LOS NOMBRES DE LAS COSAS

Rafael Navas Renedo, publicado en el Diarío de Cádiz el domingo 28 de abril de 2013.


POR qué lo llaman movilización cuando quieren decir vandalismo? ¿Por qué se habla de acto de protesta cuando se trata de un sabotaje? ¿Dónde está la reivindicación de unos trabajadores cuando lo que vemos es un acto protagonizado por salvajes? La perversión del lenguaje es una realidad establecida que está haciendo mucho daño a este país. Cuando a las cosas no se las llama por su nombre y se saca un catálogo de eufemismos políticamente correctos, se dibuja interesadamente el escenario de un mundo que no existe. Con independencia del objetivo que buscaban, los autores materiales de los destrozos en el puente Carranza el pasado jueves son unos delincuentes y denominarlos de otra forma sólo contribuye a prolongar el problema y a hacerle un flaco favor al colectivo al que creen representar.

El vocabulario político y sindical está lleno de palabras y expresiones que disfrazan los hechos a conveniencia. Desgraciadamente, la crisis ha enriquecido el diccionario de las ambigüedades, perífrasis y los circunloquios porque hablar claro, describir con crudeza lo que pasa, cada vez cuesta más a quienes subsisten a base de réditos electorales. Y lo cierto es que han conseguido el objetivo de que en muchas ocasiones los ciudadanos acabemos utilizando ese lenguaje dañino a base de escucharlo repetitiva y machaconamente.

Que a la masiva emigración de jóvenes españoles la denomine la ministra de Trabajo "movilidad exterior" es uno de los ejemplos más recientes de todo esto. Tal vez,en el Gobierno creen que, arrinconando determinadas palabras del diccionario, van a causar mejor respuesta en los mercados y menos sufrimiento en los ciudadanos. Pero se equivocan. Lo que al final consiguen con ello es incrementar la indignación entre una población que, es posible, se encuentre bastante hastiada, pero que no es tonta.

En el Consejo de Ministros del pasado jueves no se aumentaron los impuestos, sino que hubo "novedades tributarias". La invasión de neologismos parece no tener fin en la presente legislatura, cuando creíamos que aquella resistencia de Zapatero a hablar de crisis en la anterior era una conducta aislada. Gobernar, lo estamos viendo de nuevo, acaba conduciendo a un ejercicio de camuflaje de la realidad cuando ésta es incómoda o desagradable. Desahucios, rescate financiero, repago (en lugar de copago), amnistía fiscal, subida del IVA, privatización, abaratamiento del despido y un largo etcétera son palabras prohibidas para quienes han sido elegidos por los ciudadanos para que les digan la verdad. Sin tapujos.

Hace unos días se celebró el Día del Libro, la fiesta de las letras que invita a la lectura. El Diccionario de la Lengua Española es la mejor herramienta para saber qué es lo que realmente está pasando, un manual de supervivencia para tiempos difíciles

SON LAS ADMINITRACIONES PUBLICAS, ESTÚPIDO

Pilar Cernuda, publicado en el Diario de Cádiz el sabado 15 de Abril de 2013


LA frase que sirvió de símbolo a la campaña de Clinton contra Bush padre, "es la economía, estúpido", podría transformarla este Gobierno en "son las administraciones públicas … ", pero Rajoy y su equipo se han encontrado con una pared: la unanimidad de los alcaldes a que se meta mano a la estructura y competencias de los ayuntamientos, y a la animosidad que se ha visto en gobiernos regionales, mancomunidades, diputaciones y cabildos para aceptar el proyecto que se elaboró al principio de la legislatura, y analizó el Consejo de Ministros el pasado febrero.

Rajoy no ha encontrado el valor suficiente para imponerse a quienes han puesto pie en pared para defender sus derechos, visualizada en la Federación Española de Municipios y Provincias, que se resisten a la idea del Gobierno de poner orden en las estructuras locales, reducirlas, controlar el exceso de personal, poner tope a los sueldos en función del número de habitantes y racionalizar las estructuras. En Suecia se han reducido los ayuntamientos a un tercio, España cuenta con el mismo número de ayuntamientos que Alemania con el doble de habitantes, Italia ha reducido a la mitad el número de sus provincias y en Estados Unidos sólo las grandes ciudades cuentan con alcaldes elegidos por los ciudadanos, el resto tiene gestores municipales que administran los ayuntamientos y no dependen de los partidos políticos. En España hay municipios con unos pocos miles de habitantes que se niegan a compartir servicios con el ayuntamiento situado a media docena de kilómetros, se han creado infraestructuras de mancomunidades que no tienen sentido, se han duplicado y triplicado competencias y los alcaldes y concejales se han rodeado de asesores que hacen poco más que ganar buenos salarios, porque ya existen funcionarios que asumían esas atribuciones.

La gente está realizando sacrificios a veces inhumanos para paliar los efectos de una crisis absolutamente devastadora. No es justificable que los políticos municipales se nieguen a aceptar una reforma indispensable. Sin ella, jamás cuadrarán las cuentas. El Gobierno ha advertido que presentará el proyecto antes del verano: a ver si se atreve a hacerlo, y a ver si se atreve a presentarlo en los términos en los que lo había redactado inicialmente antes de las presiones de sus altos cargos municipales y autonómicos.

DEFENSA DESAPASIONADA DE LA MONARQUIA

Ángel Rodríguez publicado en el Diario de Cádiz el domingo 14 de abril de 2013

                     HOY, a los 82 años de su proclamación, somos muchos los que aún llevamos la República en el corazón. Algunos también llevamos la monarquía parlamentaria en la cabeza, lo cual no deja de ser una paradoja por partida doble: primero, porque se supone que nada debería ser menos pasional que la República, culminación de la aspiración ilustrada de someter el poder político al dictado de la razón; segundo, porque se supone que nada debería ser menos racional que la monarquía, que hunde sus raíces en las supersticiones oscurantistas del origen divino del poder. ¿Qué ha pasado en nuestro país para que la opción republicana se haya vuelto más sentimental que racional y la monarquía haya logrado rodearse de una racionalidad que siempre le ha sido ajena?


                  Como todo lo que comienza levantando grandes expectativas, dura poco y acaba trágicamente, la República terminó convirtiéndose en un mito. Y como todos los mitos, sus aspectos positivos (¡y vaya si los tuvo!) han oscurecido los negativos (por cierto, entre estos estaba la figura del jefe del Estado, que fue mal diseñada por la Constitución republicana y salió peor parada cuando se puso en práctica). El mito ha hecho que quedara oscurecido, sobre todo, su principal defecto: que terminó mal.


                Cierto que fue el golpe fascista de Franco el que causó su derrumbamiento final, pero, como el propio Azaña dejó escrito, la República difícilmente habría sobrevivido si la Guerra Civil la hubieran ganado los nuestros. La guerra en la que un bando vio el medio para terminar con la democracia republicana era vista por muchos de los que combatían en el otro como la gran oportunidad para poner fin a un régimen burgués. Unos luchaban por el fascismo y otros por la revolución; juntos, fueron más que los que lo hicieron por la República.


             Que el experimento republicano saliera mal no empañó en absoluto su carácter mítico, muy al contrario: le rodeó de la épica necesaria para consolidarse. Pero desde que los historiadores han desentrañado sus entresijos, le han crecido las dificultades para poder ofrecerlo como un precedente exitoso de forma de gobierno. Como todos los mitos, la adhesión al mismo se explica, sobre todo, por razones sentimentales. Lo que nos apasiona de la República no son sus resultados, sino sus valores.


          Al contrario que la República, la reinstauración de la Monarquía no levantó grandes expectativas ni suscitó grandes adhesiones. Aunque impuesta por Franco, pronto supo encontrar un nuevo fundamento, el mismo que iba a dotar de legitimidad al nuevo régimen democrático alumbrado tras el franquismo: el compromiso, el pacto, el consenso. La transición fue, entre otras muchas cosas, el escenario del armisticio finalmente firmado entre los hijos de los que ganaron la guerra y los hijos de los que la perdieron.


          Dotar de un fundamento racional a la monarquía que ahora tenemos entraña, sin embargo, una dificultad mayor que revelar las pasiones que afectaron a la República que tuvimos. Lo es porque el canon de racionalidad no puede ser otro que el democrático, y nada menos democrático que una Jefatura del Estado no elegida por el pueblo. Pero, sorprendentemente, la monarquía parlamentaria ha sabido encontrar su papel para contribuir a que la democracia funcione mejor: gracias a que existe una Jefatura del Estado que se sitúa por encima de la lucha política, la confrontación partidista puede desplegarse sin temor a que todo el sistema se venga abajo. La condición para que sea compatible con la democracia es que el Rey, puesto que no es elegido, no ejerza poder alguno.


                  Nuestra democracia, como todas, descansa en un sutil equilibrio entre el consenso y el conflicto. El acuerdo en las reglas del juego (la Constitución) es imprescindible para que el desacuerdo pueda llegar, con la intensidad que sea necesaria, en todo lo demás. En una monarquía parlamentaria, el Rey está en una mejor posición institucional para representar ese espacio de consenso básico. El carácter no electivo no es aquí un obstáculo, sino, más bien, una ventaja. No creo que ninguno de los presidentes del gobierno que hemos tenido hasta ahora hubiera podido hacer un mejor papel si en lugar del gobierno hubieran tenido que presidir la República.


                Nuestra monarquía, en definitiva, ha propiciado que se cumplan los ideales de la República (que impere la voluntad democrática del pueblo) sin que asomen los peligros que terminaron con ella (que el conflicto político inunde el necesario espacio básico del acuerdo). Es cierto que la República del siglo XXI no tendría por qué afrontar los mismos riesgos, pero dudo que merezca la pena comprobar cuáles podrían ser los nuevos. La suma de un monarca hereditario que simboliza lo que todos tenemos en común y un gobierno democráticamente elegido que lleva a la práctica lo que decide la mayoría ha funcionado, al menos hasta ahora, razonablemente bien. Lo mejor que nos podría ocurrir es que, con los cambios que hubiera menester, siguiera funcionando así en el futuro. Sin levantar pasiones, es cierto. Pero hay muchos terrenos en donde la pasión suele jugar un mejor papel que en la política.

DEMÓCRATA LO SERAS TÚ

Pablo Bujalance, publicado en el Diario de Cádiz el lunes 08 de abril de 2013


                    EL asunto de los escraches, lejos de perder fuelle, continúa bien álgido a costa, esencialmente, de decisiones y declaraciones desafortunadas esgrimidas desde uno y otro bando. Como decía un tío mío bastante escéptico, hay bocazas donde hay micrófonos. La corriente, por llamarla de alguna manera, ha servido en bandeja a quienes la impulsan y a sus contrarios la posibilidad de dejar bien claro de cara a la galería en qué consiste, según sus particulares criterios, actuar como un verdadero demócrata y en qué consiste todo lo contrario.

                    La opinión mayoritaria no ha tardado en situar los escraches fuera de cualquier consideración democrática. Y esto es razonable: el hostigamiento personal al político en la puerta de su domicilio, que terminan pagando injustamente sus familiares, es rechazable en todos los términos. Pero conviene analizar el modo en que algunos de los señalados, todos ellos del PP, han señalado a su vez a los practicantes del escrache como antidemócratas. Porque esto también refleja, con cierta eficacia, lo que ellos piensan de la democracia.


                      Como es bien sabido, los populares no han dudado en comparar a los de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca con nazis y etarras. Y lo han hecho de una manera radical, absoluta, sin dejar lugar a los grises: insinuando la existencia de vínculos con organizaciones criminales y, lo que es aún más significativo, considerándose a sí mismos víctimas de implacables pogromos. Si hubieran querido ir más lejos en su demonización, sencillamente no habrían podido. Pero al dar coartada a semejantes argumentos, los señalados demuestran una abultada torpeza.


                 Deberían saber que cuando se lanza una acusación de este calibre, lo más fácil es que el tiro salga por la culata. Y también deberían recordar que Hitler ganó sus elecciones en Alemania gracias a un programa electoral lleno de bondades que luego no tuvo inconveniente en tirar a la basura. Y de la palabra de Batasuna y ETA ya sabemos lo que podemos esperar. Así que, si se trata de comparar, a lo mejor podríamos comparar al Gobierno de Rajoy, que ha incurrido en el deshonor dudosamente democrático de traicionar punto por punto el programa con el que llegó a la silla, con lo uno y lo otro.

             El verdadero problema de todo esto, más allá de las comparaciones baratas, es que los políticos no están demostrando mucha sensibilidad ante el sufrimiento de aquellos para los que gobiernan. Y el dolor no atendido no suele preocuparse por si parece o no democrático cuando se manifiesta

DESHAUCIIOS: EUROPA, 1; ESPAÑA, 0

ANA M. CARMONA CONTRERAS publicado en el Diario de Cádiz el domingo 31.03.2013



QUE la legislación hipotecaria tienda a beneficiar la posición de la banca frente a la de los deudores se configura, por lo general, como un elemento característico de la misma. Ahora bien, que esa tendencia se convierta en abierta preferencia por la posición contractual de los bancos en claro detrimento de los derechos de los hipotecados que no pueden afrontar sus obligaciones de pago se afirma como una peculiaridad española.

Una somera lectura de las normas que regulan la cuestión en nuestro país no deja resquicio a la duda. Porque si se deja de pagar la deuda contraída con el banco, se inicia un procedimiento judicial que terminará irremisiblemente con el desahucio del inmueble del hipotecado. Quien no está al corriente de sus pagos no sólo es expulsado de su vivienda, que es adquirida por la entidad bancaria por el 50% de su valor de tasación. Además, habrá de seguir haciendo frente a la deuda pendiente y, asimismo, abonar los gastos producidos en el curso del procedimiento de desahucio.

Con el estallido de la crisis económica y las crecientes dificultades de un número cada vez mayor de familias para hacer frente al pago de la hipoteca de su vivienda, el índice de desahucios ha crecido de forma espectacular, poniendo claramente de manifiesto los estragos causados por una legislación necesitada de un profundo replanteamiento. La falta de sensibilidad gubernamental ante esta acuciante problemática social ha sido contumaz, puesto que al clamoroso inmovilismo del Ejecutivo de Zapatero, que nada hizo al respecto, ignorando completamente la cuestión durante dos legislaturas, ha venido a sumarse la timorata respuesta que, constreñido por la magnitud de la protesta ciudadana, ha ofrecido el Gobierno de Rajoy.

En primer lugar, aprobando un más que tibio Código de buenas prácticas que sólo protege de las ejecuciones hipotecarias a un número extraordinariamente reducido de afectados. Y después, ante el alud de críticas recibidas, procediendo a votar a favor de la admisión a trámite en el Congreso de una iniciativa legislativa popular promovida por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas. Dicha iniciativa, entre otras medidas, propone la figura de la dación en pago así como la paralización de los desahucios de la vivienda habitual cuando el impago de la hipoteca sea por motivos ajenos a la voluntad del deudor.

Planteada la necesidad de cambio ante un legislador literalmente obligado a debatir la referida iniciativa en medio de un nivel de rechazo social que crece día a día a un ritmo exponencial, la primera y -hasta el momento- más contundente respuesta jurídica ha venido de la mano del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ante la cuestión prejudicial formulada por un juzgado de Barcelona, el Tribunal de Luxemburgo ha concluido que la ley española vulnera la normativa comunitaria de protección de los consumidores. Así se deduce del hecho de que, una vez iniciado un proceso de ejecución hipotecaria, éste siga su curso y concluya con el desahucio a pesar de que el deudor haya denunciado en vía judicial el carácter abusivo de las cláusulas del contrato que se le está aplicando.

En tales situaciones, la ley española no atribuye a los jueces ningún mecanismo que permita neutralizar la conclusión del proceso de desahucio hasta tanto se determine si las cláusulas denunciadas resultan o no abusivas. Antes bien, constatado el abuso, la única solución prevista es la indemnización y no la recuperación del inmueble. Siendo este el desenlace obligado, constata el Tribunal de la Unión la existencia de una situación de "desequilibrio importante" en la posición del consumidor que resulta contraria a las exigencias de la normativa europea.

El varapalo de Luxemburgo al sistema español de ejecuciones hipotecarias ha sido rotundo y no admite paliativos. Toca ahora al Parlamento ajustar nuestra legislación a las exigencias formuladas por el ordenamiento europeo, reforzando la posición del deudor frente a la hasta ahora incontestable hegemonía de las entidades bancarias. En un momento en el que el rechazo a la Unión alcanza en la sociedad española unas cotas de intensidad hasta ahora desconocidas, resulta imprescindible reivindicar la fundamental tarea desarrollada por el Tribunal de Justicia en pro del desarrollo y la protección de los derechos individuales en el espacio de la Unión. Porque no cabe duda de que, gracias a la sentencia aludida, el derecho constitucional a una vivienda digna, en su vertiente de no ser despojados de la misma de forma prácticamente automática ante la imposibilidad objetiva de seguir pagando la hipoteca, está en vías de experimentar una imprescindible mejora.