¿Políticos a la carcel?

Por Carlos Sánchez

Publicado en El Confidencial (04/07/2011)

Decía Benjamin Franklin que las únicas certezas en esta vida son los impuestos y la muerte. Habría que añadir una tercera. La impunidad de determinados políticos a la hora de gestionar la cosa pública. El esperpento griego es el caso reciente más emblemático. La hecatombe helena refleja el martirio -sin bueyes- de un país sacrificado por una casta política megalómana sólo formalmente democrática.

Pero más allá de lo que acontece alrededor de la plaza de Sintagma, lo relevante es que detrás del desastre económico griego emerge un sistema político débil y con baja calidad de sus instituciones. No es casualidad que los países más atizados por la crisis de deuda soberana sean, precisamente, los últimos que se incorporaron a la democracia en Europa occidental después de 1945.

Portugal y Grecia pusieron fin a sus respectivas dictaduras en 1974, y España lo hizo un año más tarde. El caso irlandés es diferente. Su rescate no tiene que ver sólo con una crisis fiscal derivada de una brutal caída de los ingresos y de una enloquecida carrera a favor del gasto público, sino con la implosión de su sistema financiero a causa de una mala decisión política: garantizar por ley todos los depósitos bancarios.

Esta relación directa entre calidad del sistema democrático y realidad económica es una evidencia desde antaño, como bien saben muchos países latinoamericanos. Pero en muchas ocasiones se olvida con fines bastardos. Como si los problemas económicos de un territorio tuvieran que ver sólo con decisiones de política económica equivocadas. La arquitectura institucional de un país influye, y mucho, en la calidad de vida de sus ciudadanos, como ha quedado demostrado desde la Constitución americana. No hay democracia sin demócratas.

Hace algunos años, el ministro de Economía de turno de Siria presidió de forma interina el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por entonces, su país formaba parte del ‘eje del mal’, y un periodista británico le preguntó por qué Damasco no respetaba los derechos humanos. El dirigente árabe le contestó de forma un tanto airada que si Siria tuviera 30.000 dólares de renta per cápita como Suiza (ahora la cifra será incluso mayor), su país sería una democracia, como la helvética.

La respuesta no debió convencer a casi nadie. Siria era pobre, y todavía lo es, precisamente, por falta de democracia. La historia ha demostrado hasta la saciedad que las naciones que respetan los derechos humanos, la separación de poderes, la seguridad jurídica de las empresas, el control judicial de los actos políticos y administrativos o promueven la cohesión social y la transparencia en las cuentas públicas, obtienen unos niveles de desarrollo humano sustancialmente superiores a las dictaduras o los regímenes autoritarios.

La democracia, por lo tanto, no solo no es rentable en términos políticos, sino también económicos. Un economista diría que es una buena inversión por el efecto multiplicador que tiene sobre la riqueza de las naciones. Noruega, Australia y Nueva Zelanda encabezan, de hecho, el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, mientras que Zimbabue, República del Congo y Níger están en el otro extremo. Y tampoco es por casualidad.

Control del gasto
La desigualdad entre naciones tiene que ver no sólo con la riqueza natural de los territorios, sino de manera cada vez más determinante (ante el avance de la economía basada en la inteligencia y no en los recursos naturales), con la existencia de sistemas políticos que favorecen, entre cosas, el control democrático del gasto público mediante instituciones independientes de los gobiernos. Y, en todo caso, capaces de abrir los ojos de la verdad a la ciudadanía mediante la fiscalización del gasto público más allá de un mero ejercicio contable. No a posteriori, sino con carácter previo. Y, por supuesto, con un sistema de sanciones intimidatorio.

El cierre de la primera de línea de AVE en España -y no será la última- es, en este sentido, un referente a cuanto a despilfarro del erario público. No es, desde luego, el único caso, pero pone de relieve hasta qué punto decisiones de carácter político realizadas sin criterios de eficiencia económica o incluso de oportunidad política -la reunificación alemana es un buen ejemplo de la primacía de la política sobre la economía- empobrecen a las naciones sin atender a lo que decía Madison sobre la naturaleza de los poderes públicos.

Sostenía uno de los padres de la Constitución americana que un Gobierno que coloca los intereses privados en el lugar de las obligaciones públicas, y que convierte las asignaciones de fondos pecuniarios en botines para sus favoritos, no es más que un impostor. Y eso es lo que ocurre cuando son los propios políticos los que se blindan ante el ejercicio de la responsabilidad penal por actos delictivos que no necesariamente tienen que ver con el enriquecimiento personal. O cuando los propios políticos imponen un ridículo sistema de sanciones por incumplir la ley. Un ejemplo.

En marzo de este año, el Plano de Tribunal de Cuentas acordó la imposición de 24 multas “coercitivas” a otros tantos alcaldes y presidentes de mancomunidades. Pero ojo, por importes que oscilaban entre 250 euros y 901,52 euros. ¿Su delito? No presentar los gastos para su fiscalización.

La conclusión que saca el Tribunal de Cuentas es demoledora. “Existe”, asegura, “la sensación de impunidad en funcionarios y cargos públicos por la falta de rendición y, en general, ante el incumplimiento de leyes relativas a la gestión pública, pues se carece de instrumentos efectivos para requerir la información y obtener la necesaria colaboración”. No lo dice el enemigo. Ni siquiera los indignados de la puerta del Sol ni los antisistema Lo escribe el Tribunal de Cuentas en una publicación oficial.

Lo lamentable del caso es que la última reforma del Código Penal exonera de manera nítida de la responsabilidad penal al propio Estado y al resto de administraciones públicas, pero también los organismos reguladores, a las empresas públicas, a los partidos políticos y a los sindicatos. Es decir, amnistía casi general.

No se trata de judicializar la vida política, lo cual sería un despropósito, pero parece evidente que cuando un gestor toma decisiones de gasto que hipotecan a generaciones futuras de manera suicida, sus actuaciones deben estar soportadas por altos niveles de transparencia y de rigor técnico. Y un mal ejemplo de ello es la resistencia de los poderes públicos a presentar memorias económicas que aclaren cómo y en qué se gasta el dinero público. El ejemplo de la SGAE, donde el Ministerio de Cultura -incluso con el PP en el poder- ha renunciado históricamente a velar por su buen funcionamiento, refleja de manera nítida la desidia de los poderes públicos a la hora de escrutar los actos de su perímetro de influencia.

Alguien dijo en cierta ocasión que la ingenuidad de las masas es, en conjunción con otros factores, responsable de la instauración y el mantenimiento de dictaduras y regímenes despóticos. Aunque habría que añadir que este análisis se puede extender a ciertos sistemas formalmente democráticos. “Sin la credulidad del pueblo”, sostenía el profesor H.C.F. Mansilla, “sin el fácil juego que tiene la propaganda de arriba y sin las creencias simplistas y cándidas que distinguen a amplios sectores de lo población, ningún régimen totalitario se hubiera podido mantener largo tiempo en el poder, pues el recurso de la coerción física y el monopolio de las fuerzas militares no bastan por sí solos para hacer viables, exitosas y estables a las múltiples formas de tiranía”.

Cuando los políticos son un problema

Por Jordi Sevilla, ex-ministro

Hay cosas que sólo pueden hacer los políticos a través de las instituciones públicas, y cuando no las hacen, la sociedad se resiente al quedarse por debajo del desarrollo posible. Pues bien, en España, estamos muy cerca de experimentar un bloqueo político institucional que afectaría de manera negativa a nuestras perspectivas de crecimiento, creación de empleo y bienestar colectivo.

No hablo de una cuestión que pueda resolverse mediante un cambio de Gobierno o, incluso, de partido en el Gobierno, sino de problemas varados por la contradicción entre un sistema constitucional diseñado para el acuerdo sobre cuestiones básicas y una lógica partidista -en los dos grandes partidos- que basa sus expectativas electorales en abrir abismos de confrontación sistemática, a menudo más ficticios que reales.

Entiendo por bloqueo un mal funcionamiento de las instituciones inducido por un atasco en las relaciones político partidistas, con el resultado de paralizar decisiones privadas básicas para el buen desempeño del país. Hay muchos países que han pasado, en épocas recientes, por sistemas políticos bloqueados: Italia, Japón, Holanda… En estos casos, el atasco de las decisiones políticas suele provenir de la incapacidad de sus políticos, de una corrupción generalizada o por falta de adecuación entre los intereses electorales de sus líderes políticos y las necesidades generales del país.

Algunos datos, reiterados por todas las encuestas, refuerzan esta hipótesis para España: que los políticos son vistos como el tercer gran problema del país; que existe una crisis de liderazgo cuando los principales responsables, tanto del Gobierno como de la oposición, concitan muchos más rechazos que adhesiones, incluso por parte de aquellos que reconocen ser votantes suyos, y que el descontento con el Gobierno se acompaña de una decepción, también, con la oposición, lo que introduce al sistema en un cul de sac.

Los ciudadanos parecen estar diciendo que se han dado cuenta de que sus políticos no sólo carecen de interés en garantizar el normal y adecuado funcionamiento de las instituciones constitucionales, o que se esfuerzan demasiado en forzar peleas constantes y continuas sobre todos los asuntos posibles, sino que tampoco muestran predisposición a impulsar reformas estructurales imprescindibles como la de la Justicia, la educación, el sistema energético o la sanidad cuando sin estas reformas, necesariamente pactadas, las posibilidades de mejora colectiva del país quedan seriamente mermadas.

En situación normal, la ausencia de voluntad o de ambición para impulsar este tipo de reformas ya sería objeto de legítimo reproche entre los ciudadanos. Pero todavía más cuando no vivimos una situación normal, sino la mayor crisis económica de la Democracia, que amenaza con arrastrarse durante demasiado tiempo en forma de pérdida de oportunidades y paro estructural.

En estas horas difíciles, anteponer los intereses electorales de partido, tal y como los entienden sus dirigentes actuales, a los generales del país, es lo que convierte a la clase política española en un problema, y percibido como tal por los ciudadanos.

Por poner un ejemplo claro, los graves problemas que hemos vivido en los últimos meses por culpa de las incertidumbres en los mercados financieros internacionales respecto a la solvencia de España, y que han afectado de manera tan negativa a la financiación de la deuda pública y privada, se hubieran paliado mucho de haber existido un gran pacto nacional de lucha contra la crisis y por la recuperación de la economía, articulado en torno a un conjunto de medidas y reformas comprometidas y aprobadas por, al menos, los dos grandes partidos nacionales del país.

De haberse conseguido esto, tal vez no hubiera hecho falta congelar las pensiones o recortar, tanto, la inversión pública, estando más próximas las previsiones de un crecimiento cercano al potencial.

Desde este punto de vista, la ausencia de un acuerdo entre partidos e instituciones está perjudicando nuestro desempeño económico a corto plazo. Pero también a medio y largo cuando vemos cómo se eternizan reformas dinamizadoras como las de la Justicia, la universidad, el sistema autonómico o las políticas de innovación y formación que ningún Gobierno, por sí solo, puede sacar adelante y que tan decisivas son para el desarrollo del país, pero en las que la sociedad civil no puede sustituir a la iniciativa pública. Así es como la dinámica social, las capacidades individuales y los potenciales colectivos se ven bloqueados por ausencia de impulso reformista proveniente del sector político institucional.

La verdad es que empezamos a apercibir los problemas generados por un mundo en el que los problemas se sitúan a escala global mientras seguimos buscando las soluciones dentro del viejo ámbito de los estados-nación, más o menos coordinados por instituciones informales como el G-20 o insuficientes como la UE.

Pero de lo que hablo es del problema adicional que plantea una estructura política nacional que no está a la altura de las necesidades y posibilidades del país, porque el exceso de partidismo mal entendido pone en riesgo el potencial de desarrollo endógeno. Entonces es cuando la incertidumbre y el pesimismo se instalan en la sociedad, trasladando el resentimiento frente a los políticos y a la política en desafección respecto a las instituciones democráticas abonando el terreno para la aparición de populismos autoritarios de todo tipo. También de esto hay amplia experiencia histórica en multitud de países, incluso actuales.

A veces, la sociedad civil es tan fuerte y las condiciones del momento tan especiales que el bloqueo político no tiene apenas repercusión negativa sobre el desempeño económico. Se produce una especie de dualización según la cual la vida política transcurre por un lado mientras que la económica, social y cultural lo hace por otro. Pero en otros momentos o en otros países con mayor dependencia por parte de sus organizaciones privadas respecto a decisiones públicas, el bloqueo de las reformas de instituciones y de políticas básicas repercute en una merma apreciable de su desenvolvimiento económico y social. Entonces es cuando los políticos son percibidos como parte del problema, al no verlos como parte de la solución. Así estamos y así nos va.

¿ NOS ENGAÑAN NUESTROS POLÍTICOS? por Jaime Rocha

Publicado en el Diario de Cádiz, el día 3 de diciembre de 2009.

---------------------------------------------------------------------------------

Decir que España no funciona como país, no resulta original a estas alturas. Estamos hartos de oír y decir: “la Justicia es lenta, luego no es justa”, “la Educación necesita con urgencia un Pacto de Estado”, “nuestros militares en “misiones de paz” deben estar mejor equipados”, “batimos récords mundiales de paro”, “la corrupción esta generalizada”… y tantas otras cosas, en mente de todos, manifiestamente mejorables.
Abría que añadir, sin pretensión de originalidad, que la Democracia, en nuestro país, tampoco funciona. Cuando un partido político, tras un proceso electoral, obtiene la confianza mayoritaria de los ciudadanos, se dice, y es verdad, que gobierna aplicando el rodillo. Por el contrario, si el resultado de las elecciones no concede a un determinado partido la posibilidad de gobernar en solitario, empieza el baile político, cada cual busca pareja y llegan a pactos que hacen posible la gobernabilidad.
Esto sucede a todos los niveles y en todas las administraciones y es, hasta cierto punto correcto. Si una formación política expone claramente su programa, sin animo de engaño, y su victoria no es suficiente, debe buscar aliados, pero aliados que se aproximen y acepten las líneas programáticas mas importantes.
Lo ideal serian unas alianzas preelectorales, que cada elector conociera de antemano lo que vota, pero eso aquí es imposible, las distancias ideológicas y de intereses entre partidos es tan importante que lo hacen inviable.
Lo que sucede después es sencillamente un engaño a la ciudadanía. Los pactos postelectorales, considerando lo dicho más arriba, son simples pactos de conveniencia, pactos donde partidos políticos con programas e idearios totalmente opuestos, se unen para aprobar leyes que nos afectan a todos y en la que, generalmente, es el pequeño partido el que impone desmesuradas condiciones.
Se echa de menos a Julio Anguita y su famoso: “Programa, programa, programa”, se podía no estar de acuerdo con él, pero la coherencia y responsabilidad ante sus votantes eran dignas de admiración. Eso hoy no existe.
“Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros” decía Groucho Marx, y esa es la norma ahora en España. Se cambian programas y principios por votos o dinero y se llega a alianzas absolutamente incomprensibles y contra natura. Ya todo vale con tal de sacar adelante unos Presupuestos o una ley.
Pongamos por caso que Vd., o yo, hemos votado al PSOE, es solo una suposición, en la últimas elecciones generales, y que, siendo, como somos, personas responsables, hemos leído los distintos programas, al menos en sus líneas maestras. Después de eso, responsablemente, hemos decidido votarles, y lo mismo que nosotros, otros once millones de españoles. Pues bien, sin saber porque, haciendo uso de esa mayoría y por conveniencia política, se busca unos aliados, que casi caben en un taxi, y se sacan de la chistera una “Ley de la despenalización del aborto” que nadie, salvo los del taxi, habían pedido. “Pero, oiga, ¿y sus electores? No estaban informados de esas intenciones, para el caso de que ya las tuvieran”. “No importa, quedan todavía dos años para las generales, para entonces ya se han olvidado”.
Así nos va. Prometen, ofrecen, hacen programas y nos juran por lo que haga falta que si ganan cumplirán escrupulosamente lo pactado. Luego….ya vemos como se comportan, y fían su futuro electoral a nuestra mala memoria.
Muchos de estos males de nuestra democracia, que la desvirtúan hasta extremos de hacerla irreconocible como tal, tendrían remedio si los dos grandes partidos llegaran a un acuerdo que permitiera modificar la actual Ley Electoral. Soñar es gratis.
Esto no sucederá, y esta pésima ley tendrá aun larga vida. Los dos grandes partidos, salvo fenómenos imprevisibles, tienen asegurada la alternancia y, como las mayorías absolutas son difíciles de alcanzar, los pequeños partidos, los separatistas o los del taxi, encantados de una situación que les permite hacer su voluntad ejerciendo el viejo sistema del chantaje. ¡Bonito panorama para un país que se dice moderno¡
Creo recordar que fue Alfonso Guerra quien certificó la muerte de Montesquieu en nuestro país y no le faltaba razón. Asistimos atónitos, bueno por lo que se ve solo algunos, a la concentración del poder en unas solas manos, las del Gobierno, y eso tiene otro feo nombre.
El Poder Legislativo ejerce sus funciones a base de pactos y mas pactos del Gobierno, ahora con estos, mañana con los otros, no importa quienes sean ni sus objetivos (a veces la desmembración de España), es la conveniencia del momento de quien manda. ¿Control al Gobierno? ¿Quién se lo cree?
El Poder Judicial está absolutamente contaminado. Sus órganos rectores, sus altos tribunales son nombrados por los propios partidos en función de su representación parlamentaria y resulta cada vez mas evidente y descarado que quienes deberían ejercer como Poder del Estado no lo hacen y se limitan a seguir las directrices del Gobierno de turno.
¿Y el cuarto poder? Tampoco. Los grupos editoriales independientes casi no existen. Podemos elegir ver una televisión o leer un periódico sabiendo siempre de antemano lo que nos va a decir, hacia donde inclinan sus opiniones, quien está detrás.
Afortunadamente en todos los casos existen honrosas excepciones. Aun quedan españoles dignos y honrados, políticos, jueces, periodistas y en todas las profesiones, pero el Sistema está viciado y ahoga, casi hasta la asfixia, a las buenas gentes.

LA PRECAMPAÑA por Jaime Rocha

Una consecuencia directa, que sería positiva, de la agobiante crisis económica que padecemos en España, ha sido el acuerdo al que han llegado los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, de reducir a la mitad la duración de las Campañas Electorales.
Pero ese optimismo, en realidad, no tiene ninguna base real. La Campaña Oficial, si quieren, se puede hasta eliminar, y no pasaría nada, por la sencilla razón de que existe en nuestro país una cosa llamada “Precampaña” es decir un periodo de tiempo "inmediatamente" anterior a la Campaña oficial.
Dice la sabiduría popular española: “Hecha la Ley, hecha la trampa”, y, son precisamente los encargados de legislar y hacer cumplir lo legislado, los primeros en burlar lo que ellos mismos han decretado.
Las limitaciones, de cara a la galería (nosotros, los ciudadanos), impuestas a la campaña electoral, aun en el supuesto de que se cumplan, que esa es otra, quedan ampliamente superadas por la Precampaña.
La Precampaña, no tiene límite de tiempo, ni de gasto, ni de nada, en realidad, llamando a las cosas por su nombre, nuestros políticos están permanentemente en Campaña Electoral. No es que las elecciones que nuestras leyes contemplan, es decir, Generales, Autonómicas y Locales, se escalonen y distancien en el tiempo de forma que, prácticamente cada año tengamos una cita con las urnas, aun no hemos llegado a eso, aunque todo se andará.
Lo que ocurre, es que nuestros políticos, habitualmente y de forma exhaustiva, no hacen un gesto, ni una declaración, ni un acto político, cuyos dos únicos objetivos no sean: por una parte el desprestigio de la oposición política, y por otra el ensalzamiento propio.
Propongo al lector un sencillo ejercicio comprobatorio: Coja un periódico cualquiera de información general, de cualquier día de la semana, y con dos colores destaque, en uno, lo que suponga un ataque directo a otro partido y en otro, lo que suponga de autoalabanza, en las declaraciones que en ese día hayan realizado los políticos de uno y otro signo. Les garantizo que no se verán defraudados.
Pero hay más. Lean una crónica cualquiera de un pleno municipal, o las intervenciones parlamentarias de los miércoles, día establecido para que los partidos de la oposición hagan sus preguntas al Gobierno. Uno pregunta una cosa, sobre la materia que sea, y el otro responde algo que en nada se corresponde con la cuestión planteada. Y así el tema se eterniza y ninguno hace otra cosa que intentar la descalificación del oponente, recordándole sus errores pasados y tratando de ocultar los propios actuales.
Esa es la forma de hacer política de nuestros políticos y cuando se acerca la fecha electoral, se inaugura, aunque sea por tercera vez, una obra publica, incluso aunque su realización corresponda a otra administración (metro de Madrid o terminal T-4 de Barajas). A veces, a falta de algo que inaugurar, sirve una primera piedra de una obra largamente esperada y que, en el mejor de los casos, habrá que seguir esperando, porque la distancia en el tiempo entre la primera y la segunda piedra, no está establecida.
Todo esto, que para nada es exagerado, se corresponde con esa campaña electoral permanente en la que vivimos. Pero, por si acaso, y en vista de lo mal que pintan las encuestas, los grandes partidos se han apresurado a limitar, incluso en las cadenas de televisión privadas, los espacios disponibles para los pequeños partidos…no vaya a ser que tengamos alguna sorpresa.