Por Pablo González Caballero
Publicado en El País (14/07/2011)
Sigue creciendo la histeria económica. Ya no quiebran grandes empresas, sino países enteros cuya deuda soberana es una soberana deuda. Se habla de contagio, de riesgo para el euro y de fractura en Europa.
Todos los países se entregan a dramáticos ajustes que no solo enfrentan a los gobernantes con el pueblo, sino que una semana después resultan ser insuficientes. Y como un cáncer devastador, el paro y la pobreza crecen a un ritmo despiadado e incontenible, sin que aparezca un solo dirigente capaz de encontrar soluciones... ¿Qué es lo que pasa? Honestamente, creo que los árboles nos impiden ver el bosque.
Esta no es una crisis económica sino de modelo económico. La mayoría de los gobernantes del mundo haciendo exactamente lo contrario de lo que deberían hacer. En lugar de supeditar los mercados a la soberanía nacional, lo que hacen es atender solícitos sus exigencias, por depredadoras que sean. Como si los mercados fuesen un dios al que temer, y no unos pocos miles de grandes accionistas, banqueros, millonarios y, sobre todo, especuladores que sin generar el menor bienestar a la población mundial provocan los peores desastres con su codicia sin freno. Ahora han hecho presa en las deudas soberanas, y en lugar de plantarles cara lo que hacen nuestros gobernantes es suplicarles y temblar.
Siempre habrá miserables y usureros, jugadores de ventaja y personas que acumulen fortunas irracionales sin hacer nada por los demás. Pero para que traduzcan su poder económico en poder a secas -en el poder de decidir sobre nuestras vidas- necesitan que nuestros gobernantes les sigan el juego.
Ese, y no otro, es el problema. Porque sin la traición de quienes deberían representarnos todo ese egoísmo concentrado se quedaría en nada.
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jueves, 14 de julio de 2011
miércoles, 22 de junio de 2011
La economía de la infelicidad
Por Borja Vilaseca, director del master en Desarrollo Personal y Liderazgo de la Universidad de Barcelona
Publicado en El País (08/05/2011)
La economía no es algo ajeno a nosotros. Los seres humanos formamos parte de ella del mismo modo que los peces forman parte del océano. Tanto es así, que podría describirse como el tablero de juego sobre el que hemos edificado nuestra existencia, y en el que a través del dinero se relacionan e interactúan tres jugadores principales: el sistema monetario, las organizaciones y los seres humanos. Cabe decir que esta partida está regulada por leyes diseñadas por los Estados. Sin embargo, por encima de su influencia, el poder real reside en los ciudadanos: con nuestra manera de ganar dinero (trabajo) y de gastarlo (consumo) moldeamos día a día la forma que toma el sistema.
Más allá de cubrir nuestras necesidades, a lo largo de las últimas décadas nos hemos convencido de que debemos tener deseos y aspiraciones materiales de cuya satisfacción dependa nuestra felicidad. Y no es para menos. En 2010, la inversión publicitaria en España superó los 12.880 millones de euros, según la agencia Infoadex. Así, las empresas se gastaron 280 euros por ciudadano con el objetivo de persuadirnos para comprar sus productos y servicios. Cabe decir que esta inversión multimillonaria promueve unas determinadas creencias, valores y prioridades en nuestro paradigma. Es decir, en nuestra manera de comprender y de vivir la vida. Prueba de ello es el triunfo del hiperconsumismo.
Además, mientras seguimos asfaltando y urbanizando la naturaleza, conviene recordar que la economía creada por la especie humana es un subsistema que está dentro de un sistema mayor: el planeta Tierra, cuya superficie física y recursos naturales son limitados y finitos. De hecho, creer que el crecimiento económico va a resolver nuestros problemas existenciales es como pensar que podemos atravesar un muro de hormigón al volante de un coche pisando a fondo el acelerador.
Sin embargo, hoy en día es común escuchar a políticos, economistas y empresarios afirmar que "el sistema capitalista es el menos malo" de todos los que han existido a lo largo de la historia. Y que "afortunadamente" ya empiezan a verse señales de "recuperación económica". Es decir, que la idea general es seguir creciendo y expandiendo la economía tal y como lo hemos venido haciendo. Es decir, sin tener en cuenta los costes humanos y medioambientales. De lo que se trata es de "superar cuanto antes" el bache provocado por la crisis financiera.
Ante este tipo de declaraciones podemos concluir que como sociedad no estamos aprendiendo nada de lo que esta crisis ha venido a enseñarnos. De ahí que sigamos mirando hacia otro lado, obviando la auténtica raíz del problema. No nos referimos a la guerra, a la pobreza o al hambre que padecen millones de seres humanos en todo el mundo. Ni a la voracidad con la que estamos consumiendo los recursos naturales del planeta. Tampoco estamos hablando del abuso y de la dependencia de los combustibles fósiles -petróleo, carbón y gas natural-, que tanto contaminan la naturaleza. Ni siquiera del calentamiento global. Estos solo son algunos síntomas que ponen de manifiesto el verdadero conflicto de fondo: nuestra propia infelicidad.
Cegados por nuestro afán materialista llevamos una existencia de segunda mano. Parece como si nos hubiéramos olvidado de que estamos vivos y de que la vida es un regalo. Prueba de ello es que el vacío existencial se ha convertido en la enfermedad contemporánea más común. Tanto es así, que lo normal es reconocer que nuestra vida carece de propósito y sentido. Y también que muchos confundan la verdadera felicidad con sucedáneos como el placer, la satisfacción y la euforia que proporcionan el consumo de bienes materiales y el entretenimiento.
La paradoja es que el crecimiento económico que mantiene con vida al sistema se sustenta sobre la insatisfacción crónica de la sociedad. Y la ironía es que cuanto más crece el consumo de antidepresivos como el Prozac o el Tranquimazín, más aumenta la cifra del producto interior bruto. De ahí que no sea descabellado afirmar que el malestar humano promueve bienestar económico.
Frente a este panorama, la pregunta aparece por sí sola: ¿hasta cuándo vamos a posponer lo inevitable? Es hora de mirarnos en el espejo y cuestionar las creencias con las que hemos creado nuestro falso concepto de identidad y sobre las que estamos creando un estilo de vida puramente materialista. Si bien el dinero nos permite llevar una existencia más cómoda y segura, la verdadera felicidad no depende de lo que tenemos y conseguimos, sino de lo que somos. Para empezar a construir una economía que sea cómplice de nuestra felicidad, cada uno de nosotros ha de asumir la responsabilidad de crear valor a través de nuestros valores. Y este aprendizaje pasa por encontrar lo que solemos buscar desesperadamente fuera en el último lugar al que nos han dicho que debemos mirar: dentro de nosotros mismos.
Publicado en El País (08/05/2011)
La economía no es algo ajeno a nosotros. Los seres humanos formamos parte de ella del mismo modo que los peces forman parte del océano. Tanto es así, que podría describirse como el tablero de juego sobre el que hemos edificado nuestra existencia, y en el que a través del dinero se relacionan e interactúan tres jugadores principales: el sistema monetario, las organizaciones y los seres humanos. Cabe decir que esta partida está regulada por leyes diseñadas por los Estados. Sin embargo, por encima de su influencia, el poder real reside en los ciudadanos: con nuestra manera de ganar dinero (trabajo) y de gastarlo (consumo) moldeamos día a día la forma que toma el sistema.
Más allá de cubrir nuestras necesidades, a lo largo de las últimas décadas nos hemos convencido de que debemos tener deseos y aspiraciones materiales de cuya satisfacción dependa nuestra felicidad. Y no es para menos. En 2010, la inversión publicitaria en España superó los 12.880 millones de euros, según la agencia Infoadex. Así, las empresas se gastaron 280 euros por ciudadano con el objetivo de persuadirnos para comprar sus productos y servicios. Cabe decir que esta inversión multimillonaria promueve unas determinadas creencias, valores y prioridades en nuestro paradigma. Es decir, en nuestra manera de comprender y de vivir la vida. Prueba de ello es el triunfo del hiperconsumismo.
Además, mientras seguimos asfaltando y urbanizando la naturaleza, conviene recordar que la economía creada por la especie humana es un subsistema que está dentro de un sistema mayor: el planeta Tierra, cuya superficie física y recursos naturales son limitados y finitos. De hecho, creer que el crecimiento económico va a resolver nuestros problemas existenciales es como pensar que podemos atravesar un muro de hormigón al volante de un coche pisando a fondo el acelerador.
Sin embargo, hoy en día es común escuchar a políticos, economistas y empresarios afirmar que "el sistema capitalista es el menos malo" de todos los que han existido a lo largo de la historia. Y que "afortunadamente" ya empiezan a verse señales de "recuperación económica". Es decir, que la idea general es seguir creciendo y expandiendo la economía tal y como lo hemos venido haciendo. Es decir, sin tener en cuenta los costes humanos y medioambientales. De lo que se trata es de "superar cuanto antes" el bache provocado por la crisis financiera.
Ante este tipo de declaraciones podemos concluir que como sociedad no estamos aprendiendo nada de lo que esta crisis ha venido a enseñarnos. De ahí que sigamos mirando hacia otro lado, obviando la auténtica raíz del problema. No nos referimos a la guerra, a la pobreza o al hambre que padecen millones de seres humanos en todo el mundo. Ni a la voracidad con la que estamos consumiendo los recursos naturales del planeta. Tampoco estamos hablando del abuso y de la dependencia de los combustibles fósiles -petróleo, carbón y gas natural-, que tanto contaminan la naturaleza. Ni siquiera del calentamiento global. Estos solo son algunos síntomas que ponen de manifiesto el verdadero conflicto de fondo: nuestra propia infelicidad.
Cegados por nuestro afán materialista llevamos una existencia de segunda mano. Parece como si nos hubiéramos olvidado de que estamos vivos y de que la vida es un regalo. Prueba de ello es que el vacío existencial se ha convertido en la enfermedad contemporánea más común. Tanto es así, que lo normal es reconocer que nuestra vida carece de propósito y sentido. Y también que muchos confundan la verdadera felicidad con sucedáneos como el placer, la satisfacción y la euforia que proporcionan el consumo de bienes materiales y el entretenimiento.
La paradoja es que el crecimiento económico que mantiene con vida al sistema se sustenta sobre la insatisfacción crónica de la sociedad. Y la ironía es que cuanto más crece el consumo de antidepresivos como el Prozac o el Tranquimazín, más aumenta la cifra del producto interior bruto. De ahí que no sea descabellado afirmar que el malestar humano promueve bienestar económico.
Frente a este panorama, la pregunta aparece por sí sola: ¿hasta cuándo vamos a posponer lo inevitable? Es hora de mirarnos en el espejo y cuestionar las creencias con las que hemos creado nuestro falso concepto de identidad y sobre las que estamos creando un estilo de vida puramente materialista. Si bien el dinero nos permite llevar una existencia más cómoda y segura, la verdadera felicidad no depende de lo que tenemos y conseguimos, sino de lo que somos. Para empezar a construir una economía que sea cómplice de nuestra felicidad, cada uno de nosotros ha de asumir la responsabilidad de crear valor a través de nuestros valores. Y este aprendizaje pasa por encontrar lo que solemos buscar desesperadamente fuera en el último lugar al que nos han dicho que debemos mirar: dentro de nosotros mismos.
lunes, 13 de junio de 2011
¿Pero cuánto va a durar aún esta crisis?
Por Marc Garrigasait
Publicado en Cotizalia (13/06/2011)
Esta es la pregunta del millón de dólares o mas bien del billón de dólares, ¿estamos ya cerca de salir de la esta profunda crisis que nos ha atropellado a prácticamente todas las economías occidentales-avanzadas del planeta, y al mismo tiempo, y que en menor medida también afectó a las economías emergentes, aunque estas ya hace muchos meses se recuperaron?
Cuando analizo datos macroeconómicos históricos del último siglo, siempre de los Estados Unidos, ya que es el único país del mundo con estadísticas históricas completas de todo el siglo XX, siempre extraigo la conclusión que solo la gran crisis de los años 30, con la gran depresión, es comparable a la crisis actual.
De hecho, la crisis actual es quizás las mas terrible en términos de creación de empleo y paro registrado, con España con el record mundial de tasas de paro del 20% de la población activa y de un terrible 40% en la población joven, o con Estados Unidos con la menor creación de empleo post-recesiones de los últimos 50 años.
Opinar sin datos de cuanto tiempo nos queda aún de crisis, es como opinar de fútbol en un bar. Y en estos temas el mayor experto mundial son la pareja de economistas Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart, autores de diversos estudios y del mejor libro de la historia sobre crisis económicas de países, el famoso This time is diferent.
En uno de los análisis que más pueden interesarnos, Rogoff y Reinhart, calculan los datos de todas y cada una de las crisis económicas en cualquier país del mundo tras una gran crisis bancaria. Como ya escribí, las crisis económicas tras una crisis bancaria, son siempre las mas largas y profundas. Es muy lógico, cuando en una recesión los bancos no tienen problemas graves, enseguida vuelven a conceder créditos y la economía se puede recuperar más rápido.
En dos cuadros clarividentes que expuse este pasado viernes en el Financial Congress en Bilbao, muestran las medias históricas de la duración en las crisis en la historia, en términos de duración y caídas de precios en el sector inmobiliario y bursátil.
Vamos primero con el comportamiento de los precios inmobiliarios. Analizando las 21 crisis económicas profundas con crisis bancaria incluida, Rogoff y Reinhart calculan que la caída media de los precios de la vivienda es de un 35,5%, con una duración total de 6 años (ver aquí el cuadro completo). Estas 21 crisis históricas van desde la de crisis asiática en Hong Kong que se inicia en 1997, la peor de todas con caídas del 54% en solo 5 años, o la de Colombia en 1998 con un 50% de caídas desde máximos durante 5 años y medio. O por ejemplo se incluye la crisis de Noruega de 1899, con caídas del 22% en unos 6 años.
En Estados Unidos la caída acumulada actual del precio de la vivienda desde máximos es del 33%, en términos nominales, según el índice Case-Shiller, con una duración de unos 5 años desde 2006.
Por tanto en términos de caída de los precios en USA, no parece muy lejos de los mínimos si teneos en cuenta la historia. No podemos decir lo mismo de otros mercados inmobiliarios como el español.
En términos de las caídas bursátiles históricas, las caídas medias históricas de las bolsas en crisis similares son del -55,9% en 3,4 años de duración (ver aquí el cuadro con todos los datos). En términos bursátiles quizás este estudio es más complejo de interpretar ya que las caídas desde máximos fueron superiores al 50% en 2009, pero a la fecha actual, los niveles de los índices bursátiles en los estados Unidos están ya otra vez cerca de máximos.
En mi opinión aunque los precios inmobiliarios en USA parecen ya cerca de mínimos, que no los españoles, la crisis económica en los países occidentales no parece aún finalizada. La virulencia de esta crisis es mucho mayor a la media en base a muchos indicadores. Y hemos de tener en cuenta que la recuperación conseguida en 2009 y 2010, ha sido exclusivamente por inyecciones artificiales por parte de los bancos centrales y gobiernos, lo que además ha aumentado sobremanera el endeudamiento público, reduciendo las posibilidades de más inyecciones futuras. El proceso de desapalancamiento privado en la mayoría de economías occidentales, en mi opinión continuará imposibilitando cualquier crecimiento significativo en los próximos años en los países europeos y anglosajones.
Pero como decía Abraham Lincoln "I will prepare myself and the opportunity will come", cada individuo, cada familia, cada negocio, por pequeño que sea, cada organización, debemos prepararnos para cuando lleguen las oportunidades, cuanto mas lo hayamos hecho, mejor nos irá el futuro y sin duda triunfaremos. El que se quede lamentándose siempre de los problemas del día a día, no se dará cuenta, y al llegar los tiempos mejores estará con el pie cambiado y le adelantará todo el mundo por la derecha y por la izquierda
Solo los perdedores se quejan que el mundo les va en contra y justifican su mala situación, cada día de su vida culpando al resto del mundo.
Publicado en Cotizalia (13/06/2011)
Esta es la pregunta del millón de dólares o mas bien del billón de dólares, ¿estamos ya cerca de salir de la esta profunda crisis que nos ha atropellado a prácticamente todas las economías occidentales-avanzadas del planeta, y al mismo tiempo, y que en menor medida también afectó a las economías emergentes, aunque estas ya hace muchos meses se recuperaron?
Cuando analizo datos macroeconómicos históricos del último siglo, siempre de los Estados Unidos, ya que es el único país del mundo con estadísticas históricas completas de todo el siglo XX, siempre extraigo la conclusión que solo la gran crisis de los años 30, con la gran depresión, es comparable a la crisis actual.
De hecho, la crisis actual es quizás las mas terrible en términos de creación de empleo y paro registrado, con España con el record mundial de tasas de paro del 20% de la población activa y de un terrible 40% en la población joven, o con Estados Unidos con la menor creación de empleo post-recesiones de los últimos 50 años.
Opinar sin datos de cuanto tiempo nos queda aún de crisis, es como opinar de fútbol en un bar. Y en estos temas el mayor experto mundial son la pareja de economistas Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart, autores de diversos estudios y del mejor libro de la historia sobre crisis económicas de países, el famoso This time is diferent.
En uno de los análisis que más pueden interesarnos, Rogoff y Reinhart, calculan los datos de todas y cada una de las crisis económicas en cualquier país del mundo tras una gran crisis bancaria. Como ya escribí, las crisis económicas tras una crisis bancaria, son siempre las mas largas y profundas. Es muy lógico, cuando en una recesión los bancos no tienen problemas graves, enseguida vuelven a conceder créditos y la economía se puede recuperar más rápido.
En dos cuadros clarividentes que expuse este pasado viernes en el Financial Congress en Bilbao, muestran las medias históricas de la duración en las crisis en la historia, en términos de duración y caídas de precios en el sector inmobiliario y bursátil.
Vamos primero con el comportamiento de los precios inmobiliarios. Analizando las 21 crisis económicas profundas con crisis bancaria incluida, Rogoff y Reinhart calculan que la caída media de los precios de la vivienda es de un 35,5%, con una duración total de 6 años (ver aquí el cuadro completo). Estas 21 crisis históricas van desde la de crisis asiática en Hong Kong que se inicia en 1997, la peor de todas con caídas del 54% en solo 5 años, o la de Colombia en 1998 con un 50% de caídas desde máximos durante 5 años y medio. O por ejemplo se incluye la crisis de Noruega de 1899, con caídas del 22% en unos 6 años.
En Estados Unidos la caída acumulada actual del precio de la vivienda desde máximos es del 33%, en términos nominales, según el índice Case-Shiller, con una duración de unos 5 años desde 2006.
Por tanto en términos de caída de los precios en USA, no parece muy lejos de los mínimos si teneos en cuenta la historia. No podemos decir lo mismo de otros mercados inmobiliarios como el español.
En términos de las caídas bursátiles históricas, las caídas medias históricas de las bolsas en crisis similares son del -55,9% en 3,4 años de duración (ver aquí el cuadro con todos los datos). En términos bursátiles quizás este estudio es más complejo de interpretar ya que las caídas desde máximos fueron superiores al 50% en 2009, pero a la fecha actual, los niveles de los índices bursátiles en los estados Unidos están ya otra vez cerca de máximos.
En mi opinión aunque los precios inmobiliarios en USA parecen ya cerca de mínimos, que no los españoles, la crisis económica en los países occidentales no parece aún finalizada. La virulencia de esta crisis es mucho mayor a la media en base a muchos indicadores. Y hemos de tener en cuenta que la recuperación conseguida en 2009 y 2010, ha sido exclusivamente por inyecciones artificiales por parte de los bancos centrales y gobiernos, lo que además ha aumentado sobremanera el endeudamiento público, reduciendo las posibilidades de más inyecciones futuras. El proceso de desapalancamiento privado en la mayoría de economías occidentales, en mi opinión continuará imposibilitando cualquier crecimiento significativo en los próximos años en los países europeos y anglosajones.
Pero como decía Abraham Lincoln "I will prepare myself and the opportunity will come", cada individuo, cada familia, cada negocio, por pequeño que sea, cada organización, debemos prepararnos para cuando lleguen las oportunidades, cuanto mas lo hayamos hecho, mejor nos irá el futuro y sin duda triunfaremos. El que se quede lamentándose siempre de los problemas del día a día, no se dará cuenta, y al llegar los tiempos mejores estará con el pie cambiado y le adelantará todo el mundo por la derecha y por la izquierda
Solo los perdedores se quejan que el mundo les va en contra y justifican su mala situación, cada día de su vida culpando al resto del mundo.
jueves, 2 de junio de 2011
Política y economía sumergids: dos formas de corrupción
Por Antonio Casado
Publicado en El Confidencial (02/06/2011)
Tanto la política sumergida como la economía sumergida, dos clamorosas negaciones del principio de transparencia, son dos formas de corrupción. Dirigentes políticos que pactan por debajo de la mesa o millonarios que guardan su dinero B en paraísos fiscales. Tanto da. Ahí tenemos dos de las causas del malestar social expresado en la revuelta de los indignados. Millones de españoles y no solamente los que acampan en la Puerta del Sol, entre los que no encontraremos grandes evasores de impuestos, virtuosos de la doble contabilidad o quienes se forran mediante actividades criminales como el narcotráfico, la prostitución y el comercio ilegal de armas.
Por un informe de Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorro), hemos conocido ayer la última hora sobre el tamaño de la economía sumergida en nuestro país. Es la cifra más alta de las obtenidas hasta ahora en distintos estudios con distintos métodos de trabajo. Entre los años 2005 y 2008 la economía sumergida representó en España el 23,7 % del PIB. Casi una cuarta parte del flujo dinerario escapa al control de la Hacienda Pública. Casi una cuarta parte de los recursos nacionales distraídos de la causa del interés general. Es decir, dinero robado a la caja común, aunque un liberal como Dios manda siempre lo disculparía con la excusa de la insoportable presión fiscal.
Por razones ocultas, o inconfesables, desconocidas, los gobernantes españoles nunca se pusieron las pilas para afrontar el mal. Si la economía española se duplicó en los últimos 30 años, la economía sumergida se cuadruplicó, según Funcas. Pero a ningún Gobierno le compensó nunca molestar a los poderosos que practican el fraude en cantidades realmente importantes y difíciles de ocultar sin la interesada desidia del poder político (por no decir complicidad, que seguramente le cuadre mejor).
Cuando los poderes públicos miran hacia otro lado, eso es política sumergida. No hace falta ir a Salamanca para saber que una ofensiva en serio contra los grandes defraudadores afectaría a personas influyentes y a grandes poderes financieros, por mucho que se quiera identificar el problema con el fontanero que cobra sin recibo, el comercio electrónico o la empleada doméstica que no se retrata en el IRPF.
Sin ir más lejos, bien recientes están los dos últimos planes fletados por el actual Gobierno. Uno a primeros de marzo, “contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el trabajo no declarado”, sin que supiésemos antes para qué sirvió el Plan de Prevención del Fraude Fiscal 2005-2009. Y otro a finales de abril, “para el afloramiento de la economía sumergida”, que se limita a perseguir a empresas y trabajadores subsidiados que ignoran a la Seguridad Social, amén de anunciar un espectacular aumento de las inspecciones sin aumentar la plantilla de inspectores.
Parches y más parches que inducen la sospecha de que razones políticas sumergidas bloquean la voluntad de acabar con un problema que, mire usted por donde, es uno de los tres estabilizadores sociales que impiden el ruido de cacerolas en una España con casi cinco millones de parados (cobertura familiar y subsidios públicos son las otras dos). Pero no es ningún consuelo.
Publicado en El Confidencial (02/06/2011)
Tanto la política sumergida como la economía sumergida, dos clamorosas negaciones del principio de transparencia, son dos formas de corrupción. Dirigentes políticos que pactan por debajo de la mesa o millonarios que guardan su dinero B en paraísos fiscales. Tanto da. Ahí tenemos dos de las causas del malestar social expresado en la revuelta de los indignados. Millones de españoles y no solamente los que acampan en la Puerta del Sol, entre los que no encontraremos grandes evasores de impuestos, virtuosos de la doble contabilidad o quienes se forran mediante actividades criminales como el narcotráfico, la prostitución y el comercio ilegal de armas.
Por un informe de Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorro), hemos conocido ayer la última hora sobre el tamaño de la economía sumergida en nuestro país. Es la cifra más alta de las obtenidas hasta ahora en distintos estudios con distintos métodos de trabajo. Entre los años 2005 y 2008 la economía sumergida representó en España el 23,7 % del PIB. Casi una cuarta parte del flujo dinerario escapa al control de la Hacienda Pública. Casi una cuarta parte de los recursos nacionales distraídos de la causa del interés general. Es decir, dinero robado a la caja común, aunque un liberal como Dios manda siempre lo disculparía con la excusa de la insoportable presión fiscal.
Por razones ocultas, o inconfesables, desconocidas, los gobernantes españoles nunca se pusieron las pilas para afrontar el mal. Si la economía española se duplicó en los últimos 30 años, la economía sumergida se cuadruplicó, según Funcas. Pero a ningún Gobierno le compensó nunca molestar a los poderosos que practican el fraude en cantidades realmente importantes y difíciles de ocultar sin la interesada desidia del poder político (por no decir complicidad, que seguramente le cuadre mejor).
Cuando los poderes públicos miran hacia otro lado, eso es política sumergida. No hace falta ir a Salamanca para saber que una ofensiva en serio contra los grandes defraudadores afectaría a personas influyentes y a grandes poderes financieros, por mucho que se quiera identificar el problema con el fontanero que cobra sin recibo, el comercio electrónico o la empleada doméstica que no se retrata en el IRPF.
Sin ir más lejos, bien recientes están los dos últimos planes fletados por el actual Gobierno. Uno a primeros de marzo, “contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el trabajo no declarado”, sin que supiésemos antes para qué sirvió el Plan de Prevención del Fraude Fiscal 2005-2009. Y otro a finales de abril, “para el afloramiento de la economía sumergida”, que se limita a perseguir a empresas y trabajadores subsidiados que ignoran a la Seguridad Social, amén de anunciar un espectacular aumento de las inspecciones sin aumentar la plantilla de inspectores.
Parches y más parches que inducen la sospecha de que razones políticas sumergidas bloquean la voluntad de acabar con un problema que, mire usted por donde, es uno de los tres estabilizadores sociales que impiden el ruido de cacerolas en una España con casi cinco millones de parados (cobertura familiar y subsidios públicos son las otras dos). Pero no es ningún consuelo.
miércoles, 25 de mayo de 2011
¡No es la economía, amigos!
Por Antonio Rubio Merino
Publicado en El Confidencial (25/05/2011)
Atribuyen a un asesor demócrata la frase “es la economía, estúpidos”, con la que trataba de explicar a sus colegas el imparable ascenso de sus rivales republicanos. No me apetece calificar de la misma forma a aquellos que disientan de la opinión que aquí expongo, pero creo que están en un grave error aquellos que califican de meramente “económica” la actual crisis que sufre la sociedad española.
Una crisis económica puede deberse a graves desajustes entre la oferta y la demanda (en España, por ejemplo, la de viviendas), al necesario traslado de inversiones de unos sectores a otros (quizás del inmobiliario y la banca hacia otros más productivos), a factores de competencia externa (España ha perdido un 30% de productividad respecto a Alemania en la última década) y a otras muchas circunstancias.
España es un país bastante ineficiente en comparación con las economías con las que le gusta, no obstante, compararse, así que necesita que el PIB crezca más del 2,2% anual para generar empleo. Como ninguna estadística augura que eso ocurra en los próximos cinco años, la situación que sufrimos -de bajo crecimiento económico con alto desempleo- ha llegado para quedarse. Nos encontramos pues en medio de una importante crisis económica.
Pero la gravedad de nuestra crisis no viene determinada por esos factores económicos, medibles y objetivos. En mi opinión, se trata de algo mucho más grave. La crisis española es muy profunda, es generacional, y es esencialmente de naturaleza moral. Se viene gestando quizás desde hace más dos décadas. Y se resume en que España se ha convertido en un país en el que se desprecia el esfuerzo. Se desprecia en todas las acepciones de la palabra. No se aprecia el valor humano y moral del esforzarse, de mejorar, de sacrificar beneficios inmediatos por otros futuros, mayores. Y se estigmatiza personalmente al que se esfuerza, con la despectiva descalificación al comienzo de la competición, con la condena y cuestionamiento al derecho al premio, una vez que la carrera termina.
Dicen preocupados muchos jóvenes que puede que ellos sean la primera generación de españoles que vive peor que sus padres. También puede que sea la primera generación de españoles que se esfuerza menos, desaprovechando una mejor infraestructura, que la generación anterior. Y si eso es así, el hecho de que la siguiente generación viva peor que la anterior es simplemente un acto de justicia.
Derechos frente a obligaciones
Decía Maimónides que una persona sólo puede desarrollarse equilibradamente en una sociedad en que estén proporcionados derechos y obligaciones. Durante el último cuarto de siglo los sistemas educativos, los medios de comunicación, los “valores” dominantes han hablado hasta el cansancio de derechos -al trabajo, a una vivienda, a viajar, a calidad de vida, etc.- sin tener en cuenta las obligaciones. Más aún, sin considerar el dato real elemental: que todo bien necesita del trabajo de alguien para ser producido. Y que consumir sin producir, derechos sin obligaciones, es la peor de las tiranías: se llama ‘esclavitud’ para el que la sufre, para el que ha de trabajar para beneficio de otros que no lo quieren hacer personalmente, pero sí desean los frutos del trabajo ajeno.
El dinero para sufragar esos “derechos” no viene del aire. Viene de los impuestos que pagan los que producen. Viene, en el caso de esas transferencias desde los complacientes u oprimidos papás a los exigentes hijos, del trabajo de unos padres, de sus ahorros y su esfuerzo, que la nueva generación dilata indefinidamente en el tiempo comenzar a su vez a producir para compensar o reponer.
¿Se han parado a pensar los jóvenes “indignados” en quién va a pagar sus “derechos”? ¿Han considerado si ellos están cumpliendo con sus obligaciones? ¿Saben acaso qué significa esa palabra?
Mucho me temo que no. Saben qué significa “vivir su propia vida” -o eso creen, porque sólo se puede vivir una vida “propia” si uno corre con sus gastos-, “no ser un esclavo de ocho a tres”, “tener un trabajo que me guste y poder dedicarme también a mis aficiones”, etc.
Pues bien queridos, la vida no es así. La realidad no es así. Gracias a Dios, el que se esfuerza recibe un premio. Y el que no, un castigo. El esfuerzo de la generación de la posguerra produjo un país con una clase media que supo del sacrificio, pero también de la satisfacción, de ir adquiriendo un coche, un piso, un teléfono, un televisor, un local comercial o un apartamento. Poco a poco, con ahorro, con tesón, con renuncias…y con premios.
Una generación que dilata hasta los treinta el emanciparse de sus padres, el buscar un trabajo y que cuando llega a las puertas de éste sus primeras preguntas son acerca de salarios, horarios y vacaciones… ¿por qué razón piensa que la realidad va a premiar su holgazanería? La naturaleza no es así y es implacable con las cigarras cuando llega el invierno.
Evidentemente, esta generación de jóvenes, la mejor preparada de la historia de España, tiene en su seno gran cantidad de excelentes profesionales, activos o en potencia aún, trabajadores y abnegados como sus progenitores, con una amplia visión de su país y del resto del mundo. Para ellos, con su esfuerzo y sacrificio, hay un premio esperando. Para los demás… la crisis sólo será una cuestión de justicia.
Comencemos por hablar claro a nuestros hijos: hay que comenzar a esforzarse más y quejarse menos. Hay que cumplir con nuestros deberes, para poder reclamar nuestros derechos. Si decir esto es un escándalo en la España de hoy, concluiremos pues que estamos dentro de una inmensa crisis moral. Y sólo superándola venceremos a la crisis económica.
Publicado en El Confidencial (25/05/2011)
Atribuyen a un asesor demócrata la frase “es la economía, estúpidos”, con la que trataba de explicar a sus colegas el imparable ascenso de sus rivales republicanos. No me apetece calificar de la misma forma a aquellos que disientan de la opinión que aquí expongo, pero creo que están en un grave error aquellos que califican de meramente “económica” la actual crisis que sufre la sociedad española.
Una crisis económica puede deberse a graves desajustes entre la oferta y la demanda (en España, por ejemplo, la de viviendas), al necesario traslado de inversiones de unos sectores a otros (quizás del inmobiliario y la banca hacia otros más productivos), a factores de competencia externa (España ha perdido un 30% de productividad respecto a Alemania en la última década) y a otras muchas circunstancias.
España es un país bastante ineficiente en comparación con las economías con las que le gusta, no obstante, compararse, así que necesita que el PIB crezca más del 2,2% anual para generar empleo. Como ninguna estadística augura que eso ocurra en los próximos cinco años, la situación que sufrimos -de bajo crecimiento económico con alto desempleo- ha llegado para quedarse. Nos encontramos pues en medio de una importante crisis económica.
Pero la gravedad de nuestra crisis no viene determinada por esos factores económicos, medibles y objetivos. En mi opinión, se trata de algo mucho más grave. La crisis española es muy profunda, es generacional, y es esencialmente de naturaleza moral. Se viene gestando quizás desde hace más dos décadas. Y se resume en que España se ha convertido en un país en el que se desprecia el esfuerzo. Se desprecia en todas las acepciones de la palabra. No se aprecia el valor humano y moral del esforzarse, de mejorar, de sacrificar beneficios inmediatos por otros futuros, mayores. Y se estigmatiza personalmente al que se esfuerza, con la despectiva descalificación al comienzo de la competición, con la condena y cuestionamiento al derecho al premio, una vez que la carrera termina.
Dicen preocupados muchos jóvenes que puede que ellos sean la primera generación de españoles que vive peor que sus padres. También puede que sea la primera generación de españoles que se esfuerza menos, desaprovechando una mejor infraestructura, que la generación anterior. Y si eso es así, el hecho de que la siguiente generación viva peor que la anterior es simplemente un acto de justicia.
Derechos frente a obligaciones
Decía Maimónides que una persona sólo puede desarrollarse equilibradamente en una sociedad en que estén proporcionados derechos y obligaciones. Durante el último cuarto de siglo los sistemas educativos, los medios de comunicación, los “valores” dominantes han hablado hasta el cansancio de derechos -al trabajo, a una vivienda, a viajar, a calidad de vida, etc.- sin tener en cuenta las obligaciones. Más aún, sin considerar el dato real elemental: que todo bien necesita del trabajo de alguien para ser producido. Y que consumir sin producir, derechos sin obligaciones, es la peor de las tiranías: se llama ‘esclavitud’ para el que la sufre, para el que ha de trabajar para beneficio de otros que no lo quieren hacer personalmente, pero sí desean los frutos del trabajo ajeno.
El dinero para sufragar esos “derechos” no viene del aire. Viene de los impuestos que pagan los que producen. Viene, en el caso de esas transferencias desde los complacientes u oprimidos papás a los exigentes hijos, del trabajo de unos padres, de sus ahorros y su esfuerzo, que la nueva generación dilata indefinidamente en el tiempo comenzar a su vez a producir para compensar o reponer.
¿Se han parado a pensar los jóvenes “indignados” en quién va a pagar sus “derechos”? ¿Han considerado si ellos están cumpliendo con sus obligaciones? ¿Saben acaso qué significa esa palabra?
Mucho me temo que no. Saben qué significa “vivir su propia vida” -o eso creen, porque sólo se puede vivir una vida “propia” si uno corre con sus gastos-, “no ser un esclavo de ocho a tres”, “tener un trabajo que me guste y poder dedicarme también a mis aficiones”, etc.
Pues bien queridos, la vida no es así. La realidad no es así. Gracias a Dios, el que se esfuerza recibe un premio. Y el que no, un castigo. El esfuerzo de la generación de la posguerra produjo un país con una clase media que supo del sacrificio, pero también de la satisfacción, de ir adquiriendo un coche, un piso, un teléfono, un televisor, un local comercial o un apartamento. Poco a poco, con ahorro, con tesón, con renuncias…y con premios.
Una generación que dilata hasta los treinta el emanciparse de sus padres, el buscar un trabajo y que cuando llega a las puertas de éste sus primeras preguntas son acerca de salarios, horarios y vacaciones… ¿por qué razón piensa que la realidad va a premiar su holgazanería? La naturaleza no es así y es implacable con las cigarras cuando llega el invierno.
Evidentemente, esta generación de jóvenes, la mejor preparada de la historia de España, tiene en su seno gran cantidad de excelentes profesionales, activos o en potencia aún, trabajadores y abnegados como sus progenitores, con una amplia visión de su país y del resto del mundo. Para ellos, con su esfuerzo y sacrificio, hay un premio esperando. Para los demás… la crisis sólo será una cuestión de justicia.
Comencemos por hablar claro a nuestros hijos: hay que comenzar a esforzarse más y quejarse menos. Hay que cumplir con nuestros deberes, para poder reclamar nuestros derechos. Si decir esto es un escándalo en la España de hoy, concluiremos pues que estamos dentro de una inmensa crisis moral. Y sólo superándola venceremos a la crisis económica.
miércoles, 27 de abril de 2011
Manifiesto de economistas franceses aterrados
CRISIS Y DEUDA EN EUROPA: 10 FALSAS EVIDENCIAS, 22 MEDIDAS EN DEBATE PARA SALIR DEL ATOLLADERO
Introducción
La reactivación económica mundial, lograda por medio de una colosal inyección de gasto público en el circuito económico (de los EEUU a China), es frágil pero real. Un solo continente se queda atrasado, Europa. Encontrar el camino del crecimiento no es su prioridad política. Europa entró en otra vía: la de la lucha contra los déficits públicos.
En la Unión Europea estos déficits son elevados, es verdad, -7% en promedio en el 2010-, pero mucho menos que el 11% de los EEUU. Mientras algunos Estados norteamericanos de peso económico superior al de Grecia, California por ejemplo, están cercanos a la quiebra, los mercados financieros decidieron especular sobre la deuda soberana de los países europeos, particularmente los del sur. Europa está prisionera de su propia trampa institucional: los Estados deben tomar créditos ante instituciones financieras privadas que obtienen liquidez a bajo precio del Banco Central Europeo. Así, los mercados tienen la llave del financiamiento de los Estados. En este marco la ausencia de solidaridad europea suscita la especulación, tanto más cuanto que las agencias de calificación juegan a acentuar la desconfianza.
Fue necesaria la degradación de la nota de Grecia por la agencia Moody’s el 15 de junio, para que los dirigentes europeos retomaran el término de “irracionalidad” que tanto emplearon al inicio de la crisis de los subprimes. De este modo se descubre que España está más amenazada por la fragilidad de su modelo de crecimiento y de su sistema bancario que por su deuda pública.
Para “tranquilizar los mercados” se improvisó un Fondo de estabilización del euro, y se lanzaron por toda Europa drásticos, y a menudo ciegos, planes de reducción del gasto público. Los funcionarios son las primeras víctimas, incluso en Francia, en donde el alza de cotizaciones de su previsión será una disimulada baja de sus salarios. El número de funcionarios disminuye en todas partes, amenazando los servicios públicos. Las prestaciones sociales, de los Países Bajos a Portugal, pasando por Francia con su actual reforma de la previsión, están siendo gravemente amputadas. El paro y la precariedad del empleo crecerán forzosamente en los años venideros. Estas medidas son irresponsables desde un punto de vista político y social, e incluso en el estricto ámbito económico.
Esta política, que ha calmado provisoriamente la especulación, tiene ya consecuencias sociales muy negativas en numerosos países europeos, particularmente en la juventud, el mundo del trabajo y los más vulnerables. A corto plazo agudizará las tensiones en Europa y con ello amenazará la propia construcción europea que es mucho más que un proyecto económico. Allí la economía debiese estar al servicio de la construcción de un continente democrático, pacificado y unido. En lugar de eso, se impone por todas partes una forma de dictadura de los mercados, y especialmente hoy en día en Portugal, España y Grecia, tres países que aun eran dictaduras a principios de los años 1970, hace apenas cuarenta años.
Que se la interprete como el deseo de “tranquilizar los mercados” por parte de gobiernos asustados, o bien como un pretexto para imponer decisiones dictadas por la ideología, la sumisión
a esta dictadura es inaceptable tanto ha dado ya la prueba de su ineficacia económica y de su potencial destructivo en los planos político y social.
Un verdadero debate democrático sobre las decisiones de política económica debe pues abrirse en Francia y en Europa. La mayor parte de los economistas que intervienen en el debate público lo hacen para justificar o racionalizar la sumisión de las políticas a las exigencias de los mercados financieros. Cierto, en todas partes los poderes públicos debieron improvisar planes keynesianos de reactivación e incluso nacionalizar temporariamente los bancos. Pero quieren cerrar este paréntesis lo más pronto posible. El software neoliberal aun sigue siendo considerado como legítimo, a pesar de sus patentes fracasos. Este, fundado sobre la hipótesis de eficiencia de los mercados financieros, plantea reducir el gasto público, privatizar los servicios públicos, flexibilizar el mercado del trabajo, liberalizar el comercio, los servicios financieros y los mercados de capitales, aumentar la competencia en todo tiempo y lugar…
En tanto economistas, estamos aterrados al ver que estas políticas siguen a la orden del día y que sus fundamentos teóricos no son cuestionados. No obstante, los argumentos avanzados desde hace treinta años para orientar las decisiones de política económica europea son desmentidos por los hechos. La crisis desnudó el carácter dogmático e infundado de la mayor parte de las pretendidas evidencias repetidas hasta la saciedad por quienes deciden y por sus consejeros. Ya se trate de la eficacia y de la racionalidad de los mercados financieros, de la necesidad de mutilar el gasto para reducir la deuda pública o de reforzar el “pacto de estabilidad”, hay que interrogar dichas falsas evidencias y mostrar la pluralidad de decisiones posibles en materia de política económica. Otras decisiones son posibles y deseables, a condición, primero que nada, de liberarse del dominio impuesto por la industria financiera sobre las políticas públicas.
Hacemos más adelante una presentación crítica de diez postulados que continúan inspirando cada día las decisiones de los poderes públicos en toda Europa, a pesar de los brutales desmentidos aportados por la crisis financiera y sus consecuencias. Se trata de falsedades que inspiran medidas injustas e ineficaces, frente a las cuales proponemos al debate veintidós contra proposiciones. Ellas no cuentan necesariamente con el asentimiento unánime de los signatarios de este texto, pero deben ser tomadas en serio si queremos sacar a Europa del atolladero.
Falsedad n°1: los mercados financieros son eficientes.
Falsedad n°2: los mercados financieros son favorables al crecimiento económico.
Falsedad n°3: los mercados son buenos jueces de la solvencia de los Estados.
Falsedad n°4: el aumento de la deuda pública resulta de un aumento del gasto.
Falsedad n°5: hay que reducir el gasto para reducir la deuda pública.
Falsedad n°6: la deuda pública le hará pagar nuestros excesos a nuestros nietos.
Falsedad n°7: hay que tranquilizar a los mercados financieros para financiar la deuda pública.
Falsedad n°8: la Unión Europea defiende el modelo social europeo.
Falsedad n°9: el euro nos protege contra la crisis.
Falsedad n°10: la crisis griega permitió avanzar hacia un gobierno económico y una verdadera solidaridad europea.
FALSA EVIDECIA N°1: LOS MERCADOS FINACIEROS SON EFICIENTES
Un hecho se impone hoy a todos los observadores: el papel primordial que desempeñan los mercados financieros en el funcionamiento de la economía. Es el resultado de una larga evolución que empezó finales de la década de 1970. La midamos como la midamos esta evolución marca una ruptura neta, tanto cuantitativa como cualitativa, con las décadas precedentes. Bajo la presión de los mercados financieros la regulación del conjunto del capitalismo se transforma en profundidad y da nacimiento a una forma inédita de capitalismo que algunos llamaron “capitalismo patrimonial”, capitalismo financiero” o incluso “capitalismo neoliberal”.
Estas mutaciones encontraron en la hipótesis de eficiencia informativa de los mercados financieros su justificación teórica. En efecto, según esta hipótesis, es importante desarrollar los mercados financieros, hacer que puedan funcionar lo más libremente posible porque constituyen el único mecanismo de asignación eficaz del capital. Las políticas que se han llevado a cabo obstinadamente desde hace treinta años son conformes a esta recomendación. Se trata de construir un mercado financiero mundialmente integrado en el que todos los actores (empresas, hogares, Estados, instituciones financieras) puedan intercambiar todas las categorías de títulos (acciones, obligaciones, deudas, derivados, divisas) en todos los plazos (largo plazo, medio plazo, corto plazo). Los mercados financieros han llegado a parecerse al mercado “sin fricción” de los manuales: el discurso económico ha conseguido crear la realidad. Como los mercados eran cada vez más “perfectos” en el sentido de la teoría económica dominante, los analistas creyeron que en adelante el sistema financiero era mucho más estable que en el pasado. La “gran moderación” (este periodo de crecimiento económico sin subida de los salarios que conoció Estados Unidos desde 1990 a 2007) parecía confirmarlo.
Todavía hoy el G20 persiste en la idea de que los mercados financieros son el buen mecanismo de asignación del capital. La primacía y la integridad de los mercados financieros siguen siendo los objetivos finales que prosigue su nueva regulación financiera. La crisis se interpreta no como un resultado inevitable de la lógica de los mercados desregulados sino como el efecto de la deshonestidad e irresponsabilidad de algunos actores financieros mal vigilados por los poderes públicos.
Sin embargo, la crisis se ha encargado de demostrar que los mercados no son eficientes y que no permiten una asignación eficaz del capital. Las consecuencias de este hecho en materia de regulación y de política económica son inmensas. La teoría de la eficiencia reposa sobre la idea de que los inversores buscan y encuentran la información más fiable posible sobre el valor de los proyectos que compiten para encontrar una financiación. De creer esta teoría, el precio que se forma en un mercado refleja los juicios de los inversores y sintetiza el conjunto de la información disponible: constituye, por consiguiente, un buen cálculo del verdadero valor de los títulos. Ahora bien, se supone que este valor resume toda la información necesaria para orientar la actividad económica y así la vida social. De este modo el capital se invierte en los proyectos más rentables y deja de lado los proyectos menos eficaces. Ésta es la idea central de esta teoría: la competencia financiera produce unos precios justos que constituyen señales fiables para los inversores y orientan eficazmente el desarrollo económico.
Pero la crisis vino a confirmar los diferentes trabajos críticos que habían puesto en duda esta propuesta. La competencia financiera no produce necesariamente precios justos. Peor: con frecuencia la competencia financiera es desestabilizante y lleva a unas evoluciones de precios excesivas e irracionales, las burbujas financieras.
El error principal de la teoría de la eficiencia de los mercados financieros consiste en trasponer a los productos financieros la teoría habitual de los mercados de bienes ordinarios. En estos últimos la competencia es en parte autorreguladora en virtud de lo que se llama la “ley” de la oferta y la demanda: cuando el precio de un bien aumenta, entonces los productores van a aumentar su oferta y los compradores a reducir su demanda; el precio, por lo tanto, va a bajar y a volver cerca de su nivel de equilibrio. En otras palabras, cuando el precio de un bien aumenta unas fuerzas de llamada tienden a frenar y después a invertir este alza. La competencia produce lo que se llama “feedbacks negativos”, unas fuerzas de llamada que van en el sentido contrario del choque inicial. La idea de la eficiencia nace de una transposición directa de este mecanismo a la finanza de mercado.
Ahora bien, para esta última la situación es muy diferente. Cuando el precio aumenta es frecuente observar no una bajada, ¡sino una subida de la demanda! En efecto, la subida del precio significa un rendimiento mayor para quienes poseen el título debido a la plusvalía realizada. Por consiguiente, la subida del precio atrae a nuevos compradores, lo que refuerza más la subida inicial. Las promesas de bonos empujan a los traders a ampliar aún más el movimiento. Hasta el incidente, imprevisible pero inevitable, que provoca la inversión de las anticipaciones y la quiebra. Este fenómeno digno de la irreflexión de los borregos es un proceso de “feedbacks positivos” que empeora los desequilibrios. Es la burbuja especulativa: una subida acumulativa de los precios que se alimenta a sí misma. Este tipo de proceso no produce precios justos sino, por el contrario, precios inadecuados.
Por consiguiente, el lugar preponderante ocupado por los mercados financieros no puede llevar a eficacia alguna. Aún más, es una fuente permanente de inestabilidad, como lo demuestra claramente la serie ininterrumpida de burbujas que hemos conocido desde hace 20 años: Japón, Sudeste de Asia, internet, mercados emergentes, la inmobiliaria, conversión de la deuda en valores. Así, la inestabilidad financiera se traduce en fuertes fluctuaciones de las tasas de intercambio y de la Bolsa, que manifiestamente no tienen relación con los fundamentos de la economía. Esta inestabilidad, nacida del sector financiero, se propaga a la economía real por medio de numerosos mecanismos.
Para reducir la ineficiencia e inestabilidad de los mercados financieros sugerimos cuatro medidas:
Medida n°1: compartimentar estrictamente los mercados financieros y las actividades de los actores financieros, prohibir a los bancos especular por su propia cuenta para evitar la propagación de las burbujas y de las quiebras,
Medida n°2: Reducir la liquidez y la especulación desestabilizadora por medio de controles sobre los movimientos de capitales y de las tasas sobre las transacciones financieras,
Medida n°3: limitar las transacciones financieras a las que respondan a las necesidades de la economía real (por ejemplo, CDS [Credit Default Swap o permuta de incumplimiento crediticio] únicamente para quienes detentan títulos asegurados, etc.)
Medida n°4: limitar la remuneración de los traders.
FALSA EVIDENCIA N°2: LOS MERCADOS FINANCIEROS SON FAVORABLES AL CRECIMIENTO ECONÓMICO
La integración financiera ha llevado el poder de las finanzas a su cenit debido al hecho de que unifica y centraliza la propiedad capitalista a escala mundial. En adelante ella es quien determina las normas de la rentabilidad exigidas al conjunto de los capitales. El proyecto era que la finanza de mercado sustituyera a la financiación bancaria de los inversores. Proyecto que, además, ha fracasado porque hoy, globalmente, son las empresas las que financian a los accionistas en vez de lo contrario. En adelante la gobernanza de las empresas se ha transformado profundamente para alcanzar las normas de rentabilidad del mercado. Con el aumento en potencia del valor accionarial se ha impuesto una concepción nueva de la empresa y de su gestión, pensadas como puestas al servicio exclusivo del accionista. Ha desaparecido la idea de un interés común propio de las diferentes parte interesadas vinculadas a la empresa. Los dirigentes de las empresas que cotizan en Bolsa tiene en adelante la misión primera de satisfacer únicamente el deseo de enriquecimiento de los accionistas. En consecuencia, dejan ellos mismos de ser asalariados, como demuestra el desmesurado aumento de sus remuneraciones. Como avanza la teoría de “la agencia”, se trata de hacer de modo que los intereses de los dirigentes sean en adelante convergentes con los de los accionistas.
El ROE (Return on Equity, o rendimiento de los capitales propios) de 15% a 25% es en adelante la norma que impone el poder de la finanza a las empresas y a los asalariados. La liquidez es el instrumento de este poder que permite en cualquier momento a los capitales no satisfechos ir a buscar a otra parte. Frente a esta potencia, tanto los asalariados como la soberanía política parecen por su fraccionamiento en estado de inferioridad. Esta situación desequilibrada lleva a unas exigencias de beneficio descabelladas porque reprimen el crecimiento económico y llevan a un aumento continuo de las desigualdades de ingresos. Por un lado las exigencias de rentabilidad inhiben fuertemente la inversión: cuanto más elevada es la rentabilidad demandada más difícil es encontrar proyectos suficientemente eficientes para satisfacerla. Las tasas de inversión siguen siendo históricamente débiles en Europa y en Estados Unidos. Por otra parte, estas exigencias provocan una constante presión a la baja sobre los salarios y el poder adquisitivo, lo que no es favorable a la demanda. La ralentización simultánea de la inversión y del consumo lleva a un crecimiento débil y a un paro endémico. En los países anglosajones se ha contrarrestado esta tendencia por medio de desarrollo del endeudamiento de los hogares y por medio de las burbujas financieras que crean una riqueza que permite un crecimiento del consumo sin salarios, pero terminan en quiebras.
Para remediar los efectos negativos sobre la actividad económicas ponemos debatir tres medidas :
Medida n°5: reforzar significativamente los contra-poderes en las empresas para obligar a las direcciones a tener en cuenta los intereses del conjunto de las partes interesadas,
Medida n°6: aumentar fuertemente los impuestos a los ingresos muy altos para disuadir la carrera por los rendimientos insostenibles,
Medida n°7: reducir la dependencia de las empresas en relación a los mercados financieros desarrollando una política pública del crédito (tasas preferenciales para las actividades prioritarias en el plano social y medioambiental).
FALSA EVIDENCIA N° 3 : LOS MERCADOS SON BUENOS JUECES DE LA SOLVENCIA DE LOS ESTADOS
Según los defensores de la eficiencia de los mercados financieros, los operadores de mercado tendrían en cuenta la situación objetiva de las finanzas públicas para evaluar el riesgo de suscribir un préstamo de Estado. Tomemos el caso de la deuda griega: los operadores financieros y quienes toman las decisiones se remiten únicamente a las evaluaciones financieras para juzgar la situación. Así, cuando la tasa exigida a Grecia ascendió a más del 10%, cada uno dedujo que el riesgo de falta [de pago] estaba cercano: si los inversores exigen semejante prima de riesgo es que el peligro es extremo.
Hay en ello un profundo error si se comprende la verdadera naturaleza de la evaluación por el mercado financiero. Como éste no es eficiente, lo más frecuente es que produzca unos precios completamente desconectados de los fundamentales. En esas condiciones es descabellado entregarse únicamente a las evaluaciones financieras para juzgar una situación. Evaluar el valor de un título financiero no es una operación comparable a medir un tamaño objetivo, por ejemplo, a calcular el peso de un objeto. Un título financiero es un derecho sobre unos ingresos futuros: para evaluarlo hay que prever lo que será el futuro. Es una cuestión de juicio, no una medida objetiva porque en el instante t, el futuro no está en modo alguno predeterminado. En las salas de mercado sólo es lo que los operadores imaginan que será. Un precio financiero resulta de un juicio, de una creencia, de una apuesta sobre el futuro: nada asegura que el juicio de los mercados tenga algun tipo de superioridad sobre las demás formas de juicio.
Sobre todo, la evaluación financiera no es neutra: afecta al objeto medido, compromete y construye el futuro que ella imagina. Así, las agencias de calificación financieras contribuyen en mucho a determinar las tasas de interés en los mercados de obligaciones atribuyendo unas notas cargadas de una gran subjetividad, incluso de una voluntad de alimentar la inestabilidad, fuente de beneficios especulativos. Cuando degradan la calificación de un Estado aumentan la tasa de interés exigida por los actores financieros para adquirir los títulos de la deuda pública de este Estado y aumentan con ello el riesgo de quiebra que ellas han anunciado.
Para reducir la influencia de la psicología de los mercados sobre la financiación de los estados, proponemos debatir dos medidas:
Medida n°8: no se debe autorizar a las agencias de calificación financiera a pesar arbitrariamente en las tasas de interés de los mercados de obligaciones degradando la calificación de un Estado: su actividad se debería reglamentar exigiendo que esta nota resulte de un calculo económico transparente.
Medida n°8 bis: liberar a los Estados de la amenaza de los mercados financieros garantizando que el Banco Central Europeo (BCE) compra los títulos púbicos.
FALSA EVIDENCIA N° 4 : LA SUBIDA ESPECTACULAR DE LAS DEUDAS PÚBLICAS ES EL RESULTADO DE UN EXCESO DE GASTOS
Michel Pébereau, uno de los “padrinos” de la banca francesa, describía en 2005 en unos de estos informes oficiales ad hoc a una Francia asfixiada por la deuda pública y sacrificando sus generaciones futuras al entregarse a unos gastos sociales irreflexivos. El Estado que se endeuda como un padre de familia alcohólico que bebe por encima de sus medios: ésta es la visión que suelen propagar la mayoría de los editorialistas. La reciente explosión de la deuda pública en Europa y en el mundo se debe en todas partes a otra cosa: a los planes de salvamiento de las finanzas y, sobre todo, a la recesión provocada por la crisis bancaria y financiera que empezó en 2008: el déficit público medio en la zona euro era sólo el 0,6% del PIB en 2007, pero la crisis le ha hecho pasar al 7% en 2010. Al mismo tiempo la deuda pública ha pasado del 66% al 84% del PIB.
Sin embargo, el aumento de la deuda pública tanto en Francia como en muchos países europeos fue primero moderada y anterior a esta recesión: proviene en gran parte no de una tendencia a la subida de los gastos públicos (puesto que, al contrario, desde principios de la década de 1990 estos son estables o en baja en la Unión Europea en proporción al PIB) sino del desmoronamiento de los ingresos públicos debido a la debilidad del crecimiento económico en el periodo y a la contrarrevolución fiscal que han llevado a cabo la mayoría de los gobiernos desde hace veinticinco años. A más largo plazo la contrarrevolución fiscal ha alimentado continuamente el hinchamiento de la deuda de una recesión a otra. Así, en Francia un reciente informe parlamentario cifra en 100.000 millones de euros en 2010 el coste de las bajadas de impuestos consentidas entre 2000 y 2010, sin incluir siquiera las exoneraciones de cotizaciones sociales (30.000 millones) y otros “gastos fiscales”. A falta de una armonización fiscal, los Estados europeos se han entregado a la competencia fiscal, bajando los impuestos a las sociedades, los altos ingresos y los patrimonios. Aunque el peso relativo de sus determinantes varíe de un país a otro, la subida casi general de los déficits públicos y de las ratios de deuda pública en el curso de los treinta últimos años no resulta principalmente de una deriva culpable de los gastos públicos. Un diagnóstico que, evidentemente, abre otras pistas que la sempiterna reducción de los gastos públicos.
Para restaurar un debate público informado sobre el origen de la deuda y, por lo tanto, de los medios de remediarla, proponemos debatir una propuesta:
Medida n° 9: realizar una auditoría pública de las deudas públicas para determinar su origen y conocer la identidad de los principales poseedores de títulos de la deuda y los montantes que poseen.
FALSA EVIDENCIA N°5: HAY QUE REDUCIR LOS GASTOS PARA REDUCIR LA DEUDA PÚBLICA
Aunque el aumento de la deuda pública resultara en parte de un aumento de los gastos públicos, cortar en estos gastos no contribuiría necesariamente a la solución porque la dinámica de la deuda pública no tiene mucho que ver con la de un hogar: la macroeconomía no es reducible a la economía doméstica. Generalmente la dinámica de la deuda depende de varios factores: el nivel de los déficits primarios, pero también la diferencia entre la tasa de interés y la tasa de crecimiento nominal de la economía.
Y es que si este último es más débil que la tasa de interés la deuda va a crecer mecánicamente debido al “efecto bola de nieve”: explota el importe de los intereses y también el déficit total (incluidos los intereses de la deuda). Así, a principios de la década de 1990 la política del franco fuerte que llevó a cabo Bérégovoy y se mantuvo a pesar de la recesión de 1993-94 se tradujo en una tasa de interés más elevada de forma duradera que la tasa de crecimiento, lo que explica el salto de la deuda pública de Francia durante este periodo. Es el mismo mecanismo que explicaban el aumento de la deuda durante la primera mitad de la década de 1980 bajo el impacto de la revolución neoliberal y de la política de tasas de interés elevadas que llevaron a cabo Ronald Reagan y Margaret Thatcher.
Pero la propia tasa de crecimiento no es independiente de los gastos públicos: a corto plazo la existencia de gastos públicos estables limita la magnitud de las recesiones (“estabilizadores automáticos”); a largo plazo las inversiones y gastos públicos (educación, sanidad, investigación, infraestructuras …) estimulan el crecimiento. Es falso afirmar que todo déficit público crece tanto como la deuda pública o que toda reducción del déficit permite reducir la deuda. Si la reducción de los déficit compromete la actividad económica la deuda aumentará aún más. Los comentaristas liberales subrayan que algunos países (Canadá, Suecia, Israel) realizaron unos ajustes brutales de sus cuentas públicas en la década de 1990 e inmediatamente después conocieron un fuerte rebote del crecimiento. Pero esto sólo es posible si el ajuste concierne a un país aislado, que vuelve a ganar competitividad sobre sus rivales. Lo que evidentemente olvidan los partidarios del ajuste estructural europeo es que los países europeos tienen por principales clientes y rivales a otros países europeos ya que la Unión Europea está globalmente poco abierta al exterior. Una reducción simultánea y masiva de los gastos públicos del conjunto de los países de la Unión Europea sólo puede tener como efecto una recesión agravada y, por lo tanto, una nueva subida de la deuda pública.
Para evitar que el restablecimiento de las finanzas públicas provoque un desastre social y politico proponemos debatir dos medidas:
Medida n°10: mantener el nivel de las protecciones sociales, incluso mejorarlas (subsidio de desempleo, vivienda…);
Medida n°11: aumentar el esfuerzo presupuestario en materia de educación, de investigación, de inversion en reconversión ecológica… para establecer las condiciones de un crecimiento sostenible que permita un fuerte descenso del paro.
FALSA EVIDENCIA N°6: LA DEUDA PÚBLICA TRASLADA EL PRECIO DE NUESTROS EXCESOS A NUESTROS NIETOS
La afirmación de que la deuda pública sería una transferencia de riqueza en detrimento de las generaciones futuras es otra afirmación falsa que confunde economía doméstica y macroeconomía. La deuda pública es un mecanismo de transferencia de riquezas, pero es sobre todo de los contribuyentes ordinarios hacia los rentistas.
En efecto, basándose en la creencia raramente verificada según la cual bajar los impuesto estimularía el crecimiento y aumentaría in fine los ingresos públicos, desde 1980 los Estados europeos han imitado a Estados Unidos en una política sistemática de hacer la oferta fiscal más baja. Se han multiplicado las reducciones de impuestos y de cotizaciones (sobre los beneficios de las sociedades, sobre los ingresos de los particulares más acomodados, sobre los patrimonios, sobre las cotizaciones patronales…), pero su impacto en el crecimiento económico sigue siendo muy incierto. Por consiguiente, estas políticas fiscales anti-redistributivas han agravado a la vez y de manera acumulativa las desigualdades sociales y los déficits públicos.
Estas políticas fiscales han obligado a las administraciones públicas a endeudarse con hogares acomodados y mercados financieros para financiar los déficits así creados. Es lo que se podría llamar “el efecto jackpot”: con el dinero ahorrado de sus impuestos los ricos han podido adquirir títulos (portadores de interés) de la deuda pública emitida para financiar los déficits públicos provocados por la reducciones de los impuestos… Así, el servicio de la deuda pública en Francia representa 40.000 millones de euros, casi tanto como las recaudaciones del impuesto sobre la renta. Tour de force tanto más brillante cuanto que a continuación se ha logrado hacer creer al público que los culpables de la deuda pública eran los funcionarios, los jubilados y los enfermos.
Por consiguiente, el aumento de la deuda pública en Europa o en Estados Unidos no es el resultado de políticas keynesianas expansionistas o de políticas sociales dispendiosas sino más bien de una política en favor de las capas privilegiadas: los “gastos fiscales” (bajadas de impuestos y de cotizaciones) aumentan los ingresos disponibles de quienes menos lo necesitan, los cuales gracias a ello pueden aumentar más sus inversiones, sobre todo en Bonos del Tesoro, que son remunerados en intereses por medio del impuesto procedente de todos los contribuyentes. En resumen, se establece un mecanismo de redistribución al revés, desde las clases populares hacia las clases acomodadas, vía la deuda pública cuya contrapartida es siempre la renta privada.
Para rectificar de manera equitativa las finanzas públicas en Europa y en Francia proponemos debatir dos medidas:
Medida n°12: volver a dar un carácter fuertemente redistributivo a la fiscalidad directa sobre los ingresos (supresión de los vacíos [fiscales], creación de nuevas series y aumento de las tasas del impuesto sobre la renta…)
Medida n°13: suprimir las exoneraciones consentidas a las empresas que no tienen suficiente efecto sobre el empleo.
FALSA EVIDENCIA N°7 : HAY QUE ASEGURAR A LOS MERCADOS FINANCIEROS PARA PODER FINANCIAR LA DEUDA PÚBLICA
A nivel mundial se debe analizar el ascenso de las deudas públicas correlativamente a la financiarización. Durante los últimos treinta años a favor de la liberalización total de la circulación de los capitales las finanzas han aumentado considerablemente su influencia sobre la economía. Las grandes empresas recurren cada vez menos al crédito bancario y cada vez más a los mercados financieros. Los hogares también ven una parte cada vez mayor de su ahorro drenado hacia las finanzas para sus pensiones, vía los diversos productos de inversión o incluso en algunos países vía la financiación de su vivienda (préstamos hipotecarios). Los gestores de carteras que tratan de diversificar los riesgos buscan títulos públicos como complemento a los privados. Los han encontrado fácilmente en los mercados porque los gobiernos han llevado a cabo unas políticas similares que han llevado a un relanzamiento de los déficits: tasas de interés altas, bajada de los impuestos centradas en los ingresos altos, incitaciones masivas al ahorro financiero de los hogares para favorecer las jubilaciones por capitalización, etc.
A nivel de la UE la financiarización de la deuda pública se ha inscrito en los tratados: desde Maastricht los Bancos Centrales tienen prohibido financiar directamente a los Estados, que deben encontrar prestamistas en los mercados financieros. Esta “represión monetaria” acompaña a la “liberación financiera” y hace exactamente lo contrario de las políticas adoptadas tras la gran crisis de la década de 1930, de “represión financiera” (drásticas restricciones a la libertad de acción de las finanzas) y de “liberación monetaria” (con el final del patrón oro). Se trata de someter a los Estados, que se supone que son por naturaleza demasiado dispendiosos, a la disciplina de los mercados financieros, que se supone que son eficientes y omniscientes por naturaleza.
Como resultado de esta elección doctrinaria, el Banco Central Europeo no tiene así derecho a suscribir directamente las emisiones de obligaciones públicas de los Estados europeos. Privados de la garantía de poder financiarse siempre en el Banco Central, los Estados europeos del sur han sido así víctimas de ataques especulativos. En efecto, aunque en nombre de una ortodoxia sin fisuras el BCR siempre se había negado a ello, desde hace algunos meses compra obligaciones de Estado a la tasa de interés del mercado para calmar las tensiones en el mercado de obligaciones europeos. Pero nada dice que esto sea suficiente si la crisis de la deuda se agrava y y se esfuman las tasas de interés de mercado. Entonces podría ser difícil mantener esta ortodoxia monetaria que carece de fundamentos científicos serios.
Para remediar el problema de la deuda pública proponemos debatir dos medidas:
Medida n°14: autorizar al Banco Central Europeo a financiar directamente a los Estados (o a imponer a los bancos comerciales suscribir la emisión de obligaciones públicas) a bajo interés, aflojando así el lastre con el que les traban los mercados financieros,
Medida n°15: si fuera necesario, reestructurar la deuda pública, por ejemplo, limitando el servicio de la deuda pública a determinado tanto por ciento del PIB, y operando una discriminación entre los acreedores según el volumen de los títulos que poseen: los rentistas muy grandes (particulares o instituciones) deben aceptar un alargamiento sensible del perfil de la deuda, incluso anulaciones parciales o totales. También hay que volver a negociar las exorbitantes tasas de interés de los títulos emitidos por los países en dificultades desde la crisis.
FALSA EVIDENCIA N°8: LA UNIÓN EUROPEA DEFIENDE EL MODELO SOCIAL EUROPEO
La construcción europea parece una experiencia ambigua. Coexisten dos visiones de Europa sin osar enfrentarse abiertamente. Para los socialdemócratas, Europa hubiera debido proponerse el objetivo de promover el modelo social europeo, fruto del compromiso social de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, con su protección social, sus servicios públicos y sus políticas industriales. Europa hubiera debido construir una muralla defensiva frente a la globalización liberal, un medio de proteger, de hacer vivir y progresar este modelo. Europa hubiera debido defender una visión específica de la organización de la economía mundial, la globalización regulada por unas organizaciones de gobernanza mundial. Hubiera debido permitir a los países miembro mantener un nivel elevado de gastos públicos y de redistribución, protegiendo su capacidad de financiarlos por medio de la armonización de la fiscalidad sobre las personas, las empresas y los ingresos del capital.
Sin embargo, Europa no ha querido asumir su especificidad. Actualmente la visión dominante en Bruselas y en el seno de la mayoría de los gobiernos nacionales es la contraria a la de una Europa liberal, cuyo objetivo es adaptar a las sociedades europeas a las exigencias de la globalización: la construcción europea es la ocasión de poner en tela de juicio el modelo social europeo y de desregular la economía. La preeminencia del derecho de la competencia sobre las reglamentaciones nacionales y sobre los derechos sociales en el Mercado Único permite introducir más competencia en los mercados de los productos y de los servicios, disminuir la importancia de los servicios públicos y organizar competitividad de los trabajadores europeos. La competencia social y fiscal permitió reducir los impuestos, sobre todo sobre los ingresos del capital y de las empresas (las “bases móviles”) y hacer presión sobre los gastos sociales. Los tratados garantizan cuatro libertades fundamentales: la libre circulación de las personas, de las mercancías, de los servicios y de los capitales. Pero lejos de limitarse al mercado interior, la libertad de circulación de los capitales se ha concedido a los inversores del mundo entero, sometiendo así al tejido productivo europeo a los imperativos de valorización de los capitales internacionales. La construcción europea perece un medio de imponer a los pueblos unas reformas neoliberales.
La organización de la política macroeconómica (independencia del BCE frente a la política, Pacto de Estabilidad) está marcada por la desconfianza respecto a los gobierno elegidos democráticamente. Se trata de privar a los países de toda autonomía en materia tanto de política monetaria como en materia presupuestaria. Para ya sólo dejar jugar a la “estabilización automática” se debe alcanzar el equilibrio presupuestario y después toda política discrecional desterrada de reactivación. A nivel de la zona no se ha establecido ninguna política coyuntural común ni se ha definido ningún objetivo común en términos de crecimiento o de empleo. No se tienen en cuenta las diferencias de situación entre los países porque el pacto no se interesa ni por las tasas de inflación ni por los déficits exteriores nacionales; los objetivos de las finanzas públicas no tienen en cuenta situaciones económicas nacionales.
Las instancias europeas trataron de impulsar unas reformas estructurales (por medio de las Grandes Orientaciones Políticas Económicas, el Método Abierto de Coordinación o la Agenda de Lisboa) con un éxito muy desigual. Como su modo de elaboración no era democrático ni movilizador, su orientación liberal no correspondía obligatoriamente a las políticas decididas a nivel nacional, teniendo en cuenta las relaciones de fuerza existentes en cada país. Esta orientación no conoció de entrada los brillantes éxitos fulgurantes que la habría legitimado. Se puso en tela de juicio el movimiento de liberalización económica (fracaso de la Directiva Bolkestein); se tentó a algunos países con nacionalizar su política industrial mientras que la mayoría se oponía a la europeización de sus políticas fiscales o sociales. La Europa social ha seguido siendo una palabra vacía, sólo se ha afirmado realmente la Europa de la competencia y de las finanzas.
Para que Europa promueva verdaderamente un modelo social europeo proponemos debatir dos medidas:
Medida n°16: poner en tela de juicio la libre circulación de los capitales y de las mercancías entre la UE y el resto del mundo negociando si fuera necesario acuerdos multilaterales o bilaterales,
Medida n°17: en vez de la política de competencia, convertir a “la armonización en el progreso” en el hilo director de la construcción europea. Establecer unos objetivos comunes de alcance constringente tanto en materia de progreso social como en materia macroeconómica (unas GOPS, grandes orientaciones de política social).
FALSA EVIDENCIA N°9: EL EURO ES UN ESCUDO CONTRA LA CRISIS
El euro debería haber sido un factor de protección contra la crisis financiera mundial. Después de todo, la supresión de toda incertidumbre sobre las tasas de cambio entre las monedas europeas eliminó un factor fundamental de inestabilidad. Sin embargo, no ha habido nada de eso: Europa se ha visto afectada más duramente y de forma duradera por la crisis que el resto del mundo. Esto se debe a las propias modalidades de construcción de la unión monetaria.
Desde 1999 la zona euro conoció un crecimiento relativamente mediocre y un aumento de las divergencias entre los Estados miembro en términos de crecimiento, de inflación, de paro y de desequilibrios exteriores. El marco de política económica de la zona euro, que tiende a imponer a unos países en situaciones diferentes unas políticas macroeconómicas parecidas, ha ampliado las disparidades de crecimiento entre los Estados miembro. En la mayoría de los países, en particular los más grandes, la introducción del euro no ha provocado la prometida aceleración del crecimiento. Para otros, hubo crecimiento pero a costa de desequilibrios difícilmente sostenibles. La rigidez monetaria y presupuestaria, reforzada por el euro, ha permitido hacer caer todo el peso de los ajustes sobre el trabajo. Se ha promovido la flexibilidad y la austeridad salarial, reducido la parte de los salarios en el ingreso total, aumentado las desigualdades.
Esta carrera a la baja social la ha ganado Alemania, que ha sabido liberar importantes surplus comerciales en detrimento de sus vecinos y, sobre todo, de sus propios asalariados, imponiéndose una bajada del coste del trabajo y de las prestaciones sociales, lo que le ha conferido una ventaja comercial en relación a sus vecinos que no han podido tratar tan duramente a sus trabajadores. Los excedentes comerciales alemanes pesan sobre el crecimiento de los demás países. Los déficits presupuestarios y comerciales de unos sólo son la contrapartida de los excedentes de los demás … Los Estados miembro no han sido capaces de definir una estrategia coordinada.
La zona euro hubiera debido verse menos afectada por la crisis que Estados Unidos y Reino Unido. Los hogares están claramente menos implicados en los mercados financieros, que son menos sofisticados. Las finanzas públicas estaban en una situación mejor; el déficit público del conjunto de los países de la zona era del 0,6% del PIB en 2007, frente a casi el 3% en Estados Unidos, en Reino Unido o Japón. Pero la zona euro sufría un aumento de los desequilibrios: los países del norte (Alemania, Austria, Países Bajos, países escandinavos) limitaban sus salarios y sus demandas internas, y acumulaban excedentes exteriores, mientras que los países del sur (España, Grecia, Irlanda) conocían un crecimiento vigoroso impulsado por unas tasas de interés débiles en relación a la tasa de crecimiento, al tiempo que acumulaban unos déficits exteriores.
Aunque la crisis económica partió de Estados Unidos, éste ha tratado de establecer una política real de reactivación presupuestaria y monetaria al tiempo que iniciaba un movimiento de desregulación financiera. Europa, por el contrario, no ha sabido emprender una política suficientemente reactiva. De 2007 a 2010 el impulso presupuestario ha sido del orden de 1,6 puntos de PIB en la zone euro, de 3,2 puntos en Reino Unido y de 4,2 puntos en Estados Unidos. La pérdida de producción debida a la crisis ha sido claramente más fuerte en la zona euro que en Estados Unidos. En la zona se ha sufrido más el aumento del déficits que el resultado de una política activa.
Al mismo tiempo, la Comisión ha seguido lanzando unos procedimientos de déficit excesivo contra los Estados miembro de modo que a mediados de 2010 prácticamente todos los Estados de la zona estaban sometidos a ellos. Ha pedido a los Estados miembro que para 2013 ó 2014 se comprometan a volver bajo la línea del 3%, independientemente de la evolución economía. Las instancias europeas han seguido reclamando unas políticas salariales restrictivas y que se replanteen los sistemas públicos de jubilación y de sanidad, con el riesgo evidente de hundir al continente en la depresión y de aumentar las tensiones entre los países. Esta ausencia de coordinación y, más fundamentalmente, la ausencia de un verdadero presupuesto europeo que permita una solidaridad efectiva entre los Estados miembro han incitado a los operadores financieros a desviarse del euro, incluso a especular abiertamente contra él.
Para que el euro pueda proteger realmente a los ciudadanos europeos de la crisis proponemos debatir dos [sic] medidas:
Medida n°18: garantizar una verdadera coordinación de las políticas macroeconómicas y una reducción concertada de los desequilibrios comerciales entre los países europeos,
Medida n°19: compensar los desequilibrios de pago en Europa por medio de un Banco de Pagos (que organice los préstamos entre los países europeos),
Medida n°20: si la crisis del euro lleva a su desintegración y esperando el ascenso en régimen del presupuesto europeo (cf. infra), establecer un régime monetario intraeuropeo (moneda común tipo “bancor”) que organice la reabsorción de los desequilibrios de los balances comerciales en el seno de Europa.
FALSA EVIDENCIA N°10: LA CRISIS GRIEGA HA PERMITIDO FINALMENTE AVANZAR HACIA UN GOBIERNO ECONÓMICO Y UNA VERDADERA SOLIDARIDAD EUROPEA
A partir de mediados de 2009 los mercados financieros empezaron a contar con las deudas de los países europeos. Globalmente la fuerte subida de las deudas y de los déficits públicos a escala mundial no ha provocado (todavía) subidas de las tasas largas: los operadores financieros consideran que los bancos centrales mantendrán mucho tiempo las tasas monetarias reales a un nivel próximo de cero y que no hay riesgo de inflación ni de falta [de pago] de un gran país. Pero los especuladores han percibido los fallos de la organización de la zona euro. Mientras que los gobiernos de los demás países desarrollados siempre pueden ser financiados por su Banco Central, los países de la zona euro han renunciado a esta posibilidad y dependen totalmente de los mercados financieros para sus déficits. Por ello se ha podido desencadena la especulación sobre los países más frágiles de la zona: Grecia, España e Irlanda.
Las instancias europeas y los gobiernos han tardado en reaccionar al no querer dar la impresión de que los países miembro tenían derecho a un apoyo ilimitado de sus socios y querer sancionar a Grecia, culpable de haber ocultado (con ayuda de Goldman Sachs) la magnitud de sus déficits. Con todo, en mayo de 2010 el BCE y los países miembro tuvieron que crear urgentemente un Fondo de Estabilización para indicar a los mercados que aportarían este apoyo sin límites a los países amenazados. En contrapartida estos han tenido que anunciar unos programas de austeridad presupuestaria sin precedentes que los van a condenar a un retroceso de la actividad a corto plazo y a un largo periodo de recesión. Bajo la presión del FMI y de la Comisión Europea Grecia debe privatizar sus servicios públicos y España flexibilizar su mercado laboral. Del mismo modo, Francia y Alemania, que no están afectadas por la especulación, han anunciado medidas restrictivas.
Sin embargo, la demanda no es en modo alguno excesiva en Europa. La situación de las finanzas públicas es mejor que la de Estados Unidos o de Gran Bretaña, lo que deja márgenes de maniobra presupuestaria. Hay que reabsorber los desequilibrios de manera coordinada: los países excedentarios del norte y del centro de Europa deben llevar a cabo políticas expansionistas (amento de los salarios, de los gastos sociales …) para compensar las políticas restrictivas de los países del sur. Globalmente la política presupuestaria no debe ser restrictiva en la zona euro mientras que la economía no se acerque al pleno empleo a una velocidad satisfactoria.
Pero, por desgracia, hoy se han reafirmado los partidarios de las políticas presupuestarias automáticas y restrictivas en Europa. La crisis griega permite hacer olvidar los orígenes de la crisis financiera. Quienes han aceptado apoyar financieramente a los países del sur quieren imponer en contrapartida un Pacto de Estabilidad. La Comisión Europea y Alemania quieren imponer a todos los países miembro que inscriban en su Constitución el objetivo del presupuesto equilibrado, hacer que unos comités de expertos independientes vigilen la política presupuestaria. La Comisión quiere imponer a los países una larga cura de austeridad para volver a una deuda pública inferior al 60% del PIB. Si hay un avance hacia un gobierno económico es hacia un gobierno que en vez de aflojar el torno de las finanzas va a imponer la austeridad y profundizar las “reformas” estructurales en detrimento de las solidaridades sociales en cada país y entre los países.
La crisis ofrece a las elites financieras y a las tecnocracias europeas la tentación de establecer la “estrategia del choque” aprovechando la crisis para radicalizar la agenda neoliberal. Pero esta política tiene pocas posibilidades de éxito:
La disminución de los gastos públicos va a comprometer el esfuerzo necesario a escala europea para mantener los gastos del futuro (investigación, educación, política familiar), para ayudar a la industria europea a mantenerse y a invertir en los sectores del futuro (economía verde).
La crisis va a permitir imponer fuertes reducciones de los gastos sociales, objetivo incansablemente buscado por los paladines del neoliberalismo, a riesgo de comprometer la cohesión social, de reducir la demanda efectiva, de empujar a los hogares a ahorrar para su jubilación y su salud en las instituciones financieras, responsables de la crisis.
Los gobiernos y las instancias europea se niegan a organizar la armonización fiscal que permitiría la subida necesaria de los impuestos en el sector financiero, en los patrimonios importantes y en los ingresos altos.
Los países europeos instauran duraderamente unas políticas presupuestarias restrictivas que van a pesar enormemente sobre el crecimiento. Van a descender las recaudaciones fiscales. Los sueldos públicos apenas mejorarán, las ratios de deuda se degradarán, no se tranquilizará a los mercados.
Debido a la diversidad de sus culturas políticas y sociales los países europeos no han podido plegarse todos a la disciplina de hierro impuesta por el Tratado de Maastricht; no se plegarán todos al reforzamiento de éste que se está organizando actualmente. El riesgo de activar una dinámica generalizada de repliegue sobre sí mismo es real.
Para avanzar hacia un verdadero gobierno económico y una solidaridad europea proponemos debatir dos medidas:
Medida n°21: desarrollar una fiscalidad europea (tasa carbono, impuesto sobre los beneficios, …) y un verdadero presupuesto europeo para ayudar a la convergencia de las economías y tender a una igualación de las condiciones de acceso a los servicios públicos y sociales en los diversos Estados miembro sobre la base de las mejores prácticas.
Medida n°22: lanzar un vasto plan europeo, financiado por suscripción pública a tasas de interés débil pero garantizado y/o por medio de creación monetaria del BCE para emprender la reconversión ecológica de la economía europea.
CONCLUSIÓN
DEBATIR LA POLÍTICA ECONÓMICA,
TRAZAR CAMINOS PARA REFUNDAR LA UNIÓN EUROPEA
Desde hace tres décadas Europa se ha construido sobre una base tecnocrática que excluye a las poblaciones del debate de política económica. Se debe abandonar la doctrina neoliberal que descansa sobre la hipótesis hoy indefendible de la eficiencia de los mercados financieros. Hay que volver a abrir el espacio de las políticas posibles y debatir propuestas alternativas y coherentes que limiten el poder de las finanzas y organicen la armonización en el progreso de los sistemas económicos y sociales europeos. Esto supone la mutualización de importantes recursos presupuestarios, obtenidos por medio del desarrollo de una fiscalidad europea fuertemente redistributiva. También hay que liberar a los mercados del cerco de los mercados financieros. Solamente así el proyecto de construcción europea podrá esperar recuperar una legitimidad popular y democrática de la que hoy carece.
Evidentemente, no es realista esperar que 27 países decidan al mismo tiempo operar semejante ruptura en el método y los objetivos de la construcción europea. La Comunidad Económica Europea comenzó con seis países: también la refundación de la Unión Europea pasará al principio por un acuerdo entre algunos países deseosos de explorar unas vías alternativas. A medida que se hagan evidentes las consecuencias desastrosas de las políticas adoptadas hoy, aumentará por toda Europa el debate sobre las alternativas. Luchas sociales y cambios políticos intervendrán a ritmo diferente según los países. Unos gobiernos nacionales tomarán decisiones innovadoras. Quienes lo deseen deberán adoptar unas cooperaciones reforzadas para adoptar medidas audaces en materia de regulación financiera, de política fiscal o social. Por medio de unas propuestas concretas tenderán la mano a los demás pueblos para que se unan al movimiento.
Por ello nos parece importante esbozar y debatir ahora las grandes líneas de políticas económicas alternativas que harán posible esta refundación de la construcción europea.
Premiers signataires :
Philippe Askenazy (CNRS, Ecole d’économie de Paris), Thomas Coutrot (Conseil scientifique d’Attac), André Orléan (CNRS, EHESS), Henri Sterdyniak (OFCE)
Introducción
La reactivación económica mundial, lograda por medio de una colosal inyección de gasto público en el circuito económico (de los EEUU a China), es frágil pero real. Un solo continente se queda atrasado, Europa. Encontrar el camino del crecimiento no es su prioridad política. Europa entró en otra vía: la de la lucha contra los déficits públicos.
En la Unión Europea estos déficits son elevados, es verdad, -7% en promedio en el 2010-, pero mucho menos que el 11% de los EEUU. Mientras algunos Estados norteamericanos de peso económico superior al de Grecia, California por ejemplo, están cercanos a la quiebra, los mercados financieros decidieron especular sobre la deuda soberana de los países europeos, particularmente los del sur. Europa está prisionera de su propia trampa institucional: los Estados deben tomar créditos ante instituciones financieras privadas que obtienen liquidez a bajo precio del Banco Central Europeo. Así, los mercados tienen la llave del financiamiento de los Estados. En este marco la ausencia de solidaridad europea suscita la especulación, tanto más cuanto que las agencias de calificación juegan a acentuar la desconfianza.
Fue necesaria la degradación de la nota de Grecia por la agencia Moody’s el 15 de junio, para que los dirigentes europeos retomaran el término de “irracionalidad” que tanto emplearon al inicio de la crisis de los subprimes. De este modo se descubre que España está más amenazada por la fragilidad de su modelo de crecimiento y de su sistema bancario que por su deuda pública.
Para “tranquilizar los mercados” se improvisó un Fondo de estabilización del euro, y se lanzaron por toda Europa drásticos, y a menudo ciegos, planes de reducción del gasto público. Los funcionarios son las primeras víctimas, incluso en Francia, en donde el alza de cotizaciones de su previsión será una disimulada baja de sus salarios. El número de funcionarios disminuye en todas partes, amenazando los servicios públicos. Las prestaciones sociales, de los Países Bajos a Portugal, pasando por Francia con su actual reforma de la previsión, están siendo gravemente amputadas. El paro y la precariedad del empleo crecerán forzosamente en los años venideros. Estas medidas son irresponsables desde un punto de vista político y social, e incluso en el estricto ámbito económico.
Esta política, que ha calmado provisoriamente la especulación, tiene ya consecuencias sociales muy negativas en numerosos países europeos, particularmente en la juventud, el mundo del trabajo y los más vulnerables. A corto plazo agudizará las tensiones en Europa y con ello amenazará la propia construcción europea que es mucho más que un proyecto económico. Allí la economía debiese estar al servicio de la construcción de un continente democrático, pacificado y unido. En lugar de eso, se impone por todas partes una forma de dictadura de los mercados, y especialmente hoy en día en Portugal, España y Grecia, tres países que aun eran dictaduras a principios de los años 1970, hace apenas cuarenta años.
Que se la interprete como el deseo de “tranquilizar los mercados” por parte de gobiernos asustados, o bien como un pretexto para imponer decisiones dictadas por la ideología, la sumisión
a esta dictadura es inaceptable tanto ha dado ya la prueba de su ineficacia económica y de su potencial destructivo en los planos político y social.
Un verdadero debate democrático sobre las decisiones de política económica debe pues abrirse en Francia y en Europa. La mayor parte de los economistas que intervienen en el debate público lo hacen para justificar o racionalizar la sumisión de las políticas a las exigencias de los mercados financieros. Cierto, en todas partes los poderes públicos debieron improvisar planes keynesianos de reactivación e incluso nacionalizar temporariamente los bancos. Pero quieren cerrar este paréntesis lo más pronto posible. El software neoliberal aun sigue siendo considerado como legítimo, a pesar de sus patentes fracasos. Este, fundado sobre la hipótesis de eficiencia de los mercados financieros, plantea reducir el gasto público, privatizar los servicios públicos, flexibilizar el mercado del trabajo, liberalizar el comercio, los servicios financieros y los mercados de capitales, aumentar la competencia en todo tiempo y lugar…
En tanto economistas, estamos aterrados al ver que estas políticas siguen a la orden del día y que sus fundamentos teóricos no son cuestionados. No obstante, los argumentos avanzados desde hace treinta años para orientar las decisiones de política económica europea son desmentidos por los hechos. La crisis desnudó el carácter dogmático e infundado de la mayor parte de las pretendidas evidencias repetidas hasta la saciedad por quienes deciden y por sus consejeros. Ya se trate de la eficacia y de la racionalidad de los mercados financieros, de la necesidad de mutilar el gasto para reducir la deuda pública o de reforzar el “pacto de estabilidad”, hay que interrogar dichas falsas evidencias y mostrar la pluralidad de decisiones posibles en materia de política económica. Otras decisiones son posibles y deseables, a condición, primero que nada, de liberarse del dominio impuesto por la industria financiera sobre las políticas públicas.
Hacemos más adelante una presentación crítica de diez postulados que continúan inspirando cada día las decisiones de los poderes públicos en toda Europa, a pesar de los brutales desmentidos aportados por la crisis financiera y sus consecuencias. Se trata de falsedades que inspiran medidas injustas e ineficaces, frente a las cuales proponemos al debate veintidós contra proposiciones. Ellas no cuentan necesariamente con el asentimiento unánime de los signatarios de este texto, pero deben ser tomadas en serio si queremos sacar a Europa del atolladero.
Falsedad n°1: los mercados financieros son eficientes.
Falsedad n°2: los mercados financieros son favorables al crecimiento económico.
Falsedad n°3: los mercados son buenos jueces de la solvencia de los Estados.
Falsedad n°4: el aumento de la deuda pública resulta de un aumento del gasto.
Falsedad n°5: hay que reducir el gasto para reducir la deuda pública.
Falsedad n°6: la deuda pública le hará pagar nuestros excesos a nuestros nietos.
Falsedad n°7: hay que tranquilizar a los mercados financieros para financiar la deuda pública.
Falsedad n°8: la Unión Europea defiende el modelo social europeo.
Falsedad n°9: el euro nos protege contra la crisis.
Falsedad n°10: la crisis griega permitió avanzar hacia un gobierno económico y una verdadera solidaridad europea.
FALSA EVIDECIA N°1: LOS MERCADOS FINACIEROS SON EFICIENTES
Un hecho se impone hoy a todos los observadores: el papel primordial que desempeñan los mercados financieros en el funcionamiento de la economía. Es el resultado de una larga evolución que empezó finales de la década de 1970. La midamos como la midamos esta evolución marca una ruptura neta, tanto cuantitativa como cualitativa, con las décadas precedentes. Bajo la presión de los mercados financieros la regulación del conjunto del capitalismo se transforma en profundidad y da nacimiento a una forma inédita de capitalismo que algunos llamaron “capitalismo patrimonial”, capitalismo financiero” o incluso “capitalismo neoliberal”.
Estas mutaciones encontraron en la hipótesis de eficiencia informativa de los mercados financieros su justificación teórica. En efecto, según esta hipótesis, es importante desarrollar los mercados financieros, hacer que puedan funcionar lo más libremente posible porque constituyen el único mecanismo de asignación eficaz del capital. Las políticas que se han llevado a cabo obstinadamente desde hace treinta años son conformes a esta recomendación. Se trata de construir un mercado financiero mundialmente integrado en el que todos los actores (empresas, hogares, Estados, instituciones financieras) puedan intercambiar todas las categorías de títulos (acciones, obligaciones, deudas, derivados, divisas) en todos los plazos (largo plazo, medio plazo, corto plazo). Los mercados financieros han llegado a parecerse al mercado “sin fricción” de los manuales: el discurso económico ha conseguido crear la realidad. Como los mercados eran cada vez más “perfectos” en el sentido de la teoría económica dominante, los analistas creyeron que en adelante el sistema financiero era mucho más estable que en el pasado. La “gran moderación” (este periodo de crecimiento económico sin subida de los salarios que conoció Estados Unidos desde 1990 a 2007) parecía confirmarlo.
Todavía hoy el G20 persiste en la idea de que los mercados financieros son el buen mecanismo de asignación del capital. La primacía y la integridad de los mercados financieros siguen siendo los objetivos finales que prosigue su nueva regulación financiera. La crisis se interpreta no como un resultado inevitable de la lógica de los mercados desregulados sino como el efecto de la deshonestidad e irresponsabilidad de algunos actores financieros mal vigilados por los poderes públicos.
Sin embargo, la crisis se ha encargado de demostrar que los mercados no son eficientes y que no permiten una asignación eficaz del capital. Las consecuencias de este hecho en materia de regulación y de política económica son inmensas. La teoría de la eficiencia reposa sobre la idea de que los inversores buscan y encuentran la información más fiable posible sobre el valor de los proyectos que compiten para encontrar una financiación. De creer esta teoría, el precio que se forma en un mercado refleja los juicios de los inversores y sintetiza el conjunto de la información disponible: constituye, por consiguiente, un buen cálculo del verdadero valor de los títulos. Ahora bien, se supone que este valor resume toda la información necesaria para orientar la actividad económica y así la vida social. De este modo el capital se invierte en los proyectos más rentables y deja de lado los proyectos menos eficaces. Ésta es la idea central de esta teoría: la competencia financiera produce unos precios justos que constituyen señales fiables para los inversores y orientan eficazmente el desarrollo económico.
Pero la crisis vino a confirmar los diferentes trabajos críticos que habían puesto en duda esta propuesta. La competencia financiera no produce necesariamente precios justos. Peor: con frecuencia la competencia financiera es desestabilizante y lleva a unas evoluciones de precios excesivas e irracionales, las burbujas financieras.
El error principal de la teoría de la eficiencia de los mercados financieros consiste en trasponer a los productos financieros la teoría habitual de los mercados de bienes ordinarios. En estos últimos la competencia es en parte autorreguladora en virtud de lo que se llama la “ley” de la oferta y la demanda: cuando el precio de un bien aumenta, entonces los productores van a aumentar su oferta y los compradores a reducir su demanda; el precio, por lo tanto, va a bajar y a volver cerca de su nivel de equilibrio. En otras palabras, cuando el precio de un bien aumenta unas fuerzas de llamada tienden a frenar y después a invertir este alza. La competencia produce lo que se llama “feedbacks negativos”, unas fuerzas de llamada que van en el sentido contrario del choque inicial. La idea de la eficiencia nace de una transposición directa de este mecanismo a la finanza de mercado.
Ahora bien, para esta última la situación es muy diferente. Cuando el precio aumenta es frecuente observar no una bajada, ¡sino una subida de la demanda! En efecto, la subida del precio significa un rendimiento mayor para quienes poseen el título debido a la plusvalía realizada. Por consiguiente, la subida del precio atrae a nuevos compradores, lo que refuerza más la subida inicial. Las promesas de bonos empujan a los traders a ampliar aún más el movimiento. Hasta el incidente, imprevisible pero inevitable, que provoca la inversión de las anticipaciones y la quiebra. Este fenómeno digno de la irreflexión de los borregos es un proceso de “feedbacks positivos” que empeora los desequilibrios. Es la burbuja especulativa: una subida acumulativa de los precios que se alimenta a sí misma. Este tipo de proceso no produce precios justos sino, por el contrario, precios inadecuados.
Por consiguiente, el lugar preponderante ocupado por los mercados financieros no puede llevar a eficacia alguna. Aún más, es una fuente permanente de inestabilidad, como lo demuestra claramente la serie ininterrumpida de burbujas que hemos conocido desde hace 20 años: Japón, Sudeste de Asia, internet, mercados emergentes, la inmobiliaria, conversión de la deuda en valores. Así, la inestabilidad financiera se traduce en fuertes fluctuaciones de las tasas de intercambio y de la Bolsa, que manifiestamente no tienen relación con los fundamentos de la economía. Esta inestabilidad, nacida del sector financiero, se propaga a la economía real por medio de numerosos mecanismos.
Para reducir la ineficiencia e inestabilidad de los mercados financieros sugerimos cuatro medidas:
Medida n°1: compartimentar estrictamente los mercados financieros y las actividades de los actores financieros, prohibir a los bancos especular por su propia cuenta para evitar la propagación de las burbujas y de las quiebras,
Medida n°2: Reducir la liquidez y la especulación desestabilizadora por medio de controles sobre los movimientos de capitales y de las tasas sobre las transacciones financieras,
Medida n°3: limitar las transacciones financieras a las que respondan a las necesidades de la economía real (por ejemplo, CDS [Credit Default Swap o permuta de incumplimiento crediticio] únicamente para quienes detentan títulos asegurados, etc.)
Medida n°4: limitar la remuneración de los traders.
FALSA EVIDENCIA N°2: LOS MERCADOS FINANCIEROS SON FAVORABLES AL CRECIMIENTO ECONÓMICO
La integración financiera ha llevado el poder de las finanzas a su cenit debido al hecho de que unifica y centraliza la propiedad capitalista a escala mundial. En adelante ella es quien determina las normas de la rentabilidad exigidas al conjunto de los capitales. El proyecto era que la finanza de mercado sustituyera a la financiación bancaria de los inversores. Proyecto que, además, ha fracasado porque hoy, globalmente, son las empresas las que financian a los accionistas en vez de lo contrario. En adelante la gobernanza de las empresas se ha transformado profundamente para alcanzar las normas de rentabilidad del mercado. Con el aumento en potencia del valor accionarial se ha impuesto una concepción nueva de la empresa y de su gestión, pensadas como puestas al servicio exclusivo del accionista. Ha desaparecido la idea de un interés común propio de las diferentes parte interesadas vinculadas a la empresa. Los dirigentes de las empresas que cotizan en Bolsa tiene en adelante la misión primera de satisfacer únicamente el deseo de enriquecimiento de los accionistas. En consecuencia, dejan ellos mismos de ser asalariados, como demuestra el desmesurado aumento de sus remuneraciones. Como avanza la teoría de “la agencia”, se trata de hacer de modo que los intereses de los dirigentes sean en adelante convergentes con los de los accionistas.
El ROE (Return on Equity, o rendimiento de los capitales propios) de 15% a 25% es en adelante la norma que impone el poder de la finanza a las empresas y a los asalariados. La liquidez es el instrumento de este poder que permite en cualquier momento a los capitales no satisfechos ir a buscar a otra parte. Frente a esta potencia, tanto los asalariados como la soberanía política parecen por su fraccionamiento en estado de inferioridad. Esta situación desequilibrada lleva a unas exigencias de beneficio descabelladas porque reprimen el crecimiento económico y llevan a un aumento continuo de las desigualdades de ingresos. Por un lado las exigencias de rentabilidad inhiben fuertemente la inversión: cuanto más elevada es la rentabilidad demandada más difícil es encontrar proyectos suficientemente eficientes para satisfacerla. Las tasas de inversión siguen siendo históricamente débiles en Europa y en Estados Unidos. Por otra parte, estas exigencias provocan una constante presión a la baja sobre los salarios y el poder adquisitivo, lo que no es favorable a la demanda. La ralentización simultánea de la inversión y del consumo lleva a un crecimiento débil y a un paro endémico. En los países anglosajones se ha contrarrestado esta tendencia por medio de desarrollo del endeudamiento de los hogares y por medio de las burbujas financieras que crean una riqueza que permite un crecimiento del consumo sin salarios, pero terminan en quiebras.
Para remediar los efectos negativos sobre la actividad económicas ponemos debatir tres medidas :
Medida n°5: reforzar significativamente los contra-poderes en las empresas para obligar a las direcciones a tener en cuenta los intereses del conjunto de las partes interesadas,
Medida n°6: aumentar fuertemente los impuestos a los ingresos muy altos para disuadir la carrera por los rendimientos insostenibles,
Medida n°7: reducir la dependencia de las empresas en relación a los mercados financieros desarrollando una política pública del crédito (tasas preferenciales para las actividades prioritarias en el plano social y medioambiental).
FALSA EVIDENCIA N° 3 : LOS MERCADOS SON BUENOS JUECES DE LA SOLVENCIA DE LOS ESTADOS
Según los defensores de la eficiencia de los mercados financieros, los operadores de mercado tendrían en cuenta la situación objetiva de las finanzas públicas para evaluar el riesgo de suscribir un préstamo de Estado. Tomemos el caso de la deuda griega: los operadores financieros y quienes toman las decisiones se remiten únicamente a las evaluaciones financieras para juzgar la situación. Así, cuando la tasa exigida a Grecia ascendió a más del 10%, cada uno dedujo que el riesgo de falta [de pago] estaba cercano: si los inversores exigen semejante prima de riesgo es que el peligro es extremo.
Hay en ello un profundo error si se comprende la verdadera naturaleza de la evaluación por el mercado financiero. Como éste no es eficiente, lo más frecuente es que produzca unos precios completamente desconectados de los fundamentales. En esas condiciones es descabellado entregarse únicamente a las evaluaciones financieras para juzgar una situación. Evaluar el valor de un título financiero no es una operación comparable a medir un tamaño objetivo, por ejemplo, a calcular el peso de un objeto. Un título financiero es un derecho sobre unos ingresos futuros: para evaluarlo hay que prever lo que será el futuro. Es una cuestión de juicio, no una medida objetiva porque en el instante t, el futuro no está en modo alguno predeterminado. En las salas de mercado sólo es lo que los operadores imaginan que será. Un precio financiero resulta de un juicio, de una creencia, de una apuesta sobre el futuro: nada asegura que el juicio de los mercados tenga algun tipo de superioridad sobre las demás formas de juicio.
Sobre todo, la evaluación financiera no es neutra: afecta al objeto medido, compromete y construye el futuro que ella imagina. Así, las agencias de calificación financieras contribuyen en mucho a determinar las tasas de interés en los mercados de obligaciones atribuyendo unas notas cargadas de una gran subjetividad, incluso de una voluntad de alimentar la inestabilidad, fuente de beneficios especulativos. Cuando degradan la calificación de un Estado aumentan la tasa de interés exigida por los actores financieros para adquirir los títulos de la deuda pública de este Estado y aumentan con ello el riesgo de quiebra que ellas han anunciado.
Para reducir la influencia de la psicología de los mercados sobre la financiación de los estados, proponemos debatir dos medidas:
Medida n°8: no se debe autorizar a las agencias de calificación financiera a pesar arbitrariamente en las tasas de interés de los mercados de obligaciones degradando la calificación de un Estado: su actividad se debería reglamentar exigiendo que esta nota resulte de un calculo económico transparente.
Medida n°8 bis: liberar a los Estados de la amenaza de los mercados financieros garantizando que el Banco Central Europeo (BCE) compra los títulos púbicos.
FALSA EVIDENCIA N° 4 : LA SUBIDA ESPECTACULAR DE LAS DEUDAS PÚBLICAS ES EL RESULTADO DE UN EXCESO DE GASTOS
Michel Pébereau, uno de los “padrinos” de la banca francesa, describía en 2005 en unos de estos informes oficiales ad hoc a una Francia asfixiada por la deuda pública y sacrificando sus generaciones futuras al entregarse a unos gastos sociales irreflexivos. El Estado que se endeuda como un padre de familia alcohólico que bebe por encima de sus medios: ésta es la visión que suelen propagar la mayoría de los editorialistas. La reciente explosión de la deuda pública en Europa y en el mundo se debe en todas partes a otra cosa: a los planes de salvamiento de las finanzas y, sobre todo, a la recesión provocada por la crisis bancaria y financiera que empezó en 2008: el déficit público medio en la zona euro era sólo el 0,6% del PIB en 2007, pero la crisis le ha hecho pasar al 7% en 2010. Al mismo tiempo la deuda pública ha pasado del 66% al 84% del PIB.
Sin embargo, el aumento de la deuda pública tanto en Francia como en muchos países europeos fue primero moderada y anterior a esta recesión: proviene en gran parte no de una tendencia a la subida de los gastos públicos (puesto que, al contrario, desde principios de la década de 1990 estos son estables o en baja en la Unión Europea en proporción al PIB) sino del desmoronamiento de los ingresos públicos debido a la debilidad del crecimiento económico en el periodo y a la contrarrevolución fiscal que han llevado a cabo la mayoría de los gobiernos desde hace veinticinco años. A más largo plazo la contrarrevolución fiscal ha alimentado continuamente el hinchamiento de la deuda de una recesión a otra. Así, en Francia un reciente informe parlamentario cifra en 100.000 millones de euros en 2010 el coste de las bajadas de impuestos consentidas entre 2000 y 2010, sin incluir siquiera las exoneraciones de cotizaciones sociales (30.000 millones) y otros “gastos fiscales”. A falta de una armonización fiscal, los Estados europeos se han entregado a la competencia fiscal, bajando los impuestos a las sociedades, los altos ingresos y los patrimonios. Aunque el peso relativo de sus determinantes varíe de un país a otro, la subida casi general de los déficits públicos y de las ratios de deuda pública en el curso de los treinta últimos años no resulta principalmente de una deriva culpable de los gastos públicos. Un diagnóstico que, evidentemente, abre otras pistas que la sempiterna reducción de los gastos públicos.
Para restaurar un debate público informado sobre el origen de la deuda y, por lo tanto, de los medios de remediarla, proponemos debatir una propuesta:
Medida n° 9: realizar una auditoría pública de las deudas públicas para determinar su origen y conocer la identidad de los principales poseedores de títulos de la deuda y los montantes que poseen.
FALSA EVIDENCIA N°5: HAY QUE REDUCIR LOS GASTOS PARA REDUCIR LA DEUDA PÚBLICA
Aunque el aumento de la deuda pública resultara en parte de un aumento de los gastos públicos, cortar en estos gastos no contribuiría necesariamente a la solución porque la dinámica de la deuda pública no tiene mucho que ver con la de un hogar: la macroeconomía no es reducible a la economía doméstica. Generalmente la dinámica de la deuda depende de varios factores: el nivel de los déficits primarios, pero también la diferencia entre la tasa de interés y la tasa de crecimiento nominal de la economía.
Y es que si este último es más débil que la tasa de interés la deuda va a crecer mecánicamente debido al “efecto bola de nieve”: explota el importe de los intereses y también el déficit total (incluidos los intereses de la deuda). Así, a principios de la década de 1990 la política del franco fuerte que llevó a cabo Bérégovoy y se mantuvo a pesar de la recesión de 1993-94 se tradujo en una tasa de interés más elevada de forma duradera que la tasa de crecimiento, lo que explica el salto de la deuda pública de Francia durante este periodo. Es el mismo mecanismo que explicaban el aumento de la deuda durante la primera mitad de la década de 1980 bajo el impacto de la revolución neoliberal y de la política de tasas de interés elevadas que llevaron a cabo Ronald Reagan y Margaret Thatcher.
Pero la propia tasa de crecimiento no es independiente de los gastos públicos: a corto plazo la existencia de gastos públicos estables limita la magnitud de las recesiones (“estabilizadores automáticos”); a largo plazo las inversiones y gastos públicos (educación, sanidad, investigación, infraestructuras …) estimulan el crecimiento. Es falso afirmar que todo déficit público crece tanto como la deuda pública o que toda reducción del déficit permite reducir la deuda. Si la reducción de los déficit compromete la actividad económica la deuda aumentará aún más. Los comentaristas liberales subrayan que algunos países (Canadá, Suecia, Israel) realizaron unos ajustes brutales de sus cuentas públicas en la década de 1990 e inmediatamente después conocieron un fuerte rebote del crecimiento. Pero esto sólo es posible si el ajuste concierne a un país aislado, que vuelve a ganar competitividad sobre sus rivales. Lo que evidentemente olvidan los partidarios del ajuste estructural europeo es que los países europeos tienen por principales clientes y rivales a otros países europeos ya que la Unión Europea está globalmente poco abierta al exterior. Una reducción simultánea y masiva de los gastos públicos del conjunto de los países de la Unión Europea sólo puede tener como efecto una recesión agravada y, por lo tanto, una nueva subida de la deuda pública.
Para evitar que el restablecimiento de las finanzas públicas provoque un desastre social y politico proponemos debatir dos medidas:
Medida n°10: mantener el nivel de las protecciones sociales, incluso mejorarlas (subsidio de desempleo, vivienda…);
Medida n°11: aumentar el esfuerzo presupuestario en materia de educación, de investigación, de inversion en reconversión ecológica… para establecer las condiciones de un crecimiento sostenible que permita un fuerte descenso del paro.
FALSA EVIDENCIA N°6: LA DEUDA PÚBLICA TRASLADA EL PRECIO DE NUESTROS EXCESOS A NUESTROS NIETOS
La afirmación de que la deuda pública sería una transferencia de riqueza en detrimento de las generaciones futuras es otra afirmación falsa que confunde economía doméstica y macroeconomía. La deuda pública es un mecanismo de transferencia de riquezas, pero es sobre todo de los contribuyentes ordinarios hacia los rentistas.
En efecto, basándose en la creencia raramente verificada según la cual bajar los impuesto estimularía el crecimiento y aumentaría in fine los ingresos públicos, desde 1980 los Estados europeos han imitado a Estados Unidos en una política sistemática de hacer la oferta fiscal más baja. Se han multiplicado las reducciones de impuestos y de cotizaciones (sobre los beneficios de las sociedades, sobre los ingresos de los particulares más acomodados, sobre los patrimonios, sobre las cotizaciones patronales…), pero su impacto en el crecimiento económico sigue siendo muy incierto. Por consiguiente, estas políticas fiscales anti-redistributivas han agravado a la vez y de manera acumulativa las desigualdades sociales y los déficits públicos.
Estas políticas fiscales han obligado a las administraciones públicas a endeudarse con hogares acomodados y mercados financieros para financiar los déficits así creados. Es lo que se podría llamar “el efecto jackpot”: con el dinero ahorrado de sus impuestos los ricos han podido adquirir títulos (portadores de interés) de la deuda pública emitida para financiar los déficits públicos provocados por la reducciones de los impuestos… Así, el servicio de la deuda pública en Francia representa 40.000 millones de euros, casi tanto como las recaudaciones del impuesto sobre la renta. Tour de force tanto más brillante cuanto que a continuación se ha logrado hacer creer al público que los culpables de la deuda pública eran los funcionarios, los jubilados y los enfermos.
Por consiguiente, el aumento de la deuda pública en Europa o en Estados Unidos no es el resultado de políticas keynesianas expansionistas o de políticas sociales dispendiosas sino más bien de una política en favor de las capas privilegiadas: los “gastos fiscales” (bajadas de impuestos y de cotizaciones) aumentan los ingresos disponibles de quienes menos lo necesitan, los cuales gracias a ello pueden aumentar más sus inversiones, sobre todo en Bonos del Tesoro, que son remunerados en intereses por medio del impuesto procedente de todos los contribuyentes. En resumen, se establece un mecanismo de redistribución al revés, desde las clases populares hacia las clases acomodadas, vía la deuda pública cuya contrapartida es siempre la renta privada.
Para rectificar de manera equitativa las finanzas públicas en Europa y en Francia proponemos debatir dos medidas:
Medida n°12: volver a dar un carácter fuertemente redistributivo a la fiscalidad directa sobre los ingresos (supresión de los vacíos [fiscales], creación de nuevas series y aumento de las tasas del impuesto sobre la renta…)
Medida n°13: suprimir las exoneraciones consentidas a las empresas que no tienen suficiente efecto sobre el empleo.
FALSA EVIDENCIA N°7 : HAY QUE ASEGURAR A LOS MERCADOS FINANCIEROS PARA PODER FINANCIAR LA DEUDA PÚBLICA
A nivel mundial se debe analizar el ascenso de las deudas públicas correlativamente a la financiarización. Durante los últimos treinta años a favor de la liberalización total de la circulación de los capitales las finanzas han aumentado considerablemente su influencia sobre la economía. Las grandes empresas recurren cada vez menos al crédito bancario y cada vez más a los mercados financieros. Los hogares también ven una parte cada vez mayor de su ahorro drenado hacia las finanzas para sus pensiones, vía los diversos productos de inversión o incluso en algunos países vía la financiación de su vivienda (préstamos hipotecarios). Los gestores de carteras que tratan de diversificar los riesgos buscan títulos públicos como complemento a los privados. Los han encontrado fácilmente en los mercados porque los gobiernos han llevado a cabo unas políticas similares que han llevado a un relanzamiento de los déficits: tasas de interés altas, bajada de los impuestos centradas en los ingresos altos, incitaciones masivas al ahorro financiero de los hogares para favorecer las jubilaciones por capitalización, etc.
A nivel de la UE la financiarización de la deuda pública se ha inscrito en los tratados: desde Maastricht los Bancos Centrales tienen prohibido financiar directamente a los Estados, que deben encontrar prestamistas en los mercados financieros. Esta “represión monetaria” acompaña a la “liberación financiera” y hace exactamente lo contrario de las políticas adoptadas tras la gran crisis de la década de 1930, de “represión financiera” (drásticas restricciones a la libertad de acción de las finanzas) y de “liberación monetaria” (con el final del patrón oro). Se trata de someter a los Estados, que se supone que son por naturaleza demasiado dispendiosos, a la disciplina de los mercados financieros, que se supone que son eficientes y omniscientes por naturaleza.
Como resultado de esta elección doctrinaria, el Banco Central Europeo no tiene así derecho a suscribir directamente las emisiones de obligaciones públicas de los Estados europeos. Privados de la garantía de poder financiarse siempre en el Banco Central, los Estados europeos del sur han sido así víctimas de ataques especulativos. En efecto, aunque en nombre de una ortodoxia sin fisuras el BCR siempre se había negado a ello, desde hace algunos meses compra obligaciones de Estado a la tasa de interés del mercado para calmar las tensiones en el mercado de obligaciones europeos. Pero nada dice que esto sea suficiente si la crisis de la deuda se agrava y y se esfuman las tasas de interés de mercado. Entonces podría ser difícil mantener esta ortodoxia monetaria que carece de fundamentos científicos serios.
Para remediar el problema de la deuda pública proponemos debatir dos medidas:
Medida n°14: autorizar al Banco Central Europeo a financiar directamente a los Estados (o a imponer a los bancos comerciales suscribir la emisión de obligaciones públicas) a bajo interés, aflojando así el lastre con el que les traban los mercados financieros,
Medida n°15: si fuera necesario, reestructurar la deuda pública, por ejemplo, limitando el servicio de la deuda pública a determinado tanto por ciento del PIB, y operando una discriminación entre los acreedores según el volumen de los títulos que poseen: los rentistas muy grandes (particulares o instituciones) deben aceptar un alargamiento sensible del perfil de la deuda, incluso anulaciones parciales o totales. También hay que volver a negociar las exorbitantes tasas de interés de los títulos emitidos por los países en dificultades desde la crisis.
FALSA EVIDENCIA N°8: LA UNIÓN EUROPEA DEFIENDE EL MODELO SOCIAL EUROPEO
La construcción europea parece una experiencia ambigua. Coexisten dos visiones de Europa sin osar enfrentarse abiertamente. Para los socialdemócratas, Europa hubiera debido proponerse el objetivo de promover el modelo social europeo, fruto del compromiso social de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, con su protección social, sus servicios públicos y sus políticas industriales. Europa hubiera debido construir una muralla defensiva frente a la globalización liberal, un medio de proteger, de hacer vivir y progresar este modelo. Europa hubiera debido defender una visión específica de la organización de la economía mundial, la globalización regulada por unas organizaciones de gobernanza mundial. Hubiera debido permitir a los países miembro mantener un nivel elevado de gastos públicos y de redistribución, protegiendo su capacidad de financiarlos por medio de la armonización de la fiscalidad sobre las personas, las empresas y los ingresos del capital.
Sin embargo, Europa no ha querido asumir su especificidad. Actualmente la visión dominante en Bruselas y en el seno de la mayoría de los gobiernos nacionales es la contraria a la de una Europa liberal, cuyo objetivo es adaptar a las sociedades europeas a las exigencias de la globalización: la construcción europea es la ocasión de poner en tela de juicio el modelo social europeo y de desregular la economía. La preeminencia del derecho de la competencia sobre las reglamentaciones nacionales y sobre los derechos sociales en el Mercado Único permite introducir más competencia en los mercados de los productos y de los servicios, disminuir la importancia de los servicios públicos y organizar competitividad de los trabajadores europeos. La competencia social y fiscal permitió reducir los impuestos, sobre todo sobre los ingresos del capital y de las empresas (las “bases móviles”) y hacer presión sobre los gastos sociales. Los tratados garantizan cuatro libertades fundamentales: la libre circulación de las personas, de las mercancías, de los servicios y de los capitales. Pero lejos de limitarse al mercado interior, la libertad de circulación de los capitales se ha concedido a los inversores del mundo entero, sometiendo así al tejido productivo europeo a los imperativos de valorización de los capitales internacionales. La construcción europea perece un medio de imponer a los pueblos unas reformas neoliberales.
La organización de la política macroeconómica (independencia del BCE frente a la política, Pacto de Estabilidad) está marcada por la desconfianza respecto a los gobierno elegidos democráticamente. Se trata de privar a los países de toda autonomía en materia tanto de política monetaria como en materia presupuestaria. Para ya sólo dejar jugar a la “estabilización automática” se debe alcanzar el equilibrio presupuestario y después toda política discrecional desterrada de reactivación. A nivel de la zona no se ha establecido ninguna política coyuntural común ni se ha definido ningún objetivo común en términos de crecimiento o de empleo. No se tienen en cuenta las diferencias de situación entre los países porque el pacto no se interesa ni por las tasas de inflación ni por los déficits exteriores nacionales; los objetivos de las finanzas públicas no tienen en cuenta situaciones económicas nacionales.
Las instancias europeas trataron de impulsar unas reformas estructurales (por medio de las Grandes Orientaciones Políticas Económicas, el Método Abierto de Coordinación o la Agenda de Lisboa) con un éxito muy desigual. Como su modo de elaboración no era democrático ni movilizador, su orientación liberal no correspondía obligatoriamente a las políticas decididas a nivel nacional, teniendo en cuenta las relaciones de fuerza existentes en cada país. Esta orientación no conoció de entrada los brillantes éxitos fulgurantes que la habría legitimado. Se puso en tela de juicio el movimiento de liberalización económica (fracaso de la Directiva Bolkestein); se tentó a algunos países con nacionalizar su política industrial mientras que la mayoría se oponía a la europeización de sus políticas fiscales o sociales. La Europa social ha seguido siendo una palabra vacía, sólo se ha afirmado realmente la Europa de la competencia y de las finanzas.
Para que Europa promueva verdaderamente un modelo social europeo proponemos debatir dos medidas:
Medida n°16: poner en tela de juicio la libre circulación de los capitales y de las mercancías entre la UE y el resto del mundo negociando si fuera necesario acuerdos multilaterales o bilaterales,
Medida n°17: en vez de la política de competencia, convertir a “la armonización en el progreso” en el hilo director de la construcción europea. Establecer unos objetivos comunes de alcance constringente tanto en materia de progreso social como en materia macroeconómica (unas GOPS, grandes orientaciones de política social).
FALSA EVIDENCIA N°9: EL EURO ES UN ESCUDO CONTRA LA CRISIS
El euro debería haber sido un factor de protección contra la crisis financiera mundial. Después de todo, la supresión de toda incertidumbre sobre las tasas de cambio entre las monedas europeas eliminó un factor fundamental de inestabilidad. Sin embargo, no ha habido nada de eso: Europa se ha visto afectada más duramente y de forma duradera por la crisis que el resto del mundo. Esto se debe a las propias modalidades de construcción de la unión monetaria.
Desde 1999 la zona euro conoció un crecimiento relativamente mediocre y un aumento de las divergencias entre los Estados miembro en términos de crecimiento, de inflación, de paro y de desequilibrios exteriores. El marco de política económica de la zona euro, que tiende a imponer a unos países en situaciones diferentes unas políticas macroeconómicas parecidas, ha ampliado las disparidades de crecimiento entre los Estados miembro. En la mayoría de los países, en particular los más grandes, la introducción del euro no ha provocado la prometida aceleración del crecimiento. Para otros, hubo crecimiento pero a costa de desequilibrios difícilmente sostenibles. La rigidez monetaria y presupuestaria, reforzada por el euro, ha permitido hacer caer todo el peso de los ajustes sobre el trabajo. Se ha promovido la flexibilidad y la austeridad salarial, reducido la parte de los salarios en el ingreso total, aumentado las desigualdades.
Esta carrera a la baja social la ha ganado Alemania, que ha sabido liberar importantes surplus comerciales en detrimento de sus vecinos y, sobre todo, de sus propios asalariados, imponiéndose una bajada del coste del trabajo y de las prestaciones sociales, lo que le ha conferido una ventaja comercial en relación a sus vecinos que no han podido tratar tan duramente a sus trabajadores. Los excedentes comerciales alemanes pesan sobre el crecimiento de los demás países. Los déficits presupuestarios y comerciales de unos sólo son la contrapartida de los excedentes de los demás … Los Estados miembro no han sido capaces de definir una estrategia coordinada.
La zona euro hubiera debido verse menos afectada por la crisis que Estados Unidos y Reino Unido. Los hogares están claramente menos implicados en los mercados financieros, que son menos sofisticados. Las finanzas públicas estaban en una situación mejor; el déficit público del conjunto de los países de la zona era del 0,6% del PIB en 2007, frente a casi el 3% en Estados Unidos, en Reino Unido o Japón. Pero la zona euro sufría un aumento de los desequilibrios: los países del norte (Alemania, Austria, Países Bajos, países escandinavos) limitaban sus salarios y sus demandas internas, y acumulaban excedentes exteriores, mientras que los países del sur (España, Grecia, Irlanda) conocían un crecimiento vigoroso impulsado por unas tasas de interés débiles en relación a la tasa de crecimiento, al tiempo que acumulaban unos déficits exteriores.
Aunque la crisis económica partió de Estados Unidos, éste ha tratado de establecer una política real de reactivación presupuestaria y monetaria al tiempo que iniciaba un movimiento de desregulación financiera. Europa, por el contrario, no ha sabido emprender una política suficientemente reactiva. De 2007 a 2010 el impulso presupuestario ha sido del orden de 1,6 puntos de PIB en la zone euro, de 3,2 puntos en Reino Unido y de 4,2 puntos en Estados Unidos. La pérdida de producción debida a la crisis ha sido claramente más fuerte en la zona euro que en Estados Unidos. En la zona se ha sufrido más el aumento del déficits que el resultado de una política activa.
Al mismo tiempo, la Comisión ha seguido lanzando unos procedimientos de déficit excesivo contra los Estados miembro de modo que a mediados de 2010 prácticamente todos los Estados de la zona estaban sometidos a ellos. Ha pedido a los Estados miembro que para 2013 ó 2014 se comprometan a volver bajo la línea del 3%, independientemente de la evolución economía. Las instancias europeas han seguido reclamando unas políticas salariales restrictivas y que se replanteen los sistemas públicos de jubilación y de sanidad, con el riesgo evidente de hundir al continente en la depresión y de aumentar las tensiones entre los países. Esta ausencia de coordinación y, más fundamentalmente, la ausencia de un verdadero presupuesto europeo que permita una solidaridad efectiva entre los Estados miembro han incitado a los operadores financieros a desviarse del euro, incluso a especular abiertamente contra él.
Para que el euro pueda proteger realmente a los ciudadanos europeos de la crisis proponemos debatir dos [sic] medidas:
Medida n°18: garantizar una verdadera coordinación de las políticas macroeconómicas y una reducción concertada de los desequilibrios comerciales entre los países europeos,
Medida n°19: compensar los desequilibrios de pago en Europa por medio de un Banco de Pagos (que organice los préstamos entre los países europeos),
Medida n°20: si la crisis del euro lleva a su desintegración y esperando el ascenso en régimen del presupuesto europeo (cf. infra), establecer un régime monetario intraeuropeo (moneda común tipo “bancor”) que organice la reabsorción de los desequilibrios de los balances comerciales en el seno de Europa.
FALSA EVIDENCIA N°10: LA CRISIS GRIEGA HA PERMITIDO FINALMENTE AVANZAR HACIA UN GOBIERNO ECONÓMICO Y UNA VERDADERA SOLIDARIDAD EUROPEA
A partir de mediados de 2009 los mercados financieros empezaron a contar con las deudas de los países europeos. Globalmente la fuerte subida de las deudas y de los déficits públicos a escala mundial no ha provocado (todavía) subidas de las tasas largas: los operadores financieros consideran que los bancos centrales mantendrán mucho tiempo las tasas monetarias reales a un nivel próximo de cero y que no hay riesgo de inflación ni de falta [de pago] de un gran país. Pero los especuladores han percibido los fallos de la organización de la zona euro. Mientras que los gobiernos de los demás países desarrollados siempre pueden ser financiados por su Banco Central, los países de la zona euro han renunciado a esta posibilidad y dependen totalmente de los mercados financieros para sus déficits. Por ello se ha podido desencadena la especulación sobre los países más frágiles de la zona: Grecia, España e Irlanda.
Las instancias europeas y los gobiernos han tardado en reaccionar al no querer dar la impresión de que los países miembro tenían derecho a un apoyo ilimitado de sus socios y querer sancionar a Grecia, culpable de haber ocultado (con ayuda de Goldman Sachs) la magnitud de sus déficits. Con todo, en mayo de 2010 el BCE y los países miembro tuvieron que crear urgentemente un Fondo de Estabilización para indicar a los mercados que aportarían este apoyo sin límites a los países amenazados. En contrapartida estos han tenido que anunciar unos programas de austeridad presupuestaria sin precedentes que los van a condenar a un retroceso de la actividad a corto plazo y a un largo periodo de recesión. Bajo la presión del FMI y de la Comisión Europea Grecia debe privatizar sus servicios públicos y España flexibilizar su mercado laboral. Del mismo modo, Francia y Alemania, que no están afectadas por la especulación, han anunciado medidas restrictivas.
Sin embargo, la demanda no es en modo alguno excesiva en Europa. La situación de las finanzas públicas es mejor que la de Estados Unidos o de Gran Bretaña, lo que deja márgenes de maniobra presupuestaria. Hay que reabsorber los desequilibrios de manera coordinada: los países excedentarios del norte y del centro de Europa deben llevar a cabo políticas expansionistas (amento de los salarios, de los gastos sociales …) para compensar las políticas restrictivas de los países del sur. Globalmente la política presupuestaria no debe ser restrictiva en la zona euro mientras que la economía no se acerque al pleno empleo a una velocidad satisfactoria.
Pero, por desgracia, hoy se han reafirmado los partidarios de las políticas presupuestarias automáticas y restrictivas en Europa. La crisis griega permite hacer olvidar los orígenes de la crisis financiera. Quienes han aceptado apoyar financieramente a los países del sur quieren imponer en contrapartida un Pacto de Estabilidad. La Comisión Europea y Alemania quieren imponer a todos los países miembro que inscriban en su Constitución el objetivo del presupuesto equilibrado, hacer que unos comités de expertos independientes vigilen la política presupuestaria. La Comisión quiere imponer a los países una larga cura de austeridad para volver a una deuda pública inferior al 60% del PIB. Si hay un avance hacia un gobierno económico es hacia un gobierno que en vez de aflojar el torno de las finanzas va a imponer la austeridad y profundizar las “reformas” estructurales en detrimento de las solidaridades sociales en cada país y entre los países.
La crisis ofrece a las elites financieras y a las tecnocracias europeas la tentación de establecer la “estrategia del choque” aprovechando la crisis para radicalizar la agenda neoliberal. Pero esta política tiene pocas posibilidades de éxito:
La disminución de los gastos públicos va a comprometer el esfuerzo necesario a escala europea para mantener los gastos del futuro (investigación, educación, política familiar), para ayudar a la industria europea a mantenerse y a invertir en los sectores del futuro (economía verde).
La crisis va a permitir imponer fuertes reducciones de los gastos sociales, objetivo incansablemente buscado por los paladines del neoliberalismo, a riesgo de comprometer la cohesión social, de reducir la demanda efectiva, de empujar a los hogares a ahorrar para su jubilación y su salud en las instituciones financieras, responsables de la crisis.
Los gobiernos y las instancias europea se niegan a organizar la armonización fiscal que permitiría la subida necesaria de los impuestos en el sector financiero, en los patrimonios importantes y en los ingresos altos.
Los países europeos instauran duraderamente unas políticas presupuestarias restrictivas que van a pesar enormemente sobre el crecimiento. Van a descender las recaudaciones fiscales. Los sueldos públicos apenas mejorarán, las ratios de deuda se degradarán, no se tranquilizará a los mercados.
Debido a la diversidad de sus culturas políticas y sociales los países europeos no han podido plegarse todos a la disciplina de hierro impuesta por el Tratado de Maastricht; no se plegarán todos al reforzamiento de éste que se está organizando actualmente. El riesgo de activar una dinámica generalizada de repliegue sobre sí mismo es real.
Para avanzar hacia un verdadero gobierno económico y una solidaridad europea proponemos debatir dos medidas:
Medida n°21: desarrollar una fiscalidad europea (tasa carbono, impuesto sobre los beneficios, …) y un verdadero presupuesto europeo para ayudar a la convergencia de las economías y tender a una igualación de las condiciones de acceso a los servicios públicos y sociales en los diversos Estados miembro sobre la base de las mejores prácticas.
Medida n°22: lanzar un vasto plan europeo, financiado por suscripción pública a tasas de interés débil pero garantizado y/o por medio de creación monetaria del BCE para emprender la reconversión ecológica de la economía europea.
CONCLUSIÓN
DEBATIR LA POLÍTICA ECONÓMICA,
TRAZAR CAMINOS PARA REFUNDAR LA UNIÓN EUROPEA
Desde hace tres décadas Europa se ha construido sobre una base tecnocrática que excluye a las poblaciones del debate de política económica. Se debe abandonar la doctrina neoliberal que descansa sobre la hipótesis hoy indefendible de la eficiencia de los mercados financieros. Hay que volver a abrir el espacio de las políticas posibles y debatir propuestas alternativas y coherentes que limiten el poder de las finanzas y organicen la armonización en el progreso de los sistemas económicos y sociales europeos. Esto supone la mutualización de importantes recursos presupuestarios, obtenidos por medio del desarrollo de una fiscalidad europea fuertemente redistributiva. También hay que liberar a los mercados del cerco de los mercados financieros. Solamente así el proyecto de construcción europea podrá esperar recuperar una legitimidad popular y democrática de la que hoy carece.
Evidentemente, no es realista esperar que 27 países decidan al mismo tiempo operar semejante ruptura en el método y los objetivos de la construcción europea. La Comunidad Económica Europea comenzó con seis países: también la refundación de la Unión Europea pasará al principio por un acuerdo entre algunos países deseosos de explorar unas vías alternativas. A medida que se hagan evidentes las consecuencias desastrosas de las políticas adoptadas hoy, aumentará por toda Europa el debate sobre las alternativas. Luchas sociales y cambios políticos intervendrán a ritmo diferente según los países. Unos gobiernos nacionales tomarán decisiones innovadoras. Quienes lo deseen deberán adoptar unas cooperaciones reforzadas para adoptar medidas audaces en materia de regulación financiera, de política fiscal o social. Por medio de unas propuestas concretas tenderán la mano a los demás pueblos para que se unan al movimiento.
Por ello nos parece importante esbozar y debatir ahora las grandes líneas de políticas económicas alternativas que harán posible esta refundación de la construcción europea.
Premiers signataires :
Philippe Askenazy (CNRS, Ecole d’économie de Paris), Thomas Coutrot (Conseil scientifique d’Attac), André Orléan (CNRS, EHESS), Henri Sterdyniak (OFCE)
martes, 12 de abril de 2011
Sobre cómo evitar la "inminente" intervención de España
Por Alberto Artero
Publicado en Cotizalia (12/04/2011)
Sorprende el revuelo causado ayer por el artículo de Wolfang Münchau en Financial Times en el que, en contra del sentir ahora mayoritario, anticipa una intervención de la economía española más antes que después. Siendo su opinión más fundada que la de cualquier otro analista, no en vano Europa es su especialidad, el hecho de que su análisis se centre en los riesgos derivados para la banca de su exposición inmobiliaria hace que pierda frescura.
1.- No aporta nada que no se sepa ya y, sin embargo, omite particularidades como el peso de la economía sumergida, la transferencia de renta entre las familias, nuestro particular sistema de garantías, el control de la oferta de pisos por parte de la banca española, el provisionamiento ya realizado por la misma o la exposición internacional de sus dos principales actores, entre otros.
2.- Apunta a un incremento de la morosidad hipotecaria por el aumento del Euribor, a una caída pico suelo de los precios de los inmuebles del 50% o al exceso de inventario residencial para concluir que una situación a la irlandesa es inevitable, siendo las necesidades financieras derivadas de la ayuda a bancos y cajas las que actuarán como catalizador para la solicitud de auxilio de nuestros gobernantes.
Servidor no comparte su tesis que olvida que no somos dueños de nuestras políticas desde mayo de 2010. De toda la pieza me quedo, por su clarividencia, con el final del último párrafo que refleja bien a las claras la dinámica de arreones que ha caracterizado la acción de nuestro ejecutivo hasta ahora: "el elevado número de declaraciones oficiales que afirman que España es segura, es prueba de la complacencia que ha caracterizado la crisis europea desde su inicio". Pequeños logros se venden como grandes conquistas y son seguidos de periodos de inacción hasta que los mercados vuelven a encender las alarmas.
Necesidad de establecer una hoja de ruta
De ahí que sea importante, para evitar caer en dicha tentación de mirarse el ombligo, fijar una hoja de ruta que sirva como referencia estratégica para salir de la coyuntura actual. Es lo que hicieron el pasado uno de diciembre McKinsey y Fedea al presentar un documento llamado Una Agenda de Crecimiento para España (que se puede descargar aquí). Un estudio imprescindible que, la crisis de los controladores que estalló dos días más tarde y el guirigay que produjo el Transforma España de la Fundación Everis, sumió en un profundo ostracismo del que merece la pena ser rescatado ahora.
114 páginas que buscan identificar motores de crecimiento sostenido para España con el objetivo de crear entre uno y tres millones de puestos de trabajo gracias al establecimiento de "un círculo virtuoso de productividad, competitividad y, por ende, de una mayor capacidad para captar demanda externa y generar una demanda interna sostenible y no basada en el endeudamiento creciente" (del Resumen Ejecutivo). Este es el post de presentación que le dedicó Luis Garicano en Nada es Gratis.
Aunque no se indique expresamente, da la sensación que el informe se basa en la necesidad, al calor del auge productivo de los países emergentes, de que España se sitúe en los extremos de la denominada Smiling Curve de la cadena de valor añadido: generación de ideas y prestación de servicios, lo que implícitamente pasa por renunciar, si no totalmente sí parcialmente, a nuestra decadente tradición industrial (en términos de contribución al PIB).
Identificación de dos motores de crecimientoAsí, dos son los motores de crecimiento que los autores identifican:
1.- Bienes exportables y turismo que deberían actuar como esos "motores de arranque" que permitan estabilizar esa deficitaria balanza comercial a la que también alude Münchau. Identificar nuevas fuentes de demanda, promover diferenciación e innovación, mejorar la competitividad en costes y propiciar la consolidación/colaboración entre empresas serían los cuatro ejes principales alrededor de los cuales giraría esta iniciativa. En términos de factores productivos supondría aprovechar recursos naturales, mano de obra existente y capacidad instalada e impulsar innovación o capital tecnológico y el compromiso de la Administración.
2.- Servicios Empresariales, esto es: tecnologías de la información, servicios jurídicos, desarrollos vinculados a Internet. Pese a las buenas condiciones de trabajo en España y el teórico aumento del nivel educativo de nuestros profesionales, la creación de empleo en estos segmentos ha sido un tercio del europeo en los últimos años. En este caso concreto se trataría de aprovechar las posibilidades que abre a España el traslado de buena parte de la actividad económica real al mundo virtual, así como los procesos de deslocalización de servicios que este cambio de paradigma permite.
¿En qué se concreta esto? Los autores identifican hasta siete grandes temas "alrededor de los cuales estructurar un cambio radical de políticas para potenciar el crecimiento sostenible", alguno de los cuales ha empezado ya a concretarse; a saber: apoyo a las exportaciones, consolidación empresarial, reforma del mercado de trabajo con especial énfasis en la negociación colectiva, fomento de la formación profesional y la especialización laboral, simplificación administrativa, ayudas a la innovación e incentivos a la reasignación de recursos productivos. Un compendio de medidas, en palabras de Garicano, "sectoriales y transversales" que, de acuerdo con experiencias similares de otros países, requiere de cooperación público-privada, planificación temporal y supervisión objetiva.
¿Problema principal? Que, como dicen los autores, su implantación requiere de la valentía de la Administración para crear un entorno favorable que permita al sector privado "asumir el riesgo y la iniciativa necesarias para llevar este programa a cabo". Hasta ahora no ha sido así. ¿Cambiará ahora? Está por ver; ése es el mayor riesgo a sus propuestas. Pero, si perdemos la esperanza, ¿qué nos queda? "Visión, liderazgo, rigor. España está en una situación crítica pero el crecimiento es posible. Hay cosas que pueden y deben cambiar de forma inmediata para construir los cimientos necesarios para dicho crecimiento". Así acaba el Resumen Ejecutivo, la parte más árida de un texto muy bien documentado. Münchau tiene todas las papeletas de perder frente a 47 millones de españoles. Será cuestión de, al menos, comenzar con decisión el combate, ¿no creen? Por falta de ideas que no sea.
Publicado en Cotizalia (12/04/2011)
Sorprende el revuelo causado ayer por el artículo de Wolfang Münchau en Financial Times en el que, en contra del sentir ahora mayoritario, anticipa una intervención de la economía española más antes que después. Siendo su opinión más fundada que la de cualquier otro analista, no en vano Europa es su especialidad, el hecho de que su análisis se centre en los riesgos derivados para la banca de su exposición inmobiliaria hace que pierda frescura.
1.- No aporta nada que no se sepa ya y, sin embargo, omite particularidades como el peso de la economía sumergida, la transferencia de renta entre las familias, nuestro particular sistema de garantías, el control de la oferta de pisos por parte de la banca española, el provisionamiento ya realizado por la misma o la exposición internacional de sus dos principales actores, entre otros.
2.- Apunta a un incremento de la morosidad hipotecaria por el aumento del Euribor, a una caída pico suelo de los precios de los inmuebles del 50% o al exceso de inventario residencial para concluir que una situación a la irlandesa es inevitable, siendo las necesidades financieras derivadas de la ayuda a bancos y cajas las que actuarán como catalizador para la solicitud de auxilio de nuestros gobernantes.
Servidor no comparte su tesis que olvida que no somos dueños de nuestras políticas desde mayo de 2010. De toda la pieza me quedo, por su clarividencia, con el final del último párrafo que refleja bien a las claras la dinámica de arreones que ha caracterizado la acción de nuestro ejecutivo hasta ahora: "el elevado número de declaraciones oficiales que afirman que España es segura, es prueba de la complacencia que ha caracterizado la crisis europea desde su inicio". Pequeños logros se venden como grandes conquistas y son seguidos de periodos de inacción hasta que los mercados vuelven a encender las alarmas.
Necesidad de establecer una hoja de ruta
De ahí que sea importante, para evitar caer en dicha tentación de mirarse el ombligo, fijar una hoja de ruta que sirva como referencia estratégica para salir de la coyuntura actual. Es lo que hicieron el pasado uno de diciembre McKinsey y Fedea al presentar un documento llamado Una Agenda de Crecimiento para España (que se puede descargar aquí). Un estudio imprescindible que, la crisis de los controladores que estalló dos días más tarde y el guirigay que produjo el Transforma España de la Fundación Everis, sumió en un profundo ostracismo del que merece la pena ser rescatado ahora.
114 páginas que buscan identificar motores de crecimiento sostenido para España con el objetivo de crear entre uno y tres millones de puestos de trabajo gracias al establecimiento de "un círculo virtuoso de productividad, competitividad y, por ende, de una mayor capacidad para captar demanda externa y generar una demanda interna sostenible y no basada en el endeudamiento creciente" (del Resumen Ejecutivo). Este es el post de presentación que le dedicó Luis Garicano en Nada es Gratis.
Aunque no se indique expresamente, da la sensación que el informe se basa en la necesidad, al calor del auge productivo de los países emergentes, de que España se sitúe en los extremos de la denominada Smiling Curve de la cadena de valor añadido: generación de ideas y prestación de servicios, lo que implícitamente pasa por renunciar, si no totalmente sí parcialmente, a nuestra decadente tradición industrial (en términos de contribución al PIB).
Identificación de dos motores de crecimientoAsí, dos son los motores de crecimiento que los autores identifican:
1.- Bienes exportables y turismo que deberían actuar como esos "motores de arranque" que permitan estabilizar esa deficitaria balanza comercial a la que también alude Münchau. Identificar nuevas fuentes de demanda, promover diferenciación e innovación, mejorar la competitividad en costes y propiciar la consolidación/colaboración entre empresas serían los cuatro ejes principales alrededor de los cuales giraría esta iniciativa. En términos de factores productivos supondría aprovechar recursos naturales, mano de obra existente y capacidad instalada e impulsar innovación o capital tecnológico y el compromiso de la Administración.
2.- Servicios Empresariales, esto es: tecnologías de la información, servicios jurídicos, desarrollos vinculados a Internet. Pese a las buenas condiciones de trabajo en España y el teórico aumento del nivel educativo de nuestros profesionales, la creación de empleo en estos segmentos ha sido un tercio del europeo en los últimos años. En este caso concreto se trataría de aprovechar las posibilidades que abre a España el traslado de buena parte de la actividad económica real al mundo virtual, así como los procesos de deslocalización de servicios que este cambio de paradigma permite.
¿En qué se concreta esto? Los autores identifican hasta siete grandes temas "alrededor de los cuales estructurar un cambio radical de políticas para potenciar el crecimiento sostenible", alguno de los cuales ha empezado ya a concretarse; a saber: apoyo a las exportaciones, consolidación empresarial, reforma del mercado de trabajo con especial énfasis en la negociación colectiva, fomento de la formación profesional y la especialización laboral, simplificación administrativa, ayudas a la innovación e incentivos a la reasignación de recursos productivos. Un compendio de medidas, en palabras de Garicano, "sectoriales y transversales" que, de acuerdo con experiencias similares de otros países, requiere de cooperación público-privada, planificación temporal y supervisión objetiva.
¿Problema principal? Que, como dicen los autores, su implantación requiere de la valentía de la Administración para crear un entorno favorable que permita al sector privado "asumir el riesgo y la iniciativa necesarias para llevar este programa a cabo". Hasta ahora no ha sido así. ¿Cambiará ahora? Está por ver; ése es el mayor riesgo a sus propuestas. Pero, si perdemos la esperanza, ¿qué nos queda? "Visión, liderazgo, rigor. España está en una situación crítica pero el crecimiento es posible. Hay cosas que pueden y deben cambiar de forma inmediata para construir los cimientos necesarios para dicho crecimiento". Así acaba el Resumen Ejecutivo, la parte más árida de un texto muy bien documentado. Münchau tiene todas las papeletas de perder frente a 47 millones de españoles. Será cuestión de, al menos, comenzar con decisión el combate, ¿no creen? Por falta de ideas que no sea.
lunes, 11 de abril de 2011
Tocando el futuro: decálogo de la nueva economía
Por Galo Mateos Publicado en El Confidencial (11/04/2011) Ya no había insatisfacción, ni odio, ni miedo, ni cólera ni angustia: únicamente alegría y paz. Ya no había comedia, ni ilusiones ni mentiras: tan solo la verdad que nos contiene” (A. Comte-Sponville) Si tuviésemos que hacer justicia sobre estos agitados tiempos recientes, coincidiríamos en que víctimas y verdugos nos pusimos de acuerdo en el saqueo de cuantos valores espirituales y materiales custodiábamos. Capitaneados por una oligarquía política y financiera corrupta e insaciable, nos apostamos frente a un cajero inagotable, por el que manaba una prosperidad, convertida luego en Desolación, Deuda y Desconfianza. Nuestra nueva vida en 3-D. Tras una etapa de reconocimiento de los daños y de aterrizaje forzoso sobre la realidad, hemos ido desmontado las mentiras e identificando a los culpables ideológicos de la trama suicida en que intervenimos, unos por acción y, otros, por omisión. Y no nos caben dudas, necesitamos profundas reformas en todos los ámbitos. Ya nos hemos ocupado de lo político y ahora toca hacerlo de lo económico. Nuestro próximo post entrará de lleno en esas sensaciones 3-D, sobre aspectos de psicología individual y colectiva que nos ayuden a traducir la desolación, desconfianza y rebeldía ante la Deuda, en estrategias y sentimientos constructivos. Tarea que constituiría la tercera pata de nuestro armazón para el cambio, sentando las bases de un rearme moral imprescindible tanto a nuestro PIB, como al reparto de la carga tributaria y a la calidad de nuestra convivencia. Perseguimos una actitud, necesariamente más sincera, transparente y solidaria, que sustituya este conjunto de angustiosas urgencias electorales, victimismo y corrupción consentida, que caracteriza nuestra vida política, por un comportamiento maduro, leal y con visión a largo plazo. El modelo presente, basado en partidos profesionalizados que ejercen el monopolio del poder político, reduciendo todos los poderes del Estado a la voluntad de una élite partidista, tiene los días contados Pero bien conscientes de que la economía suele ser algo más que un estado de ánimo, y advertidos sobre la poco probable inmediatez de esa moralización social, hemos resumido hoy aquí, nuestro decálogo de actuaciones ideales para acceder a una situación económica mejor. Para ello, contamos hoy domingo con la valiosa aportación de Alberto Artero, como segundo ponente tras la acertada intervención de Juan Carlos Barba y Ramón Morata, ayer sábado. Pasaremos a mañana lunes, un resumen del consenso del foro ayer y hoy, de manera de facilitar la lectura. A todos ellos y a ustedes, queridos lectores, va dedicado mi agradecimiento. 1- Reforma de la ley electoral, para que sea realmente representativa. Replicar el modelo de circunscripciones anglosajón. Necesidad de vinculación entre lugar donde se vive, candidatura que se presenta (periodo mínimo de residencia). Listas abiertas. Eliminación privilegios asociados a la condición de político. Mejora salarial para desincentivar corrupción. 2- Reforma del modelo de estado, tanto en términos de tamaño como de competencias delegadas. Centralización para favorecer el mercado interior. Mecanismos de supervisión de competencia. Simplificación normativa. Modelo de financiación local y regional basado en ingresos ordinarios y “recurrentes”. 3- Prohibición a nivel constitucional del déficit público, en 4 años. Establecimiento mecanismos aceleración pagos de las Administraciones Públicas. Introducción copago sanitario y educativo así como medidas de eficiencia en gasto (recetas de dosis individuales frente a cajas de medicamentos). Primacía de la lucha contra el fraude como elemento impositivo recaudatorio. Reforma de las pensiones mediante adecuación entre contribución y prestación. 4- Reforma educativa, devolviendo la autoridad al profesor y al centro y primando los logros académicos en los primeros ciclos y haciendo especial hincapié en la mejora de la calidad en la enseñanza superior, nuestra principal carencia. 5- Reforma radical de la Justicia, con el fin de conseguir igualar los mejores plazos de resolución de los países de nuestro entorno. Despolitización. 6- Plan energético nacional, estable y vinculante para los partidos firmantes. 7- Eliminación de los convenios colectivos, sustituyéndolos por la negociación a nivel de empresa. Aumento de la movilidad geográfica y funcional. Eliminación de restricciones idiomáticas. 8- Reforma inmobiliaria y financiera. Liberalización del suelo y vinculación de la financiación hipotecaria a tipos a largo y no a Euribor más un diferencial. Limitación a la financiación mayorista. Prohibición SPVs. Límites de concentración riesgo sectorial crediticio. 9- Reforma de turismo. Especialización, valor añadido, reconversión (residencias) para poder competir con destinos más baratos que siempre los habrá. Aplicable a otros sectores de poco valor añadido que suponen una parte sustancial del PIB. 10- Fomento de la imagen España Estas son nuestras propuestas a debatir y tomaremos buena nota adicional de las suyas, para con toda libertad modificar, ampliar o suprimir en esta primera versión. Vayamos asumiendo que nuestro sistema político, fundado sobre la delegación y la representación, puede resultar radicalmente alterado, creándose un nuevo escenario en el que el ciudadano se convierta en el eje de la vida pública, participando en las decisiones y en la solución de los problemas, por medios electrónicos. El modelo presente, basado en partidos profesionalizados que ejercen el monopolio del poder político, reduciendo todos los poderes del Estado a la voluntad de una élite partidista, tiene los días contados. Su permanente falseamiento de la realidad estadística y social, haciéndonos creer que cuanto deciden es fruto de la voluntad social y no de sus interesadas manipulaciones o de su lucha por la pervivencia de las protectoras redes clientelares que alimentan, no puede seguir suplantando el poder de sociedad civil. Este nuevo paradigma político ha de dejar paso a una nueva forma de plantear nuestro modelo económico, atendiendo por igual a las reparaciones que requiere la estructura en curso, como a la comprensión y financiación, que merece la búsqueda del modelo alternativo, capaz de orientar nuestro talento colectivo hacia nuevas e inteligentes sinergias.
miércoles, 30 de marzo de 2011
Las cajas de ahorro y el Estado
Por Manuel Muela Publicado en El Confidencial (30/03/2011) Las idas y venidas de la reestructuración del sistema financiero español parecen desembocar en lo que unos pocos pensábamos desde el principio de la crisis: que la utilización de recursos públicos debería implicar la presencia del Estado en la administración y gestión de las entidades que los recibieran. Sin embargo, este principio, que parece acorde con la defensa del interés público, es presentado en España como algo peyorativo, probablemente por el descrédito que sufre todo lo público y también por la creencia en la bondad absoluta de lo privado que, como estamos viendo, carece de capacidad para ayudar a superar los problemas del sistema crediticio. Creo que, en estas circunstancias, el Estado podría pasar de ser el mal menor para algunos a convertirse en la garantía de la ordenación y del saneamiento eficaz de un sector tan importante para España como es el de las cajas de ahorros. Es un hecho aceptado que el estallido financiero de agosto de 2007 y su prolongación en otoño de 2008 con la quiebra de Lehmans Brothers alteró profundamente los mercados financieros y causó la parálisis de la economía real. Ello puso de manifiesto que los poderes públicos, llevados de un entendimiento erróneo de la libertad de mercado, hicieron dejación de su obligación de velar por los equilibrios fundamentales tanto sociales como económicos; lo que fue aprovechado por la codicia de algunos agentes financieros: el discurso de la globalización, muy influenciado por el del capitalismo financiero, ha anegado durante los últimos quince años las posiciones públicas de los diferentes gobiernos, incluidos los nuestros, sin distinción ideológica alguna, hasta el punto de hacernos pensar que el Estado era algo residual y poco adecuado para los nuevos tiempos. Pero la cadena de decisiones adoptadas desde entonces, siguiendo la iniciativa de los Estados Unidos, nos obligan a considerar el papel central de los Estados en la ordenación de la crisis, incluida la del crédito. Tanto para los fundamentalistas del liberalismo como para los múltiples conversos procedentes de la socialdemocracia, las iniciativas públicas adoptadas han resultado extrañas y chocantes, sin pararse a pensar que los gobiernos tienen la obligación de defender el interés público y de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, algo a lo que los liberales genuinos nunca renunciaron. Y en esa línea es en la que creo que conviene situar el proceso de nacionalización de algunas cajas de ahorros españolas, ante la imposibilidad manifiesta de las ilusorias opciones privadas. Aunque sea tardío y poco vigoroso, puede ser el principio de un recorrido más sólido y eficiente para estas cajas y otras que pueden llegar después. Es importante que el camino que ahora se inicia quede despejado de reservas y de prejuicios. Lo señalo, porque la corriente imperante, incluso entre los gobernantes, es que la nacionalización es un mal necesario del que hay que pasar cuanto antes. Y eso podría estimular actuaciones guiadas más por un sentido liquidador que por un propósito constructivo y conservador de instituciones necesarias, que lo que requieren son políticas profesionales de gestión y saneamiento, orientadas a devolver el dinamismo a un sector vilipendiado, por causa de una simplificación muy frecuente en España: confundir a los gestores negligentes con las entidades que gestionan. Como nunca es tarde para encontrar un buen gobierno, en el caso de las cajas de ahorros puede que la presencia del Estado en las mismas, aunque éste la haya rehuido expresamente, obligue a separar el grano de la paja y a aplicar los principios y las políticas que demandan los problemas que tiene el sector, con transparencia y con exigencia, lejos de los intereses particulares. Precisamente en España, que vivió en los años 70 y 80 la crisis bancaria más importante de la época en Europa, no falta experiencia. Y, al fin y al cabo, es lo mínimo que se puede esperar de quienes tienen la responsabilidad del poder público. Porque debajo de la hojarasca de propaganda y de las versiones interesadas acerca del porvenir de las cajas de ahorros españolas conviene subrayar que, aun con los ingentes problemas que las atenazan, representan unos de los activos más sólidos de nuestro sistema crediticio: su presencia en el país, su implicación en la economía real y su grado de eficiencia en el mercado minorista son valores que, gestionados adecuadamente por el Estado, pueden permitir que, en plazo breve, se reanude el caudal del crédito, cuya ausencia esta condenando a la economía española a una larga postración.
lunes, 21 de marzo de 2011
La gran mentira
Por Carlos Sánchez
Publicado en El Confidencial (20/03/2011)
Lloyd George era un tipo singular. Estaba hecho para la política. Pero a diferencia de Wilson y Clemenceau, no odiaba a sus adversarios, con quienes discutía hasta la extenuación. Tampoco era un intelectual, pero sus reflejos dialécticos eran insuperables.
La historiadora Margaret MacMillan cuenta que en cierta ocasión, durante la Conferencia de Paz de París -donde las tres potencias vencedoras de la Gran Guerra se repartieron el mundo-, Keynes y un colega suyo se percataron de que el informe sobre el Adriático que le habían hecho llegar al primer ministro británico en su calidad de asesores, contenía graves equivocaciones. Ambos se apresuraron a redactar una nota manuscrita en la que se reflejaba un cambio de postura importante de la delegación británica. Pero cuando el papel llegó a manos de Lloyd George, éste estaba ya en posesión de la palabra defendiendo la postura de Gran Bretaña. La corrección -entregada personalmente por Keynes- había llegado tarde.
El primer ministro británico, sin embargo, no se encogió. Tomó la hoja y echó un somero vistazo. Sin hacer ninguna pausa, fue modificando gradualmente sus propios argumentos hasta que al fin terminó su discurso expresando justamente la postura contraria de aquella con la que había comenzado.
Todo indica que a la Unión Europea, y. en particular, a este Gobierno, le sucede lo mismo que a Lloyd George. Se hace política a golpe de improvisación, y eso explica la ausencia de coherencia ideológica en la toma de decisiones. Como sostenía hace algún tiempo en privado un alto directivo del Banco de España, el problema no es que se haga una política de izquierdas o de derechas, el problema es cuando las cosas se hacen mal por ineptitud.
Un mal pensado -y en este país hay legión- lo achacaría al vacío intelectual de buena parte de la clase dirigente; pero, en realidad, se está ante un problema de mucha mayor enjundia cuya naturaleza tiene que ver con lo que el escritor francés Christian Salmon ha denominado 'la gran mentira'.
Se miente retrasando de manera irresponsable el momento de intervenir en Libia haciendo política de hechos consumados con el único objetivo de evitar que el dominó de los cambios democráticos alcancen a las corruptas monarquías del golfo. Si la insurrección hubiera triunfado en Libia, se hubiera dado una señal inequívoca: la movilización es el mejor camino para derrocar tiranías medievales. Y al mismo tiempo se habría acabado con esa gran mentira que han difundido durante años los regímenes árabes autoritarios de que son la última frontera contra el terrorismo. Sin duda que la intervención militar ha llegado demasiado tarde.
Se miente también sobre la verdadera dimensión de la catástrofe nuclear en Japón jugando al populismo y al alarmismo más descarnado, aunque ello exija tragarse el compromiso con los electores.
Proteger a los acreedores
Y se miente cuando la Unión Europea pone en marcha un mecanismo de rescate de los países periféricos que, en realidad, sólo pretende proteger a los países acreedores (léase Alemania y Francia). Estamos ante la fórmula mágica de la gran mentira convertida en una de las bellas artes.
Así, a golpe de embuste, se ha construido una realidad inventada que impide atacar el núcleo de los problemas. Los sistemas políticos y la propia realidad económica han degenerado en una gigantesca tramoya hueca. Lo importante es cómo se perciben las cosas, no lo que en verdad sucede.
El caso español es paradigmático en este sentido. El sector privado -en particular las empresas- está endeudado hasta las cachas, pero en aras de dar apariencia de que aquí no pasa nada, se mantiene enchufado a parte del sistema financiero al cordón umbilical del presupuesto público. Haciendo bueno aquello que alguien comentó al profesor Toribio sobre el oficio de banquero. Se trata de pedir dinero a gente honrada para entregárselo a insolventes.
La verdad, sin embargo, es siempre revolucionaria, que decía Gramsci, y lo cierto es que este país nunca podrá devolver las deudas contraídas. Hay un dato en el último boletín estadístico del Banco de España ciertamente relevante. Después del ajuste más severo de la economía española en más de medio siglo, el endeudamiento de los sectores productivos apenas se ha reducido en un 3%, hasta los 985.151 millones de euros. En el caso de las inmobiliarias, el resultado es todavía es más elocuente. Adeudan 315.781 millones de euros (sin contar la construcción), prácticamente lo mismo que hace dos años. Y nada indica que estén en condiciones de devolver sus deudas salvo un nuevo boom del ladrillo que hoy por hoy se antoja impensable.
Es más, si esa nueva primavera del ladrillo llega, los potenciales beneficios (plusvalías) del encarecimiento del suelo y de la vivienda no llegarían a los contribuyentes que piadosamente han puesto su dinero en los tiempos malos, si no a los accionistas de esas instituciones convertidas hoy en bancos, lo cual es ya de aurora boreal.
El caso del sector público no en menos elocuente. El profesor Alfredo Pastor ha hecho unos números y ha llegado a la conclusión de que España necesita tener un superávit primario durante cinco años equivalente al ¡6,1%! del PIB (sin contar el pago de intereses) sólo para estabilizar su nivel de deuda. ¿Mucho o poco? Una barbaridad si se tiene en cuenta que el punto de partida es un -6,6% de déficit que se alcanzará, en el mejor de los casos, este año.
Estamos, por lo tanto, ante una gran ilusión que sólo retrasa la salida de la crisis y encarece el coste del servicio de la deuda, lo que explica que el diferencial con Alemania no baje de los 200 puntos básicos. Pese a la aparente normalidad de las últimas semanas, los mercados siguen oliendo sangre. Básicamente porque saben que ni Grecia ni Irlanda podrán devolver lo que deben. Ni, por supuesto, Portugal, que se está financiando sus emisiones a dos años al 6%, seis veces más que el precio oficial del dinero. Incluso Grecia, un país intervenido, soporta todavía rentabilidades próximas al 15% -han leído bien- en emisiones a dos años que se negocian en los mercados secundarios.
Agujeros fiscales
Como alguien dijo, si Europa fuera Indonesia o Argentina, hace tiempo que los países altamente endeudados hubieran tenido que acudir al Club de París para renegociar sus agujeros fiscales, pero ocurre que en este caso los acreedores son los bancos alemanes y franceses, y eso son palabras mayores. La solución que se ha dado es alargar el problema aunque el proceso se lleve por delante el futuro del país con políticas de ajuste que necesariamente se van a convertir en crónicas para poder hacer frente a los compromisos financieros adquiridos. Un auténtica tragedia para un país como España que está obligado a destinar cada año 50.000 millones de euros (el 5% del PIB) sólo para pagar la carga de intereses y el desempleo. O lo que es lo mismo, la tercera parte del gasto no financiero del Estado.
La parte positiva del ajuste es que hay disciplina fiscal en un país de manirrotos y de nuevo ricos; pero ciertamente existe el peligro real de que el ajuste perpetuo estrangule la capacidad de crecimiento de la economía por falta de crédito. Y eso es una auténtica tragedia cuando es muy probable que ya se haya rozado la cifra de cinco millones de parados en este trimestre, como se encargará de revelar el INE el mes próximo.
¿Cuál es la solución? No hay otra que acudir a una especie de default controlado destinado a acelerar la reestructuración de la deuda, algo que en realidad descuentan los mercados desde hace meses y que justifica los amplios diferenciales.
El mecanismo permanente de rescate se antoja, en este sentido, sólo como un instrumento válido para evitar que la banca alemana y francesa anote en sus balances pérdidas cuantiosas, pero es una mala solución para los países periféricos, que por su mala gestión de los recursos públicos están condenados al ostracismo económico durante lustros por no decir la verdad
Publicado en El Confidencial (20/03/2011)
Lloyd George era un tipo singular. Estaba hecho para la política. Pero a diferencia de Wilson y Clemenceau, no odiaba a sus adversarios, con quienes discutía hasta la extenuación. Tampoco era un intelectual, pero sus reflejos dialécticos eran insuperables.
La historiadora Margaret MacMillan cuenta que en cierta ocasión, durante la Conferencia de Paz de París -donde las tres potencias vencedoras de la Gran Guerra se repartieron el mundo-, Keynes y un colega suyo se percataron de que el informe sobre el Adriático que le habían hecho llegar al primer ministro británico en su calidad de asesores, contenía graves equivocaciones. Ambos se apresuraron a redactar una nota manuscrita en la que se reflejaba un cambio de postura importante de la delegación británica. Pero cuando el papel llegó a manos de Lloyd George, éste estaba ya en posesión de la palabra defendiendo la postura de Gran Bretaña. La corrección -entregada personalmente por Keynes- había llegado tarde.
El primer ministro británico, sin embargo, no se encogió. Tomó la hoja y echó un somero vistazo. Sin hacer ninguna pausa, fue modificando gradualmente sus propios argumentos hasta que al fin terminó su discurso expresando justamente la postura contraria de aquella con la que había comenzado.
Todo indica que a la Unión Europea, y. en particular, a este Gobierno, le sucede lo mismo que a Lloyd George. Se hace política a golpe de improvisación, y eso explica la ausencia de coherencia ideológica en la toma de decisiones. Como sostenía hace algún tiempo en privado un alto directivo del Banco de España, el problema no es que se haga una política de izquierdas o de derechas, el problema es cuando las cosas se hacen mal por ineptitud.
Un mal pensado -y en este país hay legión- lo achacaría al vacío intelectual de buena parte de la clase dirigente; pero, en realidad, se está ante un problema de mucha mayor enjundia cuya naturaleza tiene que ver con lo que el escritor francés Christian Salmon ha denominado 'la gran mentira'.
Se miente retrasando de manera irresponsable el momento de intervenir en Libia haciendo política de hechos consumados con el único objetivo de evitar que el dominó de los cambios democráticos alcancen a las corruptas monarquías del golfo. Si la insurrección hubiera triunfado en Libia, se hubiera dado una señal inequívoca: la movilización es el mejor camino para derrocar tiranías medievales. Y al mismo tiempo se habría acabado con esa gran mentira que han difundido durante años los regímenes árabes autoritarios de que son la última frontera contra el terrorismo. Sin duda que la intervención militar ha llegado demasiado tarde.
Se miente también sobre la verdadera dimensión de la catástrofe nuclear en Japón jugando al populismo y al alarmismo más descarnado, aunque ello exija tragarse el compromiso con los electores.
Proteger a los acreedores
Y se miente cuando la Unión Europea pone en marcha un mecanismo de rescate de los países periféricos que, en realidad, sólo pretende proteger a los países acreedores (léase Alemania y Francia). Estamos ante la fórmula mágica de la gran mentira convertida en una de las bellas artes.
Así, a golpe de embuste, se ha construido una realidad inventada que impide atacar el núcleo de los problemas. Los sistemas políticos y la propia realidad económica han degenerado en una gigantesca tramoya hueca. Lo importante es cómo se perciben las cosas, no lo que en verdad sucede.
El caso español es paradigmático en este sentido. El sector privado -en particular las empresas- está endeudado hasta las cachas, pero en aras de dar apariencia de que aquí no pasa nada, se mantiene enchufado a parte del sistema financiero al cordón umbilical del presupuesto público. Haciendo bueno aquello que alguien comentó al profesor Toribio sobre el oficio de banquero. Se trata de pedir dinero a gente honrada para entregárselo a insolventes.
La verdad, sin embargo, es siempre revolucionaria, que decía Gramsci, y lo cierto es que este país nunca podrá devolver las deudas contraídas. Hay un dato en el último boletín estadístico del Banco de España ciertamente relevante. Después del ajuste más severo de la economía española en más de medio siglo, el endeudamiento de los sectores productivos apenas se ha reducido en un 3%, hasta los 985.151 millones de euros. En el caso de las inmobiliarias, el resultado es todavía es más elocuente. Adeudan 315.781 millones de euros (sin contar la construcción), prácticamente lo mismo que hace dos años. Y nada indica que estén en condiciones de devolver sus deudas salvo un nuevo boom del ladrillo que hoy por hoy se antoja impensable.
Es más, si esa nueva primavera del ladrillo llega, los potenciales beneficios (plusvalías) del encarecimiento del suelo y de la vivienda no llegarían a los contribuyentes que piadosamente han puesto su dinero en los tiempos malos, si no a los accionistas de esas instituciones convertidas hoy en bancos, lo cual es ya de aurora boreal.
El caso del sector público no en menos elocuente. El profesor Alfredo Pastor ha hecho unos números y ha llegado a la conclusión de que España necesita tener un superávit primario durante cinco años equivalente al ¡6,1%! del PIB (sin contar el pago de intereses) sólo para estabilizar su nivel de deuda. ¿Mucho o poco? Una barbaridad si se tiene en cuenta que el punto de partida es un -6,6% de déficit que se alcanzará, en el mejor de los casos, este año.
Estamos, por lo tanto, ante una gran ilusión que sólo retrasa la salida de la crisis y encarece el coste del servicio de la deuda, lo que explica que el diferencial con Alemania no baje de los 200 puntos básicos. Pese a la aparente normalidad de las últimas semanas, los mercados siguen oliendo sangre. Básicamente porque saben que ni Grecia ni Irlanda podrán devolver lo que deben. Ni, por supuesto, Portugal, que se está financiando sus emisiones a dos años al 6%, seis veces más que el precio oficial del dinero. Incluso Grecia, un país intervenido, soporta todavía rentabilidades próximas al 15% -han leído bien- en emisiones a dos años que se negocian en los mercados secundarios.
Agujeros fiscales
Como alguien dijo, si Europa fuera Indonesia o Argentina, hace tiempo que los países altamente endeudados hubieran tenido que acudir al Club de París para renegociar sus agujeros fiscales, pero ocurre que en este caso los acreedores son los bancos alemanes y franceses, y eso son palabras mayores. La solución que se ha dado es alargar el problema aunque el proceso se lleve por delante el futuro del país con políticas de ajuste que necesariamente se van a convertir en crónicas para poder hacer frente a los compromisos financieros adquiridos. Un auténtica tragedia para un país como España que está obligado a destinar cada año 50.000 millones de euros (el 5% del PIB) sólo para pagar la carga de intereses y el desempleo. O lo que es lo mismo, la tercera parte del gasto no financiero del Estado.
La parte positiva del ajuste es que hay disciplina fiscal en un país de manirrotos y de nuevo ricos; pero ciertamente existe el peligro real de que el ajuste perpetuo estrangule la capacidad de crecimiento de la economía por falta de crédito. Y eso es una auténtica tragedia cuando es muy probable que ya se haya rozado la cifra de cinco millones de parados en este trimestre, como se encargará de revelar el INE el mes próximo.
¿Cuál es la solución? No hay otra que acudir a una especie de default controlado destinado a acelerar la reestructuración de la deuda, algo que en realidad descuentan los mercados desde hace meses y que justifica los amplios diferenciales.
El mecanismo permanente de rescate se antoja, en este sentido, sólo como un instrumento válido para evitar que la banca alemana y francesa anote en sus balances pérdidas cuantiosas, pero es una mala solución para los países periféricos, que por su mala gestión de los recursos públicos están condenados al ostracismo económico durante lustros por no decir la verdad
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