La venganza de los serios

Por John Carlin

Publicado en El País (14/07/2011)

Durante los 12 años que trabajé en The Independent, uno de los diarios ingleses que no paga para conseguir información, hubo una lamentable etapa en la que compartíamos dueños con The Mirror, un tabloide que sí paga. Nuestro destino estaba en manos de Kelvin MacKenzie, exdirector de The Sun y en aquel momento ejecutivo del Grupo Mirror. En teoría, MacKenzie estaba ahí para ayudar a que The Independent vendiera más ejemplares y emergiera de sus eternos problemas económicos. La realidad era que nos desdeñaba y le importaba poco lo que nos pasara.

Lo decía abiertamente cuando se encontraba con alguno de nosotros en un pasillo o en el ascensor. Eramos unos pijillos. Escribíamos artículos impenetrablemente largos (más de 10 párrafos para un tabloide es Guerra y paz), utilizando palabras y frases de difícil comprensión para las masas, sobre conflictos e injusticias en lugares absurdamente remotos e irrelevantes como Ruanda, los Balcanes o Guatemala. ¿Y quién los leía? Bueno, quizá teníamos 300.000 lectores por aquellas fechas, pero esa era una triste fracción de lo que vendían The Sun y The Mirror. Sí, sí, nos creíamos tan listos, con nuestros títulos universitarios de Oxford y Cambridge y nuestros matizados argumentos, pero lo que el gran público quería era simplísimo -generar polémicas donde no las había- e historias escandalosas de famosos y fotos de mujeres con los pechos al descubierto. No había nada que hacer, opinaba MacKenzie. Representábamos una cultura elitista y -casi, casi- obsoleta.

La actitud de nuestro estimado ejecutivo era compartida por una buena parte de los directivos y periodistas de la prensa tabloide en general. Si había un diario por el que sentían incluso más desdén que por el Independent era The Guardian, cuya vena moralista, siempre haciendo campaña a favor de causas progres, les parecía especialmente ridícula. La broma es que ahora es The Guardian el que los ha pillado, dejando al desnudo con una revelación tras otra que el éxito comercial de los tabloides, especialmente The Sun y The News of the World, cuyo dueño es el famoso Rupert Murdoch, se basaba no en la mejor calidad de sus reporteros sino en el dinero con el que contaban, no solo para pagar a fuentes, sino a detectives privados que se encargaron de interceptar los teléfonos de famosos, de políticos y de miembros de la familia real inglesa. The Independent se ha unido a la fiesta, claro, junto a otros diarios relativamente mucho más serios como el Financial Times, el Observer o el Telegraph, que ahora despotrican contra los tabloides con el mismo vigor e indignación que los tabloides siempre han demostrado a la hora de opinar sobre los pecados sexuales u otros supuestos excesos de personajes públicos.

The Times de Londres no ha tenido más remedio que participar en la venganza de los serios, pese a que el dueño es Murdoch. Bastante a su honra, el director del Times ha permitido que sus columnistas le peguen duro al News of the World. Será interesante ver ahora cuál será la respuesta del Sunday Times, también de Murdoch, también supuestamente serio, pero acusado esta semana de las mismas vilezas que sus primos hermanos tabloides.

Rodarán más cabezas antes de que este episodio llegue a su fin. Algunas de las que se tambalean ocupan puestos de autoridad en diarios que no tienen nada que ver con Murdoch, como el Mirror, el Express o el Daily Mail. Se supone que el impacto sobre la prensa inglesa en general será positivo; que se volverá a la legalidad y se recuperará una cierta decencia. Pero sería una pena que, como consecuencia, se diluyera la tradición de agresiva independencia que es el lado bueno de la prensa inglesa, que se achique ante el poder, como ocurre con la prensa de muchos otros países del mundo. Un exjefe mío en el Independent, Peter Wilby, escribió una columna en The Guardian esta semana en la que expresó el deseo de que, cuando todo este lío acabe, la prensa inglesa siga siendo tan mordaz y valiente como siempre lo ha sido. "Si no", escribió Wilby, conocido por sus opiniones de izquierda, "tendremos algo mucho peor que Murdoch y sus tabloides: diarios tímidos y respetables que reflejan la forma de pensar del poder establecido".

Si el Rey no se calla ¿por qué lo hace la prensa?

Por Antonio Casado

Publicado en El Confidencial (07/06/2011)


Se imagina por un momento al presidente del Gobierno, al líder de la oposición o al presidente del Tribunal Constitucional abroncando en público a un grupo de periodistas por una información no ya crítica hacia ellos mismos o las instituciones a las que representan, sino supuestamente inexacta? ¿Qué pensaría si José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy o Pascual Sala se encarasen -literalmente- con los medios de comunicación cada vez que éstos, en el ejercicio de su libertad de expresión, publicaran una noticia que les irrita?

Ahora suponga que no es ni Zapatero, ni Rajoy ni Sala quienes pierden los papeles y coaccionan a la prensa -porque, en definitiva, se trata de eso-, sino el jefe del Estado. ¿Seguiría creyendo que esa actitud insolente e incompatible con los usos democráticos le desacredita -como a aquéllos- para ejercer su cargo? Porque esa fue, precisamente, la conducta exhibida el pasado martes por el Rey durante un acto oficial en el palacio de La Zarzuela, cuando, en un tono desabrido e impropio de quien "modera el funcionamiento regular de las instituciones" (artículo 56.1 de la Constitución), respondió a los periodistas que le interrogaron por su estado de salud, un día después de que la Casa del Rey anunciase que el monarca iba a ser intervenido quirúrgicamente en su rodilla derecha.

"Lo que os gusta es matarme y ponerme un pino en la tripa todos los días. Eso es lo que hacéis la prensa", fue el exabrupto lanzado a los estupefactos informadores por Don Juan Carlos, visiblemente crispado por las especulaciones de algunos medios de comunicación sobre el alcance de sus achaques. Puede que alguien agradezca la espontánea contribución del Rey a la riqueza del castellano con esa florida metáfora -confieso que jamás había escuchado la expresión poner un pino en la tripa como representación de un féretro, pero ésa es otra cuestión-; o que no falte quien aplauda al ubicuo presidente del Congreso, José Bono, que salió en defensa de la manoseada campechanía del monarca al afirmar que éste "hasta resultó simpático" con su amenazante berrinche; o incluso que otros se den por satisfechos con el melifluo tirón de orejas que le dedicó la portavoz de UPyD, Rosa Díez, molesta porque aquellas palabras supusieron un "juicio excesivo" sobre la labor de los periodistas.

Todas esas consideraciones, sin embargo, chapotean en la superficie. Y el altercado merece un análisis mucho más profundo. Sobre todo si se tiene en cuenta que, al día siguiente, la Casa del Rey dio otra vuelta de tuerca en su grosero intento de amordazar a la prensa -y no es, ni mucho menos, la primera vez que esto ocurre- al decidir que, a partir de ahora, ningún periodista tendrá acceso a las "audiencias y actos programados" de Don Juan Carlos o su familia en el Palacio Real y en los de El Pardo, La Zarzuela y La Almudaina (Palma de Mallorca), cuya cobertura informativa será en adelante "exclusivamente gráfica, salvo que haya indicaciones específicas". Eso tiene un nombre: censura. Y, desde luego, no resulta nada simpática.

Cambiar las reglas del juego

Si el jefe del Estado quiere imponer unas reglas del juego tan alejadas de los códigos de una monarquía parlamentaria, tal vez los medios de comunicación deberían responder aplicando unos patrones mucho más democráticos en el tratamiento informativo de los asuntos que conciernen a la Corona e idénticos a los que rigen para cualquier otra institución: veracidad, imparcialidad, transparencia y objetividad. Y ese propósito es incompatible con el acatamiento casi ciego de una ley no escrita vigente desde la Transición, según la cual el Rey -cuya persona es "inviolable" y no está "sujeta a responsabilidad", según el artículo 56.3 de la Constitución- está libre de crítica y sus actos escapan al escrutinio fiscalizador de la prensa.

Ese pacto de caballeros entre editores y monarquía muy probablemente tuvo plena justificación en aquellos años convulsos de mudanza política, cuando la Corona sirvió de parapeto frente a los ataques y conspiraciones de los náufragos del franquismo contra una democracia todavía balbuciente e insegura. Desde entonces, los periodistas han seguido casi a rajatabla el espíritu -que no una letra inexistente- de aquella norma, trasladando a los ciudadanos una información casi siempre edulcorada, amable y acrítica sobre la primera autoridad del Estado. Pero quizá sea oportuno preguntarse hoy, más de 35 años después de la entronización de Don Juan Carlos, si aún tiene sentido que los medios de comunicación sirvan de dique de contención frente a los posibles errores y abusos de la institución monárquica.

¿Por qué silenciar el debate sobre la sucesión cuando los ciudadanos hablan con naturalidad en la calle de los pros y los contras de una abdicación del monarca en favor del heredero, el príncipe Felipe de Borbón? ¿Acaso debería ocultarse a la opinión pública la presunta conexión del yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, con el llamado caso Palma Arena, después de que un juez haya imputado a su ex socio en el Instituto Nóos, la entidad que presidía el ex jugador de balonmano del FC Barcelona? ¿Hay que mirar hacia otro lado cuando Don Juan Carlos rebasa las competencias que le atribuye la Constitución e interfiere en el debate político, excluyendo al PP de un pacto anticrisis auspiciado por él mismo? ¿O cuando Patrimonio Nacional paga la elevada factura de una lujosa cinta de correr para uso exclusivo del Rey?

Los únicos límites a esa normalización informativa los deben marcar el interés periodístico, el respeto a la intimidad personal del monarca y los preceptos del Código Penal. Y conviene recordar que incluso el PSOE aceptó el pasado mes de marzo debatir en el Congreso la modificación de este último para suprimir el delito de injurias a la Corona, actualmente castigado con hasta dos años de cárcel.

Información y transparencia

Por Manuel Clavero Arévalo, Diario de Cádiz, 29 de agosto de 2010

SEGÚN anunció el diario El País el pasado 16 de agosto, el Gobierno tiene previsto tramitar el ante proyecto de Ley de Transparencia y Acceso de los ciudadanos a la Información Pública, que reconoce el derecho de los ciudadanos a saber, frente a las administraciones central, autonómica y local e incluso frente a las empresas concesionarias de servicios públicos, nada dice de los concesionarios de obras públicas, imaginamos también que frente a las empresas y organismos públicos, dependiente de aquellas administraciones.

Ciertamente que para los ciudadanos es importante tener información veraz y directa de las administraciones públicas y no solo las personas interesadas en un solo asunto sino cualquier persona que desee tener información. Ello es también importante para los medios de comunicación que deben poder informar a los ciudadanos de los proyectos, procedimientos y actividades de los sujetos del sector público.

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Otras noticias relacionadas:
ABC, 29/08/10
El Imparcial, 23/08/10, artículo de Jose Eugenio Soriano García
El Mundo, 16/08/10

Ni democracia ni dictadura interna

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO

La única certeza que tenemos ante el futuro es que casi nunca sucede lo que se ha previsto, o cómo se ha previsto. Afirmación que sirve también respecto a los pronósticos en unas eventuales elecciones, aunque en este caso las encuestas sirven para desbrozar algo la maleza que oculta el horizonte del resultado final.

Sea lo que fuere, he utilizado el adverbio casi porque a veces sí que ocurre lo que se ha previsto, incluidas algunas elecciones futuras, como parece ser el caso de las autonómicas de Madrid, que se celebrarán en la próxima primavera. Por supuesto, insisto en que el futuro no está escrito, pero nadie duda de que Esperanza Aguirre volverá a obtener por tercera vez la mayoría absoluta. Y, sin embargo, en las primeras elecciones autonómicas a que se presentó, el 25 de mayo de 2003, a pesar de haber obtenido el mayor número de votos, estuvo a punto de no alcanzar el Gobierno, porque el PSOE e IU tenían mayor número de diputados. Sin embargo, los famosos tránsfugas Tamayo and company impidieron el gobierno de izquierdas, al traicionar al PSOE.

Pero como esa corrupción permitida podía empañar el nuevo Gobierno del PP, Aguirre fue partidaria de que se repitiesen las elecciones el 26 de octubre del mismo año, en las que obtuvo ya, sin malentendidos, una clara victoria absoluta, que repitió en las elecciones del 27 de mayo de 2007, y que casi con toda seguridad volverá a repetir en las próximas. Ahora bien, la cuestión que se plantea aquí es la de saber si el ejemplo que ofreció José María Aznar, al renunciar a presentarse a un tercer mandato, fue como una golondrina que no hacía verano o, por el contrario, el PP acabará implantando algún día la saludable idea de que no se deberían permitir más de dos mandatos de cuatro años en todos los cargos.

Si fuese así se abriría una posibilidad para el candidato o candidata del PSOE, ante otro político del PP, puesto que de volverse a presentar Esperanza Aguirre no existirá ninguna posibilidad en absoluto. Los sondeos nos confirman una y otra vez que la actual presidenta goza de una enorme popularidad en la Comunidad de Madrid y mientras no la pierda es una candidata imbatible. De ahí que resulte ridículo el actual sainete a que estamos asistiendo en este verano, en el que en vez de consagrarse el Gobierno a presentar un proyecto creíble para superar las crisis política y económica que aquejan a España, se dedique a buscar un aspirante que encabece la lista del PSOE en los próximos comicios autonómicos.

Ello sería comprensible si ese candidato fuese para ganar a Aguirre, pero como ésta parece seguro que se volverá a presentar, quien sea nombrado candidato será para perder y, por tanto, da igual que sea Juana que su hermana. Pero parece ser que el presidente Zapatero se aburre en Madrid con estos calores, y piensa que con Trinidad Jiménez, probable candidata, asistiríamos en mayo, como en aquella película, a un Duelo de titanes o, como diría la Ministra de Igualdad en su nuevo castellano, a un Duelo de titanas.

Lo que ha puesto de relieve el enfrentamiento entre Zapatero y Tomás Gómez es que en el PSOE actual ni existe democracia interna, como establece la Constitución en su artículo 6º, ni tampoco se rige por una dictadura interna, según la cual los candidatos y su colocación en las listas los señala el líder y su camarilla, en función de sus apetencias y lealtades. Zapatero había acumulado en su doble presidencia, la del partido y la del Gobierno, un poder inmenso que muy pocos se atrevían a discutir. Pero los días de vino y rosas han pasado ya, y un candidato tan opaco y acomodaticio como Gómez se le ha subido a las barbas y se ha negado a dejar su puesto de número uno en la lista a la actual ministra de Sanidad. La consecuencia es que si falla la dictadura interna se recurre a la democracia interna y, por consiguiente, se van a convocar primarias para dilucidar quien será el que pierda las elecciones frente a Esperanza.

Lo curioso del caso es que Trinidad Jiménez, que es una persona sensata y razonable, no aprende, pues vuelve a repetir el suicidio político que ya perpetró en 2003, cuando quiso medir sus fuerzas con un candidato tan discutible como Ruiz-Gallardón para la alcaldía de Madrid. Ahora, sin embargo, lo tiene mucho peor, porque la presidenta de la Comunidad es una candidata mucho más sólida que el actual alcalde, y ya se sabe aquello que dijo Cicerón: «Humano es errar, pero sólo los necios perseveran en el error». Es más: semejante aberración podría entenderse si el presidente del Gobierno hubiese aconsejado a su ministra de Sanidad que se inmolase en razón de una militancia dura en tiempos de crisis. Pero si nos atenemos a lo que ha dicho la interesada, ha sido ella solita la que ha decidido dejar el sillón de ministra que, por cierto, debería abandonar ya para no utilizar el poder de su puesto en beneficio propio, y competir así en igualdad de condiciones con su rival Tomás Gómez, a quien sin embargo parece que le apoyan la mayoría de los militantes del PSM. Veremos cómo acaba el vodevil estival.

Pero pasando de la anécdota a la categoría, deberíamos aprovechar esta ocasión para insistir una vez más en que en España no hay ningún partido que internamente sea democrático, como obliga el artículo citado de la Constitución, y que por tanto ha llegado la hora de que los dos grandes partidos nacionales, como mínimo, se pongan de acuerdo para solucionar de una vez por todas la forma antidemocrática de nombrar a los candidatos en las elecciones, sobre todo en las elecciones en que rige la representación proporcional y son necesarias las listas, pues en la política, como ocurre en las matemáticas con los números, el orden de colocación es esencial. Con todo, el problema caciquil de los partidos existe incluso en el Senado, en donde el sistema mayoritario basado en listas abiertas y desbloqueadas no impidió que Ruiz-Gallardón, cuando se presentaba a estas elecciones, exigiese a su partido que no hubiese ningún candidato que por orden alfabético fuese antes que él en las listas. Entonces sólo podían ser senadores, además de él, aquellos cuyo apellido comenzase por S,T, U, V, W, X, Y y Z.

En consecuencia, el método más democrático que existe hasta ahora es el de las primarias, que el PSOE ya ha ensayado alguna vez y el PP no. Las variantes son numerosas, pero se trata en cualquier caso de que sean los militantes de cada municipio o comunidad autónoma los que elijan a los candidatos para las elecciones de estos dos niveles, pues en el caso de elecciones generales el planteamiento podría ser distinto. La justificación de esta necesidad es muy simple, pues aparte de lo que dice la Constitución, si los ciudadanos pagamos en parte a los partidos políticos, deberíamos exigir, mediante la reforma de las Leyes Orgánicas de los Partidos Políticos y de la Financiación de los mismos, que, como ha sostenido el director de EL MUNDO, no se concediese ninguna subvención a los partidos que no demostrasen una democracia interna innegable. Pero sobre esto habrá que volver.

Lo más probable, en suma, es que Trinidad Jiménez gane las primarias a Tomás Gómez, víctima en ese caso de un caciquismo expansivo, y que, más tarde, Esperanza Aguirre revalide su mayoría absoluta, porque el único que la podía haber ganado, según ha confesado él mismo que le reconoció ésta, fue Gregorio Peces- Barba en 2003. Pero ni se presentó entonces, ni se presentará ahora, por lo que mi brillante ex alumna puede estar tranquila…

Otros artículos relacionados:

La calidad de la vida democrática, por Enrique Gil Calvo, El País, 07/08/2010

La alcaldesa habla sobre el PGOU

«Si se siguen retrasando las infraestructuras podemos perder 15 años en la vida de Cádiz»

La alcaldesa Teófila Martínez destaca que el nuevo Plan está dirigido a los jóvenes y recoge las principales aspiraciones de la capital.

Con ilusión en los ojos, con seguridad en sus palabras y con el respaldo de los concejales de mayor peso en el equipo de Gobierno, presentó ayer la alcaldesa Teófila Martínez a los medios de comunicación el documento que determinará la transformación de la ciudad de cara a los próximos quince años. La envergadura de la cita hizo que el acto saliera de la Casa Consistorial para tener como escenario el Hotel Senator y el distendido ambiente de un desayuno.
Martínez llegó pronto, tan sólo con un pesado maletín donde se encontraban algunas de las anotaciones de todos estos meses de trabajo y que, poco a poco iría desvelando en más de una hora de intensa explicación. A juicio de la edil: «El plan está elaborado para mejorar la calidad de vida, sobre todo, de los jóvenes» y destacó el carácter «participativo» del documento, «donde se da respuesta a la mayoría de las aspiraciones de la ciudad, como el carril-bici, la multiusos, las instalaciones deportivas, el poder vivir en Cádiz o las relacionadas con el turismo o el comercio».

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Noticia en prensa

La Asociación Cádiz Siglo XXI nace por los intereses de los ciudadanos

La iniciativa está comandada por Ignacio Moreno Aparicio y tiene a la Bahía en mente.

Diario de Cádiz/ Redacción / Cádiz Actualizado 21.05.2010 - 01:00

Un grupo de ciudadanos se ha unido y ha formado la Asociación Cádiz Siglo XXI-En defensa de los intereses de la Bahía porque considera que eso no es lo que hacen "los políticos que nos gobiernan".En un comunicado, los miembros de esta entidad aseguran que "los enfrentamientos permanentes" entre los principales partidos políticos que dirigen las administraciones públicas más cercanas "hace que nos asociemos en defensa de los intereses ciudadanos por encima de los de partido, que es lo que actualmente ocurre".Cádiz Siglo XXI nace con la finalidad y el propósito "de generar una conciencia ciudadana activa que prevalezca sobre enfrentamientos partidistas y posiciones antagónicas, de hacer crítica constructiva ante acciones u omisiones perjudiciales para todos nosotros y favorecer y apoyar el consenso entre nuestras administraciones ante los importantes retos en los que se vea Cádiz y su Bahía".La junta directiva de esta asociación está formada por un equipo ejecutivo formado por tres personas: Ignacio Moreno Aparicio, como presidente; Carlos Morillo Otero, como secretario; y José Manuel Hesle, como vocal.Entre otros fines esta asociación buscará también la defensa y el apoyo para que la actual Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz se transforme en un área metropolitana "con todas sus consecuencias jurídicas, políticas y sociales".Uno de los mandamientos más curiosos es el de transformar el lema de "Cádiz, la ciudad que sonríe" a la ciudad de la cultura, de los emprendedores e innovadores, del comercio y el turismo.Esta sociedad ha elaborado 18 puntos en los que muestra sus intenciones de trabajo en el futuro.