La historia pequeña de Cádiz, por Julio Molina Font

EL RINCON DE LOS LIBROS RECOMENDADOS.

Por Ignacio Moreno Aparicio.

“LA HISTORIA PEQUEÑA DE CADIZ”, de Julio Molina Font.
Ediciones Mayi. 269 Págs. Primera Edición. Septiembre de 2008.

Julio Molina Font. Gaditano, nacido en el lugar más alto de la ciudad, junto a la Torre Tavira. Es un apasionado investigador de su historia y de la mar.
Cursó estudios de peritaje industrial. Es Diplomado universitario en Enfermería y Licenciado en Derecho. En la actualidad ocupa el cargo de asesor del Servicio de Salud Pública en la Delegación Provincial de la Consejería de Salud en Cádiz. Es socio de mérito y vocal de la Junta Directiva del Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz.
Autor de los libros “Los molinos de marea de la bahía de Cádiz”, “Cádiz y el vapor correo de Filipinas Carlos de Eizaguirre”, y coautor de los libros “Salinas de Andalucía” e “Itsmo gaditano”.
Ha publicado numerosos artículos, así como impartido cursos, charlas, conferencias y realizado comentarios radiofónicos, interviniendo en programas de televisiones locales y autonómicas. En la actualidad prosigue trabajos de investigación histórica en temas relacionados con Cádiz y la mar.

¿Qué le pasó al barco del arroz ?
¿Quiénes eran los atacantes ?
¿Quién era el misterioso hombre pez que rondaba la bahía gaditana ?
¿Cuál es el verdadero origen de los duros antiguos ….?
Basta con asomarse a cualquiera de las páginas de este libro para descubrir un auténtico caudal de dichos y hechos variopintos, de divertidas anécdotas y personajes extraordinarios que nos logran meter en un Cádiz ya pasado y, en muchos casos, todavía presente.
Como viajero en el tiempo, Julio Molina Font, nos describe la ciudad por donde transcurrió gran parte de su vida. Pequeñas historias de la cotidianidad que, ocultas bajo los cimientos de la Historia con mayúsculas, ayudan a comprender cómo se vivía y se pensaba en esa época.
Su lectura despertará los recuerdos y la nostalgia de quienes vivieron aquellos años, y sorprenderá, además de sonsacar alguna sonrisa, a las nuevas generaciones.

Julio Molina, tuvo la generosidad de invitarme para que le escribiera el prólogo a su obra, y, en el mismo, indico que, “Este libro cautivará con absoluta seguridad a todos los gaditanos que sobrepasen la cincuentena y a los que, de alguna u otra manera, nos tocó vivirla. Con un pulso pedagógico, un narrar simpático y con mucha ternura, les recordará el color sepia de algunos capítulos de sus vidas”.
“Me tomo la libertad de incluir este magnífico libro de Julio Molina Font como el tercero de una trilogía de recientes libros gaditanos, que nos ayuda a conocer mejor el porqué somos como somos, con nuestra retranca y nuestra especial forma de enfrentarnos a la vida, con distante ironía la mayoría de las veces; Luis Benítez Carrasco y sus “Dichos y cosas de Cádiz”, y Juan José Tellez, con su “Teoría y praxis del gadita”, complementan una posible visión global del espíritu de “lo gaditano”, que Julio Molina, con elegancia y mesura, adoba con genial maestría. Le auguro una buena acogida y un gran éxito”.

Y a usted, lector, si se encuentra en la franja de edad que le refería anteriormente y le tocó vivir el Cádiz que aquí se describe, le aseguro una complicidad grande con los objetivos que se ha propuesto su autor; ofrecer un recuerdo lo más certero posible de aquella ciudad que tuvimos la suerte de conocer y que nunca más será igual”.

“Y si usted no lo vivió, creo que gracias a las variopintas y viejas anécdotas, y a las numerosas, inéditas y antiguas fotografías que se incluyen, sabrá apreciar de la mano de “La historia pequeña de Cádiz” que ésta fue una ciudad colectivamente alegre y solidaria gracias a todos los gaditanos”.

LOS EJERCITOS AL SUR DEL RUBICÓN por Ángel Tafalla (Almirante. Ex Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada y del Mando Marítimo OTAN)

(Domingo, 05 de diciembre de 2010)

Los graves acontecimientos de los últimos días en la circulación aérea y la manera con que el Gobierno ha utilizado medios militares para resolver la situación sobrevenida me llevan a formular unas reflexiones acerca de la utilización de los ejércitos en las actividades de la Nación. Dos observaciones iniciales: ante todo, creo que los ejércitos son básicamente instrumentos para la actuación en el exterior; y en segundo lugar, no tengo ninguna simpatía por la actuación reciente del colectivo de controladores aéreos.

Con relación a la primera observación, no considero necesario extenderme mucho pues ya desde tiempos remotos es aceptado que las legiones no deben cruzar el Rubicon sin permiso del Senado, y yo añadiría ahora, sin comprensión del pueblo de Roma. Un instrumento que utiliza la fuerza como elemento principal, tal como es el Ejercito, no debe intervenir en el devenir normal y sereno de la vida cívica interna de un país. Pero si la situación evoluciona excepcionalmente, una Institución que hace suyo el lema de "a España servir hasta morir", no puede permanecer impasible ante una angustia nacional. Especialmente en nuestro país, que se ha dado a sí mismo una administración tan fraccionada que deja en manos de su Gobierno central muy pocos medios, siendo los Ejércitos uno de ellos.

En los prolegómenos de esta crisis hubo un amago por parte del Gobierno de utilizar controladores militares si los civiles llegaban a un plante total. Ámbos colectivos no son comparables, ni por su número, ni por las técnicas utilizadas. El control militar no táctico busca la identificación e interceptación de trazas aéreas desconocidas, mientras que el civil persigue básicamente la seguridad en ruta de un trafico denso que discurre por aerovías fijas. Solo comparten, y parcialmente, los procedimientos de aproximación a áreas terminales y torre. Era por lo tanto un farol -que evidentemente no funcionó- el emplear controladores militares para romper una huelga de los civiles. En cambio lo que sí se les aplico a los controladores civiles fue la movilización utilizando una batería de leyes más o menos en desuso, combinadas además de una manera peculiar.

Los estados de alarma, excepción y sitio se regularon por Ley orgánica en el ya lejano verano de 1981, unos pocos meses después del fallido golpe de Estado del 23 F. No creo que en el ánimo de los legisladores de aquella época estuviera darle un gran papel "cívico" a los militares. Esta Ley, al definir el estado de alarma -básicamente ante catástrofes naturales- habla de la autoridad competente. Cuando trata del de excepción -con alteración grave del orden público y suspensión de derechos- la autoridad se denomina como gubernativa. La autoridad sólo se define como militar en el estado de sitio, ante un supuesto de sublevación militar. Nada pues, en la definición del estado de alarma, nos lleva a la movilización, para lo que ahora ha habido que invocar leyes en desuso, anteriores a la supresión del servicio militar obligatorio e incluso preconstitucionales. Así mismo, la figura de la sedición aparece a partir de otras leyes preconstitucionales penales y procesales sobre la navegación aérea de 1960 y 1964.

No pretendo convertirme en jurista pero todo este conjunto de leyes raramente aplicadas y sobre todo la embarullada manera como han sido enlazadas es una dudosa justificación para emplear el Ejército en resolver una situación originada por el ejercicio de un derecho fundamental como es el de huelga. Huelga salvaje, posiblemente injustificable y altamente impopular, pero que es expresión de un derecho recogido en el articulo 28.2 de la Constitución, que establece además que se deberá regular por ley estableciendo las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Al no existir esta ley 32 años después de ordenarlo la Constitución, ha habido que resucitar el enmarañado artificio legal al que he hecho referencia anteriormente, acompañado de amenazas implícitas y faroles posiblemente ilegales. Y utilizando la movilización -es decir la amenaza del ejercito y su sistema judicial propio- para suplir la ausencia de esta ley que regule la huelga.

Si esa ley hubiera existido, sus mecanismos coercitivos penales posiblemente hubieran sido suficientes para evitar una situación salvaje como la planteada ahora por el colectivo de controladores. Y si esto no hubiera bastado, entonces sí que se podría haber aplicado el estado de excepción -nunca el de alarma, pese al creativo uso de la expresión "calamidad pública" utilizado en esta ocasión- para controlar esos excesos en la aplicación del derecho de huelga.

Posiblemente piensen el Gobierno y sus asesores que siendo tan impopular la actitud y el estatus de los controladores a la opinión pública no le importe el fundamento para meterlos en vereda. Yo sin embargo, he sido educado en que no basta alcanzar los fines sino que hay que hacerlo por la aplicación de la doctrina, que para lo que aquí nos ocupa sería el respeto a la legalidad.

Creo que todos podemos aprender de lo que ha pasado para evitar que en el futuro pequeños colectivos pongan contra las cuerdas a la sociedad y el Gobierno que la representa. No sólo los controladores aéreos son parte de estos colectivos. Nos sorprendería saber, por ejemplo, que pocos son los estibadores que manejan miles de contenedores en puertos y terminales, los pocos operarios de las centrales eléctricas y de las redes de distribución de energía y, en general, que pocas manos manejan recursos vitales de nuestra sociedad. O qué sensibles somos a otros colectivos asociados a la salud, higiene y seguridad.

Tras redactar la Ley que regula el derecho a la huelga y los mecanismos coercitivos para los que alteran descontroladamente los servicios esenciales, debería llegar el momento de revisar la Ley 4/81 que regula los estados excepcionales de la Nación y, ya lejos de los fantasmas de Tejero, prever que los Ejércitos -tras ser declarados dichos estados- alivien el sufrimiento originado por causas extraordinarias de la naturaleza o por colectivos que no aceptan las reglas que nos hemos dado a nosotros mismos. Pero por favor, chapuzas las mínimas.

INTIMIDAD Y VIDEOVIGILANCIA por Jaime Rocha

(Publicado en el Diario de Cádiz el martes 30 de Noviembre de 2010)

Cada vez que se aborda, por quien tiene la competencia para hacerlo, es decir, Gobierno, Ayuntamientos, entidades bancarias, y establecimientos públicos o privados, la posibilidad de instalar cámaras de video vigilancia, aparecen voces en contra con el argumento de que tal acción supone la: “Violación de la intimidad de las personas”

Vamos con algunas definiciones: Según la RAE “Intimidad: Zona espiritual intima y reservada de una persona o de un grupo”, o “Ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión”

Garantías Constitucionales: Art. 18 “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”, especificando en el mismo articulo… “los ámbitos” concretos a los que se refiere, cuando cita expresamente, “el domicilio es inviolable”, el “secreto de las comunicaciones…postales, telegráficas, telefónicas…informática…”

Y en cuanto a “la publicación y difusión de imágenes personales”, que no su “captación”, hay sentencias para todos los gustos: exculpatorias porque “el factor determinante que hace a estas fotografías legales es el hecho de haber sido tomadas en un lugar publico como lo es la playa” y por el contrario, sobre la misma cuestión, condena al autor de otras fotos porque las personas fotografiadas “no se encontraban en una playa concurrida sino en un lugar de difícil acceso”.

La Agencia Española de Protección de Datos, en su memoria de 2009, ha subrayado que la video vigilancia ha experimentado, solo en el último año, un crecimiento del 240 por ciento.

La proliferación de estos, y otros más sofisticados, sistemas de vigilancia es innegable, desde el simple cajero automático, los grandes centros comerciales, las carreteras, instalaciones militares, joyerías, viviendas privadas, y todo tipo de comercios, hasta un largo etcétera.

Nadie parece intimidado en su vida cotidiana por la existencia de estos miles de sistemas, cuyo objetivo, no se olvide, es garantizar, precisamente, la seguridad de los ciudadanos y de sus bienes.

Estos dispositivos han evitado multitud de actos delictivos o, en algunos casos, ha servido para la identificación de sus autores. Lo mismo terroristas preparando o perpetrando un atentado, que delincuentes comunes manipulando un cajero automático o realizando cualquier otro de delito.

Ninguna persona honrada tiene nada que temer de la existencia de estos sistemas de vigilancia. Mas bien todo lo contrario, agradecer su existencia que, tal vez directamente, le evite un desagradable incidente o sirva para identificar a quienes lo han realizado.

Los propios cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales, aconsejan la utilización de video cámaras o incluso los servicios de empresas de seguridad privadas, para proteger los bienes o instalaciones.

Llama la atención que una cuestión tan extendida en el mundo entero, mas sofisticadas e indetectables cuanto mas nivel tecnológico es posible contratar, levante alguna protesta, por muy minoritaria y localizada que sea. La intimidad a la que aluden en defensa de sus posturas estaría reservada a espacios privados, no a la vía pública, donde todos somos libres de comportarnos como nos apetezca, sin invadir espacios ajenos de ninguna naturaleza. Con un comportamiento así no hay nada que temer de cámaras, vigilantes, policías…

Contaré, para terminar, si me lo permiten, una experiencia propia: En una empresa de la que era Gerente, se detectaron varios robos en las taquillas de los vestuarios. La plantilla era de unas 250 personas trabajando a tres turnos rotativos y los robos no seguían una pauta determinada de horario o fecha.

Tuvimos una reunión con el comité de Empresa y se estudiaron varias propuestas (se contaba ya con un servicio de vigilancia de una empresa privada, que no había detectado, en sus frecuentes rondas, nada extraño) y, tras un corto debate, se acordó por unanimidad, la instalación de tres cámaras de vigilancia, naturalmente fuera del los vestuarios, espacio privado, enfocando las 24 horas del día a sus puertas de entrada y salida.

Se instalaron en lugares inaccesibles, pero muy visibles para todos. Se informó públicamente de su instalación, aunque eran tan visibles que no hacia falta en realidad. En la fábrica ya existían, desde hacia tiempo, otras cámaras en cabinas de accesos, zonas reservadas, oficinas, etc. Solo se planteó la duda cuando hubo de delimitarse “el espacio privado”, en este caso el interior de los vestuarios.

¿Hace falta decir que los robos cesaron en los vestuarios de la empresa? No volvieron a repetirse, ni allí ni en ninguna otra dependencia de la fábrica. Y todos lo agradecieron…todos menos, naturalmente, sus autores.

Memorias de Teodulfo Lagunero

EL RINCON DE LOS LIBROS RECOMENDADOS. 3.12.10.

Por Ignacio Moreno Aparicio.

“MEMORIAS DE TEODULFO LAGUNERO”.

Editorial Umbriel. Tabla Rasa. 763 Págs. 2009.

Teodulfo Lagunero Muñoz (Valladolid, 1927), Republicano, Catedrático de Derecho Mercantil, Constructor, Comunista y abogado en ejercicio. Reconocido mecenas de la cultura, su figura se consolidó en la lucha contra el franquismo al financiar el Centro de Información y Solidaridad con España ( CISE) en París, que presidia Picasso y dirigía Marcos Ana.

Posteriormente, ya en España, colaboró con la Junta Democrática. Promotor y Presidente del semanario “La calle”. Una vez legalizado el PCE y sin ser él militante, Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo, en un gesto de reconocimiento, le hicieron entrega de un carnet del partido firmado por ambos, un regalo en palabras de Teodulfo.

Amante de la tertulia multitudinaria ha cultivado la amistad de notables gentes de la cultura, la judicatura y los negocios, a su lado es posible encontrar un par de premios Nobel y una pléyade de escritores e intelectuales de la España contemporánea.

Apasionado en las ideas y torrencial en su verbo defiende la vigencia de la transición democrática y el aporte hecho por la izquierda al proceso. Humanista convencido entiende que otro mundo que mejore el presente puede y debe ser posible.

Según Almudena Grandes, “Teodulfo Lagunero fue un personaje clave en el proceso de restauración de las libertades que ahora conocemos como Transición Democrática. Villa Comete, la casa cercana a Cannes en la que se instaló durante lo que él denomina un raro exilio, fue escenario fundamental en la creación de la Junta Democrática, y un punto de encuentro imprescindible entre la dirección del PCE y el resto de las fuerzas que abogaban por la reinstauración de la democracia, desde fuera, pero también desde dentro del propio régimen”.

“Sin la legalización del PCE, la Transición no habría sido posible. Sin Teodulfo Lagunero, la legalización del PCE habría sido mucho más difícil, mucho más compleja y traumática de lo que fue. Cualquier crónica honesta y objetiva de aquel proceso, cuya versión oficial sigue insistiendo – aunque cada vez por fortuna, con menos fuelle – en atribuir todos los méritos a no más de dos o tres protagonistas estelares, tendrá que reconocerse forzosamente en el futuro la decisiva responsabilidad de personas como Teo en aquel viaje colectivo, que resumió décadas de lucha y de sacrificio constante de muchos miles de demócratas españoles”.

“Con esa certeza, y la de que la lectura de este libro les conmoverá tanto como a mi, les doy la bienvenida a la extraordinaria vida de un hombre extraordinario”.

La situación crítica y el Rey

Por Jose A. Zarzalejos

Publicado en El Confidencial

En física se entiende por situación crítica cuando se producen las condiciones a partir de las cuales se inicia una reacción nuclear en cadena. Atendiendo a la metáfora, en ello estamos actualmente en España. En una coyuntura en la que, por su misma gravedad, se dan condiciones para una gran reacción positiva cuya alternativa sólo sería el desastre. Se trata de una de esas ocasiones nacionales en las que el jefe del Estado, Don Juan Carlos, emerge ejerciendo sus funciones constitucionales de moderación y arbitraje, para subrayar que no estamos instalados en la normalidad sino en una suerte de excepcionalidad bien descrita por instancias reflexivas internacionales, habitualmente fiables. Así, The Economist, que en los medios de comunicación convencionales ejerce un indiscutible liderazgo de opinión, atribuye en su último número a España, y a las decisiones del presidente del Gobierno, una sustancial importancia para la preservación de la cohesión de la zona euro y la evitación de una quiebra de la UE. Las magnitudes de un eventual, y absolutamente descartado por Zapatero, rescate de la economía española son tales que nos responsabilizan, tras las fallidas finanzas de Grecia e Irlanda y las renqueantes de Portugal, a hacer un supremo esfuerzo colectivo.
El Gobierno no tiene toda la responsabilidad de lo que ocurre, aunque le corresponde un porcentaje determinante. No sólo por su sobreseimiento suicida en valorar los tiempos y las profundidades de la crisis, sino por un comportamiento posterior -actual, incluso- que sugiere esas “dudas” de los mercados a que se acaba de referir el socialista y vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia. Todos tenemos dudas y son, más o menos, éstas: 1) Qué razones existen para que la reforma laboral no haya sido más profunda y renovadora; 2) Por qué se está dilatando el proceso de reconversión de las Cajas de Ahorro; 3) Cuál es la razón por la que el Ejecutivo ha aplazado al próximo año la reforma de las pensiones; 4) Qué motivos existen para que no se haya aprobado todavía el proyecto de ley de Economía Sostenible en el que se prevé la imprescindible reforma de los órganos reguladores; 5) Cómo es posible que ocho comunidades autónomas incumplan los límites del déficit establecido para 2011; 6) que condicionantes atenazan al Gobierno para no solucionar por vía legal el grave problema energético en España con grave coste para las empresas y seria carga para los Presupuestos Generales del Estado y 7) entre otras, a qué se está esperando para la reordenación del número de las demarcaciones municipales en nuestro país y su financiación.

Datos para la desconfianza

Ante estos retrasos surgen legítimas dudas acerca de la voluntad, determinación y competencia del Gobierno, no sólo en los mercados, sino -de manera alarmada- entre la clase empresarial que contempla cómo el diferencial del bono español con el alemán ha alcanzado el récord de los 270 puntos básicos; cómo el desempleo es resistente a descender del 20% (se esperan malas cifras de Noviembre); de qué manera la inflación se ha encaramado hasta el 2,3% al tiempo que estamos en un estancamiento del PIB con tendencia recesiva; a qué velocidad cae la Bolsa castigando a las Compañías más potentes e internacionalizadas y empequeñeciendo el ahorro de los ciudadanos y con qué perseverancia continúa la crisis en el sector inmobiliario que durante cinco meses consecutivos sigue cayendo como lo demuestra la minoración en la concesión de créditos hipotecarios (un 15,9% menos en septiembre). Se da la circunstancia, de que en estas condiciones, bancos y empresas españoles de primera fila obtienen financiación en los mercados internacionales con más facilidad y mejores precios que el propio Estado. Es decir, España es un lastre y no un activo.

Esta acumulación de variables negativas está en la raíz del documento de la Fundación Everis que enmienda a la totalidad el panorama económico, social y político de España, suscrito por un centenar de empresarios, intelectuales y académicos que, en un gesto repleto de desconfianza hacia el presidente del Gobierno, se lo presentan al Rey como jefe del Estado, quien hace exactamente lo que debe: de una parte, escucharles y atenderles y, de otra, remitirles al líder del Ejecutivo para que éste asuma sus responsabilidades. La reunión de hoy en La Moncloa responde a un correcto procedimiento inspirado por la Jefatura del Estado: los gestores de las grandes empresas españolas, que se ven lesionados por el desplome de la marca España, que han diversificado sus negocios en una estrategia cauta y emprendedora, deben enfrentarse y hablar con un presiente en el que, mayoritariamente, no confían y cuyo liderazgo observan constreñido por prejuicios excesivos, incompetencias reiteradas y falta de sentido de Estado. De no ser así, la inmensa mayoría de los firmantes del documento de la Fundación Everis, jamás hubiesen asumido un compromiso de orden político-social de tanto calado como el que se plantea en el documento, razón por la que priorizaron la interlocución con el jefe del Estado -permanente, suprapartidaria, unitaria- sobre cualquier otra. Los ciudadanos y los medios son muy libres de cargar contra el Rey como ya es habitual, pero ha sido de nuevo D. Juan Carlos el elemento que precipita una reacción con su capacidad de interlocución. Y desde luego, ni los actos del Rey ni sus intenciones son diferentes a los de colaborar a aunar esfuerzos y recortar distancias. La foto de hoy en La Moncloa tiene el valor esencial de marcar en rojo la excepcionalidad de la situación y la precariedad de la vertebración de la sociedad civil: esa foto, si la hay, revienta los cauces convencionales de sindicatos y patronales que visten el decorado de un escenario nacional que se ha quedado viejo. Vamos, quiérase o no, a otro diferente.

Cataluña y los socialistas

Mientras tanto, Cataluña está inmersa en una jornada de reflexión para cambiar seguramente y sin entusiasmo (se espera una abstención muy alta) un panorama en el que el socialismo de Zapatero ha cometido todos los errores posibles: el PSC-PSOE formó allí dos gobiernos tripartitos con la izquierda más radical (ICV) y con los independentistas más extremos (ERC); gestionó desastrosamente un nuevo Estatuto que alteraba la Constitución en los términos que hubo de establecer una controvertida sentencia del TC; dirigió una Generalidad que carece de crédito y ha debido recurrir a los llamados “bonos patrióticos” y que, en vez de transformar la sociedad catalana, ha profundizado sus peores endogamias, sean éstas lingüísticas, culturales o sociales, dejando un catalanismo más desconfiado de lo que ya era con la españolidad. De tal forma que el previsible acceso de CiU al gobierno catalán y el correlativo fracaso, seguramente muy severo, de los socialistas, podría abrir una nueva etapa si Artur Mas, en un contexto tan crítico como el actual, no se empeña en poner encima de la mesa un inviable concierto económico. No sólo porque sea impracticable desde el punto de vista constitucional, sino porque el horizonte marca que tanto el vasco como el Convenio navarro plantean tales problemas en la Unión Europea que de lo que hay que ocuparse y preocuparse es del mantenimiento de los regímenes financieros de la autonomía vasca y navarra, mucho antes que de la extensión de ésta fórmula a otras comunidades. Cataluña ha de ser parte de la solución y no del problema de Estado que nos atenaza, como lo fue durante no poco tiempo en las décadas de los 80 y 90.

Ciudadanos en huida

Los ciudadanos, por fin, están instalados, además de en la enfermedad del miedo y la angustia paralizante, como acreditan estudios demoscópicos cuantitativos y cualitativos (el de la fundación Pzifer, al que me referí el pasado sábado día 13 de noviembre) en la increencia y escepticismo respecto de la política y los políticos. El estudio de la Fundación Santa María -elaborado sobre más de tres mil cuestionarios- llega a la conclusión de que los jóvenes españoles tienen una opinión “deplorable” de la política y de los políticos. Las nuevas generaciones aparecen como auténticamente derrotadas por el pesimismo sobre su futuro, se sienten condenadas a vivir peor que las de sus padres, han interiorizado la crisis con enorme fatalismo y desesperanza y no se perfilan como tractores de un porvenir de regeneración. Sus preferencias están situadas en el mundo de los valores marginales a la política, desean salir de España en lo que se perfila como una nueva generación de emigrantes y no entienden los términos del debate público en nuestro país porque ni el franquismo ni la transición forman parte de su experiencia vital y de su memoria personal y colectiva. Para ellos, España es un proyecto próximo al fracaso, razón por la cual -y ante la proporción de la increencia- comienzan a articularse movimientos en la sociedad civil como el propiciado por la Fundación Everis, el impulso por el Colegio Libre de Eméritos de un documento de gran importancia que se irá conociendo a lo largo del mes de diciembre (“España en crisis. Sociedad, economía, instituciones”) y la irrupción muy próxima del Foro de la Sociedad Civil integrada por más de cien personalidades que discuten estos días el manifiesto de presentación ante la opinión pública.
Sin denuestos y con profunda tristeza, esta es la situación crítica que el Rey, con su inusual visibilidad en asuntos de gestión política, ha querido subrayar con un lápiz rojo. Está en su obligación de hacerlo.

Zapatero a los empresarios: ¡no os fallaré!

Por Carlos Fonseca.

Publicado en El Confidencial

La foto me da escalofríos. El presidente del Gobierno, con sonrisa beatífica y escoltado por sus vicepresidentes, rodeado por los 37 empresarios más poderosos para pedirles opinión sobre cómo resolver la crisis.

La mayoría de las empresas presentes cotizan en el Ibex 35, entre enero y junio han conseguido unos beneficios de 25.000 millones de euros (un 8% más que en mismo periodo de 2009) y sus dilectos presidentes no corren el peligro de perder el empleo, ni sus salarios poder adquisitivo, y ni falta que les hace la pensión pública con sus millonarios planes de pensiones. Está bien que sea así, porque para tomar decisiones importantes conviene tener el espíritu sereno. Y nada da más serenidad que el dinero.

Dicen los empresarios que hay que reducir el déficit público. Esto sencillo, se consigue gastando menos e ingresando más. Lo primero es fácil: se baja el sueldo a los funcionarios, se congelan las pensiones, se prolonga la edad de jubilación hasta los 67 años (en Irlanda apuestan ya por los 68, ¿quién da más?) y se reduce la inversión pública en prestaciones sociales (ley de dependencia, cheque bebé) y, por ejemplo, en infraestructuras.

Con las tres primeras medidas todos de acuerdo, pero la última no les gusta a los constructores. ¿Si el Estado no hace carreteras, ni aeropuertos, ni más líneas del AVE, de qué van a vivir? Yo se lo digo: pues de la inversión privada que tanto defienden, señores.

Los bancos y las cajas de ahorro, principales responsables de la crisis con su política de barra libre, que ya me lo cobraré yo con intereses, también se mostraron quejosos. Dieron muchos créditos para construir viviendas, que las promotoras no han vendido y no pueden devolver el dinero que las prestaron. La banca se lo ha tenido que cobrar en pisos, que se resiste a sacar a la venta por su valor real. Prefieren esperar y venderlos por los escandalosos precios de la etapa del boom inmobiliario que tantos beneficios les reportó.

Del tema de las cajas, pues lo de siempre, que hay que acelerar su fusión, con fecha límite el 24 de diciembre. La mayoría tienen poco de obra social, que es supuestamente lo que las define (hay está Cajasur, con los curas metidos a promotores inmobiliarios y un agujero de tres pares), y como estaban endeudadas hasta las cejas por su mala gestión, el Gobierno les ha prestado dinero (del nuestro, del de los contribuyentes) para que saneen sus cuentas.

Si hay cajas que aún no se han fusionado es porque sus prebostes no quieren bajarse del cargo. Si hay que cerrar oficinas, se cierran y se pone en la calle a los miles de trabajadores, pero ceder la presidencia o dejar de ser consejero (que tampoco vamos a duplicar los cargos para que haya para todos), de eso nada.

Más cambios laborales, hacen falta más cambios laborales. En esto hay unanimidad. No basta con la reforma laboral, que hace el despido más sencillo y barato y recorta derechos ganados en años, ahora hay que ir a por la negociación colectiva para que, por ejemplo, las empresas puedan “descolgarse” de los convenios previamente firmados. Más poder para los poderosos, menos derechos para los trabajadores. ¿No se dan cuenta las empresas de que el mejor activo que tienen son precisamente sus trabajadores? Parece que no. La pela es la pela.

Lo mejor es lo de las pensiones. Vamos a tener que trabajar hasta los 67 años, y así el Estado en lugar de pagarnos dos años de pensión, nos cobra dos de cotización. La receta que no falla: gesto menos, ingreso más. A los señores de la foto la pensión no les preocupa. La de la Seguridad Social, la de los pobres, me refiero. Las suyas son privadas y se miden en millones de euros. Cuando uno tiene garantizada una vejez holgada es mucho más fácil tomar la dolorosa decisión de recortar la de los demás. Por responsabilidad, por garantizar su viabilidad, en tres palabras: por nuestro bien.

Los señores empresarios, los que crean empleo, los que nos van a sacar del atolladero, salieron contentos de la reunión. Hablaron de salvar a España con nosotros dentro, y seguro que el presidente, eufórico por el éxito de la convocatoria, les dijo: ¡No os fallaré! Me apuesto lo que quieran a que con ellos cumple.

SOLUCION : "COMPETITIVIDAD" por Jaime Rocha

(Publicado en el Diario de Cádiz el pasado 23 de Octubre. En la reunión celebrada hoy en Moncloa entre el Presidente Zapatero y los 37 empresarios mas destacados de España, se acuerda crear una "COMISION NACIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD. Parece que si hay quien tien claro el camino,... los empresarios. Ahora que no quede solo en palabras.)

Gobierno, patronal, sindicatos, banca,…todos se echan la culpa unos a otros de haber llegado a la situación actual de paralización casi absoluta de nuestra economía. Sabido es que si no se crece, al menos por encima del dos por ciento anual, no se generan puestos de trabajo, por lo tanto, la única solución es hacer crecer la economía.

Dice el saliente Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que su Ministerio no es el responsable de crear empleo y por lo tanto, que de los dos millones de parados que había a su llegada, se haya duplicado sobradamente esta cifra, tampoco es su responsabilidad.

Tiene razón Corbacho, pero solo a medias. Es cierto que el Ministerio de Trabajo no genera empleo directo, pero si es el responsable de establecer las condiciones imprescindibles para que eso ocurra: Fomentar los acuerdos entre Patronal y Sindicatos; dictar la leyes que modifiquen las condiciones de trabajo; y como Gobierno, favorecer el acceso a los recursos financieros y, casi lo mas importante, impulsar la investigación y desarrollo de las empresas y la correspondiente formación técnica de los trabajadores.

En este mundo globalizado, la competencia que tienen que soportar los productos “made in spain”, tanto en el mercado interior como en el de las exportaciones, es muy importante y no solo en precio, también en conceptos menos tangibles como la calidad, diseño, el valor añadido…en una palabra, hay que ser muy competitivos.

No se trata de analizar aquí las teorías económicas de Keynes, Smith o cualquier otro prestigioso economista. Ni siquiera nos detendremos en “el mercado laboral de búsqueda” que ha supuesto el Premio Nobel de Economía 2010 para Diamond, Mortensen y Pissarides. Solo citaré, por su originalidad, aunque resulte políticamente incorrecto, uno de sus postulados: “Cuanto más generosas sean las indemnizaciones y prestaciones por desempleo más elevado es el paro y más largos son los tiempos de búsqueda (de empleo)”.

La reactivación de los mercados es el más eficaz motor de la economía, la demanda global requiere un aumento de la producción y esta genera a su vez una mayor necesidad de medios productivos humanos y tecnológicos.

Enunciado tan elementalmente, la cuestión parece sencilla, solo que el primer eslabón de la cadena, el mercado, es cada vez más exigente, existe una creciente competencia y no es fácil de conquistar. Si me lo permiten, expondré, para más claridad, una experiencia personal.

El sector azulejero de Castellón contaba en 1996 con 220 fábricas en un área geográfica que no abarcaba siquiera la extensión de la provincia. La producción conjunta de todas ellas era de unos 250 millones de metros cuadrados. Italia, primera potencia cerámica con una producción que doblaba a la española, 500 millones de metros cuadrados, (China llegaba a los 900 millones de metros cuadrados, pero no exportaba todavía), copaba gran parte de los mercados norteamericano, europeos y asiáticos. La clave estaba en el tipo de producto que españoles e italianos fabricaban. El azulejo italiano era muy superior en diseño y calidad y la relación calidad – precio mas ajustada que la de nuestra producción.

Transcurridos apenas cinco años, las producciones se habían igualado en 600 millones de metros cuadrados, las fábricas españolas invirtieron grandes cantidades de dinero en tecnología, diseño y mejora de la calidad de sus productos, introduciendo, en especial, el porcelánico cuyo mercado internacional correspondía por completo, hasta ese momento, a los italianos. Nuestras fábricas alcanzaron una media del sesenta y cinco por ciento de exportación y la demanda de mano de obra fue tan significativa que el sector llegó a emplear a mas de 25.000 personas entre directos e indirectos, muchos de ellos gaditanos.

No fue fruto de la casualidad: Los bancos creyeron en el sector y aportaron los imprescindibles créditos, los empresarios invirtieron en tecnología, investigación, diseño, calidad y marketing y los empleados adquirieron la capacitación tecnológica imprescindible. La demanda creció hasta el punto de hacerse necesario el trabajo a tres turnos, incluso los fines de semana para algunas secciones productivas.

Llegamos pues a la conclusión de que es el mercado el que impone su ley y ganar mercado supone la conjunción de esfuerzos, desde el Gobierno, con una política impositiva razonable que no grave mas de lo necesario la productividad, el imprescindible capital, haciéndose accesible, el empresariado, invirtiendo en investigación y desarrollo de sus empresas, aportando valor añadido a sus producciones y los sindicatos, defendiendo los legítimos intereses de los trabajadores sin perder la perspectiva del interés común que no es otro que el éxito y la pervivencia de la empresa.

Así se salió de la crisis de 1993, y si no es así, difícilmente saldremos de la que ahora nos agobia. Nada de eso se esta haciendo.

Un dato más. El Foro Económico Mundial publica anualmente el Índice de Competitividad Global. España ocupaba el decimotercer puesto en 2004, subiendo al duodécimo al año siguiente, 2005. El año pasado, 2009, ya habíamos caído al lugar 29 y en el avance de 2010, nuestro país ya no figura entre los 30 mas competitivos. Difícil situación, con tendencia a empeorar, si no se hacen las cosas correctamente.

La cleptocracia y el ocaso del mercado

Por Juan Manuel Blanco, profesor titular de Análisis Económico en la Universidad de Valencia.

Publicado en El Confidencial (26/11/2010 )

Hace unas semanas se publicaron los resultados de dos informes que merecen ser analizados. Por un lado, Doing business, del Banco Mundial, señalaba a España como uno de los países del mundo donde los emprendedores encuentran mayores trabas para abrir una empresa. Hasta diez complicados y larguísimos trámites burocráticos son necesarios para comenzar a operar un negocio. Por otro, según el índice de Transparency International, la corrupción política en España, ya endémica, había aumentado dramáticamente en el último quinquenio, degradándonos a puestos poco acordes con nuestro nivel de desarrollo material. Estos dos aspectos de la realidad, en apariencia inconexos, suelen presentarse conjuntamente: los países con más trabas, regulaciones, controles y exigencias de permisos a la actividad económica también suelen ser los más corruptos ¿Qué relación existe entre ambos fenómenos?

Hasta hace unos años se pensaba que la corrupción surgía como un recurso de la sociedad ante el exceso de regulaciones: una reaparición del mercado allí donde las autoridades, quizá bienintencionadas pero ignorantes, ponían barreras al desarrollo de la economía y a la creación de puestos de trabajo. Las diferentes administraciones irían generando miles de leyes, reglamentos, permisos o regulaciones muy difíciles de cumplir, incluso contradictorias entre sí, que ralentizarían la actividad económica y la creación de empresas. Sin embargo, gracias a unos oportunos sobornos, se lograría una aplicación muy laxa de estas regulaciones y una agilización de los trámites. Las comisiones pagadas a los políticos actuarían como un catalizador de la actividad económica aunque, a la postre, la carga se traspasase a los ciudadanos por el aumento de precio de las obras públicas, la vivienda y otros bienes.

La nueva visión de la corrupción

No obstante, pronto se reveló que esta visión benévola no era capaz de explicar la corrupción a gran escala. El fenómeno resultaba bastante más complejo y mucho más terrible, dañino y destructor. Y no constituía una salvación para el mercado sino, por el contrario, el germen de su desaparición. La corrupción no suele surgir como una estrategia del sector privado para sortear complicadas e insensatas regulaciones sino que son los gobernantes corruptos quienes establecen deliberadamente las trabas con el fin de crear nuevas oportunidades de enriquecimiento ilícito. Se trata de restringir la libre competencia imponiendo barreras a la entrada, de manera que las empresas que se establezcan (o comiencen ciertas actividades económicas, accedan a una licitación pública o consigan una recalificación del suelo) puedan obtener unas rentas no competitivas. Las normas o requisitos, fijados legalmente, deben ser lo suficientemente complejos o enrevesados como para permitir un fuerte grado de discrecionalidad en su aplicación. Así, las autoridades pueden, en la práctica, decidir libremente a quienes otorgan el privilegio mientras, en apariencia, cumplen las reglas. Pero el privilegio se otorga a cambio de un determinado pago al político o, más frecuentemente, al partido. Por tanto, la corrupción consiste en el reparto entre ciertas empresas y los políticos de las rentas no competitivas creadas por decisión deliberada de estos últimos.
La ausencia de una separación efectiva de poderes y la existencia de un régimen partitocrático constituyen un excelente caldo de cultivo para la corrupción, siendo España un buen ejemplo

La corrupción tiende a generalizarse cuando el régimen político carece de mecanismos eficaces de control del poder, permitiendo que el comportamiento discrecional y arbitrario de los gobernantes se ejerza sin apenas impedimentos. Así, la ausencia de una separación efectiva de poderes y la existencia de un régimen partitocrático constituyen un excelente caldo de cultivo para la corrupción, siendo España un buen ejemplo. Cuando el intercambio de comisiones y favores se generaliza hasta el punto de constituir la regla más que la excepción en las operaciones de cierta envergadura, las relaciones corruptas dejan de ser ocasionales para convertirse en estables y continuadas (tramas corruptas) y la frontera entre lo público y lo privado acaba difuminándose en beneficio de una clase política y ciertos empresarios que actúan en clara connivencia a costa del contribuyente. El régimen resultante suele denominarse cleptocracia. Los precios para la obtención de permisos y licencias (entre ellos, la controvertida recalificación del suelo) son bien conocidos por los participantes, así como las comisiones por la adjudicación de contratas públicas. No es necesaria la exigencia explícita de la contraprestación en cada caso pues todos conocen las reglas de juego y la forma de pago. Como consecuencia, las obras públicas suelen acarrear un coste final muy superior al que realmente corresponde, el valor del suelo queda sistemáticamente inflado y, si se privatizan empresas, éstas son vendidas a un precio muy inferior a su valor real. Muchas leyes, normas o disposiciones (estatales, autonómicas o municipales) que, a primera vista, parecen simplemente absurdas o contraproducentes, podrían tener como objetivo la creación de oportunidades adicionales de enriquecimiento para los partidos y para algunos dirigentes.

Las consecuencias de la cleptocracia

La cleptocracia genera una importante transferencia de rentas de los contribuyentes a los políticos y a ciertos grupos de presión cercanos al poder. Pero sus consecuencias son mucho más graves. Además de suponer una gran quiebra moral, la corrupción generalizada tiende a retorcer el espíritu de las leyes pues éstas acaban obligando y restringiendo a los ciudadanos pero dejan un amplio margen de actuación a los políticos. Crean también incertidumbre (desconfianza por parte de lo inversores extranjeros) e inseguridad jurídica, ya que las decisiones de las autoridades son imprevisibles, no ajustándose en realidad a las normas. Los principios de la competencia quedan en entredicho pues ésta se limita, en ciertos sectores, a aquellas empresas que gozan del favor oficial y, aunque algunas de ellas no desean participar en tan sucias actividades, acaban viéndose arrastradas debido a que el negocio queda cerrado para quien no paga el peaje. Desaparece así el fundamento del mercado ya que se prima a los menos honrados frente a los más competentes, con una gran pérdida de eficiencia, bienestar y posibilidades de crecimiento. Y el gasto público tiende a desviarse hacia aquellos proyectos que generan mayores comisiones para los partidos (generalmente las obras públicas) y no hacia aquellas necesidades sociales más perentorias. Muy típicas de las cleptocracias son las obras faraónicas.

Siendo tan graves las consecuencias de la corrupción generalizada, es necesario plantear y exigir unas reformas que establezcan los apropiados mecanismos de control del poder político, garanticen una efectiva separación de poderes y fijen unos sistemas adecuados de selección de los gobernantes. Y, sobre todo, determinen de forma inequívoca que el objetivo de las leyes debe consistir en garantizar la libertad de los ciudadanos y poner límites a la acción de los políticos y no al revés.

Mi visión del mundo, de Albert Einstein

El rincón de los libros recomendados

Por Ignacio Moreno Aparicio

“MI VISION DEL MUNDO” de Albert Einstein.
Fabula Tusquets Editores. 2009. 233 Págs.

Famoso por su Teoría de la relatividad, que vino a trastornar todas las concepciones previas sobre la gravitación, el cosmos, le geometría y, en general, toda la ciencia moderna, Albert Einstein fue, además de genio científico, un gran humanista; partidario de la convivencia pacífica entre los pueblos, observador atento y lúcido de la vida social y política de su tiempo y gran defensor de la libertad individual y del progreso, pero de un progreso que no fuera utilizado por los estados en contra de los individuos.

La primera parte de “Mi visión del mundo” recoge, casi a modo de diario, todos los escritos de Einstein en los que no sólo reflexiona sobre su propia vida, sino también sobre la sociedad, la religión, la política y la economía. En la segunda parte, el lector encontrará los textos en que Einstein expone en términos muy sencillos y al alcance de todo el mundo, como nadie mejor que él mismo podría exponer, como nació y que es la teoría de la relatividad.
Comienza el maestro diciendo, “Curiosa es nuestra situación de hijos de la Tierra. Estamos por una breve visita y no sabemos con qué fin, aunque a veces creemos presentirlo. Ante la vida cotidiana no es necesario reflexionar demasiado; estamos para los demás. Ante todo para aquellos de cuya sonrisa y bienestar depende nuestra felicidad; pero también para tantos desconocidos a cuyo destino nos vincula una simpatía.”
“Pienso mil veces al día que mi vida externa e interna se basa en el trabajo de otros hombres, vivos o muertos. Siento que debo esforzarme por dar en la misma medida en que he recibido y sigo recibiendo. Me siento inclinado a la sobriedad, oprimido muchas veces por la impresión de necesitar del trabajo de los otros. Pues no me parece que las diferencias de clase puedan justificarse; en última instancia reposan en la fuerza. Y creo que una vida exterior modesta y sin pretensiones es buena para todos en cuerpo y alma”.

“No creo en absoluto en la libertad del hombre en un sentido filosófico. Actuamos bajo presiones externas y por necesidades internas. La frase de Schopenhauer; “Un hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere”, me bastó desde la juventud. Me ha servido de consuelo, tanto al ver como al sufrir las durezas de la vida, y ha sido para mi una fuente inagotable de tolerancia. Ha aliviado ese sentido de responsabilidad que tantas veces puede volverse una traba, y me ayudó a no tomarme demasiado en serio, ni a mi mismo ni a los demás. Así pues, veo la vida con humor”.

La "voracidad" del mercado

Por Javier Benegas, experto en branding y comunicación

Publicado en El Confidencial

Hace algo más de dos años, cuando unos pocos afirmábamos que con las inyecciones de dinero público en el sistema financiero se estaban sentando las bases de la quiebra de los estados, más de uno nos tachó de locos. La respuesta que se nos daba era que “los estados no quiebran”, sin más argumento. Hoy vamos por la segunda quiebra de un estado, si descontamos Islandia y el estado de California, claro.

No voy a enumerar la barbaridades cometidas en Europa desde la catástrofe financiera de 2008 hasta hoy, tediosa tarea que delego a los economistas como penitencia. Pero sí voy a poner el foco en los responsables de la catástrofe. Y, para ello, antes es preciso dejar bien claro que nada tiene que ver el liberalismo con todo este monumental desastre. Resulta hiriente oír semejante falacia cuando, primero, restringen el mercado (políticos, reguladores y banqueros) y, luego, le culpan de su mal funcionamiento. Ya puestos, es hora de terminar con el imperio de la mentira.

Como punto de partida, me hago eco de un reciente artículo de Simon Johnson, publicado en Bloomberg a propósito de la quiebra de Irlanda que no tiene desperdicio. En el alude Johnson, entre otras cosas, a “la maraña de conexiones entre políticos, banqueros y promotores inmobiliarios que provocaron el frenesí de crecimiento y posterior colapso de la economía irlandesa”, cuestión esta que es perfectamente aplicable a otros países, incluido España. Añade también que “puede que los principales defensores de la globalización financiera sin frenos estuviesen en las últimas décadas en el Tesoro de Estados Unidos, pero fueron los bancos europeos los que en realidad se tornaron demasiado grandes con respecto a sus economías. En el camino ‘capturaron’ a sus reguladores y cometieron actos increíblemente irresponsables”. Ahí es nada. Mención aparte merece la hipótesis que plantea Johnson de que quizá al final tenga que ser China, con sus dólares, la que salve a Europa. Lo que pondría no ya a nuestras economías a los pies de un monstruo totalitario sino que, aún peor, daría el golpe de gracia a la democracia, cuestionándola como sistema político con alguna proyección de futuro. Y esto sí que es para echarse a temblar.Pero aquí, la versión oficial alude ahora a que “la voracidad de los mercados” es la responsable última de una de las mayores injusticias sociales y atropellos cometidos contra los ciudadanos en la historia moderna. Esos mercados, depredadores, perversos y crueles que, muy oportunamente, no tienen rostro ni nombres propios - al contrario que los políticos, reguladores y banqueros -, van a llevarse por delante gran parte de nuestras jubilaciones, los puestos de trabajo y empresas que aún quedan en pie y van a reducir nuestras rentas y patrimonios a la mínima expresión. Es el famoso “ajuste inevitable”: una ceñida de cinturón que nos va a dejar literalmente sin respiración.

Estos tipos del FMI, o cualesquiera otros que pudieran ejercer el papel llegado el caso, no son activistas humanitarios de una ONG. Vendrán a prestar lo justo para evitar el default. Y no sólo lo cobrarán a precio de oro sino que ejercerán de férreos albaceas
Antes o después, debido a “la voracidad de los mercados”, de forma oficial o disimuladamente, el FMI, o la UE, o Alemania, o EEUU o China, o todos a una, aterrizarán sobre este país exhausto para darnos la puntilla, y meterán mano a los subsidios de desempleo y otros derivados, a la sanidad “gratuita” y universal (que no es gratuita sino que se paga con nuestros impuestos) y quién sabe si también a la educación pública. Porque estos tipos del FMI, o cualesquiera otros que pudieran ejercer el papel llegado el caso, no son activistas humanitarios de una ONG. Vendrán a prestar lo justo para evitar el default. Y no sólo lo cobrarán a precio de oro sino que ejercerán de férreos albaceas.

Españoles de tercera

Por si fuera poco, dadas las circunstancias, un gran número de españoles van a perder sus derecho a pensión o tendrán que jubilarse más tarde de los previsto, al verse imposibilitados de cotizar durante estos “dolorosos” años (no sabemos ni cuántos). En el futuro, y si nada lo remedia, habrá en España una enorme bolsa de ciudadanos de tercera, la mayoría de ellos ancianos, que subsistirán en condiciones más que lamentables. Y otros muchos, o bien aceptarán pensiones miserables, o bien se verán obligados a trabajar más allá de los 70 años de edad, lo exija la ley o no.

Como breve destello de esperanza, un pequeño grupo de combate, compuesto de una serie de grandes empresarios y expertos, ha plantado cara a la situación - a “la voracidad de los mercados” - y han redactado un espléndido manifiesto que, con cuestionable audacia, han elevado a Su Majestad el Rey. Lamentablemente, han tardado un tiempo precioso en estampar su firma al pie de una serie de propuestas que llevan bullendo en la sociedad civil desde mucho tiempo atrás. Ya es demasiado tarde. Lo que tiene que ocurrir no se remedia a estas alturas ni con la dimisión en bloque del Gobierno. Pese a todo, bienvenida sea la iniciativa. Ojalá, algún día no muy lejano, esas propuestas se trasladen del papel a la realidad.

Ahora sólo queda empezar a decir la verdad. Los españoles estamos abocados a una terrible travesía, cuyo final es más que incierto. Y, al menos, merecemos no ya un Gobierno que no nos mienta, sino unas élites que asuman no sólo su responsabilidad sino también sus pérdidas. Esta crisis no es sólo una crisis importada de EEUU que ha devenido en global, frente a la que poco a nada se haya podido hacer. Es, sobre todo, una crisis promovida por personajes de una irresponsabilidad sin precedentes, que tienen cara, nombre y apellidos. “La voracidad del mercado” no es más que un mal remake del hombre del saco, un cuento para que los niños cierren lo ojos, se duerman y no den la lata.

El Rey que se ganó la corona

Por Miguel Ángel Aguilar

Publicado en El País (23/11/2010)

Se cumplieron ayer 35 años de la proclamación de don Juan Carlos como Rey por aquellas Cortes orgánicas, las que había. Sus palabras de entonces encendieron la concordia. Los españoles entendieron el mensaje. Para desesperación de ciertos hispanistas en lugar de comportarse como apasionados mediterráneos y apuntarse a la exasperación unamuniana, prefirieron adoptar la actitud de fríos ribereños del Báltico. Decidieron emprender el camino de la racionalidad y del diálogo. El dictador había muerto en la Clínica de la Paz de la Seguridad Social en la madrugada del 20-N, una vez desenchufado por su yerno, el marqués de Villaverde, al frente de la última versión del equipo médico habitual. Había resultado imposible sostenerle con vida unos días más, los que faltaban para que hubiera sido prorrogado por aquel Consejo del Reino como presidente de las Cortes, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, en quien tantas esperanzas tenían depositadas los que anidaban en el búnker.

En las tribunas de invitados aquel sábado 22 brillaba, casi en solitario, el general Pinochet con uniforme de gala. Las representaciones extranjeras quisieron evitar su presencia porque se hubieran visto obligadas a mezclarse con las exequias del dictador. El ambiente era desolado y el falangista de estricta obediencia Rodríguez Valcárcel lo enrareció aún más cuando al final de la sesión gritó de modo estentóreo y fuera de programa "desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el Rey!". Don Juan Carlos, que se estrenaba como capitán general, y doña Sofía se encaminaron desde el hemiciclo a la capilla ardiente, dispuesta en el salón de columnas de Palacio, donde se encontraba desde el mediodía del jueves 20 el cadáver de Franco. Al día siguiente, domingo, fue enterrado el que se proclamaba Caudillo en su tumba faraónica del Valle de los Caídos, con misa de campaña previa en la Plaza de Oriente, armón de artillería y demás pompas fúnebres y honores de ordenanza.

Todo estaba en el aire. Solo era firme el propósito de don Juan Carlos de ser el Rey de todos los españoles, de renunciar a los poderes excepcionales que recibía y preparar el advenimiento de la democracia. Su reinado empezaba con renuncias. Una de las primeras, la del derecho de presentación de obispos que figuraba en el Concordato con la Santa Sede suscrito por el régimen. Los militares se sentían depositarios de la continuidad. Franco había dicho en 1961 en el cerro de Garabitas ante una concentración de excombatientes, ansiosos de garantías de perennidad del régimen, aquello de "todo quedará atado y bien atado, bajo la guardia fiel de nuestro Ejército". Era precisa una transferencia de lealtades, la oficialidad había sido formada en la adhesión a Franco pero debía en adelante sentirse parte de las Fuerzas Armadas, obedeciendo al Rey como su jefe supremo.

El cambio era una operación dificilísima. No hubo tregua alguna, ETA arreciaba en sus atentados, dispuesta a provocar el pronunciamiento de los golpistas. Los de la extrema derecha, tampoco daban cuartel. Los hoy tan queridos Polisarios la emprendían contra los nuestros en Fosdbucrá o en el banco pesquero canario-saharaui. Cundía la impaciencia y los intentos churriguerescos de Fraga y Arias Navarro por retorcer las improrrogables Leyes Fundamentales para darles apariencias democráticas se averiguaban imposibles. Se apostó por el aventurado camino de ir de la ley a la ley, pasando por la ley. Por primera vez, como jefe del Estado, don Juan Carlos viajaba a París o a Washington y todos empezábamos a sentirnos orgullosos de vernos aceptados por la familia democrática. Se legalizaron los partidos y los sindicatos, se promulgó la amnistía en todas direcciones. Tuvimos las primeras elecciones generales libres en 1977, que resultaron ser constituyentes. Hubo graves sobresaltos, entre ellos el de la intentona del 23 de febrero de 1981. El Rey fue decisivo para que los del golpe fracasaran y aquella noche se ganó la Corona.

España se adhirió a la Unión Europea, permaneció en la OTAN y redujo mediante una negociación ejemplar la presencia militar norteamericana en su suelo. Nuestro país lanzaba iniciativas y era tenido en cuenta. Sacábamos lo mejor de nosotros mismos y éramos un ejemplo envidiado para otras transiciones en marcha. Los momentos de euforia fueron seguidos de otros de desencanto pero prevalecía la idea de que juntos seríamos capaces de superar las nuevas dificultades. Ahora se diría que hemos dejado que prenda el antagonismo en detrimento propio. En todo caso, en el 35º aniversario de ayer el Rey merece nuestra gratitud. Dicho queda para los que han llegado después y piensan que todo nos fue dado por añadidura.

Republicanismo en Andalucía: el decreto de ordenación del sector público

Francisco Sosa Wagner es catedrático de Derecho Administrativo y eurodiputado por Unión, Progreso y Democracia (UPyD)

Publicado en El Mundo /23/11/2010

Los funcionarios públicos andaluces están sobre ascuas pues acusan a los políticos de arrimar el ascua a su sardina a la hora de diseñar un modelo de Administración que implicará, a la larga, un personal público de nuevas hechuras. El revuelo parte de la aprobación por el Consejo de Gobierno del Decreto-ley 5/2010 de 27 de julio que contiene medidas urgentes en materia de reordenación del sector público andaluz. Una norma esta que podríamos calificar de «amalgama» con pretensiones jurídicas pues en ella se mezclan las churras de la inestabilidad financiera con las merinas de la dinamización del patrimonio agrario de Andalucía.

¿Qué es lo que llama la atención al lector de este Decreto-ley? Pues, ante todo, el hecho de la forma jurídica seleccionada. Y es que se convendrá conmigo que gobernar por «decreto-ley» es una tentación muy poco democrática que desde luego se aviene mal con aquellos que han hecho bandera ideológica de la «democracia deliberativa» y del republicanismo de Philip Petit. Es verdad que otro irlandés, Oscar Wilde, dejó escrito que lo mejor que podemos hacer con la tentación es caer en ella pero tampoco es necesario seguir a Wilde a pies juntillas en achaques de gobierno. Porque, ¿qué dirá el Petit que sostiene que «el Estado debe exponer continuamente sus decisiones al debate ciudadano» cuando lea la edición del BOJA del pasado 28 de julio? En su próximo viaje por España para evaluar la acomodación de la política española a sus reflexiones, será mejor que se le evite el disgusto de visitar Andalucía, una tierra en la que se traicionan sus postulados más queridos y más sabiamente formulados.

Porque es bien cierto que un decreto ley escamotea el debate y lo escamotea allí donde la democracia se nos presenta en carne mortal, es decir, en el Parlamento. Sólo motivos de urgencia pueden justificar el recurso a esta forma heterodoxa de gobernar, lo que no es el caso pues la propia Exposición de Motivos se ve obligada a razonar pobremente balbuciendo que «en el conjunto, y en cada una de las medidas que se adoptan concurren, por la naturaleza y finalidad de las mismas, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 110 del Estatuto de Autonomía...». A esto se llama en términos del discurso lógico, según recuerdo borrosamente del bachillerato, petición de principio que cobra nueva dimensión cuando se añade que «este proceso de reordenación del sector público persigue no solo una mayor racionalización del gasto sino que además se dirige a incrementar la eficiencia en la prestación de servicios a los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía». Se comprenderá que tal afirmación, por su descomprometida vaguedad, se puede aplicar indistintamente a cualquier roto o a cualquier descosido del que sea autor un gobernante. Como lo es la afirmación según la cual «este proceso de racionalización ha de conseguir que el sector público se convierta en un agente económico ágil y cercano a la ciudadanía y al tejido productivo». Quienes ya, ay, peinamos abundantes canas podemos afirmar que los burócratas de los planes de desarrollo de López Rodó no lo hubieran escrito mejor.

No, señores gobernantes andaluces. El Decreto ley 5/2010 contiene un modelo alternativo que extrae del acervo de la tradicional Administración pública un conjunto de funciones y servicios para confiarlos a unas nuevas organizaciones parapúblicas en las que se huele a distancia el guisote de la privacidad. Se puede creer en ellas como mejores y más eficaces, aunque resulta raro cuando se gobierna bajo el pabellón socialdemócrata, pero la apuesta por un cambio de tal magnitud no puede hurtarse a la voluntad popular representada en el Parlamento. Y presentarla en público tapando sus vergüenzas con la escueta hoja de parra de un decreto-ley.

De otro lado, a la vista de su articulado, no se sabe a ciencia cierta qué va a quedar en manos de las tradicionales consejerías, orientadas en el futuro a componer el simple decorado de un escenario más bien inane. Como la ley de Gresham nos enseña que la moneda mala expulsa a la buena, me preocupa que el ejemplo andaluz cunda y, por eso, pienso que sería bueno formular al Tribunal Constitucional la pregunta de si una operación de este calibre envuelta en el endeble celofán de un decreto-ley se ajusta a nuestro orden jurídico. Aunque sus entrañables magistrados contesten según los plazos geológicos que suelen manejar, su respuesta podría acaso evitar males desparramados por las tierras de España.