñado en el franquismo y en el que nuestros dos principales partidos políticos se sienten como en casa. Dado que es imposible en democracia imponer el partido único, han legislado lo más parecido, el bipartidismo. Y ambos tan a gustito.

Nuestra propuesta de reforma -que será debatida en el Pleno de esta semana como enmienda a la totalidad del texto que llegó de la Comisión Constitucional- recoge una buena parte de las recomendaciones del Consejo de Estado en aras de garantizar la igualdad de votantes y partidos políticos en el proceso electoral y de revalorizar la participación de los ciudadanos en la designación de sus representantes.
En relación con el primero de estos objetivos -la igualdad de los electores y partidos políticos-, se ha optado por el aumento del número de diputados a 400 y la reducción de la representación mínima inicial a un diputado. Al mismo fin contribuye la sustitución de la fórmula D’Hondt por el método Hare, que aporta un mayor grado de proporcionalidad al sistema.

Por lo que respecta al segundo objetivo -el refuerzo de la participación de los electores en la designación de sus representantes-, se modifica el sistema de listas de candidatos al Congreso de los Diputados, permitiendo que los votantes especifiquen el orden de preferencia de los candidatos incluidos en la lista; o sea, se implanta el sistema de listas desbloqueadas, instrumento fundamental para la regeneración democrática.

Nuestra propuesta de reforma persigue asimismo aclarar cuestiones relativas al censo electoral, reforzando las garantías para combatir los denominados empadronamientos fraudulentos con fines electorales. Por lo que respecta al procedimiento de votación del censo de españoles residentes en el exterior, se regula un procedimiento muy garantista que presenta la importante novedad de permitir a los españoles que viven en el extranjero depositar el voto en urna en el consulado durante los tres últimos días de campaña, sin perjuicio de mantener el voto por correo para todos aquellos que no puedan desplazarse a votar en la dependencia habilitada al efecto.
En relación con las campañas electorales, la reforma persigue, de un lado, evitar la injerencia de los poderes públicos en las mismas mediante la realización de campañas institucionales y de inauguración de obras; y de otro, reducir la publicidad y la propaganda durante el periodo electoral. Se reduce el límite máximo de gastos de publicidad que pueden asumir las candidaturas en campaña, y se congelan las subvenciones por voto/escaño y mailing a lo largo del año 2011. Es decir, se suprime el mailing con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
La reforma incide también en la publicidad e información electoral en los medios de comunicación, manteniendo el respeto a los principios de pluralismo político y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa, en el conjunto de la programación de los medios de comunicación de titularidad pública durante el periodo electoral.

En suma, nos encontramos una vez más ante un debate de extraordinaria importancia para nuestro sistema democrático cuyo resultado final está cantado antes de iniciarse. El acuerdo férreo ente el PSOE y el PP (del que los nacionalistas son meros beneficiarios) para que no cambie nada y así garantizarse entre ambos la alternancia en el poder, hace imposible modificar un sistema electoral que se ha demostrado manifiestamente contrario a los principios constitucionales de igualdad ante la ley: el derecho activo de cada ciudadano de elegir a sus representantes en igualdad de condiciones y el derecho pasivo de los partidos políticos de ser elegidos también en igualdad de condiciones.

Esta reforma es clave para la regeneración democrática, para que los ciudadanos ganen el control sobre la política, para la recuperación de principios constitucionales que no son negociables. Garantizar la igualdad jurídica y la libertad individual requiere de reformas profundas de un sistema electoral que pervierte el propio régimen democrático. Por eso, además de las reformas antes mencionadas proponemos que las listas sean desbloqueadas para que cada ciudadano ponga una cruz al lado de cada candidato y ordene sus preferencias; reducimos los gastos en publicidad y propaganda electoral y se congelan de forma inmediata las subvenciones y suprimimos el mailing con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Unión Progreso y Democracia no va a cejar hasta conseguir estos objetivos, que no son ideológicos sino democráticos. Ni el PSOE ni el PP quieren cambiar una ley que les garantiza perpetuarse en el poder; pero ambos estarán más que dispuestos a cambiarla cuando necesiten los votos de un tercero para conseguir o mantener el poder. Nuestra condición innegociable será esta. A partir de ahí, podremos hablar. Queda dicho.

Rosa Díez es diputada nacional y portavoz de Unión Progreso y Democracia.

El pase foral de Zapatero

Por Rosa Díez, diputada y portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD)

Si algo ha demostrado este presidente es su capacidad para mimetizarse en el ambiente: ¿que va a Rodiezmo?, pañuelo rojo al cuello; ¿que va con sus juventudes?, kufiya palestina; ¿que va con los banqueros que llevan tirantes?, traje gris marengo y sonrisa cómplice; ¿que va a Marruecos?, foto con el rey y el mapa que incluye el Sáhara Occidental entre los territorios del reino alauí; ¿que se gobierna con nacionalistas?, más identitario que ellos.

No sorprende, por tanto, que lleve a la práctica con total desparpajo uno de los hallazgos más arcaicos del nacionalismo vasco: el pase foral. O sea, acato pero no cumplo. No sorprende tampoco la celeridad con la que el presidente se ha sometido a las reivindicaciones de los nacionalistas catalanes, incluidos los de su propio partido, para cumplir lo que les prometió en el Debate sobre el estado de la Nación: que promulgaría todas las leyes orgánicas que fueran necesarias para vulnerar la sentencia del Tribunal Constitucional.

Tampoco sorprende que vaya más lejos que lo aconsejado por los defensores del pase foral. Para Zapatero no es suficiente con acatar pero no cumplir: él irá más lejos y promulgará leyes que burlen la sentencia. Cumplirá lo que le pronostiqué (con murmullos de desaprobación desde la bancada socialista) en mi réplica durante el debate mencionado: «Como la ley prohíbe robar, vamos a hacerlo sin que nos pillen».

Zapatero se ha saltado a la torera todo pacto que le impusiera normas de comportamiento transparentes; se ha burlado de forma permanente de la separación de poderes; ha incumplido todos los acuerdos suscritos con empresarios, sindicatos, partidos políticos…; ha traicionado el pacto suscrito con los ciudadanos a través de su programa electoral, despreciando la idea misma de que la democracia es un pacto y el voto no es nunca un cheque en blanco. Y ahora, remedando a su ídolo Romanones («haga usted las leyes que ya haré yo los reglamentos»), se apresta a burlar la sentencia del Tribunal Constitucional. A eso se le llama, simple y llanamente, corromper políticamente las instituciones.

¿Qué se puede hacer cuando un país tiene un presidente que corrompe políticamente las instituciones negándose a acatar y a aplicar las leyes? ¿Qué se puede hacer cuando un país tiene un presidente que propugna el desacato de las sentencias del más alto Tribunal? ¿Se imaginan a Obama propugnando leyes para no cumplir las sentencias del Supremo de los EEUU? ¿Se imaginan a cualquier gobernante de cualquier país democrático del mundo en una actitud similar? ¿Qué haría la clase política de tal país si se produjera esa circunstancia? ¿Qué harían los medios económicos y sociales? ¿Qué harían los medios de comunicación? ¿Qué haría la Justicia?

No sé lo que ocurriría, pues la hipótesis misma resulta inverosímil; porque lo que sé es que en ningún país del mundo democrático existe un presidente como el nuestro, dispuesto a vulnerar las leyes que tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir. Sé que no hay en el mundo democrático un presidente capaz de someter a su país a tal grado de inseguridad jurídica, de inestabilidad política y económica, sólo para intentar que su partido gane unas elecciones.

Sé que no hay en el mundo democrático ningún país que tenga la desgracia de tener un presidente sin límites, capaz de defender una cosa y la contraria con la misma sonrisa y con la misma tranquilidad. Sé que no hay en el mundo democrático ningún presidente que anteponga la identidad a la ciudadanía; ningún presidente que no sea consciente de que la nación no es un estado de ánimo, sino el sujeto de la soberanía, el instrumento imprescindible para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos.

Sé que este presidente es el responsable de la quiebra política que sufre España. Y sé que mientras tenga algún poder en su mano va a seguir desmantelando el Estado, lo poco que le queda aún por destruir. Por todo eso, porque ha roto el contrato suscrito con los ciudadanos, porque ha perdido el crédito y ha fracasado en su política, porque nos lleva a una situación de quiebra institucional irreversible, llamo a la responsabilidad de todos aquellos que puedan hacer algo para evitar este desastre.

No me resigno a pensar que lo único que nos queda es alzar la voz denunciando el desastre. El Estado democrático ha de tener contrapoderes democráticos que eviten que un hombre sin escrúpulos pueda tirar por la borda 30 años de construcción de nuestra democracia. ¿Qué más debe ocurrir para que el establishment político, mediático y económico reaccione? ¿Qué más debe ocurrir para que los que viven bien con este Gobierno, los que esperan a heredar, los que se benefician de sus subvenciones o de la publicidad institucional reaccionen? ¿Qué más debe ocurrir para que los que nos dan lecciones cada día de lo que tenemos que hacer los políticos, los que quieren marcar los tiempos y las pautas, los que levantan el teléfono para llamar a gobernantes extranjeros levanten la cabeza y alcen la voz?

No queda mucho tiempo. Sólo sé que si el egoísmo no nos deja ver, si el cálculo económico o partidario es más fuerte que el patriotismo constitucional, no habrá ni sobras que repartirse.