(José Aguilar en el Diario de Cádiz, el 22.07.2012)
CIFRAS en mano se puede afirmar que el recortazo de Rajoy no ha sido equilibrado. El objetivo de reducir el déficit se ha buscado más mediante el aumento de los ingresos del Estado que a través de la disminución de sus gastos.
Cierto que el tajo a los sueldos de los funcionarios, quizás víctimas propiciatorias porque están muy a mano, ha sido considerable, pero cuantitativamente inferior a lo que se prevé recaudar por la subida de los impuestos, en particular el regresivo IVA. Lo que sí es un hecho es que el Estado que ha puesto a dieta a millones de españoles no está dispuesto a adelgazar casi nada sus estructuras.
Habíamos quedado en que hay un exceso de organismos, una inflación de empresas públicas, sociedades, fundaciones, observatorios y demás, bien porque sus funciones se solapan con otros ya existentes, bien porque se dedican a objetivos prescindibles. Lo que sí suelen ser es caros. Hasta ahora pocos parecen llamados a desaparecer a nivel nacional, y menos en las comunidades autónomas. Por ahí sí que estaría más que justificado un tajo profundo.
Cierto que cada órgano que se hace desaparecer supone empleados que van a ser despedidos, o reconvertidos. Se pierde lo que algunos sindicalistas desahogados llaman empleo de calidad: empleo de productividad incontrolada y regulado por convenios espectacularmente onerosos para las arcas públicas, concedidos por administradores más pendientes de su tranquilidad gerencial que del hecho de que cada mejora más o menos justificada ha de salir de los impuestos de los contribuyentes.
No es por señalar, pero consideremos el caso de Canal Nou, la televisión autonómica valenciana. Sus actuales gestores han tomado una medida brutal: despedir a 1.295 de los 1.605 trabajadores en plantilla. Tres de cuatro trabajadores, a la calle. El ERE que acaban de presentar es una respuesta laboralmente nefasta a una situación socialmente peor (desde el punto de vista del interés público), la de una de las cadenas de televisión más costosas que se conocen. En los últimos tiempos ha perdido una media de 300 millones de euros anuales, asumidos por los valencianos todos a través de la Generalitat pagana. Cuando su control lo cogió el PP -el mismo que ahora despide al ciento y la madre- tenía una plantilla tres veces menor a la actual y desde entonces ha multiplicado sus números rojos por cuarenta. Y sin poder escudarse en la monserga de ser la televisión propia de los valencianos: su audiencia es del 5%. De cada cien valencianos 5 la consideran suya, 95 prefieren ver otras cadenas.
Soy de los que defienden lo público, siempre que podamos costearlo. Nunca a costa de la ruina de la mayoría.
Cierto que el tajo a los sueldos de los funcionarios, quizás víctimas propiciatorias porque están muy a mano, ha sido considerable, pero cuantitativamente inferior a lo que se prevé recaudar por la subida de los impuestos, en particular el regresivo IVA. Lo que sí es un hecho es que el Estado que ha puesto a dieta a millones de españoles no está dispuesto a adelgazar casi nada sus estructuras.
Habíamos quedado en que hay un exceso de organismos, una inflación de empresas públicas, sociedades, fundaciones, observatorios y demás, bien porque sus funciones se solapan con otros ya existentes, bien porque se dedican a objetivos prescindibles. Lo que sí suelen ser es caros. Hasta ahora pocos parecen llamados a desaparecer a nivel nacional, y menos en las comunidades autónomas. Por ahí sí que estaría más que justificado un tajo profundo.
Cierto que cada órgano que se hace desaparecer supone empleados que van a ser despedidos, o reconvertidos. Se pierde lo que algunos sindicalistas desahogados llaman empleo de calidad: empleo de productividad incontrolada y regulado por convenios espectacularmente onerosos para las arcas públicas, concedidos por administradores más pendientes de su tranquilidad gerencial que del hecho de que cada mejora más o menos justificada ha de salir de los impuestos de los contribuyentes.
No es por señalar, pero consideremos el caso de Canal Nou, la televisión autonómica valenciana. Sus actuales gestores han tomado una medida brutal: despedir a 1.295 de los 1.605 trabajadores en plantilla. Tres de cuatro trabajadores, a la calle. El ERE que acaban de presentar es una respuesta laboralmente nefasta a una situación socialmente peor (desde el punto de vista del interés público), la de una de las cadenas de televisión más costosas que se conocen. En los últimos tiempos ha perdido una media de 300 millones de euros anuales, asumidos por los valencianos todos a través de la Generalitat pagana. Cuando su control lo cogió el PP -el mismo que ahora despide al ciento y la madre- tenía una plantilla tres veces menor a la actual y desde entonces ha multiplicado sus números rojos por cuarenta. Y sin poder escudarse en la monserga de ser la televisión propia de los valencianos: su audiencia es del 5%. De cada cien valencianos 5 la consideran suya, 95 prefieren ver otras cadenas.
Soy de los que defienden lo público, siempre que podamos costearlo. Nunca a costa de la ruina de la mayoría.
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