Por Manuel Bustos
Publicado en Diario de Cádiz (22/06/2011)
ESTAMOS al cabo de un tiempo político: la época Zapatero parece tornar a su fin. Quiero creer que quienes se acerquen a ella con objetividad, sin resabios ideológicos, concordarán en que es una de las peores, si no la peor, que hemos conocido desde hace décadas. La crisis económica generalizada no basta por sí misma para justificar tanta herida, tanta inutilidad e impericia, tantas contradicciones como se han prodigado. Ciertamente, ha sido necesario el crecimiento acelerado del paro para que muchos hayan reaccionado ante lo que ya se veía con claridad en la primera legislatura. No pasará esta época a los anales del buen gobierno.
La tarea que ahora se presenta es ardua; los temas pendientes de calado, capaces de poner a prueba a quien haya de gobernar en los próximos años. Habrá que tomar medidas duras, tener coraje y prudencia a la vez, rectificar tanta medida errada como se ha adoptado.
El consenso entre los grandes partidos nacionales no parece posible y eso agrava el problema, pues las necesarias reformas deberá afrontarlas uno sólo, tal vez con algunas ayudas puntuales. Sabemos que la mayoría de las formaciones que pudieran actuar como bisagra no persiguen el bien común de la nación española, sino utilizarla para sus intereses nacionalistas y/o independentistas. Me atrevo, brevemente, a sugerir las labores más urgentes.
Parece ineludible reconsiderar el Estado de las autonomías. Ello exige establecer pronto un techo, una delimitación clara entre el poder central y los autonómicos, acabar con tantas desigualdades, duplicidad de funciones y gastos innecesarios. Pero, tal y como se presenta ya a estas alturas la cohesión nacional, creo que sería preciso cambiar de estrategia. Se ha perdido un tiempo precioso. Nadie está obligado a ser español; si se elige continuar vinculado a una historia compartida y a una empresa común, como parece sensato, el poder de las "nacionalidades" no puede crecer hasta el infinito y los líderes de las mismas deberán renunciar, de una vez por todas, a las amenazas independentistas. De lo contrario, si quieren la secesión, convendría preparar con tiempo la posibilidad de un referéndum para ellas con todas las consecuencias, pues es preciso acabar, definitivamente, con ese pago entre todos, bajo amenaza, de la independencia gradual de algunos. O el buscar mayorías a precio de oro.
La Justicia es hoy un horror para muchos españoles, siendo como es uno de los pilares del Estado de derecho. Tres son, en mi opinión, los ejes sobre los que habrá de remodelarse: despolitización, rapidez y agilidad en sus procedimientos y una mayor "justicia" de la Justicia. Cámbiense las leyes, si es preciso, para que el delincuente y el agresor no sean los inocentes y el inocente agresor.
La educación exige también una mejora notable. Su triste realidad lo está pidiendo a voces. Vea el lector los datos al respecto. A mi juicio, la reforma debe basarse en unos pocos principios básicos: mayor nivel en la calidad de los estudios, fortalecimiento de la autoridad del profesor, reconocimiento del mérito y esfuerzo de los alumnos, y libre elección de los padres acerca del tipo de enseñanza y educación moral que desean para sus hijos.
La crisis económica ha sido la traca final de la deteriorada situación actual. Asistimos a un incremento inusitado del paro, jóvenes que emigran en busca de trabajo, situaciones familiares dramáticas, aunque sea precisamente la familia, tan injustamente atacada, quien esté actuando como amortiguador. Serán precisas reformas profundas y, con probabilidad, costosas. No obstante, son convenientes dos cosas: ir a las raíces del problema, que no es solamente económico, y que la crisis no descargue su peso sobre los más débiles.
Las movilizaciones más importantes han sido, en el periodo que acaba, por asuntos varios de honda carga moral, referidos a la negociación con el terrorismo al margen de la legalidad, la "ingeniería social", urdida desde arriba, frente a la defensa de la vida y de la familia, y contra la utilización del poder político para obtener prebendas, influencia o enriquecerse. Pienso que algún tipo de consideración, y rectificación, merecerían estos temas por parte de quienes gobiernen.
Quedan en el tintero otras iniciativas necesarias, difíciles de impulsar desde los propios partidos y sindicatos. Por ejemplo, las de su propia reforma o la de la ley electoral. En consecuencia, hay que fortalecer la movilización, ya iniciada, de la ciudadanía y su maduración, aunque sepamos, desgraciadamente, que los españolitos no estamos para grandes ideales ni arriesgados compromisos. Mientras no nos falte la "Champion" y la Liga, las salidas de copas, los fines de semana de campo y playa, los "puentes" y el libro de autoayuda, la necesaria presión para los cambios seguirá estando comprometida.
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jueves, 23 de junio de 2011
viernes, 17 de junio de 2011
Indignados que nos indignan y teoría de la conspiración bis
Por Antonio Casado
Publicado en El Confidencial (17/06/2011)
Sin violencia, sin coaccionar a los diputados, sin impedirles celebrar la sesión de investidura. Tarjetas rojas contra los políticos corruptos y pancartas contra los recortes que sólo afectan a los más débiles. Eso ocurrió ayer frente al Parlamento valenciano donde Francisco Camps fue investido de nuevo como presidente del ejecutivo regional.
Peor le fue al Príncipe de Asturias, don Felipe, en la Universidad Autónoma de Madrid, donde fue recibido por una bandera republicana y ruidosamente abucheado por apenas una treintena de estudiantes. Sonrió, saludó, fuese y no hubo nada. Ni la Casa Real ni el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que le acompañaba, y también tuvo que oír lo suyo como gobernante, se han puesto estupendos para dar lecciones de buena conducta a nadie.
Con la perspectiva de las 48 horas transcurridas desde los sucesos de Barcelona y la acumulación de testimonios de condena, se entenderá ya que no se puede generalizar ni construir un discurso denigratorio contra el movimiento del 15-M a partir de acciones puntuales y minoritarias que dañan su imagen y nadie aplaude. No ocurre todos los días y tampoco es tan malo que de vez en cuando a esos señores diputados que se les llena la boca hablando de democracia sientan que no todo es tan apacible como el trabajo en un confortable despacho costeado por los contribuyentes. Si es triste tener que llegar al Parlamento en helicóptero por culpa de unos alborotadores, bastante más triste es hacer cola en un comedor social, perder una vivienda por impago de la hipoteca o viajar hacinado en el metro de Madrid en hora punta.
No saquemos las cosas de quicio. La democracia no se conquista a empujones. Cierto. Pero tampoco se conquista metiendo la mano en la caja común. Los ni-nis del 15-M (ni PSOE ni PP) no son los únicos que pisan las rayas rojas. ¿Vamos a seguir creyendo que llevan en sus mochilas los planos de una conspiración contra la democracia, amparada en la dejación de funciones del ministro del Interior? Es la más tóxica de las hipótesis. Otras son igual de inverosímiles pero más maliciosas. Sugieren una conspiración de cercanías cuyo autor intelectual, o genio tenebroso, no estaría en desiertos lejanos ni en remotas montañas. El objetivo: impedir el retorno del PP al poder, del mismo modo que el 11-M (el jueves de sangre de 2004) se montó para quitárselo. Un colega, Arcadi Espada, ha sentenciado que el 15-M es la única esperanza de remontada electoral que les queda a los socialistas. Aunque el diagnóstico está bien traído sopla a favor de quienes se preguntan a todas horas por qué los indignados no bloquean la Moncloa o se manifiestan ante la sede del PSOE.
La mayoría de colectivos implicados en el movimiento del 15-M han condenado en todos los idiomas el uso de la coacción y la violencia contra los diputados catalanes. La Fiscalía ya ha abierto diligencias contra los detenidos de ayer en Barcelona a la luz del Código Penal (artículos 494 y 498). El ministro Rubalcaba ya ha dicho que no le temblará el pulso con los violentos y será prudente con los pacíficos. El padrino intelectual del movimiento “Indignaos”, Stephane Hessel, condena los sucesos de Barcelona y los califica de “intolerables”, sin dejar de ensalzar a quienes han pasado “de la indiferencia al compromiso” ante una “economía deshumanizada” y “los déficits democráticos de nuestras sociedades”.
Insisto en que las cuadernas del sistema democrático no se van a resentir porque un puñado de muchachos, aunque algunos lo hagan con violencia reprobable, llamen corruptos en plena calle a los políticos, aunque haya bastantes que no lo son.
Publicado en El Confidencial (17/06/2011)
Sin violencia, sin coaccionar a los diputados, sin impedirles celebrar la sesión de investidura. Tarjetas rojas contra los políticos corruptos y pancartas contra los recortes que sólo afectan a los más débiles. Eso ocurrió ayer frente al Parlamento valenciano donde Francisco Camps fue investido de nuevo como presidente del ejecutivo regional.
Peor le fue al Príncipe de Asturias, don Felipe, en la Universidad Autónoma de Madrid, donde fue recibido por una bandera republicana y ruidosamente abucheado por apenas una treintena de estudiantes. Sonrió, saludó, fuese y no hubo nada. Ni la Casa Real ni el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que le acompañaba, y también tuvo que oír lo suyo como gobernante, se han puesto estupendos para dar lecciones de buena conducta a nadie.
Con la perspectiva de las 48 horas transcurridas desde los sucesos de Barcelona y la acumulación de testimonios de condena, se entenderá ya que no se puede generalizar ni construir un discurso denigratorio contra el movimiento del 15-M a partir de acciones puntuales y minoritarias que dañan su imagen y nadie aplaude. No ocurre todos los días y tampoco es tan malo que de vez en cuando a esos señores diputados que se les llena la boca hablando de democracia sientan que no todo es tan apacible como el trabajo en un confortable despacho costeado por los contribuyentes. Si es triste tener que llegar al Parlamento en helicóptero por culpa de unos alborotadores, bastante más triste es hacer cola en un comedor social, perder una vivienda por impago de la hipoteca o viajar hacinado en el metro de Madrid en hora punta.
No saquemos las cosas de quicio. La democracia no se conquista a empujones. Cierto. Pero tampoco se conquista metiendo la mano en la caja común. Los ni-nis del 15-M (ni PSOE ni PP) no son los únicos que pisan las rayas rojas. ¿Vamos a seguir creyendo que llevan en sus mochilas los planos de una conspiración contra la democracia, amparada en la dejación de funciones del ministro del Interior? Es la más tóxica de las hipótesis. Otras son igual de inverosímiles pero más maliciosas. Sugieren una conspiración de cercanías cuyo autor intelectual, o genio tenebroso, no estaría en desiertos lejanos ni en remotas montañas. El objetivo: impedir el retorno del PP al poder, del mismo modo que el 11-M (el jueves de sangre de 2004) se montó para quitárselo. Un colega, Arcadi Espada, ha sentenciado que el 15-M es la única esperanza de remontada electoral que les queda a los socialistas. Aunque el diagnóstico está bien traído sopla a favor de quienes se preguntan a todas horas por qué los indignados no bloquean la Moncloa o se manifiestan ante la sede del PSOE.
La mayoría de colectivos implicados en el movimiento del 15-M han condenado en todos los idiomas el uso de la coacción y la violencia contra los diputados catalanes. La Fiscalía ya ha abierto diligencias contra los detenidos de ayer en Barcelona a la luz del Código Penal (artículos 494 y 498). El ministro Rubalcaba ya ha dicho que no le temblará el pulso con los violentos y será prudente con los pacíficos. El padrino intelectual del movimiento “Indignaos”, Stephane Hessel, condena los sucesos de Barcelona y los califica de “intolerables”, sin dejar de ensalzar a quienes han pasado “de la indiferencia al compromiso” ante una “economía deshumanizada” y “los déficits democráticos de nuestras sociedades”.
Insisto en que las cuadernas del sistema democrático no se van a resentir porque un puñado de muchachos, aunque algunos lo hagan con violencia reprobable, llamen corruptos en plena calle a los políticos, aunque haya bastantes que no lo son.
lunes, 18 de abril de 2011
Un plan indecente nunca desautorizado por Rajoy
Por Antonio Casado
Publicado en El Confidencial (18/04/2011)
Cuatro cúpulas de ETA reventadas, 430 detenciones y la mayoría de los presos, favorable al abandono de las armas, mientras en la banda terrorista reina una situación de “inseguridad, confusión y vacío de poder”, según un informe policial desvelado ayer por el diario El País. Es el balance de la política antiterrorista del Gobierno de la Nación desde que las esperanzas de un final dialogado quedaron enterradas bajo los escombros de la T-4. Son elementos de prueba suficientes para cargar de razón y saludar las palabras del presidente, Rodríguez Zapatero, y del lehendakari, Patxi López, ayer en Durango, dando a ETA por “derrotada y a punto de desaparecer”.
No parecen las señales propias de una complicidad tóxica entre el PSOE gobernante y el grupo de criminales que nos ha amargado la vida durante los últimos cuarenta años. Da igual. Desde el lado derecho de la barricada política se siguen venteando maldades en ese sentido. O alentando manifestaciones de advertencia a Zapatero y Rubalcaba para que no se les ocurra hacerle favores a la banda terrorista, dados sus antecedentes negociadores con la cúpula de ETA.
Es como si desde el lado izquierdo de la barricada se convocasen manifestaciones de advertencia para que al PP no se le ocurra poner en marcha la recuperación del Franquismo en base a los antecedentes franquistas de algunos de sus dirigentes, empezando por el fundador, don Manuel Fraga. Qué barbaridad, dirán ustedes. Con razón. Pero no es mayor barbaridad que referirse al ministro del Interior como colaborador de banda terrorista o al presidente del Gobierno como un cómplice de Eta.
Sin embargo, véase como hay sectores mediáticos dispuestos a venderlo y sectores sociales dispuestos a comprarlo. También los habría por el lado de la izquierda si a este lado de la barricada se alcanzase un nivel similar de indecencia. No es el caso. Dicho sea lo uno y lo otro sin ánimo de generalizar porque gente decente la hay en las dos partes, pero creo que se me entiende.
Cospedal, Pons, Mayor Oreja, Trillo, saben perfectamente que este Gobierno está seriamente comprometido en la tarea de echar a ETA de nuestras vidas. También saben que ponerlo en duda tiene relevancia política y electoral. Tanta como desde el otro lado le otorgan a la posibilidad de que, como dice Zapatero, Patxi López se convirtiese en el “lehendakari de la paz” o Rubalcaba en el ministro del Interior que puso a ETA contra las cuerdas. Ahí está la caja negra de esa operación, a mi juicio indecente, encabezada por el ex ministro Mayor Oreja y nunca expresamente desautorizada por Mariano Rajoy.
La operación consiste en impedir que un eventual fin de ETA quedase asociado a la gestión de un Gobierno del PSOE. Y no importa que para conseguirlo se tome la palabra de ETA como verdad revelada o se asimilen decisiones judiciales a la voluntad del Gobierno, si la palabra de ETA o dichas decisiones no favorecen los planes de esa derecha que aún lleva luto por la derrota del 14-M- No hay más que echar un vistazo a las últimas declaraciones del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, capaz de sostener que Gadafi es de mejor condición que Sadan Husein, o que los acreedores van a castigar a la economía española. Sólo por situarse al lado contrario de su sucesor en Moncloa, al margen de que eso coincida o no con los intereses generales o con la defensa de la imagen de España en el exterior.
Publicado en El Confidencial (18/04/2011)
Cuatro cúpulas de ETA reventadas, 430 detenciones y la mayoría de los presos, favorable al abandono de las armas, mientras en la banda terrorista reina una situación de “inseguridad, confusión y vacío de poder”, según un informe policial desvelado ayer por el diario El País. Es el balance de la política antiterrorista del Gobierno de la Nación desde que las esperanzas de un final dialogado quedaron enterradas bajo los escombros de la T-4. Son elementos de prueba suficientes para cargar de razón y saludar las palabras del presidente, Rodríguez Zapatero, y del lehendakari, Patxi López, ayer en Durango, dando a ETA por “derrotada y a punto de desaparecer”.
No parecen las señales propias de una complicidad tóxica entre el PSOE gobernante y el grupo de criminales que nos ha amargado la vida durante los últimos cuarenta años. Da igual. Desde el lado derecho de la barricada política se siguen venteando maldades en ese sentido. O alentando manifestaciones de advertencia a Zapatero y Rubalcaba para que no se les ocurra hacerle favores a la banda terrorista, dados sus antecedentes negociadores con la cúpula de ETA.
Es como si desde el lado izquierdo de la barricada se convocasen manifestaciones de advertencia para que al PP no se le ocurra poner en marcha la recuperación del Franquismo en base a los antecedentes franquistas de algunos de sus dirigentes, empezando por el fundador, don Manuel Fraga. Qué barbaridad, dirán ustedes. Con razón. Pero no es mayor barbaridad que referirse al ministro del Interior como colaborador de banda terrorista o al presidente del Gobierno como un cómplice de Eta.
Sin embargo, véase como hay sectores mediáticos dispuestos a venderlo y sectores sociales dispuestos a comprarlo. También los habría por el lado de la izquierda si a este lado de la barricada se alcanzase un nivel similar de indecencia. No es el caso. Dicho sea lo uno y lo otro sin ánimo de generalizar porque gente decente la hay en las dos partes, pero creo que se me entiende.
Cospedal, Pons, Mayor Oreja, Trillo, saben perfectamente que este Gobierno está seriamente comprometido en la tarea de echar a ETA de nuestras vidas. También saben que ponerlo en duda tiene relevancia política y electoral. Tanta como desde el otro lado le otorgan a la posibilidad de que, como dice Zapatero, Patxi López se convirtiese en el “lehendakari de la paz” o Rubalcaba en el ministro del Interior que puso a ETA contra las cuerdas. Ahí está la caja negra de esa operación, a mi juicio indecente, encabezada por el ex ministro Mayor Oreja y nunca expresamente desautorizada por Mariano Rajoy.
La operación consiste en impedir que un eventual fin de ETA quedase asociado a la gestión de un Gobierno del PSOE. Y no importa que para conseguirlo se tome la palabra de ETA como verdad revelada o se asimilen decisiones judiciales a la voluntad del Gobierno, si la palabra de ETA o dichas decisiones no favorecen los planes de esa derecha que aún lleva luto por la derrota del 14-M- No hay más que echar un vistazo a las últimas declaraciones del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, capaz de sostener que Gadafi es de mejor condición que Sadan Husein, o que los acreedores van a castigar a la economía española. Sólo por situarse al lado contrario de su sucesor en Moncloa, al margen de que eso coincida o no con los intereses generales o con la defensa de la imagen de España en el exterior.
martes, 29 de marzo de 2011
El paripé de Moncloa y el caramelo envenenado de Botín a ZP
Por Alberto Artero Publicado en Cotizalia (28/03/2011) Puede que sea un tipo algo rarito pero he de confesar que estas reuniones entre el Gobierno y directivos de las mayores empresas de este país me parecen no sólo un ejercicio fútil de vanidad colectiva sino una pérdida absoluta y miserable de tiempo. Ni ayudan a la imagen de España en el exterior, donde se entiende mal esta connivencia entre sector público y privado, ni marcan una agenda que permita augurar un cambio de ritmo en la política económica o social nacional. Así: 1-. El Ejecutivo seguirá dando prioridad táctica a su agenda política de acuerdo, no con la opinión de estos señores, sino con el ritmo que marque el marcapasos del diferencial de nuestra deuda con la alemana que no solo depende de factores directamente controlables por nuestros gobernantes. Zapatero lo pudo decir más alto pero no más claro, para asombro de alguno de los presentes que debió pensar que qué pintaba él ahí: mandan los mercados, no vosotros. Por fin se ha caído del guindo. 2-. Las compañías asistentes, por su parte, intentarán como hasta ahora maximizar su beneficio, lo que pasa necesariamente, para buena parte de ellas, por reducir el peso del negocio español en su cuenta de resultados en busca de nuevas oportunidades más allá de nuestras fronteras. Hasta ahora no les ha ido mal. Lo cual lleva inevitablemente a la cuestión de dónde estaban los representantes los que más sufren con la crisis, aquellos que son parte sustancial del tejido industrial y de servicios de España y, por tanto, de los que depende la creación final de empleo: las pymes, la empresa familiar o los autónomos. Ah, que no dan el perfil. Vaya. Más. Cualquiera con dos dedos de cabeza sabe lo productiva que puede ser juntar en una sala a 45 interlocutores distintos, cada uno de los cuales con un libro particular y diferente del que hablar bajo el brazo. Y lo que se ha filtrado de la reunión pone de manifiesto que se trató de un paripé sin pies ni cabeza de finalidad difusa, desarrollo extraño, conclusión incierta y proyección perversa. Una joyita, vaya. El intento por parte del Gobierno de convertirlo en estructural por la vía de la recurrencia da casi miedo. 1-. La convocatoria formal giraba alrededor de la nueva batería de reformas que el Ejecutivo había presentado el día anterior al resto de los socios comunitarios al objeto de cumplir con el calendario de ajuste con ellos acordado. Como iniciativa estrella, la regularización laboral del empleo sumergido. Pues bien, de todas las declaraciones de unos y otros filtradas a la prensa, ni una sola palabra sobre el particular. ¿Entonces? Finalidad difusa. 2-. Se trató más bien de una serie de intervenciones inconexas en las que cada uno de los intervinientes fue arrimando el ascua a su sardina: energía, turismo, infraestructuras... Si es cierto eso que cuentan los medios de los Vicepresidentes, tan aplicados ellos, tomando notas mientras los directivos -que no empresarios en la mayoría de los casos- hablaban, es de escopeta nacional. Como si la piedra filosofal se escondiera en el discurso de cinco minutos de cada uno de estos prohombres. De verdad. Desarrollo extraño. 3-. Y ahora, ¿qué? Estaría bien que tanto unos como otros hicieran el favor de responder a esta pregunta. ¿Cuál es la utilidad de esto? Si se trata de recabar opiniones, por qué no se hace individualmente, sin luces y cámaras de por medio. Si se les considera las voces más autorizadas de sus respectivos sectores, por qué no trabajar en equipo con cada uno de ellos de forma separada. No sabe, no contesta. Ni un manifiesto conjunto, ni un documento conclusivo. Una foto para el recuerdo parece ser la única conclusión cierta. Mucho ruido y pocas nueces. La irresistible seducción de la imagen. Mención aparte merece la utilización política que se ha hecho del encuentro, su perversa proyección que pone de manifiesto qué era para el Ejecutivo lo verdaderamente importante de la reunión: reforzar el papel de un Presidente en horas bajas y mandar un recado a aquellos que piensan que la suerte está echada. Lo sorprendente es que haya sido Botín el adalid de esta causa perdida. Aunque ZP saboree su apoyo como el mejor de los manjares, su defensa por parte del banquero es caramelo envenenado. Le está pidiendo que se inmole, no que se salve. No hay nada que hacer, sacrifícate. Ahí te las den todas.Todos los que estamos aquí sabemos que España contigo no va a ninguna parte. Pero cambios electorales en Grecia, Irlanda y ¿Portugal? precedieron a sus intervenciones. Cómete el marrón y deja esto todo lo limpio que puedas. No querrás pero te van a obligar los de siempre, esos a los que acabas de apelar, los mercados. Y cuando llegue otro, que todo pinta que llegará, que se encuentre cuanto menos polvo mejor debajo de la alfombra. Será la hora del despegue. Visto así, va a ser qué le importa España. A años luz de su banco, eso sí. Buena semana a todos.
martes, 1 de marzo de 2011
La España disparatada
Por Jose Luis González de Quirós
Publicado en El Confidencial (01/03/2011)
Al menos desde el Goya de los sueños de la razón existe una tradición crítica que subraya la condición disparatada de buen número de fenómenos típicos de la vida española. Tengo para mí que la razón es que España, como Italia, y a pesar de todos los pesares, es un viejo país que las ha visto de todos los colores y que está sobradamente curado de espanto como para pretender que nuestros males se arreglen conforme a alguna especie de canon.
De este modo, parece que preferimos que las cosas sigan como están, por absurdas que sean, porque nunca se sabe qué ocurriría si tratásemos de conducirlas al redil de lo razonable. No en vano, uno de nuestros héroes literarios es un loco ilustre y risible que siempre acaba peor parado que el prudente Sancho, alguien que jamás se metería donde no le llamaran y que, además, cuando lo hace, en la Ínsula Barataria, queda curado para siempre de cualquier ambición, de la menor tentación de inmiscuirse en lo que no le importa. Lo que me parece más sorprendente es que los años de democracia no hayan mejorado apenas este aspecto de nuestra vida colectiva, de manera que seguimos tolerando disparates con tanta resignación y mansedumbre como en los mejores tiempos, como si los costos del disparate los pagase el Rey o alguien tan exento de responsabilidades como el monarca. Nos limitamos a ser, tras treinta años de democracia formal, disciplinados espectadores de lo que otros decidan y apenas se nos alcanza que tengamos alguna vela en este entierro.
Decía Azaña que, entre españoles, la mejor manera de ocultar cualquier cosa era escribirla en un libro, pero ahora podrían ponerse ejemplos todavía más sabrosos. A propósito del 23-F, el Rey, sin ir más lejos, ha declarado públicamente con apenas semanas de intervalo que él todavía no sabe lo qué pasó, para afirmar luego que ya se sabe todo y que lo que no se sabe se inventa. Es obvio que Don Juan Carlos no trataba de sentar plaza de historiador, pero no deja de ser estupefaciente que dos afirmaciones como esas puedan hacerse de manera tan seguida, tal vez dependiendo del auditorio. El caso es que los españoles seguimos sin prestarle gran atención a las ideas, a esos asuntos de que se ocupan gentes generalmente ridículas y de aspecto miserable. Nosotros al negocio, que es lo nuestro.
Para que no se crea que hablo a humo de pajas me limitaré a proponer algunos ejemplos recientes, sacados de la prensa de esta semana, cosas que pasan y son absolutamente disparatadas pero a las que nadie parece prestar la menor atención. Según noticia de hoy mismo, los grandes directivos del Ibex se suben un 20% de media el sueldo, lo que es seguro que tendrá unos efectos muy positivos en una sociedad que se encuentra necesitada de noticias optimistas como la que acabo de recordarles, y a la espera de que en breve les ocurra lo propio. Imagino que muchos lectores estarán pensando que a qué me meto en lo que cada cual hace con su dinero, pero me parece que la cosa no es tan simple. El día que vea a Telefónica, a Telecinco, o a Iberdrola competir en un mercado verdaderamente libre, apenas tendré algo que decir, pero mientras sus actividades, sus tarifas, y sus suculentos beneficios, sigan dependiendo de favores y privilegios me parece que esa ostentación está ligeramente de más. Al tiempo, el Gobierno se pone ahorrativo y nos recorta diez kilometritos en la velocidad máxima, algo que a Zapatero le parece nimio, como le parecerá ocioso interesarse por el incremento de las retribuciones a los barandas de nuestras multinacionales.
Ayer también se supo qué va a pasar con los controladores, esos individuos que según Pepiño y Rubalcaba pusieron en riesgo al país y merecieron la declaración de un estado de alarma. Pues bien, el laudo les deja con unos 200.000 euros anuales, un salario digno, como se ve, mientras hay cirujanos, ingenieros, profesores o investigadores que apenas llegan a la centésima parte de ese sueldecito, para que no se niegue que estamos en una sociedad en la que, como dice la Constitución, se premia la competencia y el mérito.
Hay partidos que se dedican a proteger a sus corruptos para que no se piense mal del conjunto de los políticos, sindicatos que no reconocen los derechos laborales de sus contratados, subvenciones y premios a películas que nunca verá nadie, dinero a troche y moche para las cosas más absurdas y rescindibles mientras se estruja el bolsillo de los que trabajan por cuenta ajena, que son personas de bien y de natural solidario y que, además, no suelen caer en la cuenta de que esas chirigotas se pagan con sus dineros.
Hace poco hemos celebrado un episodio grotesco, el 23-F, como si se tratase de una gran hazaña, de un motivo de gloria, claro que Bono también quiso ponerse una medalla por lo rápidamente que había salido corriendo de Irak. Esta España del disparate debería desaparecer, pero los que podrían lograrlo prefieren seguir gozando del espectáculo, sin ahorrar gastos.
Publicado en El Confidencial (01/03/2011)
Al menos desde el Goya de los sueños de la razón existe una tradición crítica que subraya la condición disparatada de buen número de fenómenos típicos de la vida española. Tengo para mí que la razón es que España, como Italia, y a pesar de todos los pesares, es un viejo país que las ha visto de todos los colores y que está sobradamente curado de espanto como para pretender que nuestros males se arreglen conforme a alguna especie de canon.
De este modo, parece que preferimos que las cosas sigan como están, por absurdas que sean, porque nunca se sabe qué ocurriría si tratásemos de conducirlas al redil de lo razonable. No en vano, uno de nuestros héroes literarios es un loco ilustre y risible que siempre acaba peor parado que el prudente Sancho, alguien que jamás se metería donde no le llamaran y que, además, cuando lo hace, en la Ínsula Barataria, queda curado para siempre de cualquier ambición, de la menor tentación de inmiscuirse en lo que no le importa. Lo que me parece más sorprendente es que los años de democracia no hayan mejorado apenas este aspecto de nuestra vida colectiva, de manera que seguimos tolerando disparates con tanta resignación y mansedumbre como en los mejores tiempos, como si los costos del disparate los pagase el Rey o alguien tan exento de responsabilidades como el monarca. Nos limitamos a ser, tras treinta años de democracia formal, disciplinados espectadores de lo que otros decidan y apenas se nos alcanza que tengamos alguna vela en este entierro.
Decía Azaña que, entre españoles, la mejor manera de ocultar cualquier cosa era escribirla en un libro, pero ahora podrían ponerse ejemplos todavía más sabrosos. A propósito del 23-F, el Rey, sin ir más lejos, ha declarado públicamente con apenas semanas de intervalo que él todavía no sabe lo qué pasó, para afirmar luego que ya se sabe todo y que lo que no se sabe se inventa. Es obvio que Don Juan Carlos no trataba de sentar plaza de historiador, pero no deja de ser estupefaciente que dos afirmaciones como esas puedan hacerse de manera tan seguida, tal vez dependiendo del auditorio. El caso es que los españoles seguimos sin prestarle gran atención a las ideas, a esos asuntos de que se ocupan gentes generalmente ridículas y de aspecto miserable. Nosotros al negocio, que es lo nuestro.
Para que no se crea que hablo a humo de pajas me limitaré a proponer algunos ejemplos recientes, sacados de la prensa de esta semana, cosas que pasan y son absolutamente disparatadas pero a las que nadie parece prestar la menor atención. Según noticia de hoy mismo, los grandes directivos del Ibex se suben un 20% de media el sueldo, lo que es seguro que tendrá unos efectos muy positivos en una sociedad que se encuentra necesitada de noticias optimistas como la que acabo de recordarles, y a la espera de que en breve les ocurra lo propio. Imagino que muchos lectores estarán pensando que a qué me meto en lo que cada cual hace con su dinero, pero me parece que la cosa no es tan simple. El día que vea a Telefónica, a Telecinco, o a Iberdrola competir en un mercado verdaderamente libre, apenas tendré algo que decir, pero mientras sus actividades, sus tarifas, y sus suculentos beneficios, sigan dependiendo de favores y privilegios me parece que esa ostentación está ligeramente de más. Al tiempo, el Gobierno se pone ahorrativo y nos recorta diez kilometritos en la velocidad máxima, algo que a Zapatero le parece nimio, como le parecerá ocioso interesarse por el incremento de las retribuciones a los barandas de nuestras multinacionales.
Ayer también se supo qué va a pasar con los controladores, esos individuos que según Pepiño y Rubalcaba pusieron en riesgo al país y merecieron la declaración de un estado de alarma. Pues bien, el laudo les deja con unos 200.000 euros anuales, un salario digno, como se ve, mientras hay cirujanos, ingenieros, profesores o investigadores que apenas llegan a la centésima parte de ese sueldecito, para que no se niegue que estamos en una sociedad en la que, como dice la Constitución, se premia la competencia y el mérito.
Hay partidos que se dedican a proteger a sus corruptos para que no se piense mal del conjunto de los políticos, sindicatos que no reconocen los derechos laborales de sus contratados, subvenciones y premios a películas que nunca verá nadie, dinero a troche y moche para las cosas más absurdas y rescindibles mientras se estruja el bolsillo de los que trabajan por cuenta ajena, que son personas de bien y de natural solidario y que, además, no suelen caer en la cuenta de que esas chirigotas se pagan con sus dineros.
Hace poco hemos celebrado un episodio grotesco, el 23-F, como si se tratase de una gran hazaña, de un motivo de gloria, claro que Bono también quiso ponerse una medalla por lo rápidamente que había salido corriendo de Irak. Esta España del disparate debería desaparecer, pero los que podrían lograrlo prefieren seguir gozando del espectáculo, sin ahorrar gastos.
viernes, 4 de febrero de 2011
¿Como los Pactos de la Moncloa?
Por Felipe González, expresidente del Gobierno
Publicado en El País (03/02/2011)
Hace un par de años me hicieron una pregunta semejante. Entonces y ahora, creo que sigue faltando esa sensación de emergencia nacional, europea y global que tengo ante esta crisis, como parteaguas de la historia. Si esta sensación fuera compartida, los acuerdos que se acaban de firmar serían recibidos como parte de una necesidad ineludible para recuperar la posición de España en la nueva realidad global que afloró con fuerza la crisis y sus consecuencias. No son como los de La Moncloa, pero necesitamos estos acuerdos y algunos otros, tanto como aquellos, si no más.
Entonces nos jugábamos la supervivencia de la transición democrática, amenazada políticamente por la violencia del terror y por las tentaciones involucionistas. Los Pactos estabilizaron la economía y nos permitieron combatir la inflación desbocada, aunque quedara mucho para ver el inicio de la recuperación. Pero, sobre todo, lo que se instaló entre los protagonistas políticos, sociales y económicos, fue la necesidad del diálogo, la voluntad de acordar entre todos unas reglas de juego que se reflejaron más tarde en la primera Constitución, desde la de 1812, que nos permitió ordenar libre y pacíficamente la convivencia. Sus frutos trascendieron la frontera de lo económico y lo social.
Ahora, España tiene que cambiar, porque el mundo ha cambiado profundamente. De los cambios no depende la supervivencia de la democracia, aunque oigamos banalidades sobre la estructura del Estado Autonómico.
Pero, ahora, necesitamos respuestas a nuestra demografía, a nuestra pérdida de productividad y de competitividad para insertarnos en la economía global. Necesitamos mejorar nuestro capital humano para ser capaces de añadir valor. Necesitamos una política energética coherente. Necesitamos reformar y reestructurar nuestro sistema financiero. Necesitamos una justicia que funcione.
Y necesitamos que esas reformas tengan el apoyo decidido de grandes mayorías sociales. Por tanto, desde las pensiones a la negociación colectiva, pasando por la educación, la formación, una justicia eficiente y un sistema financiero reformado, España necesita consenso. Ya hemos perdido demasiado tiempo para enfrentar las reformas, ya no nos queda más. Así que bienvenidos los acuerdos, sin comparar con nada, sino con nuestras urgentes necesidades como país.
Publicado en El País (03/02/2011)
Hace un par de años me hicieron una pregunta semejante. Entonces y ahora, creo que sigue faltando esa sensación de emergencia nacional, europea y global que tengo ante esta crisis, como parteaguas de la historia. Si esta sensación fuera compartida, los acuerdos que se acaban de firmar serían recibidos como parte de una necesidad ineludible para recuperar la posición de España en la nueva realidad global que afloró con fuerza la crisis y sus consecuencias. No son como los de La Moncloa, pero necesitamos estos acuerdos y algunos otros, tanto como aquellos, si no más.
Entonces nos jugábamos la supervivencia de la transición democrática, amenazada políticamente por la violencia del terror y por las tentaciones involucionistas. Los Pactos estabilizaron la economía y nos permitieron combatir la inflación desbocada, aunque quedara mucho para ver el inicio de la recuperación. Pero, sobre todo, lo que se instaló entre los protagonistas políticos, sociales y económicos, fue la necesidad del diálogo, la voluntad de acordar entre todos unas reglas de juego que se reflejaron más tarde en la primera Constitución, desde la de 1812, que nos permitió ordenar libre y pacíficamente la convivencia. Sus frutos trascendieron la frontera de lo económico y lo social.
Ahora, España tiene que cambiar, porque el mundo ha cambiado profundamente. De los cambios no depende la supervivencia de la democracia, aunque oigamos banalidades sobre la estructura del Estado Autonómico.
Pero, ahora, necesitamos respuestas a nuestra demografía, a nuestra pérdida de productividad y de competitividad para insertarnos en la economía global. Necesitamos mejorar nuestro capital humano para ser capaces de añadir valor. Necesitamos una política energética coherente. Necesitamos reformar y reestructurar nuestro sistema financiero. Necesitamos una justicia que funcione.
Y necesitamos que esas reformas tengan el apoyo decidido de grandes mayorías sociales. Por tanto, desde las pensiones a la negociación colectiva, pasando por la educación, la formación, una justicia eficiente y un sistema financiero reformado, España necesita consenso. Ya hemos perdido demasiado tiempo para enfrentar las reformas, ya no nos queda más. Así que bienvenidos los acuerdos, sin comparar con nada, sino con nuestras urgentes necesidades como país.
lunes, 17 de enero de 2011
Salgado y el sonido del temporizador de una bomba
Por Roberto Centeno, en http://www.cotizalia.com/disparate-economico/salgado-sonido-temporizador-bomba-20110117-4706.html (17/01/2011)
En medio del espejismo de la pasada semana, consecuencia de la compra de bonos portugueses por el BCE y la posible ampliación, en 2013, del actual Fondo de Estabilidad Financiera, el Financial Times afirmaba que “los inversores ya escuchan el temporizador de una bomba en el sector financiero español”, debido a la incertidumbre que rodea todo lo referente al mismo, subrayando que los 100.000 millones del FROB para hacer frente al problema son “peligrosamente insuficientes”. El BdE evalúa en 181.000 millones los “activos problemáticos”, una cifra que no se sostiene: ¿O es que alguien puede creerse que la morosidad del “ladrillo” en los bancos es más del doble que en las cajas? ¿O que con un problema inmobiliario superior al de Irlanda solo un 1% del sistema ha quebrado?
Parafraseando a sir Winston Churchill, podríamos decir que “nunca tantos fueron engañados por tan pocos”. Porque lo cierto es que no tenemos ni idea de la dimensión real del problema, no tenemos ni idea de lo que nos están ocultando. Sólo sabemos que llevan mintiendo desde el principio y que en este engaño están todos de acuerdo: bancos, cajas, gobierno, oposición y Banco de España, cuya actuación pasará a la historia como la más negligente y nefasta de toda su larga trayectoria, aparte de gestionar las reservas, el oro y el dinero público, nuestro dinero, como si fuera estiércol. Ni siquiera sabemos la cantidad de dinero público despilfarrado en CCM, una cajita minúscula, ni las tropelías de los diversos culpables, ni el contenido del pacto de silencio entre PSOE-PP en este tema. Así las cosas, ¿cómo vamos a saber lo que esta pasando en el resto del sector que es cien veces mayor y ni siquiera está intervenido?
Eduardo Segovia adelantaba aquí la noticia de que al Gobierno, cediendo a las presiones de los grandes bancos, quiere acometer el saneamiento de las cajas inyectando hasta 80.000 millones de euros en forma de capital, lo que deja a la cúpula BdE como lo que es: un hatajo de irresponsables que, con una insensatez que causa escalofríos, sigue defendiendo los SIP, una chapuza que sólo ha servido para mantener a los responsables en sus poltronas con nuestro dinero, en lugar de procesarlos. Porque el problema no es sólo el riesgo inmobiliario, el problema es muchísimo mayor. ¿De dónde van a sacar el dinero para devolver o refinanciar los más de 700.000 millones de deuda, 190.000 de los cuales vencen en los próximos 24 meses? Y luego, ¿qué pasa con las ingentes cantidades de deuda soberana, autonómica y local, donde las pérdidas de valor pueden oscilar entre un 10-20% para bonos y obligaciones en deuda soberana, y el 50% como mínimo de la deuda autonómica y local, por más que el BdE les permita no incluir en sus balances este tipo de minusvalías?
Y por otro lado, ¿de dónde va a sacar el Estado 80.000 millones de euros adicionales, si ya no tiene para amortizar, emitir y avalar lo que toca en este año, más de 300.000 millones? Realmente siguen instalados en la ficción más absoluta, con “ilustres” personajes que denominan colchón de liquidez al dinero para cubrir el endeudamiento de dos semanas, o que afirman sin sonrojarse que la economía esta creciendo, cuando la perdida de poder adquisitivo de los salarios y la presión fiscal sobre las familias son las mayores en 50 años, o que dicen que el déficit se está ajustando, cuando seguimos gastando casi el doble de lo que ingresamos, o que aseguran que el robo del FROB está siendo un éxito, tampoco se puede pedir más.
Salgado niega todo
Pero el verdadero sonido del temporizador han sido las declaraciones de la Sra. Salgado a la CNBC, rechazando la posibilidad de que España pueda necesitar un rescate y defendiendo la solidez del sistema financiero del que, aseguró, ya no requiere de nuevas ayudas públicas. Es evidente que Zapatero, Salgado y demás hermanos mártires están convencidos que pueden engañar a los mercados con la misma facilidad que engañan a los españoles. Que pueden prometer reformas, rebajarlas a meras chapuzas y no pasa nada; que pueden seguir gastando por encima de lo que ingresan y con que el INE y el BdE hagan cuatro trampas con los números, los mercados se las tragan, y no pasa nada; que pueden seguir colocando deuda pagando tipos de interés que hacen imposible cualquier recuperación y menos aún la consolidación fiscal, y tampoco pasa nada. Porque “como España no puede caer” los mercados o el BCE nos van a seguir financiando “ad infinitum”, así que les da igual ocho que ochenta.
Hace una semana, reflexionando sobre estos mismos temas, Marc Vidal se preguntaba si el mercado era idiota y si alguien compraría deuda para perder, y su conclusión, por estrambótica que parezca, es que sí. Y aun estando de acuerdo, yo introduciría un matiz en bancos y cajas, principales compradores de deuda, porque están “empaquetando” deuda soberana, de CCAA, de Ayuntamientos, y de Perico los Palotes, en fondos de renta fija que denominan, “supertranquilidad”, “superseguridad”, y similares, y en los planes de pensiones y endosándosela a sus incautos clientes a través de sus redes minoristas, a pesar de las enormes pérdidas que pueden experimentar.
Pero todo tiene sus límites. No podemos seguir manteniendo un modelo de Estado incontrolable que nos lleva a gastar casi el doble de lo que ingresamos; que realiza -y en buena parte despilfarra- el 70% del gasto público, más de doble del gasto descentralizado en los Estados Federales, excluida la Seguridad Social (1). ¿Cuánto tiempo más los mercados van a creer a una vicepresidenta económica que tiene la desfachatez de afirmar el 20 de diciembre que las CCAA van a cumplir los objetivos de déficit, y 15 días después Artur Mas dice que el déficit de Cataluña es el triple del que había afirmado Salgado? ¿O a un presidente que dice una cosa y hace la contraria, y se fuma un puro con la Constitución y con el Estado de Derecho? Pero, aunque hiciera las reformas prometidas, sería totalmente insuficiente. ¿O es que alguien en sus cabales puede pensar que con condenar a la miseria a ocho millones de jubilados, y al hambre a más de dos millones de parados sin recurso alguno, va a arreglarse el problema?
O el Gobierno recorta drásticamente el gasto autonómico y local, que es el sistema más corrupto e ineficiente de la Historia de España, o estamos muertos. Ésta es la auténtica bomba, que junto con el proceso de estanflación en marcha –alza de precios, aumento del paro y caída del PIB-, el peor escenario económico posible, nos hará saltar por los aires.
El dilema de Trichet
Y por si esto fuera poco, Trichet se encuentra cada vez más entre la espada y la pared, porque mientras las tensiones en los mercados de deuda no dejan de crecer, mientras las diferencias económicas entre los países del euro son cada vez mayores, las tensiones inflacionistas empiezan a desbordar todas las previsiones. Trichet tendrá que decidir en breve si cesa su política de compra de bonos y reduce el ritmo de la barra libre de liquidez, e incluso si comienza una escalada de los tipos de interés, que pueden darle la puntilla a los países periféricos, pero en especial a España cuyo déficit público y financiero se encuentran fuera de control.
El objetivo prioritario del BCE es el control de la inflación y, sin embargo, los precios han superado la barrera máxima aceptable en diciembre por primera vez en dos años, y las expectativas de inflación se han doblado desde agosto. Trichet, cuyo mandato expira octubre, va a tener que afrontar mucho antes el inicio de una escalada de los tipos de interés. Y como guinda del pastel, el compromiso del BCE de compra de bonos por un total de 74.000 millones de euros, y el mantenimiento de la barra libre con los bancos, que termina el 31 de marzo. Cada vez es menos probable que esta situación pueda prorrogarse inalterada otro trimestre más, fundamentalmente porque la situación de deuda, descontando las ayudas, no está mejorando sino empeorando, y las diferencias de crecimiento entre países empiezan a ser inasumibles para la estabilidad de la zona euro.
Pero no se inquieten, esto es sólo catastrofismo, porque si se encontrase el dinero necesario para recapitalizar al sistema financiero, cualesquiera que sea la cifra; si el gigantesco déficit autonómico y local lo financia “sine die” Merkel, que estará encantada de pagarles el sueldo a los dos millones de empleados públicos nombrados a dedo por los caciques de turno, entre familiares, amigos y correligionarios; si la estanflación revierte porque bajan el petróleo y las materias primas, y aumenta la renta disponible de las familias; y si Trichet se olvida de la inflación, entonces España necesitará rescate y el sistema financiero español seguirá siendo el más sólido de la galaxia. Tanto, que si Trichet enloquece, da prioridad a la lucha contra la inflación y restringe o elimina la barra libre, no importa en absoluto, pues como, muy bien advertía el jueves nuestra avispada vicepresidenta, en ese caso “los bancos recurrirán a otras vías de financiación con las que cuentan”, y a otra cosa.
(1) Según los datos de Hacienda, el gasto de las AAPP en 2009 fue en millones de euros: Estado, 104.901; CCAA, 174.749; Corporaciones Locales, 73.400. Pero de los 104.901 millones del Estado, casi la mitad son gastos generales, como intereses de la deuda, clases pasivas o aportación a la UE, por lo que al final lo que queda para financiar España son menos de 60.000 millones euros, equivalentes a la suma del gasto de las CCAA de Andalucía y de Madrid. Zapatero ha destruido literalmente España, dejándola sin recursos para la realización de sus funciones esenciales como nación.
En medio del espejismo de la pasada semana, consecuencia de la compra de bonos portugueses por el BCE y la posible ampliación, en 2013, del actual Fondo de Estabilidad Financiera, el Financial Times afirmaba que “los inversores ya escuchan el temporizador de una bomba en el sector financiero español”, debido a la incertidumbre que rodea todo lo referente al mismo, subrayando que los 100.000 millones del FROB para hacer frente al problema son “peligrosamente insuficientes”. El BdE evalúa en 181.000 millones los “activos problemáticos”, una cifra que no se sostiene: ¿O es que alguien puede creerse que la morosidad del “ladrillo” en los bancos es más del doble que en las cajas? ¿O que con un problema inmobiliario superior al de Irlanda solo un 1% del sistema ha quebrado?
Parafraseando a sir Winston Churchill, podríamos decir que “nunca tantos fueron engañados por tan pocos”. Porque lo cierto es que no tenemos ni idea de la dimensión real del problema, no tenemos ni idea de lo que nos están ocultando. Sólo sabemos que llevan mintiendo desde el principio y que en este engaño están todos de acuerdo: bancos, cajas, gobierno, oposición y Banco de España, cuya actuación pasará a la historia como la más negligente y nefasta de toda su larga trayectoria, aparte de gestionar las reservas, el oro y el dinero público, nuestro dinero, como si fuera estiércol. Ni siquiera sabemos la cantidad de dinero público despilfarrado en CCM, una cajita minúscula, ni las tropelías de los diversos culpables, ni el contenido del pacto de silencio entre PSOE-PP en este tema. Así las cosas, ¿cómo vamos a saber lo que esta pasando en el resto del sector que es cien veces mayor y ni siquiera está intervenido?
Eduardo Segovia adelantaba aquí la noticia de que al Gobierno, cediendo a las presiones de los grandes bancos, quiere acometer el saneamiento de las cajas inyectando hasta 80.000 millones de euros en forma de capital, lo que deja a la cúpula BdE como lo que es: un hatajo de irresponsables que, con una insensatez que causa escalofríos, sigue defendiendo los SIP, una chapuza que sólo ha servido para mantener a los responsables en sus poltronas con nuestro dinero, en lugar de procesarlos. Porque el problema no es sólo el riesgo inmobiliario, el problema es muchísimo mayor. ¿De dónde van a sacar el dinero para devolver o refinanciar los más de 700.000 millones de deuda, 190.000 de los cuales vencen en los próximos 24 meses? Y luego, ¿qué pasa con las ingentes cantidades de deuda soberana, autonómica y local, donde las pérdidas de valor pueden oscilar entre un 10-20% para bonos y obligaciones en deuda soberana, y el 50% como mínimo de la deuda autonómica y local, por más que el BdE les permita no incluir en sus balances este tipo de minusvalías?
Y por otro lado, ¿de dónde va a sacar el Estado 80.000 millones de euros adicionales, si ya no tiene para amortizar, emitir y avalar lo que toca en este año, más de 300.000 millones? Realmente siguen instalados en la ficción más absoluta, con “ilustres” personajes que denominan colchón de liquidez al dinero para cubrir el endeudamiento de dos semanas, o que afirman sin sonrojarse que la economía esta creciendo, cuando la perdida de poder adquisitivo de los salarios y la presión fiscal sobre las familias son las mayores en 50 años, o que dicen que el déficit se está ajustando, cuando seguimos gastando casi el doble de lo que ingresamos, o que aseguran que el robo del FROB está siendo un éxito, tampoco se puede pedir más.
Salgado niega todo
Pero el verdadero sonido del temporizador han sido las declaraciones de la Sra. Salgado a la CNBC, rechazando la posibilidad de que España pueda necesitar un rescate y defendiendo la solidez del sistema financiero del que, aseguró, ya no requiere de nuevas ayudas públicas. Es evidente que Zapatero, Salgado y demás hermanos mártires están convencidos que pueden engañar a los mercados con la misma facilidad que engañan a los españoles. Que pueden prometer reformas, rebajarlas a meras chapuzas y no pasa nada; que pueden seguir gastando por encima de lo que ingresan y con que el INE y el BdE hagan cuatro trampas con los números, los mercados se las tragan, y no pasa nada; que pueden seguir colocando deuda pagando tipos de interés que hacen imposible cualquier recuperación y menos aún la consolidación fiscal, y tampoco pasa nada. Porque “como España no puede caer” los mercados o el BCE nos van a seguir financiando “ad infinitum”, así que les da igual ocho que ochenta.
Hace una semana, reflexionando sobre estos mismos temas, Marc Vidal se preguntaba si el mercado era idiota y si alguien compraría deuda para perder, y su conclusión, por estrambótica que parezca, es que sí. Y aun estando de acuerdo, yo introduciría un matiz en bancos y cajas, principales compradores de deuda, porque están “empaquetando” deuda soberana, de CCAA, de Ayuntamientos, y de Perico los Palotes, en fondos de renta fija que denominan, “supertranquilidad”, “superseguridad”, y similares, y en los planes de pensiones y endosándosela a sus incautos clientes a través de sus redes minoristas, a pesar de las enormes pérdidas que pueden experimentar.
Pero todo tiene sus límites. No podemos seguir manteniendo un modelo de Estado incontrolable que nos lleva a gastar casi el doble de lo que ingresamos; que realiza -y en buena parte despilfarra- el 70% del gasto público, más de doble del gasto descentralizado en los Estados Federales, excluida la Seguridad Social (1). ¿Cuánto tiempo más los mercados van a creer a una vicepresidenta económica que tiene la desfachatez de afirmar el 20 de diciembre que las CCAA van a cumplir los objetivos de déficit, y 15 días después Artur Mas dice que el déficit de Cataluña es el triple del que había afirmado Salgado? ¿O a un presidente que dice una cosa y hace la contraria, y se fuma un puro con la Constitución y con el Estado de Derecho? Pero, aunque hiciera las reformas prometidas, sería totalmente insuficiente. ¿O es que alguien en sus cabales puede pensar que con condenar a la miseria a ocho millones de jubilados, y al hambre a más de dos millones de parados sin recurso alguno, va a arreglarse el problema?
O el Gobierno recorta drásticamente el gasto autonómico y local, que es el sistema más corrupto e ineficiente de la Historia de España, o estamos muertos. Ésta es la auténtica bomba, que junto con el proceso de estanflación en marcha –alza de precios, aumento del paro y caída del PIB-, el peor escenario económico posible, nos hará saltar por los aires.
El dilema de Trichet
Y por si esto fuera poco, Trichet se encuentra cada vez más entre la espada y la pared, porque mientras las tensiones en los mercados de deuda no dejan de crecer, mientras las diferencias económicas entre los países del euro son cada vez mayores, las tensiones inflacionistas empiezan a desbordar todas las previsiones. Trichet tendrá que decidir en breve si cesa su política de compra de bonos y reduce el ritmo de la barra libre de liquidez, e incluso si comienza una escalada de los tipos de interés, que pueden darle la puntilla a los países periféricos, pero en especial a España cuyo déficit público y financiero se encuentran fuera de control.
El objetivo prioritario del BCE es el control de la inflación y, sin embargo, los precios han superado la barrera máxima aceptable en diciembre por primera vez en dos años, y las expectativas de inflación se han doblado desde agosto. Trichet, cuyo mandato expira octubre, va a tener que afrontar mucho antes el inicio de una escalada de los tipos de interés. Y como guinda del pastel, el compromiso del BCE de compra de bonos por un total de 74.000 millones de euros, y el mantenimiento de la barra libre con los bancos, que termina el 31 de marzo. Cada vez es menos probable que esta situación pueda prorrogarse inalterada otro trimestre más, fundamentalmente porque la situación de deuda, descontando las ayudas, no está mejorando sino empeorando, y las diferencias de crecimiento entre países empiezan a ser inasumibles para la estabilidad de la zona euro.
Pero no se inquieten, esto es sólo catastrofismo, porque si se encontrase el dinero necesario para recapitalizar al sistema financiero, cualesquiera que sea la cifra; si el gigantesco déficit autonómico y local lo financia “sine die” Merkel, que estará encantada de pagarles el sueldo a los dos millones de empleados públicos nombrados a dedo por los caciques de turno, entre familiares, amigos y correligionarios; si la estanflación revierte porque bajan el petróleo y las materias primas, y aumenta la renta disponible de las familias; y si Trichet se olvida de la inflación, entonces España necesitará rescate y el sistema financiero español seguirá siendo el más sólido de la galaxia. Tanto, que si Trichet enloquece, da prioridad a la lucha contra la inflación y restringe o elimina la barra libre, no importa en absoluto, pues como, muy bien advertía el jueves nuestra avispada vicepresidenta, en ese caso “los bancos recurrirán a otras vías de financiación con las que cuentan”, y a otra cosa.
(1) Según los datos de Hacienda, el gasto de las AAPP en 2009 fue en millones de euros: Estado, 104.901; CCAA, 174.749; Corporaciones Locales, 73.400. Pero de los 104.901 millones del Estado, casi la mitad son gastos generales, como intereses de la deuda, clases pasivas o aportación a la UE, por lo que al final lo que queda para financiar España son menos de 60.000 millones euros, equivalentes a la suma del gasto de las CCAA de Andalucía y de Madrid. Zapatero ha destruido literalmente España, dejándola sin recursos para la realización de sus funciones esenciales como nación.
lunes, 29 de noviembre de 2010
La situación crítica y el Rey
Por Jose A. Zarzalejos
Publicado en El Confidencial
En física se entiende por situación crítica cuando se producen las condiciones a partir de las cuales se inicia una reacción nuclear en cadena. Atendiendo a la metáfora, en ello estamos actualmente en España. En una coyuntura en la que, por su misma gravedad, se dan condiciones para una gran reacción positiva cuya alternativa sólo sería el desastre. Se trata de una de esas ocasiones nacionales en las que el jefe del Estado, Don Juan Carlos, emerge ejerciendo sus funciones constitucionales de moderación y arbitraje, para subrayar que no estamos instalados en la normalidad sino en una suerte de excepcionalidad bien descrita por instancias reflexivas internacionales, habitualmente fiables. Así, The Economist, que en los medios de comunicación convencionales ejerce un indiscutible liderazgo de opinión, atribuye en su último número a España, y a las decisiones del presidente del Gobierno, una sustancial importancia para la preservación de la cohesión de la zona euro y la evitación de una quiebra de la UE. Las magnitudes de un eventual, y absolutamente descartado por Zapatero, rescate de la economía española son tales que nos responsabilizan, tras las fallidas finanzas de Grecia e Irlanda y las renqueantes de Portugal, a hacer un supremo esfuerzo colectivo.
El Gobierno no tiene toda la responsabilidad de lo que ocurre, aunque le corresponde un porcentaje determinante. No sólo por su sobreseimiento suicida en valorar los tiempos y las profundidades de la crisis, sino por un comportamiento posterior -actual, incluso- que sugiere esas “dudas” de los mercados a que se acaba de referir el socialista y vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia. Todos tenemos dudas y son, más o menos, éstas: 1) Qué razones existen para que la reforma laboral no haya sido más profunda y renovadora; 2) Por qué se está dilatando el proceso de reconversión de las Cajas de Ahorro; 3) Cuál es la razón por la que el Ejecutivo ha aplazado al próximo año la reforma de las pensiones; 4) Qué motivos existen para que no se haya aprobado todavía el proyecto de ley de Economía Sostenible en el que se prevé la imprescindible reforma de los órganos reguladores; 5) Cómo es posible que ocho comunidades autónomas incumplan los límites del déficit establecido para 2011; 6) que condicionantes atenazan al Gobierno para no solucionar por vía legal el grave problema energético en España con grave coste para las empresas y seria carga para los Presupuestos Generales del Estado y 7) entre otras, a qué se está esperando para la reordenación del número de las demarcaciones municipales en nuestro país y su financiación.
Datos para la desconfianza
Ante estos retrasos surgen legítimas dudas acerca de la voluntad, determinación y competencia del Gobierno, no sólo en los mercados, sino -de manera alarmada- entre la clase empresarial que contempla cómo el diferencial del bono español con el alemán ha alcanzado el récord de los 270 puntos básicos; cómo el desempleo es resistente a descender del 20% (se esperan malas cifras de Noviembre); de qué manera la inflación se ha encaramado hasta el 2,3% al tiempo que estamos en un estancamiento del PIB con tendencia recesiva; a qué velocidad cae la Bolsa castigando a las Compañías más potentes e internacionalizadas y empequeñeciendo el ahorro de los ciudadanos y con qué perseverancia continúa la crisis en el sector inmobiliario que durante cinco meses consecutivos sigue cayendo como lo demuestra la minoración en la concesión de créditos hipotecarios (un 15,9% menos en septiembre). Se da la circunstancia, de que en estas condiciones, bancos y empresas españoles de primera fila obtienen financiación en los mercados internacionales con más facilidad y mejores precios que el propio Estado. Es decir, España es un lastre y no un activo.
Esta acumulación de variables negativas está en la raíz del documento de la Fundación Everis que enmienda a la totalidad el panorama económico, social y político de España, suscrito por un centenar de empresarios, intelectuales y académicos que, en un gesto repleto de desconfianza hacia el presidente del Gobierno, se lo presentan al Rey como jefe del Estado, quien hace exactamente lo que debe: de una parte, escucharles y atenderles y, de otra, remitirles al líder del Ejecutivo para que éste asuma sus responsabilidades. La reunión de hoy en La Moncloa responde a un correcto procedimiento inspirado por la Jefatura del Estado: los gestores de las grandes empresas españolas, que se ven lesionados por el desplome de la marca España, que han diversificado sus negocios en una estrategia cauta y emprendedora, deben enfrentarse y hablar con un presiente en el que, mayoritariamente, no confían y cuyo liderazgo observan constreñido por prejuicios excesivos, incompetencias reiteradas y falta de sentido de Estado. De no ser así, la inmensa mayoría de los firmantes del documento de la Fundación Everis, jamás hubiesen asumido un compromiso de orden político-social de tanto calado como el que se plantea en el documento, razón por la que priorizaron la interlocución con el jefe del Estado -permanente, suprapartidaria, unitaria- sobre cualquier otra. Los ciudadanos y los medios son muy libres de cargar contra el Rey como ya es habitual, pero ha sido de nuevo D. Juan Carlos el elemento que precipita una reacción con su capacidad de interlocución. Y desde luego, ni los actos del Rey ni sus intenciones son diferentes a los de colaborar a aunar esfuerzos y recortar distancias. La foto de hoy en La Moncloa tiene el valor esencial de marcar en rojo la excepcionalidad de la situación y la precariedad de la vertebración de la sociedad civil: esa foto, si la hay, revienta los cauces convencionales de sindicatos y patronales que visten el decorado de un escenario nacional que se ha quedado viejo. Vamos, quiérase o no, a otro diferente.
Cataluña y los socialistas
Mientras tanto, Cataluña está inmersa en una jornada de reflexión para cambiar seguramente y sin entusiasmo (se espera una abstención muy alta) un panorama en el que el socialismo de Zapatero ha cometido todos los errores posibles: el PSC-PSOE formó allí dos gobiernos tripartitos con la izquierda más radical (ICV) y con los independentistas más extremos (ERC); gestionó desastrosamente un nuevo Estatuto que alteraba la Constitución en los términos que hubo de establecer una controvertida sentencia del TC; dirigió una Generalidad que carece de crédito y ha debido recurrir a los llamados “bonos patrióticos” y que, en vez de transformar la sociedad catalana, ha profundizado sus peores endogamias, sean éstas lingüísticas, culturales o sociales, dejando un catalanismo más desconfiado de lo que ya era con la españolidad. De tal forma que el previsible acceso de CiU al gobierno catalán y el correlativo fracaso, seguramente muy severo, de los socialistas, podría abrir una nueva etapa si Artur Mas, en un contexto tan crítico como el actual, no se empeña en poner encima de la mesa un inviable concierto económico. No sólo porque sea impracticable desde el punto de vista constitucional, sino porque el horizonte marca que tanto el vasco como el Convenio navarro plantean tales problemas en la Unión Europea que de lo que hay que ocuparse y preocuparse es del mantenimiento de los regímenes financieros de la autonomía vasca y navarra, mucho antes que de la extensión de ésta fórmula a otras comunidades. Cataluña ha de ser parte de la solución y no del problema de Estado que nos atenaza, como lo fue durante no poco tiempo en las décadas de los 80 y 90.
Ciudadanos en huida
Los ciudadanos, por fin, están instalados, además de en la enfermedad del miedo y la angustia paralizante, como acreditan estudios demoscópicos cuantitativos y cualitativos (el de la fundación Pzifer, al que me referí el pasado sábado día 13 de noviembre) en la increencia y escepticismo respecto de la política y los políticos. El estudio de la Fundación Santa María -elaborado sobre más de tres mil cuestionarios- llega a la conclusión de que los jóvenes españoles tienen una opinión “deplorable” de la política y de los políticos. Las nuevas generaciones aparecen como auténticamente derrotadas por el pesimismo sobre su futuro, se sienten condenadas a vivir peor que las de sus padres, han interiorizado la crisis con enorme fatalismo y desesperanza y no se perfilan como tractores de un porvenir de regeneración. Sus preferencias están situadas en el mundo de los valores marginales a la política, desean salir de España en lo que se perfila como una nueva generación de emigrantes y no entienden los términos del debate público en nuestro país porque ni el franquismo ni la transición forman parte de su experiencia vital y de su memoria personal y colectiva. Para ellos, España es un proyecto próximo al fracaso, razón por la cual -y ante la proporción de la increencia- comienzan a articularse movimientos en la sociedad civil como el propiciado por la Fundación Everis, el impulso por el Colegio Libre de Eméritos de un documento de gran importancia que se irá conociendo a lo largo del mes de diciembre (“España en crisis. Sociedad, economía, instituciones”) y la irrupción muy próxima del Foro de la Sociedad Civil integrada por más de cien personalidades que discuten estos días el manifiesto de presentación ante la opinión pública.
Sin denuestos y con profunda tristeza, esta es la situación crítica que el Rey, con su inusual visibilidad en asuntos de gestión política, ha querido subrayar con un lápiz rojo. Está en su obligación de hacerlo.
Publicado en El Confidencial
En física se entiende por situación crítica cuando se producen las condiciones a partir de las cuales se inicia una reacción nuclear en cadena. Atendiendo a la metáfora, en ello estamos actualmente en España. En una coyuntura en la que, por su misma gravedad, se dan condiciones para una gran reacción positiva cuya alternativa sólo sería el desastre. Se trata de una de esas ocasiones nacionales en las que el jefe del Estado, Don Juan Carlos, emerge ejerciendo sus funciones constitucionales de moderación y arbitraje, para subrayar que no estamos instalados en la normalidad sino en una suerte de excepcionalidad bien descrita por instancias reflexivas internacionales, habitualmente fiables. Así, The Economist, que en los medios de comunicación convencionales ejerce un indiscutible liderazgo de opinión, atribuye en su último número a España, y a las decisiones del presidente del Gobierno, una sustancial importancia para la preservación de la cohesión de la zona euro y la evitación de una quiebra de la UE. Las magnitudes de un eventual, y absolutamente descartado por Zapatero, rescate de la economía española son tales que nos responsabilizan, tras las fallidas finanzas de Grecia e Irlanda y las renqueantes de Portugal, a hacer un supremo esfuerzo colectivo.
El Gobierno no tiene toda la responsabilidad de lo que ocurre, aunque le corresponde un porcentaje determinante. No sólo por su sobreseimiento suicida en valorar los tiempos y las profundidades de la crisis, sino por un comportamiento posterior -actual, incluso- que sugiere esas “dudas” de los mercados a que se acaba de referir el socialista y vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia. Todos tenemos dudas y son, más o menos, éstas: 1) Qué razones existen para que la reforma laboral no haya sido más profunda y renovadora; 2) Por qué se está dilatando el proceso de reconversión de las Cajas de Ahorro; 3) Cuál es la razón por la que el Ejecutivo ha aplazado al próximo año la reforma de las pensiones; 4) Qué motivos existen para que no se haya aprobado todavía el proyecto de ley de Economía Sostenible en el que se prevé la imprescindible reforma de los órganos reguladores; 5) Cómo es posible que ocho comunidades autónomas incumplan los límites del déficit establecido para 2011; 6) que condicionantes atenazan al Gobierno para no solucionar por vía legal el grave problema energético en España con grave coste para las empresas y seria carga para los Presupuestos Generales del Estado y 7) entre otras, a qué se está esperando para la reordenación del número de las demarcaciones municipales en nuestro país y su financiación.
Datos para la desconfianza
Ante estos retrasos surgen legítimas dudas acerca de la voluntad, determinación y competencia del Gobierno, no sólo en los mercados, sino -de manera alarmada- entre la clase empresarial que contempla cómo el diferencial del bono español con el alemán ha alcanzado el récord de los 270 puntos básicos; cómo el desempleo es resistente a descender del 20% (se esperan malas cifras de Noviembre); de qué manera la inflación se ha encaramado hasta el 2,3% al tiempo que estamos en un estancamiento del PIB con tendencia recesiva; a qué velocidad cae la Bolsa castigando a las Compañías más potentes e internacionalizadas y empequeñeciendo el ahorro de los ciudadanos y con qué perseverancia continúa la crisis en el sector inmobiliario que durante cinco meses consecutivos sigue cayendo como lo demuestra la minoración en la concesión de créditos hipotecarios (un 15,9% menos en septiembre). Se da la circunstancia, de que en estas condiciones, bancos y empresas españoles de primera fila obtienen financiación en los mercados internacionales con más facilidad y mejores precios que el propio Estado. Es decir, España es un lastre y no un activo.
Esta acumulación de variables negativas está en la raíz del documento de la Fundación Everis que enmienda a la totalidad el panorama económico, social y político de España, suscrito por un centenar de empresarios, intelectuales y académicos que, en un gesto repleto de desconfianza hacia el presidente del Gobierno, se lo presentan al Rey como jefe del Estado, quien hace exactamente lo que debe: de una parte, escucharles y atenderles y, de otra, remitirles al líder del Ejecutivo para que éste asuma sus responsabilidades. La reunión de hoy en La Moncloa responde a un correcto procedimiento inspirado por la Jefatura del Estado: los gestores de las grandes empresas españolas, que se ven lesionados por el desplome de la marca España, que han diversificado sus negocios en una estrategia cauta y emprendedora, deben enfrentarse y hablar con un presiente en el que, mayoritariamente, no confían y cuyo liderazgo observan constreñido por prejuicios excesivos, incompetencias reiteradas y falta de sentido de Estado. De no ser así, la inmensa mayoría de los firmantes del documento de la Fundación Everis, jamás hubiesen asumido un compromiso de orden político-social de tanto calado como el que se plantea en el documento, razón por la que priorizaron la interlocución con el jefe del Estado -permanente, suprapartidaria, unitaria- sobre cualquier otra. Los ciudadanos y los medios son muy libres de cargar contra el Rey como ya es habitual, pero ha sido de nuevo D. Juan Carlos el elemento que precipita una reacción con su capacidad de interlocución. Y desde luego, ni los actos del Rey ni sus intenciones son diferentes a los de colaborar a aunar esfuerzos y recortar distancias. La foto de hoy en La Moncloa tiene el valor esencial de marcar en rojo la excepcionalidad de la situación y la precariedad de la vertebración de la sociedad civil: esa foto, si la hay, revienta los cauces convencionales de sindicatos y patronales que visten el decorado de un escenario nacional que se ha quedado viejo. Vamos, quiérase o no, a otro diferente.
Cataluña y los socialistas
Mientras tanto, Cataluña está inmersa en una jornada de reflexión para cambiar seguramente y sin entusiasmo (se espera una abstención muy alta) un panorama en el que el socialismo de Zapatero ha cometido todos los errores posibles: el PSC-PSOE formó allí dos gobiernos tripartitos con la izquierda más radical (ICV) y con los independentistas más extremos (ERC); gestionó desastrosamente un nuevo Estatuto que alteraba la Constitución en los términos que hubo de establecer una controvertida sentencia del TC; dirigió una Generalidad que carece de crédito y ha debido recurrir a los llamados “bonos patrióticos” y que, en vez de transformar la sociedad catalana, ha profundizado sus peores endogamias, sean éstas lingüísticas, culturales o sociales, dejando un catalanismo más desconfiado de lo que ya era con la españolidad. De tal forma que el previsible acceso de CiU al gobierno catalán y el correlativo fracaso, seguramente muy severo, de los socialistas, podría abrir una nueva etapa si Artur Mas, en un contexto tan crítico como el actual, no se empeña en poner encima de la mesa un inviable concierto económico. No sólo porque sea impracticable desde el punto de vista constitucional, sino porque el horizonte marca que tanto el vasco como el Convenio navarro plantean tales problemas en la Unión Europea que de lo que hay que ocuparse y preocuparse es del mantenimiento de los regímenes financieros de la autonomía vasca y navarra, mucho antes que de la extensión de ésta fórmula a otras comunidades. Cataluña ha de ser parte de la solución y no del problema de Estado que nos atenaza, como lo fue durante no poco tiempo en las décadas de los 80 y 90.
Ciudadanos en huida
Los ciudadanos, por fin, están instalados, además de en la enfermedad del miedo y la angustia paralizante, como acreditan estudios demoscópicos cuantitativos y cualitativos (el de la fundación Pzifer, al que me referí el pasado sábado día 13 de noviembre) en la increencia y escepticismo respecto de la política y los políticos. El estudio de la Fundación Santa María -elaborado sobre más de tres mil cuestionarios- llega a la conclusión de que los jóvenes españoles tienen una opinión “deplorable” de la política y de los políticos. Las nuevas generaciones aparecen como auténticamente derrotadas por el pesimismo sobre su futuro, se sienten condenadas a vivir peor que las de sus padres, han interiorizado la crisis con enorme fatalismo y desesperanza y no se perfilan como tractores de un porvenir de regeneración. Sus preferencias están situadas en el mundo de los valores marginales a la política, desean salir de España en lo que se perfila como una nueva generación de emigrantes y no entienden los términos del debate público en nuestro país porque ni el franquismo ni la transición forman parte de su experiencia vital y de su memoria personal y colectiva. Para ellos, España es un proyecto próximo al fracaso, razón por la cual -y ante la proporción de la increencia- comienzan a articularse movimientos en la sociedad civil como el propiciado por la Fundación Everis, el impulso por el Colegio Libre de Eméritos de un documento de gran importancia que se irá conociendo a lo largo del mes de diciembre (“España en crisis. Sociedad, economía, instituciones”) y la irrupción muy próxima del Foro de la Sociedad Civil integrada por más de cien personalidades que discuten estos días el manifiesto de presentación ante la opinión pública.
Sin denuestos y con profunda tristeza, esta es la situación crítica que el Rey, con su inusual visibilidad en asuntos de gestión política, ha querido subrayar con un lápiz rojo. Está en su obligación de hacerlo.
Zapatero a los empresarios: ¡no os fallaré!
Por Carlos Fonseca.
Publicado en El Confidencial
La foto me da escalofríos. El presidente del Gobierno, con sonrisa beatífica y escoltado por sus vicepresidentes, rodeado por los 37 empresarios más poderosos para pedirles opinión sobre cómo resolver la crisis.
La mayoría de las empresas presentes cotizan en el Ibex 35, entre enero y junio han conseguido unos beneficios de 25.000 millones de euros (un 8% más que en mismo periodo de 2009) y sus dilectos presidentes no corren el peligro de perder el empleo, ni sus salarios poder adquisitivo, y ni falta que les hace la pensión pública con sus millonarios planes de pensiones. Está bien que sea así, porque para tomar decisiones importantes conviene tener el espíritu sereno. Y nada da más serenidad que el dinero.
Dicen los empresarios que hay que reducir el déficit público. Esto sencillo, se consigue gastando menos e ingresando más. Lo primero es fácil: se baja el sueldo a los funcionarios, se congelan las pensiones, se prolonga la edad de jubilación hasta los 67 años (en Irlanda apuestan ya por los 68, ¿quién da más?) y se reduce la inversión pública en prestaciones sociales (ley de dependencia, cheque bebé) y, por ejemplo, en infraestructuras.
Con las tres primeras medidas todos de acuerdo, pero la última no les gusta a los constructores. ¿Si el Estado no hace carreteras, ni aeropuertos, ni más líneas del AVE, de qué van a vivir? Yo se lo digo: pues de la inversión privada que tanto defienden, señores.
Los bancos y las cajas de ahorro, principales responsables de la crisis con su política de barra libre, que ya me lo cobraré yo con intereses, también se mostraron quejosos. Dieron muchos créditos para construir viviendas, que las promotoras no han vendido y no pueden devolver el dinero que las prestaron. La banca se lo ha tenido que cobrar en pisos, que se resiste a sacar a la venta por su valor real. Prefieren esperar y venderlos por los escandalosos precios de la etapa del boom inmobiliario que tantos beneficios les reportó.
Del tema de las cajas, pues lo de siempre, que hay que acelerar su fusión, con fecha límite el 24 de diciembre. La mayoría tienen poco de obra social, que es supuestamente lo que las define (hay está Cajasur, con los curas metidos a promotores inmobiliarios y un agujero de tres pares), y como estaban endeudadas hasta las cejas por su mala gestión, el Gobierno les ha prestado dinero (del nuestro, del de los contribuyentes) para que saneen sus cuentas.
Si hay cajas que aún no se han fusionado es porque sus prebostes no quieren bajarse del cargo. Si hay que cerrar oficinas, se cierran y se pone en la calle a los miles de trabajadores, pero ceder la presidencia o dejar de ser consejero (que tampoco vamos a duplicar los cargos para que haya para todos), de eso nada.
Más cambios laborales, hacen falta más cambios laborales. En esto hay unanimidad. No basta con la reforma laboral, que hace el despido más sencillo y barato y recorta derechos ganados en años, ahora hay que ir a por la negociación colectiva para que, por ejemplo, las empresas puedan “descolgarse” de los convenios previamente firmados. Más poder para los poderosos, menos derechos para los trabajadores. ¿No se dan cuenta las empresas de que el mejor activo que tienen son precisamente sus trabajadores? Parece que no. La pela es la pela.
Lo mejor es lo de las pensiones. Vamos a tener que trabajar hasta los 67 años, y así el Estado en lugar de pagarnos dos años de pensión, nos cobra dos de cotización. La receta que no falla: gesto menos, ingreso más. A los señores de la foto la pensión no les preocupa. La de la Seguridad Social, la de los pobres, me refiero. Las suyas son privadas y se miden en millones de euros. Cuando uno tiene garantizada una vejez holgada es mucho más fácil tomar la dolorosa decisión de recortar la de los demás. Por responsabilidad, por garantizar su viabilidad, en tres palabras: por nuestro bien.
Los señores empresarios, los que crean empleo, los que nos van a sacar del atolladero, salieron contentos de la reunión. Hablaron de salvar a España con nosotros dentro, y seguro que el presidente, eufórico por el éxito de la convocatoria, les dijo: ¡No os fallaré! Me apuesto lo que quieran a que con ellos cumple.
Publicado en El Confidencial
La foto me da escalofríos. El presidente del Gobierno, con sonrisa beatífica y escoltado por sus vicepresidentes, rodeado por los 37 empresarios más poderosos para pedirles opinión sobre cómo resolver la crisis.
La mayoría de las empresas presentes cotizan en el Ibex 35, entre enero y junio han conseguido unos beneficios de 25.000 millones de euros (un 8% más que en mismo periodo de 2009) y sus dilectos presidentes no corren el peligro de perder el empleo, ni sus salarios poder adquisitivo, y ni falta que les hace la pensión pública con sus millonarios planes de pensiones. Está bien que sea así, porque para tomar decisiones importantes conviene tener el espíritu sereno. Y nada da más serenidad que el dinero.
Dicen los empresarios que hay que reducir el déficit público. Esto sencillo, se consigue gastando menos e ingresando más. Lo primero es fácil: se baja el sueldo a los funcionarios, se congelan las pensiones, se prolonga la edad de jubilación hasta los 67 años (en Irlanda apuestan ya por los 68, ¿quién da más?) y se reduce la inversión pública en prestaciones sociales (ley de dependencia, cheque bebé) y, por ejemplo, en infraestructuras.
Con las tres primeras medidas todos de acuerdo, pero la última no les gusta a los constructores. ¿Si el Estado no hace carreteras, ni aeropuertos, ni más líneas del AVE, de qué van a vivir? Yo se lo digo: pues de la inversión privada que tanto defienden, señores.
Los bancos y las cajas de ahorro, principales responsables de la crisis con su política de barra libre, que ya me lo cobraré yo con intereses, también se mostraron quejosos. Dieron muchos créditos para construir viviendas, que las promotoras no han vendido y no pueden devolver el dinero que las prestaron. La banca se lo ha tenido que cobrar en pisos, que se resiste a sacar a la venta por su valor real. Prefieren esperar y venderlos por los escandalosos precios de la etapa del boom inmobiliario que tantos beneficios les reportó.
Del tema de las cajas, pues lo de siempre, que hay que acelerar su fusión, con fecha límite el 24 de diciembre. La mayoría tienen poco de obra social, que es supuestamente lo que las define (hay está Cajasur, con los curas metidos a promotores inmobiliarios y un agujero de tres pares), y como estaban endeudadas hasta las cejas por su mala gestión, el Gobierno les ha prestado dinero (del nuestro, del de los contribuyentes) para que saneen sus cuentas.
Si hay cajas que aún no se han fusionado es porque sus prebostes no quieren bajarse del cargo. Si hay que cerrar oficinas, se cierran y se pone en la calle a los miles de trabajadores, pero ceder la presidencia o dejar de ser consejero (que tampoco vamos a duplicar los cargos para que haya para todos), de eso nada.
Más cambios laborales, hacen falta más cambios laborales. En esto hay unanimidad. No basta con la reforma laboral, que hace el despido más sencillo y barato y recorta derechos ganados en años, ahora hay que ir a por la negociación colectiva para que, por ejemplo, las empresas puedan “descolgarse” de los convenios previamente firmados. Más poder para los poderosos, menos derechos para los trabajadores. ¿No se dan cuenta las empresas de que el mejor activo que tienen son precisamente sus trabajadores? Parece que no. La pela es la pela.
Lo mejor es lo de las pensiones. Vamos a tener que trabajar hasta los 67 años, y así el Estado en lugar de pagarnos dos años de pensión, nos cobra dos de cotización. La receta que no falla: gesto menos, ingreso más. A los señores de la foto la pensión no les preocupa. La de la Seguridad Social, la de los pobres, me refiero. Las suyas son privadas y se miden en millones de euros. Cuando uno tiene garantizada una vejez holgada es mucho más fácil tomar la dolorosa decisión de recortar la de los demás. Por responsabilidad, por garantizar su viabilidad, en tres palabras: por nuestro bien.
Los señores empresarios, los que crean empleo, los que nos van a sacar del atolladero, salieron contentos de la reunión. Hablaron de salvar a España con nosotros dentro, y seguro que el presidente, eufórico por el éxito de la convocatoria, les dijo: ¡No os fallaré! Me apuesto lo que quieran a que con ellos cumple.
lunes, 22 de noviembre de 2010
El SOS de los empresarios al Rey, un documento demoledor
Por Roberto Centeno. Publicado en Cotizalia.com
Resulta asombroso y profundamente deprimente que un manifiesto entregado el lunes al Rey, un auténtico S.O.S firmado por los 61 primeros empresarios y banqueros del país, representativos de más del 90% del Ibex en valor, y de los grandes que están fuera, Santander, BBVA, La Caixa, Telefónica, Repsol, Inditex, Cepsa, Endesa, Iberdrola, Mercadona, Vodafone, Iberia, RENFE, Ford, FCC, etc, y que constituye una enmienda a la totalidad del actual sistema político, donde se exigen cambios radicales de la ley electoral, del sistema educativo, del sistema judicial, del modelo de estado y varias cosas más, algo que jamás ha sucedido en el mundo democrático, haya tenido tan escaso eco mediático, y en la práctica pasado desapercibido.
Si a los españoles en general, y a los medios en particular, les importa un pimiento que los líderes empresariales y financieros del país expliquen que España no es una verdadera democracia, que no existe separación de poderes porque el político controla el judicial, que los políticos no dan la talla, y que cuanto más complejos y difíciles son los problemas a resolver, menor es la preparación y los conocimientos de quienes están llamados a resolverlos, que tenemos un modelo de estado insostenible, un sistema educativo tercermundista, y además esta denuncia de las personas mejor informadas del país no tiene prácticamente eco alguno, eso es porque, pura y simplemente, la sociedad española no tiene remedio por su inequívoca vocación de sumisión a cualquier demagogo indocumentado encaramado al poder. Es decir, tiene exactamente lo que se merece.
El estudio utiliza un concepto que denomina “valor-país” para reflejar de forma sencilla y agregada la evolución de la magnitud y fortaleza de España. Para ello se considera tanto la evolución del país respecto a sí mismo (valor-país absoluto) como respecto a una muestra de países (valor-país relativo), con una proporción 70/30 entre ambos. En la construcción de este indicador se agregan aspectos relativos a competitividad, bienestar, sostenibilidad, influencia, calidad de gobierno y economía. Esta magnitud agregada había crecido fuertemente entre 1997 y 2007, momento en el que se produce el punto de inflexión. A partir de ahí, experimenta una caída tan pronunciada “que en 2009 retorna a valores próximos a 1997”, diez años perdidos en poco más de dos.
Pero la situación sigue empeorando y para 2020 el estudio proyecta un valor-país que es casi la mitad que el de 2009, y lo que es peor, lo compara con lo que podría haber sido, lo que habría pasado si la cosas se hubieran hecho correctamente y la conclusión es pavorosa: el valor-país sería casi seis veces mayor. Este es lo que Zapatero ha hecho de España. Un hundimiento del valor-país de proporciones bíblicas.“El resultado final es una España poco atractiva y en busca de su identidad. La tendencia de pérdida de posicionamiento absoluto y relativo en todos los indicadores relevantes del país es preocupante para el futuro de los españoles y su papel en el mundo”. Es sencillamente imposible una crítica tan demoledora y contundente a un gobierno y a unos gobernantes.
Sistema electoral
Dentro de las cuestiones más relevantes, la que presenta un mayor consenso entre los firmantes, 92%, se refiere a la necesidad de un sistema electoral ajustado a las nuevas necesidades del país y donde, basándose en el estudio del CIS “Calidad Democrática II” en el que se dice que el 91,7% de los encuestados cree que los gobernantes no tienen en cuenta sus opiniones, propone ir hacia “un modelo que permita recuperar la representatividad social de los políticos y el acercamiento a los votantes”, a la vez que denomina “democracia de incubadora” a la actual dictadura partitocrática.El tema es de una trascendencia fundamental. La inmensa mayoría de los firmantes está exigiendo lo que cualquier persona medianamente informada piensa: el cambio de la dictadura partitocrática de listas cerradas y bloqueadas por un sistema de elección directa por parte de los ciudadanos, ni más ni menos que lo que ocurre en a las verdaderas democracias, y obviamente un sistema electoral proporcional y no un sistema como el actual, donde minorías separatistas y antisistema obtienen un nivel de representación completamente desproporcionado con su número de votantes.
Con un 78% de consenso denuncian el creciente “desajuste entre la magnitud, complejidad y visibilidad de las tareas que exige un Estado moderno y eficiente y el nivel de preparación y experiencia de los Administradores”, es decir, cuanto más complejos son los problemas, cuanto mayores son los desafíos, peor es la preparación y la experiencia de las personas llamadas a resolverlos. Esto es válido para todos los partidos políticos, desde un presidente de gobierno enloquecido y sin experiencia alguna, a un líder de la oposición que, en medio de la mayor crisis de nuestra historia, confiesa que dedica su tiempo a ver fútbol, y aparte de pedir una y otra vez elecciones anticipadas, es incapaz de poner orden en las CCAA y Ayuntamientos donde gobierna. De ahí para abajo, lo que ustedes quieran, ministros y ministras que son un insulto a la inteligencia, y que en cualquier otro país europeo no estarían ni de botones, con perdón para los botones.
El análisis pide que se recluten los mejores, pero eso es un imposible metafísico, como los líderes son, por decirlo suavemente, unos mediocres absolutos, no admiten a nadie calidad a su lado que pueda hacerles la sombra, y la dictadura partitocrática hace imposible reclutar a los mejores.
Eficiencia global y clarificación del modelo autonómico
Consideran imprescindible “clarificar el Modelo Autonómico de una manera global, estable y fiable”, frente a los enfoques “cortoplacistas y oportunistas actuales”. Es necesario acabar con las duplicidades, redundancias y excesos de un Estado con tres Administraciones. Un disparate de Estado con diecisiete comunidades y dos ciudades autónomas, con más de 8.000 ayuntamientos, más de 80% de los cuales tiene menos de 5.000 habitantes, Diputaciones, Consejos y Cabildos insulares. Y todo ello sin la menor coordinación efectiva por parte del Estado.Según un reciente estudio de UPyD, “a pesar de que la CCAA forman parte del mismo Estado, su autonomía es mucho mayor que la que tiene España frente a la Unión Europea. El Estado carece de instrumentos de control y corrección ante los posibles desmanes organizativos”. El Estado no sabe lo que gastan, ni cómo lo gastan, ni lo que deben. ¿Cómo es posible entonces valorar el déficit y la deuda de la AAPP? Y si a ello añadimos las 4.000 empresas públicas, cuyo oscurantismo es total, y las deudas a proveedores ocultas en cajones, nadie puede saber a ciencia cierta si España está igual o peor que Grecia, Irlanda o Portugal. Por otro lado, CCAA y Ayuntamientos son “totalmente reacios al sistema objetivo de oposiciones, prefiriendo sustituirla por la contratación a dedo”. Y ocurre que las administraciones territoriales son responsables de casi los dos tercios del gasto de la Nación. En estas condiciones, ¿cómo se puede evitar la ruina de España?
Refuerzo de los Pactos de Estado y separación de poderes
El 88% de los firmantes cree imprescindible el consenso en temas como educación, ciencia y energía, “pactos estables y a largo plazo entre las principales fuerzas políticas y la Sociedad Civil”. Sin embargo, constatan que “la evolución de España tiende a ser la contraria, lo que ha conducido a una politización de temas que deberían estar alejados de la lucha política”. Finalmente se insiste el la imprescindible “separación de poderes”, algo directamente relacionado con la democratización necesaria vía cambios del sistema electoral. Solo el 13,1% de los ciudadanos, según el CIS, cree que el Tribunal Constitucional tiene poder para frenar los abusos de poder del gobierno, y solo un 0,9% considera que la Justicia funciona satisfactoriamente. Es evidente que España no puede calificarse hoy como un Estado de Derecho.
“Con una tendencia a la pérdida de posicionamiento absoluto y relativo en todos los indicadores relevantes del país, la situación actual es peligrosa y preocupante para el futuro de los españoles y su papel en el mundo”.
Ante un análisis tan devastador y contundente de la realidad política y económica por parte de los principales líderes empresariales y financieros del país, ¿cuál será la actitud de los destinatarios del documento? Me atrevo ha hacer una previsión: el Rey ni sabe ni contesta, Zapatero ni lo entiende ni le importa, aunque va a recibir a los 25 “primeros” empresarios, palmeros los más, para “acelerar la recuperación”, ¿qué recuperación?, y hacerse la foto que es lo suyo, y Rajoy está muy ocupado viendo partidos de fútbol. Y mientras tanto, España se dirige imparable hacia el desastre.
Resulta asombroso y profundamente deprimente que un manifiesto entregado el lunes al Rey, un auténtico S.O.S firmado por los 61 primeros empresarios y banqueros del país, representativos de más del 90% del Ibex en valor, y de los grandes que están fuera, Santander, BBVA, La Caixa, Telefónica, Repsol, Inditex, Cepsa, Endesa, Iberdrola, Mercadona, Vodafone, Iberia, RENFE, Ford, FCC, etc, y que constituye una enmienda a la totalidad del actual sistema político, donde se exigen cambios radicales de la ley electoral, del sistema educativo, del sistema judicial, del modelo de estado y varias cosas más, algo que jamás ha sucedido en el mundo democrático, haya tenido tan escaso eco mediático, y en la práctica pasado desapercibido.
Si a los españoles en general, y a los medios en particular, les importa un pimiento que los líderes empresariales y financieros del país expliquen que España no es una verdadera democracia, que no existe separación de poderes porque el político controla el judicial, que los políticos no dan la talla, y que cuanto más complejos y difíciles son los problemas a resolver, menor es la preparación y los conocimientos de quienes están llamados a resolverlos, que tenemos un modelo de estado insostenible, un sistema educativo tercermundista, y además esta denuncia de las personas mejor informadas del país no tiene prácticamente eco alguno, eso es porque, pura y simplemente, la sociedad española no tiene remedio por su inequívoca vocación de sumisión a cualquier demagogo indocumentado encaramado al poder. Es decir, tiene exactamente lo que se merece.
El estudio utiliza un concepto que denomina “valor-país” para reflejar de forma sencilla y agregada la evolución de la magnitud y fortaleza de España. Para ello se considera tanto la evolución del país respecto a sí mismo (valor-país absoluto) como respecto a una muestra de países (valor-país relativo), con una proporción 70/30 entre ambos. En la construcción de este indicador se agregan aspectos relativos a competitividad, bienestar, sostenibilidad, influencia, calidad de gobierno y economía. Esta magnitud agregada había crecido fuertemente entre 1997 y 2007, momento en el que se produce el punto de inflexión. A partir de ahí, experimenta una caída tan pronunciada “que en 2009 retorna a valores próximos a 1997”, diez años perdidos en poco más de dos.
Pero la situación sigue empeorando y para 2020 el estudio proyecta un valor-país que es casi la mitad que el de 2009, y lo que es peor, lo compara con lo que podría haber sido, lo que habría pasado si la cosas se hubieran hecho correctamente y la conclusión es pavorosa: el valor-país sería casi seis veces mayor. Este es lo que Zapatero ha hecho de España. Un hundimiento del valor-país de proporciones bíblicas.“El resultado final es una España poco atractiva y en busca de su identidad. La tendencia de pérdida de posicionamiento absoluto y relativo en todos los indicadores relevantes del país es preocupante para el futuro de los españoles y su papel en el mundo”. Es sencillamente imposible una crítica tan demoledora y contundente a un gobierno y a unos gobernantes.
Sistema electoral
Dentro de las cuestiones más relevantes, la que presenta un mayor consenso entre los firmantes, 92%, se refiere a la necesidad de un sistema electoral ajustado a las nuevas necesidades del país y donde, basándose en el estudio del CIS “Calidad Democrática II” en el que se dice que el 91,7% de los encuestados cree que los gobernantes no tienen en cuenta sus opiniones, propone ir hacia “un modelo que permita recuperar la representatividad social de los políticos y el acercamiento a los votantes”, a la vez que denomina “democracia de incubadora” a la actual dictadura partitocrática.El tema es de una trascendencia fundamental. La inmensa mayoría de los firmantes está exigiendo lo que cualquier persona medianamente informada piensa: el cambio de la dictadura partitocrática de listas cerradas y bloqueadas por un sistema de elección directa por parte de los ciudadanos, ni más ni menos que lo que ocurre en a las verdaderas democracias, y obviamente un sistema electoral proporcional y no un sistema como el actual, donde minorías separatistas y antisistema obtienen un nivel de representación completamente desproporcionado con su número de votantes.
Con un 78% de consenso denuncian el creciente “desajuste entre la magnitud, complejidad y visibilidad de las tareas que exige un Estado moderno y eficiente y el nivel de preparación y experiencia de los Administradores”, es decir, cuanto más complejos son los problemas, cuanto mayores son los desafíos, peor es la preparación y la experiencia de las personas llamadas a resolverlos. Esto es válido para todos los partidos políticos, desde un presidente de gobierno enloquecido y sin experiencia alguna, a un líder de la oposición que, en medio de la mayor crisis de nuestra historia, confiesa que dedica su tiempo a ver fútbol, y aparte de pedir una y otra vez elecciones anticipadas, es incapaz de poner orden en las CCAA y Ayuntamientos donde gobierna. De ahí para abajo, lo que ustedes quieran, ministros y ministras que son un insulto a la inteligencia, y que en cualquier otro país europeo no estarían ni de botones, con perdón para los botones.
El análisis pide que se recluten los mejores, pero eso es un imposible metafísico, como los líderes son, por decirlo suavemente, unos mediocres absolutos, no admiten a nadie calidad a su lado que pueda hacerles la sombra, y la dictadura partitocrática hace imposible reclutar a los mejores.
Eficiencia global y clarificación del modelo autonómico
Consideran imprescindible “clarificar el Modelo Autonómico de una manera global, estable y fiable”, frente a los enfoques “cortoplacistas y oportunistas actuales”. Es necesario acabar con las duplicidades, redundancias y excesos de un Estado con tres Administraciones. Un disparate de Estado con diecisiete comunidades y dos ciudades autónomas, con más de 8.000 ayuntamientos, más de 80% de los cuales tiene menos de 5.000 habitantes, Diputaciones, Consejos y Cabildos insulares. Y todo ello sin la menor coordinación efectiva por parte del Estado.Según un reciente estudio de UPyD, “a pesar de que la CCAA forman parte del mismo Estado, su autonomía es mucho mayor que la que tiene España frente a la Unión Europea. El Estado carece de instrumentos de control y corrección ante los posibles desmanes organizativos”. El Estado no sabe lo que gastan, ni cómo lo gastan, ni lo que deben. ¿Cómo es posible entonces valorar el déficit y la deuda de la AAPP? Y si a ello añadimos las 4.000 empresas públicas, cuyo oscurantismo es total, y las deudas a proveedores ocultas en cajones, nadie puede saber a ciencia cierta si España está igual o peor que Grecia, Irlanda o Portugal. Por otro lado, CCAA y Ayuntamientos son “totalmente reacios al sistema objetivo de oposiciones, prefiriendo sustituirla por la contratación a dedo”. Y ocurre que las administraciones territoriales son responsables de casi los dos tercios del gasto de la Nación. En estas condiciones, ¿cómo se puede evitar la ruina de España?
Refuerzo de los Pactos de Estado y separación de poderes
El 88% de los firmantes cree imprescindible el consenso en temas como educación, ciencia y energía, “pactos estables y a largo plazo entre las principales fuerzas políticas y la Sociedad Civil”. Sin embargo, constatan que “la evolución de España tiende a ser la contraria, lo que ha conducido a una politización de temas que deberían estar alejados de la lucha política”. Finalmente se insiste el la imprescindible “separación de poderes”, algo directamente relacionado con la democratización necesaria vía cambios del sistema electoral. Solo el 13,1% de los ciudadanos, según el CIS, cree que el Tribunal Constitucional tiene poder para frenar los abusos de poder del gobierno, y solo un 0,9% considera que la Justicia funciona satisfactoriamente. Es evidente que España no puede calificarse hoy como un Estado de Derecho.
“Con una tendencia a la pérdida de posicionamiento absoluto y relativo en todos los indicadores relevantes del país, la situación actual es peligrosa y preocupante para el futuro de los españoles y su papel en el mundo”.
Ante un análisis tan devastador y contundente de la realidad política y económica por parte de los principales líderes empresariales y financieros del país, ¿cuál será la actitud de los destinatarios del documento? Me atrevo ha hacer una previsión: el Rey ni sabe ni contesta, Zapatero ni lo entiende ni le importa, aunque va a recibir a los 25 “primeros” empresarios, palmeros los más, para “acelerar la recuperación”, ¿qué recuperación?, y hacerse la foto que es lo suyo, y Rajoy está muy ocupado viendo partidos de fútbol. Y mientras tanto, España se dirige imparable hacia el desastre.
domingo, 29 de agosto de 2010
Información y transparencia
Por Manuel Clavero Arévalo, Diario de Cádiz, 29 de agosto de 2010
SEGÚN anunció el diario El País el pasado 16 de agosto, el Gobierno tiene previsto tramitar el ante proyecto de Ley de Transparencia y Acceso de los ciudadanos a la Información Pública, que reconoce el derecho de los ciudadanos a saber, frente a las administraciones central, autonómica y local e incluso frente a las empresas concesionarias de servicios públicos, nada dice de los concesionarios de obras públicas, imaginamos también que frente a las empresas y organismos públicos, dependiente de aquellas administraciones.
Ciertamente que para los ciudadanos es importante tener información veraz y directa de las administraciones públicas y no solo las personas interesadas en un solo asunto sino cualquier persona que desee tener información. Ello es también importante para los medios de comunicación que deben poder informar a los ciudadanos de los proyectos, procedimientos y actividades de los sujetos del sector público.
Para leer más, pincha aquí.
Otras noticias relacionadas:
ABC, 29/08/10
El Imparcial, 23/08/10, artículo de Jose Eugenio Soriano García
El Mundo, 16/08/10
SEGÚN anunció el diario El País el pasado 16 de agosto, el Gobierno tiene previsto tramitar el ante proyecto de Ley de Transparencia y Acceso de los ciudadanos a la Información Pública, que reconoce el derecho de los ciudadanos a saber, frente a las administraciones central, autonómica y local e incluso frente a las empresas concesionarias de servicios públicos, nada dice de los concesionarios de obras públicas, imaginamos también que frente a las empresas y organismos públicos, dependiente de aquellas administraciones.
Ciertamente que para los ciudadanos es importante tener información veraz y directa de las administraciones públicas y no solo las personas interesadas en un solo asunto sino cualquier persona que desee tener información. Ello es también importante para los medios de comunicación que deben poder informar a los ciudadanos de los proyectos, procedimientos y actividades de los sujetos del sector público.
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