Por Cesar Molinas
Reportaje publicado en El País (23/10/2011)
No hay remedio pacífico conocido para la crisis de endeudamiento que aflige a las economías occidentales. Las burbujas inmobiliarias en EE UU y en España alimentaron otra burbuja crediticia global en la que los bancos de Occidente llegaron a apalancar más de cuarenta veces su capital para dar crédito. Hasta que todo estalló. En la actualidad, no hay crecimiento económico porque no hay crédito, y no hay crédito porque los bancos están dañados, y los bancos no se sanean porque no hay crecimiento económico.
No hay remedio pacífico conocido para la crisis de endeudamiento que aflige a las economías occidentales. Las burbujas inmobiliarias en EE UU y en España alimentaron otra burbuja crediticia global en la que los bancos de Occidente llegaron a apalancar más de cuarenta veces su capital para dar crédito. Hasta que todo estalló. En la actualidad, no hay crecimiento económico porque no hay crédito, y no hay crédito porque los bancos están dañados, y los bancos no se sanean porque no hay crecimiento económico.
Lo poco que se sabe de este tipo de crisis es que son de digestión muy lenta. Hay tres precedentes históricos: la crisis japonesa de 1921, la Gran Depresión de 1929 y la crisis japonesa de 1989. Las dos primeras terminaron mediante ese supremo achatarramiento keynesiano que es la guerra: la de Manchuria en 1934 y la II Guerra Mundial en 1939. La tercera, dos décadas después de su comienzo, aún no se sabe cuándo y cómo terminará. Estas tres crisis dejaron algunas enseñanzas, pero aún no hay doctrina establecida sobre cómo salir de este tipo de situaciones por las buenas.
Hasta que Occidente no crezca, España no lo hará. Pero cuando Occidente empiece a crecer, España tampoco lo hará, a menos que haya introducido las reformas necesarias para adaptarse a la moneda única europea y a la economía globalizada. Somos tantos los que hemos escrito reclamando estas reformas, lo hemos escrito tantas veces y nos han hecho tan poco caso -excepto, un poquito, en materia de pensiones-, que lo que pide el cuerpo no es ponerse otra vez a escribir, sino ponerse a gritar. Pero seguiremos escribiendo. En lo que sigue de este apartado pasaré revista a las reformas pendientes, apoyándome en tres cifras: cinco millones de parados, deuda exterior del 160% del PIB y déficit público del 9% del PIB.
- Cinco millones de parados
España aporta el 10% del PIB de la eurozona, el 14% de la población y el 31% de los parados. ¡Sí, uno de cada tres parados de la eurozona es español! Los cinco millones de parados españoles y la tasa de paro del 21,2% son una anomalía aberrante en Europa: la tasa de paro media de la eurozona es el 10%, menos de la mitad que en España, y tan solo otros 3 de los 17 Estados miembros tienen tasas de paro de dos dígitos: Bélgica (11,7%), Portugal (12,3%) y Grecia (16,7%). ¿Acaso somos más holgazanes que los demás? ¿Más tontos? ¿Sufrimos un castigo divino? ¡No! Simplemente, tenemos un mercado de trabajo anómalo, disfuncional, que condena a la temporalidad precaria al 30% de los empleados, que genera bolsas millonarias de parados cada vez que viene una crisis...
Las estructuras básicas de nuestro mercado laboral y de la negociación colectiva siguen siendo las que se heredaron del franquismo en 1975: fueron diseñadas para una economía autárquica y corporativista. Las elevadas indemnizaciones por despido, causa importante de la temporalidad y del miedo empresarial a contratar, responden al paternalismo de un régimen para el que no existía el concepto de desempleo y, por tanto, no lo aseguraba. Ahora sí se asegura. La negociación colectiva, con su estructura jerárquica de convenios, tiene sus raíces en los antiguos sindicatos verticales y sigue siendo terriblemente eficaz a la hora de conseguir que los incrementos salariales no tengan nada que ver con los aumentos de productividad.
Así no hay economía que pueda funcionar. En 1986, España se integró en la Unión Europea, no en la Unión Soviética, mal que les pese todavía a algunos. Debemos ser consistentes en el entorno en el que estamos obligados a competir, y para eso no hace falta inventar nada: basta copiar lo que está funcionando bien en los Estados miembros que tienen tasas de desempleo de un solo dígito. En esa dirección van la propuesta de un contrato laboral único con costes de despido crecientes con la antigüedad, y la propuesta de flexibilización de la negociación colectiva para dar protagonismo a la negociación en el ámbito de la empresa. El Gobierno no se atrevió a enfrentarse a los sindicatos y no planteó la reforma del mercado laboral en estos términos. Los cambios resultantes han sido mayoritariamente cosméticos, y los que no lo han sido, como el fortalecimiento del poder sindical en la negociación colectiva de las pequeñas empresas, empeoran las rigideces del mercado de trabajo. Todo queda sobre la mesa del Gobierno que salga de las urnas en noviembre. Sin una reforma decidida, que reduzca la incertidumbre de las empresas a la hora de contratar, seguiremos siendo la anomalía de Europa y el paro seguirá aumentando.
- Una deuda exterior del 160% del PIB
La burbuja inmobiliaria ha dejado a España con una deuda exterior bruta del 160% del PIB. Esta ratio es una de las más elevadas del mundo y ha sido antesala del desastre en muchos países que la han alcanzado. ¿Podrá España pagar su deuda? Esto es lo que quita el sueño a nuestros acreedores.
Para poder pagar una deuda externa de estas dimensiones, un país tiene que tener un crecimiento económico vigoroso, superior a los pagos de intereses y devoluciones de principal. ¿Cuánto crecerá España en, digamos, la próxima década? El servicio de estudios del BBVA estima que el crecimiento potencial en este periodo será inferior al 2% en términos reales. Esta cifra es más baja que en décadas anteriores, pero puede acabar siendo optimista porque supone un crecimiento de la productividad del 0,9% anual, tasa que no se observa en España desde hace mucho tiempo. Añadiendo un 2% de inflación, se obtiene un crecimiento nominal teórico de, aproximadamente, 4%, que es bajo para garantizar con certeza el pago de la deuda. También es bajo para generar la confianza necesaria para refinanciarla, puesto que los analistas internacionales estiman un crecimiento inferior, incluso, al 4%.
¿Qué hacer? La respuesta es tan obvia que merece ser gritada, otra vez: ¡reformas estructurales! Según el BBVA, el paquete de reformas que deberían adoptarse (mercado de trabajo, de la vivienda, de la energía, educación, Administración Pública, justicia, etcétera) subiría el crecimiento potencial de la economía un punto porcentual, hasta el 3% en términos reales. Los efectos sobre el crecimiento se harían sentir solo a medio plazo, pero el efecto balsámico sobre la confianza de nuestros acreedores sería inmediato y eso llevaría a una mejora de nuestras condiciones de financiación.
El razonamiento del párrafo anterior es puramente teórico. Cuenta la anécdota que un analista le estaba explicando a George Soros un argumento de este tipo cuando el financiero le interrumpió: "Oiga, joven, todo eso está muy bien, pero ¿va a haber crédito?" "Ah, pues no, crédito no", respondió el analista. "Pues, entonces, no siga: la economía no va a crecer", terminó Soros.
¿Va a haber crédito en la economía española? No, crédito no va a haber durante mucho tiempo. Y no lo va a haber por cómo el Gobierno y el Banco de España han abordado la reestructuración del sistema financiero tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Había dos opciones. En primer lugar, se podía haber respetado la ortodoxia del Banco de España, elaborada a partir de la experiencia de varias crisis bancarias durante las cuatro últimas décadas. Esto implicaba obligar a las entidades de crédito a reconocer las pérdidas latentes para, después, y en caso necesario, recapitalizar, fusionar, vender o liquidar. Esta opción hubiera tenido la ventaja de que las nuevas entidades, al estar saneadas, habrían podido dar crédito sin dilación; y hubiera tenido el inconveniente de incrementar el déficit público en varios puntos del PIB, y hubiese sustraído a la inmensa mayoría de las cajas de ahorros, ahora bancos, de la tutela de los políticos regionales.
La segunda opción, que fue la que se eligió, hace tabla rasa de la ortodoxia del Banco de España. La estrategia consiste en obligar a las entidades a cumplir unas ratios de capital elevadas para garantizar su solvencia, pero dejando las pérdidas en estado latente. Tiene la ventaja de afectar poco al déficit público, y la desventaja de que el sistema financiero, al no haber sido saneado, queda en estado zombi: no hay holgura en el balance para dar nuevo crédito al sector real de la economía. Esta opción ha permitido, además, mantener un número significativo de cajas bajo control de los políticos.
Si el Gobierno y el Banco de España no rectifican esta estrategia, en España no habrá crédito durante años y, por tanto, no habrá crecimiento económico. Arreciarán, inevitablemente, las dudas sobre la capacidad de pago de la deuda. Aún hay tiempo para rectificar. Se debería aprovechar la circunstancia de que Europa está discutiendo fondos para un nuevo rescate bancario masivo para solicitar financiación para el saneamiento de los balances de las instituciones que lo necesiten, que son muchas. Mejor tener la cara roja una vez que amarilla toda la vida.
- Un déficit público del 9% del PIB
Con los datos que se conocen del año en curso, el déficit público no se ha reducido nada desde 2010: sigue estando en el 9% del PIB. Mal asunto, porque el objetivo para 2011 es el 6%, y este objetivo ha sido tan irrenunciable para el Gobierno que le ha sido sacrificado el hacer una reestructuración eficaz del sistema financiero. ¿Se acabará consiguiendo? La mayoría de los analistas opinan que no, que el déficit será, al menos, el 7%, y muchos apuntan ya el 8%.
El problema estriba en que el presupuesto público español se ha dimensionado a la burbuja inmobiliaria y no es financiable en condiciones normales de la economía. Si el déficit acaba siendo del 7% a final de año, el presupuesto tendría un déficit estructural del 5%, ya que dos puntos son achacables a la situación cíclica recesiva en la que nos encontramos. Estos 5 puntos del PIB son los que hay que eliminar para equilibrar estructuralmente el presupuesto.
Se pueden subir ingresos: nuevos aumentos del IVA, IRPF y especiales, copago sanitario y judicial, peajes en las autovías libres, etcétera. Todo eso va a ocurrir, pero será insuficiente. No va a haber más remedio que reducir gastos, y se van a tener que reducir de manera estructural, es decir, eliminando o reformando programas de gasto.
No basta con hacer recortes. Hasta ahora, las Administraciones han dejado de pagar, no de gastar, que no es lo mismo. Se ha llegado a una situación tan crítica que, por ejemplo, cuando se dice que la sanidad se paga a 600 días, lo que se quiere decir es que hace 600 días que no se paga. Son tácticas dilatorias, a la espera de que vuelvan los buenos viejos tiempos -los de la burbuja-, pero no volverán. Lo que hay que hacer, inevitablemente, es redimensionar el Estado. Pero eso son palabras mayores que nos llevan, sin solución de continuidad, al epígrafe siguiente.
2. La crisis político-institucional
Escribe Francis Fukuyama en The origins of political order, su último libro: "Cuando el entorno cambia y aparecen nuevos retos, surgen con frecuencia incoherencias entre las instituciones existentes y las necesidades emergentes. Estas instituciones están apoyadas por legiones de intereses atrincherados que se oponen a cualquier cambio fundamental. El declive aparece cuando los sistemas políticos no consiguen ajustarse a las nuevas circunstancias".
El régimen político que emana de la Constitución de 1978 nació con dos grandes retos que afrontar: la reconciliación y democratización del país, tras la larga dictadura franquista, y la integración en Europa. Ocho años más tarde, en 1986, quedaban pocas dudas de que ambos retos se habían superado de manera irreversible. No hubo mucho tiempo para dormir en los laureles, porque el mundo cambió de manera muy rápida planteando nuevos -e inesperados- retos. En 1989 cayó el muro de Berlín, abriendo paso a un vertiginoso proceso de globalización cuyas consecuencias siguen sorprendiendo. En 1992 se firmó el Tratado de Maastricht, y la moneda única comenzaba en 1999. En 1993, los retos que se le planteaban a España eran muy distintos a los de 1978: había que adaptarse a una economía planetaria y había que prepararse para el euro.
Las reformas exigidas por uno y otro retos tienen denominadores comunes: flexibilización de los mercados de factores, bienes y servicios. Vaya por delante que, en estos casi veinte años, se han hecho progresos en la liberalización de los servicios (farmacias, funerarias...) y que en estos años las grandes empresas españolas se han globalizado como nunca. Pero España, condicionada por su mercado laboral, no ha conseguido superar su patrón cíclico tradicional de crecimiento -expansión, recesión, devaluación de la peseta, recuperación- y no encuentra la manera de reducir su déficit público. Esos dos problemas surgen de rasgos clave del régimen político actual. La solución puede acabar exigiendo cambios importantes.
La Constitución de 1978 tuvo un respaldo político y social amplísimo. El consenso -ese conjunto de renuncias mutuas, que diría Miquel Roca- no se fraguó solo entre partidos políticos, sino que también incluyó a los sindicatos y a la patronal, conocidos a partir de entonces como los "interlocutores sociales". Esto fue así tanto por el prestigio que los primeros alcanzaron durante el franquismo tardío -recuérdese el Proceso 1001- como por la necesidad de encontrar una salida pactada a la terrible crisis económica de la época: las negociaciones de los Pactos de la Moncloa transcurrieron en paralelo al proceso constituyente.
El éxito en la salida de la crisis, por una parte, y en los objetivos democratizador y europeo, por otra, contribuyeron a consolidar a los interlocutores sociales, de modo que estos acabaron disfrutando de una representatividad de facto que iba mucho más allá de la de sus meros afiliados, que es lo único que reconoce la Constitución. Gobiernos de izquierda y de derecha han otorgado a los sindicatos una tutela y un veto implícitos sobre todo "lo social". A ello se debe, por ejemplo, el enorme retraso en la reforma de las pensiones y el fracaso de cualquier intento de reforma en profundidad del mercado laboral. Como escribió un comentarista, los sindicatos se han convertido en la columna vertebral del establishment contrario a la reforma estructural.
Es urgentísimo hacer una reforma profunda del mercado de trabajo, y es muy probable que haya que hacerla contra los sindicatos. Pues bien, hágase. Sí, conllevará un cambio en nuestro sistema político, pero un cambio en la buena dirección: la de dar plena soberanía al Parlamento en temas que, hasta ahora, le llegaban filtrados, cuando le llegaban.
El consenso de 1978 tuvo el gran acierto de integrar los nacionalismos históricos. Era, por aquel entonces, un tema peliagudo -y lo sigue siendo-. La vía elegida para hacerlo fue el Estado de las autonomías, versión café para todos. A lo largo de tres décadas, la descentralización del Estado ha sido muy grande. Salvo en las comunidades forales, que recaudan sus propios tributos, el gasto público se ha descentralizado mucho más que los ingresos y se han producido disfunciones entre las decisiones de gastar y las de recaudar.
La crisis actual ha tenido efectos devastadores sobre los presupuestos autonómicos: los ingresos se han desplomado y las principales partidas de gasto -educación, sanidad, dependencia, justicia...- son muy rígidas. Hay varias comunidades autónomas de régimen común en situación suspensión de pagos parcial. La tentación que tendrá el Gobierno que salga de las urnas el mes que viene de culpar al Estado autonómico del descontrol del gasto será muy grande. Argumentos no le faltarán, aunque las culpas están muy repartidas -recuérdese, por ejemplo, la centrifugación del déficit que produjo la Ley de Dependencia.
En cualquier caso, a mí me parece muy probable que el péndulo comience a moverse en sentido contrario y que se inicie un movimiento recentralizador, basado, también, en la filosofía del café para todos. Esto traerá consecuencias muy graves en lo que respecta a Cataluña. La Generalitat, previendo el movimiento pendular contrario, ha tomado ya rumbo de colisión con el futuro Gobierno central recortando el gasto en aquellas partidas que, como la sanidad, más gente movilizan en la calle, al tiempo que reclama el pacto fiscal. En otras palabras, Cataluña reclama la gestión de sus propios ingresos, asimilándose al régimen foral.
Esto pone en cuestión otro aspecto clave del actual régimen político: el café para todos. La gestión de esta situación va a ser muy delicada y compleja. Vaya por delante mi opinión de que, esta vez, Cataluña no se va a conformar con alguna cesión de competencias o con algo más de dinero: lo que está buscando es un encaje distinto dentro del consenso constitucional.
3. La crisis de moral y de valores
Escribí hace algún tiempo en este periódico que la acumulación de derechos sin contrapartida por el lado de los deberes embrutece a las masas. Esto, más por ignorancia que por otra cosa, escandalizó a algunos, que lo consideraron una ocurrencia mía provocadora y deleznable. No es así: este pensamiento tiene firmes raíces en Ortega y en Kant. Lo ilustraré con un ejemplo. El derecho a no ser despedido del trabajo arbitrariamente tiene que tener como contrapartida el deber de ir a trabajar. Si eso no ocurre, se produce el absentismo laboral, que es una verdadera plaga en las empresas españolas.
Nuestra democracia ha puesto mucho más énfasis en publicitar derechos que en reclamar deberes, y así no puede funcionar bien: ya dijo Montesquieu que la democracia se basa en la virtud, es decir, en el cumplimiento de las obligaciones. La clase política se ha dedicado a adular a las masas para conseguir votos, haciéndoles creer que tienen derecho no solo a recibir algo a cambio de nada, sino de recibirlo a perpetuidad. Todo el mundo tiene derecho a un AVE y a un aeropuerto cerca de su casa, sin ir más lejos. Hay unos Reyes Magos o un Papá Noel implícitos en la democracia española: nunca se menciona quién paga los regalos, quién financia esos derechos sin contrapartida.
En ese caldo de cultivo, la burbuja inmobiliaria empeoró mucho las cosas. Hay pocas cosas tan corruptoras como una burbuja inmobiliaria. Probablemente, el narcotráfico a gran escala que sufren algunos países de América Latina sea peor, pero no se me ocurren más ejemplos. En España, la burbuja ha corrompido a las Administraciones Públicas, muy particularmente a las territoriales, que son las que acaban teniendo la capacidad de decisión sobre dónde y sobre qué se construye; ha corrompido a los partidos políticos sin distinción de credo; ha corrompido a los empresarios en busca de recalificaciones o de permisos de edificación; ha vaciado las escuelas en beneficio del ladrillo o de la hostelería, causando un fracaso escolar masivo y creando grandes bolsas de jóvenes sin ninguna cualificación y con un futuro laboral muy incierto, y ha potenciado un sobredimensionamiento del Estado que ahora resulta financieramente insostenible. El paisaje después de la burbuja es desolador.
Lo ocurrido con las cajas de ahorros es muy ilustrativo de la crisis de moral que nos aflige. Hay una máxima en finanzas que establece que la mejor manera de robar un banco es tener uno. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en nuestro país. Las cajas no tienen dueño y nunca han estado gestionadas por angelitos, pero cuando se descentralizó su tutela, pasando esta a corresponder a las comunidades autónomas, la situación cambió a peor. A partir de ese momento, los políticos territoriales no solo decidían dónde y qué se construía, sino, además, quién construía, es decir, qué proyectos tenían financiación y cuáles no.
Todos los partidos políticos, sin ninguna excepción, han intentado controlar las cajas de sus territorios y casi siempre -con alguna grandísima y honrosísima excepción- lo han conseguido. El resultado ha sido catastrófico: de las 45 cajas que había al principio de la crisis no queda hoy en día mucho más allá de media docena de instituciones viables.
Los medios de comunicación han recogido con profusión el saqueo de algunas cajas por parte de sus directivos y de los Gobiernos autonómicos a cuya tutela estaban encomendadas. No están todas las que son, pero es bueno que estas cosas se publiquen.
Mientras ocurría todo esto, ¿por qué no actuaba el Banco de España? Solo se me ocurren tres posibles respuestas: porque no sabía; porque no podía, o porque no quería. Cualquiera de las tres da pie a preguntas muy incómodas. Por razones de salud democrática, creo que estaría bien que el próximo Congreso de los Diputados hiciera estas preguntas.
4. Posdata
Las crisis son tiempo de tribulación, pero también tiempo de oportunidades. La España de 2011 no es la de 1978: no solo ha progresado mucho, sino que tiene potencial para mejorar mucho más. Algunas de las mejores empresas del mundo son españolas. Algunas empresas españolas son líderes tecnológicos mundiales en su sector. Las empresas españolas están compitiendo en los mercados globales y ganando cuota de exportación.
Hay que liberar el potencial de la economía para acabar con las lacras del desempleo, de los subsidios permanentes y de la corrupción. Para ello hay que tratar a los españoles no como menores de edad, sino como ciudadanos. En vez de adularles, hay que razonarles por qué son necesarias las reformas estructurales. Y hay que ponerlas en práctica. La campaña electoral que ahora empezará es una buena ocasión para el debate.
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lunes, 24 de octubre de 2011
viernes, 30 de septiembre de 2011
Hay alternativas a los recortes
Por Viçenc Navarro
Publicado en Público (29/09/2011)
Se están haciendo en España recortes muy sustanciales del gasto público social que financia las transferencias públicas (tales como las pensiones y las ayudas a las familias) y los servicios públicos (tales como la sanidad, la educación, los servicios de ayuda a las personas con dependencia, las escuelas de infancia, los servicios sociales, entre otros) que representan la mayor reducción del Estado del bienestar español que éste haya sufrido en los 33 años de democracia. Estos recortes los está realizando el Gobierno central, así como gran número de gobiernos autonómicos, habiendo sido particularmente acentuados en Catalunya.
Tres observaciones tienen que hacerse a raíz de estos hechos. Una es que ninguno de estos recortes estaba anunciado en los programas electorales de los partidos gobernantes que los están haciendo. En realidad, todos ellos subrayaron en sus campañas electorales que no realizarían recortes en las transferencias y servicios que están siendo recortados. La segunda observación es que estos recortes se presentan, tanto por el establishment político como por el mediático, como inevitables y necesarios, y responden –según tales establishments– a la presión externa de los mercados financieros, los cuales señalan la necesidad de realizar tales recortes. Este argumento de inevitabilidad y necesidad ha calado en la opinión popular como consecuencia de una promoción masiva por parte de los medios de información de mayor difusión (tanto públicos como privados) del país, que han estado respaldando tales recortes. Uno de los rotativos de mayor difusión presentó anteayer unas encuestas mostrando que, puestos a escoger, había más españoles que, para reducir el déficit, preferían los recortes a la subida de impuestos. Parecería, pues, que los recortes que se están llevando a cabo tienen el apoyo popular que los legitimiza.
Este argumento de inevitabilidad, sin embargo, es profundamente erróneo. Y la percepción de apoyo popular está también equivocada. Miremos primero el argumento de que los recortes tan intensos del gasto público social se deben a la presión de los mercados. La lectura de los informes de las agencias de valoración de bonos y de los mayores centros financieros muestra una variabilidad de opiniones. Así, en ocasiones expresan inquietud sobre el tamaño del déficit y de la deuda pública, pero en otras ocasiones, como ahora, muestran gran preocupación por la falta de crecimiento económico. En cuanto a la reducción del déficit, tales instituciones financieras no indican cómo debería realizarse. Una manera es mediante los recortes de gasto público social, pero no es ni la única ni la mejor manera de conseguirlo. Una alternativa es aumentando los impuestos. Así, en lugar de congelar las pensiones (con lo que se intentan ahorrar 1.200 millones de euros), se podrían haber conseguido 2.100 millones de euros manteniendo el Impuesto del Patrimonio, o 2.552 millones si se hubieran anulado las rebajas de los impuestos de sucesiones, o 2.500 millones si se hubiera revertido la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año, recortes de los impuestos apoyados –todos ellos– por los partidos que ahora hacen estos recortes de gastos.
O en lugar de los enormes recortes en sanidad que intentan conseguir un ahorro de 6.000 millones, podrían haber anulado la bajada del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), recogiendo 5.300 millones de euros. O en lugar de recortar los servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales (logrando un total de 25.000 millones de euros), podrían haber corregido el fraude fiscal de las grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas (que representa el 71% de todo el fraude fiscal), recogiendo mucho más, es decir, 44.000 millones.
O, en lugar de reducir los servicios de ayuda a las personas con dependencia (intentando ahorrar 600 millones de euros), podrían haber reducido el subsidio del Estado a la Iglesia católica para impartir docencia de la religión católica en las escuelas públicas, o eliminar la producción de nuevo equipamiento militar, como los helicópteros Tigre y otros armamentos.
El hecho de que se escogiera hacer los recortes citados sin ni siquiera considerar estas alternativas no tiene nada que ver (insisto, nada que ver) con las presiones de los mercados financieros. La reducción del déficit público podría haberse logrado revirtiendo las enormes rebajas de impuestos que han beneficiado primordialmente a las rentas superiores (una persona que ingrese más de 300.000 euros al año ha visto reducir sus impuestos durante el periodo en que España estuvo gobernada por Aznar y por Zapatero un 37%, mientras que la gran mayoría de la población apenas notó esta bajada).
El supuesto apoyo popular a tales recortes no puede derivarse de la pregunta sesgada y tendenciosa de preguntarle a la población si para reducir el déficit prefieren los recortes en el Estado del bienestar o el aumento de los impuestos. La palabra “impuestos”, sin aclarar de quién, genera siempre una respuesta predecible de rechazo. Pero si, en lugar de utilizar el término genérico “impuestos”, se utilizara el aumento de impuestos citados en este artículo, que se centra primordialmente en las rentas superiores (revirtiendo las enormes reducciones que les beneficiaron) y que no afecta a la gran mayoría de la ciudadanía, la respuesta sería opuesta a la que aquella pregunta tendenciosa indica. Que estas alternativas no tengan la centralidad política o la exposición mediática que tienen los recortes se debe a que las rentas superiores, la banca y la gran patronal, tienen mucho más poder sobre el Estado español que las clases populares, que son las que están más afectadas por los recortes
Publicado en Público (29/09/2011)
Se están haciendo en España recortes muy sustanciales del gasto público social que financia las transferencias públicas (tales como las pensiones y las ayudas a las familias) y los servicios públicos (tales como la sanidad, la educación, los servicios de ayuda a las personas con dependencia, las escuelas de infancia, los servicios sociales, entre otros) que representan la mayor reducción del Estado del bienestar español que éste haya sufrido en los 33 años de democracia. Estos recortes los está realizando el Gobierno central, así como gran número de gobiernos autonómicos, habiendo sido particularmente acentuados en Catalunya.
Tres observaciones tienen que hacerse a raíz de estos hechos. Una es que ninguno de estos recortes estaba anunciado en los programas electorales de los partidos gobernantes que los están haciendo. En realidad, todos ellos subrayaron en sus campañas electorales que no realizarían recortes en las transferencias y servicios que están siendo recortados. La segunda observación es que estos recortes se presentan, tanto por el establishment político como por el mediático, como inevitables y necesarios, y responden –según tales establishments– a la presión externa de los mercados financieros, los cuales señalan la necesidad de realizar tales recortes. Este argumento de inevitabilidad y necesidad ha calado en la opinión popular como consecuencia de una promoción masiva por parte de los medios de información de mayor difusión (tanto públicos como privados) del país, que han estado respaldando tales recortes. Uno de los rotativos de mayor difusión presentó anteayer unas encuestas mostrando que, puestos a escoger, había más españoles que, para reducir el déficit, preferían los recortes a la subida de impuestos. Parecería, pues, que los recortes que se están llevando a cabo tienen el apoyo popular que los legitimiza.
Este argumento de inevitabilidad, sin embargo, es profundamente erróneo. Y la percepción de apoyo popular está también equivocada. Miremos primero el argumento de que los recortes tan intensos del gasto público social se deben a la presión de los mercados. La lectura de los informes de las agencias de valoración de bonos y de los mayores centros financieros muestra una variabilidad de opiniones. Así, en ocasiones expresan inquietud sobre el tamaño del déficit y de la deuda pública, pero en otras ocasiones, como ahora, muestran gran preocupación por la falta de crecimiento económico. En cuanto a la reducción del déficit, tales instituciones financieras no indican cómo debería realizarse. Una manera es mediante los recortes de gasto público social, pero no es ni la única ni la mejor manera de conseguirlo. Una alternativa es aumentando los impuestos. Así, en lugar de congelar las pensiones (con lo que se intentan ahorrar 1.200 millones de euros), se podrían haber conseguido 2.100 millones de euros manteniendo el Impuesto del Patrimonio, o 2.552 millones si se hubieran anulado las rebajas de los impuestos de sucesiones, o 2.500 millones si se hubiera revertido la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año, recortes de los impuestos apoyados –todos ellos– por los partidos que ahora hacen estos recortes de gastos.
O en lugar de los enormes recortes en sanidad que intentan conseguir un ahorro de 6.000 millones, podrían haber anulado la bajada del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), recogiendo 5.300 millones de euros. O en lugar de recortar los servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales (logrando un total de 25.000 millones de euros), podrían haber corregido el fraude fiscal de las grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas (que representa el 71% de todo el fraude fiscal), recogiendo mucho más, es decir, 44.000 millones.
O, en lugar de reducir los servicios de ayuda a las personas con dependencia (intentando ahorrar 600 millones de euros), podrían haber reducido el subsidio del Estado a la Iglesia católica para impartir docencia de la religión católica en las escuelas públicas, o eliminar la producción de nuevo equipamiento militar, como los helicópteros Tigre y otros armamentos.
El hecho de que se escogiera hacer los recortes citados sin ni siquiera considerar estas alternativas no tiene nada que ver (insisto, nada que ver) con las presiones de los mercados financieros. La reducción del déficit público podría haberse logrado revirtiendo las enormes rebajas de impuestos que han beneficiado primordialmente a las rentas superiores (una persona que ingrese más de 300.000 euros al año ha visto reducir sus impuestos durante el periodo en que España estuvo gobernada por Aznar y por Zapatero un 37%, mientras que la gran mayoría de la población apenas notó esta bajada).
El supuesto apoyo popular a tales recortes no puede derivarse de la pregunta sesgada y tendenciosa de preguntarle a la población si para reducir el déficit prefieren los recortes en el Estado del bienestar o el aumento de los impuestos. La palabra “impuestos”, sin aclarar de quién, genera siempre una respuesta predecible de rechazo. Pero si, en lugar de utilizar el término genérico “impuestos”, se utilizara el aumento de impuestos citados en este artículo, que se centra primordialmente en las rentas superiores (revirtiendo las enormes reducciones que les beneficiaron) y que no afecta a la gran mayoría de la ciudadanía, la respuesta sería opuesta a la que aquella pregunta tendenciosa indica. Que estas alternativas no tengan la centralidad política o la exposición mediática que tienen los recortes se debe a que las rentas superiores, la banca y la gran patronal, tienen mucho más poder sobre el Estado español que las clases populares, que son las que están más afectadas por los recortes
lunes, 13 de junio de 2011
¿Pero cuánto va a durar aún esta crisis?
Por Marc Garrigasait
Publicado en Cotizalia (13/06/2011)
Esta es la pregunta del millón de dólares o mas bien del billón de dólares, ¿estamos ya cerca de salir de la esta profunda crisis que nos ha atropellado a prácticamente todas las economías occidentales-avanzadas del planeta, y al mismo tiempo, y que en menor medida también afectó a las economías emergentes, aunque estas ya hace muchos meses se recuperaron?
Cuando analizo datos macroeconómicos históricos del último siglo, siempre de los Estados Unidos, ya que es el único país del mundo con estadísticas históricas completas de todo el siglo XX, siempre extraigo la conclusión que solo la gran crisis de los años 30, con la gran depresión, es comparable a la crisis actual.
De hecho, la crisis actual es quizás las mas terrible en términos de creación de empleo y paro registrado, con España con el record mundial de tasas de paro del 20% de la población activa y de un terrible 40% en la población joven, o con Estados Unidos con la menor creación de empleo post-recesiones de los últimos 50 años.
Opinar sin datos de cuanto tiempo nos queda aún de crisis, es como opinar de fútbol en un bar. Y en estos temas el mayor experto mundial son la pareja de economistas Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart, autores de diversos estudios y del mejor libro de la historia sobre crisis económicas de países, el famoso This time is diferent.
En uno de los análisis que más pueden interesarnos, Rogoff y Reinhart, calculan los datos de todas y cada una de las crisis económicas en cualquier país del mundo tras una gran crisis bancaria. Como ya escribí, las crisis económicas tras una crisis bancaria, son siempre las mas largas y profundas. Es muy lógico, cuando en una recesión los bancos no tienen problemas graves, enseguida vuelven a conceder créditos y la economía se puede recuperar más rápido.
En dos cuadros clarividentes que expuse este pasado viernes en el Financial Congress en Bilbao, muestran las medias históricas de la duración en las crisis en la historia, en términos de duración y caídas de precios en el sector inmobiliario y bursátil.
Vamos primero con el comportamiento de los precios inmobiliarios. Analizando las 21 crisis económicas profundas con crisis bancaria incluida, Rogoff y Reinhart calculan que la caída media de los precios de la vivienda es de un 35,5%, con una duración total de 6 años (ver aquí el cuadro completo). Estas 21 crisis históricas van desde la de crisis asiática en Hong Kong que se inicia en 1997, la peor de todas con caídas del 54% en solo 5 años, o la de Colombia en 1998 con un 50% de caídas desde máximos durante 5 años y medio. O por ejemplo se incluye la crisis de Noruega de 1899, con caídas del 22% en unos 6 años.
En Estados Unidos la caída acumulada actual del precio de la vivienda desde máximos es del 33%, en términos nominales, según el índice Case-Shiller, con una duración de unos 5 años desde 2006.
Por tanto en términos de caída de los precios en USA, no parece muy lejos de los mínimos si teneos en cuenta la historia. No podemos decir lo mismo de otros mercados inmobiliarios como el español.
En términos de las caídas bursátiles históricas, las caídas medias históricas de las bolsas en crisis similares son del -55,9% en 3,4 años de duración (ver aquí el cuadro con todos los datos). En términos bursátiles quizás este estudio es más complejo de interpretar ya que las caídas desde máximos fueron superiores al 50% en 2009, pero a la fecha actual, los niveles de los índices bursátiles en los estados Unidos están ya otra vez cerca de máximos.
En mi opinión aunque los precios inmobiliarios en USA parecen ya cerca de mínimos, que no los españoles, la crisis económica en los países occidentales no parece aún finalizada. La virulencia de esta crisis es mucho mayor a la media en base a muchos indicadores. Y hemos de tener en cuenta que la recuperación conseguida en 2009 y 2010, ha sido exclusivamente por inyecciones artificiales por parte de los bancos centrales y gobiernos, lo que además ha aumentado sobremanera el endeudamiento público, reduciendo las posibilidades de más inyecciones futuras. El proceso de desapalancamiento privado en la mayoría de economías occidentales, en mi opinión continuará imposibilitando cualquier crecimiento significativo en los próximos años en los países europeos y anglosajones.
Pero como decía Abraham Lincoln "I will prepare myself and the opportunity will come", cada individuo, cada familia, cada negocio, por pequeño que sea, cada organización, debemos prepararnos para cuando lleguen las oportunidades, cuanto mas lo hayamos hecho, mejor nos irá el futuro y sin duda triunfaremos. El que se quede lamentándose siempre de los problemas del día a día, no se dará cuenta, y al llegar los tiempos mejores estará con el pie cambiado y le adelantará todo el mundo por la derecha y por la izquierda
Solo los perdedores se quejan que el mundo les va en contra y justifican su mala situación, cada día de su vida culpando al resto del mundo.
Publicado en Cotizalia (13/06/2011)
Esta es la pregunta del millón de dólares o mas bien del billón de dólares, ¿estamos ya cerca de salir de la esta profunda crisis que nos ha atropellado a prácticamente todas las economías occidentales-avanzadas del planeta, y al mismo tiempo, y que en menor medida también afectó a las economías emergentes, aunque estas ya hace muchos meses se recuperaron?
Cuando analizo datos macroeconómicos históricos del último siglo, siempre de los Estados Unidos, ya que es el único país del mundo con estadísticas históricas completas de todo el siglo XX, siempre extraigo la conclusión que solo la gran crisis de los años 30, con la gran depresión, es comparable a la crisis actual.
De hecho, la crisis actual es quizás las mas terrible en términos de creación de empleo y paro registrado, con España con el record mundial de tasas de paro del 20% de la población activa y de un terrible 40% en la población joven, o con Estados Unidos con la menor creación de empleo post-recesiones de los últimos 50 años.
Opinar sin datos de cuanto tiempo nos queda aún de crisis, es como opinar de fútbol en un bar. Y en estos temas el mayor experto mundial son la pareja de economistas Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart, autores de diversos estudios y del mejor libro de la historia sobre crisis económicas de países, el famoso This time is diferent.
En uno de los análisis que más pueden interesarnos, Rogoff y Reinhart, calculan los datos de todas y cada una de las crisis económicas en cualquier país del mundo tras una gran crisis bancaria. Como ya escribí, las crisis económicas tras una crisis bancaria, son siempre las mas largas y profundas. Es muy lógico, cuando en una recesión los bancos no tienen problemas graves, enseguida vuelven a conceder créditos y la economía se puede recuperar más rápido.
En dos cuadros clarividentes que expuse este pasado viernes en el Financial Congress en Bilbao, muestran las medias históricas de la duración en las crisis en la historia, en términos de duración y caídas de precios en el sector inmobiliario y bursátil.
Vamos primero con el comportamiento de los precios inmobiliarios. Analizando las 21 crisis económicas profundas con crisis bancaria incluida, Rogoff y Reinhart calculan que la caída media de los precios de la vivienda es de un 35,5%, con una duración total de 6 años (ver aquí el cuadro completo). Estas 21 crisis históricas van desde la de crisis asiática en Hong Kong que se inicia en 1997, la peor de todas con caídas del 54% en solo 5 años, o la de Colombia en 1998 con un 50% de caídas desde máximos durante 5 años y medio. O por ejemplo se incluye la crisis de Noruega de 1899, con caídas del 22% en unos 6 años.
En Estados Unidos la caída acumulada actual del precio de la vivienda desde máximos es del 33%, en términos nominales, según el índice Case-Shiller, con una duración de unos 5 años desde 2006.
Por tanto en términos de caída de los precios en USA, no parece muy lejos de los mínimos si teneos en cuenta la historia. No podemos decir lo mismo de otros mercados inmobiliarios como el español.
En términos de las caídas bursátiles históricas, las caídas medias históricas de las bolsas en crisis similares son del -55,9% en 3,4 años de duración (ver aquí el cuadro con todos los datos). En términos bursátiles quizás este estudio es más complejo de interpretar ya que las caídas desde máximos fueron superiores al 50% en 2009, pero a la fecha actual, los niveles de los índices bursátiles en los estados Unidos están ya otra vez cerca de máximos.
En mi opinión aunque los precios inmobiliarios en USA parecen ya cerca de mínimos, que no los españoles, la crisis económica en los países occidentales no parece aún finalizada. La virulencia de esta crisis es mucho mayor a la media en base a muchos indicadores. Y hemos de tener en cuenta que la recuperación conseguida en 2009 y 2010, ha sido exclusivamente por inyecciones artificiales por parte de los bancos centrales y gobiernos, lo que además ha aumentado sobremanera el endeudamiento público, reduciendo las posibilidades de más inyecciones futuras. El proceso de desapalancamiento privado en la mayoría de economías occidentales, en mi opinión continuará imposibilitando cualquier crecimiento significativo en los próximos años en los países europeos y anglosajones.
Pero como decía Abraham Lincoln "I will prepare myself and the opportunity will come", cada individuo, cada familia, cada negocio, por pequeño que sea, cada organización, debemos prepararnos para cuando lleguen las oportunidades, cuanto mas lo hayamos hecho, mejor nos irá el futuro y sin duda triunfaremos. El que se quede lamentándose siempre de los problemas del día a día, no se dará cuenta, y al llegar los tiempos mejores estará con el pie cambiado y le adelantará todo el mundo por la derecha y por la izquierda
Solo los perdedores se quejan que el mundo les va en contra y justifican su mala situación, cada día de su vida culpando al resto del mundo.
miércoles, 25 de mayo de 2011
¡No es la economía, amigos!
Por Antonio Rubio Merino
Publicado en El Confidencial (25/05/2011)
Atribuyen a un asesor demócrata la frase “es la economía, estúpidos”, con la que trataba de explicar a sus colegas el imparable ascenso de sus rivales republicanos. No me apetece calificar de la misma forma a aquellos que disientan de la opinión que aquí expongo, pero creo que están en un grave error aquellos que califican de meramente “económica” la actual crisis que sufre la sociedad española.
Una crisis económica puede deberse a graves desajustes entre la oferta y la demanda (en España, por ejemplo, la de viviendas), al necesario traslado de inversiones de unos sectores a otros (quizás del inmobiliario y la banca hacia otros más productivos), a factores de competencia externa (España ha perdido un 30% de productividad respecto a Alemania en la última década) y a otras muchas circunstancias.
España es un país bastante ineficiente en comparación con las economías con las que le gusta, no obstante, compararse, así que necesita que el PIB crezca más del 2,2% anual para generar empleo. Como ninguna estadística augura que eso ocurra en los próximos cinco años, la situación que sufrimos -de bajo crecimiento económico con alto desempleo- ha llegado para quedarse. Nos encontramos pues en medio de una importante crisis económica.
Pero la gravedad de nuestra crisis no viene determinada por esos factores económicos, medibles y objetivos. En mi opinión, se trata de algo mucho más grave. La crisis española es muy profunda, es generacional, y es esencialmente de naturaleza moral. Se viene gestando quizás desde hace más dos décadas. Y se resume en que España se ha convertido en un país en el que se desprecia el esfuerzo. Se desprecia en todas las acepciones de la palabra. No se aprecia el valor humano y moral del esforzarse, de mejorar, de sacrificar beneficios inmediatos por otros futuros, mayores. Y se estigmatiza personalmente al que se esfuerza, con la despectiva descalificación al comienzo de la competición, con la condena y cuestionamiento al derecho al premio, una vez que la carrera termina.
Dicen preocupados muchos jóvenes que puede que ellos sean la primera generación de españoles que vive peor que sus padres. También puede que sea la primera generación de españoles que se esfuerza menos, desaprovechando una mejor infraestructura, que la generación anterior. Y si eso es así, el hecho de que la siguiente generación viva peor que la anterior es simplemente un acto de justicia.
Derechos frente a obligaciones
Decía Maimónides que una persona sólo puede desarrollarse equilibradamente en una sociedad en que estén proporcionados derechos y obligaciones. Durante el último cuarto de siglo los sistemas educativos, los medios de comunicación, los “valores” dominantes han hablado hasta el cansancio de derechos -al trabajo, a una vivienda, a viajar, a calidad de vida, etc.- sin tener en cuenta las obligaciones. Más aún, sin considerar el dato real elemental: que todo bien necesita del trabajo de alguien para ser producido. Y que consumir sin producir, derechos sin obligaciones, es la peor de las tiranías: se llama ‘esclavitud’ para el que la sufre, para el que ha de trabajar para beneficio de otros que no lo quieren hacer personalmente, pero sí desean los frutos del trabajo ajeno.
El dinero para sufragar esos “derechos” no viene del aire. Viene de los impuestos que pagan los que producen. Viene, en el caso de esas transferencias desde los complacientes u oprimidos papás a los exigentes hijos, del trabajo de unos padres, de sus ahorros y su esfuerzo, que la nueva generación dilata indefinidamente en el tiempo comenzar a su vez a producir para compensar o reponer.
¿Se han parado a pensar los jóvenes “indignados” en quién va a pagar sus “derechos”? ¿Han considerado si ellos están cumpliendo con sus obligaciones? ¿Saben acaso qué significa esa palabra?
Mucho me temo que no. Saben qué significa “vivir su propia vida” -o eso creen, porque sólo se puede vivir una vida “propia” si uno corre con sus gastos-, “no ser un esclavo de ocho a tres”, “tener un trabajo que me guste y poder dedicarme también a mis aficiones”, etc.
Pues bien queridos, la vida no es así. La realidad no es así. Gracias a Dios, el que se esfuerza recibe un premio. Y el que no, un castigo. El esfuerzo de la generación de la posguerra produjo un país con una clase media que supo del sacrificio, pero también de la satisfacción, de ir adquiriendo un coche, un piso, un teléfono, un televisor, un local comercial o un apartamento. Poco a poco, con ahorro, con tesón, con renuncias…y con premios.
Una generación que dilata hasta los treinta el emanciparse de sus padres, el buscar un trabajo y que cuando llega a las puertas de éste sus primeras preguntas son acerca de salarios, horarios y vacaciones… ¿por qué razón piensa que la realidad va a premiar su holgazanería? La naturaleza no es así y es implacable con las cigarras cuando llega el invierno.
Evidentemente, esta generación de jóvenes, la mejor preparada de la historia de España, tiene en su seno gran cantidad de excelentes profesionales, activos o en potencia aún, trabajadores y abnegados como sus progenitores, con una amplia visión de su país y del resto del mundo. Para ellos, con su esfuerzo y sacrificio, hay un premio esperando. Para los demás… la crisis sólo será una cuestión de justicia.
Comencemos por hablar claro a nuestros hijos: hay que comenzar a esforzarse más y quejarse menos. Hay que cumplir con nuestros deberes, para poder reclamar nuestros derechos. Si decir esto es un escándalo en la España de hoy, concluiremos pues que estamos dentro de una inmensa crisis moral. Y sólo superándola venceremos a la crisis económica.
Publicado en El Confidencial (25/05/2011)
Atribuyen a un asesor demócrata la frase “es la economía, estúpidos”, con la que trataba de explicar a sus colegas el imparable ascenso de sus rivales republicanos. No me apetece calificar de la misma forma a aquellos que disientan de la opinión que aquí expongo, pero creo que están en un grave error aquellos que califican de meramente “económica” la actual crisis que sufre la sociedad española.
Una crisis económica puede deberse a graves desajustes entre la oferta y la demanda (en España, por ejemplo, la de viviendas), al necesario traslado de inversiones de unos sectores a otros (quizás del inmobiliario y la banca hacia otros más productivos), a factores de competencia externa (España ha perdido un 30% de productividad respecto a Alemania en la última década) y a otras muchas circunstancias.
España es un país bastante ineficiente en comparación con las economías con las que le gusta, no obstante, compararse, así que necesita que el PIB crezca más del 2,2% anual para generar empleo. Como ninguna estadística augura que eso ocurra en los próximos cinco años, la situación que sufrimos -de bajo crecimiento económico con alto desempleo- ha llegado para quedarse. Nos encontramos pues en medio de una importante crisis económica.
Pero la gravedad de nuestra crisis no viene determinada por esos factores económicos, medibles y objetivos. En mi opinión, se trata de algo mucho más grave. La crisis española es muy profunda, es generacional, y es esencialmente de naturaleza moral. Se viene gestando quizás desde hace más dos décadas. Y se resume en que España se ha convertido en un país en el que se desprecia el esfuerzo. Se desprecia en todas las acepciones de la palabra. No se aprecia el valor humano y moral del esforzarse, de mejorar, de sacrificar beneficios inmediatos por otros futuros, mayores. Y se estigmatiza personalmente al que se esfuerza, con la despectiva descalificación al comienzo de la competición, con la condena y cuestionamiento al derecho al premio, una vez que la carrera termina.
Dicen preocupados muchos jóvenes que puede que ellos sean la primera generación de españoles que vive peor que sus padres. También puede que sea la primera generación de españoles que se esfuerza menos, desaprovechando una mejor infraestructura, que la generación anterior. Y si eso es así, el hecho de que la siguiente generación viva peor que la anterior es simplemente un acto de justicia.
Derechos frente a obligaciones
Decía Maimónides que una persona sólo puede desarrollarse equilibradamente en una sociedad en que estén proporcionados derechos y obligaciones. Durante el último cuarto de siglo los sistemas educativos, los medios de comunicación, los “valores” dominantes han hablado hasta el cansancio de derechos -al trabajo, a una vivienda, a viajar, a calidad de vida, etc.- sin tener en cuenta las obligaciones. Más aún, sin considerar el dato real elemental: que todo bien necesita del trabajo de alguien para ser producido. Y que consumir sin producir, derechos sin obligaciones, es la peor de las tiranías: se llama ‘esclavitud’ para el que la sufre, para el que ha de trabajar para beneficio de otros que no lo quieren hacer personalmente, pero sí desean los frutos del trabajo ajeno.
El dinero para sufragar esos “derechos” no viene del aire. Viene de los impuestos que pagan los que producen. Viene, en el caso de esas transferencias desde los complacientes u oprimidos papás a los exigentes hijos, del trabajo de unos padres, de sus ahorros y su esfuerzo, que la nueva generación dilata indefinidamente en el tiempo comenzar a su vez a producir para compensar o reponer.
¿Se han parado a pensar los jóvenes “indignados” en quién va a pagar sus “derechos”? ¿Han considerado si ellos están cumpliendo con sus obligaciones? ¿Saben acaso qué significa esa palabra?
Mucho me temo que no. Saben qué significa “vivir su propia vida” -o eso creen, porque sólo se puede vivir una vida “propia” si uno corre con sus gastos-, “no ser un esclavo de ocho a tres”, “tener un trabajo que me guste y poder dedicarme también a mis aficiones”, etc.
Pues bien queridos, la vida no es así. La realidad no es así. Gracias a Dios, el que se esfuerza recibe un premio. Y el que no, un castigo. El esfuerzo de la generación de la posguerra produjo un país con una clase media que supo del sacrificio, pero también de la satisfacción, de ir adquiriendo un coche, un piso, un teléfono, un televisor, un local comercial o un apartamento. Poco a poco, con ahorro, con tesón, con renuncias…y con premios.
Una generación que dilata hasta los treinta el emanciparse de sus padres, el buscar un trabajo y que cuando llega a las puertas de éste sus primeras preguntas son acerca de salarios, horarios y vacaciones… ¿por qué razón piensa que la realidad va a premiar su holgazanería? La naturaleza no es así y es implacable con las cigarras cuando llega el invierno.
Evidentemente, esta generación de jóvenes, la mejor preparada de la historia de España, tiene en su seno gran cantidad de excelentes profesionales, activos o en potencia aún, trabajadores y abnegados como sus progenitores, con una amplia visión de su país y del resto del mundo. Para ellos, con su esfuerzo y sacrificio, hay un premio esperando. Para los demás… la crisis sólo será una cuestión de justicia.
Comencemos por hablar claro a nuestros hijos: hay que comenzar a esforzarse más y quejarse menos. Hay que cumplir con nuestros deberes, para poder reclamar nuestros derechos. Si decir esto es un escándalo en la España de hoy, concluiremos pues que estamos dentro de una inmensa crisis moral. Y sólo superándola venceremos a la crisis económica.
viernes, 25 de marzo de 2011
De Portugal y de rescates
Por Manuel Muela
Publicado en El Confidencial (25/03/2011)
La caída del Gobierno portugués ha puesto de nuevo el foco en las políticas de rescates que viene practicando la Unión Monetaria Europea para proteger al euro. Desde que se iniciaron con el rescate de Grecia no ha habido respiro, porque, en mi opinión, tales políticas son poco realistas y, lo que es peor, conducen a los países afectados por sus efectos a la depresión económica y al conflicto político y social. Por eso, creo que la decisión de la Asamblea de la República de Portugal, provocando la dimisión del jefe del Gobierno, debería mover a la reflexión sobre el mantenimiento de dichas políticas, que son en realidad meras operaciones de encubrimiento de errores de gestión, cuando no de puras especulaciones financieras.
Me parece que el proyecto europeo actual, inmerso en una huida hacia adelante desde el Tratado de Maastricht de 7 de febrero de 1992, está llegando al final de la escapada: la ampliación desmedida de la Unión Europea, los frágiles cimientos de la Unión Monetaria, el endeudamiento público y privado, la depresión económica de algunos países y los mensajes constantes de cercenamiento de las políticas sociales, van formando un explosivo de alta potencia, que destruirá muchos de los principios que inspiran a las políticas de la UE.
El caso de Portugal, y el reciente de Irlanda, indican que la insatisfacción de los ciudadanos es creciente, porque perciben y sufren las consecuencias de los errores de quienes han diseñado un modelo económico y monetario que ha ignorado las diferencias de las economías de los países que integran la UE, y en especial de los que forman parte del euro. De momento, la caída de dos gobiernos, Irlanda y Portugal, tienen un denominador común: el intento de ejecutar políticas dictadas desde el exterior, a sabiendas de que, si no hay actuaciones para corregir el volumen de la deuda, los sacrificios exigidos serán poco eficaces.
El pantano del crédito
Durante los últimos diez años las políticas crediticias expansivas han prendido en determinados países de la Unión Monetaria, algunos de los cuales con economías débiles que, en ningún caso, iban a permitir hacer frente a los compromisos derivados de los créditos obtenidos con largueza en los mercados internacionales. La moneda única abrió las compuertas del pantano del crédito y pocos resistieron la tentación de participar en el festival. Excepto el núcleo duro de la UE los demás, y España como mascarón de proa, se endeudaron hasta límites desconocidos, probablemente pensando que el euro suponía una fuerte garantía ante cualquier adversidad.
Es cierto que la moneda única se presentaba como la oportunidad para estimular el crecimiento económico y el bienestar social de los países que la adoptaron. Por eso, cualquier cautela o prevención sobre las dificultades futuras para hacer frente a la crisis de parte de los integrantes del euro no fue tomada en consideración y eso, hay que decirlo, alentó comportamientos irresponsables de gobiernos y empresas. El paraguas de la moneda única lo cubría todo. Y así pareció hasta 2007, año en que estalló la burbuja financiera. A partir de entonces se ha iniciado el duro camino a Canosa de los países citados, y del nuestro en particular, que comprueban que, contra los excesos, no hay garantías ni redes de seguridad. Al contrario, los acreedores se inquietan y los valedores del euro, que se cuentan entre los principales acreedores, se resisten a reconocer las pérdidas y diseñan políticas de rescate con la pretensión de alejar el cáliz de la reestructuración de la deuda.
Los volúmenes de ésta van creciendo, aunque se rebaje algo su coste, los países rescatados o en trance de serlo carecen de capacidad para generar recursos, porque sus economías se siguen debilitando y, aun así, se sigue insistiendo en las bondades de los rescates. Casi nadie pone en duda que no son la solución, más bien se esta demostrando lo contrario. Y es que habrá que reconocer en algún momento que la deuda acumulada por los llamados países periféricos no puede ser pagada: ni Grecia, ni Irlanda, ni Portugal, ni mucho menos España, sumidos todos en la depresión económica pueden enfrentar sus compromisos, aunque empezaran a crecer ininterrumpidamente al 5 por 100.
Como decía al principio, conviene huir de la propaganda y de la imagen que acompaña a los planes de rescate, porque no son tales. Son meros instrumentos de dilación para no reconocer los errores y las pérdidas de tirios y troyanos. Que hace falta disciplina, quién puede dudarlo, sobre todo después de comprobar los efectos de la irresponsabilidad, pero se requieren otras políticas comunitarias y otros gobernantes más serios que defiendan con rigor los intereses nacionales planteando políticas de saneamiento creíbles y realistas. Lo demás es artificio y miseria.
*Manuel Muela es economista
Publicado en El Confidencial (25/03/2011)
La caída del Gobierno portugués ha puesto de nuevo el foco en las políticas de rescates que viene practicando la Unión Monetaria Europea para proteger al euro. Desde que se iniciaron con el rescate de Grecia no ha habido respiro, porque, en mi opinión, tales políticas son poco realistas y, lo que es peor, conducen a los países afectados por sus efectos a la depresión económica y al conflicto político y social. Por eso, creo que la decisión de la Asamblea de la República de Portugal, provocando la dimisión del jefe del Gobierno, debería mover a la reflexión sobre el mantenimiento de dichas políticas, que son en realidad meras operaciones de encubrimiento de errores de gestión, cuando no de puras especulaciones financieras.
Me parece que el proyecto europeo actual, inmerso en una huida hacia adelante desde el Tratado de Maastricht de 7 de febrero de 1992, está llegando al final de la escapada: la ampliación desmedida de la Unión Europea, los frágiles cimientos de la Unión Monetaria, el endeudamiento público y privado, la depresión económica de algunos países y los mensajes constantes de cercenamiento de las políticas sociales, van formando un explosivo de alta potencia, que destruirá muchos de los principios que inspiran a las políticas de la UE.
El caso de Portugal, y el reciente de Irlanda, indican que la insatisfacción de los ciudadanos es creciente, porque perciben y sufren las consecuencias de los errores de quienes han diseñado un modelo económico y monetario que ha ignorado las diferencias de las economías de los países que integran la UE, y en especial de los que forman parte del euro. De momento, la caída de dos gobiernos, Irlanda y Portugal, tienen un denominador común: el intento de ejecutar políticas dictadas desde el exterior, a sabiendas de que, si no hay actuaciones para corregir el volumen de la deuda, los sacrificios exigidos serán poco eficaces.
El pantano del crédito
Durante los últimos diez años las políticas crediticias expansivas han prendido en determinados países de la Unión Monetaria, algunos de los cuales con economías débiles que, en ningún caso, iban a permitir hacer frente a los compromisos derivados de los créditos obtenidos con largueza en los mercados internacionales. La moneda única abrió las compuertas del pantano del crédito y pocos resistieron la tentación de participar en el festival. Excepto el núcleo duro de la UE los demás, y España como mascarón de proa, se endeudaron hasta límites desconocidos, probablemente pensando que el euro suponía una fuerte garantía ante cualquier adversidad.
Es cierto que la moneda única se presentaba como la oportunidad para estimular el crecimiento económico y el bienestar social de los países que la adoptaron. Por eso, cualquier cautela o prevención sobre las dificultades futuras para hacer frente a la crisis de parte de los integrantes del euro no fue tomada en consideración y eso, hay que decirlo, alentó comportamientos irresponsables de gobiernos y empresas. El paraguas de la moneda única lo cubría todo. Y así pareció hasta 2007, año en que estalló la burbuja financiera. A partir de entonces se ha iniciado el duro camino a Canosa de los países citados, y del nuestro en particular, que comprueban que, contra los excesos, no hay garantías ni redes de seguridad. Al contrario, los acreedores se inquietan y los valedores del euro, que se cuentan entre los principales acreedores, se resisten a reconocer las pérdidas y diseñan políticas de rescate con la pretensión de alejar el cáliz de la reestructuración de la deuda.
Los volúmenes de ésta van creciendo, aunque se rebaje algo su coste, los países rescatados o en trance de serlo carecen de capacidad para generar recursos, porque sus economías se siguen debilitando y, aun así, se sigue insistiendo en las bondades de los rescates. Casi nadie pone en duda que no son la solución, más bien se esta demostrando lo contrario. Y es que habrá que reconocer en algún momento que la deuda acumulada por los llamados países periféricos no puede ser pagada: ni Grecia, ni Irlanda, ni Portugal, ni mucho menos España, sumidos todos en la depresión económica pueden enfrentar sus compromisos, aunque empezaran a crecer ininterrumpidamente al 5 por 100.
Como decía al principio, conviene huir de la propaganda y de la imagen que acompaña a los planes de rescate, porque no son tales. Son meros instrumentos de dilación para no reconocer los errores y las pérdidas de tirios y troyanos. Que hace falta disciplina, quién puede dudarlo, sobre todo después de comprobar los efectos de la irresponsabilidad, pero se requieren otras políticas comunitarias y otros gobernantes más serios que defiendan con rigor los intereses nacionales planteando políticas de saneamiento creíbles y realistas. Lo demás es artificio y miseria.
*Manuel Muela es economista
viernes, 11 de marzo de 2011
Roig ofrece la fórmula mágica de Mercadona para salir de la crisis
Publicado en El Confidencial (11/03/2011)
Juan Roig cada vez se encuentra más cómodo hablando de los problemas del país y, como a Miguel de Unamuno, parece que le duele España. Ayer lo volvió a demostrar en la presentación de resultados de Mercadona, la cadena de supermercados familiar con la que disputa a El Corte Inglés el trono de la distribución nacional. Su discurso llano y sencillo abunda en pocos principios que repite machaconamente, convencido de que sólo con trabajo y esfuerzo se puede salir adelante, bien como empresa o como país.
Juan Roig cada vez se encuentra más cómodo hablando de los problemas del país y, como a Miguel de Unamuno, parece que le duele España. Ayer lo volvió a demostrar en la presentación de resultados de Mercadona, la cadena de supermercados familiar con la que disputa a El Corte Inglés el trono de la distribución nacional. Su discurso llano y sencillo abunda en pocos principios que repite machaconamente, convencido de que sólo con trabajo y esfuerzo se puede salir adelante, bien como empresa o como país.
Su progresión como empresario de éxito le ha conferido un papel protagonista entre los principales agentes económicos del país. Por un lado, forma parte del lobby de grandes empresas recién constituido para apoyar la imagen y la competitividad de España. Por otro, ya se codea entre los más ricos tras ingresar en la lista Forbes como una de las mayores fortunas nacionales. Entre medias, fue el único empresario de los invitados a La Moncloa por el presidente Zapatero que no asistió al acto.
Si además de enarbolar la bandera del ¨trabajar más y mejor¨, Roig sostiene la tesis de que ¨lo único bueno de 2011 es que será mejor que 2012¨, el empresario valenciano puede no ser la persona indicada a la que pedir un consejo de ánimo, aunque igual sí para preguntar por un empleo. Su discurso como agente de la sociedad civil es muy crítico con el país y con el conjunto de los españoles, a los que llama a la reflexión y a los que se ofrece como ejemplo, desde el trabajo, para poder crecer.
A partir de este punto, Roig pone el caso de Mercadona como ejemplo práctico de lo que se puede hacer. En 2008, su compañía dio un ¨gran volantazo¨, que pasó por asumir una caída de los beneficios a la mitad y por reducir el surtido de sus tiendas, en aras de una mayor eficiencia y racionalidad. Como él mismo explicaba ayer, ¨eran medidas impopulares y molestas¨ para proveedores y clientes, que convirtieron a la cadena valenciana en el protagonista de todas las críticas.
El contexto apremiaba. Durante la primera mitad de 2009, Mercadona notó de forma negativa el impacto de estas decisiones, con meses como febrero y marzo, en los que registró pérdidas operativas netas. Esta deriva se corrigió en el segundo semestre, aunque los resultados se vieron claramente afectados, ya que el beneficio final de ese ejercicio cayó hasta los 270 millones. Era el momento decisivo de la crisis y la deriva exigía tomar decisiones, aunque pudieran no ser aceradas.
Antes de entrar en los detalles del balance de Mercadona, las palabras de Roig tuvieron constantes alusiones a la situación de España. Para ello citó incluso unas recientes declaraciones de Felipe González, para quien todavía ¨necesitamos adoptar las malditas reformas necesarias¨. Una tesis que suscribe el valenciano, que incidió en dos síntomas, el absentismo laboral y la economía sumergida, como ejemplos de pequeñas grandes cosas que el país necesita cambiar de base.
Apuesta por un cambio del modelo cultural
Sin embargo, su reclamación personal pasa porque España asuma la necesidad de un cambio cultural. Si, como sostiene, ¨la crisis aún no ha acabado¨, ¨lo peor está por llegar¨ y formamos parte de ¨un país mucho más pobre¨, su discurso apeló a la necesidad de mantener un alto grado de competitividad, acorde con el nivel de vida, para salvar nuestro estado del bienestar. Después de que el petróleo inmobiliario se haya agotado, nos hemos dado cuenta que no se puede ganar dinero sin trabajar.
En esa reflexión, Mercadona sigue pertrechado en la pelea del céntimo como eje de su filosofía. La guerra de los precios que avivó la crisis ha demostrado que su modelo ha sabido ajustarse de manera exitosa. Sus números de 2010 así lo demuestran: 398 millones de beneficios y 15.242 millones de facturación neta, cifras que le dejan por delante de Carrefour en España y mejor parado en algunos puntos que El Corte Inglés sobre la base de 2009, ya que su año natural acaba en febrero.
Igual que demuestra Mercadona, su fundador cree que el sector privado ha tomado ya las medidas necesarias para afrontar la crisis, ¨porque si no lo haces tienes que cerrar¨. Sin embargo, no está convencido de que lo haya hecho aún el sector público, por las complejidades políticas que implica. Tal vez por eso, recalcó Roig, seguimos con una mala imagen internacional, ¨como si todavía estuviéramos de borrachera¨. Y si después llega la resaca, su previsión para 2012 es que seguirá doliéndonos la cabeza.
martes, 15 de febrero de 2011
Menos política y más libertad
Por Javier Benegas, experto en branding y comunicación
Publicado en La Voz de Cádiz (15/02/2011)
“Tal es la condición de la miseria humana, que el dolor es su sentimiento mas vivo”. Esta frase, de Jean le Rond d'Alembert, uno de los principales exponentes del movimiento ilustrado, viene como anillo al dedo para definir algunos rasgos fundamentales de la psique de la sociedad española. Acertada o no, diríase que los españoles estuviéramos limitados a dos sentimientos: el dolor y la rabia. Pero en nuestro caso, ese dolor es silencioso; propio de las sociedades inermes. Y nuestra rabia deviene las más de las veces en impotencia. Lo relevante no es que estos sentimientos condicionen nuestra conducta inmediata, sino que nos convierten en un torpe ejemplar de “homo sentimentalis”, impedido para razonar y, en consecuencia, aprender de la propia experiencia.
Volviendo a la frase del principio, quizá fue precisamente a comienzos del siglo XIX que la sociedad española perdió su nexo de unión no ya con la historia europea sino con su propia evolución social. Pero ese momento de impulso que nos desvió nuevamente de nuestro camino y nos llevó, en los tiempos modernos, a una nueva sucesión de desastres nacionales, no fue el producto de la cerrazón atávica de los españoles ni de nuestras rancias instituciones o costumbres, ni siquiera fue el resultado de la abrumadora conjunción de fuerzas que desde todos los lados desgarraron el país. La responsable, paradójicamente, fue la “ilustración”, que devino, primero, en forzosa y, después, en violenta.
La Francia revolucionaria propagó por media Europa una visión moderna y liberadora, con la que se pretendía dar el definitivo portazo al Antiguo Régimen y librar a las gentes del sometimiento a las religiones y demás servidumbres. Los franceses de la revolución creían que era tan bueno y positivo todo lo que defendían y exportaban al resto de países que olvidaron respetar la libertad de aquellas sociedades a las que pretendían ilustrar para que fueran precisamente eso: libres.
En nuestro caso, su intervención degeneró en un desastre tan mayúsculo que, lejos de suponer avance alguno, España se convirtió en una tierra de desesperanza, arrasada y teñida de sangre, donde la traición, la venganza, el rencor, la envidia y el gusto adquirido por el uso de la violencia, no nos han abandonado desde entonces. El paréntesis de la Transición Democrática, amén de un enrevesado fraude, fue un espejismo. En conclusión, llevamos dos siglos instalados en el “homo sentimentalis”, inermes e impotentes frente al poder político.
Aún hoy día, nos cuesta entender que las sociedades realizan los grandes cambios con pequeños pasos por la vía de la lenta evolución de sus individuos, como si cada uno de ellos fuera un gen. Este proceso, inapreciable en tiempo real, se basa en la sabia y paciente aplicación del método de prueba y error que toda sociedad sana realiza por sí misma de forma espontánea. De esta manera, los ciudadanos, cuando son realmente libres, incorporan al acervo colectivo los principios que funcionan, mientras desechan aquellos otros que o bien no funcionan o no aportan beneficio alguno. Y lo que la Historia nos enseña -es decir, la experiencia- es que interferir en este proceso mediante la política, no resuelve los presuntos conflictos que puedan existir en la sociedad sino que los exacerba y crea nuevos problemas donde antes no los había. Por ello, lo lógico sería aprender del error y comprender que el poder político no debe ser el cuerpo expedicionario de la sociedad, y que su cometido no es planificar nuestra evolución ya que ello nos lleva a confundir política con ingeniería social. Y ésta última, en cualquiera de sus formas, es el peor enemigo de las sociedades libres.
Libertad y crisis económica
¿Pero qué entendemos los españoles por sociedades libres? Diríase que creemos en la Libertad como fin último y no como un principio fundamental que está antes que la política y las ideologías. La Libertad es para muchos de nosotros, quizá demasiados, un ideal inalcanzable propio de seres idealistas. Y para otros, un peligro. Y en ambos casos están equivocados. La Libertad es algo tangible y su acción beneficiosa es tan inmediata que es la principal fuente de riqueza. Permite que cualquier individuo, sin distinción por su raza, credo o religión, pueda probar a llevar a la práctica sus ideas, y pone al alcance de todas las personas las oportunidades, incentivando el ingenio y la iniciativa.
En una sociedad libre, el número de ciudadanos que pueden acceder a la economía y a la generación de riqueza es ilimitado, mientras que en los entornos donde falta libertad, son muy pocos los llamados a probar suerte. En consecuencia, los casos de éxito son proporcionalmente menores y la sociedad tiende a empobrecerse. La crisis económica ha puesto ante nuestros ojos esta realidad inapelable. Si miramos hacia Europa, comprobaremos que son precisamente los países con una democracia y unas instituciones de peor calidad los que se encuentran en situación más delicada. Mientras que aquellos otros cuya democracia, instituciones y mecanismos de control del poder político son más eficientes, se encuentran en mejor disposición para salir airosos del trance. ¿Es casualidad? No, en absoluto.
Para terminar, una última observación. Ahora que vamos a estar en permanente campaña electoral de aquí hasta 2012, fíjense como todos y cada uno de los candidatos que aspiran realmente a gobernar van a prometer mejor gestión, saneamiento de la economía y creación de empleo. Y frente a la apatía e indecisión del votante, apelarán una vez más al “homo sentimentalis” que hay en nosotros, azuzando los sentimientos de dolor y rabia contra el adversario. Pero ninguno de ellos va a prometer -ni siquiera a mencionar- el verdadero antídoto contra la crisis: la Libertad y la regeneración democrática con nombre y apellidos (no valen cortinas de humo como la “regeneración moral”). ¿Por qué? La respuesta a este enigma poco tiene que ver con la ideología. Afortunadamente, cada vez más ciudadanos empiezan a darse cuenta.
Publicado en La Voz de Cádiz (15/02/2011)
“Tal es la condición de la miseria humana, que el dolor es su sentimiento mas vivo”. Esta frase, de Jean le Rond d'Alembert, uno de los principales exponentes del movimiento ilustrado, viene como anillo al dedo para definir algunos rasgos fundamentales de la psique de la sociedad española. Acertada o no, diríase que los españoles estuviéramos limitados a dos sentimientos: el dolor y la rabia. Pero en nuestro caso, ese dolor es silencioso; propio de las sociedades inermes. Y nuestra rabia deviene las más de las veces en impotencia. Lo relevante no es que estos sentimientos condicionen nuestra conducta inmediata, sino que nos convierten en un torpe ejemplar de “homo sentimentalis”, impedido para razonar y, en consecuencia, aprender de la propia experiencia.
Volviendo a la frase del principio, quizá fue precisamente a comienzos del siglo XIX que la sociedad española perdió su nexo de unión no ya con la historia europea sino con su propia evolución social. Pero ese momento de impulso que nos desvió nuevamente de nuestro camino y nos llevó, en los tiempos modernos, a una nueva sucesión de desastres nacionales, no fue el producto de la cerrazón atávica de los españoles ni de nuestras rancias instituciones o costumbres, ni siquiera fue el resultado de la abrumadora conjunción de fuerzas que desde todos los lados desgarraron el país. La responsable, paradójicamente, fue la “ilustración”, que devino, primero, en forzosa y, después, en violenta.
La Francia revolucionaria propagó por media Europa una visión moderna y liberadora, con la que se pretendía dar el definitivo portazo al Antiguo Régimen y librar a las gentes del sometimiento a las religiones y demás servidumbres. Los franceses de la revolución creían que era tan bueno y positivo todo lo que defendían y exportaban al resto de países que olvidaron respetar la libertad de aquellas sociedades a las que pretendían ilustrar para que fueran precisamente eso: libres.
En nuestro caso, su intervención degeneró en un desastre tan mayúsculo que, lejos de suponer avance alguno, España se convirtió en una tierra de desesperanza, arrasada y teñida de sangre, donde la traición, la venganza, el rencor, la envidia y el gusto adquirido por el uso de la violencia, no nos han abandonado desde entonces. El paréntesis de la Transición Democrática, amén de un enrevesado fraude, fue un espejismo. En conclusión, llevamos dos siglos instalados en el “homo sentimentalis”, inermes e impotentes frente al poder político.
Aún hoy día, nos cuesta entender que las sociedades realizan los grandes cambios con pequeños pasos por la vía de la lenta evolución de sus individuos, como si cada uno de ellos fuera un gen. Este proceso, inapreciable en tiempo real, se basa en la sabia y paciente aplicación del método de prueba y error que toda sociedad sana realiza por sí misma de forma espontánea. De esta manera, los ciudadanos, cuando son realmente libres, incorporan al acervo colectivo los principios que funcionan, mientras desechan aquellos otros que o bien no funcionan o no aportan beneficio alguno. Y lo que la Historia nos enseña -es decir, la experiencia- es que interferir en este proceso mediante la política, no resuelve los presuntos conflictos que puedan existir en la sociedad sino que los exacerba y crea nuevos problemas donde antes no los había. Por ello, lo lógico sería aprender del error y comprender que el poder político no debe ser el cuerpo expedicionario de la sociedad, y que su cometido no es planificar nuestra evolución ya que ello nos lleva a confundir política con ingeniería social. Y ésta última, en cualquiera de sus formas, es el peor enemigo de las sociedades libres.
Libertad y crisis económica
¿Pero qué entendemos los españoles por sociedades libres? Diríase que creemos en la Libertad como fin último y no como un principio fundamental que está antes que la política y las ideologías. La Libertad es para muchos de nosotros, quizá demasiados, un ideal inalcanzable propio de seres idealistas. Y para otros, un peligro. Y en ambos casos están equivocados. La Libertad es algo tangible y su acción beneficiosa es tan inmediata que es la principal fuente de riqueza. Permite que cualquier individuo, sin distinción por su raza, credo o religión, pueda probar a llevar a la práctica sus ideas, y pone al alcance de todas las personas las oportunidades, incentivando el ingenio y la iniciativa.
En una sociedad libre, el número de ciudadanos que pueden acceder a la economía y a la generación de riqueza es ilimitado, mientras que en los entornos donde falta libertad, son muy pocos los llamados a probar suerte. En consecuencia, los casos de éxito son proporcionalmente menores y la sociedad tiende a empobrecerse. La crisis económica ha puesto ante nuestros ojos esta realidad inapelable. Si miramos hacia Europa, comprobaremos que son precisamente los países con una democracia y unas instituciones de peor calidad los que se encuentran en situación más delicada. Mientras que aquellos otros cuya democracia, instituciones y mecanismos de control del poder político son más eficientes, se encuentran en mejor disposición para salir airosos del trance. ¿Es casualidad? No, en absoluto.
Para terminar, una última observación. Ahora que vamos a estar en permanente campaña electoral de aquí hasta 2012, fíjense como todos y cada uno de los candidatos que aspiran realmente a gobernar van a prometer mejor gestión, saneamiento de la economía y creación de empleo. Y frente a la apatía e indecisión del votante, apelarán una vez más al “homo sentimentalis” que hay en nosotros, azuzando los sentimientos de dolor y rabia contra el adversario. Pero ninguno de ellos va a prometer -ni siquiera a mencionar- el verdadero antídoto contra la crisis: la Libertad y la regeneración democrática con nombre y apellidos (no valen cortinas de humo como la “regeneración moral”). ¿Por qué? La respuesta a este enigma poco tiene que ver con la ideología. Afortunadamente, cada vez más ciudadanos empiezan a darse cuenta.
jueves, 3 de febrero de 2011
Caja de ahorros: un sacrificio estéril
Por Manuel Muela, economista.
Publicado en El Confidencial (03/02/2011)
Salvo que un rayo de lucidez lo remedie, parece que el sector de las cajas de ahorros será sacrificado como víctima propiciatoria para obtener, según se dice, la comprensión y la benevolencia de los mercados. Un señuelo más de los tantos y tantos que vienen circulando en España desde que nos dimos de bruces con una ruina que no solo no estaba en el guión sino que, contra toda racionalidad, se ha pretendido escamotear con los argumentos más variopintos, aprovechando la larga ola de analfabetismo que ha inundado el país. Y cuando esos señuelos dan muestras de agotamiento hay que buscar otros, para dar la impresión de que terminamos encontrando a los responsables de nuestras desgracias cual modernos chivos expiatorios. Nunca la autocrítica de autoridades y reguladores, también de algunos gestores, porque, al parecer, la sociedad ni la exige ni la merece, como corresponde a un pueblo sumiso que comulga con todas las ruedas de molino que le venden.
Así se explica que el economicídio de las cajas, como lo llama el sociólogo José Félix Tezanos, se esté produciendo en medio de la indiferencia y/o el aplauso general, como si de ello se fueran a obtener grandes beneficios para todos. Pocas voces se elevan ante lo que, a todas luces, es un despropósito o un insulto a la inteligencia. Los problemas del sistema crediticio, muchos y cuantiosos, no se arreglan con una catarata de normas que no da tiempo ni a ejecutar: el camino adecuado es reconocer la envergadura del problema, definir a los responsables de su origen y abrir caminos para su resolución sin poner en trance de colapso a entidades que representan la mitad del sistema crediticio de España. Quizá esta última sea la causa del maltrato de las que se les hace objeto. En todo caso, conviene advertir que toda esta locura, aparentemente purificadora, nos hundirá más en el descrédito y en la desmoralización.
El origen y fundamento de las cajas de ahorros vienen definidos por su carácter social y la dedicación al territorio en que se desenvuelven. Ambas cosas han configurado un tipo de negocio minorista, muy apegado a las personas y familias y a las pequeñas empresas: los préstamos hipotecarios y los créditos al consumo, por una parte, y las suscripciones de renta fija para la industrialización y mejora de las comunicaciones, por otra, fueron largo tiempo el eje de las políticas de activo de estas entidades, para contribuir en los últimos cuarenta y cinco años al bienestar económico de sus clientes y regiones.
El economicídio de las cajas, como lo llama el sociólogo José Félix Tezanos, se está produciendo en medio de la indiferencia y/o el aplauso general, como si de ello se fueran a obtener grandes beneficios para todos. Pocas voces se elevan ante lo que, a todas luces, es un despropósito o un insulto a la inteligencia
Para nadie es un secreto que la buena imagen de las cajas, y su crecimiento en cuota de mercado, ha sido la consecuencia lógica de haber cumplido con su objeto social, sin poner en riesgo el ahorro popular que, pocas décadas atrás, casi administraban en exclusiva. Naturalmente ha habido accidentes en el camino, pero modestos en comparación con otras situaciones.
Esos modos de funcionamiento venían obligados por el intervencionismo que dominó el sector hasta finales de los años 70 del siglo pasado, y que ha dejado su impronta, a pesar del marco de liberalización de la época posterior. Como era previsible y hasta aconsejable, las cajas siguieron atendiendo a los sectores tradicionales de los años de los coeficientes obligatorios, porque era el negocio que conocían y porque era también su mayor garantía de crecimiento y rentabilidad con un nivel prudente de riesgo.
Los cambios posteriores en los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, que suponen una importante presencia de representaciones públicas, léase políticas, en los mismos, y la atribución a las Comunidades Autónomas del protectorado que históricamente ejercía el Gobierno Central, crearon un marco muy tentador para los poderes regionales, que necesitaban con bastante frecuencia el concurso de entidades financieras para atender a sectores o empresas, cuyo mantenimiento era difícil.
Si a la circunstancia anterior unimos el fenómeno de la liberalización operativa de que han dispuesto las instituciones de ahorros nos encontramos con que algunos de sus administradores, poco profesionales, han impulsado políticas inversoras arriesgadas, poco compatibles con su naturaleza y objeto, dejándose llevar y acariciar por la gran burbuja de la economía española, fabricada desde nuestra incorporación a la UE. La participación activa de las cajas, también de la banca, en el boom inmobiliario nadie la pone en duda, aunque el grado de participación no ha sido igual en todos los casos.
Es verdad que, como consecuencia de esos excesos, tenemos el problema de que nuestro sistema crediticio, en su conjunto, tiene un déficit de recursos propios o de capital, todavía poco definido, que, probablemente, requiere una nacionalización parcial o total de algunas entidades, por la falta de recursos privados. Hasta ahí estaríamos, con retraso, en lo que ha sucedido en otros países. Donde empieza lo insólito es que se utilice el problema para proscribir a la mitad del sistema crediticio español, las cajas de ahorros, con el argumento de que su naturaleza no es entendida, se supone que por los mismos inversores que, durante los años dorados, les han prestado a mansalva sin tener esas dudas que ahora manifiestan. Excusas al fin, para no corregir lo que ha funcionado mal y restituir a las cajas al segmento de banca minorista que nunca debieron abandonar, volviendo a depender única y exclusivamente del Ministerio de Economía y Hacienda y supervisadas regularmente por el Banco de España.
Por paradojas de la historia tenemos ante nosotros una película que inicia un ministro socialista, Largo Caballero, aprobando el Estatuto del Ahorro de 1932, que puso las bases protectoras del sector de cajas de ahorros, que ahora, con un gobierno socialista, puede desaparecer de la faz de España dando lugar a lo que el profesor Anton Costas acaba de definir como el mayor desmán financiero de nuestra historia.
Publicado en El Confidencial (03/02/2011)
Salvo que un rayo de lucidez lo remedie, parece que el sector de las cajas de ahorros será sacrificado como víctima propiciatoria para obtener, según se dice, la comprensión y la benevolencia de los mercados. Un señuelo más de los tantos y tantos que vienen circulando en España desde que nos dimos de bruces con una ruina que no solo no estaba en el guión sino que, contra toda racionalidad, se ha pretendido escamotear con los argumentos más variopintos, aprovechando la larga ola de analfabetismo que ha inundado el país. Y cuando esos señuelos dan muestras de agotamiento hay que buscar otros, para dar la impresión de que terminamos encontrando a los responsables de nuestras desgracias cual modernos chivos expiatorios. Nunca la autocrítica de autoridades y reguladores, también de algunos gestores, porque, al parecer, la sociedad ni la exige ni la merece, como corresponde a un pueblo sumiso que comulga con todas las ruedas de molino que le venden.
Así se explica que el economicídio de las cajas, como lo llama el sociólogo José Félix Tezanos, se esté produciendo en medio de la indiferencia y/o el aplauso general, como si de ello se fueran a obtener grandes beneficios para todos. Pocas voces se elevan ante lo que, a todas luces, es un despropósito o un insulto a la inteligencia. Los problemas del sistema crediticio, muchos y cuantiosos, no se arreglan con una catarata de normas que no da tiempo ni a ejecutar: el camino adecuado es reconocer la envergadura del problema, definir a los responsables de su origen y abrir caminos para su resolución sin poner en trance de colapso a entidades que representan la mitad del sistema crediticio de España. Quizá esta última sea la causa del maltrato de las que se les hace objeto. En todo caso, conviene advertir que toda esta locura, aparentemente purificadora, nos hundirá más en el descrédito y en la desmoralización.
El origen y fundamento de las cajas de ahorros vienen definidos por su carácter social y la dedicación al territorio en que se desenvuelven. Ambas cosas han configurado un tipo de negocio minorista, muy apegado a las personas y familias y a las pequeñas empresas: los préstamos hipotecarios y los créditos al consumo, por una parte, y las suscripciones de renta fija para la industrialización y mejora de las comunicaciones, por otra, fueron largo tiempo el eje de las políticas de activo de estas entidades, para contribuir en los últimos cuarenta y cinco años al bienestar económico de sus clientes y regiones.
El economicídio de las cajas, como lo llama el sociólogo José Félix Tezanos, se está produciendo en medio de la indiferencia y/o el aplauso general, como si de ello se fueran a obtener grandes beneficios para todos. Pocas voces se elevan ante lo que, a todas luces, es un despropósito o un insulto a la inteligencia
Para nadie es un secreto que la buena imagen de las cajas, y su crecimiento en cuota de mercado, ha sido la consecuencia lógica de haber cumplido con su objeto social, sin poner en riesgo el ahorro popular que, pocas décadas atrás, casi administraban en exclusiva. Naturalmente ha habido accidentes en el camino, pero modestos en comparación con otras situaciones.
Esos modos de funcionamiento venían obligados por el intervencionismo que dominó el sector hasta finales de los años 70 del siglo pasado, y que ha dejado su impronta, a pesar del marco de liberalización de la época posterior. Como era previsible y hasta aconsejable, las cajas siguieron atendiendo a los sectores tradicionales de los años de los coeficientes obligatorios, porque era el negocio que conocían y porque era también su mayor garantía de crecimiento y rentabilidad con un nivel prudente de riesgo.
Los cambios posteriores en los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, que suponen una importante presencia de representaciones públicas, léase políticas, en los mismos, y la atribución a las Comunidades Autónomas del protectorado que históricamente ejercía el Gobierno Central, crearon un marco muy tentador para los poderes regionales, que necesitaban con bastante frecuencia el concurso de entidades financieras para atender a sectores o empresas, cuyo mantenimiento era difícil.
Si a la circunstancia anterior unimos el fenómeno de la liberalización operativa de que han dispuesto las instituciones de ahorros nos encontramos con que algunos de sus administradores, poco profesionales, han impulsado políticas inversoras arriesgadas, poco compatibles con su naturaleza y objeto, dejándose llevar y acariciar por la gran burbuja de la economía española, fabricada desde nuestra incorporación a la UE. La participación activa de las cajas, también de la banca, en el boom inmobiliario nadie la pone en duda, aunque el grado de participación no ha sido igual en todos los casos.
Es verdad que, como consecuencia de esos excesos, tenemos el problema de que nuestro sistema crediticio, en su conjunto, tiene un déficit de recursos propios o de capital, todavía poco definido, que, probablemente, requiere una nacionalización parcial o total de algunas entidades, por la falta de recursos privados. Hasta ahí estaríamos, con retraso, en lo que ha sucedido en otros países. Donde empieza lo insólito es que se utilice el problema para proscribir a la mitad del sistema crediticio español, las cajas de ahorros, con el argumento de que su naturaleza no es entendida, se supone que por los mismos inversores que, durante los años dorados, les han prestado a mansalva sin tener esas dudas que ahora manifiestan. Excusas al fin, para no corregir lo que ha funcionado mal y restituir a las cajas al segmento de banca minorista que nunca debieron abandonar, volviendo a depender única y exclusivamente del Ministerio de Economía y Hacienda y supervisadas regularmente por el Banco de España.
Por paradojas de la historia tenemos ante nosotros una película que inicia un ministro socialista, Largo Caballero, aprobando el Estatuto del Ahorro de 1932, que puso las bases protectoras del sector de cajas de ahorros, que ahora, con un gobierno socialista, puede desaparecer de la faz de España dando lugar a lo que el profesor Anton Costas acaba de definir como el mayor desmán financiero de nuestra historia.
miércoles, 29 de diciembre de 2010
Una nueva generación toma las calles de Europa: ¿y en España?
Por Jorge Moruno Dazi, sociólogo.
Publicado en El Confidencial (29/12/2010)
La oleada de manifestaciones y protestas que han estallado en distintos países de Europa, indican una posible escalada del conflicto social en el corto y medio plazo; la nueva década se inaugura con un nuevo ciclo de luchas del que todavía no se pueden sacar conclusiones certeras, aunque no parece que vayan a mermar. Con la dureza de los enfrentamientos de la juventud griega siempre como telón de fondo, encontramos protestas en Francia contra la subida de edad de jubilación, en Inglaterra contra la subida de tasas en la Universidad Pública y ahora golpean con dureza en Italia contra la reforma universitaria Gelmini, aprovechando la moción de censura al presidente Berlusconi.
En todas las luchas que están comenzando a cobrar fuerza a lo largo de Europa, encontramos elementos comunes más allá de las particularidades locales y nacionales: la defensa de lo público, del ejercicio del derecho colectivo que blinde el acceso a todos los recursos -desde la sanidad hasta el conocimiento-, que componen el patrimonio común de la población. La ciudadanía muestra así su heterogéneo rechazo en las calles, entendiendo que lo público está siendo objeto de cercamiento y mercantilización para beneficio privado, en detrimento de las condiciones de vida de gran parte de la población.
Entonces, ¿quiénes son hoy, en el siglo XXI, “la parte, sin parte” que está saliendo a las calles de Roma, Londres o Atenas? La respuesta difícilmente se puede reducir a la clásica retórica del movimiento y la clase obrera basada en su centralidad indiscutible en los procesos productivos. Ahora en cambio, además de la fuerza de trabajo industrial se suman toda una multitud de sujetos que no sólo utilizan la fuerza física, sino sobre todo su capacidad mental, las habilidades sociales o los afectos. Compuesta entre otros, por estudiantes, becarios, trabajadores precarios, parados, mujeres, ecologistas, migrantes, subcontratados y todo el amplio abanico de lo que en Italia ya han bautizado como el precariado metropolitano.
No es casualidad, por lo tanto, que sean los universitarios y estudiantes la punta de lanza de las expresiones más disruptivas y radicalizadas. Recordemos que en las últimas huelgas francesas -y antes contra el llamado Contrato de Primer Empleo CPE-, Sarkozy temía por encima de todo la extensión del movimiento a los estudiantes y jóvenes de la banlieue. Atravesados por su posición crucial en la producción inmaterial y manejo del conocimiento, sus funciones y recursos cognitivos, son hoy la materia prima central del modelo productivo que se abre camino en la sociedad de la información y las redes digitales. Igualmente, el estudiantil es un sector que todavía goza de bastante autonomía a la hora de movilizarse y alberga la capacidad de paralizar “la fábrica” con bastante facilidad. Esta es la razón fundamental del ímpetu empresarial en borrar las fronteras entre educación y mercado bajo la ecuación Universidad-Sociedad y disciplinar al estudiante como un trabajador con aspecto de cliente.
Las nuevas protestas, condicionadas por la propia composición de una nueva fuerza de trabajo europea fragmentada y explotada mentalmente, adoptan posiciones antagonistas con facilidad. Se percibe un salto cualitativo entre las clásicas demandas sindicales institucionalizadas por la mejora del salario real y la forma huracanada de una multitud desencantada con el modelo representativo, que es incapaz de asegurar a todas las personas el título de ciudadanía como antaño. Cada una de estas manifestaciones desnuda en su complejidad la naturaleza parasitaria que ejerce un mercado ansioso y caótico sobre la producción vitalmente generada por el cuerpo social. Toda una nueva generación comienza a cuestionarse la posibilidad de reproducir el relato de vida construido por sus padres cuando observa como su futuro ha tomado el semblante de un horizonte desolado por la precariedad. Su expresión desenfocada y existencial es difundida rápidamente como estrías por toda la ciudad, operando como un enjambre sin centro definido que rompe con la clásica dialéctica salarial entre trabajo y capital.
A primera vista todo parece indicar que a nuestros jóvenes -y mayores-, estos episodios que protagonizan los estudiantes en Europa les resultan ajenos a su realidad más cotidiana. No parece importar que nuestros niveles de precariedad, temporalidad, paro, capacidad de acceso a la vivienda y ausencia de perspectivas de futuro, sean incluso más altos que los de algunos de nuestros conciudadanos europeos. Entonces, ¿cómo es que todavía la conflictividad social no se convierte en una constante en las calles, los medios de comunicación, los debates y discusiones populares? Solemos encontrar respuestas de distinto tipo, que abarcan desde la crítica a una juventud que se refugia en el alcohol y la fiesta como método de evasión, hasta el cuestionamiento de la existencia de la propia precariedad de unos jóvenes que todavía sienten el abrigo de las redes familiares.
Es decir, las dos grandes razones que vendrían a explicar la inactividad de una juventud abocada a la incertidumbre se deben, por un lado, a una profunda despolitización y huida de todo lo relacionado con el implicarse en la protesta política; y, en segundo lugar, a la seguridad del régimen de bienestar familiar que todavía hace las veces de colchón y malla contra la exclusión social. Según los últimos datos disponibles sobre la actividad social de la juventud, se desmiente en parte la primera afirmación, aunque si bien es cierto que la mayoría de organizaciones en las que participa la juventud son de carácter caritativo, tipo ONG y no tanto movimientos políticos. En segundo lugar, la construcción cultural familiar no dista mucho del ejemplo italiano, donde los más allegados también cumplen un papel fundamental como mecanismo que mitiga la exclusión social. Entonces, si en términos objetivos tanto en el carácter socioeconómico como en el cultural, así como en los niveles de economía sumergida, no hay mucha distancia del caso italiano, ¿qué otras explicaciones cabría destacar?
Principalmente dos: la organización y el acontecimiento. La primera es fácil de explicar: en Italia existe una larga tradición de organización, trasladada de generación en generación, que combina muy bien la elaboración teórica con la práctica política combativa. No es casualidad que miles de jóvenes se presenten como un cuerpo disciplinado ataviados con cascos y escudos en forma de libro -el book block-, anunciando públicamente que su intención era llegar hasta un Senado señalado como ilegitimo a ojos de la ciudadanía. En segundo lugar, siempre se necesita de una apertura en la estructura de oportunidad política, es decir, un hecho, un acontecimiento que abra la posibilidad de incorporar demandas en la agenda política oficial.
Hacer coincidir en Roma las protestas estudiantiles, junto con los afectados por el terremoto de l`Aquila, los sindicatos del metal y un largo etcétera de actores justo en el momento en que se votaba la moción de censura a Berlusconi, supuso el momento idóneo para lanzar una inteligente apuesta política. En nuestro caso, todavía no se han dado ninguna de las dos condiciones que hacen posible el protagonismo social de los no representados. En España no existe una cultura organizativa tan profunda como en el caso italiano y, por ahora, no se ha generado un acontecimiento que haga estallar las contradicciones latentes antes descritas. Pero la realidad nunca está escrita y como afirma el filósofo esloveno Slavoj Zizek, la política es el arte de lo imposible, por lo que nunca se deben descartar hipótesis ni postales en nuestras calles como las de los enfrentamientos en Roma. La nueva década se inaugura con protestas que amenazan con extenderse e intensificarse, por lo que no nos debería extrañar, sí de aquí en un tiempo aparecen lemas como el de los estudiantes italianos: “Nos habéis quitado demasiado, ahora lo queremos todo”
*Jorge Moruno Danzi es sociólogo.
Publicado en El Confidencial (29/12/2010)
La oleada de manifestaciones y protestas que han estallado en distintos países de Europa, indican una posible escalada del conflicto social en el corto y medio plazo; la nueva década se inaugura con un nuevo ciclo de luchas del que todavía no se pueden sacar conclusiones certeras, aunque no parece que vayan a mermar. Con la dureza de los enfrentamientos de la juventud griega siempre como telón de fondo, encontramos protestas en Francia contra la subida de edad de jubilación, en Inglaterra contra la subida de tasas en la Universidad Pública y ahora golpean con dureza en Italia contra la reforma universitaria Gelmini, aprovechando la moción de censura al presidente Berlusconi.
En todas las luchas que están comenzando a cobrar fuerza a lo largo de Europa, encontramos elementos comunes más allá de las particularidades locales y nacionales: la defensa de lo público, del ejercicio del derecho colectivo que blinde el acceso a todos los recursos -desde la sanidad hasta el conocimiento-, que componen el patrimonio común de la población. La ciudadanía muestra así su heterogéneo rechazo en las calles, entendiendo que lo público está siendo objeto de cercamiento y mercantilización para beneficio privado, en detrimento de las condiciones de vida de gran parte de la población.
Entonces, ¿quiénes son hoy, en el siglo XXI, “la parte, sin parte” que está saliendo a las calles de Roma, Londres o Atenas? La respuesta difícilmente se puede reducir a la clásica retórica del movimiento y la clase obrera basada en su centralidad indiscutible en los procesos productivos. Ahora en cambio, además de la fuerza de trabajo industrial se suman toda una multitud de sujetos que no sólo utilizan la fuerza física, sino sobre todo su capacidad mental, las habilidades sociales o los afectos. Compuesta entre otros, por estudiantes, becarios, trabajadores precarios, parados, mujeres, ecologistas, migrantes, subcontratados y todo el amplio abanico de lo que en Italia ya han bautizado como el precariado metropolitano.
No es casualidad, por lo tanto, que sean los universitarios y estudiantes la punta de lanza de las expresiones más disruptivas y radicalizadas. Recordemos que en las últimas huelgas francesas -y antes contra el llamado Contrato de Primer Empleo CPE-, Sarkozy temía por encima de todo la extensión del movimiento a los estudiantes y jóvenes de la banlieue. Atravesados por su posición crucial en la producción inmaterial y manejo del conocimiento, sus funciones y recursos cognitivos, son hoy la materia prima central del modelo productivo que se abre camino en la sociedad de la información y las redes digitales. Igualmente, el estudiantil es un sector que todavía goza de bastante autonomía a la hora de movilizarse y alberga la capacidad de paralizar “la fábrica” con bastante facilidad. Esta es la razón fundamental del ímpetu empresarial en borrar las fronteras entre educación y mercado bajo la ecuación Universidad-Sociedad y disciplinar al estudiante como un trabajador con aspecto de cliente.
Las nuevas protestas, condicionadas por la propia composición de una nueva fuerza de trabajo europea fragmentada y explotada mentalmente, adoptan posiciones antagonistas con facilidad. Se percibe un salto cualitativo entre las clásicas demandas sindicales institucionalizadas por la mejora del salario real y la forma huracanada de una multitud desencantada con el modelo representativo, que es incapaz de asegurar a todas las personas el título de ciudadanía como antaño. Cada una de estas manifestaciones desnuda en su complejidad la naturaleza parasitaria que ejerce un mercado ansioso y caótico sobre la producción vitalmente generada por el cuerpo social. Toda una nueva generación comienza a cuestionarse la posibilidad de reproducir el relato de vida construido por sus padres cuando observa como su futuro ha tomado el semblante de un horizonte desolado por la precariedad. Su expresión desenfocada y existencial es difundida rápidamente como estrías por toda la ciudad, operando como un enjambre sin centro definido que rompe con la clásica dialéctica salarial entre trabajo y capital.
A primera vista todo parece indicar que a nuestros jóvenes -y mayores-, estos episodios que protagonizan los estudiantes en Europa les resultan ajenos a su realidad más cotidiana. No parece importar que nuestros niveles de precariedad, temporalidad, paro, capacidad de acceso a la vivienda y ausencia de perspectivas de futuro, sean incluso más altos que los de algunos de nuestros conciudadanos europeos. Entonces, ¿cómo es que todavía la conflictividad social no se convierte en una constante en las calles, los medios de comunicación, los debates y discusiones populares? Solemos encontrar respuestas de distinto tipo, que abarcan desde la crítica a una juventud que se refugia en el alcohol y la fiesta como método de evasión, hasta el cuestionamiento de la existencia de la propia precariedad de unos jóvenes que todavía sienten el abrigo de las redes familiares.
Es decir, las dos grandes razones que vendrían a explicar la inactividad de una juventud abocada a la incertidumbre se deben, por un lado, a una profunda despolitización y huida de todo lo relacionado con el implicarse en la protesta política; y, en segundo lugar, a la seguridad del régimen de bienestar familiar que todavía hace las veces de colchón y malla contra la exclusión social. Según los últimos datos disponibles sobre la actividad social de la juventud, se desmiente en parte la primera afirmación, aunque si bien es cierto que la mayoría de organizaciones en las que participa la juventud son de carácter caritativo, tipo ONG y no tanto movimientos políticos. En segundo lugar, la construcción cultural familiar no dista mucho del ejemplo italiano, donde los más allegados también cumplen un papel fundamental como mecanismo que mitiga la exclusión social. Entonces, si en términos objetivos tanto en el carácter socioeconómico como en el cultural, así como en los niveles de economía sumergida, no hay mucha distancia del caso italiano, ¿qué otras explicaciones cabría destacar?
Principalmente dos: la organización y el acontecimiento. La primera es fácil de explicar: en Italia existe una larga tradición de organización, trasladada de generación en generación, que combina muy bien la elaboración teórica con la práctica política combativa. No es casualidad que miles de jóvenes se presenten como un cuerpo disciplinado ataviados con cascos y escudos en forma de libro -el book block-, anunciando públicamente que su intención era llegar hasta un Senado señalado como ilegitimo a ojos de la ciudadanía. En segundo lugar, siempre se necesita de una apertura en la estructura de oportunidad política, es decir, un hecho, un acontecimiento que abra la posibilidad de incorporar demandas en la agenda política oficial.
Hacer coincidir en Roma las protestas estudiantiles, junto con los afectados por el terremoto de l`Aquila, los sindicatos del metal y un largo etcétera de actores justo en el momento en que se votaba la moción de censura a Berlusconi, supuso el momento idóneo para lanzar una inteligente apuesta política. En nuestro caso, todavía no se han dado ninguna de las dos condiciones que hacen posible el protagonismo social de los no representados. En España no existe una cultura organizativa tan profunda como en el caso italiano y, por ahora, no se ha generado un acontecimiento que haga estallar las contradicciones latentes antes descritas. Pero la realidad nunca está escrita y como afirma el filósofo esloveno Slavoj Zizek, la política es el arte de lo imposible, por lo que nunca se deben descartar hipótesis ni postales en nuestras calles como las de los enfrentamientos en Roma. La nueva década se inaugura con protestas que amenazan con extenderse e intensificarse, por lo que no nos debería extrañar, sí de aquí en un tiempo aparecen lemas como el de los estudiantes italianos: “Nos habéis quitado demasiado, ahora lo queremos todo”
*Jorge Moruno Danzi es sociólogo.
jueves, 16 de diciembre de 2010
Ni rescate ni eurobonos: Merkel marca el paso y aísla a Zapatero en Europa
Publicado en Cotizalia (16/12/2010)
Ni compras masivas de deuda por parte del BCE, ni eurobonos, ni utilización del fondo de rescate para adquirir títulos soberanos. La canciller alemana, Angela Merkel, marca el paso. Y nada indica que Moncloa vaya a lograr alguno de sus tres objetivos estratégicos de cara al Consejo Europeo* que se celebra este jueves en Bruselas.
Zapatero se ha quedado prácticamente solo, lo que significa que España tendrá que aguantar el chaparrón financiero sin apoyos externos de carácter extraordinario, más allá de las compras de deuda que viene haciendo el BCE desde mayo (72.000 millones de euros), y que apenas han servido para calmar a los mercados. De hecho, los diferenciales de deuda de los países ‘intervenidos’ con el bono alemán apenas han bajado pese a que la UE y el FMI han destinado 195.000 millones de euros. Cerca de 110.000 millones para Grecia y el resto para Irlanda. Y en el caso español, no sólo no ha bajado sino que ha crecido (ayer se situó en el entorno de los 250 puntos básicos).
Este fracaso diplomático no significa, sin embargo, que esté todo perdido para los intereses nacionales. El Tesoro Público ha hecho su trabajo de forma soterrada y en estos momentos, según fuentes del Banco de España, dispone de un colchón de unos 40.000 millones de euros para hacer frente a las tensiones, y que de forma inmediata podría utilizar en caso de que tenga dificultades para colocar las emisiones que necesita el Estado para financiar el déficit público. Una cantidad que representa alrededor del 20% de las necesidades de endeudamiento a las que tendrá que hacer frente España en 2011 (unos 192.000 millones de euros). El excedente no está depositado en el Banco de España sino en repos (operaciones con garantía de recompra) de liquidez en un cortísimo periodo de tiempo.
España, en cualquier caso, conoce las debilidades de su propuesta. Y por eso la vicepresidenta Salgado planteó ayer una especie de programa de mínimos con el que podría salir airosa de la reunión. La ministra explicó que la propuesta del Gobierno busca acercar la “capacidad teórica” del fondo de rescate a su “capacidad real”, que en lo referente a las aportaciones de los países miembros a través de avales alcanza los 440.000 millones, si bien indicó que luego resulta “mucho menor” por las condiciones “autoimpuestas” a la hora de su constitución. Entre ellas, mencionó el hecho de tener que avalar un 20% más de lo que llega al país rescatado, avalar también los intereses o constituir siempre una reserva en efectivo. “A nosotros nos parece razonable que se haga lo posible para que la capacidad real coincida con la capacidad teórica y ésa es la primera hipótesis de trabajo que habría que hacer”, aseguró tras la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, presidida en esta ocasión por el propio Zapatero.
Disciplina alemana
Alemania insiste en que la mejor forma de salvaguardar la estabilidad y el futuro del euro pasa por la disciplina presupuestaria, pero no por crear nuevos instrumentos de apoyo a los países con problemas. A lo sumo, sugirió ayer Merkel, lo que hay que hacer es convertir en permanente el fondo de rescate europeo (750.000 millones de euros) con el objetivo de que vaya más allá del 31 de diciembre de 2013, que es cuando oficialmente expira. Limitando, en cualquier caso, la compra de deuda por parte del BCE.
Con este movimiento, en realidad, lo que se está es dando garantías a los bonistas de que cobrarán sus cupones al vencimiento, ya que algunas de las emisiones superaban con crecen esa barrera temporal. España respalda la idea, pero desearía utilizar el fondo para comprar deuda de los países con problemas, algo a lo que se niegan en redondo tanto Alemania (la cuarta parte de la eurozona) como Francia. No acaban ahí las divergencias. Merkel insistió ayer en que los bancos privados deben participar de alguna manera (que no ha concretado) en el rescate, algo de lo que no quiere ni oír hablar Moncloa, sobre todo en unos momentos en los que el Tesoro necesita ganarse la confianza de los mercados (léase los bancos).
Así las cosas, la creación de una agencia europea de deuda –por la que suspiran los países con problemas, entre ellos España- se antoja una quimera. Entre otras cosas porque sólo podría articularse mediante una reforma en profundidad del Tratado de Lisboa, que prohíbe taxativamente no sólo esta posibilidad, sino también que el BCE compre de forma masiva deuda de los estados miembros, salvo que se trate de operaciones en el mercado abierto destinadas a instrumentar la política monetaria. Un escenario que no se parece en nada al actual, en el que los ataques se dirigen contra países que los mercados ven con problemas. Y que en cualquier caso obligaría a aumentar de forma importante –mucho más de lo que está ahora en estudio- el capital del BCE (y Alemania financia el 19% de sus fondos propios).
El Tratado de Lisboa, de hecho, incluye entre los artículos 123 y 126 hasta cuatro prohibiciones, y a él se agarran Alemania y otros países que no están dispuestos a poner dinero. El artículo 123 prohíbe al BCE financiar a los estados miembros; el artículo 124, igualmente, niega a los estados el acceso a créditos privilegiados, mientras que el 125 deja claro que ni la UE ni ningún estado miembro “asumirá” o “responderá” por compromisos adquiridos por algún gobierno nacional (en este caso la deuda pública). Por último, el 126 deja meridianamente claro que “los estados miembros evitarán déficits público excesivos”.
A esta legalidad es a la que se agarra Merkel, pero también al hecho de que el mecanismo de rescate permanente colisiona con la propia Constitución alemana.
Alemania, en cualquier caso, es el primer interesado en resolver la crisis de deuda soberana. Aunque sólo sea en defensa propia. Los datos más recientes del Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés) estiman que su grado de exposición a España se situaba al finalizar el segundo trimestre de este año en 216.600 millones de euros. Francia, por su parte, tiene una exposición a España de 201.300 millones, mientras que en el caso de EEUU llega a los 172.000 millones (algo que sin duda explica el interés de la Administración Obama por lo que ocurre en nuestro país). España debe al exterior en total 989.800 millones de euros, prácticamente la riqueza generada por el país durante un año.
*Por error se puso en la primera edición Consejo de Europa, cuando se quería decir Consejo Europeo.
Ni compras masivas de deuda por parte del BCE, ni eurobonos, ni utilización del fondo de rescate para adquirir títulos soberanos. La canciller alemana, Angela Merkel, marca el paso. Y nada indica que Moncloa vaya a lograr alguno de sus tres objetivos estratégicos de cara al Consejo Europeo* que se celebra este jueves en Bruselas.
Zapatero se ha quedado prácticamente solo, lo que significa que España tendrá que aguantar el chaparrón financiero sin apoyos externos de carácter extraordinario, más allá de las compras de deuda que viene haciendo el BCE desde mayo (72.000 millones de euros), y que apenas han servido para calmar a los mercados. De hecho, los diferenciales de deuda de los países ‘intervenidos’ con el bono alemán apenas han bajado pese a que la UE y el FMI han destinado 195.000 millones de euros. Cerca de 110.000 millones para Grecia y el resto para Irlanda. Y en el caso español, no sólo no ha bajado sino que ha crecido (ayer se situó en el entorno de los 250 puntos básicos).
Este fracaso diplomático no significa, sin embargo, que esté todo perdido para los intereses nacionales. El Tesoro Público ha hecho su trabajo de forma soterrada y en estos momentos, según fuentes del Banco de España, dispone de un colchón de unos 40.000 millones de euros para hacer frente a las tensiones, y que de forma inmediata podría utilizar en caso de que tenga dificultades para colocar las emisiones que necesita el Estado para financiar el déficit público. Una cantidad que representa alrededor del 20% de las necesidades de endeudamiento a las que tendrá que hacer frente España en 2011 (unos 192.000 millones de euros). El excedente no está depositado en el Banco de España sino en repos (operaciones con garantía de recompra) de liquidez en un cortísimo periodo de tiempo.
España, en cualquier caso, conoce las debilidades de su propuesta. Y por eso la vicepresidenta Salgado planteó ayer una especie de programa de mínimos con el que podría salir airosa de la reunión. La ministra explicó que la propuesta del Gobierno busca acercar la “capacidad teórica” del fondo de rescate a su “capacidad real”, que en lo referente a las aportaciones de los países miembros a través de avales alcanza los 440.000 millones, si bien indicó que luego resulta “mucho menor” por las condiciones “autoimpuestas” a la hora de su constitución. Entre ellas, mencionó el hecho de tener que avalar un 20% más de lo que llega al país rescatado, avalar también los intereses o constituir siempre una reserva en efectivo. “A nosotros nos parece razonable que se haga lo posible para que la capacidad real coincida con la capacidad teórica y ésa es la primera hipótesis de trabajo que habría que hacer”, aseguró tras la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, presidida en esta ocasión por el propio Zapatero.
Disciplina alemana
Alemania insiste en que la mejor forma de salvaguardar la estabilidad y el futuro del euro pasa por la disciplina presupuestaria, pero no por crear nuevos instrumentos de apoyo a los países con problemas. A lo sumo, sugirió ayer Merkel, lo que hay que hacer es convertir en permanente el fondo de rescate europeo (750.000 millones de euros) con el objetivo de que vaya más allá del 31 de diciembre de 2013, que es cuando oficialmente expira. Limitando, en cualquier caso, la compra de deuda por parte del BCE.
Con este movimiento, en realidad, lo que se está es dando garantías a los bonistas de que cobrarán sus cupones al vencimiento, ya que algunas de las emisiones superaban con crecen esa barrera temporal. España respalda la idea, pero desearía utilizar el fondo para comprar deuda de los países con problemas, algo a lo que se niegan en redondo tanto Alemania (la cuarta parte de la eurozona) como Francia. No acaban ahí las divergencias. Merkel insistió ayer en que los bancos privados deben participar de alguna manera (que no ha concretado) en el rescate, algo de lo que no quiere ni oír hablar Moncloa, sobre todo en unos momentos en los que el Tesoro necesita ganarse la confianza de los mercados (léase los bancos).
Así las cosas, la creación de una agencia europea de deuda –por la que suspiran los países con problemas, entre ellos España- se antoja una quimera. Entre otras cosas porque sólo podría articularse mediante una reforma en profundidad del Tratado de Lisboa, que prohíbe taxativamente no sólo esta posibilidad, sino también que el BCE compre de forma masiva deuda de los estados miembros, salvo que se trate de operaciones en el mercado abierto destinadas a instrumentar la política monetaria. Un escenario que no se parece en nada al actual, en el que los ataques se dirigen contra países que los mercados ven con problemas. Y que en cualquier caso obligaría a aumentar de forma importante –mucho más de lo que está ahora en estudio- el capital del BCE (y Alemania financia el 19% de sus fondos propios).
El Tratado de Lisboa, de hecho, incluye entre los artículos 123 y 126 hasta cuatro prohibiciones, y a él se agarran Alemania y otros países que no están dispuestos a poner dinero. El artículo 123 prohíbe al BCE financiar a los estados miembros; el artículo 124, igualmente, niega a los estados el acceso a créditos privilegiados, mientras que el 125 deja claro que ni la UE ni ningún estado miembro “asumirá” o “responderá” por compromisos adquiridos por algún gobierno nacional (en este caso la deuda pública). Por último, el 126 deja meridianamente claro que “los estados miembros evitarán déficits público excesivos”.
A esta legalidad es a la que se agarra Merkel, pero también al hecho de que el mecanismo de rescate permanente colisiona con la propia Constitución alemana.
Alemania, en cualquier caso, es el primer interesado en resolver la crisis de deuda soberana. Aunque sólo sea en defensa propia. Los datos más recientes del Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés) estiman que su grado de exposición a España se situaba al finalizar el segundo trimestre de este año en 216.600 millones de euros. Francia, por su parte, tiene una exposición a España de 201.300 millones, mientras que en el caso de EEUU llega a los 172.000 millones (algo que sin duda explica el interés de la Administración Obama por lo que ocurre en nuestro país). España debe al exterior en total 989.800 millones de euros, prácticamente la riqueza generada por el país durante un año.
*Por error se puso en la primera edición Consejo de Europa, cuando se quería decir Consejo Europeo.
lunes, 29 de noviembre de 2010
La situación crítica y el Rey
Por Jose A. Zarzalejos
Publicado en El Confidencial
En física se entiende por situación crítica cuando se producen las condiciones a partir de las cuales se inicia una reacción nuclear en cadena. Atendiendo a la metáfora, en ello estamos actualmente en España. En una coyuntura en la que, por su misma gravedad, se dan condiciones para una gran reacción positiva cuya alternativa sólo sería el desastre. Se trata de una de esas ocasiones nacionales en las que el jefe del Estado, Don Juan Carlos, emerge ejerciendo sus funciones constitucionales de moderación y arbitraje, para subrayar que no estamos instalados en la normalidad sino en una suerte de excepcionalidad bien descrita por instancias reflexivas internacionales, habitualmente fiables. Así, The Economist, que en los medios de comunicación convencionales ejerce un indiscutible liderazgo de opinión, atribuye en su último número a España, y a las decisiones del presidente del Gobierno, una sustancial importancia para la preservación de la cohesión de la zona euro y la evitación de una quiebra de la UE. Las magnitudes de un eventual, y absolutamente descartado por Zapatero, rescate de la economía española son tales que nos responsabilizan, tras las fallidas finanzas de Grecia e Irlanda y las renqueantes de Portugal, a hacer un supremo esfuerzo colectivo.
El Gobierno no tiene toda la responsabilidad de lo que ocurre, aunque le corresponde un porcentaje determinante. No sólo por su sobreseimiento suicida en valorar los tiempos y las profundidades de la crisis, sino por un comportamiento posterior -actual, incluso- que sugiere esas “dudas” de los mercados a que se acaba de referir el socialista y vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia. Todos tenemos dudas y son, más o menos, éstas: 1) Qué razones existen para que la reforma laboral no haya sido más profunda y renovadora; 2) Por qué se está dilatando el proceso de reconversión de las Cajas de Ahorro; 3) Cuál es la razón por la que el Ejecutivo ha aplazado al próximo año la reforma de las pensiones; 4) Qué motivos existen para que no se haya aprobado todavía el proyecto de ley de Economía Sostenible en el que se prevé la imprescindible reforma de los órganos reguladores; 5) Cómo es posible que ocho comunidades autónomas incumplan los límites del déficit establecido para 2011; 6) que condicionantes atenazan al Gobierno para no solucionar por vía legal el grave problema energético en España con grave coste para las empresas y seria carga para los Presupuestos Generales del Estado y 7) entre otras, a qué se está esperando para la reordenación del número de las demarcaciones municipales en nuestro país y su financiación.
Datos para la desconfianza
Ante estos retrasos surgen legítimas dudas acerca de la voluntad, determinación y competencia del Gobierno, no sólo en los mercados, sino -de manera alarmada- entre la clase empresarial que contempla cómo el diferencial del bono español con el alemán ha alcanzado el récord de los 270 puntos básicos; cómo el desempleo es resistente a descender del 20% (se esperan malas cifras de Noviembre); de qué manera la inflación se ha encaramado hasta el 2,3% al tiempo que estamos en un estancamiento del PIB con tendencia recesiva; a qué velocidad cae la Bolsa castigando a las Compañías más potentes e internacionalizadas y empequeñeciendo el ahorro de los ciudadanos y con qué perseverancia continúa la crisis en el sector inmobiliario que durante cinco meses consecutivos sigue cayendo como lo demuestra la minoración en la concesión de créditos hipotecarios (un 15,9% menos en septiembre). Se da la circunstancia, de que en estas condiciones, bancos y empresas españoles de primera fila obtienen financiación en los mercados internacionales con más facilidad y mejores precios que el propio Estado. Es decir, España es un lastre y no un activo.
Esta acumulación de variables negativas está en la raíz del documento de la Fundación Everis que enmienda a la totalidad el panorama económico, social y político de España, suscrito por un centenar de empresarios, intelectuales y académicos que, en un gesto repleto de desconfianza hacia el presidente del Gobierno, se lo presentan al Rey como jefe del Estado, quien hace exactamente lo que debe: de una parte, escucharles y atenderles y, de otra, remitirles al líder del Ejecutivo para que éste asuma sus responsabilidades. La reunión de hoy en La Moncloa responde a un correcto procedimiento inspirado por la Jefatura del Estado: los gestores de las grandes empresas españolas, que se ven lesionados por el desplome de la marca España, que han diversificado sus negocios en una estrategia cauta y emprendedora, deben enfrentarse y hablar con un presiente en el que, mayoritariamente, no confían y cuyo liderazgo observan constreñido por prejuicios excesivos, incompetencias reiteradas y falta de sentido de Estado. De no ser así, la inmensa mayoría de los firmantes del documento de la Fundación Everis, jamás hubiesen asumido un compromiso de orden político-social de tanto calado como el que se plantea en el documento, razón por la que priorizaron la interlocución con el jefe del Estado -permanente, suprapartidaria, unitaria- sobre cualquier otra. Los ciudadanos y los medios son muy libres de cargar contra el Rey como ya es habitual, pero ha sido de nuevo D. Juan Carlos el elemento que precipita una reacción con su capacidad de interlocución. Y desde luego, ni los actos del Rey ni sus intenciones son diferentes a los de colaborar a aunar esfuerzos y recortar distancias. La foto de hoy en La Moncloa tiene el valor esencial de marcar en rojo la excepcionalidad de la situación y la precariedad de la vertebración de la sociedad civil: esa foto, si la hay, revienta los cauces convencionales de sindicatos y patronales que visten el decorado de un escenario nacional que se ha quedado viejo. Vamos, quiérase o no, a otro diferente.
Cataluña y los socialistas
Mientras tanto, Cataluña está inmersa en una jornada de reflexión para cambiar seguramente y sin entusiasmo (se espera una abstención muy alta) un panorama en el que el socialismo de Zapatero ha cometido todos los errores posibles: el PSC-PSOE formó allí dos gobiernos tripartitos con la izquierda más radical (ICV) y con los independentistas más extremos (ERC); gestionó desastrosamente un nuevo Estatuto que alteraba la Constitución en los términos que hubo de establecer una controvertida sentencia del TC; dirigió una Generalidad que carece de crédito y ha debido recurrir a los llamados “bonos patrióticos” y que, en vez de transformar la sociedad catalana, ha profundizado sus peores endogamias, sean éstas lingüísticas, culturales o sociales, dejando un catalanismo más desconfiado de lo que ya era con la españolidad. De tal forma que el previsible acceso de CiU al gobierno catalán y el correlativo fracaso, seguramente muy severo, de los socialistas, podría abrir una nueva etapa si Artur Mas, en un contexto tan crítico como el actual, no se empeña en poner encima de la mesa un inviable concierto económico. No sólo porque sea impracticable desde el punto de vista constitucional, sino porque el horizonte marca que tanto el vasco como el Convenio navarro plantean tales problemas en la Unión Europea que de lo que hay que ocuparse y preocuparse es del mantenimiento de los regímenes financieros de la autonomía vasca y navarra, mucho antes que de la extensión de ésta fórmula a otras comunidades. Cataluña ha de ser parte de la solución y no del problema de Estado que nos atenaza, como lo fue durante no poco tiempo en las décadas de los 80 y 90.
Ciudadanos en huida
Los ciudadanos, por fin, están instalados, además de en la enfermedad del miedo y la angustia paralizante, como acreditan estudios demoscópicos cuantitativos y cualitativos (el de la fundación Pzifer, al que me referí el pasado sábado día 13 de noviembre) en la increencia y escepticismo respecto de la política y los políticos. El estudio de la Fundación Santa María -elaborado sobre más de tres mil cuestionarios- llega a la conclusión de que los jóvenes españoles tienen una opinión “deplorable” de la política y de los políticos. Las nuevas generaciones aparecen como auténticamente derrotadas por el pesimismo sobre su futuro, se sienten condenadas a vivir peor que las de sus padres, han interiorizado la crisis con enorme fatalismo y desesperanza y no se perfilan como tractores de un porvenir de regeneración. Sus preferencias están situadas en el mundo de los valores marginales a la política, desean salir de España en lo que se perfila como una nueva generación de emigrantes y no entienden los términos del debate público en nuestro país porque ni el franquismo ni la transición forman parte de su experiencia vital y de su memoria personal y colectiva. Para ellos, España es un proyecto próximo al fracaso, razón por la cual -y ante la proporción de la increencia- comienzan a articularse movimientos en la sociedad civil como el propiciado por la Fundación Everis, el impulso por el Colegio Libre de Eméritos de un documento de gran importancia que se irá conociendo a lo largo del mes de diciembre (“España en crisis. Sociedad, economía, instituciones”) y la irrupción muy próxima del Foro de la Sociedad Civil integrada por más de cien personalidades que discuten estos días el manifiesto de presentación ante la opinión pública.
Sin denuestos y con profunda tristeza, esta es la situación crítica que el Rey, con su inusual visibilidad en asuntos de gestión política, ha querido subrayar con un lápiz rojo. Está en su obligación de hacerlo.
Publicado en El Confidencial
En física se entiende por situación crítica cuando se producen las condiciones a partir de las cuales se inicia una reacción nuclear en cadena. Atendiendo a la metáfora, en ello estamos actualmente en España. En una coyuntura en la que, por su misma gravedad, se dan condiciones para una gran reacción positiva cuya alternativa sólo sería el desastre. Se trata de una de esas ocasiones nacionales en las que el jefe del Estado, Don Juan Carlos, emerge ejerciendo sus funciones constitucionales de moderación y arbitraje, para subrayar que no estamos instalados en la normalidad sino en una suerte de excepcionalidad bien descrita por instancias reflexivas internacionales, habitualmente fiables. Así, The Economist, que en los medios de comunicación convencionales ejerce un indiscutible liderazgo de opinión, atribuye en su último número a España, y a las decisiones del presidente del Gobierno, una sustancial importancia para la preservación de la cohesión de la zona euro y la evitación de una quiebra de la UE. Las magnitudes de un eventual, y absolutamente descartado por Zapatero, rescate de la economía española son tales que nos responsabilizan, tras las fallidas finanzas de Grecia e Irlanda y las renqueantes de Portugal, a hacer un supremo esfuerzo colectivo.
El Gobierno no tiene toda la responsabilidad de lo que ocurre, aunque le corresponde un porcentaje determinante. No sólo por su sobreseimiento suicida en valorar los tiempos y las profundidades de la crisis, sino por un comportamiento posterior -actual, incluso- que sugiere esas “dudas” de los mercados a que se acaba de referir el socialista y vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia. Todos tenemos dudas y son, más o menos, éstas: 1) Qué razones existen para que la reforma laboral no haya sido más profunda y renovadora; 2) Por qué se está dilatando el proceso de reconversión de las Cajas de Ahorro; 3) Cuál es la razón por la que el Ejecutivo ha aplazado al próximo año la reforma de las pensiones; 4) Qué motivos existen para que no se haya aprobado todavía el proyecto de ley de Economía Sostenible en el que se prevé la imprescindible reforma de los órganos reguladores; 5) Cómo es posible que ocho comunidades autónomas incumplan los límites del déficit establecido para 2011; 6) que condicionantes atenazan al Gobierno para no solucionar por vía legal el grave problema energético en España con grave coste para las empresas y seria carga para los Presupuestos Generales del Estado y 7) entre otras, a qué se está esperando para la reordenación del número de las demarcaciones municipales en nuestro país y su financiación.
Datos para la desconfianza
Ante estos retrasos surgen legítimas dudas acerca de la voluntad, determinación y competencia del Gobierno, no sólo en los mercados, sino -de manera alarmada- entre la clase empresarial que contempla cómo el diferencial del bono español con el alemán ha alcanzado el récord de los 270 puntos básicos; cómo el desempleo es resistente a descender del 20% (se esperan malas cifras de Noviembre); de qué manera la inflación se ha encaramado hasta el 2,3% al tiempo que estamos en un estancamiento del PIB con tendencia recesiva; a qué velocidad cae la Bolsa castigando a las Compañías más potentes e internacionalizadas y empequeñeciendo el ahorro de los ciudadanos y con qué perseverancia continúa la crisis en el sector inmobiliario que durante cinco meses consecutivos sigue cayendo como lo demuestra la minoración en la concesión de créditos hipotecarios (un 15,9% menos en septiembre). Se da la circunstancia, de que en estas condiciones, bancos y empresas españoles de primera fila obtienen financiación en los mercados internacionales con más facilidad y mejores precios que el propio Estado. Es decir, España es un lastre y no un activo.
Esta acumulación de variables negativas está en la raíz del documento de la Fundación Everis que enmienda a la totalidad el panorama económico, social y político de España, suscrito por un centenar de empresarios, intelectuales y académicos que, en un gesto repleto de desconfianza hacia el presidente del Gobierno, se lo presentan al Rey como jefe del Estado, quien hace exactamente lo que debe: de una parte, escucharles y atenderles y, de otra, remitirles al líder del Ejecutivo para que éste asuma sus responsabilidades. La reunión de hoy en La Moncloa responde a un correcto procedimiento inspirado por la Jefatura del Estado: los gestores de las grandes empresas españolas, que se ven lesionados por el desplome de la marca España, que han diversificado sus negocios en una estrategia cauta y emprendedora, deben enfrentarse y hablar con un presiente en el que, mayoritariamente, no confían y cuyo liderazgo observan constreñido por prejuicios excesivos, incompetencias reiteradas y falta de sentido de Estado. De no ser así, la inmensa mayoría de los firmantes del documento de la Fundación Everis, jamás hubiesen asumido un compromiso de orden político-social de tanto calado como el que se plantea en el documento, razón por la que priorizaron la interlocución con el jefe del Estado -permanente, suprapartidaria, unitaria- sobre cualquier otra. Los ciudadanos y los medios son muy libres de cargar contra el Rey como ya es habitual, pero ha sido de nuevo D. Juan Carlos el elemento que precipita una reacción con su capacidad de interlocución. Y desde luego, ni los actos del Rey ni sus intenciones son diferentes a los de colaborar a aunar esfuerzos y recortar distancias. La foto de hoy en La Moncloa tiene el valor esencial de marcar en rojo la excepcionalidad de la situación y la precariedad de la vertebración de la sociedad civil: esa foto, si la hay, revienta los cauces convencionales de sindicatos y patronales que visten el decorado de un escenario nacional que se ha quedado viejo. Vamos, quiérase o no, a otro diferente.
Cataluña y los socialistas
Mientras tanto, Cataluña está inmersa en una jornada de reflexión para cambiar seguramente y sin entusiasmo (se espera una abstención muy alta) un panorama en el que el socialismo de Zapatero ha cometido todos los errores posibles: el PSC-PSOE formó allí dos gobiernos tripartitos con la izquierda más radical (ICV) y con los independentistas más extremos (ERC); gestionó desastrosamente un nuevo Estatuto que alteraba la Constitución en los términos que hubo de establecer una controvertida sentencia del TC; dirigió una Generalidad que carece de crédito y ha debido recurrir a los llamados “bonos patrióticos” y que, en vez de transformar la sociedad catalana, ha profundizado sus peores endogamias, sean éstas lingüísticas, culturales o sociales, dejando un catalanismo más desconfiado de lo que ya era con la españolidad. De tal forma que el previsible acceso de CiU al gobierno catalán y el correlativo fracaso, seguramente muy severo, de los socialistas, podría abrir una nueva etapa si Artur Mas, en un contexto tan crítico como el actual, no se empeña en poner encima de la mesa un inviable concierto económico. No sólo porque sea impracticable desde el punto de vista constitucional, sino porque el horizonte marca que tanto el vasco como el Convenio navarro plantean tales problemas en la Unión Europea que de lo que hay que ocuparse y preocuparse es del mantenimiento de los regímenes financieros de la autonomía vasca y navarra, mucho antes que de la extensión de ésta fórmula a otras comunidades. Cataluña ha de ser parte de la solución y no del problema de Estado que nos atenaza, como lo fue durante no poco tiempo en las décadas de los 80 y 90.
Ciudadanos en huida
Los ciudadanos, por fin, están instalados, además de en la enfermedad del miedo y la angustia paralizante, como acreditan estudios demoscópicos cuantitativos y cualitativos (el de la fundación Pzifer, al que me referí el pasado sábado día 13 de noviembre) en la increencia y escepticismo respecto de la política y los políticos. El estudio de la Fundación Santa María -elaborado sobre más de tres mil cuestionarios- llega a la conclusión de que los jóvenes españoles tienen una opinión “deplorable” de la política y de los políticos. Las nuevas generaciones aparecen como auténticamente derrotadas por el pesimismo sobre su futuro, se sienten condenadas a vivir peor que las de sus padres, han interiorizado la crisis con enorme fatalismo y desesperanza y no se perfilan como tractores de un porvenir de regeneración. Sus preferencias están situadas en el mundo de los valores marginales a la política, desean salir de España en lo que se perfila como una nueva generación de emigrantes y no entienden los términos del debate público en nuestro país porque ni el franquismo ni la transición forman parte de su experiencia vital y de su memoria personal y colectiva. Para ellos, España es un proyecto próximo al fracaso, razón por la cual -y ante la proporción de la increencia- comienzan a articularse movimientos en la sociedad civil como el propiciado por la Fundación Everis, el impulso por el Colegio Libre de Eméritos de un documento de gran importancia que se irá conociendo a lo largo del mes de diciembre (“España en crisis. Sociedad, economía, instituciones”) y la irrupción muy próxima del Foro de la Sociedad Civil integrada por más de cien personalidades que discuten estos días el manifiesto de presentación ante la opinión pública.
Sin denuestos y con profunda tristeza, esta es la situación crítica que el Rey, con su inusual visibilidad en asuntos de gestión política, ha querido subrayar con un lápiz rojo. Está en su obligación de hacerlo.
Zapatero a los empresarios: ¡no os fallaré!
Por Carlos Fonseca.
Publicado en El Confidencial
La foto me da escalofríos. El presidente del Gobierno, con sonrisa beatífica y escoltado por sus vicepresidentes, rodeado por los 37 empresarios más poderosos para pedirles opinión sobre cómo resolver la crisis.
La mayoría de las empresas presentes cotizan en el Ibex 35, entre enero y junio han conseguido unos beneficios de 25.000 millones de euros (un 8% más que en mismo periodo de 2009) y sus dilectos presidentes no corren el peligro de perder el empleo, ni sus salarios poder adquisitivo, y ni falta que les hace la pensión pública con sus millonarios planes de pensiones. Está bien que sea así, porque para tomar decisiones importantes conviene tener el espíritu sereno. Y nada da más serenidad que el dinero.
Dicen los empresarios que hay que reducir el déficit público. Esto sencillo, se consigue gastando menos e ingresando más. Lo primero es fácil: se baja el sueldo a los funcionarios, se congelan las pensiones, se prolonga la edad de jubilación hasta los 67 años (en Irlanda apuestan ya por los 68, ¿quién da más?) y se reduce la inversión pública en prestaciones sociales (ley de dependencia, cheque bebé) y, por ejemplo, en infraestructuras.
Con las tres primeras medidas todos de acuerdo, pero la última no les gusta a los constructores. ¿Si el Estado no hace carreteras, ni aeropuertos, ni más líneas del AVE, de qué van a vivir? Yo se lo digo: pues de la inversión privada que tanto defienden, señores.
Los bancos y las cajas de ahorro, principales responsables de la crisis con su política de barra libre, que ya me lo cobraré yo con intereses, también se mostraron quejosos. Dieron muchos créditos para construir viviendas, que las promotoras no han vendido y no pueden devolver el dinero que las prestaron. La banca se lo ha tenido que cobrar en pisos, que se resiste a sacar a la venta por su valor real. Prefieren esperar y venderlos por los escandalosos precios de la etapa del boom inmobiliario que tantos beneficios les reportó.
Del tema de las cajas, pues lo de siempre, que hay que acelerar su fusión, con fecha límite el 24 de diciembre. La mayoría tienen poco de obra social, que es supuestamente lo que las define (hay está Cajasur, con los curas metidos a promotores inmobiliarios y un agujero de tres pares), y como estaban endeudadas hasta las cejas por su mala gestión, el Gobierno les ha prestado dinero (del nuestro, del de los contribuyentes) para que saneen sus cuentas.
Si hay cajas que aún no se han fusionado es porque sus prebostes no quieren bajarse del cargo. Si hay que cerrar oficinas, se cierran y se pone en la calle a los miles de trabajadores, pero ceder la presidencia o dejar de ser consejero (que tampoco vamos a duplicar los cargos para que haya para todos), de eso nada.
Más cambios laborales, hacen falta más cambios laborales. En esto hay unanimidad. No basta con la reforma laboral, que hace el despido más sencillo y barato y recorta derechos ganados en años, ahora hay que ir a por la negociación colectiva para que, por ejemplo, las empresas puedan “descolgarse” de los convenios previamente firmados. Más poder para los poderosos, menos derechos para los trabajadores. ¿No se dan cuenta las empresas de que el mejor activo que tienen son precisamente sus trabajadores? Parece que no. La pela es la pela.
Lo mejor es lo de las pensiones. Vamos a tener que trabajar hasta los 67 años, y así el Estado en lugar de pagarnos dos años de pensión, nos cobra dos de cotización. La receta que no falla: gesto menos, ingreso más. A los señores de la foto la pensión no les preocupa. La de la Seguridad Social, la de los pobres, me refiero. Las suyas son privadas y se miden en millones de euros. Cuando uno tiene garantizada una vejez holgada es mucho más fácil tomar la dolorosa decisión de recortar la de los demás. Por responsabilidad, por garantizar su viabilidad, en tres palabras: por nuestro bien.
Los señores empresarios, los que crean empleo, los que nos van a sacar del atolladero, salieron contentos de la reunión. Hablaron de salvar a España con nosotros dentro, y seguro que el presidente, eufórico por el éxito de la convocatoria, les dijo: ¡No os fallaré! Me apuesto lo que quieran a que con ellos cumple.
Publicado en El Confidencial
La foto me da escalofríos. El presidente del Gobierno, con sonrisa beatífica y escoltado por sus vicepresidentes, rodeado por los 37 empresarios más poderosos para pedirles opinión sobre cómo resolver la crisis.
La mayoría de las empresas presentes cotizan en el Ibex 35, entre enero y junio han conseguido unos beneficios de 25.000 millones de euros (un 8% más que en mismo periodo de 2009) y sus dilectos presidentes no corren el peligro de perder el empleo, ni sus salarios poder adquisitivo, y ni falta que les hace la pensión pública con sus millonarios planes de pensiones. Está bien que sea así, porque para tomar decisiones importantes conviene tener el espíritu sereno. Y nada da más serenidad que el dinero.
Dicen los empresarios que hay que reducir el déficit público. Esto sencillo, se consigue gastando menos e ingresando más. Lo primero es fácil: se baja el sueldo a los funcionarios, se congelan las pensiones, se prolonga la edad de jubilación hasta los 67 años (en Irlanda apuestan ya por los 68, ¿quién da más?) y se reduce la inversión pública en prestaciones sociales (ley de dependencia, cheque bebé) y, por ejemplo, en infraestructuras.
Con las tres primeras medidas todos de acuerdo, pero la última no les gusta a los constructores. ¿Si el Estado no hace carreteras, ni aeropuertos, ni más líneas del AVE, de qué van a vivir? Yo se lo digo: pues de la inversión privada que tanto defienden, señores.
Los bancos y las cajas de ahorro, principales responsables de la crisis con su política de barra libre, que ya me lo cobraré yo con intereses, también se mostraron quejosos. Dieron muchos créditos para construir viviendas, que las promotoras no han vendido y no pueden devolver el dinero que las prestaron. La banca se lo ha tenido que cobrar en pisos, que se resiste a sacar a la venta por su valor real. Prefieren esperar y venderlos por los escandalosos precios de la etapa del boom inmobiliario que tantos beneficios les reportó.
Del tema de las cajas, pues lo de siempre, que hay que acelerar su fusión, con fecha límite el 24 de diciembre. La mayoría tienen poco de obra social, que es supuestamente lo que las define (hay está Cajasur, con los curas metidos a promotores inmobiliarios y un agujero de tres pares), y como estaban endeudadas hasta las cejas por su mala gestión, el Gobierno les ha prestado dinero (del nuestro, del de los contribuyentes) para que saneen sus cuentas.
Si hay cajas que aún no se han fusionado es porque sus prebostes no quieren bajarse del cargo. Si hay que cerrar oficinas, se cierran y se pone en la calle a los miles de trabajadores, pero ceder la presidencia o dejar de ser consejero (que tampoco vamos a duplicar los cargos para que haya para todos), de eso nada.
Más cambios laborales, hacen falta más cambios laborales. En esto hay unanimidad. No basta con la reforma laboral, que hace el despido más sencillo y barato y recorta derechos ganados en años, ahora hay que ir a por la negociación colectiva para que, por ejemplo, las empresas puedan “descolgarse” de los convenios previamente firmados. Más poder para los poderosos, menos derechos para los trabajadores. ¿No se dan cuenta las empresas de que el mejor activo que tienen son precisamente sus trabajadores? Parece que no. La pela es la pela.
Lo mejor es lo de las pensiones. Vamos a tener que trabajar hasta los 67 años, y así el Estado en lugar de pagarnos dos años de pensión, nos cobra dos de cotización. La receta que no falla: gesto menos, ingreso más. A los señores de la foto la pensión no les preocupa. La de la Seguridad Social, la de los pobres, me refiero. Las suyas son privadas y se miden en millones de euros. Cuando uno tiene garantizada una vejez holgada es mucho más fácil tomar la dolorosa decisión de recortar la de los demás. Por responsabilidad, por garantizar su viabilidad, en tres palabras: por nuestro bien.
Los señores empresarios, los que crean empleo, los que nos van a sacar del atolladero, salieron contentos de la reunión. Hablaron de salvar a España con nosotros dentro, y seguro que el presidente, eufórico por el éxito de la convocatoria, les dijo: ¡No os fallaré! Me apuesto lo que quieran a que con ellos cumple.
domingo, 24 de octubre de 2010
Solución: competitividad
Por Jaime Rocha
Publicado en Diario de Cádiz (23/10/2010)
GOBIERNO, patronal, sindicatos, banca… todos se echan la culpa unos a otros de haber llegado a la situación actual de paralización casi absoluta de nuestra economía. Sabido es que si no se crece al menos por encima del dos por ciento anual, no se generan puestos de trabajo, por lo tanto, la única solución es hacer crecer la economía.
Dijo el saliente ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que su Ministerio no es el responsable de crear empleo y, por lo tanto, que de los dos millones de parados que había a su llegada, se haya duplicado sobradamente esta cifra, tampoco es su responsabilidad.
Tiene razón Corbacho, pero sólo a medias. Es cierto que el Ministerio de Trabajo no genera empleo directo, pero sí es el responsable de establecer las condiciones imprescindibles para que eso ocurra: fomentar los acuerdos entre patronal y sindicatos; dictar la leyes que modifiquen las condiciones de trabajo; y, como Gobierno, favorecer el acceso a los recursos financieros. Y, casi lo mas importante, impulsar la investigación y desarrollo de las empresas y la correspondiente formación técnica de los trabajadores.
En este mundo globalizado, la competencia que tienen que soportar los productos Made in Spain", tanto en el mercado interior como en el de las exportaciones, es muy importante y no sólo en precio, también en conceptos menos tangibles como la calidad, diseño, el valor añadido… En una palabra, hay que ser muy competitivos.
No se trata de analizar aquí las teorías económicas de Keynes, Smith o cualquier otro prestigioso economista. Ni siquiera nos detendremos en "el mercado laboral de búsqueda" que ha supuesto el Premio Nobel de Economía 2010 para Diamond, Mortensen y Pissarides. Sólo citaré, por su originalidad, aunque resulte políticamente incorrecto, uno de sus postulados: "Cuanto más generosas sean las indemnizaciones y prestaciones por desempleo, más elevado es el paro y más largos son los tiempos de búsqueda (de empleo)".
La reactivación de los mercados es el más eficaz motor de la economía; la demanda global requiere un aumento de la producción y ésta genera a su vez una mayor necesidad de medios productivos humanos y tecnológicos.
Enunciado tan elementalmente, la cuestión parece sencilla, sólo que el primer eslabón de la cadena, el mercado, es cada vez más exigente, existe una creciente competencia y no es fácil de conquistar. Si me lo permiten, expondré, para más claridad, una experiencia personal.
El sector azulejero de Castellón contaba en 1996 con 220 fábricas en un área geográfica que no abarcaba siquiera la extensión de la provincia. La producción conjunta de todas ellas era de unos 250 millones de metros cuadrados. Italia, primera potencia cerámica con una producción que doblaba a la española, 500 millones de metros cuadrados (China llegaba a los 900 millones de metros cuadrados pero no exportaba todavía), copaba gran parte de los mercados norteamericano, europeos y asiáticos. La clave estaba en el tipo de producto que españoles e italianos fabricaban. El azulejo italiano era muy superior en diseño y calidad y la relación calidad-precio más ajustada que la de nuestra producción.
Transcurridos apenas cinco años, las producciones se habían igualado en 600 millones de metros cuadrados, las fábricas españolas invirtieron grandes cantidades de dinero en tecnología, diseño y mejora de la calidad de sus productos, introduciendo, en especial, el porcelánico, cuyo mercado internacional correspondía por completo, hasta ese momento, a los italianos. Nuestras fábricas alcanzaron una media del sesenta y cinco por ciento de exportación y la demanda de mano de obra fue tan significativa que el sector llegó a emplear a mas de 25.000 personas entre directos e indirectos, muchos de ellos gaditanos.
No fue fruto de la casualidad: los bancos creyeron en el sector y aportaron los imprescindibles créditos, los empresarios invirtieron en tecnología, investigación, diseño, calidad y marketing y los empleados adquirieron la capacitación tecnológica imprescindible. La demanda creció hasta el punto de hacerse necesario el trabajo a tres turnos, incluso los fines de semana para algunas secciones productivas.
Llegamos, pues, a la conclusión de que es el mercado el que impone su ley y ganar mercado supone la conjunción de esfuerzos, desde el Gobierno, con una política impositiva razonable que no grave más de lo necesario la productividad; el imprescindible capital, haciéndose accesible; el empresariado, invirtiendo en investigación y desarrollo de sus empresas, aportando valor añadido a sus producciones; y los sindicatos, defendiendo los legítimos intereses de los trabajadores sin perder la perspectiva del interés común que no es otro que el éxito y la pervivencia de la empresa.
Así se salió de la crisis de 1993 y, si no es así, difícilmente saldremos de la que ahora nos agobia. Nada de eso se está haciendo.
Un dato más. El Foro Económico Mundial publica anualmente el Índice de Competitividad Global. España ocupaba el decimotercer puesto en 2004, subiendo al duodécimo al año siguiente, 2005. El año pasado, 2009, ya habíamos caído al lugar 29 y en el avance de 2010, nuestro país ya no figura entre los 30 más competitivos. Difícil situación, con tendencia a empeorar, si no se hacen las cosas correctamente.
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Publicado en Diario de Cádiz (23/10/2010)
GOBIERNO, patronal, sindicatos, banca… todos se echan la culpa unos a otros de haber llegado a la situación actual de paralización casi absoluta de nuestra economía. Sabido es que si no se crece al menos por encima del dos por ciento anual, no se generan puestos de trabajo, por lo tanto, la única solución es hacer crecer la economía.
Dijo el saliente ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que su Ministerio no es el responsable de crear empleo y, por lo tanto, que de los dos millones de parados que había a su llegada, se haya duplicado sobradamente esta cifra, tampoco es su responsabilidad.
Tiene razón Corbacho, pero sólo a medias. Es cierto que el Ministerio de Trabajo no genera empleo directo, pero sí es el responsable de establecer las condiciones imprescindibles para que eso ocurra: fomentar los acuerdos entre patronal y sindicatos; dictar la leyes que modifiquen las condiciones de trabajo; y, como Gobierno, favorecer el acceso a los recursos financieros. Y, casi lo mas importante, impulsar la investigación y desarrollo de las empresas y la correspondiente formación técnica de los trabajadores.
En este mundo globalizado, la competencia que tienen que soportar los productos Made in Spain", tanto en el mercado interior como en el de las exportaciones, es muy importante y no sólo en precio, también en conceptos menos tangibles como la calidad, diseño, el valor añadido… En una palabra, hay que ser muy competitivos.
No se trata de analizar aquí las teorías económicas de Keynes, Smith o cualquier otro prestigioso economista. Ni siquiera nos detendremos en "el mercado laboral de búsqueda" que ha supuesto el Premio Nobel de Economía 2010 para Diamond, Mortensen y Pissarides. Sólo citaré, por su originalidad, aunque resulte políticamente incorrecto, uno de sus postulados: "Cuanto más generosas sean las indemnizaciones y prestaciones por desempleo, más elevado es el paro y más largos son los tiempos de búsqueda (de empleo)".
La reactivación de los mercados es el más eficaz motor de la economía; la demanda global requiere un aumento de la producción y ésta genera a su vez una mayor necesidad de medios productivos humanos y tecnológicos.
Enunciado tan elementalmente, la cuestión parece sencilla, sólo que el primer eslabón de la cadena, el mercado, es cada vez más exigente, existe una creciente competencia y no es fácil de conquistar. Si me lo permiten, expondré, para más claridad, una experiencia personal.
El sector azulejero de Castellón contaba en 1996 con 220 fábricas en un área geográfica que no abarcaba siquiera la extensión de la provincia. La producción conjunta de todas ellas era de unos 250 millones de metros cuadrados. Italia, primera potencia cerámica con una producción que doblaba a la española, 500 millones de metros cuadrados (China llegaba a los 900 millones de metros cuadrados pero no exportaba todavía), copaba gran parte de los mercados norteamericano, europeos y asiáticos. La clave estaba en el tipo de producto que españoles e italianos fabricaban. El azulejo italiano era muy superior en diseño y calidad y la relación calidad-precio más ajustada que la de nuestra producción.
Transcurridos apenas cinco años, las producciones se habían igualado en 600 millones de metros cuadrados, las fábricas españolas invirtieron grandes cantidades de dinero en tecnología, diseño y mejora de la calidad de sus productos, introduciendo, en especial, el porcelánico, cuyo mercado internacional correspondía por completo, hasta ese momento, a los italianos. Nuestras fábricas alcanzaron una media del sesenta y cinco por ciento de exportación y la demanda de mano de obra fue tan significativa que el sector llegó a emplear a mas de 25.000 personas entre directos e indirectos, muchos de ellos gaditanos.
No fue fruto de la casualidad: los bancos creyeron en el sector y aportaron los imprescindibles créditos, los empresarios invirtieron en tecnología, investigación, diseño, calidad y marketing y los empleados adquirieron la capacitación tecnológica imprescindible. La demanda creció hasta el punto de hacerse necesario el trabajo a tres turnos, incluso los fines de semana para algunas secciones productivas.
Llegamos, pues, a la conclusión de que es el mercado el que impone su ley y ganar mercado supone la conjunción de esfuerzos, desde el Gobierno, con una política impositiva razonable que no grave más de lo necesario la productividad; el imprescindible capital, haciéndose accesible; el empresariado, invirtiendo en investigación y desarrollo de sus empresas, aportando valor añadido a sus producciones; y los sindicatos, defendiendo los legítimos intereses de los trabajadores sin perder la perspectiva del interés común que no es otro que el éxito y la pervivencia de la empresa.
Así se salió de la crisis de 1993 y, si no es así, difícilmente saldremos de la que ahora nos agobia. Nada de eso se está haciendo.
Un dato más. El Foro Económico Mundial publica anualmente el Índice de Competitividad Global. España ocupaba el decimotercer puesto en 2004, subiendo al duodécimo al año siguiente, 2005. El año pasado, 2009, ya habíamos caído al lugar 29 y en el avance de 2010, nuestro país ya no figura entre los 30 más competitivos. Difícil situación, con tendencia a empeorar, si no se hacen las cosas correctamente.
miércoles, 15 de septiembre de 2010
España, un país en vía muerta
Por Manuel Muela
http://www.elconfidencial.com/
15/09/2010
Los informes sobre la economía europea muestran un denominador común en sus conclusiones: la crisis ha dejado de ser la enfermedad de todos y va quedando localizada en algunos estados de la UE, cuyo futuro permanece incierto. España es uno de esos países y, aunque nuestra dimensión disuade a los demás de abandonarnos a nuestra suerte, es previsible que los esfuerzos de los acreedores y socios se centren en aislar el problema español, para evitar situaciones análogas a las de los meses de abril y mayo cuando Grecia puso en serios aprietos a la propia Unión Europea. Ante cualquier contratiempo, la Unión Europea responderá con sus datos de crecimiento, separándose cada vez más de aquellos países que no crecen. Lo del todos a una puede ser agua pasada.Desde el verano de 2007 se ha vendido con éxito en España la idea de que los problemas españoles eran consecuencia de la crisis internacional y que o salíamos todos juntos o no salía nadie. Las evidencias, sin embargo, son otras: ha habido una crisis generalizada, pero cada país ha tenido que aplicarse a resolverla, primero reconociéndola y después poniendo los medios para superarla. No ha sido el caso de España, mejor dicho de sus gobernantes, que la han estado negando hasta la primavera pasada y que, ahora, deprisa y corriendo, pretenden recuperar el tiempo perdido sin saber muy bien cómo. Es normal que la desconfianza se haya adueñado de los espíritus y se observen con incredulidad, también a veces con indignación, las propuestas del gobierno, alrededor de las cuales aletean los diferentes grupos políticos que, por activa o pasiva, lo oxigenan en espera de un futuro mejor.La crisis española, que es política y económica, trasciende a la internacional y en tanto no se reconozca así seguiremos condenados a ser rehenes de la estulticia y del instinto de supervivencia de un sistema, cuyo único objetivo es resistir. Lo que induce a la desesperanza es el fatalismo del discurso imperante, que se asienta en la superficie del problema, señalando como única causa de su prolongación al mal gobierno, sin entrar en otras consideraciones que no sean pensar en la sustitución del mismo, sin prisa alguna en ello. Todos saben que el problema es de mayor enjundia, pero nadie quiere asumir el fracaso de un modelo político y económico que ha agostado para largo tiempo las ilusiones de los españoles.Una de las consecuencias de lo anterior es que se va instalando la idea de que quienes gobiernan ahora o los que lo hagan en el futuro, respetando el statu quo, tendrán que administrar la pobreza que resulta del estancamiento de la economía de un país cuya población ha crecido notoriamente en poco tiempo: los recursos escasos tendrán que dedicarse a pagar las deudas contraídas y a atender mínimamente las necesidades sociales. Fuera de eso, desde la perspectiva de unos poderes públicos sin ambición de cambio, poco se podrá hacer; y, al igual que se ha logrado sobrevivir con la mistificación de la crisis internacional, se venderá el discurso fatalista de que no hay alternativa y toca aguantar.Hasta el momento se echan de menos los debates sobre las causas políticas y económicas de la situación española: se critica o se adula al jefe del gobierno, se discute si el Producto Interior Bruto crece o decrece una décima más o menos, y, en fin, se habla de las bondades de Basilea III. Por cierto ¿dónde van a buscar capital nuestras entidades crediticias? Todos asuntos importantes sin duda, pero a los que falta contrastar con una realidad de penurias sociales, educativas y políticas, que, como se ha demostrado, parecen útiles para el mantenimiento del poder, no para convertir a España en un país libre y civilizado.Las obligaciones pendientesEs normal resistirse a reconocer la realidad, y más si se sigue insistiendo vanamente en que estamos ante un mal pasajero debido a causas externas. Se rehúye debatir sobre las graves deficiencias de un Estado hipertrófico puesto al servicio de unas minorías políticas y económicas dedicadas al disfrute del poder y/o la riqueza mientras sea posible; algo que no es nuevo en nuestra historia y a cuya superación no se debería renunciar. El apabullante discurso oficial de que España tiene un modelo ejemplar es negado a diario por la carcoma que va destruyendo el tejido social y productivo. Oídos sordos y ya se verá.Se dice por algunos que resistir es vencer. Pero no siempre: Numancia resistió y perdió. En este momento se nos observa con inquietud y, a no tardar, se volverá a poner en duda nuestra capacidad para enfrentar las obligaciones pendientes. Por eso, se hará lo que se hace en los ferrocarriles cuando un tren se avería o causa perturbación al tráfico normal, ponerlo en vía muerta. Ese es el horizonte si no se rompe el cordón sanitario de la dictadura de lo políticamente correcto y se alumbra un proyecto civilizador para España.
*Manuel Muela es economista.
http://www.elconfidencial.com/
15/09/2010
Los informes sobre la economía europea muestran un denominador común en sus conclusiones: la crisis ha dejado de ser la enfermedad de todos y va quedando localizada en algunos estados de la UE, cuyo futuro permanece incierto. España es uno de esos países y, aunque nuestra dimensión disuade a los demás de abandonarnos a nuestra suerte, es previsible que los esfuerzos de los acreedores y socios se centren en aislar el problema español, para evitar situaciones análogas a las de los meses de abril y mayo cuando Grecia puso en serios aprietos a la propia Unión Europea. Ante cualquier contratiempo, la Unión Europea responderá con sus datos de crecimiento, separándose cada vez más de aquellos países que no crecen. Lo del todos a una puede ser agua pasada.Desde el verano de 2007 se ha vendido con éxito en España la idea de que los problemas españoles eran consecuencia de la crisis internacional y que o salíamos todos juntos o no salía nadie. Las evidencias, sin embargo, son otras: ha habido una crisis generalizada, pero cada país ha tenido que aplicarse a resolverla, primero reconociéndola y después poniendo los medios para superarla. No ha sido el caso de España, mejor dicho de sus gobernantes, que la han estado negando hasta la primavera pasada y que, ahora, deprisa y corriendo, pretenden recuperar el tiempo perdido sin saber muy bien cómo. Es normal que la desconfianza se haya adueñado de los espíritus y se observen con incredulidad, también a veces con indignación, las propuestas del gobierno, alrededor de las cuales aletean los diferentes grupos políticos que, por activa o pasiva, lo oxigenan en espera de un futuro mejor.La crisis española, que es política y económica, trasciende a la internacional y en tanto no se reconozca así seguiremos condenados a ser rehenes de la estulticia y del instinto de supervivencia de un sistema, cuyo único objetivo es resistir. Lo que induce a la desesperanza es el fatalismo del discurso imperante, que se asienta en la superficie del problema, señalando como única causa de su prolongación al mal gobierno, sin entrar en otras consideraciones que no sean pensar en la sustitución del mismo, sin prisa alguna en ello. Todos saben que el problema es de mayor enjundia, pero nadie quiere asumir el fracaso de un modelo político y económico que ha agostado para largo tiempo las ilusiones de los españoles.Una de las consecuencias de lo anterior es que se va instalando la idea de que quienes gobiernan ahora o los que lo hagan en el futuro, respetando el statu quo, tendrán que administrar la pobreza que resulta del estancamiento de la economía de un país cuya población ha crecido notoriamente en poco tiempo: los recursos escasos tendrán que dedicarse a pagar las deudas contraídas y a atender mínimamente las necesidades sociales. Fuera de eso, desde la perspectiva de unos poderes públicos sin ambición de cambio, poco se podrá hacer; y, al igual que se ha logrado sobrevivir con la mistificación de la crisis internacional, se venderá el discurso fatalista de que no hay alternativa y toca aguantar.Hasta el momento se echan de menos los debates sobre las causas políticas y económicas de la situación española: se critica o se adula al jefe del gobierno, se discute si el Producto Interior Bruto crece o decrece una décima más o menos, y, en fin, se habla de las bondades de Basilea III. Por cierto ¿dónde van a buscar capital nuestras entidades crediticias? Todos asuntos importantes sin duda, pero a los que falta contrastar con una realidad de penurias sociales, educativas y políticas, que, como se ha demostrado, parecen útiles para el mantenimiento del poder, no para convertir a España en un país libre y civilizado.Las obligaciones pendientesEs normal resistirse a reconocer la realidad, y más si se sigue insistiendo vanamente en que estamos ante un mal pasajero debido a causas externas. Se rehúye debatir sobre las graves deficiencias de un Estado hipertrófico puesto al servicio de unas minorías políticas y económicas dedicadas al disfrute del poder y/o la riqueza mientras sea posible; algo que no es nuevo en nuestra historia y a cuya superación no se debería renunciar. El apabullante discurso oficial de que España tiene un modelo ejemplar es negado a diario por la carcoma que va destruyendo el tejido social y productivo. Oídos sordos y ya se verá.Se dice por algunos que resistir es vencer. Pero no siempre: Numancia resistió y perdió. En este momento se nos observa con inquietud y, a no tardar, se volverá a poner en duda nuestra capacidad para enfrentar las obligaciones pendientes. Por eso, se hará lo que se hace en los ferrocarriles cuando un tren se avería o causa perturbación al tráfico normal, ponerlo en vía muerta. Ese es el horizonte si no se rompe el cordón sanitario de la dictadura de lo políticamente correcto y se alumbra un proyecto civilizador para España.
*Manuel Muela es economista.
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