La nacionalización de la CAM: un reto para el Estado

Por Manuel Muela

Publicado en El Confidencial (26/07/2011)
La nacionalización de la CAM, aunque tardía, junto con otras nacionalizaciones que la seguirán en los próximos meses, convertirá al Estado, a través del FROB, en propietario de un grupo crediticio, que representará alrededor del 20% de los activos del sistema español y que ocupará el primer lugar de banca minorista del país, con miles de oficinas y empleados extendidos en casi todo el territorio nacional. Eso supone enfrentarse a una gestión difícil, pero que podría hacer de la necesidad virtud, poniendo a disposición de familias y empresas el servicio de crédito necesario, que tanto se viene demandando desde que estalló la crisis hace cuatro años.

Nadie niega que sin un sistema crediticio en funcionamiento resulta casi imposible pensar en la regeneración de la actividad económica. Nuestras entidades crediticias, o al menos la mayoría de ellas, siguen constreñidas por el enorme caudal de activos dañados e improductivos y la incertidumbre sobre la evolución presente y futura de su actividad, dada la parálisis y la depresión que horadan a la economía española. La tormenta económico-financiera que nos viene castigando, va haciendo mella en el ánimo de la sociedad, a pesar de los intentos reiterados de las autoridades por negar las evidencias hasta que las realidades adversas se van imponiendo una detrás de otra.

Y es precisamente esa impostura oficial la que va minando la confianza de las personas no solo en sus gobernantes, sino en sus propias capacidades para superar unos malos tiempos de los que un gran número de españoles habían perdido la memoria: los días de vino y rosas de los pasados veinte años han terminado dramáticamente con una marea de cifras que aturden y confunden hasta a los espíritus más sólidos.

España se ha dado de bruces con la crisis financiera y económica en una situación singular que la diferencia de la de otros países: nuestro sistema crediticio, basado en la banca al por menor, tiene reconocida una gran eficiencia y puede ser modelo para otros; pero la confianza en su fortaleza le llevó a endeudarse desmesuradamente en los mercados internacionales, que es lo que permitió que el crédito en España creciera a tasas cercanas al veinte por ciento durante los años del boom inmobiliario. Junto a ello la realidad de una economía que ha girado obsesivamente alrededor de la construcción de viviendas, con abandono de otras actividades empresariales, que han sido sacrificadas en el altar de la especulación.

Las responsabilidades son muchas y variadas y no han sido las menores las de los poderes públicos, que se han comportado como meros espectadores y beneficiarios de la riada del dinero abundante, abandonando la previsión exigible a cualquier gobernante.

El sistema financiero necesita a su ‘José Tomás’
Llegados a este punto se dan gritos de alarma y se apela al uso de la riqueza nacional para taponar las vías de agua, declarando el estado de excepción financiera con una catarata de decretos-leyes, que han culminado, por el momento, con el de febrero pasado sobre nuevas exigencias de capital a las entidades de crédito, cuyo objetivo principal son las cajas de ahorros a las que se obliga a convertirse en bancos, para facilitar su despolitización y obtener el crédito de los mercados, según los mentores de la norma. A un grave problema financiero se le receta la medicina jurídica de la transformación societaria que, como es de sentido común, tiene una virtualidad escasa, salvo la de facilitar una venta de bienes cuasi públicos, que no otra cosa son las cajas de ahorros, en condiciones muy poco justificables. Lo sucedido con las recientes salidas a bolsa de entidades que han recibido importantes préstamos públicos se comenta por sí mismo. Desde luego no es para sentirse satisfechos de la operación.

La controversia falaz entre privatización y nacionalización hace que muchos piensen que la primera es la mejor opción, sin pararse a pensar que la envergadura del problema obliga al Estado, es decir a los contribuyentes, a poner los recursos para hacerla posible, como sería el caso de la CAM, que da pie a este comentario. Si a ello añadimos que cualquier venta o subasta requerirá de apoyos públicos futuros indudables, creo que sería defendible optar por el establecimiento de una gestión pública estable, encaminada a dotar de eficiencia a las entidades que lo requieran.

Sin prejuicios y en defensa del interés general creo que hay que desechar la actuación injusta de convertir al Estado en mero intermediario para hacer un ligero calafateado y asumir pérdidas, renunciando a los beneficios económicos y sociales de ordenar un servicio público de crédito, que durante la larga travesía de la crisis ayude a restaurar la confianza de nuestro tejido productivo. Porque, aparte de la gestión de un grupo financiero importante, se podrían desarrollar políticas públicas de suelo y vivienda, teniendo en cuenta el conjunto de activos inmobiliarios de las entidades que lo forman. Todo ello justificaría, en mi opinión, más de la mitad de la acción de gobierno de una legislatura.

Ya sé que lo público tiene pocos defensores, ni siquiera en los más obligados a ello que son los gobernantes y los servidores públicos, pero esta es una ocasión para demostrar que el Estado no vale solo para suministrar recursos que los mercados e inversores niegan. El Estado, que ha carecido de instrumentos financieros eficaces en esta crisis- el Instituto de Crédito Oficial es una gota en medio de la tormenta- y que es criticado duramente por la falta de crédito tiene ahora la ocasión de contrarrestar con hechos la indefensión crediticia de la economía nacional. Creo que esa actuación pública sería una opción más seria que algunas de las proclamas que se oyen sobre la ayuda de los bancos para crear empleo y cosas por el estilo. Esta nacionalización, por su importancia, ha puesto un toro de envergadura en la plaza y necesitamos el José Tomás que lo toree en beneficio del país.

Las cajas de ahorro y el Estado

Por Manuel Muela Publicado en El Confidencial (30/03/2011) Las idas y venidas de la reestructuración del sistema financiero español parecen desembocar en lo que unos pocos pensábamos desde el principio de la crisis: que la utilización de recursos públicos debería implicar la presencia del Estado en la administración y gestión de las entidades que los recibieran. Sin embargo, este principio, que parece acorde con la defensa del interés público, es presentado en España como algo peyorativo, probablemente por el descrédito que sufre todo lo público y también por la creencia en la bondad absoluta de lo privado que, como estamos viendo, carece de capacidad para ayudar a superar los problemas del sistema crediticio. Creo que, en estas circunstancias, el Estado podría pasar de ser el mal menor para algunos a convertirse en la garantía de la ordenación y del saneamiento eficaz de un sector tan importante para España como es el de las cajas de ahorros. Es un hecho aceptado que el estallido financiero de agosto de 2007 y su prolongación en otoño de 2008 con la quiebra de Lehmans Brothers alteró profundamente los mercados financieros y causó la parálisis de la economía real. Ello puso de manifiesto que los poderes públicos, llevados de un entendimiento erróneo de la libertad de mercado, hicieron dejación de su obligación de velar por los equilibrios fundamentales tanto sociales como económicos; lo que fue aprovechado por la codicia de algunos agentes financieros: el discurso de la globalización, muy influenciado por el del capitalismo financiero, ha anegado durante los últimos quince años las posiciones públicas de los diferentes gobiernos, incluidos los nuestros, sin distinción ideológica alguna, hasta el punto de hacernos pensar que el Estado era algo residual y poco adecuado para los nuevos tiempos. Pero la cadena de decisiones adoptadas desde entonces, siguiendo la iniciativa de los Estados Unidos, nos obligan a considerar el papel central de los Estados en la ordenación de la crisis, incluida la del crédito. Tanto para los fundamentalistas del liberalismo como para los múltiples conversos procedentes de la socialdemocracia, las iniciativas públicas adoptadas han resultado extrañas y chocantes, sin pararse a pensar que los gobiernos tienen la obligación de defender el interés público y de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, algo a lo que los liberales genuinos nunca renunciaron. Y en esa línea es en la que creo que conviene situar el proceso de nacionalización de algunas cajas de ahorros españolas, ante la imposibilidad manifiesta de las ilusorias opciones privadas. Aunque sea tardío y poco vigoroso, puede ser el principio de un recorrido más sólido y eficiente para estas cajas y otras que pueden llegar después. Es importante que el camino que ahora se inicia quede despejado de reservas y de prejuicios. Lo señalo, porque la corriente imperante, incluso entre los gobernantes, es que la nacionalización es un mal necesario del que hay que pasar cuanto antes. Y eso podría estimular actuaciones guiadas más por un sentido liquidador que por un propósito constructivo y conservador de instituciones necesarias, que lo que requieren son políticas profesionales de gestión y saneamiento, orientadas a devolver el dinamismo a un sector vilipendiado, por causa de una simplificación muy frecuente en España: confundir a los gestores negligentes con las entidades que gestionan. Como nunca es tarde para encontrar un buen gobierno, en el caso de las cajas de ahorros puede que la presencia del Estado en las mismas, aunque éste la haya rehuido expresamente, obligue a separar el grano de la paja y a aplicar los principios y las políticas que demandan los problemas que tiene el sector, con transparencia y con exigencia, lejos de los intereses particulares. Precisamente en España, que vivió en los años 70 y 80 la crisis bancaria más importante de la época en Europa, no falta experiencia. Y, al fin y al cabo, es lo mínimo que se puede esperar de quienes tienen la responsabilidad del poder público. Porque debajo de la hojarasca de propaganda y de las versiones interesadas acerca del porvenir de las cajas de ahorros españolas conviene subrayar que, aun con los ingentes problemas que las atenazan, representan unos de los activos más sólidos de nuestro sistema crediticio: su presencia en el país, su implicación en la economía real y su grado de eficiencia en el mercado minorista son valores que, gestionados adecuadamente por el Estado, pueden permitir que, en plazo breve, se reanude el caudal del crédito, cuya ausencia esta condenando a la economía española a una larga postración.

Los corruptos que claman contra la corrupción

Por Jose Antonio Zarzalejos

Publicado en El Confidencial (09/03/2011)

Según asegura un estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS), la economía sumergida en España alcanzaría la desesperante cifra del 17% del PIB y, si emergiese, reduciría en número muy considerable la cifra de nuestros desempleados. Es obvio que los responsables de la economía sumergida son unos corruptos a distintas escalas, pero corruptos y, por lo tanto, insolidarios, merecedores de reproche social y de sanción administrativa y, en su caso, penal.

¿Quiénes son? Veamos. La señora de economía familiar saneada que paga 600 euros al mes a su empleada doméstica -por lo general inmigrante- a la que no da de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social. El patrón de una pequeña empresa que hace negocios de construcción y que, además de emplear rotatoriamente a parados que perciben o el subsidio, cobra en negro a sus clientes y, por lo tanto, sin IVA. El dentista que hace que su enfermera o recepcionista pregunte al paciente si quiere factura de la intervención que le ha practicado, y si la respuesta es negativa, el dinero no pasa a los libros. El comprador y vendedor de una vivienda, que se ponen de acuerdo para que una parte del precio sea en B, con lo que abonan en cascada menos impuestos, desde el de valor añadido al de plusvalía. El industrial que crea una factoría ilegal en una pabellón periférico en el que hace trabajar doce horas seguidas por un sueldo mínimo a extranjeros -chinos, peruanos- elaborando copias e imitaciones de productos de lujo (bolsos, carteras, pañuelos) y los comercializa en redes incontroladas de mercados y mercadillos, todo ello sin pagar un solo euro a la Hacienda Pública y con grave explotación de los trabajadores.

Y en general, son corruptos los profesionales que no documentan y abonan con artilugios defraudadores el total de sus ingresos; o los altos directivos que no declaran en su IRPF los pagos en especie, o tantos y tantos que defraudan -a veces poco, a veces mucho- en la confianza de que la Inspección de la Agencia Tributaria no les atrapará. Y todos ésos que no pagan las sanciones administrativas por infracciones de distinta naturaleza, eludiendo hasta las vías de apremio mediante alzamiento doloso de sus bienes.

Muchos de estos corruptos sociales son los que, en ocasiones, se indignan con los políticos también corruptos de la trama Gürtel, de los ERE's fraudulentos en Andalucía o de la rebatiña de latrocinio en Baleares. Son tan hipócritas que hablan en alto en los restaurantes por la insoportable rapiña de los políticos; escriben cartas al director en tono moralista y cívico, participan acusadoramente en redes sociales y se llevan las manos a la cabeza por la marcha del país.

La corrupción de la economía sumergida hace pinza con la política y crea un clima moral asfixiante e hipócrita. Aunque ofrece explicaciones al hecho de que en España no se haya producido un estallido social. Porque si a los sistemas de protección social y al colchón protector que sigue representando la familia en España se une esta ocultación de actividad económica y laboral, parece claro que la normalidad que se observa en muchos aspectos resulta sólo aparentemente incoherente con las terribles cifras macroeconómicas que nos atenazan.
Un 17% del PIB en economía sumergida constituye una inmoralidad cívica tan aplastante y bochornosa que se impone una acción pública y social que la reproche severamente. Porque si no se sanea la conciencia colectiva del país, ocurre que los políticos corruptos son asumidos con cierta normalidad por los electorados; que los escándalos de corrupción no provocan el rechazo de los electores que siguen depositando su sufragio a favor de personas turbias, quizás porque su corrupción es juzgada con el mismo rasero benévolo que la propia. Entramos -estamos ya- en un círculo vicioso en el que los corruptos claman contra la corrupción cuando están instalados en ella sin aflicción o remordimiento alguno.

Así nos va: con un 17% del PIB economía sumergida y con una convivencia en la que, a veces, el más reputado es siempre el más pícaro, el más defraudador y hasta el más delincuente. Que nadie se engañe: los políticos corruptos son a menudo el simple reflejo de la laxitud de las sociedades que les soportan.

Cajas de Ahorros: la responsabilidad del Partido Popular

Por Manuel Muela

Publicado en El Confidencial (09/03/2011)

Esta semana el Congreso de los Diputados debe decidir la convalidación o no del Decreto Ley 2/2011 para el reforzamiento del sistema financiero. Una norma que ha sembrado la incertidumbre, contra lo que aparentemente pretende, distorsionando gravemente los proyectos de reestructuración de gran número de entidades, fundamentalmente cajas de ahorros, hasta el punto de poner en cuestión su propia supervivencia. Parece que el Gobierno tiene resuelto el trámite parlamentario, pero se desconoce la posición última que adoptará el Partido Popular, que es lo que de verdad interesa a quienes tienen que planificar el futuro inmediato en el que se vislumbra la opción de gobierno de dicho partido. Su apoyo o desafecto a dicha norma marcará la pauta de su aplicación.

La crisis iniciada en el verano de 2007, que ha afectado, como no podía ser menos, a los sistemas financieros, se ha vivido en España de forma singular: cuando la mayoría de los países encararon los problemas de sus entidades crediticias, aquí se optó por embalsarlos con la creencia de que era una crisis transitoria de liquidez que, en ningún caso, se transformaría en un problema de solvencia. Y así se estuvo hasta la primavera de 2009 en la que empezó la inquietud por la crisis de la economía real, mejor dicho su depresión, y su repercusión evidente en el sistema crediticio, cuyo endeudamiento exterior y volumen de activos dañados fue conociéndose.

Las cajas de ahorros, que son la mitad de dicho sistema, estaban particularmente afectadas por la especulación inmobiliaria: su exposición en promoción y suelo es muy importante, más que en el caso de la banca, aunque esta última está muy comprometida por la crisis de las empresas. Es verdad que no todas las cajas tienen el mismo nivel de exposición, pero a partir del momento en que se fueron conociendo los datos se inició una ola de descrédito sobre todo el sector, que ha creado alarma e incertidumbre, y que nadie, empezando por los propios afectados, ha tratado de atenuar o contrarrestar. Imperaron la política del avestruz y la ignorancia de responsabilidades.

En 2009 y 2010 las cajas entraron en procesos de concentración y reestructuración, algunos de los cuales de dudoso rigor: fusiones intrarregionales poco consistentes y agrupaciones virtuales, los SIP, muchas de ellas forzadas para obtener ayudas públicas y mantener a los administradores causantes de los problemas. La imagen que se ha transmitido, con el concurso de las propias autoridades, es que la fusión y concentración de entidades era la panacea para resolver las dificultades, sin necesidad de optar por otras alternativas de saneamiento de las carteras crediticias, que ya figuraban en la regulación del FROB.

Al finalizar 2010 se anunció urbi et orbe que había concluido la reestructuración del sector. Pero, a los quince días del comienzo del año, el Gobierno anunció una nueva reforma que establece mayores exigencias de recursos propios, discriminando a las cajas respecto de los bancos, con la pretensión de bancarizar todo el sistema crediticio. Se ha sembrado de nuevo la incertidumbre y se ha puesto de manifiesto un objetivo, que algunos sospechábamos, cual es que las cajas de ahorros están condenadas a la desaparición. Hasta tal punto es así que el nuevo Decreto Ley exige que las cajas de ahorros que necesiten recurrir al FROB deban transformarse previamente en bancos. La razón de ello es un arcano.

Con independencia de otras opiniones sobre los contenidos del Decreto-Ley, pendiente de convalidación, lo importante es que aboga por la eliminación del modelo de cajas y estimula, quizá sin pretenderlo, la posibilidad de que se puedan fraguar alrededor de ello operaciones especulativas en beneficio de unos pocos y en perjuicio de la mayoría, teniendo en cuenta el ciclo bajo de la economía y las dificultades para obtener recursos privados a precios razonables, porque para las gangas siempre hay compradores.

El Decreto Ley de creación del FROB del año 2009 contempla instrumentos de reestructuración y saneamiento de las entidades, que son la columna vertebral de la norma y que han venido siendo ignorados, porque su utilización podía implicar la remoción de administradores. Se ha preferido optar por la vía de préstamos sin acometer políticas de saneamiento y limpieza de activos dañados, aunque se tenga conciencia de que tales préstamos difícilmente serán devueltos y que las entidades no pueden, en tales condiciones, dinamizar sus políticas de crédito.

Por otra parte, la reforma de la LORCA de julio de 2010 concede a las cuotas participativas una calificación análoga a las acciones o a las aportaciones sociales de las cooperativas, los famosos derechos políticos, que habilitan para participar en los órganos de administración. Con ello se pretendía desvanecer las dudas acerca de la participación en el control y administración por parte de hipotéticos inversores en las cajas, estableciendo un sistema mixto de gobierno respetuoso con el modelo jurídico de las cajas y con los derechos de los inversores en las mismas.

En mi opinión, la utilización de los instrumentos del FROB combinados con la emisión de cuotas participativas, que pueda, en su caso, suscribir el propio FROB serían inicialmente suficientes para ordenar y sanear los balances de las cajas, sin necesidad de proclamar su defunción, obligándolas a convertirse apresuradamente en bancos y a malvenderse en un mercado ávido de gangas.

Por eso resulta capital, a mi juicio, la posición del Partido Popular, ya que este partido no aboga, que sepamos, por la desaparición de las cajas y sí da prioridad a las políticas de saneamiento frente a la opción del Decreto Ley, basada sólo en la mayor exigencia de recursos propios que todos sabemos que, sin saneamiento previo, no deja de ser una proclama poco eficaz, si se quiere activar la política crediticia. Los instrumentos para sanear y capitalizar, en su caso, ya están vigentes, y conviene que alguien lo recuerde y asuma su utilización.

Hay quienes sostienen que no apoyar el Decreto Ley es desestabilizador. Es el recurso al trágala propio de la política española. Al contrario, sería la oportunidad para imponer algo de sosiego en el campo de Agramante en que se ha convertido el sistema crediticio, enviando un mensaje de seriedad y de esperanza no solo a la mitad del mismo, las cajas de ahorros, sino a todos a quienes interesa que nuestros bancos y cajas contribuyan a superar la depresión económica del país.

Dos panaceas: la privatización y la bancarización de las cajas de ahorros

Manuel Muela, economista.

Entre las muchas soluciones que circulan para resolver los problemas que aquejan a nuestro sistema crediticio hay dos que merecen ser comentadas porque aparecen revestidas del don del acierto, sin asomo de error alguno: las cajas de ahorros tienen que privatizarse y, además, convertirse en bancos para entrar en el camino de la perfección. Si ambas cosas fueran verdad, que no lo son, se habría descubierto la piedra filosofal para enderezar la crisis del crédito en España. Desde luego, el camino no es produciendo normas a trompicones y sembrando la incertidumbre sobre la capacidad de las entidades crediticias. En mi opinión, más valdría volcar los esfuerzos en vigilar la gestión y la profesionalidad de sus administradores, para llevar a buen término los planes de negocio y de saneamiento aprobados por las propias entidades y/o las autoridades responsables.

Quienes conocen la historia de las cajas de ahorros saben que se trata de entidades privadas de origen fundacional, cuyo negocio básico ha sido administrar el ahorro en beneficio de sus propios clientes y de las provincias y regiones en las que operan. Existen cajas de fundación privada y otras de fundación pública, de ayuntamientos y de diputaciones provinciales y todas ellas han desarrollado su actividad dentro de un marco que, inicialmente, estuvo muy limitado y protegido y que, después, se hizo más abierto y flexible. Las cajas, desde los años 60 del siglo XX, fueron creciendo con el país y, en su conjunto, mantuvieron la fidelidad a su negocio y se convirtieron en un ejemplo de eficacia en el segmento de banca minorista. Esa es la explicación, y no otra, de que hoy representen la mitad de nuestro sistema crediticio con más de 23.000 oficinas y alrededor de 120.000 trabajadores.

Si en determinados casos es el Estado el que aporta tales recursos, no hay que rasgarse las vestiduras: ni lo público ni lo privado son malos en sí mismos, de lo que se trata es de ser exigentes con la administración de los recursos y de utilizar a los mejores profesionales para ejercerla
Como es lógico, unas entidades tan imbricadas en la realidad social y económica de España sufren las consecuencias de la crisis. Una crisis que es la certificación del fracaso de un modelo económico, claramente especulativo, en el que también una parte de las cajas de ahorros tienen su cuota de responsabilidad. Y precisamente esto las ha llevado a iniciar proyectos de reconversión y de saneamiento que, no sin dificultades, se van ejecutando. Pero esa realidad ha sido devaluada, en muchos casos, por la falta de exigencia de responsabilidad a los administradores causantes de los problemas y a las autoridades que tampoco los evitaron. Bien es verdad, aunque no es excusa, que esa ha sido la tónica general desde que apareció la crisis.

Los problemas de los balances de las entidades son conocidos y las recetas son variadas: su denominador común es el adelgazamiento estructural y el tiempo necesario para hacerlo en un marco económico de depresión que, desgraciadamente, se prolongará unos años. Quiere decirse que se podrá ser más o menos exigente en la cura, pero la enfermedad es grave y no hay medicinas milagrosas en el horizonte. Se requiere templanza y buen sentido, aparte de asumir las responsabilidades que a cada uno corresponda, huyendo de la turbamulta y de la simplicidad. Las cajas de ahorros son una expresión notoria de que España, aprendiendo de los errores, tiene que cambiar.

Pero los cambios solo serán eficaces si se inspiran en el sentido común y en el conocimiento de los problemas y de la realidad que los circunda. Y, en el caso de las cajas de ahorros, parece cierto que representan uno de los activos más importantes de la economía nacional, que no puede ser puesto en almoneda porque lo exijan sus competidores o porque se quiera dar aisladamente una imagen de firmeza para encubrir las múltiples vacilaciones que dominan la política española.

Ya existen los mecanismos para que las cajas de ahorros obtengan recursos privados y que éstos tengan voz y voto en sus órganos de gobierno. Y si en determinados casos es el Estado el que aporta tales recursos, no hay que rasgarse las vestiduras: ni lo público ni lo privado son malos en sí mismos, de lo que se trata es de ser exigentes con la administración de los recursos y de utilizar a los mejores profesionales para ejercerla. Son las premisas fundamentales para ordenar el sector; porque decir que las cajas de ahorros se tienen que convertir en bancos para mejorar es de un simplismo digno de mejor causa. No olvidemos que lo mismo que las llamadas ciudades libres de la Edad Media no producían hombres libres, los bancos por el hecho de serlo no son garantía de buena administración y de buen gobierno. Sobran los ejemplos.

Caja de ahorros: un sacrificio estéril

Por Manuel Muela, economista.

Publicado en El Confidencial (03/02/2011)

Salvo que un rayo de lucidez lo remedie, parece que el sector de las cajas de ahorros será sacrificado como víctima propiciatoria para obtener, según se dice, la comprensión y la benevolencia de los mercados. Un señuelo más de los tantos y tantos que vienen circulando en España desde que nos dimos de bruces con una ruina que no solo no estaba en el guión sino que, contra toda racionalidad, se ha pretendido escamotear con los argumentos más variopintos, aprovechando la larga ola de analfabetismo que ha inundado el país. Y cuando esos señuelos dan muestras de agotamiento hay que buscar otros, para dar la impresión de que terminamos encontrando a los responsables de nuestras desgracias cual modernos chivos expiatorios. Nunca la autocrítica de autoridades y reguladores, también de algunos gestores, porque, al parecer, la sociedad ni la exige ni la merece, como corresponde a un pueblo sumiso que comulga con todas las ruedas de molino que le venden.

Así se explica que el economicídio de las cajas, como lo llama el sociólogo José Félix Tezanos, se esté produciendo en medio de la indiferencia y/o el aplauso general, como si de ello se fueran a obtener grandes beneficios para todos. Pocas voces se elevan ante lo que, a todas luces, es un despropósito o un insulto a la inteligencia. Los problemas del sistema crediticio, muchos y cuantiosos, no se arreglan con una catarata de normas que no da tiempo ni a ejecutar: el camino adecuado es reconocer la envergadura del problema, definir a los responsables de su origen y abrir caminos para su resolución sin poner en trance de colapso a entidades que representan la mitad del sistema crediticio de España. Quizá esta última sea la causa del maltrato de las que se les hace objeto. En todo caso, conviene advertir que toda esta locura, aparentemente purificadora, nos hundirá más en el descrédito y en la desmoralización.

El origen y fundamento de las cajas de ahorros vienen definidos por su carácter social y la dedicación al territorio en que se desenvuelven. Ambas cosas han configurado un tipo de negocio minorista, muy apegado a las personas y familias y a las pequeñas empresas: los préstamos hipotecarios y los créditos al consumo, por una parte, y las suscripciones de renta fija para la industrialización y mejora de las comunicaciones, por otra, fueron largo tiempo el eje de las políticas de activo de estas entidades, para contribuir en los últimos cuarenta y cinco años al bienestar económico de sus clientes y regiones.
El economicídio de las cajas, como lo llama el sociólogo José Félix Tezanos, se está produciendo en medio de la indiferencia y/o el aplauso general, como si de ello se fueran a obtener grandes beneficios para todos. Pocas voces se elevan ante lo que, a todas luces, es un despropósito o un insulto a la inteligencia
Para nadie es un secreto que la buena imagen de las cajas, y su crecimiento en cuota de mercado, ha sido la consecuencia lógica de haber cumplido con su objeto social, sin poner en riesgo el ahorro popular que, pocas décadas atrás, casi administraban en exclusiva. Naturalmente ha habido accidentes en el camino, pero modestos en comparación con otras situaciones.

Esos modos de funcionamiento venían obligados por el intervencionismo que dominó el sector hasta finales de los años 70 del siglo pasado, y que ha dejado su impronta, a pesar del marco de liberalización de la época posterior. Como era previsible y hasta aconsejable, las cajas siguieron atendiendo a los sectores tradicionales de los años de los coeficientes obligatorios, porque era el negocio que conocían y porque era también su mayor garantía de crecimiento y rentabilidad con un nivel prudente de riesgo.

Los cambios posteriores en los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, que suponen una importante presencia de representaciones públicas, léase políticas, en los mismos, y la atribución a las Comunidades Autónomas del protectorado que históricamente ejercía el Gobierno Central, crearon un marco muy tentador para los poderes regionales, que necesitaban con bastante frecuencia el concurso de entidades financieras para atender a sectores o empresas, cuyo mantenimiento era difícil.

Si a la circunstancia anterior unimos el fenómeno de la liberalización operativa de que han dispuesto las instituciones de ahorros nos encontramos con que algunos de sus administradores, poco profesionales, han impulsado políticas inversoras arriesgadas, poco compatibles con su naturaleza y objeto, dejándose llevar y acariciar por la gran burbuja de la economía española, fabricada desde nuestra incorporación a la UE. La participación activa de las cajas, también de la banca, en el boom inmobiliario nadie la pone en duda, aunque el grado de participación no ha sido igual en todos los casos.

Es verdad que, como consecuencia de esos excesos, tenemos el problema de que nuestro sistema crediticio, en su conjunto, tiene un déficit de recursos propios o de capital, todavía poco definido, que, probablemente, requiere una nacionalización parcial o total de algunas entidades, por la falta de recursos privados. Hasta ahí estaríamos, con retraso, en lo que ha sucedido en otros países. Donde empieza lo insólito es que se utilice el problema para proscribir a la mitad del sistema crediticio español, las cajas de ahorros, con el argumento de que su naturaleza no es entendida, se supone que por los mismos inversores que, durante los años dorados, les han prestado a mansalva sin tener esas dudas que ahora manifiestan. Excusas al fin, para no corregir lo que ha funcionado mal y restituir a las cajas al segmento de banca minorista que nunca debieron abandonar, volviendo a depender única y exclusivamente del Ministerio de Economía y Hacienda y supervisadas regularmente por el Banco de España.

Por paradojas de la historia tenemos ante nosotros una película que inicia un ministro socialista, Largo Caballero, aprobando el Estatuto del Ahorro de 1932, que puso las bases protectoras del sector de cajas de ahorros, que ahora, con un gobierno socialista, puede desaparecer de la faz de España dando lugar a lo que el profesor Anton Costas acaba de definir como el mayor desmán financiero de nuestra historia.

¿Y si alguna caja la compran los chinos?

Por Jesús Sánchez Quiñones (Publicado en Cotizalia, 18/01/2011)

La desconfianza sobre los balances de las entidades financieras, principalmente cajas de ahorros, sigue latente. Como consecuencia, son pocas las entidades que están consiguiendo emitir bonos que les permita renovar la ingente cantidad de vencimientos que han de afrontar en 2011 (95.000 millones de euros).
La segunda edición de las pruebas de resistencia (stress test) que se desarrollará en el primer trimestre de este año, debería clarificar de una vez por todas cuál es la cantidad de recursos adicionales que necesitaría cada entidad en una situación de tensión extrema. Teniendo en cuenta que todos los bancos irlandeses aprobaron las pruebas de julio y apenas cuatro meses después requirieron ayudas por importe superior a 35.000 millones de euros, la segunda edición de los stress test sólo tendrá credibilidad si las condiciones consideradas son “extremas”.
El FROB (Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria) podría, en su caso, inyectar hasta 80.000 millones a las entidades que lo necesitasen. Pero con un pequeño matiz: primero debería acudir a los mercados para financiar dichas cantidades, con la incertidumbre de qué cuantía lograría captar y a qué coste.
La apelación de ayudas del FROB por parte de las cajas de ahorros no es ningún regalo. Las ayudas se concretan en préstamos (participaciones preferentes convertibles) que hay que devolver a un tipo de al menos el 7,75%. La apelación al FROB implica la presentación de un plan de mejora de la eficacia y la solvencia de la entidad ante el Banco de España, que necesariamente ha de conllevar un fuerte ajuste de gastos, incluyendo los de personal.
En la actual situación, la presión sobre los márgenes de las cajas de ahorros y bancos no deja de aumentar. El margen financiero (el interés que cobran menos el interés que pagan) de las cajas de ahorros ha pasado a ser del 1,2% sobre activos totales medios en 2010 frente al 1,5% de 2009. La guerra de depósitos, la imposibilidad de variar el diferencial de los préstamos hipotecarios vivos, y el encarecimiento de sus propias emisiones, hace que una financiación cercana al 8% sólo se pueda devolver llevando a cabo una profunda reestructuración de cada una de las entidades.
El propio Presidente del Gobierno ha comentado en una entrevista a la prensa británica que espera que los inversores privados aporten gran parte de los recursos que puedan necesitar las cajas de ahorros. Teniendo en cuenta que España es un país deficitario de ahorro, los inversores privados deberán ser en una elevada proporción extranjeros.
Coincidiendo con esos comentarios, abre en España sus operaciones el China Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Es el mayor banco del mundo por capitalización, con más de 380.000 empleados y 162 oficinas fuera de China y 216 millones de clientes privados. Alguien podría pensar que su estrategia es dar servicios bancarios a la numerosa colonia china en España, pero parece más realista pensar que es una cabeza de puente para materializar algunas operaciones posteriores, tanto en el sector bancario como en otros sectores estratégicos. Las situaciones de crisis como la actual siempre son momentos de oportunidades para quien tiene los recursos y el tiempo necesario para rentabilizar las inversiones. Condiciones que concurren en las entidades chinas.
Aunque puede parecer exótico, no hay que descartar que la transformación de las cajas en bancos y su inevitable recapitalización incluya la entrada de socios inimaginables hace escasos años, como los bancos chinos.
No tardaremos en dar la bienvenida a los inversores chinos en las empresas privadas españolas. Han empezado por adquirir Deuda Pública, pero lógicamente no se quedarán ahí. Dada el sentido estratégico que determinadas empresas pueden tener para ellos, su percepción de caro o barato posiblemente variará respecto de la percepción de la mayoría del resto de inversores. ¿Cuál será su primera inversión en España? Se admiten apuestas.