Por Cesar Molinas
Reportaje publicado en El País (23/10/2011)
No hay remedio pacífico conocido para la crisis de endeudamiento que aflige a las economías occidentales. Las burbujas inmobiliarias en EE UU y en España alimentaron otra burbuja crediticia global en la que los bancos de Occidente llegaron a apalancar más de cuarenta veces su capital para dar crédito. Hasta que todo estalló. En la actualidad, no hay crecimiento económico porque no hay crédito, y no hay crédito porque los bancos están dañados, y los bancos no se sanean porque no hay crecimiento económico.
No hay remedio pacífico conocido para la crisis de endeudamiento que aflige a las economías occidentales. Las burbujas inmobiliarias en EE UU y en España alimentaron otra burbuja crediticia global en la que los bancos de Occidente llegaron a apalancar más de cuarenta veces su capital para dar crédito. Hasta que todo estalló. En la actualidad, no hay crecimiento económico porque no hay crédito, y no hay crédito porque los bancos están dañados, y los bancos no se sanean porque no hay crecimiento económico.
Lo poco que se sabe de este tipo de crisis es que son de digestión muy lenta. Hay tres precedentes históricos: la crisis japonesa de 1921, la Gran Depresión de 1929 y la crisis japonesa de 1989. Las dos primeras terminaron mediante ese supremo achatarramiento keynesiano que es la guerra: la de Manchuria en 1934 y la II Guerra Mundial en 1939. La tercera, dos décadas después de su comienzo, aún no se sabe cuándo y cómo terminará. Estas tres crisis dejaron algunas enseñanzas, pero aún no hay doctrina establecida sobre cómo salir de este tipo de situaciones por las buenas.
Hasta que Occidente no crezca, España no lo hará. Pero cuando Occidente empiece a crecer, España tampoco lo hará, a menos que haya introducido las reformas necesarias para adaptarse a la moneda única europea y a la economía globalizada. Somos tantos los que hemos escrito reclamando estas reformas, lo hemos escrito tantas veces y nos han hecho tan poco caso -excepto, un poquito, en materia de pensiones-, que lo que pide el cuerpo no es ponerse otra vez a escribir, sino ponerse a gritar. Pero seguiremos escribiendo. En lo que sigue de este apartado pasaré revista a las reformas pendientes, apoyándome en tres cifras: cinco millones de parados, deuda exterior del 160% del PIB y déficit público del 9% del PIB.
- Cinco millones de parados
España aporta el 10% del PIB de la eurozona, el 14% de la población y el 31% de los parados. ¡Sí, uno de cada tres parados de la eurozona es español! Los cinco millones de parados españoles y la tasa de paro del 21,2% son una anomalía aberrante en Europa: la tasa de paro media de la eurozona es el 10%, menos de la mitad que en España, y tan solo otros 3 de los 17 Estados miembros tienen tasas de paro de dos dígitos: Bélgica (11,7%), Portugal (12,3%) y Grecia (16,7%). ¿Acaso somos más holgazanes que los demás? ¿Más tontos? ¿Sufrimos un castigo divino? ¡No! Simplemente, tenemos un mercado de trabajo anómalo, disfuncional, que condena a la temporalidad precaria al 30% de los empleados, que genera bolsas millonarias de parados cada vez que viene una crisis...
Las estructuras básicas de nuestro mercado laboral y de la negociación colectiva siguen siendo las que se heredaron del franquismo en 1975: fueron diseñadas para una economía autárquica y corporativista. Las elevadas indemnizaciones por despido, causa importante de la temporalidad y del miedo empresarial a contratar, responden al paternalismo de un régimen para el que no existía el concepto de desempleo y, por tanto, no lo aseguraba. Ahora sí se asegura. La negociación colectiva, con su estructura jerárquica de convenios, tiene sus raíces en los antiguos sindicatos verticales y sigue siendo terriblemente eficaz a la hora de conseguir que los incrementos salariales no tengan nada que ver con los aumentos de productividad.
Así no hay economía que pueda funcionar. En 1986, España se integró en la Unión Europea, no en la Unión Soviética, mal que les pese todavía a algunos. Debemos ser consistentes en el entorno en el que estamos obligados a competir, y para eso no hace falta inventar nada: basta copiar lo que está funcionando bien en los Estados miembros que tienen tasas de desempleo de un solo dígito. En esa dirección van la propuesta de un contrato laboral único con costes de despido crecientes con la antigüedad, y la propuesta de flexibilización de la negociación colectiva para dar protagonismo a la negociación en el ámbito de la empresa. El Gobierno no se atrevió a enfrentarse a los sindicatos y no planteó la reforma del mercado laboral en estos términos. Los cambios resultantes han sido mayoritariamente cosméticos, y los que no lo han sido, como el fortalecimiento del poder sindical en la negociación colectiva de las pequeñas empresas, empeoran las rigideces del mercado de trabajo. Todo queda sobre la mesa del Gobierno que salga de las urnas en noviembre. Sin una reforma decidida, que reduzca la incertidumbre de las empresas a la hora de contratar, seguiremos siendo la anomalía de Europa y el paro seguirá aumentando.
- Una deuda exterior del 160% del PIB
La burbuja inmobiliaria ha dejado a España con una deuda exterior bruta del 160% del PIB. Esta ratio es una de las más elevadas del mundo y ha sido antesala del desastre en muchos países que la han alcanzado. ¿Podrá España pagar su deuda? Esto es lo que quita el sueño a nuestros acreedores.
Para poder pagar una deuda externa de estas dimensiones, un país tiene que tener un crecimiento económico vigoroso, superior a los pagos de intereses y devoluciones de principal. ¿Cuánto crecerá España en, digamos, la próxima década? El servicio de estudios del BBVA estima que el crecimiento potencial en este periodo será inferior al 2% en términos reales. Esta cifra es más baja que en décadas anteriores, pero puede acabar siendo optimista porque supone un crecimiento de la productividad del 0,9% anual, tasa que no se observa en España desde hace mucho tiempo. Añadiendo un 2% de inflación, se obtiene un crecimiento nominal teórico de, aproximadamente, 4%, que es bajo para garantizar con certeza el pago de la deuda. También es bajo para generar la confianza necesaria para refinanciarla, puesto que los analistas internacionales estiman un crecimiento inferior, incluso, al 4%.
¿Qué hacer? La respuesta es tan obvia que merece ser gritada, otra vez: ¡reformas estructurales! Según el BBVA, el paquete de reformas que deberían adoptarse (mercado de trabajo, de la vivienda, de la energía, educación, Administración Pública, justicia, etcétera) subiría el crecimiento potencial de la economía un punto porcentual, hasta el 3% en términos reales. Los efectos sobre el crecimiento se harían sentir solo a medio plazo, pero el efecto balsámico sobre la confianza de nuestros acreedores sería inmediato y eso llevaría a una mejora de nuestras condiciones de financiación.
El razonamiento del párrafo anterior es puramente teórico. Cuenta la anécdota que un analista le estaba explicando a George Soros un argumento de este tipo cuando el financiero le interrumpió: "Oiga, joven, todo eso está muy bien, pero ¿va a haber crédito?" "Ah, pues no, crédito no", respondió el analista. "Pues, entonces, no siga: la economía no va a crecer", terminó Soros.
¿Va a haber crédito en la economía española? No, crédito no va a haber durante mucho tiempo. Y no lo va a haber por cómo el Gobierno y el Banco de España han abordado la reestructuración del sistema financiero tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Había dos opciones. En primer lugar, se podía haber respetado la ortodoxia del Banco de España, elaborada a partir de la experiencia de varias crisis bancarias durante las cuatro últimas décadas. Esto implicaba obligar a las entidades de crédito a reconocer las pérdidas latentes para, después, y en caso necesario, recapitalizar, fusionar, vender o liquidar. Esta opción hubiera tenido la ventaja de que las nuevas entidades, al estar saneadas, habrían podido dar crédito sin dilación; y hubiera tenido el inconveniente de incrementar el déficit público en varios puntos del PIB, y hubiese sustraído a la inmensa mayoría de las cajas de ahorros, ahora bancos, de la tutela de los políticos regionales.
La segunda opción, que fue la que se eligió, hace tabla rasa de la ortodoxia del Banco de España. La estrategia consiste en obligar a las entidades a cumplir unas ratios de capital elevadas para garantizar su solvencia, pero dejando las pérdidas en estado latente. Tiene la ventaja de afectar poco al déficit público, y la desventaja de que el sistema financiero, al no haber sido saneado, queda en estado zombi: no hay holgura en el balance para dar nuevo crédito al sector real de la economía. Esta opción ha permitido, además, mantener un número significativo de cajas bajo control de los políticos.
Si el Gobierno y el Banco de España no rectifican esta estrategia, en España no habrá crédito durante años y, por tanto, no habrá crecimiento económico. Arreciarán, inevitablemente, las dudas sobre la capacidad de pago de la deuda. Aún hay tiempo para rectificar. Se debería aprovechar la circunstancia de que Europa está discutiendo fondos para un nuevo rescate bancario masivo para solicitar financiación para el saneamiento de los balances de las instituciones que lo necesiten, que son muchas. Mejor tener la cara roja una vez que amarilla toda la vida.
- Un déficit público del 9% del PIB
Con los datos que se conocen del año en curso, el déficit público no se ha reducido nada desde 2010: sigue estando en el 9% del PIB. Mal asunto, porque el objetivo para 2011 es el 6%, y este objetivo ha sido tan irrenunciable para el Gobierno que le ha sido sacrificado el hacer una reestructuración eficaz del sistema financiero. ¿Se acabará consiguiendo? La mayoría de los analistas opinan que no, que el déficit será, al menos, el 7%, y muchos apuntan ya el 8%.
El problema estriba en que el presupuesto público español se ha dimensionado a la burbuja inmobiliaria y no es financiable en condiciones normales de la economía. Si el déficit acaba siendo del 7% a final de año, el presupuesto tendría un déficit estructural del 5%, ya que dos puntos son achacables a la situación cíclica recesiva en la que nos encontramos. Estos 5 puntos del PIB son los que hay que eliminar para equilibrar estructuralmente el presupuesto.
Se pueden subir ingresos: nuevos aumentos del IVA, IRPF y especiales, copago sanitario y judicial, peajes en las autovías libres, etcétera. Todo eso va a ocurrir, pero será insuficiente. No va a haber más remedio que reducir gastos, y se van a tener que reducir de manera estructural, es decir, eliminando o reformando programas de gasto.
No basta con hacer recortes. Hasta ahora, las Administraciones han dejado de pagar, no de gastar, que no es lo mismo. Se ha llegado a una situación tan crítica que, por ejemplo, cuando se dice que la sanidad se paga a 600 días, lo que se quiere decir es que hace 600 días que no se paga. Son tácticas dilatorias, a la espera de que vuelvan los buenos viejos tiempos -los de la burbuja-, pero no volverán. Lo que hay que hacer, inevitablemente, es redimensionar el Estado. Pero eso son palabras mayores que nos llevan, sin solución de continuidad, al epígrafe siguiente.
2. La crisis político-institucional
Escribe Francis Fukuyama en The origins of political order, su último libro: "Cuando el entorno cambia y aparecen nuevos retos, surgen con frecuencia incoherencias entre las instituciones existentes y las necesidades emergentes. Estas instituciones están apoyadas por legiones de intereses atrincherados que se oponen a cualquier cambio fundamental. El declive aparece cuando los sistemas políticos no consiguen ajustarse a las nuevas circunstancias".
El régimen político que emana de la Constitución de 1978 nació con dos grandes retos que afrontar: la reconciliación y democratización del país, tras la larga dictadura franquista, y la integración en Europa. Ocho años más tarde, en 1986, quedaban pocas dudas de que ambos retos se habían superado de manera irreversible. No hubo mucho tiempo para dormir en los laureles, porque el mundo cambió de manera muy rápida planteando nuevos -e inesperados- retos. En 1989 cayó el muro de Berlín, abriendo paso a un vertiginoso proceso de globalización cuyas consecuencias siguen sorprendiendo. En 1992 se firmó el Tratado de Maastricht, y la moneda única comenzaba en 1999. En 1993, los retos que se le planteaban a España eran muy distintos a los de 1978: había que adaptarse a una economía planetaria y había que prepararse para el euro.
Las reformas exigidas por uno y otro retos tienen denominadores comunes: flexibilización de los mercados de factores, bienes y servicios. Vaya por delante que, en estos casi veinte años, se han hecho progresos en la liberalización de los servicios (farmacias, funerarias...) y que en estos años las grandes empresas españolas se han globalizado como nunca. Pero España, condicionada por su mercado laboral, no ha conseguido superar su patrón cíclico tradicional de crecimiento -expansión, recesión, devaluación de la peseta, recuperación- y no encuentra la manera de reducir su déficit público. Esos dos problemas surgen de rasgos clave del régimen político actual. La solución puede acabar exigiendo cambios importantes.
La Constitución de 1978 tuvo un respaldo político y social amplísimo. El consenso -ese conjunto de renuncias mutuas, que diría Miquel Roca- no se fraguó solo entre partidos políticos, sino que también incluyó a los sindicatos y a la patronal, conocidos a partir de entonces como los "interlocutores sociales". Esto fue así tanto por el prestigio que los primeros alcanzaron durante el franquismo tardío -recuérdese el Proceso 1001- como por la necesidad de encontrar una salida pactada a la terrible crisis económica de la época: las negociaciones de los Pactos de la Moncloa transcurrieron en paralelo al proceso constituyente.
El éxito en la salida de la crisis, por una parte, y en los objetivos democratizador y europeo, por otra, contribuyeron a consolidar a los interlocutores sociales, de modo que estos acabaron disfrutando de una representatividad de facto que iba mucho más allá de la de sus meros afiliados, que es lo único que reconoce la Constitución. Gobiernos de izquierda y de derecha han otorgado a los sindicatos una tutela y un veto implícitos sobre todo "lo social". A ello se debe, por ejemplo, el enorme retraso en la reforma de las pensiones y el fracaso de cualquier intento de reforma en profundidad del mercado laboral. Como escribió un comentarista, los sindicatos se han convertido en la columna vertebral del establishment contrario a la reforma estructural.
Es urgentísimo hacer una reforma profunda del mercado de trabajo, y es muy probable que haya que hacerla contra los sindicatos. Pues bien, hágase. Sí, conllevará un cambio en nuestro sistema político, pero un cambio en la buena dirección: la de dar plena soberanía al Parlamento en temas que, hasta ahora, le llegaban filtrados, cuando le llegaban.
El consenso de 1978 tuvo el gran acierto de integrar los nacionalismos históricos. Era, por aquel entonces, un tema peliagudo -y lo sigue siendo-. La vía elegida para hacerlo fue el Estado de las autonomías, versión café para todos. A lo largo de tres décadas, la descentralización del Estado ha sido muy grande. Salvo en las comunidades forales, que recaudan sus propios tributos, el gasto público se ha descentralizado mucho más que los ingresos y se han producido disfunciones entre las decisiones de gastar y las de recaudar.
La crisis actual ha tenido efectos devastadores sobre los presupuestos autonómicos: los ingresos se han desplomado y las principales partidas de gasto -educación, sanidad, dependencia, justicia...- son muy rígidas. Hay varias comunidades autónomas de régimen común en situación suspensión de pagos parcial. La tentación que tendrá el Gobierno que salga de las urnas el mes que viene de culpar al Estado autonómico del descontrol del gasto será muy grande. Argumentos no le faltarán, aunque las culpas están muy repartidas -recuérdese, por ejemplo, la centrifugación del déficit que produjo la Ley de Dependencia.
En cualquier caso, a mí me parece muy probable que el péndulo comience a moverse en sentido contrario y que se inicie un movimiento recentralizador, basado, también, en la filosofía del café para todos. Esto traerá consecuencias muy graves en lo que respecta a Cataluña. La Generalitat, previendo el movimiento pendular contrario, ha tomado ya rumbo de colisión con el futuro Gobierno central recortando el gasto en aquellas partidas que, como la sanidad, más gente movilizan en la calle, al tiempo que reclama el pacto fiscal. En otras palabras, Cataluña reclama la gestión de sus propios ingresos, asimilándose al régimen foral.
Esto pone en cuestión otro aspecto clave del actual régimen político: el café para todos. La gestión de esta situación va a ser muy delicada y compleja. Vaya por delante mi opinión de que, esta vez, Cataluña no se va a conformar con alguna cesión de competencias o con algo más de dinero: lo que está buscando es un encaje distinto dentro del consenso constitucional.
3. La crisis de moral y de valores
Escribí hace algún tiempo en este periódico que la acumulación de derechos sin contrapartida por el lado de los deberes embrutece a las masas. Esto, más por ignorancia que por otra cosa, escandalizó a algunos, que lo consideraron una ocurrencia mía provocadora y deleznable. No es así: este pensamiento tiene firmes raíces en Ortega y en Kant. Lo ilustraré con un ejemplo. El derecho a no ser despedido del trabajo arbitrariamente tiene que tener como contrapartida el deber de ir a trabajar. Si eso no ocurre, se produce el absentismo laboral, que es una verdadera plaga en las empresas españolas.
Nuestra democracia ha puesto mucho más énfasis en publicitar derechos que en reclamar deberes, y así no puede funcionar bien: ya dijo Montesquieu que la democracia se basa en la virtud, es decir, en el cumplimiento de las obligaciones. La clase política se ha dedicado a adular a las masas para conseguir votos, haciéndoles creer que tienen derecho no solo a recibir algo a cambio de nada, sino de recibirlo a perpetuidad. Todo el mundo tiene derecho a un AVE y a un aeropuerto cerca de su casa, sin ir más lejos. Hay unos Reyes Magos o un Papá Noel implícitos en la democracia española: nunca se menciona quién paga los regalos, quién financia esos derechos sin contrapartida.
En ese caldo de cultivo, la burbuja inmobiliaria empeoró mucho las cosas. Hay pocas cosas tan corruptoras como una burbuja inmobiliaria. Probablemente, el narcotráfico a gran escala que sufren algunos países de América Latina sea peor, pero no se me ocurren más ejemplos. En España, la burbuja ha corrompido a las Administraciones Públicas, muy particularmente a las territoriales, que son las que acaban teniendo la capacidad de decisión sobre dónde y sobre qué se construye; ha corrompido a los partidos políticos sin distinción de credo; ha corrompido a los empresarios en busca de recalificaciones o de permisos de edificación; ha vaciado las escuelas en beneficio del ladrillo o de la hostelería, causando un fracaso escolar masivo y creando grandes bolsas de jóvenes sin ninguna cualificación y con un futuro laboral muy incierto, y ha potenciado un sobredimensionamiento del Estado que ahora resulta financieramente insostenible. El paisaje después de la burbuja es desolador.
Lo ocurrido con las cajas de ahorros es muy ilustrativo de la crisis de moral que nos aflige. Hay una máxima en finanzas que establece que la mejor manera de robar un banco es tener uno. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en nuestro país. Las cajas no tienen dueño y nunca han estado gestionadas por angelitos, pero cuando se descentralizó su tutela, pasando esta a corresponder a las comunidades autónomas, la situación cambió a peor. A partir de ese momento, los políticos territoriales no solo decidían dónde y qué se construía, sino, además, quién construía, es decir, qué proyectos tenían financiación y cuáles no.
Todos los partidos políticos, sin ninguna excepción, han intentado controlar las cajas de sus territorios y casi siempre -con alguna grandísima y honrosísima excepción- lo han conseguido. El resultado ha sido catastrófico: de las 45 cajas que había al principio de la crisis no queda hoy en día mucho más allá de media docena de instituciones viables.
Los medios de comunicación han recogido con profusión el saqueo de algunas cajas por parte de sus directivos y de los Gobiernos autonómicos a cuya tutela estaban encomendadas. No están todas las que son, pero es bueno que estas cosas se publiquen.
Mientras ocurría todo esto, ¿por qué no actuaba el Banco de España? Solo se me ocurren tres posibles respuestas: porque no sabía; porque no podía, o porque no quería. Cualquiera de las tres da pie a preguntas muy incómodas. Por razones de salud democrática, creo que estaría bien que el próximo Congreso de los Diputados hiciera estas preguntas.
4. Posdata
Las crisis son tiempo de tribulación, pero también tiempo de oportunidades. La España de 2011 no es la de 1978: no solo ha progresado mucho, sino que tiene potencial para mejorar mucho más. Algunas de las mejores empresas del mundo son españolas. Algunas empresas españolas son líderes tecnológicos mundiales en su sector. Las empresas españolas están compitiendo en los mercados globales y ganando cuota de exportación.
Hay que liberar el potencial de la economía para acabar con las lacras del desempleo, de los subsidios permanentes y de la corrupción. Para ello hay que tratar a los españoles no como menores de edad, sino como ciudadanos. En vez de adularles, hay que razonarles por qué son necesarias las reformas estructurales. Y hay que ponerlas en práctica. La campaña electoral que ahora empezará es una buena ocasión para el debate.
lunes, 24 de octubre de 2011
sábado, 22 de octubre de 2011
Punto final a la pesadilla
Editorial El País (21/10/2011)
La democracia española ha triunfado contra los fanáticos que, arrogándose una representación que los ciudadanos vascos jamás les concedieron, asesinaron a más de 800 personas. ETA ha anunciado que abandona la violencia, la pesadilla ha terminado.
Los asesinatos de la banda terrorista sumieron en el desconsuelo a miles de hijos condenados a crecer sin el amor y la protección de sus padres, a los que nunca volverían a ver vivos después de un día fatídico en que salieron de sus casas, y violaron, en fin, el elemental derecho, no ya de cualquier ciudadano, sino de cualquier ser humano, a una vida cotidiana y sin miedo. Esa y no otra es la cosecha de los 43 años de historia criminal de ETA; esa y no otra es la responsabilidad que, al margen de la que incumbe a las leyes, han asumido los terroristas ante quienes padecieron su azote y quienes solo el azar libró de padecerlo, pero también ante ellos mismos. Porque son ellos, mejor que nadie, quienes saben que necesitan exhibir un impostado orgullo de patriotas revolucionarios para no verse reflejados cada mañana en el espejo como lo que son, hombres y mujeres con las manos manchadas de sangre.
Aseguran en su comunicado de renuncia al crimen que un tiempo nuevo se ha abierto en Euskadi, y tienen razón. Pero se cuidan mucho de decir que se ha abierto ese tiempo nuevo porque ellos, y solo ellos, han decidido no seguir manteniéndolo cerrado recurriendo a la mayor indignidad en la que ha incurrido desde siempre la violencia que se quiere política, y que consiste en elogiar el mal además de perpetrarlo. Si la democracia española ha triunfado es porque, gracias a su inquebrantable resistencia, ha llevado a los terroristas al punto en el que hoy se encuentran, y es que, como no se atreven a elogiar el mal, tampoco se atreven ya a perpetrarlo. Podrán decir que en estos interminables años de sufrimiento, también la democracia perpetró el mal en contadas ocasiones de furia y extravío. Y es verdad que lo perpetró, para vergüenza de los demócratas. Pero también para su honra, la democracia nunca lo elogió y nunca lo dejó impune, aplicando las mismas leyes, exactamente las mismas, con las que los terroristas eran enjuiciados por sus crímenes.
Crímenes inútiles
El tiempo nuevo que se ha abierto en Euskadi no es resultado de que la democracia se haya acercado a los terroristas, sino de que los terroristas, enfrentados a la inutilidad de sus crímenes, han decidido acogerse a ella. Podían haberlo decidido hace un año, una década, dos décadas o, incluso, más tiempo todavía. Por ejemplo, cuando la frágil democracia que ellos querían poner en jaque, provocando la reacción de los reductos todavía activos del franquismo, tuvo el inmenso coraje de concederles una amnistía completa y de ofrecerles la ocasión de publicar un comunicado exactamente en los mismos términos que el de ayer. Aquel sí era un tiempo verdaderamente nuevo para todos, no como este, que solo lo es para quienes, obstinándose en el crimen durante 30 años más, han terminado por convencerse de que nunca, nunca, conseguirían sus propósitos mediante el terror, y tratan ahora de salvar sus conciencias diciendo que abandonan porque el mundo a su alrededor ha cambiado, no porque ellos han asumido finalmente su derrota ante una democracia que es la misma de entonces, solo que con inconmensurable lastre de dolor.
La conferencia internacional a la que han recurrido los terroristas para solemnizar su final no merece ser enjuiciada, puesto que no ha sido otra cosa que un capítulo de su liturgia para anunciar lo único que, en definitiva, importaba, que es la renuncia al terror. La presencia de personalidades internacionales no pudo ocultar, sin embargo, que en esa ceremonia no se presentaron dos partes para firmar ninguna paz. La supuesta guerra, el supuesto conflicto cuyo final anticipaba era tan solo la guerra, el conflicto de una secta fanática que, entregada a un juego macabro, se erigió en ejército alucinado y se inventó otro enemigo, compuesto de ciudadanos que desarrollaban sus oficios ateniéndose a las leyes democráticas. Si alguna paz se ha firmado con el comunicado de ayer, es la de los terroristas consigo mismos. Y esa paz, tan unilateral como lo fue la supuesta guerra y el supuesto conflicto, no sirve para lo que, en último extremo, pretendían y pretenden los terroristas: para dotar de un sentido a sus crímenes, para convencerse ellos y convencer a quienes hasta ayer podían ser sus víctimas de que tanta muerte y destrucción ha servido para algo.
El mérito de todos
Se acerca una campaña electoral, la primera en la historia de la democracia española en la que los terroristas no estarán presentes. Lo estarán, en cambio, quienes durante todos estos años han defendido idénticas ideas a las que invocaban los terroristas y sin, además, rechazar sus execrables métodos. Si la democracia ha triunfado contra quienes asesinaban y extorsionaban, no hay razones para temer que sucumba a manos de quienes, sin armas, se han plegado a aceptar sus reglas. El triunfo de la democracia española sobre el terrorismo es el mérito de todos. Pero pocos responsables políticos españoles han trabajado más y mejor para arrinconar a ETA que Alfredo Pérez Rubalcaba. En sus cinco años como ministro del Interior, obviamente, pues ha sido la peor y definitiva época para la banda. Pero también en su participación como representante del PSOE en la firma del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. A partir de ahora es también la responsabilidad de todos hacer que la renuncia de los terroristas sea irreversible, que las instituciones democráticas sigan demostrando su fortaleza y que las víctimas de esta interminable locura no sufran, ahora que la violencia no les acecha, el oprobio que no logró mientras estuvo presente.
El más trágico problema que ha padecido la democracia española ha desaparecido, no porque haya llegado la paz, sino porque una secta de fanáticos ha desistido cuando esperaban que fuera la democracia española la que desistiera. Es la más poderosa razón para el orgullo, pero también para el recuerdo y el duelo por tantos ciudadanos que hoy no pueden contarse entre los que forman un país que quiere enfrentarse a sus muchas dificultades, sabiendo que la discrepancia no se volverá a pagar con la vida.
La democracia española ha triunfado contra los fanáticos que, arrogándose una representación que los ciudadanos vascos jamás les concedieron, asesinaron a más de 800 personas. ETA ha anunciado que abandona la violencia, la pesadilla ha terminado.
Los asesinatos de la banda terrorista sumieron en el desconsuelo a miles de hijos condenados a crecer sin el amor y la protección de sus padres, a los que nunca volverían a ver vivos después de un día fatídico en que salieron de sus casas, y violaron, en fin, el elemental derecho, no ya de cualquier ciudadano, sino de cualquier ser humano, a una vida cotidiana y sin miedo. Esa y no otra es la cosecha de los 43 años de historia criminal de ETA; esa y no otra es la responsabilidad que, al margen de la que incumbe a las leyes, han asumido los terroristas ante quienes padecieron su azote y quienes solo el azar libró de padecerlo, pero también ante ellos mismos. Porque son ellos, mejor que nadie, quienes saben que necesitan exhibir un impostado orgullo de patriotas revolucionarios para no verse reflejados cada mañana en el espejo como lo que son, hombres y mujeres con las manos manchadas de sangre.
Aseguran en su comunicado de renuncia al crimen que un tiempo nuevo se ha abierto en Euskadi, y tienen razón. Pero se cuidan mucho de decir que se ha abierto ese tiempo nuevo porque ellos, y solo ellos, han decidido no seguir manteniéndolo cerrado recurriendo a la mayor indignidad en la que ha incurrido desde siempre la violencia que se quiere política, y que consiste en elogiar el mal además de perpetrarlo. Si la democracia española ha triunfado es porque, gracias a su inquebrantable resistencia, ha llevado a los terroristas al punto en el que hoy se encuentran, y es que, como no se atreven a elogiar el mal, tampoco se atreven ya a perpetrarlo. Podrán decir que en estos interminables años de sufrimiento, también la democracia perpetró el mal en contadas ocasiones de furia y extravío. Y es verdad que lo perpetró, para vergüenza de los demócratas. Pero también para su honra, la democracia nunca lo elogió y nunca lo dejó impune, aplicando las mismas leyes, exactamente las mismas, con las que los terroristas eran enjuiciados por sus crímenes.
Crímenes inútiles
El tiempo nuevo que se ha abierto en Euskadi no es resultado de que la democracia se haya acercado a los terroristas, sino de que los terroristas, enfrentados a la inutilidad de sus crímenes, han decidido acogerse a ella. Podían haberlo decidido hace un año, una década, dos décadas o, incluso, más tiempo todavía. Por ejemplo, cuando la frágil democracia que ellos querían poner en jaque, provocando la reacción de los reductos todavía activos del franquismo, tuvo el inmenso coraje de concederles una amnistía completa y de ofrecerles la ocasión de publicar un comunicado exactamente en los mismos términos que el de ayer. Aquel sí era un tiempo verdaderamente nuevo para todos, no como este, que solo lo es para quienes, obstinándose en el crimen durante 30 años más, han terminado por convencerse de que nunca, nunca, conseguirían sus propósitos mediante el terror, y tratan ahora de salvar sus conciencias diciendo que abandonan porque el mundo a su alrededor ha cambiado, no porque ellos han asumido finalmente su derrota ante una democracia que es la misma de entonces, solo que con inconmensurable lastre de dolor.
La conferencia internacional a la que han recurrido los terroristas para solemnizar su final no merece ser enjuiciada, puesto que no ha sido otra cosa que un capítulo de su liturgia para anunciar lo único que, en definitiva, importaba, que es la renuncia al terror. La presencia de personalidades internacionales no pudo ocultar, sin embargo, que en esa ceremonia no se presentaron dos partes para firmar ninguna paz. La supuesta guerra, el supuesto conflicto cuyo final anticipaba era tan solo la guerra, el conflicto de una secta fanática que, entregada a un juego macabro, se erigió en ejército alucinado y se inventó otro enemigo, compuesto de ciudadanos que desarrollaban sus oficios ateniéndose a las leyes democráticas. Si alguna paz se ha firmado con el comunicado de ayer, es la de los terroristas consigo mismos. Y esa paz, tan unilateral como lo fue la supuesta guerra y el supuesto conflicto, no sirve para lo que, en último extremo, pretendían y pretenden los terroristas: para dotar de un sentido a sus crímenes, para convencerse ellos y convencer a quienes hasta ayer podían ser sus víctimas de que tanta muerte y destrucción ha servido para algo.
El mérito de todos
Se acerca una campaña electoral, la primera en la historia de la democracia española en la que los terroristas no estarán presentes. Lo estarán, en cambio, quienes durante todos estos años han defendido idénticas ideas a las que invocaban los terroristas y sin, además, rechazar sus execrables métodos. Si la democracia ha triunfado contra quienes asesinaban y extorsionaban, no hay razones para temer que sucumba a manos de quienes, sin armas, se han plegado a aceptar sus reglas. El triunfo de la democracia española sobre el terrorismo es el mérito de todos. Pero pocos responsables políticos españoles han trabajado más y mejor para arrinconar a ETA que Alfredo Pérez Rubalcaba. En sus cinco años como ministro del Interior, obviamente, pues ha sido la peor y definitiva época para la banda. Pero también en su participación como representante del PSOE en la firma del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. A partir de ahora es también la responsabilidad de todos hacer que la renuncia de los terroristas sea irreversible, que las instituciones democráticas sigan demostrando su fortaleza y que las víctimas de esta interminable locura no sufran, ahora que la violencia no les acecha, el oprobio que no logró mientras estuvo presente.
El más trágico problema que ha padecido la democracia española ha desaparecido, no porque haya llegado la paz, sino porque una secta de fanáticos ha desistido cuando esperaban que fuera la democracia española la que desistiera. Es la más poderosa razón para el orgullo, pero también para el recuerdo y el duelo por tantos ciudadanos que hoy no pueden contarse entre los que forman un país que quiere enfrentarse a sus muchas dificultades, sabiendo que la discrepancia no se volverá a pagar con la vida.
jueves, 20 de octubre de 2011
Acabar con las agencias de rating
Por Ignacio de la Torre
Publicado en Cotizalia (19/10/2011)
¿Se imaginan que en el mandato de un fondo de inversión de bolsa estuviera recogido que el fondo sólo podrá comprar acciones en las que Goldman Sachs tenga un “buy” como recomendación? ¿Que una aseguradora tuviera que construir su cartera de bolsa con idéntico requisito? O lo que es aún peor ¿Que el mismísimo Banco Central Europeo o la misma Reserva Federal asumiera su papel de prestamista de última instancia sólo mediante garantías correspondientes en acciones con un “buy” de Morgan Stanley?
Para los que hemos trabajado en el mundo de la renta variable, dichas ideas semejan locuras. Un gestor de bolsa comprará las acciones que estime adecuadas después de haberse informado sobre los fundamentales, pero en ningún caso podrá estatutariamente derivar su responsabilidad sobre un tercero porque éste recomendaba una acción.
En el mundo de la renta fija, la triste realidad es muy diferente. Muchos reglamentos de fondos de pensiones y de inversión limitan el tipo de papel a adquirir basándose en el rating otorgado por una de las tres agencias de calificación, a veces, la pérdida de un rating provoca una venta masiva del bono en cuestión, ya que el gestor está forzado a venderlo aunque el precio no refleje su fundamental, y la ausencia de fondos habilitados a comprarlo en el escalón por debajo provoca valoraciones de derribo. En ocasiones dichas valoraciones espolean el debate entre reguladores, auditores y banqueros, ya que estos últimos estiman que no deben de realizar un marktomarket en estas situaciones donde se da un desalineamiento del “valor fundamental” (que ellos estiman subjetivamente) y el valor de mercado. Sobre este asunto ya escribí hace un par de años (Cuánto vale la mansión de un alcohólico).
En otras ocasiones es el propio banco el que invierte una porción nada relevante de sus activos en papel avalado con un cierto rating por una de las tres agencias. Esta situación a veces alcanza niveles de surrealismo total, ya que hay bonos gubernamentales con rating que computaban con riesgo cero a efectos de capital regulatorio, es decir que el banco puede acumular bonos gubernamentales ad infinitum sin exigir el regulador capital a cambio, lo que generaba un perverso incentivo para que los bancos concentraran sus carteras en bonos de gobierno aumentando su apalancamiento y acentuando su riesgo sistémico (riesgo que ignorantemente ignoraba el regulador y que ha seguido ignorando, como el reciente “aprobado” de Dexia en el enésimo test de stress ilustraba) y estrangulando el préstamo al sector privado. La situación se hace aún más tragicómica al contemplar cómo los emisores pagan por dichos “ratings”, y cuando no es así, como en los productos estructurados, es el banco de inversión que vende estos productos el que paga por el rating.
Para terminar este castillo de despropósitos, el viciado castillo de naipes es coronado por una situación en la que los bancos centrales aceptan como garantía de sus préstamos al sector bancario papel avalado con un cierto rating por parte de las tres mayores agencias de calificación, generándose de hecho un obsceno oligopolio avalado por precisamente los que deberían asegurar la estabilidad última del sistema financiero.
¿Qué tienen en común estos episodios? Todos los agentes “ganan” porque externalizan el riesgo, e interiorizan los beneficios de dicha exteriorización. Veamos.
El gestor de renta fija, el tesorero del banco o el inversor de una aseguradora compra los bonos que permite su reglamento, en ocasiones está incentivado a comprar AAA que por extraños motivos rinde más que el AAA gubernamental aburrido (como Alemania), episodio que explica por qué muchas instituciones alemanas están cargadas de activos tóxicos, muchos de ellos generados en los EEUU.
Como decía Greenspan no hay que preocuparse por la proliferación de activos financieros que financian a los EEUU, si van mal el que pierde siempre es la aseguradora europea. El decisor ha externalizado su decisión en el rating, los años buenos, en los que la cartera rinde más que su benchmark, se beneficiará de un viciado sistema de incentivo (mediante un bonus), en los años malos el fondo perderá su valor, o el banco será intervenido y en este último caso el contribuyente tendrá que recapitalizarlo. En estos casos se echará la culpa al rating, pero por su parte la agencia de rating esquivará toda responsabilidad escudándose en el hecho de que sus informes están amparados por “la libertad de opinión”, los ratings no son más que eso, “opiniones” y por eso no aceptan responsabilidades. Imagínense que las opiniones en un país sólo las pueden emitir tres periódicos avalados por el propio Estado. Dantesco.
Lo peor de este viciado sistema no es que como otras veces los seres humanos hayan respondido a incentivos mal empleados, sino que todo el sistema viene bendecido precisamente por el banco central, que es el primero que externaliza su función de evaluación del riesgo descansando sobre un sistema oligopolístico que sistemáticamente ha fallado y que ha añadido mayor inestabilidad financiera al mundo. Los oligopolios no funcionan, como tristemente hemos aprendido durante siglos, y como tal se han generado leyes para intentar suprimirlos. En este caso se han generado leyes para espolearlos.
Para desmontar este sistema hará falta una reforma de raíz que evite el oligopolio, eso pasará por cambiar las normativas de los bancos centrales y prohibir cláusulas en los reglamentos de los fondos que externalice su política de inversión al rating de un tercero sin responsabilidad.
El capitalismo consiste en afrontar riesgos y experimentar recompensas y fracasos. Si se externaliza el riesgo, y el agente externalizado deniega toda la responsabilidad, se pervierte el capitalismo, generando un sistema amorfo como el actual en el que el contribuyente o el partícipe acaban pagando.
Ha llegado el momento de acabar con este sistema corrupto. Ha llegado el momento de que las agencias paguen por sus responsabilidades.
Publicado en Cotizalia (19/10/2011)
¿Se imaginan que en el mandato de un fondo de inversión de bolsa estuviera recogido que el fondo sólo podrá comprar acciones en las que Goldman Sachs tenga un “buy” como recomendación? ¿Que una aseguradora tuviera que construir su cartera de bolsa con idéntico requisito? O lo que es aún peor ¿Que el mismísimo Banco Central Europeo o la misma Reserva Federal asumiera su papel de prestamista de última instancia sólo mediante garantías correspondientes en acciones con un “buy” de Morgan Stanley?
Para los que hemos trabajado en el mundo de la renta variable, dichas ideas semejan locuras. Un gestor de bolsa comprará las acciones que estime adecuadas después de haberse informado sobre los fundamentales, pero en ningún caso podrá estatutariamente derivar su responsabilidad sobre un tercero porque éste recomendaba una acción.
En el mundo de la renta fija, la triste realidad es muy diferente. Muchos reglamentos de fondos de pensiones y de inversión limitan el tipo de papel a adquirir basándose en el rating otorgado por una de las tres agencias de calificación, a veces, la pérdida de un rating provoca una venta masiva del bono en cuestión, ya que el gestor está forzado a venderlo aunque el precio no refleje su fundamental, y la ausencia de fondos habilitados a comprarlo en el escalón por debajo provoca valoraciones de derribo. En ocasiones dichas valoraciones espolean el debate entre reguladores, auditores y banqueros, ya que estos últimos estiman que no deben de realizar un marktomarket en estas situaciones donde se da un desalineamiento del “valor fundamental” (que ellos estiman subjetivamente) y el valor de mercado. Sobre este asunto ya escribí hace un par de años (Cuánto vale la mansión de un alcohólico).
En otras ocasiones es el propio banco el que invierte una porción nada relevante de sus activos en papel avalado con un cierto rating por una de las tres agencias. Esta situación a veces alcanza niveles de surrealismo total, ya que hay bonos gubernamentales con rating que computaban con riesgo cero a efectos de capital regulatorio, es decir que el banco puede acumular bonos gubernamentales ad infinitum sin exigir el regulador capital a cambio, lo que generaba un perverso incentivo para que los bancos concentraran sus carteras en bonos de gobierno aumentando su apalancamiento y acentuando su riesgo sistémico (riesgo que ignorantemente ignoraba el regulador y que ha seguido ignorando, como el reciente “aprobado” de Dexia en el enésimo test de stress ilustraba) y estrangulando el préstamo al sector privado. La situación se hace aún más tragicómica al contemplar cómo los emisores pagan por dichos “ratings”, y cuando no es así, como en los productos estructurados, es el banco de inversión que vende estos productos el que paga por el rating.
Para terminar este castillo de despropósitos, el viciado castillo de naipes es coronado por una situación en la que los bancos centrales aceptan como garantía de sus préstamos al sector bancario papel avalado con un cierto rating por parte de las tres mayores agencias de calificación, generándose de hecho un obsceno oligopolio avalado por precisamente los que deberían asegurar la estabilidad última del sistema financiero.
¿Qué tienen en común estos episodios? Todos los agentes “ganan” porque externalizan el riesgo, e interiorizan los beneficios de dicha exteriorización. Veamos.
El gestor de renta fija, el tesorero del banco o el inversor de una aseguradora compra los bonos que permite su reglamento, en ocasiones está incentivado a comprar AAA que por extraños motivos rinde más que el AAA gubernamental aburrido (como Alemania), episodio que explica por qué muchas instituciones alemanas están cargadas de activos tóxicos, muchos de ellos generados en los EEUU.
Como decía Greenspan no hay que preocuparse por la proliferación de activos financieros que financian a los EEUU, si van mal el que pierde siempre es la aseguradora europea. El decisor ha externalizado su decisión en el rating, los años buenos, en los que la cartera rinde más que su benchmark, se beneficiará de un viciado sistema de incentivo (mediante un bonus), en los años malos el fondo perderá su valor, o el banco será intervenido y en este último caso el contribuyente tendrá que recapitalizarlo. En estos casos se echará la culpa al rating, pero por su parte la agencia de rating esquivará toda responsabilidad escudándose en el hecho de que sus informes están amparados por “la libertad de opinión”, los ratings no son más que eso, “opiniones” y por eso no aceptan responsabilidades. Imagínense que las opiniones en un país sólo las pueden emitir tres periódicos avalados por el propio Estado. Dantesco.
Lo peor de este viciado sistema no es que como otras veces los seres humanos hayan respondido a incentivos mal empleados, sino que todo el sistema viene bendecido precisamente por el banco central, que es el primero que externaliza su función de evaluación del riesgo descansando sobre un sistema oligopolístico que sistemáticamente ha fallado y que ha añadido mayor inestabilidad financiera al mundo. Los oligopolios no funcionan, como tristemente hemos aprendido durante siglos, y como tal se han generado leyes para intentar suprimirlos. En este caso se han generado leyes para espolearlos.
Para desmontar este sistema hará falta una reforma de raíz que evite el oligopolio, eso pasará por cambiar las normativas de los bancos centrales y prohibir cláusulas en los reglamentos de los fondos que externalice su política de inversión al rating de un tercero sin responsabilidad.
El capitalismo consiste en afrontar riesgos y experimentar recompensas y fracasos. Si se externaliza el riesgo, y el agente externalizado deniega toda la responsabilidad, se pervierte el capitalismo, generando un sistema amorfo como el actual en el que el contribuyente o el partícipe acaban pagando.
Ha llegado el momento de acabar con este sistema corrupto. Ha llegado el momento de que las agencias paguen por sus responsabilidades.
miércoles, 19 de octubre de 2011
Trucos del Santander para financiarse barato, barato
Por S. McCoy
Publicado en El Confidencial (19/10/2011)
Se trata de una parte residual de su financiación pero suma. El Santander, y otras entidades que otorgan líneas de prefinanciación bancaria para proyectos de I+D+i aprobados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, están haciéndose con los créditos blandos de los beneficiarios –que disfrutan de elevados periodos de carencia y son concedidos a tipo cero o residual- a cambio de una contrapartida que supone alrededor del 20% del total concedido al investigador/innovador en operaciones a 10 años. De este modo abarata el coste de su pasivo en un momento en que la captación de recursos propios o ajenos en el mercado es extraordinariamente cara. Cualquier alternativa más asequible se convierte en prioridad. Este es un buen ejemplo.
El origen de este mercado de compraventa de financiación preferencial se halla en la exigencia por parte de la Administración de un aval necesariamente bancario al solicitante de ayuda pública para Investigación, Desarrollo e Innovación (VER MODELO AQUI). Persigue que cubra las responsabilidades financieras derivadas de su obtención. Se trata de una garantía ejecutable a primer requerimiento que afecta al 100% del importe subvencionado. Como es sabido, existe escasa predisposición de la banca para responder subsidiariamente, en el entorno actual, de proyectos de riesgo y ventura como los que son objeto del programa. Su negativa a avalar podría condenar al ostracismo a numerosas propuestas si no fuera porque el mismo banco que ahoga al emprendedor con su negativa, le lanza el chaleco salvavidas en forma de otra figura prevista por el regulador: la “asunción de deuda”. Opción escasamente usada en el pasado que ha cobrado extraordinario vigor (VER MODELO AQUI).
Regulada por la Orden CIN/1559/2009 de 26 de mayo en su artículo 41, va más allá del mero adelanto de fondos de las líneas a las que hacíamos referencia al comienzo del post. Estas son, en líneas generales, préstamos hasta el 75% del total, con amortización única, sin comisiones y pago trimestral/semestral de un interés limitado a Euribor 6M + 0,5%. Por el contrario, la asunción de deuda supone una verdadera subrogación del banco en el 100% de la posición del deudor cuyo riesgo queda limitado al cumplimiento del objeto de la financiación al que se condiciona el subsidio: el proyecto de I+D+i de que se trate.
La entidad mete gustosa en su pasivo el importe del crédito a favor de la Administración (por ejemplo, un millón de euros), que sale del balance de un cliente al que, además, genera un beneficio contable por el diferencial entre el nominal adeudado y el equivalente financiero al plazo previsto asumido por el banco (Valor Actual Neto del préstamo). Una suma que puede suponer alrededor del 20% en operaciones a una década y que es una suerte de pago por la transmisión (la asunción se hace por 800.000 y obtiene una plusvalía teórica de 200.000). ¿Por qué? Sin asunción no hay ayuda para el solicitante y sin ayuda no hay recurso barato en carencia (plurianual) y tipo (simbólico) para la institución financiera. Al final, todos tan contentos: uno puede lanzar su iniciativa a la vez que obtiene un resultado positivo ex ante y el otro logra su objetivo de obtención de fondos a bajo coste.
La prioridad bancaria ha cambiado del mayor ingreso por operaciones de activo al menor coste financiero. Antes que dar dinero, el sector prefiere deberlo en condiciones preferenciales, visto como está el patio. Firmas como el propio Santander o La Caixa han creado departamentos especializados en identificar ayudas públicas, buscar potenciales interesados para las mismas, crear consorcios cuando así resulte conveniente y conseguir de este modo una línea adicional de captación de fondos que le permita, además, fidelizar al cliente. Así está el patio.
Una oportunidad que nace de una concepción errónea de las propias ayudas, que niegan a sus potenciales perceptores la posibilidad de responder personalmente del cumplimiento de las obligaciones, como en pura lógica cabría exigir. Pero es lo que hay. En la procelosa ruleta de la economía financiera siempre gana… la banca. Valiente novedad.
Publicado en El Confidencial (19/10/2011)
Se trata de una parte residual de su financiación pero suma. El Santander, y otras entidades que otorgan líneas de prefinanciación bancaria para proyectos de I+D+i aprobados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, están haciéndose con los créditos blandos de los beneficiarios –que disfrutan de elevados periodos de carencia y son concedidos a tipo cero o residual- a cambio de una contrapartida que supone alrededor del 20% del total concedido al investigador/innovador en operaciones a 10 años. De este modo abarata el coste de su pasivo en un momento en que la captación de recursos propios o ajenos en el mercado es extraordinariamente cara. Cualquier alternativa más asequible se convierte en prioridad. Este es un buen ejemplo.
El origen de este mercado de compraventa de financiación preferencial se halla en la exigencia por parte de la Administración de un aval necesariamente bancario al solicitante de ayuda pública para Investigación, Desarrollo e Innovación (VER MODELO AQUI). Persigue que cubra las responsabilidades financieras derivadas de su obtención. Se trata de una garantía ejecutable a primer requerimiento que afecta al 100% del importe subvencionado. Como es sabido, existe escasa predisposición de la banca para responder subsidiariamente, en el entorno actual, de proyectos de riesgo y ventura como los que son objeto del programa. Su negativa a avalar podría condenar al ostracismo a numerosas propuestas si no fuera porque el mismo banco que ahoga al emprendedor con su negativa, le lanza el chaleco salvavidas en forma de otra figura prevista por el regulador: la “asunción de deuda”. Opción escasamente usada en el pasado que ha cobrado extraordinario vigor (VER MODELO AQUI).
Regulada por la Orden CIN/1559/2009 de 26 de mayo en su artículo 41, va más allá del mero adelanto de fondos de las líneas a las que hacíamos referencia al comienzo del post. Estas son, en líneas generales, préstamos hasta el 75% del total, con amortización única, sin comisiones y pago trimestral/semestral de un interés limitado a Euribor 6M + 0,5%. Por el contrario, la asunción de deuda supone una verdadera subrogación del banco en el 100% de la posición del deudor cuyo riesgo queda limitado al cumplimiento del objeto de la financiación al que se condiciona el subsidio: el proyecto de I+D+i de que se trate.
La entidad mete gustosa en su pasivo el importe del crédito a favor de la Administración (por ejemplo, un millón de euros), que sale del balance de un cliente al que, además, genera un beneficio contable por el diferencial entre el nominal adeudado y el equivalente financiero al plazo previsto asumido por el banco (Valor Actual Neto del préstamo). Una suma que puede suponer alrededor del 20% en operaciones a una década y que es una suerte de pago por la transmisión (la asunción se hace por 800.000 y obtiene una plusvalía teórica de 200.000). ¿Por qué? Sin asunción no hay ayuda para el solicitante y sin ayuda no hay recurso barato en carencia (plurianual) y tipo (simbólico) para la institución financiera. Al final, todos tan contentos: uno puede lanzar su iniciativa a la vez que obtiene un resultado positivo ex ante y el otro logra su objetivo de obtención de fondos a bajo coste.
La prioridad bancaria ha cambiado del mayor ingreso por operaciones de activo al menor coste financiero. Antes que dar dinero, el sector prefiere deberlo en condiciones preferenciales, visto como está el patio. Firmas como el propio Santander o La Caixa han creado departamentos especializados en identificar ayudas públicas, buscar potenciales interesados para las mismas, crear consorcios cuando así resulte conveniente y conseguir de este modo una línea adicional de captación de fondos que le permita, además, fidelizar al cliente. Así está el patio.
Una oportunidad que nace de una concepción errónea de las propias ayudas, que niegan a sus potenciales perceptores la posibilidad de responder personalmente del cumplimiento de las obligaciones, como en pura lógica cabría exigir. Pero es lo que hay. En la procelosa ruleta de la economía financiera siempre gana… la banca. Valiente novedad.
lunes, 17 de octubre de 2011
Regeneracionismo ¡¡ya!! No al realismo político puro y duro
Publicado en El Confidencial (15/10/2011)
¿Presente? ¿Esperanza? ¿Futuro? Anda el personal, a través de la escritura con la 'Inoxcrom del Siglo XXI', entre concienzudos (o desde la simple y libre opinión) análisis y propuestas, enzarzado en interminables debates entre lo divino y lo humano, en busca del 'fierabrás', que cure nuestros males.
La gran mayoría se decanta entre la teorización, lo filosófico, lo retórico. Se hacen loas desde el optimismo, el idealismo, lo utópico. ¡Lo que se tenga a mano con tal de encontrar una salida a tan largo y tenebroso túnel! ¿Y por qué no? Pues también tienen razón.
Luego están (no se crean que tantos) los que consideran (estoy apuntado) que sí, que vale, que todo eso no está mal, pero como que “para tiempos de paz”. Estaríamos desde los supuestos y situaciones del: “Hoy paz, y mañana gloria”.
Por desgracia para nosotros, lo que tenemos es algo que requiere mucho más. Algo más contundente, definitivo, rompedor. Algo que no se nos quede en el “pan para hoy, hambre para mañana”.
Lo que tenemos instalado, para colmo de nuestras desgracias, y no sólo a nivel nacional sino en el 'mundo mundial', es lo que se ha venido en denominar pragmatismo. Es decir, el realismo político puro y duro, que por supuesto nada tiene que ver con la utilización del mismo en aras a conseguir un bienestar común.
¡Tranquilos! ¡Tranquilos! No les voy a traer a colación los seis principios de Morgenthau sobre la materia. Ni el tan seguido e influyente realismo cristiano de Reinhold Niebuhr, ni cualquier otra teoría. Lo decía al principio: son malos tiempos para la lírica.
Permítanme sólo este apunte que hago como aportación para mejor conocimiento del término. “El realismo político no requiere de ideales políticos o principios morales y exige una nítida diferenciación entre lo deseable y lo posible. Como lo deseable no siempre es posible sin hacer cambios en el sistema, el realismo político mantiene el control de los cambios y por ende del desarrollo social”.
La solución a nuestros males se supone que, al ser comunes, debería conllevar otras prácticas distintas a las de ese realismo vigente. Pero no es así. Y de ahí ese "sálvese quien pueda". Individual, nunca colectivo (la supervivencia nacional). El concepto de interés nacional, tanto en la toma de decisiones de política interna como externa, es lo que define su razón de ser y de ostentar el poder. Lo estamos comprobando en nuestra cotidianidad. EEUU y sus protectores aranceles en su día, Alemania y Francia decidiendo por 27 países, porque sus intereses nacionales están más que en peligro.
Dejemos ese bosquejo internacional, que aunque nos atañe está lejos de ser “nuestra guerra”. Entre otras poderosas razones porque ni se nos tiene en cuenta a la hora de cualquier decisión ni somos país soberano en materia económica, y sí en cambio somos quienes aportamos una gran losa económico-laboral que aporta mucho de lo negativo de la actual crisis de la UE. ¡Ríanse del “problemilla” griego!
El 20N nos jugamos mucho, muchísimo. Me atrevería a decir que todo. Hasta el punto de considerar esas elecciones generales como las elecciones más importantes habidas en España desde aquel lejano 1977. Nos estamos jugando, simplemente, nuestro futuro.
¿Les suena “el fin justifica los medios? ¿Les suena eso de lo perverso y lo astuto en política? ¿Les suena?: “El control de una parte de la sociedad por otra, es la esencia de la política?" ¿Les suena?: “Los hombres son tan simples y de tal manera obedecen a las necesidades del momento, que aquel que engaña encontrará siempre quien se deje engañar?"
Eso que han leído son algunas de las esencias en las que se basa tan “idílica y democrática” manera de ejercer “eso” de la política. Es el maquiavélico realismo político en su estado natural. Esencias que hemos visto aplicadas en nuestro entorno nacional. Por exponer dos ejemplos más que significativos:
“Dirás y harás muchas más cosas que me helarán la sangre”.
“La justicia hay que aplicarla, según la jugada”.
O aquel axioma que algún partido político lleva en el frontispicio de su devenir político y que utiliza como hoja de ruta: “No importa que el gato sea blanco o sea negro, lo que importa es que cace ratones”.
Efectivamente. Así es. Y en eso es en lo que estamos instalados. Dinamitados los idealismos, lo ético, lo digno, lo honrado, el interés colectivo, la filosofía humanista en nuestras vidas, nos hemos visto abocados (por la fuerza del 'poder maquiavélico', nunca por la fuerza de la razón democrática) a que nuestro presente y nuestro futuro estén al albur de lo pragmático y del realismo político en su más pura y dura esencia.
¿Pero alguna opción nos quedará? Sí, la que demostramos cada día y que se queda en el eterno, sosegado, sumiso y claudicante lamento. ¿No hay nada más? Pues me temo que no. Las rebeliones y foros cívicos han sido maquiavélicamente aniquilados. Se torpedean y boicotean los emergentes, y los que siguen al 'pie del cañón' se debaten entre la voz que clama en el desierto y el hacemos cuanto podemos pero no llegamos. El pragmático realismo político 'nacional-canovista' se ha adueñado de todo. Hoy por ti, mañana por mí.
“Los fierabrás, las pócimas, los mejunjes” existentes se ha comprobado por activa y por pasiva, que no son curativos. El afianzamiento, el asentamiento de nuestros males, es de tal calibre que se duda haya remedio que erradique sus devastadores resultados. Estamos abocados, por nuestra inanidad, sumisión y claudicación a que el mal acabe necrótico. ¿Por qué ese dejar hacer? ¿Por qué mirar hacia el otro lado? Quizás, porque nuestra cultura democrática es inexistente. No estamos acostumbrados a exigir nuestros derechos y libertades. Siempre hubo quien resolvió por nuestra cuenta. Lo nuestro es esconder nuestras cobardías y miserias entre la multitud. Lo nuestro es el: ¡que nos lo arreglen ellos!
Se nos condena al 'mal menor' o al “es lo que mejor que tenemos a mano”. Y eso me temo va a quedar siendo nuestro sino. La resignación cristiana (los laicos la llevan en vena) como única salida ¡Pues qué bien! Y lo entiendo. ¿Eso es todo a lo que podemos aspirar? Claro que 'en la otra trinchera', en todo un detalle (¿sabrían que iba a escribir sobre la materia?), recogen en el documento marco de la Conferencia Política que han celebrado estos días, toda una tesis doctoral en la que poder comprobar eso del realismo político. ¿Maquiavelo a su lado? Un becario.
Mira que si en vez de esta actitud nos da por sacar la dignidad personal y ciudadana a pasear, y acabamos por decir que no estamos dispuestos al 'vuelva Vd. mañana', a servir de coartada de golfos y vividores. Mira que si nos da por decirles a quienes nos quieren vender su mercancía que sí que puede que se la compremos, pero que como que preferimos nos muestren los contenidos, toda vez que los envases que los envuelven, tienen pinta de estar caducados. Que puede que les compremos cuanto nos ofrecen, pero que de pago por adelantado como que no.
Se dice que el PP gobernará España a partir del 2012. Se juegan, nos jugamos mucho. Nos jugamos disipar el futuro tenebroso, lúgubre y de imprevisibles consecuencias, que se atisba en el horizonte. Nos lo jugamos todo. ¿Recordarán este espíritu?:
“Cuando hemos dado batallas las hemos ganado, cuando no hemos dado la batalla, nos han ocupado el terreno. Cuando hemos salido a ganar el partido lo hemos ganado, y cuando hemos salido a heredarlo, nos quedamos sin nada.”
Y dicen que quien hizo este discurso ejerció desde lo moral, lo ético, la ideología desde el bien común. Mucho de razonamiento y sentido de Estado, con casi nada de 'maquiavélico realismo político'. ¡Eran otros tiempos! Eran tiempos en que se estaba por lo democrático, por lo digno. Lo deseable.
¿Presente? ¿Esperanza? ¿Futuro? Anda el personal, a través de la escritura con la 'Inoxcrom del Siglo XXI', entre concienzudos (o desde la simple y libre opinión) análisis y propuestas, enzarzado en interminables debates entre lo divino y lo humano, en busca del 'fierabrás', que cure nuestros males.
La gran mayoría se decanta entre la teorización, lo filosófico, lo retórico. Se hacen loas desde el optimismo, el idealismo, lo utópico. ¡Lo que se tenga a mano con tal de encontrar una salida a tan largo y tenebroso túnel! ¿Y por qué no? Pues también tienen razón.
Luego están (no se crean que tantos) los que consideran (estoy apuntado) que sí, que vale, que todo eso no está mal, pero como que “para tiempos de paz”. Estaríamos desde los supuestos y situaciones del: “Hoy paz, y mañana gloria”.
Por desgracia para nosotros, lo que tenemos es algo que requiere mucho más. Algo más contundente, definitivo, rompedor. Algo que no se nos quede en el “pan para hoy, hambre para mañana”.
Lo que tenemos instalado, para colmo de nuestras desgracias, y no sólo a nivel nacional sino en el 'mundo mundial', es lo que se ha venido en denominar pragmatismo. Es decir, el realismo político puro y duro, que por supuesto nada tiene que ver con la utilización del mismo en aras a conseguir un bienestar común.
¡Tranquilos! ¡Tranquilos! No les voy a traer a colación los seis principios de Morgenthau sobre la materia. Ni el tan seguido e influyente realismo cristiano de Reinhold Niebuhr, ni cualquier otra teoría. Lo decía al principio: son malos tiempos para la lírica.
Permítanme sólo este apunte que hago como aportación para mejor conocimiento del término. “El realismo político no requiere de ideales políticos o principios morales y exige una nítida diferenciación entre lo deseable y lo posible. Como lo deseable no siempre es posible sin hacer cambios en el sistema, el realismo político mantiene el control de los cambios y por ende del desarrollo social”.
La solución a nuestros males se supone que, al ser comunes, debería conllevar otras prácticas distintas a las de ese realismo vigente. Pero no es así. Y de ahí ese "sálvese quien pueda". Individual, nunca colectivo (la supervivencia nacional). El concepto de interés nacional, tanto en la toma de decisiones de política interna como externa, es lo que define su razón de ser y de ostentar el poder. Lo estamos comprobando en nuestra cotidianidad. EEUU y sus protectores aranceles en su día, Alemania y Francia decidiendo por 27 países, porque sus intereses nacionales están más que en peligro.
Dejemos ese bosquejo internacional, que aunque nos atañe está lejos de ser “nuestra guerra”. Entre otras poderosas razones porque ni se nos tiene en cuenta a la hora de cualquier decisión ni somos país soberano en materia económica, y sí en cambio somos quienes aportamos una gran losa económico-laboral que aporta mucho de lo negativo de la actual crisis de la UE. ¡Ríanse del “problemilla” griego!
El 20N nos jugamos mucho, muchísimo. Me atrevería a decir que todo. Hasta el punto de considerar esas elecciones generales como las elecciones más importantes habidas en España desde aquel lejano 1977. Nos estamos jugando, simplemente, nuestro futuro.
¿Les suena “el fin justifica los medios? ¿Les suena eso de lo perverso y lo astuto en política? ¿Les suena?: “El control de una parte de la sociedad por otra, es la esencia de la política?" ¿Les suena?: “Los hombres son tan simples y de tal manera obedecen a las necesidades del momento, que aquel que engaña encontrará siempre quien se deje engañar?"
Eso que han leído son algunas de las esencias en las que se basa tan “idílica y democrática” manera de ejercer “eso” de la política. Es el maquiavélico realismo político en su estado natural. Esencias que hemos visto aplicadas en nuestro entorno nacional. Por exponer dos ejemplos más que significativos:
“Dirás y harás muchas más cosas que me helarán la sangre”.
“La justicia hay que aplicarla, según la jugada”.
O aquel axioma que algún partido político lleva en el frontispicio de su devenir político y que utiliza como hoja de ruta: “No importa que el gato sea blanco o sea negro, lo que importa es que cace ratones”.
Efectivamente. Así es. Y en eso es en lo que estamos instalados. Dinamitados los idealismos, lo ético, lo digno, lo honrado, el interés colectivo, la filosofía humanista en nuestras vidas, nos hemos visto abocados (por la fuerza del 'poder maquiavélico', nunca por la fuerza de la razón democrática) a que nuestro presente y nuestro futuro estén al albur de lo pragmático y del realismo político en su más pura y dura esencia.
¿Pero alguna opción nos quedará? Sí, la que demostramos cada día y que se queda en el eterno, sosegado, sumiso y claudicante lamento. ¿No hay nada más? Pues me temo que no. Las rebeliones y foros cívicos han sido maquiavélicamente aniquilados. Se torpedean y boicotean los emergentes, y los que siguen al 'pie del cañón' se debaten entre la voz que clama en el desierto y el hacemos cuanto podemos pero no llegamos. El pragmático realismo político 'nacional-canovista' se ha adueñado de todo. Hoy por ti, mañana por mí.
“Los fierabrás, las pócimas, los mejunjes” existentes se ha comprobado por activa y por pasiva, que no son curativos. El afianzamiento, el asentamiento de nuestros males, es de tal calibre que se duda haya remedio que erradique sus devastadores resultados. Estamos abocados, por nuestra inanidad, sumisión y claudicación a que el mal acabe necrótico. ¿Por qué ese dejar hacer? ¿Por qué mirar hacia el otro lado? Quizás, porque nuestra cultura democrática es inexistente. No estamos acostumbrados a exigir nuestros derechos y libertades. Siempre hubo quien resolvió por nuestra cuenta. Lo nuestro es esconder nuestras cobardías y miserias entre la multitud. Lo nuestro es el: ¡que nos lo arreglen ellos!
Se nos condena al 'mal menor' o al “es lo que mejor que tenemos a mano”. Y eso me temo va a quedar siendo nuestro sino. La resignación cristiana (los laicos la llevan en vena) como única salida ¡Pues qué bien! Y lo entiendo. ¿Eso es todo a lo que podemos aspirar? Claro que 'en la otra trinchera', en todo un detalle (¿sabrían que iba a escribir sobre la materia?), recogen en el documento marco de la Conferencia Política que han celebrado estos días, toda una tesis doctoral en la que poder comprobar eso del realismo político. ¿Maquiavelo a su lado? Un becario.
Mira que si en vez de esta actitud nos da por sacar la dignidad personal y ciudadana a pasear, y acabamos por decir que no estamos dispuestos al 'vuelva Vd. mañana', a servir de coartada de golfos y vividores. Mira que si nos da por decirles a quienes nos quieren vender su mercancía que sí que puede que se la compremos, pero que como que preferimos nos muestren los contenidos, toda vez que los envases que los envuelven, tienen pinta de estar caducados. Que puede que les compremos cuanto nos ofrecen, pero que de pago por adelantado como que no.
Se dice que el PP gobernará España a partir del 2012. Se juegan, nos jugamos mucho. Nos jugamos disipar el futuro tenebroso, lúgubre y de imprevisibles consecuencias, que se atisba en el horizonte. Nos lo jugamos todo. ¿Recordarán este espíritu?:
“Cuando hemos dado batallas las hemos ganado, cuando no hemos dado la batalla, nos han ocupado el terreno. Cuando hemos salido a ganar el partido lo hemos ganado, y cuando hemos salido a heredarlo, nos quedamos sin nada.”
Y dicen que quien hizo este discurso ejerció desde lo moral, lo ético, la ideología desde el bien común. Mucho de razonamiento y sentido de Estado, con casi nada de 'maquiavélico realismo político'. ¡Eran otros tiempos! Eran tiempos en que se estaba por lo democrático, por lo digno. Lo deseable.
El círculo vicioso del euro
Por Andreu Missé
Publicado en El País 16/10/2011)
Europa está apurando su ingenio e imaginación para romper el bucle infernal. El bucle diabólico en que se encuentra atrapada su economía. Es el círculo vicioso que empezó con la crisis financiera en 2007, en Estados Unidos -con más implicación de los bancos europeos de la que se quiere reconocer-, que luego ocasionó una gran crisis de deuda soberana y en el que ahora vemos cómo la depreciación de esta deuda pública en algunos países vuelve a ser la causa de un nuevo deterioro de los bancos. El problema se agrava por las expectativas de un nuevo estancamiento de la economía.
La secuencia es bien conocida: bancos insolventes a los que los Estados deben rescatar, lo que agrava la situación fiscal de las haciendas públicas, de ahí la deuda soberana se devalúa y penaliza los balances de los bancos, que necesitan un nuevo rescate. Ese bucle se ha convertido en un círculo sin solución de continuidad que tiene atenazada a la economía europea. El mercado estima que los bancos vuelven a ser frágiles por el peso en sus blanaces de la deuda pública, un activo que según las normas contables es el más seguro y que, ahora, sin embargo, es la causa de sus mayores desvelos. Y, al mismo tiempo, los Estados ven cómo se deprecia su deuda cada vez que asoma el riesgo de que deberán volver a inyectar más ayuda a sus bancos. En Francia hay verdadero pánico porque una nueva oleada de ayudas públicas suponga mayor endeudamiento del Estado y, en consecuencia, la pérdida de la máxima calificación de triple A por las agencias de rating.
"La situación es más complicada que hace cuatro años porque ahora la deuda de los Estados es 20 puntos de PIB superior y, por tanto, tienen menos margen de maniobra", señala Cinzia Alcidi, investigadora del Centre for European Policy Estudies (CEPS). En su opinión, la situación se deterioró "cuando se atascó la solución del segundo rescate de Grecia y empezó el contagio a Italia y a España. Entonces", explica, "los mercados se dieron cuenta de las nuevas magnitudes del problema. No es lo mismo el volumen de deuda de Grecia que el de Italia y España, que es muchísimo mayor", en conjunto seis veces más.
Alcidi señala la estrecha interdependencia existente no solo entre Gobiernos y bancos sino con todo el sistema financiero. "Los Gobiernos precisan de los bancos para colocar su deuda y estos de la protección de los Gobiernos ante futuras insolvencias", explica. "Ahora", añade, "estamos hablando de potenciar el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) a través de algún tipo de apalancamiento, pero si Italia tiene problemas con su deuda todos los demás países deberán aumentar sus garantías". La realidad es que "Gobierno y bancos son muy vulnerables y todos están muy interconectados". La solución es difícil porque hay que actuar en un doble frente: "Recapitalizar a los bancos y al mismo tiempo reducir el peso de la deuda de los Gobiernos, lo cual no es nada fácil".
Lo cierto es que la inversión de la banca europea en la deuda soberana de Italia es de 443.000 millones, de los que unos 252.000 corresponden a los bancos domésticos. En España los bancos nacionales tienen en sus balances 229.000 millones de deuda española, mientras que el resto de entidades europeas poseen 81.000 millones, según un trabajo del economista de Bruegel, Zsolt Darvas. El autor indica que la exposición en Grecia de los bancos europeos es "relativamente pequeña" y asciende a 54.000 millones de euros. Está claro que si Italia precisa ayuda, los recursos de 440.000 millones del FEEF resultarán claramente insuficientes.
Las cifras de deuda solo son un indicador de una parte del balance de un banco. Hay muchos otros activos de los que se desconoce su calidad. "Nadie sabe realmente cómo están los bancos", confiesa espontáneamente en un impulso de sinceridad una alta fuente comunitaria, conocedora del sector financiero. Una posición que contrasta con la posición oficial de la misma comisión que sostiene que el sector financiero europeo es mucho más sólido de lo que piensa EE UU.
La realidad es que el aumento de la tensión en los mercados financieros, por la entrada de Italia y España en el escenario de la crisis, se vio espoleado por las presiones procedentes del otro lado del Atlántico. Primero fueron las advertencias de la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, señalando que la banca europea tenía necesidad de aflorar más pérdidas y, por tanto, precisaba más capital. Sus servicios cifraron después estas necesidades en unos 200.000 millones de euros y estalló la polémica.
El segundo toque de atención vino del secretario del Tesoro de EE UU, Tim Geithner, acudiendo a una reunión del Eurogrupo, en Wroclaw a mediados de septiembre. La insólita presencia del alto cargo estadounidense en Polonia sirvió para que los ministros europeos fueran tomando conciencia de los efectos de la crisis del euro en la otra orilla atlántica, aunque no se tradujo en acuerdos formales concretos.
La preocupación de EE UU por la debilidad de la banca europea no es gratuita. Nicolas Véron, investigador de Bruegel, profundo conocedor del sector financiero señala en un reciente trabajo que "Europa ha estado en un continuo estado de fragilidad bancaria desde agosto de 2007". Asegura que esto "contrasta con EE UU, donde la fase de crisis bancaria sistémica terminó en 2009". Cita como prueba de esta mayor fragilidad europea que el apoyo de liquidez extraordinaria suministrada por el BCE, e introducida en octubre de 2008, permanece activo todavía hoy. Mientras que, por el contrario, el programa similar que puso en marcha la Reserva Federal (Federal Reserve's Term Auction Facility) fue gradualmente reducido y se extinguió en marzo de 2010.
El economista subraya que, a diferencia de EE UU, el sector bancario europeo ha registrado una modesta reestructuración. Entre las principales instituciones, solo el Halifax Bank of Scotland (HBOS) en Reino Unido y Fortis, en Benelux, fueron desmantelados o forzados a fusionarse. En cambio en EE UU, la lista de entidades reestructuradas o fusionadas por la fuerza es mucho mayor e incluye firmas de largo historial como Bear Stearns, Lehman Brothers, la aseguradora AIG, Washington Mutual, Wachovia y Merrill Lynch".
Para Véron, "las interacciones entre los problemas de deuda soberana y los problemas bancarios son resultado del contagio gradual a más países y a más tipos de activos". Y subraya que "la crisis bancaria y de deuda soberana se ven agravadas por la crisis de las instituciones financieras". A su juicio la solución pasa por "el federalismo fiscal, el bancario y una profunda revisión de las instituciones de la UE y de la zona euro".
Sony Kapoor, director gerente de Re-Define, considera prioritario que para "romper el bucle entre la crisis de la deuda y la crisis bancaria, la UE debe dotarse cuanto antes de un mecanismo de resolución de crisis de las entidades financieras". En su opinión, los ejemplos existentes en Reino Unido, Dinamarca y Suecia pueden servir como referencia. El comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, trabaja en una iniciativa legal para crear un mecanismo de resolución de crisis y de gestión ordenada de la insolvencia de una entidad financiera.
El guante lanzado a Europa por las autoridades estadounidenses fue recogido el pasado 5 de octubre por la canciller alemana Angela Merkel, que asumió finalmente que la única manera de disipar las dudas exteriores era mostrar la disposición para reforzar los bancos. "Alemania", dijo, "está preparada para avanzar hacia la recapitalización". Fue la señal del giro. Todos a favor de recapitalizar los bancos.
La repentina segunda crisis de Dexia contribuyó a aumentar las dudas sobre la solvencia real de las entidades europeas. La necesidad de volver a comprometer ayudas al banco franco belga por otros 100.000 millones volvió a coger por sorpresa a reguladores y políticos. Y confirmaba, de nuevo, la sincera valoración de los funcionarios que aseguran desconocer el estado real de la banca.
Ya asumida la nueva realidad de que seguramente habría que inyectar más capital a las entidades financieras, el pasado lunes Merkel pactó con Sarkozy un paquete de medidas para asegurar el saneamiento de los bancos. Todo debería estar listo para antes de fin de mes.
Todo fue tan precipitado que el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, se vio obligado a aplazar el Consejo de los próximos 17 y 18 hasta el 23 de octubre para poder urdir un acuerdo mínimo sobre qué se entendía por recapitalizar a unos bancos que en su inmensa mayoría habían pasado con buena nota las pruebas de resistencia el pasado julio, hace tan solo tres meses.
Acto seguido, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, presentó un documento con la hoja de ruta para la recapitalización de la banca europea. La Comisión negocia contrarreloj con la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y el BCE los nuevos criterios para analizar a la banca. Circulan propuestas de que se tenga en cuenta toda la deuda en los balances de los bancos valorada a precios de mercado y se fije un nuevo criterio de capital básico de un 9%, muy por encima del 5% exigido en julio, pero que ya cuenta con el apoyo de Francia expresado por su ministro de Finanzas, François Baroin.
El Consejo Europeo del próximo domingo tiene otros asuntos espinosos. Autorizar el sexto tramo de ayudas a Grecia por una cuantía de 8.000 millones y sobre todo deberá intentar un acuerdo sobre la polémica participación del sector privado en el segundo rescate a Grecia, integrado por 109.000 millones de ayudas públicas y una participación del sector privado de unos 50.000 millones hasta 2014. Esta participación implicaba una quita del valor de la deuda griega estimada en un 21%. Desde julio la situación se ha deteriorado tanto en Grecia y en los mercados financieros que existe una creciente convicción de que será precisa una quita mayor, que algunos sitúan en torno al 50%.
Esa participación de los bancos fue siempre motivo de especial conflicto entre el BCE y Alemania. El presidente saliente del BCE, Jean-Claude Trichet, aceptó finalmente esta participación a condición de que fuera "voluntaria". Pero este frente también se agrieta. Jean-Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo, y presidente del Eurogrupo -que ya fue de los primeros en apuntar que debería procederse a una "reestructuración parcial"- en Grecia, ha manifestado que "los bancos privados deben saber que si una participación voluntaria de los acreedores no es suficiente, y que si los Gobiernos estamos de acuerdo con los bancos, entonces habrá que considerar llegar a participaciones no voluntarias".
Habrá que esperar al próximo domingo para ver si Europa puede romper su círculo endemoniado a que le han llevado los desafueros de los bancos. -
Publicado en El País 16/10/2011)
Europa está apurando su ingenio e imaginación para romper el bucle infernal. El bucle diabólico en que se encuentra atrapada su economía. Es el círculo vicioso que empezó con la crisis financiera en 2007, en Estados Unidos -con más implicación de los bancos europeos de la que se quiere reconocer-, que luego ocasionó una gran crisis de deuda soberana y en el que ahora vemos cómo la depreciación de esta deuda pública en algunos países vuelve a ser la causa de un nuevo deterioro de los bancos. El problema se agrava por las expectativas de un nuevo estancamiento de la economía.
La secuencia es bien conocida: bancos insolventes a los que los Estados deben rescatar, lo que agrava la situación fiscal de las haciendas públicas, de ahí la deuda soberana se devalúa y penaliza los balances de los bancos, que necesitan un nuevo rescate. Ese bucle se ha convertido en un círculo sin solución de continuidad que tiene atenazada a la economía europea. El mercado estima que los bancos vuelven a ser frágiles por el peso en sus blanaces de la deuda pública, un activo que según las normas contables es el más seguro y que, ahora, sin embargo, es la causa de sus mayores desvelos. Y, al mismo tiempo, los Estados ven cómo se deprecia su deuda cada vez que asoma el riesgo de que deberán volver a inyectar más ayuda a sus bancos. En Francia hay verdadero pánico porque una nueva oleada de ayudas públicas suponga mayor endeudamiento del Estado y, en consecuencia, la pérdida de la máxima calificación de triple A por las agencias de rating.
"La situación es más complicada que hace cuatro años porque ahora la deuda de los Estados es 20 puntos de PIB superior y, por tanto, tienen menos margen de maniobra", señala Cinzia Alcidi, investigadora del Centre for European Policy Estudies (CEPS). En su opinión, la situación se deterioró "cuando se atascó la solución del segundo rescate de Grecia y empezó el contagio a Italia y a España. Entonces", explica, "los mercados se dieron cuenta de las nuevas magnitudes del problema. No es lo mismo el volumen de deuda de Grecia que el de Italia y España, que es muchísimo mayor", en conjunto seis veces más.
Alcidi señala la estrecha interdependencia existente no solo entre Gobiernos y bancos sino con todo el sistema financiero. "Los Gobiernos precisan de los bancos para colocar su deuda y estos de la protección de los Gobiernos ante futuras insolvencias", explica. "Ahora", añade, "estamos hablando de potenciar el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) a través de algún tipo de apalancamiento, pero si Italia tiene problemas con su deuda todos los demás países deberán aumentar sus garantías". La realidad es que "Gobierno y bancos son muy vulnerables y todos están muy interconectados". La solución es difícil porque hay que actuar en un doble frente: "Recapitalizar a los bancos y al mismo tiempo reducir el peso de la deuda de los Gobiernos, lo cual no es nada fácil".
Lo cierto es que la inversión de la banca europea en la deuda soberana de Italia es de 443.000 millones, de los que unos 252.000 corresponden a los bancos domésticos. En España los bancos nacionales tienen en sus balances 229.000 millones de deuda española, mientras que el resto de entidades europeas poseen 81.000 millones, según un trabajo del economista de Bruegel, Zsolt Darvas. El autor indica que la exposición en Grecia de los bancos europeos es "relativamente pequeña" y asciende a 54.000 millones de euros. Está claro que si Italia precisa ayuda, los recursos de 440.000 millones del FEEF resultarán claramente insuficientes.
Las cifras de deuda solo son un indicador de una parte del balance de un banco. Hay muchos otros activos de los que se desconoce su calidad. "Nadie sabe realmente cómo están los bancos", confiesa espontáneamente en un impulso de sinceridad una alta fuente comunitaria, conocedora del sector financiero. Una posición que contrasta con la posición oficial de la misma comisión que sostiene que el sector financiero europeo es mucho más sólido de lo que piensa EE UU.
La realidad es que el aumento de la tensión en los mercados financieros, por la entrada de Italia y España en el escenario de la crisis, se vio espoleado por las presiones procedentes del otro lado del Atlántico. Primero fueron las advertencias de la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, señalando que la banca europea tenía necesidad de aflorar más pérdidas y, por tanto, precisaba más capital. Sus servicios cifraron después estas necesidades en unos 200.000 millones de euros y estalló la polémica.
El segundo toque de atención vino del secretario del Tesoro de EE UU, Tim Geithner, acudiendo a una reunión del Eurogrupo, en Wroclaw a mediados de septiembre. La insólita presencia del alto cargo estadounidense en Polonia sirvió para que los ministros europeos fueran tomando conciencia de los efectos de la crisis del euro en la otra orilla atlántica, aunque no se tradujo en acuerdos formales concretos.
La preocupación de EE UU por la debilidad de la banca europea no es gratuita. Nicolas Véron, investigador de Bruegel, profundo conocedor del sector financiero señala en un reciente trabajo que "Europa ha estado en un continuo estado de fragilidad bancaria desde agosto de 2007". Asegura que esto "contrasta con EE UU, donde la fase de crisis bancaria sistémica terminó en 2009". Cita como prueba de esta mayor fragilidad europea que el apoyo de liquidez extraordinaria suministrada por el BCE, e introducida en octubre de 2008, permanece activo todavía hoy. Mientras que, por el contrario, el programa similar que puso en marcha la Reserva Federal (Federal Reserve's Term Auction Facility) fue gradualmente reducido y se extinguió en marzo de 2010.
El economista subraya que, a diferencia de EE UU, el sector bancario europeo ha registrado una modesta reestructuración. Entre las principales instituciones, solo el Halifax Bank of Scotland (HBOS) en Reino Unido y Fortis, en Benelux, fueron desmantelados o forzados a fusionarse. En cambio en EE UU, la lista de entidades reestructuradas o fusionadas por la fuerza es mucho mayor e incluye firmas de largo historial como Bear Stearns, Lehman Brothers, la aseguradora AIG, Washington Mutual, Wachovia y Merrill Lynch".
Para Véron, "las interacciones entre los problemas de deuda soberana y los problemas bancarios son resultado del contagio gradual a más países y a más tipos de activos". Y subraya que "la crisis bancaria y de deuda soberana se ven agravadas por la crisis de las instituciones financieras". A su juicio la solución pasa por "el federalismo fiscal, el bancario y una profunda revisión de las instituciones de la UE y de la zona euro".
Sony Kapoor, director gerente de Re-Define, considera prioritario que para "romper el bucle entre la crisis de la deuda y la crisis bancaria, la UE debe dotarse cuanto antes de un mecanismo de resolución de crisis de las entidades financieras". En su opinión, los ejemplos existentes en Reino Unido, Dinamarca y Suecia pueden servir como referencia. El comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, trabaja en una iniciativa legal para crear un mecanismo de resolución de crisis y de gestión ordenada de la insolvencia de una entidad financiera.
El guante lanzado a Europa por las autoridades estadounidenses fue recogido el pasado 5 de octubre por la canciller alemana Angela Merkel, que asumió finalmente que la única manera de disipar las dudas exteriores era mostrar la disposición para reforzar los bancos. "Alemania", dijo, "está preparada para avanzar hacia la recapitalización". Fue la señal del giro. Todos a favor de recapitalizar los bancos.
La repentina segunda crisis de Dexia contribuyó a aumentar las dudas sobre la solvencia real de las entidades europeas. La necesidad de volver a comprometer ayudas al banco franco belga por otros 100.000 millones volvió a coger por sorpresa a reguladores y políticos. Y confirmaba, de nuevo, la sincera valoración de los funcionarios que aseguran desconocer el estado real de la banca.
Ya asumida la nueva realidad de que seguramente habría que inyectar más capital a las entidades financieras, el pasado lunes Merkel pactó con Sarkozy un paquete de medidas para asegurar el saneamiento de los bancos. Todo debería estar listo para antes de fin de mes.
Todo fue tan precipitado que el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, se vio obligado a aplazar el Consejo de los próximos 17 y 18 hasta el 23 de octubre para poder urdir un acuerdo mínimo sobre qué se entendía por recapitalizar a unos bancos que en su inmensa mayoría habían pasado con buena nota las pruebas de resistencia el pasado julio, hace tan solo tres meses.
Acto seguido, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, presentó un documento con la hoja de ruta para la recapitalización de la banca europea. La Comisión negocia contrarreloj con la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y el BCE los nuevos criterios para analizar a la banca. Circulan propuestas de que se tenga en cuenta toda la deuda en los balances de los bancos valorada a precios de mercado y se fije un nuevo criterio de capital básico de un 9%, muy por encima del 5% exigido en julio, pero que ya cuenta con el apoyo de Francia expresado por su ministro de Finanzas, François Baroin.
El Consejo Europeo del próximo domingo tiene otros asuntos espinosos. Autorizar el sexto tramo de ayudas a Grecia por una cuantía de 8.000 millones y sobre todo deberá intentar un acuerdo sobre la polémica participación del sector privado en el segundo rescate a Grecia, integrado por 109.000 millones de ayudas públicas y una participación del sector privado de unos 50.000 millones hasta 2014. Esta participación implicaba una quita del valor de la deuda griega estimada en un 21%. Desde julio la situación se ha deteriorado tanto en Grecia y en los mercados financieros que existe una creciente convicción de que será precisa una quita mayor, que algunos sitúan en torno al 50%.
Esa participación de los bancos fue siempre motivo de especial conflicto entre el BCE y Alemania. El presidente saliente del BCE, Jean-Claude Trichet, aceptó finalmente esta participación a condición de que fuera "voluntaria". Pero este frente también se agrieta. Jean-Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo, y presidente del Eurogrupo -que ya fue de los primeros en apuntar que debería procederse a una "reestructuración parcial"- en Grecia, ha manifestado que "los bancos privados deben saber que si una participación voluntaria de los acreedores no es suficiente, y que si los Gobiernos estamos de acuerdo con los bancos, entonces habrá que considerar llegar a participaciones no voluntarias".
Habrá que esperar al próximo domingo para ver si Europa puede romper su círculo endemoniado a que le han llevado los desafueros de los bancos. -
martes, 11 de octubre de 2011
Permitan ustedes que me despida
Por Félix de Azúa
Artículo publicado el 3 mayo de 2010.
Han sido tres años y medio, si no me descuento, los que he pasado junto a mis estimados lectores de El Periódico de Cataluña. Tras un repaso a las viejas columnas, me he percatado de lo mucho que ha cambiado, no sólo el país, sino el aire social que respiramos en común. Hace cuatro años la amenaza de ruina era tan sólo eso, una amenaza, de manera que el presidente Zapatero se podía permitir, con su habitual desenvoltura, acusar de antipatriotas a quienes hablaban de crisis económica. Esa fue la expresión que empleó. Tres años más tarde la ruina es absoluta y a día de hoy los más optimistas hablan de "recuperación" dentro de seis años. Seis años de política española son un siglo. Del actual elenco dramático, Zapatero, Rajoy, Montilla, Carod, no quedará nadie. Las quiebras traen cambios lentos, pero inevitables. El cuadro de actores que nos representa es de escasa calidad y será sustituido, quizás por chulos tipo Chavez, pero con un poco de suerte por gente sensata, esos técnicos que tanta falta hacen y que han sido despreciados por políticos ebrios de ideología. No hay nada peor que un político cargado de ideología y sin educación.
La ruina ha ido oscureciendo la vida en común hasta el punto de que la próxima campaña electoral está derivando nada menos que en un simulacro de guerra civil. De un lado los insensatos que usurpan el nombre del socialismo, del otro los corruptos que dicen ser populares. Ambos puro monigote, títeres sin cabeza, una densa necedad que pagaremos muy caro. En el caso catalán las cosas son aún peores y no merece la pena ni mencionarlas. Bastaba con leer los titulares de la prensa catalana tras la consulta independentista. No soy adulador, pero debo decir que el único diario que tituló con respeto de la verdad ("Pinchazo soberanista", decía) fue éste en el que escribo. Todos los demás mentían de un modo tan estúpido que uno se daba cuenta de que los editores consideran a sus lectores unos perfectos idiotas.
El estropicio es ya casi insalvable. Como he dicho otras veces, la deriva de España hacia el modelo italiano se acelera. En Italia votar es obligatorio y no se nota el hartazgo de los civiles, pero aquí falta ya muy poco para que la abstención iguale al número de votantes. Da lo mismo, porque los políticos seguirán llenándose la boca con palabras que nunca han entendido como "democracia", "nación" o "libertad". Y no las han entendido porque nuestra clase política no es demócrata. No tiene ni la menor idea de qué quiere decir "democracia". Por eso no respetan a los partidos adversos sino que se empeñan en triturarlos y no creen estar en el poder para resolver los problemas de la gente sino para creárselos porque así lo exige la Causa. Sólo trabajan para su propio partido, como los empleados japoneses trabajaban para su empresa y la yakuza asociada. Así le ha ido al Japón.
El deterioro es supino. Ver cómo Montilla, un gris escalador de la burocracia de partido, condecora a los fiscales que calumnian a sus propios colegas de tribunales superiores es una imagen que remite a los tiempos de Franco cuando la lealtad al Régimen era lo único que contaba. Porque la desdicha es que este país ha regresado a su ser ancestral. La ruina económica nos está devolviendo al lugar de siempre en el tercer mundo. La ruina moral nos devuelve al escenario de toda la vida, el esperpento, la pornografía política, la canallada.
El sueño ha durado unos años, digamos que de 1982 a más o menos el cambio de siglo. Durante veinte años parecía que España podía convertirse en un país europeo. La gente olvidó los delirios señoritiles del desprecio al trabajo y, con la excepción de los liberados sindicales, comenzó a tomarse en serio la vida. De pronto ya no daba vergüenza trabajar e incluso querer trabajar más horas o más días. Los fondos europeos y una ola de optimismo que ilusionó a los españoles lograron un despegue prodigioso, mientras en el terreno político, con jefes de gobierno adultos como Suárez, González o Aznar, los adversarios no eran enemigos. La oposición podía ser dura, pero no era una chusma despreciable. La diversidad de ideas y opiniones, como en Europa, mantenía viva la libertad. En la actualidad la libertad es una excusa para sacar las navajas.
Este ambiente tabernario, que a mi modo de ver repugna a casi todo el mundo menos a los partidos políticos y a aquellos que viven de sus privilegios y subvenciones, tiene aspecto de ser duradero. No me imagino yo a los actuales padres de la patria preocupándose por los votantes, esos parias que han venido al mundo para pagar sus sueldos, viajes, negocios, comidas, amantes, coches, parientes, sobornos y trajes.
En estas circunstancias, la verdad, es inútil tratar de influir en la vida pública, así que me voy a los cuarteles de invierno a ver si logro hacer algo de provecho. Mil gracias por su atención y por su amabilidad.
Artículo publicado el 3 mayo de 2010.
Han sido tres años y medio, si no me descuento, los que he pasado junto a mis estimados lectores de El Periódico de Cataluña. Tras un repaso a las viejas columnas, me he percatado de lo mucho que ha cambiado, no sólo el país, sino el aire social que respiramos en común. Hace cuatro años la amenaza de ruina era tan sólo eso, una amenaza, de manera que el presidente Zapatero se podía permitir, con su habitual desenvoltura, acusar de antipatriotas a quienes hablaban de crisis económica. Esa fue la expresión que empleó. Tres años más tarde la ruina es absoluta y a día de hoy los más optimistas hablan de "recuperación" dentro de seis años. Seis años de política española son un siglo. Del actual elenco dramático, Zapatero, Rajoy, Montilla, Carod, no quedará nadie. Las quiebras traen cambios lentos, pero inevitables. El cuadro de actores que nos representa es de escasa calidad y será sustituido, quizás por chulos tipo Chavez, pero con un poco de suerte por gente sensata, esos técnicos que tanta falta hacen y que han sido despreciados por políticos ebrios de ideología. No hay nada peor que un político cargado de ideología y sin educación.
La ruina ha ido oscureciendo la vida en común hasta el punto de que la próxima campaña electoral está derivando nada menos que en un simulacro de guerra civil. De un lado los insensatos que usurpan el nombre del socialismo, del otro los corruptos que dicen ser populares. Ambos puro monigote, títeres sin cabeza, una densa necedad que pagaremos muy caro. En el caso catalán las cosas son aún peores y no merece la pena ni mencionarlas. Bastaba con leer los titulares de la prensa catalana tras la consulta independentista. No soy adulador, pero debo decir que el único diario que tituló con respeto de la verdad ("Pinchazo soberanista", decía) fue éste en el que escribo. Todos los demás mentían de un modo tan estúpido que uno se daba cuenta de que los editores consideran a sus lectores unos perfectos idiotas.
El estropicio es ya casi insalvable. Como he dicho otras veces, la deriva de España hacia el modelo italiano se acelera. En Italia votar es obligatorio y no se nota el hartazgo de los civiles, pero aquí falta ya muy poco para que la abstención iguale al número de votantes. Da lo mismo, porque los políticos seguirán llenándose la boca con palabras que nunca han entendido como "democracia", "nación" o "libertad". Y no las han entendido porque nuestra clase política no es demócrata. No tiene ni la menor idea de qué quiere decir "democracia". Por eso no respetan a los partidos adversos sino que se empeñan en triturarlos y no creen estar en el poder para resolver los problemas de la gente sino para creárselos porque así lo exige la Causa. Sólo trabajan para su propio partido, como los empleados japoneses trabajaban para su empresa y la yakuza asociada. Así le ha ido al Japón.
El deterioro es supino. Ver cómo Montilla, un gris escalador de la burocracia de partido, condecora a los fiscales que calumnian a sus propios colegas de tribunales superiores es una imagen que remite a los tiempos de Franco cuando la lealtad al Régimen era lo único que contaba. Porque la desdicha es que este país ha regresado a su ser ancestral. La ruina económica nos está devolviendo al lugar de siempre en el tercer mundo. La ruina moral nos devuelve al escenario de toda la vida, el esperpento, la pornografía política, la canallada.
El sueño ha durado unos años, digamos que de 1982 a más o menos el cambio de siglo. Durante veinte años parecía que España podía convertirse en un país europeo. La gente olvidó los delirios señoritiles del desprecio al trabajo y, con la excepción de los liberados sindicales, comenzó a tomarse en serio la vida. De pronto ya no daba vergüenza trabajar e incluso querer trabajar más horas o más días. Los fondos europeos y una ola de optimismo que ilusionó a los españoles lograron un despegue prodigioso, mientras en el terreno político, con jefes de gobierno adultos como Suárez, González o Aznar, los adversarios no eran enemigos. La oposición podía ser dura, pero no era una chusma despreciable. La diversidad de ideas y opiniones, como en Europa, mantenía viva la libertad. En la actualidad la libertad es una excusa para sacar las navajas.
Este ambiente tabernario, que a mi modo de ver repugna a casi todo el mundo menos a los partidos políticos y a aquellos que viven de sus privilegios y subvenciones, tiene aspecto de ser duradero. No me imagino yo a los actuales padres de la patria preocupándose por los votantes, esos parias que han venido al mundo para pagar sus sueldos, viajes, negocios, comidas, amantes, coches, parientes, sobornos y trajes.
En estas circunstancias, la verdad, es inútil tratar de influir en la vida pública, así que me voy a los cuarteles de invierno a ver si logro hacer algo de provecho. Mil gracias por su atención y por su amabilidad.
domingo, 9 de octubre de 2011
Siempre Zapatero
Editorial El País (07/10/2011)
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció el miércoles en Bruselas que España albergará el componente naval del escudo antimisiles. Zapatero, que había viajado por sorpresa a la reunión de la OTAN, aseguró que esta iniciativa es defensiva y que no va dirigida contra nadie, al tiempo que justificó la participación comprometida con los aliados en la posición estratégica de España "como puerta de entrada al Mediterráneo". El Ministerio de Defensa añadió a los argumentos ofrecidos por el presidente el del positivo impacto económico del escudo antimisiles en el entorno de la base de Rota.
El escudo antimisiles defendido por Obama tiene poco que ver con el auspiciado por el Ejecutivo de George W. Bush, que estaba concebido contra cohetes de largo alcance y que provocó de inmediato los recelos de Moscú. Que Europa se proteja, a través de este nuevo sistema de defensa, de eventuales ataques de Irán y Corea del Norte podría justificar la decisión de comprometerse con una iniciativa en la que ya están implicados Polonia, Rumanía y Turquía, y en la que también pretenden participar Holanda y Francia. Pero Zapatero ha decidido seguir siendo fiel a sí mismo hasta el último día en que permanezca en La Moncloa y, de la misma forma que improvisó una reforma de la Constitución en las últimas semanas de su mandato, ahora lleva a cabo un giro de la política exterior con las Cámaras disueltas, desentendiéndose de las consecuencias diplomáticas de la decisión y sin comprobar siquiera su compatibilidad con el acuerdo que desde 1988 rige la gestión de Rota. Al margen, por otro lado, de que no se sabe dónde quedaron aquellas solemnes declaraciones al inicio de esta legislatura en las que la búsqueda de la paz adquirió el rango de objetivo de la política exterior española.
Por diferente que sea a la concebida por Bush, Rusia ha vuelto a expresar su temor de que esta iniciativa norteamericana, ahora apoyada también por España, acabe afectando al equilibrio desde el que habría que ir avanzando en el desarme nuclear. La situación internacional no es la más adecuada para comprobar si Rusia solo hará declaraciones contra el escudo antimisiles o si utilizará sus bazas en otros terrenos de confrontación, como el del programa nuclear iraní. Impedir que Teherán se haga con el arma nuclear, un objetivo difícil de alcanzar sin el apoyo de Rusia, ofrecería infinitamente más seguridad que el escudo antimisiles. Otra cuestión, por tanto, que habría que haber discutido y analizado es si ese apoyo resulta ahora más difícil de conseguir que antes del acuerdo alcanzado en Bruselas.
Mariano Rajoy fue consultado por Zapatero antes de anunciar el compromiso sobre el escudo antimisiles. Quizá lo menos relevante sea que Zapatero vuelva a dejar en difícil posición al candidato de su partido, Pérez Rubalcaba. Lo peor es que ha decidido privar de nuevo a los españoles del imprescindible debate parlamentario al que deberían obligar decisiones que pueden alterar el rumbo de la política exterior.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció el miércoles en Bruselas que España albergará el componente naval del escudo antimisiles. Zapatero, que había viajado por sorpresa a la reunión de la OTAN, aseguró que esta iniciativa es defensiva y que no va dirigida contra nadie, al tiempo que justificó la participación comprometida con los aliados en la posición estratégica de España "como puerta de entrada al Mediterráneo". El Ministerio de Defensa añadió a los argumentos ofrecidos por el presidente el del positivo impacto económico del escudo antimisiles en el entorno de la base de Rota.
El escudo antimisiles defendido por Obama tiene poco que ver con el auspiciado por el Ejecutivo de George W. Bush, que estaba concebido contra cohetes de largo alcance y que provocó de inmediato los recelos de Moscú. Que Europa se proteja, a través de este nuevo sistema de defensa, de eventuales ataques de Irán y Corea del Norte podría justificar la decisión de comprometerse con una iniciativa en la que ya están implicados Polonia, Rumanía y Turquía, y en la que también pretenden participar Holanda y Francia. Pero Zapatero ha decidido seguir siendo fiel a sí mismo hasta el último día en que permanezca en La Moncloa y, de la misma forma que improvisó una reforma de la Constitución en las últimas semanas de su mandato, ahora lleva a cabo un giro de la política exterior con las Cámaras disueltas, desentendiéndose de las consecuencias diplomáticas de la decisión y sin comprobar siquiera su compatibilidad con el acuerdo que desde 1988 rige la gestión de Rota. Al margen, por otro lado, de que no se sabe dónde quedaron aquellas solemnes declaraciones al inicio de esta legislatura en las que la búsqueda de la paz adquirió el rango de objetivo de la política exterior española.
Por diferente que sea a la concebida por Bush, Rusia ha vuelto a expresar su temor de que esta iniciativa norteamericana, ahora apoyada también por España, acabe afectando al equilibrio desde el que habría que ir avanzando en el desarme nuclear. La situación internacional no es la más adecuada para comprobar si Rusia solo hará declaraciones contra el escudo antimisiles o si utilizará sus bazas en otros terrenos de confrontación, como el del programa nuclear iraní. Impedir que Teherán se haga con el arma nuclear, un objetivo difícil de alcanzar sin el apoyo de Rusia, ofrecería infinitamente más seguridad que el escudo antimisiles. Otra cuestión, por tanto, que habría que haber discutido y analizado es si ese apoyo resulta ahora más difícil de conseguir que antes del acuerdo alcanzado en Bruselas.
Mariano Rajoy fue consultado por Zapatero antes de anunciar el compromiso sobre el escudo antimisiles. Quizá lo menos relevante sea que Zapatero vuelva a dejar en difícil posición al candidato de su partido, Pérez Rubalcaba. Lo peor es que ha decidido privar de nuevo a los españoles del imprescindible debate parlamentario al que deberían obligar decisiones que pueden alterar el rumbo de la política exterior.
jueves, 6 de octubre de 2011
Cómo meter mano en la Caja (con todas las bendiciones)
Por Elisa de la Nuez, abogada del Estado, consejera delegada de Iclaves y coeditora del blog jurídico ¿hay derecho?
Publicado en El Confidencial (06/10/2011)
Dice el gobernador del Banco de España que el caso de la CAM es “lo peor de lo peor” . Y efectivamente, vemos que ejemplifica de forma espectacular todos los males posibles en la gestión de una Caja de Ahorros: burbuja o/y pelotazo inmobiliario, mala gestión, falta de profesionalidad, amiguismo, conchaveo con los políticos de turno (muchos de de ellos con problemas judiciales), tolerancia y permisividad por parte de la Comunidad Autónoma supuestamente encargada de supervisar la Caja a cambio de financiación de proyectos faraónicos y de favores varios (comprar pagarés autonómicos dos días antes de ser intervenida) desfachatez de los gestores salientes (que se han embolsado cantidades estratosféricas en forma de prejubilaciones, “pensiones vitalicias” de 370.000 euros), créditos concedidos a los amigos o a los propios Consejeros de la Caja al 0% de interés…
En definitiva, inexistencia de control alguno por parte de los órganos internos de control de la Caja (sí, aunque sea increíble, los tenía) y por último, actitud cuanto menos complaciente del Banco de España con los desmanes cometidos, que tenían que ser conocidos desde hacía tiempo al haber dado la voz de alarma sus propios inspectores…
Pues resulta que esta Caja, en contra de lo que pudiera parecer de la descripción anterior, no se rige por la libérrima voluntad de sus gestores. Por lo menos sobre el papel tiene una regulación bastante estricta, contenida en el Decreto Legislativo 1/1997 de 23 de julio del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Cajas de Ahorro de la Comunidad. Lástima que esta norma solo sea papel mojado porque nadie se ha preocupado de su cumplimiento.
Veamos por ejemplo el art.35.1 sobre la obtención de créditos por los Vocales del Consejo de Administración y su parentela:
“1. Los vocales de los Consejos de Administración, así como sus cónyuges, ascendientes o descendientes y las sociedades en que dichas personas participen mayoritariamente en el capital, bien de forma aislada o conjunta o en las que desempeñen los cargos de presidente, consejero, administrador, gerente, director general o asimilado, no podrán obtener créditos, avales ni garantías de la Caja de Ahorros respectiva o enajenar a la misma bienes o valores de su propiedad o emitidos por tales entidades, sin que exista acuerdo del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y autorización del Instituto Valenciano de Finanzas. Esta prohibición no será aplicable a los créditos, avales o garantías para la adquisición de viviendas concedidas por la Caja de Ahorros con aportación por el titular de garantía real suficiente y se extenderá, en todo caso, no sólo a las operaciones realizadas directamente por las personas o entidades referidas, sino a aquellas otras en que pudieran aparecer una o varias personas físicas o jurídicas interpuestas. Tampoco será de aplicación respecto a los representantes del personal, para los cuales la concesión de créditos se regirá por los Convenios Laborales, previo informe de la Comisión de Control.
2. La transmisión de cualquier bien o valor, propiedad de una Caja de Ahorros, a los vocales del Consejo de Administración, así como a las personas vinculadas que se citan en el apartado anterior, deberá contar con la autorización administrativa del Instituto Valenciano de Finanzas.”
Pero es más, el Instituto Valenciano de Finanzas tiene además otras funciones importantes según el art.55.1. “Sin perjuicio de las facultades que corresponden al Ministerio de Economía y Hacienda y al Banco de España y en el marco de la legislación básica del Estado, el Instituto Valenciano de Finanzas ejercerá las funciones de disciplina, inspección y sanción respecto a las actividades realizadas en su territorio por las Cajas de Ahorros. En particular, el Instituto Valenciano de Finanzas velará por el cumplimiento de la normativa en materia de transparencia de las operaciones financieras y protección de la clientela de las Cajas de Ahorros”.
¿Y qué es el Instituto Valenciano de finanzas que tantas funciones de inspección y control tenía y que tan poco las ejercitó? Pues nada menos que una entidad pública dependiente de la Generalitat a través de su Consellería de Hacienda. En fin, otro organismo público autonómico más, de dudosa independencia y profesionalidad. Para contrastarlo, además de a su actuación en relación con la CAM (mejor dicho, a su falta de actuación) me remito a su página web cuyas noticias de prensa “propagandística” son muy reveladoras. Este es el organismo que nos dicen ahora que se limitaba a “autorizaciones administrativas”, vamos, que ponía sellos pero sin mirarse los papeles. Pues para hacer solo eso, resulta bastante lujoso, consulten su organigrama.
Pero no solo estaba el IVF. Resulta que también había una Comisión de Control (art.38) cuyo objeto es “cuidar de que la gestión del Consejo de Administración se cumpla con la máxima eficacia y precisión, dentro de las líneas generales de actuación señaladas por la Asamblea General y de las directrices emanadas de la normativa financiera”. Dedica además varios preceptos a regular sus funciones, que evidentemente no desempeñó.
Y en materia de responsabilidades de los gestores, no es cierto que no existieran o que no se pudieran exigir. Lo que ha pasado sencillamente es que la propia Caja primero, la Generalitat Valenciana después, y el Banco de España por último, no han hecho nada. Vean si no el tenor literal del art. 56:
“1. Incurrirán en responsabilidad administrativa las Cajas de Ahorros cuando por acción u omisión infrinjan las normas imperativas de ordenación y disciplina emanadas del Estado o de la Generalitat Valenciana. En todo caso, la entidad de crédito en cuestión podrá ejercitar las correspondientes acciones de naturaleza civil o penal contra las personas individuales que realicen funciones de dirección o administración.
2. Incurrirán, también, en responsabilidad administrativa sancionable quienes ostenten cargos de administración o dirección, cuando en su conducta se aprecie ánimo doloso o negligencia directamente determinante de la infracción grave o muy grave cometida por la entidad.”
Sigue un catálogo de las infracciones muy graves, graves y leves que se pueden cometer por los órganos de gestión. Por no alargar este post hasta el infinito, se las dejo aquí….pero les puedo asegurar que así, a ojo, los gestores parecen haber incurrido prácticamente en todas las infracciones posibles.
Por último, y como broche de la regulación, el art.68 recuerda que se pueden adoptar medidas cautelares sin necesidad de esperar al Banco de España:
“Sin perjuicio de las facultades correspondientes al Banco de España, cuando una Caja de Ahorros se encuentre en una situación de excepcional gravedad que ponga en peligro la efectividad de sus recursos propios o su estabilidad, liquidez o solvencia, podrá acordarse de oficio o a petición de la propia entidad, la intervención de la misma o la sustitución provisional de sus órganos de administración o dirección hasta que sea superada tal situación”.
En cuanto a la competencia, no cabe duda. Dice el art.69 que “La intervención o sustitución prevista en el artículo anterior será acordada, en su caso, por el Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, previa audiencia de la Caja de Ahorros afectada. Dicha audiencia no será necesaria, sin embargo, cuando haya precedido petición de la entidad o el retraso que tal trámite previsiblemente originaría comprometa gravemente la efectividad de la medida o los intereses económicos afectados.”
Además esta responsabilidad administrativa es independiente de la que pudiera corresponder por la concurrencia de delitos o faltas penales, que también se puede -y a mi juicio- se debe exigir.
En conclusión, normas haberlas haylas. Incluso demasiadas. Pero todas se incumplieron. Especialmente por la Generalitat Valenciana (gobernada por el PP durante todo este tiempo) a la que tantas iniciativas políticas de relumbrón financiaba la CAM, tan complaciente siempre con los deseos de los políticos de turno. Claro que esto no era gratis y que los gestores se cobraban bien los favores.
Pero la reflexión más importante es la que nos tenemos que hacer como ciudadanos. ¿Es España un Estado de Derecho de verdad o solo sobre el papel? Porque si lo es de verdad no nos podemos conformar. Hay que exigir responsabilidades. Jurídicas, a todos los que incumplieron sus obligaciones, empezando por los gestores. Y políticas, a los que incumplieron las suyas. El ordenamiento jurídico tiene previstas las acciones jurídicas. Y dentro de nada hay elecciones.
Publicado en El Confidencial (06/10/2011)
Dice el gobernador del Banco de España que el caso de la CAM es “lo peor de lo peor” . Y efectivamente, vemos que ejemplifica de forma espectacular todos los males posibles en la gestión de una Caja de Ahorros: burbuja o/y pelotazo inmobiliario, mala gestión, falta de profesionalidad, amiguismo, conchaveo con los políticos de turno (muchos de de ellos con problemas judiciales), tolerancia y permisividad por parte de la Comunidad Autónoma supuestamente encargada de supervisar la Caja a cambio de financiación de proyectos faraónicos y de favores varios (comprar pagarés autonómicos dos días antes de ser intervenida) desfachatez de los gestores salientes (que se han embolsado cantidades estratosféricas en forma de prejubilaciones, “pensiones vitalicias” de 370.000 euros), créditos concedidos a los amigos o a los propios Consejeros de la Caja al 0% de interés…
En definitiva, inexistencia de control alguno por parte de los órganos internos de control de la Caja (sí, aunque sea increíble, los tenía) y por último, actitud cuanto menos complaciente del Banco de España con los desmanes cometidos, que tenían que ser conocidos desde hacía tiempo al haber dado la voz de alarma sus propios inspectores…
Pues resulta que esta Caja, en contra de lo que pudiera parecer de la descripción anterior, no se rige por la libérrima voluntad de sus gestores. Por lo menos sobre el papel tiene una regulación bastante estricta, contenida en el Decreto Legislativo 1/1997 de 23 de julio del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Cajas de Ahorro de la Comunidad. Lástima que esta norma solo sea papel mojado porque nadie se ha preocupado de su cumplimiento.
Veamos por ejemplo el art.35.1 sobre la obtención de créditos por los Vocales del Consejo de Administración y su parentela:
“1. Los vocales de los Consejos de Administración, así como sus cónyuges, ascendientes o descendientes y las sociedades en que dichas personas participen mayoritariamente en el capital, bien de forma aislada o conjunta o en las que desempeñen los cargos de presidente, consejero, administrador, gerente, director general o asimilado, no podrán obtener créditos, avales ni garantías de la Caja de Ahorros respectiva o enajenar a la misma bienes o valores de su propiedad o emitidos por tales entidades, sin que exista acuerdo del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y autorización del Instituto Valenciano de Finanzas. Esta prohibición no será aplicable a los créditos, avales o garantías para la adquisición de viviendas concedidas por la Caja de Ahorros con aportación por el titular de garantía real suficiente y se extenderá, en todo caso, no sólo a las operaciones realizadas directamente por las personas o entidades referidas, sino a aquellas otras en que pudieran aparecer una o varias personas físicas o jurídicas interpuestas. Tampoco será de aplicación respecto a los representantes del personal, para los cuales la concesión de créditos se regirá por los Convenios Laborales, previo informe de la Comisión de Control.
2. La transmisión de cualquier bien o valor, propiedad de una Caja de Ahorros, a los vocales del Consejo de Administración, así como a las personas vinculadas que se citan en el apartado anterior, deberá contar con la autorización administrativa del Instituto Valenciano de Finanzas.”
Pero es más, el Instituto Valenciano de Finanzas tiene además otras funciones importantes según el art.55.1. “Sin perjuicio de las facultades que corresponden al Ministerio de Economía y Hacienda y al Banco de España y en el marco de la legislación básica del Estado, el Instituto Valenciano de Finanzas ejercerá las funciones de disciplina, inspección y sanción respecto a las actividades realizadas en su territorio por las Cajas de Ahorros. En particular, el Instituto Valenciano de Finanzas velará por el cumplimiento de la normativa en materia de transparencia de las operaciones financieras y protección de la clientela de las Cajas de Ahorros”.
¿Y qué es el Instituto Valenciano de finanzas que tantas funciones de inspección y control tenía y que tan poco las ejercitó? Pues nada menos que una entidad pública dependiente de la Generalitat a través de su Consellería de Hacienda. En fin, otro organismo público autonómico más, de dudosa independencia y profesionalidad. Para contrastarlo, además de a su actuación en relación con la CAM (mejor dicho, a su falta de actuación) me remito a su página web cuyas noticias de prensa “propagandística” son muy reveladoras. Este es el organismo que nos dicen ahora que se limitaba a “autorizaciones administrativas”, vamos, que ponía sellos pero sin mirarse los papeles. Pues para hacer solo eso, resulta bastante lujoso, consulten su organigrama.
Pero no solo estaba el IVF. Resulta que también había una Comisión de Control (art.38) cuyo objeto es “cuidar de que la gestión del Consejo de Administración se cumpla con la máxima eficacia y precisión, dentro de las líneas generales de actuación señaladas por la Asamblea General y de las directrices emanadas de la normativa financiera”. Dedica además varios preceptos a regular sus funciones, que evidentemente no desempeñó.
Y en materia de responsabilidades de los gestores, no es cierto que no existieran o que no se pudieran exigir. Lo que ha pasado sencillamente es que la propia Caja primero, la Generalitat Valenciana después, y el Banco de España por último, no han hecho nada. Vean si no el tenor literal del art. 56:
“1. Incurrirán en responsabilidad administrativa las Cajas de Ahorros cuando por acción u omisión infrinjan las normas imperativas de ordenación y disciplina emanadas del Estado o de la Generalitat Valenciana. En todo caso, la entidad de crédito en cuestión podrá ejercitar las correspondientes acciones de naturaleza civil o penal contra las personas individuales que realicen funciones de dirección o administración.
2. Incurrirán, también, en responsabilidad administrativa sancionable quienes ostenten cargos de administración o dirección, cuando en su conducta se aprecie ánimo doloso o negligencia directamente determinante de la infracción grave o muy grave cometida por la entidad.”
Sigue un catálogo de las infracciones muy graves, graves y leves que se pueden cometer por los órganos de gestión. Por no alargar este post hasta el infinito, se las dejo aquí….pero les puedo asegurar que así, a ojo, los gestores parecen haber incurrido prácticamente en todas las infracciones posibles.
Por último, y como broche de la regulación, el art.68 recuerda que se pueden adoptar medidas cautelares sin necesidad de esperar al Banco de España:
“Sin perjuicio de las facultades correspondientes al Banco de España, cuando una Caja de Ahorros se encuentre en una situación de excepcional gravedad que ponga en peligro la efectividad de sus recursos propios o su estabilidad, liquidez o solvencia, podrá acordarse de oficio o a petición de la propia entidad, la intervención de la misma o la sustitución provisional de sus órganos de administración o dirección hasta que sea superada tal situación”.
En cuanto a la competencia, no cabe duda. Dice el art.69 que “La intervención o sustitución prevista en el artículo anterior será acordada, en su caso, por el Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, previa audiencia de la Caja de Ahorros afectada. Dicha audiencia no será necesaria, sin embargo, cuando haya precedido petición de la entidad o el retraso que tal trámite previsiblemente originaría comprometa gravemente la efectividad de la medida o los intereses económicos afectados.”
Además esta responsabilidad administrativa es independiente de la que pudiera corresponder por la concurrencia de delitos o faltas penales, que también se puede -y a mi juicio- se debe exigir.
En conclusión, normas haberlas haylas. Incluso demasiadas. Pero todas se incumplieron. Especialmente por la Generalitat Valenciana (gobernada por el PP durante todo este tiempo) a la que tantas iniciativas políticas de relumbrón financiaba la CAM, tan complaciente siempre con los deseos de los políticos de turno. Claro que esto no era gratis y que los gestores se cobraban bien los favores.
Pero la reflexión más importante es la que nos tenemos que hacer como ciudadanos. ¿Es España un Estado de Derecho de verdad o solo sobre el papel? Porque si lo es de verdad no nos podemos conformar. Hay que exigir responsabilidades. Jurídicas, a todos los que incumplieron sus obligaciones, empezando por los gestores. Y políticas, a los que incumplieron las suyas. El ordenamiento jurídico tiene previstas las acciones jurídicas. Y dentro de nada hay elecciones.
lunes, 3 de octubre de 2011
Esa extraña alianza entre banqueros y poder político
Por Carlos Sánchez
Publicado en EL Confidencial (03/10/2011)
Merece la pena recordarlo. Pero fue el historiador económico Van Klaveren quien situó el concepto de “administración honesta” sólo a partir de la revolución francesa. Durante el antiguo régimen, la corrupción y el fraude eran asunto cotidiano que convivía con los gobernantes. Pero a partir del estado moderno surgido de la Ilustración, son los propios gobiernos quienes tienen especial interés en acabar con el fraude. Por supuesto que en defensa propia. Los estados necesitaban dinero para financiar tanto sus guerras como un aparato administrativo y burocrático con tendencia natural a engordar, como demostró la llamada ley de Wagner.
El economista alemán observó que el tamaño del Gobierno tiende a crecer a medida que prospera el nivel de vida de los habitantes, lo que en principio puede parecer una contradicción. Se supone que los ciudadanos de un país ‘rico’ tenderán a depender menos del Estado que los habitantes de una nación en vías de desarrollo. No es así. Wagner lo vinculó a una constatación. Al hacerse las sociedades más complejas, las necesidades de gasto público son mayores. Y, por lo tanto, hay que aumentar el tamaño del Estado. En países muy pobres, por el contrario, no hay demanda de bienes públicos simplemente porque falta casi todo.
El caso español es, en este sentido, paradigmático. En 1975, la renta per cápita en términos de paridad de poder compra representaba el 75,7% de la media de la eurozona, mientras que el gasto público apenas alcanzaba el 25% del PIB. Treinta y cinco años después, la renta per cápita supone el 101% de la media europea, pero el nivel de gasto público también ha subido de forma intensa: el 45% del producto interior bruto el año pasado. Parece evidente la relación entre gasto público y riqueza relativa, al menos en Europa. Aunque lógicamente con límites. La atrofia del estado aparece cuando no es financiable, que es lo que ocurre actualmente en España.
No es, desde luego, ninguna novedad. Lo mismo sucedió en Europa en los 80 y lo 90, pero ingleses, suecos y alemanes supieron hacer las reformas necesarias. No para desmontar el Estado de bienestar, sino para garantizarlo sobre bases más solventes. Hoy el gasto público representa alrededor del 50% del PIB en la media de la eurozona, cinco puntos más que en España. Pero mientras que los ingresos suponen el 44% del producto, en España alcanza un ridículo 35%, lo que explica negro sobre blanco que el actual tamaño del estado sea simplemente insostenible.
Claro está, salvo que el sector público encuentre 50.000 millones de euros debajo de las piedras. Y no sólo una vez, sino de manera recurrente. El aumento del gasto público, en todo caso, explica la avidez del Estado a la hora de recaudar.
Como ha puesto de manifiesto la profesora Cárceles de Gea*, a partir de esa necesidad real de recaudar fondos públicos, el fraude comenzó a ser considerado delito, toda vez que atentaba “contra los intereses de la Corona”. El delito, sin embargo, tenía un fuerte componente económico, pero no de carácter moral o ético, por lo que el fraude históricamente siempre se ha asociado a comportamientos de índole pecuniario. Sólo delinque quien defrauda dinero, pero no quien con el engaño o la mentira favorece el deterioro de la cosa pública y degrada la actividad privada.
Y así es como el mundo se ha rodeado de mentiras cada vez más gordas que, como no puede ser de otra manera, pasan inadvertidas para el código penal, agujereado hasta límites insoportables. El desprecio por la honestidad intelectual, la incompetencia burocrática, el nepotismo, la patrimonialización de la función pública, la corrupción de las ideas, la demagogia política en periodo electoral (y fuera de él) se han apoderado de la vida pública, y nada indica un cambio de tendencia.
Una enfermedad de la política
La corrupción, en su sentido más amplio y no meramente de raíz económica, se ha convertido de esta manera en una patología política basada en el abuso del poder, en la violación sistemática del espíritu del sistema jurídico y en la ausencia de instrumentos de control, como bien ha puesto de relieve la Gran Recesión iniciada en 2008.
No ha fallado la economía, ha fallado la política. Y hasta el propio Fondo Monetario Internacional reconoce en su último informe de estabilidad financiera que la crisis actual es política. Ya ni siquiera económica.
Ocurre, sin embargo, que el sistema político se ha emponzoñado con mentiras. Algunas de mucha enjundia. Como la que ha denunciado recientemente el economista Martin Feldstein, quien ha recordado lo obvio. Los bancos alemanes y franceses están fuertemente expuestos a la deuda del gobierno griego. Y, por lo tanto, retrasar la suspensión de pagos sólo implica ganar tiempo para que las instituciones financieras francesas y alemanas aumenten su capital, reduzcan su exposición a los bancos griegos mediante la no renovación del crédito a su vencimiento, y vendan los bonos griegos al Banco Central Europeo. Es decir, en última instancia una socialización de las pérdidas.
Feldstein, uno de los economistas más influyentes del mundo, apunta una segunda razón. Lo que realmente temen franceses y alemanes es que una suspensión de pagos precipitada prenda en otros países, principalmente España e Italia. El problema no son los países periféricos, sino los bancos que de manera irresponsable han prestado dinero a gobiernos manirrotos, y que sin duda merecen el castigo y hasta el ostracismo por parte de la opinión pública.
Otras mentiras son aparentemente de menor enjundia; pero, sin embargo, abren en canal la credibilidad del sistema. Por ejemplo, la pantomima que ha hecho el Banco de España con la reforma de las cajas de ahorros. Durante años ha negado lo evidente, que un número de entidades financieras están quebradas, pero en aras de mantener una realidad virtual sobre la imagen del sistema financiero, ha sacrificado el crédito de las familias y las empresas sólo para mantener un decorado de cartón piedra.
Si el sistema financiero no es capaz de dar crédito -y de manera un tanto impúdica lo ha reconocido el Santander en Londres-, es que no cumple su función económica. Y, por lo tanto social. El hecho de que el Estado se quede con el crédito privado (efecto crowding out) y hasta pida prestado a la banca, como ha publicado en este periódico Eduardo Segovia, para mantener vivas unas cajas de ahorros que están muertas, no es más que el reflejo de una deshonestidad moral e intelectual sin paragón que expulsa a los gobernantes del paraíso de la razón. Sin duda que el gobernador Fernández Ordóñez irá al infierno de las ideas.
El crédito es la arteria por la que circula el sistema económico, y mientras éste no fluya, el país no saldrá adelante. Y sólo hay un camino, pinchar lo que queda de burbuja y provocar una reevaluación de los activos, principalmente inmobiliarios.
Bancos y crédito hipotecario
Es curioso que la banca argumente que no hay crédito porque no hay demanda solvente (por el desempleo); pero oculta, precisamente, que la tasa de morosidad más baja (apenas el 2%) tiene que ver con el crédito hipotecario, lo que desmonta esa teoría. Como les gusta decir a los banqueros cuando las cosas van bien, lo último que dejan de pagar los propietarios es la casa. No se da dinero simplemente porque es más rentable colocarlo en deuda pública, aunque ello conlleve poner al sector al pie de los caballos por una caída de precios que devora los balances. La alianza entre poder económico y banqueros es, en este sentido, de aurora boreal.
Mentiras, muchas mentiras aventadas, en todo caso, por la existencia de un sistema político atrofiado y endogámico cuya única aportación a la teoría del pensamiento es el célebre ‘y tú más...’. Como se sabe, un fino análisis de la realidad. El espectáculo de los recortes es digno de pasar a la borgiana historia universal de la infamia.
*Beatriz Cárceles de Gea. Fraude y Administración Fiscal en Castilla. Estudios de Historia Económica. Banco de España.
Publicado en EL Confidencial (03/10/2011)
Merece la pena recordarlo. Pero fue el historiador económico Van Klaveren quien situó el concepto de “administración honesta” sólo a partir de la revolución francesa. Durante el antiguo régimen, la corrupción y el fraude eran asunto cotidiano que convivía con los gobernantes. Pero a partir del estado moderno surgido de la Ilustración, son los propios gobiernos quienes tienen especial interés en acabar con el fraude. Por supuesto que en defensa propia. Los estados necesitaban dinero para financiar tanto sus guerras como un aparato administrativo y burocrático con tendencia natural a engordar, como demostró la llamada ley de Wagner.
El economista alemán observó que el tamaño del Gobierno tiende a crecer a medida que prospera el nivel de vida de los habitantes, lo que en principio puede parecer una contradicción. Se supone que los ciudadanos de un país ‘rico’ tenderán a depender menos del Estado que los habitantes de una nación en vías de desarrollo. No es así. Wagner lo vinculó a una constatación. Al hacerse las sociedades más complejas, las necesidades de gasto público son mayores. Y, por lo tanto, hay que aumentar el tamaño del Estado. En países muy pobres, por el contrario, no hay demanda de bienes públicos simplemente porque falta casi todo.
El caso español es, en este sentido, paradigmático. En 1975, la renta per cápita en términos de paridad de poder compra representaba el 75,7% de la media de la eurozona, mientras que el gasto público apenas alcanzaba el 25% del PIB. Treinta y cinco años después, la renta per cápita supone el 101% de la media europea, pero el nivel de gasto público también ha subido de forma intensa: el 45% del producto interior bruto el año pasado. Parece evidente la relación entre gasto público y riqueza relativa, al menos en Europa. Aunque lógicamente con límites. La atrofia del estado aparece cuando no es financiable, que es lo que ocurre actualmente en España.
No es, desde luego, ninguna novedad. Lo mismo sucedió en Europa en los 80 y lo 90, pero ingleses, suecos y alemanes supieron hacer las reformas necesarias. No para desmontar el Estado de bienestar, sino para garantizarlo sobre bases más solventes. Hoy el gasto público representa alrededor del 50% del PIB en la media de la eurozona, cinco puntos más que en España. Pero mientras que los ingresos suponen el 44% del producto, en España alcanza un ridículo 35%, lo que explica negro sobre blanco que el actual tamaño del estado sea simplemente insostenible.
Claro está, salvo que el sector público encuentre 50.000 millones de euros debajo de las piedras. Y no sólo una vez, sino de manera recurrente. El aumento del gasto público, en todo caso, explica la avidez del Estado a la hora de recaudar.
Como ha puesto de manifiesto la profesora Cárceles de Gea*, a partir de esa necesidad real de recaudar fondos públicos, el fraude comenzó a ser considerado delito, toda vez que atentaba “contra los intereses de la Corona”. El delito, sin embargo, tenía un fuerte componente económico, pero no de carácter moral o ético, por lo que el fraude históricamente siempre se ha asociado a comportamientos de índole pecuniario. Sólo delinque quien defrauda dinero, pero no quien con el engaño o la mentira favorece el deterioro de la cosa pública y degrada la actividad privada.
Y así es como el mundo se ha rodeado de mentiras cada vez más gordas que, como no puede ser de otra manera, pasan inadvertidas para el código penal, agujereado hasta límites insoportables. El desprecio por la honestidad intelectual, la incompetencia burocrática, el nepotismo, la patrimonialización de la función pública, la corrupción de las ideas, la demagogia política en periodo electoral (y fuera de él) se han apoderado de la vida pública, y nada indica un cambio de tendencia.
Una enfermedad de la política
La corrupción, en su sentido más amplio y no meramente de raíz económica, se ha convertido de esta manera en una patología política basada en el abuso del poder, en la violación sistemática del espíritu del sistema jurídico y en la ausencia de instrumentos de control, como bien ha puesto de relieve la Gran Recesión iniciada en 2008.
No ha fallado la economía, ha fallado la política. Y hasta el propio Fondo Monetario Internacional reconoce en su último informe de estabilidad financiera que la crisis actual es política. Ya ni siquiera económica.
Ocurre, sin embargo, que el sistema político se ha emponzoñado con mentiras. Algunas de mucha enjundia. Como la que ha denunciado recientemente el economista Martin Feldstein, quien ha recordado lo obvio. Los bancos alemanes y franceses están fuertemente expuestos a la deuda del gobierno griego. Y, por lo tanto, retrasar la suspensión de pagos sólo implica ganar tiempo para que las instituciones financieras francesas y alemanas aumenten su capital, reduzcan su exposición a los bancos griegos mediante la no renovación del crédito a su vencimiento, y vendan los bonos griegos al Banco Central Europeo. Es decir, en última instancia una socialización de las pérdidas.
Feldstein, uno de los economistas más influyentes del mundo, apunta una segunda razón. Lo que realmente temen franceses y alemanes es que una suspensión de pagos precipitada prenda en otros países, principalmente España e Italia. El problema no son los países periféricos, sino los bancos que de manera irresponsable han prestado dinero a gobiernos manirrotos, y que sin duda merecen el castigo y hasta el ostracismo por parte de la opinión pública.
Otras mentiras son aparentemente de menor enjundia; pero, sin embargo, abren en canal la credibilidad del sistema. Por ejemplo, la pantomima que ha hecho el Banco de España con la reforma de las cajas de ahorros. Durante años ha negado lo evidente, que un número de entidades financieras están quebradas, pero en aras de mantener una realidad virtual sobre la imagen del sistema financiero, ha sacrificado el crédito de las familias y las empresas sólo para mantener un decorado de cartón piedra.
Si el sistema financiero no es capaz de dar crédito -y de manera un tanto impúdica lo ha reconocido el Santander en Londres-, es que no cumple su función económica. Y, por lo tanto social. El hecho de que el Estado se quede con el crédito privado (efecto crowding out) y hasta pida prestado a la banca, como ha publicado en este periódico Eduardo Segovia, para mantener vivas unas cajas de ahorros que están muertas, no es más que el reflejo de una deshonestidad moral e intelectual sin paragón que expulsa a los gobernantes del paraíso de la razón. Sin duda que el gobernador Fernández Ordóñez irá al infierno de las ideas.
El crédito es la arteria por la que circula el sistema económico, y mientras éste no fluya, el país no saldrá adelante. Y sólo hay un camino, pinchar lo que queda de burbuja y provocar una reevaluación de los activos, principalmente inmobiliarios.
Bancos y crédito hipotecario
Es curioso que la banca argumente que no hay crédito porque no hay demanda solvente (por el desempleo); pero oculta, precisamente, que la tasa de morosidad más baja (apenas el 2%) tiene que ver con el crédito hipotecario, lo que desmonta esa teoría. Como les gusta decir a los banqueros cuando las cosas van bien, lo último que dejan de pagar los propietarios es la casa. No se da dinero simplemente porque es más rentable colocarlo en deuda pública, aunque ello conlleve poner al sector al pie de los caballos por una caída de precios que devora los balances. La alianza entre poder económico y banqueros es, en este sentido, de aurora boreal.
Mentiras, muchas mentiras aventadas, en todo caso, por la existencia de un sistema político atrofiado y endogámico cuya única aportación a la teoría del pensamiento es el célebre ‘y tú más...’. Como se sabe, un fino análisis de la realidad. El espectáculo de los recortes es digno de pasar a la borgiana historia universal de la infamia.
*Beatriz Cárceles de Gea. Fraude y Administración Fiscal en Castilla. Estudios de Historia Económica. Banco de España.
viernes, 30 de septiembre de 2011
Hay alternativas a los recortes
Por Viçenc Navarro
Publicado en Público (29/09/2011)
Se están haciendo en España recortes muy sustanciales del gasto público social que financia las transferencias públicas (tales como las pensiones y las ayudas a las familias) y los servicios públicos (tales como la sanidad, la educación, los servicios de ayuda a las personas con dependencia, las escuelas de infancia, los servicios sociales, entre otros) que representan la mayor reducción del Estado del bienestar español que éste haya sufrido en los 33 años de democracia. Estos recortes los está realizando el Gobierno central, así como gran número de gobiernos autonómicos, habiendo sido particularmente acentuados en Catalunya.
Tres observaciones tienen que hacerse a raíz de estos hechos. Una es que ninguno de estos recortes estaba anunciado en los programas electorales de los partidos gobernantes que los están haciendo. En realidad, todos ellos subrayaron en sus campañas electorales que no realizarían recortes en las transferencias y servicios que están siendo recortados. La segunda observación es que estos recortes se presentan, tanto por el establishment político como por el mediático, como inevitables y necesarios, y responden –según tales establishments– a la presión externa de los mercados financieros, los cuales señalan la necesidad de realizar tales recortes. Este argumento de inevitabilidad y necesidad ha calado en la opinión popular como consecuencia de una promoción masiva por parte de los medios de información de mayor difusión (tanto públicos como privados) del país, que han estado respaldando tales recortes. Uno de los rotativos de mayor difusión presentó anteayer unas encuestas mostrando que, puestos a escoger, había más españoles que, para reducir el déficit, preferían los recortes a la subida de impuestos. Parecería, pues, que los recortes que se están llevando a cabo tienen el apoyo popular que los legitimiza.
Este argumento de inevitabilidad, sin embargo, es profundamente erróneo. Y la percepción de apoyo popular está también equivocada. Miremos primero el argumento de que los recortes tan intensos del gasto público social se deben a la presión de los mercados. La lectura de los informes de las agencias de valoración de bonos y de los mayores centros financieros muestra una variabilidad de opiniones. Así, en ocasiones expresan inquietud sobre el tamaño del déficit y de la deuda pública, pero en otras ocasiones, como ahora, muestran gran preocupación por la falta de crecimiento económico. En cuanto a la reducción del déficit, tales instituciones financieras no indican cómo debería realizarse. Una manera es mediante los recortes de gasto público social, pero no es ni la única ni la mejor manera de conseguirlo. Una alternativa es aumentando los impuestos. Así, en lugar de congelar las pensiones (con lo que se intentan ahorrar 1.200 millones de euros), se podrían haber conseguido 2.100 millones de euros manteniendo el Impuesto del Patrimonio, o 2.552 millones si se hubieran anulado las rebajas de los impuestos de sucesiones, o 2.500 millones si se hubiera revertido la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año, recortes de los impuestos apoyados –todos ellos– por los partidos que ahora hacen estos recortes de gastos.
O en lugar de los enormes recortes en sanidad que intentan conseguir un ahorro de 6.000 millones, podrían haber anulado la bajada del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), recogiendo 5.300 millones de euros. O en lugar de recortar los servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales (logrando un total de 25.000 millones de euros), podrían haber corregido el fraude fiscal de las grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas (que representa el 71% de todo el fraude fiscal), recogiendo mucho más, es decir, 44.000 millones.
O, en lugar de reducir los servicios de ayuda a las personas con dependencia (intentando ahorrar 600 millones de euros), podrían haber reducido el subsidio del Estado a la Iglesia católica para impartir docencia de la religión católica en las escuelas públicas, o eliminar la producción de nuevo equipamiento militar, como los helicópteros Tigre y otros armamentos.
El hecho de que se escogiera hacer los recortes citados sin ni siquiera considerar estas alternativas no tiene nada que ver (insisto, nada que ver) con las presiones de los mercados financieros. La reducción del déficit público podría haberse logrado revirtiendo las enormes rebajas de impuestos que han beneficiado primordialmente a las rentas superiores (una persona que ingrese más de 300.000 euros al año ha visto reducir sus impuestos durante el periodo en que España estuvo gobernada por Aznar y por Zapatero un 37%, mientras que la gran mayoría de la población apenas notó esta bajada).
El supuesto apoyo popular a tales recortes no puede derivarse de la pregunta sesgada y tendenciosa de preguntarle a la población si para reducir el déficit prefieren los recortes en el Estado del bienestar o el aumento de los impuestos. La palabra “impuestos”, sin aclarar de quién, genera siempre una respuesta predecible de rechazo. Pero si, en lugar de utilizar el término genérico “impuestos”, se utilizara el aumento de impuestos citados en este artículo, que se centra primordialmente en las rentas superiores (revirtiendo las enormes reducciones que les beneficiaron) y que no afecta a la gran mayoría de la ciudadanía, la respuesta sería opuesta a la que aquella pregunta tendenciosa indica. Que estas alternativas no tengan la centralidad política o la exposición mediática que tienen los recortes se debe a que las rentas superiores, la banca y la gran patronal, tienen mucho más poder sobre el Estado español que las clases populares, que son las que están más afectadas por los recortes
Publicado en Público (29/09/2011)
Se están haciendo en España recortes muy sustanciales del gasto público social que financia las transferencias públicas (tales como las pensiones y las ayudas a las familias) y los servicios públicos (tales como la sanidad, la educación, los servicios de ayuda a las personas con dependencia, las escuelas de infancia, los servicios sociales, entre otros) que representan la mayor reducción del Estado del bienestar español que éste haya sufrido en los 33 años de democracia. Estos recortes los está realizando el Gobierno central, así como gran número de gobiernos autonómicos, habiendo sido particularmente acentuados en Catalunya.
Tres observaciones tienen que hacerse a raíz de estos hechos. Una es que ninguno de estos recortes estaba anunciado en los programas electorales de los partidos gobernantes que los están haciendo. En realidad, todos ellos subrayaron en sus campañas electorales que no realizarían recortes en las transferencias y servicios que están siendo recortados. La segunda observación es que estos recortes se presentan, tanto por el establishment político como por el mediático, como inevitables y necesarios, y responden –según tales establishments– a la presión externa de los mercados financieros, los cuales señalan la necesidad de realizar tales recortes. Este argumento de inevitabilidad y necesidad ha calado en la opinión popular como consecuencia de una promoción masiva por parte de los medios de información de mayor difusión (tanto públicos como privados) del país, que han estado respaldando tales recortes. Uno de los rotativos de mayor difusión presentó anteayer unas encuestas mostrando que, puestos a escoger, había más españoles que, para reducir el déficit, preferían los recortes a la subida de impuestos. Parecería, pues, que los recortes que se están llevando a cabo tienen el apoyo popular que los legitimiza.
Este argumento de inevitabilidad, sin embargo, es profundamente erróneo. Y la percepción de apoyo popular está también equivocada. Miremos primero el argumento de que los recortes tan intensos del gasto público social se deben a la presión de los mercados. La lectura de los informes de las agencias de valoración de bonos y de los mayores centros financieros muestra una variabilidad de opiniones. Así, en ocasiones expresan inquietud sobre el tamaño del déficit y de la deuda pública, pero en otras ocasiones, como ahora, muestran gran preocupación por la falta de crecimiento económico. En cuanto a la reducción del déficit, tales instituciones financieras no indican cómo debería realizarse. Una manera es mediante los recortes de gasto público social, pero no es ni la única ni la mejor manera de conseguirlo. Una alternativa es aumentando los impuestos. Así, en lugar de congelar las pensiones (con lo que se intentan ahorrar 1.200 millones de euros), se podrían haber conseguido 2.100 millones de euros manteniendo el Impuesto del Patrimonio, o 2.552 millones si se hubieran anulado las rebajas de los impuestos de sucesiones, o 2.500 millones si se hubiera revertido la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año, recortes de los impuestos apoyados –todos ellos– por los partidos que ahora hacen estos recortes de gastos.
O en lugar de los enormes recortes en sanidad que intentan conseguir un ahorro de 6.000 millones, podrían haber anulado la bajada del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), recogiendo 5.300 millones de euros. O en lugar de recortar los servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales (logrando un total de 25.000 millones de euros), podrían haber corregido el fraude fiscal de las grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas (que representa el 71% de todo el fraude fiscal), recogiendo mucho más, es decir, 44.000 millones.
O, en lugar de reducir los servicios de ayuda a las personas con dependencia (intentando ahorrar 600 millones de euros), podrían haber reducido el subsidio del Estado a la Iglesia católica para impartir docencia de la religión católica en las escuelas públicas, o eliminar la producción de nuevo equipamiento militar, como los helicópteros Tigre y otros armamentos.
El hecho de que se escogiera hacer los recortes citados sin ni siquiera considerar estas alternativas no tiene nada que ver (insisto, nada que ver) con las presiones de los mercados financieros. La reducción del déficit público podría haberse logrado revirtiendo las enormes rebajas de impuestos que han beneficiado primordialmente a las rentas superiores (una persona que ingrese más de 300.000 euros al año ha visto reducir sus impuestos durante el periodo en que España estuvo gobernada por Aznar y por Zapatero un 37%, mientras que la gran mayoría de la población apenas notó esta bajada).
El supuesto apoyo popular a tales recortes no puede derivarse de la pregunta sesgada y tendenciosa de preguntarle a la población si para reducir el déficit prefieren los recortes en el Estado del bienestar o el aumento de los impuestos. La palabra “impuestos”, sin aclarar de quién, genera siempre una respuesta predecible de rechazo. Pero si, en lugar de utilizar el término genérico “impuestos”, se utilizara el aumento de impuestos citados en este artículo, que se centra primordialmente en las rentas superiores (revirtiendo las enormes reducciones que les beneficiaron) y que no afecta a la gran mayoría de la ciudadanía, la respuesta sería opuesta a la que aquella pregunta tendenciosa indica. Que estas alternativas no tengan la centralidad política o la exposición mediática que tienen los recortes se debe a que las rentas superiores, la banca y la gran patronal, tienen mucho más poder sobre el Estado español que las clases populares, que son las que están más afectadas por los recortes
jueves, 29 de septiembre de 2011
La motosierra entra en campaña pero Rajoy no se moja
Por Antonio Casado
Publicado en El Confidencial (29/09/2011)
Parece un reflejo fiel de la realidad que las ganas de echar a los socialistas barren por diez a uno a las dudas que suscita Mariano Rajoy como gobernante. A partir de ese intangible se ha instalado la sensación de que todo el pescado está vendido. Solo al Alcoyano se le ocurriría pedir prórroga después de ir perdiendo por diez a uno.
Sobre ese telón de fondo vimos ayer una mala comedia, falsa, aburrida y poco creíble. Me refiero al cruce de acusaciones, pliegos de cargo y cintas de vídeo sobre el manejo de la guadaña en los servicios públicos que se dedicaron entre el PSOE y el PP. Y no digo entre sus primeros actores, Rubalcaba y Rajoy, por incomparecencia del segundo, que sigue a la espera de que el tiempo pase sin que pase nada.
Así que el candidato socialista, que había planteado el reto al grito de ¡que viene el PP con la motosierra!, volvió a dar la patada al aire en su intento de hacerse el encontradizo con Rajoy y tuvo que conformarse con meritorios encabezados por González Pons. Al portavoz oficial del PP le tocó salir al paso de las declaraciones en las que Rubalcaba aseguró que su eventual plan de recortes no afectaría en ningún caso a la Educación ni a la Sanidad. Y que el PP, en su muestrario autonómico, ya ha empezado a mover los dos pilares del llamado Estado del Bienestar. Pons, la lengua más afilada del partido de Rajoy, habló de la “cara dura” del candidato socialista por denunciar los recortes sociales de otros después de haber respaldado “el mayor hachazo social de la democracia”.
Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y hay que ponerse al día. Volver al tanto tengo tanto gasto. Vale. Es justo y necesario. Pero el quid de la cuestión es dónde dar el corte. Y ahí entra la política
Y así es como el ruido de la motosierra ha entrado en la campaña electoral. Lógico, por otra parte. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y hay que ponerse al día. Volver al tanto tengo tanto gasto. Vale. Es justo y necesario. Pero el quid de la cuestión es dónde dar el corte. Y ahí entra la política, que consiste en jerarquizar y decidir. No todos los partidos jerarquizan del mismo modo, según sus respectivos idearios. Se aplica la motosierra según un orden de prioridades.
El tronco del árbol es el Estado del Bienestar, en una concepción socialdemócrata. Básicamente, Sanidad y Educación. Dos tareas propias del Estado como ente gestor del bien común. Pero eso es discutible y discutido en partidos que se tienen por liberales, como el PP o los nacionalistas de CiU. Sin ir más lejos, el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, acaba de defender la necesidad de reducir el Estado a la mínima expresión. Y eso confiere sentido a los ajustes que están decidiendo los gobernantes autonómicos del PP en materia de Educación o los de CiU en materia de Sanidad.
Bajo esa luz se entenderá mejor que Esperanza Aguirre se ponga brava defendiendo la necesidad de prescindir de profesores interinos, en nombre de la austeridad sin decir ni media palabra sobre la deuda millonaria de Telemadrid. Se entenderá igualmente que Artur Mas defienda con tanta convicción los recortes en Sanidad mientras guarda silencio sobre los costes millonarios de la inversión lingüística, los doblajes al catalán o las sedes “diplomáticas” de Cataluña en el extranjero
Publicado en El Confidencial (29/09/2011)
Parece un reflejo fiel de la realidad que las ganas de echar a los socialistas barren por diez a uno a las dudas que suscita Mariano Rajoy como gobernante. A partir de ese intangible se ha instalado la sensación de que todo el pescado está vendido. Solo al Alcoyano se le ocurriría pedir prórroga después de ir perdiendo por diez a uno.
Sobre ese telón de fondo vimos ayer una mala comedia, falsa, aburrida y poco creíble. Me refiero al cruce de acusaciones, pliegos de cargo y cintas de vídeo sobre el manejo de la guadaña en los servicios públicos que se dedicaron entre el PSOE y el PP. Y no digo entre sus primeros actores, Rubalcaba y Rajoy, por incomparecencia del segundo, que sigue a la espera de que el tiempo pase sin que pase nada.
Así que el candidato socialista, que había planteado el reto al grito de ¡que viene el PP con la motosierra!, volvió a dar la patada al aire en su intento de hacerse el encontradizo con Rajoy y tuvo que conformarse con meritorios encabezados por González Pons. Al portavoz oficial del PP le tocó salir al paso de las declaraciones en las que Rubalcaba aseguró que su eventual plan de recortes no afectaría en ningún caso a la Educación ni a la Sanidad. Y que el PP, en su muestrario autonómico, ya ha empezado a mover los dos pilares del llamado Estado del Bienestar. Pons, la lengua más afilada del partido de Rajoy, habló de la “cara dura” del candidato socialista por denunciar los recortes sociales de otros después de haber respaldado “el mayor hachazo social de la democracia”.
Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y hay que ponerse al día. Volver al tanto tengo tanto gasto. Vale. Es justo y necesario. Pero el quid de la cuestión es dónde dar el corte. Y ahí entra la política
Y así es como el ruido de la motosierra ha entrado en la campaña electoral. Lógico, por otra parte. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y hay que ponerse al día. Volver al tanto tengo tanto gasto. Vale. Es justo y necesario. Pero el quid de la cuestión es dónde dar el corte. Y ahí entra la política, que consiste en jerarquizar y decidir. No todos los partidos jerarquizan del mismo modo, según sus respectivos idearios. Se aplica la motosierra según un orden de prioridades.
El tronco del árbol es el Estado del Bienestar, en una concepción socialdemócrata. Básicamente, Sanidad y Educación. Dos tareas propias del Estado como ente gestor del bien común. Pero eso es discutible y discutido en partidos que se tienen por liberales, como el PP o los nacionalistas de CiU. Sin ir más lejos, el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, acaba de defender la necesidad de reducir el Estado a la mínima expresión. Y eso confiere sentido a los ajustes que están decidiendo los gobernantes autonómicos del PP en materia de Educación o los de CiU en materia de Sanidad.
Bajo esa luz se entenderá mejor que Esperanza Aguirre se ponga brava defendiendo la necesidad de prescindir de profesores interinos, en nombre de la austeridad sin decir ni media palabra sobre la deuda millonaria de Telemadrid. Se entenderá igualmente que Artur Mas defienda con tanta convicción los recortes en Sanidad mientras guarda silencio sobre los costes millonarios de la inversión lingüística, los doblajes al catalán o las sedes “diplomáticas” de Cataluña en el extranjero
miércoles, 28 de septiembre de 2011
Rajoy, Pedro J. y la obscena promiscuidad políticos-periodistas
Por José L. Lobo
Publicado en El Confidencial (28/09/2011)
La impúdica cohabitación entre políticos y periodistas exhibida el pasado lunes en los majestuosos salones de la Embajada de Francia, testigos del photocall montado por Pedro J. Ramírez para promocionar su último libro, no sólo ha herido la sensibilidad de muchos lectores de El Confidencial. También le ha hecho un flaco favor al auténtico periodismo, que vive sus horas más bajas carcomido por el cáncer de la falta de credibilidad e independencia, y a un sistema democrático que no anda sobrado de ética ni estética, incapaz siquiera de tapar -o al menos disimular- sus propias vergüenzas.
Entre quienes se daban codazos por rendir pleitesía al todavía poderoso director de El Mundo no faltaban editores y directores de medios de comunicación, los mismos que luego lamentan el declive imparable de la prensa tradicional y acuden sin recato a los poderes públicos en busca de ayudas económicas para salvar sus negocios, como si ellos mismos no fueran los sepultureros; ni tampoco políticos de todos los pelajes, ésos que de cuando en cuando se dan golpes de pecho y derraman lágrimas de cocodrilo por la indiferencia, cuando no el desprecio, que los ciudadanos sienten hacia ellos y los partidos a los que representan.
A nadie sorprendió la empalagosa presencia de un José Bono en presunta retirada, aderezo inevitable de todas las salsas y cada día más encantado de haberse conocido; o de una Esperanza Aguirre militante de su propio partido, que coquetea con Ramírez con la misma vehemencia que pone en irritar y desafiar a la dirección del PP, léase sus desplantes innecesarios a los profesores en huelga de la Comunidad de Madrid o su pasión confesable por el proscrito Francisco Álvarez Cascos. Al fin y al cabo, el presidente del Congreso y la presidenta madrileña tienen sobrados motivos para estar en deuda con el periodista riojano: el uno porque desde las páginas de El Mundo le han sacado de más de un apuro, y la otra porque Ramírez trató -sin éxito- de llevarla en volandas a la cúpula de Génova.
No, a casi nadie escandaliza ya que políticos como Bono y Aguirre se revuelquen en el mismo lecho que Ramírez. O que el Grupo Prisa ponga todas sus terminales mediáticas al servicio del candidato Alfredo Pérez Rubalcaba. O que Vocento haya convertido la centenaria cabecera de Abc en el órgano oficioso de propaganda del PP. Pero otra cosa bien distinta es que ustedes -nosotros- sean capaces de contener la náusea. Por eso llamó tanto la atención que Mariano Rajoy acudiese el lunes al indecoroso aquelarre político-mediático montado alrededor de la investidura de Ramírez como historiador honoris causa de la Revolución Francesa, porque el líder del PP sí que no le debe nada al director de El Mundo.
"No soy rencoroso"
Tal vez sea porque "por suerte para algunos", como confesó el pasado agosto en una entrevista, "no soy una persona rencorosa"; o quizá porque el candidato del PP pretendía devolver el favor a su anfitrión, que hace una semana se dejó caer por el acto de presentación de En confianza, las insípidas memorias de Rajoy; o simplemente porque éste, que se ve ya coronado en La Moncloa por una abrumadora mayoría absoluta, prefiere tragar bilis y suponer que su genuflexión ante Ramírez le servirá de salvoconducto -¡qué candidez!- para sortear futuras campañas de acoso y derribo del capo de Unidad Editorial.
Es probable que Rajoy no sienta rencor hacia un enemigo de tanto fuste y tan probada saña -presunta virtud que ni mucho menos comparten sus más cercanos colaboradores-, pero es seguro que tiene memoria. Y no habrá olvidado que el ahora historiador se refería a él en 2008, tras su segunda derrota a manos de Zapatero y en plena noche de cuchillos largos para desalojarlo de Génova, como "un mediocre que quiere aferrarse al poder" y "un niñato grande que actúa con modales despóticos", al tiempo que animaba a dirigentes del PP como Gustavo de Arístegui o Juan Costa a "encabezar una sublevación contra el líder popular".
El pasado domingo, víspera de autos, El País recordaba aquel intento fallido de golpe palaciego en una entrevista-río con Rajoy. Y un colaborador del presidente del PP -al que el diario no identificaba- confesaba que "hubo una conspiración para echar a Mariano Rajoy a empujones en la que participaron José María Aznar, Esperanza Aguirre, el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, y Jiménez Losantos". Tres de ellos -Aguirre, Losantos y el propio Ramírez- coincidieron el lunes en el procaz maridaje prensa-poder escenificado en la legación diplomática francesa. Y el más que probable próximo presidente del Gobierno cometió el grave error -ignoro si por voluntad propia o pésimamente aconsejado por sus asesores- de dilapidar una parte de su magro crédito político en un acto tan frívolo y mundano como inapropiado para un país que no está para muchas alegrías.
Publicado en El Confidencial (28/09/2011)
La impúdica cohabitación entre políticos y periodistas exhibida el pasado lunes en los majestuosos salones de la Embajada de Francia, testigos del photocall montado por Pedro J. Ramírez para promocionar su último libro, no sólo ha herido la sensibilidad de muchos lectores de El Confidencial. También le ha hecho un flaco favor al auténtico periodismo, que vive sus horas más bajas carcomido por el cáncer de la falta de credibilidad e independencia, y a un sistema democrático que no anda sobrado de ética ni estética, incapaz siquiera de tapar -o al menos disimular- sus propias vergüenzas.
Entre quienes se daban codazos por rendir pleitesía al todavía poderoso director de El Mundo no faltaban editores y directores de medios de comunicación, los mismos que luego lamentan el declive imparable de la prensa tradicional y acuden sin recato a los poderes públicos en busca de ayudas económicas para salvar sus negocios, como si ellos mismos no fueran los sepultureros; ni tampoco políticos de todos los pelajes, ésos que de cuando en cuando se dan golpes de pecho y derraman lágrimas de cocodrilo por la indiferencia, cuando no el desprecio, que los ciudadanos sienten hacia ellos y los partidos a los que representan.
A nadie sorprendió la empalagosa presencia de un José Bono en presunta retirada, aderezo inevitable de todas las salsas y cada día más encantado de haberse conocido; o de una Esperanza Aguirre militante de su propio partido, que coquetea con Ramírez con la misma vehemencia que pone en irritar y desafiar a la dirección del PP, léase sus desplantes innecesarios a los profesores en huelga de la Comunidad de Madrid o su pasión confesable por el proscrito Francisco Álvarez Cascos. Al fin y al cabo, el presidente del Congreso y la presidenta madrileña tienen sobrados motivos para estar en deuda con el periodista riojano: el uno porque desde las páginas de El Mundo le han sacado de más de un apuro, y la otra porque Ramírez trató -sin éxito- de llevarla en volandas a la cúpula de Génova.
No, a casi nadie escandaliza ya que políticos como Bono y Aguirre se revuelquen en el mismo lecho que Ramírez. O que el Grupo Prisa ponga todas sus terminales mediáticas al servicio del candidato Alfredo Pérez Rubalcaba. O que Vocento haya convertido la centenaria cabecera de Abc en el órgano oficioso de propaganda del PP. Pero otra cosa bien distinta es que ustedes -nosotros- sean capaces de contener la náusea. Por eso llamó tanto la atención que Mariano Rajoy acudiese el lunes al indecoroso aquelarre político-mediático montado alrededor de la investidura de Ramírez como historiador honoris causa de la Revolución Francesa, porque el líder del PP sí que no le debe nada al director de El Mundo.
"No soy rencoroso"
Tal vez sea porque "por suerte para algunos", como confesó el pasado agosto en una entrevista, "no soy una persona rencorosa"; o quizá porque el candidato del PP pretendía devolver el favor a su anfitrión, que hace una semana se dejó caer por el acto de presentación de En confianza, las insípidas memorias de Rajoy; o simplemente porque éste, que se ve ya coronado en La Moncloa por una abrumadora mayoría absoluta, prefiere tragar bilis y suponer que su genuflexión ante Ramírez le servirá de salvoconducto -¡qué candidez!- para sortear futuras campañas de acoso y derribo del capo de Unidad Editorial.
Es probable que Rajoy no sienta rencor hacia un enemigo de tanto fuste y tan probada saña -presunta virtud que ni mucho menos comparten sus más cercanos colaboradores-, pero es seguro que tiene memoria. Y no habrá olvidado que el ahora historiador se refería a él en 2008, tras su segunda derrota a manos de Zapatero y en plena noche de cuchillos largos para desalojarlo de Génova, como "un mediocre que quiere aferrarse al poder" y "un niñato grande que actúa con modales despóticos", al tiempo que animaba a dirigentes del PP como Gustavo de Arístegui o Juan Costa a "encabezar una sublevación contra el líder popular".
El pasado domingo, víspera de autos, El País recordaba aquel intento fallido de golpe palaciego en una entrevista-río con Rajoy. Y un colaborador del presidente del PP -al que el diario no identificaba- confesaba que "hubo una conspiración para echar a Mariano Rajoy a empujones en la que participaron José María Aznar, Esperanza Aguirre, el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, y Jiménez Losantos". Tres de ellos -Aguirre, Losantos y el propio Ramírez- coincidieron el lunes en el procaz maridaje prensa-poder escenificado en la legación diplomática francesa. Y el más que probable próximo presidente del Gobierno cometió el grave error -ignoro si por voluntad propia o pésimamente aconsejado por sus asesores- de dilapidar una parte de su magro crédito político en un acto tan frívolo y mundano como inapropiado para un país que no está para muchas alegrías.
lunes, 26 de septiembre de 2011
Una victoria XXL
Por Jose Antonio Zarzalejos
Publicado en El Confidencial (24/09/2011)
Resulta tan paradójico como real: el PSOE está alarmado por el derrumbe electoral que le auguran las encuestas, y el PP sumamente preocupado por una victoria electoral apabullante porque deja en sus manos toda la responsabilidad de reactivar un país colapsado. Si se siguen las crónicas de Gonzalo López Alba en el diario Público –uno de los periodistas más solventes en el conocimiento interno del PSOE— es posible hacerse una idea precisa de la situación de los socialistas. Según López Alba en la sede de la calle Ferraz se preparan para un resultado similar al del año 2000, es decir, por debajo de los 130 escaños. Con Almunia los socialistas lograron 125 y el PP de Aznar alcanzó los 183. Sólo en 1977, con 118 diputados y en 1979 con 121, los socialistas se comportaron peor que en las generales de 2000. Teniendo en cuenta la mala campaña preelectoral de Pérez Rubalcaba -pinchazo con la reforma constitucional y con el impuesto sobre el patrimonio y enormes líos en la confección de listas- en este momento, el PSOE ya estaría por debajo de la frontera de los 130 escaños y, en consecuencia, el PP partiría de salida con la mayoría absoluta asegurada.
Este derrumbe del PSOE provocaría lo que Miguel Ángel Aguilar -otro analista irónico, culto e informado de lo que sucede en la izquierda española- ha denominado stravincere, expresión italiana traducible como victoria rotunda e inapelable de los populares y que el publicista dice sería mejor evitar para “defender al triunfador de sí mismo”. En otras palabras, la conjunción de una victoria XXL -enorme, de hasta 3/5 de la Cámara (210 de 350)- permitiría al PP un gobierno sin necesidad de pacto parlamentario alguno porque dispondría del quórum reforzado que la Constitución exige para las leyes orgánicas, designación de miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial y otros organismos decisivos. Es decir, un potencial e histórico rodillo que sume al PSOE en una inquietud extrema. No parece que el PP, aun con mayoría absoluta alcance semejante registro.
En la calle Génova la cautela y la preocupación se añaden a la satisfacción por una victoria cantada. Y cobra todo su sentido la prudencia de Rajoy que, pese a las enormes expectativas generadas por las encuestas internas y externas, se esfuerza en mantener una presencia pública de moderación y cercanía. No quiere que se cante victoria y detesta que se ofrezca una imagen prepotente. Sabe -y lo advierte- que España se ha convertido para él y su futuro Gobierno en un colosal problema de difícil manejo que requerirá decisiones duras con poco margen de maniobra. Encarar este futuro inmediato con “la mano tendida” ha sido el mensaje fundamental de su periplo por Cataluña -Rajoy espera mucho de la capacidad de entendimiento entre PP y CiU- y el propósito último de los mensajes, aparentemente inocuos, que incorpora su autobiografía (En confianza) en la que él mismo se presenta como un hombre más de acuerdos que de discrepancias y enemigo del conflicto -en tanto en cuanto lo pueda eludir-.
El previsible descalabro del PSOE no le permitirá -hasta que no se rehaga de sus crisis interna- desempeñar eficazmente el papel de oposición. La izquierda no convencional, intelectual, esa que se mueve en el mundo de las artes escénicas, la que anida en los movimientos sociales, los sindicatos y los colectivos de distinta naturaleza, están ya velando armas para sustituir al PSOE y comportarse como empalizada frente al PP. Los conservadores saben -como saben los socialistas- que la agitación en la calle, las huelgas y las protestas, recibirán, sin dar ni una mínima tregua, las medidas inevitablemente polémicas que deberá adoptar un eventual Gobierno del PP.
La huelga de los docentes de la red pública en Madrid es política, como sostiene Esperanza Aguirre, y puede verse en las movilizaciones y en los argumentos que se esgrimen una especie de ensayo ante las futuras políticas conservadoras. El modelo educativo es un terreno muy ideológico y de tradicional confrontación. Sin embargo, las medidas de la Comunidad de Madrid tienen una lógica relevante. Se han incrementado en dos las horas lectivas de los docentes (estaban en 18 y pasan a 20, pudiendo llegarse hasta las 21); no es cierto que se haya despedido a interinos, sino que no se han vuelto a contratar a los 1.700 (no 3.200 como se ha dicho) del curso pasado, pero sí a más de 700; es incierto que haya más escolares este año en la ESO; hay menos (viene descendiendo su número desde hace años: 143.000 en el curso 1999-2000; 120.000 en el curso 2011-2012); se ha aumentado el número de profesores en primaria (más de 100 respecto del curso pasado) y el ratio de alumnos por profesor (en Madrid de 9,7) es más bajo que en Corea (18,4), Finlandia (13,2), Nueva Zelanda (14,8), Japón (13,3), Australia (12,3) y Países Bajos (15,8) que pasan por ser los países de alta calidad educativa porque tienen menor fracaso escolar.
En el informe Pisa, Madrid está a la cabeza de las comunidades españoles, dato de no poca importancia. Lucía Figar, consejera del ramo, es una mujer razonable e inteligente que, seguramente, intenta componer la situación frente a la resistencia de los huelguistas. Su difícil comparecencia ayer en la comisión correspondiente de la Asamblea autonómica le acredita en estos momentos difíciles.
Huelga ideológica y política
En este contexto, podrá reprocharse –se lo han reprochado desde el PP- que Esperanza Aguirre se pase de frenada en algunas declaraciones y luego haya de recoger velas, pero lo cierto es que no hay razones objetivas para una huelga como la que hemos vivido esta semana. Más aún cuando, como desveló este diario, el propio sindicato UGT-FETE elaboró un severísimo informe sobre “los recortes en educación del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2011”, que no merecieron movilizaciones ni huelgas. En los Presupuestos, que Ángel Gabilondo ha de conocerse al dedillo, se establecían previsiones muy duras, aunque explicables: no a la contratación temporal salvo casos excepcionales (no, pues, a la contratación de funcionarios interinos), recorte salarial a los docentes, recorte a la enseñanza concertada y a las partidas dedicadas a educación en general del orden del 8%.
No cabe demasiada duda de que el componente ideológico y político en la huelga de la enseñanza en Madrid busca una confrontación con el PP que pretende objetivos que van más allá de los confesados. La irrupción en la escena de cineastas y escritores que el pasado día 12, al modo habitual, manifiesto incluido, se alzaban en custodios de la enseñanza pública y reprochaban al Gobierno autónomo madrileño sus decisiones -de nuevo, se olvidaron del Gobierno de Zapatero- confirma que estamos ante un debate extremadamente simulado por los convocantes de la huelga, sea cual fuere el seguimiento que haya tenido que, en todo caso, va a menos. Parece buscarse un clima de opinión que ofrezca verosimilitud a los mensajes según los cuales el PP podaría los servicios públicos básicos del Estado del Bienestar, presentando al conservadurismo político como un neoliberalismo desalmado.
La victoria de grandes proporciones del PP el 20-N provocará a su vez una consecuencia de dimensiones replicantes. Y la misión del Gobierno de Rajoy consistirá en lidiar con los problemas socio-económicos de España y la previsible reacción de la izquierda más militante en la calle. Un hombre como Rajoy, que según todos los que le conocen está mejor dotado para presidir el Gobierno que para liderar la oposición (si hay una victoria XXL del PP ese mantra se caería por su base), parece el adecuado para este escenario en el que la firmeza debe ser compatible con el diálogo y la rapidez en la gestión con explicaciones suficientes, tanto al Parlamento como a la opinión pública.
Por una vez, ¿será posible que la izquierda acepte su derrota sin revolverse en la calle y que la derecha gobierne con templanza? Vamos a verlo, advirtiendo que la herencia de Zapatero -dialécticamente castigado hasta la crueldad por sus afines, como el consejero-delegado de Prisa y Presidente del El País, Juan Luis Cebrián, según el cual “no hemos contado con el líder adecuado” y por eso “España se encuentra en una fase desprestigio” y por Jordi Sevilla-, es tan envenenada como sintetizó en siete puntos Mariano Rajoy en la última sesión de control parlamentario al Gobierno. Y es que Zapatero es historia, pero como ha dicho José María Aznar “no deja nada por continuar y todo por rehacer”. Vamos a irnos preparando para una alternancia extremadamente complicada.
Publicado en El Confidencial (24/09/2011)
Resulta tan paradójico como real: el PSOE está alarmado por el derrumbe electoral que le auguran las encuestas, y el PP sumamente preocupado por una victoria electoral apabullante porque deja en sus manos toda la responsabilidad de reactivar un país colapsado. Si se siguen las crónicas de Gonzalo López Alba en el diario Público –uno de los periodistas más solventes en el conocimiento interno del PSOE— es posible hacerse una idea precisa de la situación de los socialistas. Según López Alba en la sede de la calle Ferraz se preparan para un resultado similar al del año 2000, es decir, por debajo de los 130 escaños. Con Almunia los socialistas lograron 125 y el PP de Aznar alcanzó los 183. Sólo en 1977, con 118 diputados y en 1979 con 121, los socialistas se comportaron peor que en las generales de 2000. Teniendo en cuenta la mala campaña preelectoral de Pérez Rubalcaba -pinchazo con la reforma constitucional y con el impuesto sobre el patrimonio y enormes líos en la confección de listas- en este momento, el PSOE ya estaría por debajo de la frontera de los 130 escaños y, en consecuencia, el PP partiría de salida con la mayoría absoluta asegurada.
Este derrumbe del PSOE provocaría lo que Miguel Ángel Aguilar -otro analista irónico, culto e informado de lo que sucede en la izquierda española- ha denominado stravincere, expresión italiana traducible como victoria rotunda e inapelable de los populares y que el publicista dice sería mejor evitar para “defender al triunfador de sí mismo”. En otras palabras, la conjunción de una victoria XXL -enorme, de hasta 3/5 de la Cámara (210 de 350)- permitiría al PP un gobierno sin necesidad de pacto parlamentario alguno porque dispondría del quórum reforzado que la Constitución exige para las leyes orgánicas, designación de miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial y otros organismos decisivos. Es decir, un potencial e histórico rodillo que sume al PSOE en una inquietud extrema. No parece que el PP, aun con mayoría absoluta alcance semejante registro.
En la calle Génova la cautela y la preocupación se añaden a la satisfacción por una victoria cantada. Y cobra todo su sentido la prudencia de Rajoy que, pese a las enormes expectativas generadas por las encuestas internas y externas, se esfuerza en mantener una presencia pública de moderación y cercanía. No quiere que se cante victoria y detesta que se ofrezca una imagen prepotente. Sabe -y lo advierte- que España se ha convertido para él y su futuro Gobierno en un colosal problema de difícil manejo que requerirá decisiones duras con poco margen de maniobra. Encarar este futuro inmediato con “la mano tendida” ha sido el mensaje fundamental de su periplo por Cataluña -Rajoy espera mucho de la capacidad de entendimiento entre PP y CiU- y el propósito último de los mensajes, aparentemente inocuos, que incorpora su autobiografía (En confianza) en la que él mismo se presenta como un hombre más de acuerdos que de discrepancias y enemigo del conflicto -en tanto en cuanto lo pueda eludir-.
El previsible descalabro del PSOE no le permitirá -hasta que no se rehaga de sus crisis interna- desempeñar eficazmente el papel de oposición. La izquierda no convencional, intelectual, esa que se mueve en el mundo de las artes escénicas, la que anida en los movimientos sociales, los sindicatos y los colectivos de distinta naturaleza, están ya velando armas para sustituir al PSOE y comportarse como empalizada frente al PP. Los conservadores saben -como saben los socialistas- que la agitación en la calle, las huelgas y las protestas, recibirán, sin dar ni una mínima tregua, las medidas inevitablemente polémicas que deberá adoptar un eventual Gobierno del PP.
La huelga de los docentes de la red pública en Madrid es política, como sostiene Esperanza Aguirre, y puede verse en las movilizaciones y en los argumentos que se esgrimen una especie de ensayo ante las futuras políticas conservadoras. El modelo educativo es un terreno muy ideológico y de tradicional confrontación. Sin embargo, las medidas de la Comunidad de Madrid tienen una lógica relevante. Se han incrementado en dos las horas lectivas de los docentes (estaban en 18 y pasan a 20, pudiendo llegarse hasta las 21); no es cierto que se haya despedido a interinos, sino que no se han vuelto a contratar a los 1.700 (no 3.200 como se ha dicho) del curso pasado, pero sí a más de 700; es incierto que haya más escolares este año en la ESO; hay menos (viene descendiendo su número desde hace años: 143.000 en el curso 1999-2000; 120.000 en el curso 2011-2012); se ha aumentado el número de profesores en primaria (más de 100 respecto del curso pasado) y el ratio de alumnos por profesor (en Madrid de 9,7) es más bajo que en Corea (18,4), Finlandia (13,2), Nueva Zelanda (14,8), Japón (13,3), Australia (12,3) y Países Bajos (15,8) que pasan por ser los países de alta calidad educativa porque tienen menor fracaso escolar.
En el informe Pisa, Madrid está a la cabeza de las comunidades españoles, dato de no poca importancia. Lucía Figar, consejera del ramo, es una mujer razonable e inteligente que, seguramente, intenta componer la situación frente a la resistencia de los huelguistas. Su difícil comparecencia ayer en la comisión correspondiente de la Asamblea autonómica le acredita en estos momentos difíciles.
Huelga ideológica y política
En este contexto, podrá reprocharse –se lo han reprochado desde el PP- que Esperanza Aguirre se pase de frenada en algunas declaraciones y luego haya de recoger velas, pero lo cierto es que no hay razones objetivas para una huelga como la que hemos vivido esta semana. Más aún cuando, como desveló este diario, el propio sindicato UGT-FETE elaboró un severísimo informe sobre “los recortes en educación del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2011”, que no merecieron movilizaciones ni huelgas. En los Presupuestos, que Ángel Gabilondo ha de conocerse al dedillo, se establecían previsiones muy duras, aunque explicables: no a la contratación temporal salvo casos excepcionales (no, pues, a la contratación de funcionarios interinos), recorte salarial a los docentes, recorte a la enseñanza concertada y a las partidas dedicadas a educación en general del orden del 8%.
No cabe demasiada duda de que el componente ideológico y político en la huelga de la enseñanza en Madrid busca una confrontación con el PP que pretende objetivos que van más allá de los confesados. La irrupción en la escena de cineastas y escritores que el pasado día 12, al modo habitual, manifiesto incluido, se alzaban en custodios de la enseñanza pública y reprochaban al Gobierno autónomo madrileño sus decisiones -de nuevo, se olvidaron del Gobierno de Zapatero- confirma que estamos ante un debate extremadamente simulado por los convocantes de la huelga, sea cual fuere el seguimiento que haya tenido que, en todo caso, va a menos. Parece buscarse un clima de opinión que ofrezca verosimilitud a los mensajes según los cuales el PP podaría los servicios públicos básicos del Estado del Bienestar, presentando al conservadurismo político como un neoliberalismo desalmado.
La victoria de grandes proporciones del PP el 20-N provocará a su vez una consecuencia de dimensiones replicantes. Y la misión del Gobierno de Rajoy consistirá en lidiar con los problemas socio-económicos de España y la previsible reacción de la izquierda más militante en la calle. Un hombre como Rajoy, que según todos los que le conocen está mejor dotado para presidir el Gobierno que para liderar la oposición (si hay una victoria XXL del PP ese mantra se caería por su base), parece el adecuado para este escenario en el que la firmeza debe ser compatible con el diálogo y la rapidez en la gestión con explicaciones suficientes, tanto al Parlamento como a la opinión pública.
Por una vez, ¿será posible que la izquierda acepte su derrota sin revolverse en la calle y que la derecha gobierne con templanza? Vamos a verlo, advirtiendo que la herencia de Zapatero -dialécticamente castigado hasta la crueldad por sus afines, como el consejero-delegado de Prisa y Presidente del El País, Juan Luis Cebrián, según el cual “no hemos contado con el líder adecuado” y por eso “España se encuentra en una fase desprestigio” y por Jordi Sevilla-, es tan envenenada como sintetizó en siete puntos Mariano Rajoy en la última sesión de control parlamentario al Gobierno. Y es que Zapatero es historia, pero como ha dicho José María Aznar “no deja nada por continuar y todo por rehacer”. Vamos a irnos preparando para una alternancia extremadamente complicada.
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