Por Joaquín Javaloys
Joaquín Javaloys nos muestra la opinión de la sociedad española. “Los españoles piden un Estado sin Autonomías o de competencias muy reducidas”. "El problema de fondo es que las Autonomías son las murallas protectoras de la ciudadela de un moribundo Régimen político que se desmorona ante su impotencia para sacar a España de la crisis política, social y económica en que se encuentra inmersa; una crisis que, para muchos, hunde sus raíces en otra profunda crisis de valores y de identidad nacional".
ElEconomista.es del 17 de septiembre comenta una encuesta de la Cadena SER que pone de relieve el hartazgo que los españoles tienen de las Autonomías, y dice que “los españoles piden un Estado sin Autonomías o de competencias muy reducidas”, basándose en una encuesta suya sobre las Autonomías, cuyos resultados son los siguientes:
Suprimirlas 60,00 %
Limitar sus competencias 26,64 %
Permitir independentismo 10,99 %
Dejarlas como están 2,37 %
Estos resultados son parecidos a los obtenidos en otras encuestas sobre las Autonomías que existen en las redes sociales, como la que promueve en Twitter la Red de Blogs Comprometidos, que concluye lo siguiente: 1)Dejarlas como están, 4 %; 2)Reformarlas, 14 %; y 3)Suprimirlas, 82 %. Como puede observarse, en esta encuesta no se incluye a los partidarios del independentismo. El porcentaje de los que quieren suprimirlas es muy superior al porcentaje de la encuesta de ElEconomista.es
¿Qué ocurre para que la inmensa mayoría de los españoles quieran suprimir las Autonomías? Sencillamente, que el Estado de las Autonomías ha fracasado desde el punto de vista político y económico-social. Políticamente, porque su establecimiento se hizo para neutralizar los nacionalismos vasco y catalán; sin embargo, ahora esos nacionalismos se han radicalizado y se han convertido en independentistas, pues el Gobierno autónomico de sus territorios les facilita los recursos suficientes para gastos identitarios y para fomentar un independentismo mayor del que nunca existió anteriormente. El auge del independentismo se deduce del 11 % de partidarios que aparece en la citada encuesta de ElEconomista.es, pero sobre todo en la masiva manifestación de la celebración de la Diada de Cataluña del pasado día 11 de septiembre.
Desde el punto de vista económico-social ha fracasado porque su altísimo coste, no siempre justificable, se agrava debido a una falta de control estatal que facilita los despilfarros de los gobernantes de las CC.AA., quienes acaban financiándose con una deuda pública que ha llegado a ser inasumible, y que pone en peligro tanto la supervivencia de la propia autonomía territorial como la posibilidad de endeudamiento de un Estado cada vez menos solvente. En 2011 las CCAA costaron 86.333 millones solamente en personal y gastos corrientes. Además la existencia de las autonomías ha producido duplicidades y redundancias en la prestación de servicios públicos, lo que supone un despilfarro anual superior a 40.000 millones de euros.
El Estado de las Autonomías, el maligno cáncer que arruina a España, está en una profunda crisis, dado que el modelo autonómico no es viable por sus altísimos costes y sus exigencias financieras, a pesar de su escasa eficiencia en la prestación de servicios al ciudadano. Además, las Autonomías han roto la unidad normativa con la consiguiente quiebra de la unidad de mercado que encarece nuestros productos hasta hacerlos no competitivos a nivel europeo; así como la unidad lingüística, educativa y cultural. Puede concluirse afirmando que el Estado autonómico ha sido un fracaso político, económico y social, que ha fragmentado España. El mito de las ventajas de las Autonomías para los ciudadanos se ha venido abajo.
Desde luego, el Estado autonómico es política y financieramente insostenible, sobre todo cuando existe crisis económica generalizada. Por el costosísimo y superendeudado Estado de las Autonomías nos estamos convirtiendo en el Estado de los recortes económicos y sociales, destruyendo el Estado del Bienestar y acercándonos cada vez más a la insolvencia tanto estatal como de las CC.AA. ¡En España no hay recursos suficientes para mantener las costosas CCAA!. La enfermedad que aqueja al Estado autonómico es terminal, porque su bancarrota parece inevitable. Pero ¿quién podrá rescatar a las CC.AA.?, porque el Estado español se ha convertido ya en residual y está arruinado. ¡Nadie!. ¡El suicidio de las CC.AA. se está consumando!.
Europa y los mercados financieros nos obligarán a elegir entre el mantenimiento de nuestras ruinosas Autonomías o nuestra pertenencia a la desarrollada Europa del euro. La desaparición del Estado autonómico llegará a ser inevitable, por una mera cuestión de supervivencia. Esa será la consecuencia de que los políticos, con el enorme endeudamiento suicida de sus CC.AA., se hayan comido vorazmente su “gallina de los huevos de oro”: las Autonomías territoriales. Entonces, gracias a los compromisos con la Europa del euro, terminarán por desaparecer. ¡Estamos ya en el principio del fin de las Autonomías, en su ocaso!. La supresión de las CCAA evitaría un despilfarro anual de 120.000 millones de euros –según el catedrático de Economía R. Centeno-, lo que equivale al 12 % del Producto Interior Bruto.
¡Menos mal que existen salidas del laberinto autonómico!. Todavía estamos a tiempo de salir voluntariamente de ese laberinto, antes de que Europa tenga que rescatarnos traumáticamente. Yo he detallado algunas de esas salidas en mi libro El Ocaso de las Autonomías.
En mi opinión, las salidas más factibles del laberinto autonómico son, a corto plazo, las que conducen a un Estado unitario asimétrico porque, en principio, no exigen una modificación sustancial de la Constitución; aunque sí que sería conveniente que se llegase a un acuerdo entre el PP y el PSOE para modificar el Título VIII de la Constitución, con el fin de convertir a la autonomía territorial en algo autofinanciable, inconveniente y no atractivo. Entonces solo los nacionalistas seguirían empeñados en mantener la autonomía política en sus “nacionalidades”.
Si no se quiere modificar nada de la actual Constitución, la única salida posible sería que, como la autonomía es un derecho renunciable, las CCAA que lo acordasen (por ejemplo, solo las gobernadas por el PP) devolvieran al Estado todas sus competencias a cambio de compensaciones o grandes ventajas como la asunción de sus deudas públicas por el Estado o la concesión a ellas de excepcionales y voluminosas inversiones creadoras de puestos de trabajo; además del mantenimiento de sus actuales Gobiernos autonómicos, pero como Gobiernos regionales cuyo presidente fuese el mismo que había en su extinta Autonomía quien, además, sería el Delegado del Gobierno. De esta forma, solo las “nacionalidades” y alguna otra región (tal vez Canarias o Andalucía) mantendrían unas autonomías políticas armonizadas que, en todo caso, tendría techos competenciales y estabilidad presupuestaria.
Ciertos partidos políticos afirman que la salida del Estado de las Autonomías debería ser la implantación en España de un Estado federal, lo que quiere decir que las Comunidades autónomas se transformarían en Estados federados; o sea, que en vez de “café para todos” en el federalismo habría “café con leche para todos”. Por tanto, las Autonomías se consolidarían formalmente como Estados federados, sin solucionar el problema regional.
Pero la elección de un nuevo modelo de Estado es algo demasiado serio para dejárselo solo a los políticos. Los ciudadanos quieren mayoritariamente una recentralización política, con devolución al Estado de las competencias de las CCAA. Además quieren hacerse oír antes de que se haga una reforma estructural del Estado español. Con el fin de que los políticos, como representantes populares, sepan a qué atenerse, hay que solicitar al Gobierno que, de acuerdo con las Cortes, convoque un Referéndum sobre la configuración de las Autonomías en un futuro modelo de Estado. La convocatoria de Referéndum se haría de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución y la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero. Lo malo es que la casta política (grandes partidos y nacionalistas) se oponen encarnizadamente a desmontar esa mastodóntica estructura política y económica que han establecido en su propio beneficio, aunque sea perjudicial para el 90 % de los españoles. La Partitocracía se niega a reformar sustancialmente las Autonomías, a devolver muchas competencias al Estado y, mucho más todavía, a eliminar las CCAA, porque son su coto de caza, pesca y caciqueo; pero también porque la Partitocracia ha hecho de las Autonomías un pilar básico del Régimen político español de la Constitución de 1978.
El problema de fondo es que las Autonomías son las murallas protectoras de la ciudadela de un moribundo Régimen político que se desmorona ante su impotencia para sacar a España de la crisis política, social y económica en que se encuentra inmersa; una crisis que, para muchos, hunde sus raíces en otra profunda crisis de valores y de identidad nacional.
Efectivamente los políticos españoles, elegidos por los propios partidos en listas cerradas y bloqueadas por imperativo de un sistema electoral injusto y pernicioso, son cada vez más mediocres, por lo que la clase política española se ha convertido ya en una verdadera ineptocracia. El gobierno socialista de Zapatero negó empecinadamente la existencia de la crisis y, en consecuencia, la necesidad de adoptar medidas para superarla. El gobierno popular de Rajoy no adopta las medidas adecuadas y, con la austeridad, los recortes sociales y las constantes subidas de impuestos lo único que consigue es intensificar la recesión, el aumento del paro y la pobreza general; lo que está llevando a los españoles a un creciente divorcio de sus ineptos políticos, especialmente a muchos votantes del PP que observan, estupefactos, como los gobernantes con mayoría absoluta incumplen su programa electoral y pierden así la legitimidad democrática para gobernar. No es casual que en el PP se esté produciendo ya una desbandada, incluso de prestigiosos cargos representativos, porque están en disconformidad con la política del gobierno de Rajoy.
Lo peor para España es que, actualmente, no se vislumbra la solución para salir de la crisis múltiple que padece; ni en lo político, ni en lo social, ni en lo económico. Ningún partido tiene un plan a largo plazo o una estrategia para sacar a España de la crisis, que incluya crecimiento económico a corto plazo para que disminuya el paro.
A la clase política lo que le guía es el mantenimiento de sus privilegios, especialmente con las Autonomías; es decir, su interés particular, porque desde hace muchos lustros son, en terminología de Acemoglu y Robinson (en su libro Por qué fracasan las naciones),una élite extractiva que estableció “un sistema de captura de rentas que permite, sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la mayoría de la población en beneficio propio”. Por eso, PP y PSOE son tan reacios a desmontar las Autonomías, porque son conscientes del perjuicio que ello acarrearía a sus particulares intereses. En cuanto al gobierno de Rajoy prefiere caer a tener que reformar profundamente el Estado de las Autonomías, su botín más preciado.
Los españoles sabemos que ha llegado el final del Régimen político de 1978 porque en España no quedan apenas políticos con sentido de Estado dispuestos a ceder sus privilegios para que retorne el bienestar a los ciudadanos. Los ciudadanos somos conscientes de que se ha iniciado el ocaso del Régimen porque la ineptocracia de nuestra casta política es tan enorme que son incapaces de sacarnos de la crisis. Por ello, nadie pide ahora nuevas elecciones generales: todos estamos seguros de que ni el actual Gobierno del PP, ni un futuro gobierno del PSOE sabría sacarnos de la crisis.
En esta dramática situación es el pueblo quien tiene que tomar la palabra y, en lo posible, el timón de España para encarrilar su rumbo y salvar lo salvable de esta nación arruinada que tan mal han dirigido los políticos del Régimen de 1978. Es preciso hacer una reforma política para elaborar una nueva Constitución democrática por unas Cortes constituyentes, que establezca un nuevo y mejor modelo de Estado.
Ha llegado el momento de comprobar el patriotismo de nuestra clase política. Sería deseable que tuviesen, por lo menos, el mismo patriotismo que los políticos franquistas que en 1977 se hicieron el harakiri para dar paso a una etapa democrática.
En la nueva Constitución deberá tenerse en cuenta la voluntad popular expresamente manifestada, en la debida forma legal, sobre el mantenimiento o no de unas Autonomías que ya son rechazadas por la mayoría de los españoles según las encuestas. Los nuevos diputados constituyentes, que deben ser elegidos por el pueblo y no por los partidos, deberán encontrar nuevos cauces para encarrilar los nacionalismos sin caer en la torpeza de querer domesticar a los nacionalistas con el señuelo de otras Autonomías, lo que podrían degenerar nuevamente en el despilfarro, el caciquismo y el independentismo de esos nacionalistas. El Estado debe buscar una solución política a los nacionalismos, respetando en lo posible la voluntad de los pueblos integrantes de España.
En definitiva, a largo plazo las Autonomías no parece que vayan a tener futuro. En todo caso ha de abrirse ya un periodo transitorio, en el que se proceda a una rápida e intensa demolición del ruinoso Estado autonómico, a la vez que se lleva a cabo un gradual desmantelamiento del Régimen político de 1978 y un paralelo establecimiento de una verdadera democracia en una nueva Constitución para una España europea.
*Joaquín Javaloys es Economista del Estado y autor de El Ocaso de las Autonomías
Suprimirlas 60,00 %
Limitar sus competencias 26,64 %
Permitir independentismo 10,99 %
Dejarlas como están 2,37 %
Estos resultados son parecidos a los obtenidos en otras encuestas sobre las Autonomías que existen en las redes sociales, como la que promueve en Twitter la Red de Blogs Comprometidos, que concluye lo siguiente: 1)Dejarlas como están, 4 %; 2)Reformarlas, 14 %; y 3)Suprimirlas, 82 %. Como puede observarse, en esta encuesta no se incluye a los partidarios del independentismo. El porcentaje de los que quieren suprimirlas es muy superior al porcentaje de la encuesta de ElEconomista.es
¿Qué ocurre para que la inmensa mayoría de los españoles quieran suprimir las Autonomías? Sencillamente, que el Estado de las Autonomías ha fracasado desde el punto de vista político y económico-social. Políticamente, porque su establecimiento se hizo para neutralizar los nacionalismos vasco y catalán; sin embargo, ahora esos nacionalismos se han radicalizado y se han convertido en independentistas, pues el Gobierno autónomico de sus territorios les facilita los recursos suficientes para gastos identitarios y para fomentar un independentismo mayor del que nunca existió anteriormente. El auge del independentismo se deduce del 11 % de partidarios que aparece en la citada encuesta de ElEconomista.es, pero sobre todo en la masiva manifestación de la celebración de la Diada de Cataluña del pasado día 11 de septiembre.
Desde el punto de vista económico-social ha fracasado porque su altísimo coste, no siempre justificable, se agrava debido a una falta de control estatal que facilita los despilfarros de los gobernantes de las CC.AA., quienes acaban financiándose con una deuda pública que ha llegado a ser inasumible, y que pone en peligro tanto la supervivencia de la propia autonomía territorial como la posibilidad de endeudamiento de un Estado cada vez menos solvente. En 2011 las CCAA costaron 86.333 millones solamente en personal y gastos corrientes. Además la existencia de las autonomías ha producido duplicidades y redundancias en la prestación de servicios públicos, lo que supone un despilfarro anual superior a 40.000 millones de euros.
El Estado de las Autonomías, el maligno cáncer que arruina a España, está en una profunda crisis, dado que el modelo autonómico no es viable por sus altísimos costes y sus exigencias financieras, a pesar de su escasa eficiencia en la prestación de servicios al ciudadano. Además, las Autonomías han roto la unidad normativa con la consiguiente quiebra de la unidad de mercado que encarece nuestros productos hasta hacerlos no competitivos a nivel europeo; así como la unidad lingüística, educativa y cultural. Puede concluirse afirmando que el Estado autonómico ha sido un fracaso político, económico y social, que ha fragmentado España. El mito de las ventajas de las Autonomías para los ciudadanos se ha venido abajo.
Desde luego, el Estado autonómico es política y financieramente insostenible, sobre todo cuando existe crisis económica generalizada. Por el costosísimo y superendeudado Estado de las Autonomías nos estamos convirtiendo en el Estado de los recortes económicos y sociales, destruyendo el Estado del Bienestar y acercándonos cada vez más a la insolvencia tanto estatal como de las CC.AA. ¡En España no hay recursos suficientes para mantener las costosas CCAA!. La enfermedad que aqueja al Estado autonómico es terminal, porque su bancarrota parece inevitable. Pero ¿quién podrá rescatar a las CC.AA.?, porque el Estado español se ha convertido ya en residual y está arruinado. ¡Nadie!. ¡El suicidio de las CC.AA. se está consumando!.
Europa y los mercados financieros nos obligarán a elegir entre el mantenimiento de nuestras ruinosas Autonomías o nuestra pertenencia a la desarrollada Europa del euro. La desaparición del Estado autonómico llegará a ser inevitable, por una mera cuestión de supervivencia. Esa será la consecuencia de que los políticos, con el enorme endeudamiento suicida de sus CC.AA., se hayan comido vorazmente su “gallina de los huevos de oro”: las Autonomías territoriales. Entonces, gracias a los compromisos con la Europa del euro, terminarán por desaparecer. ¡Estamos ya en el principio del fin de las Autonomías, en su ocaso!. La supresión de las CCAA evitaría un despilfarro anual de 120.000 millones de euros –según el catedrático de Economía R. Centeno-, lo que equivale al 12 % del Producto Interior Bruto.
¡Menos mal que existen salidas del laberinto autonómico!. Todavía estamos a tiempo de salir voluntariamente de ese laberinto, antes de que Europa tenga que rescatarnos traumáticamente. Yo he detallado algunas de esas salidas en mi libro El Ocaso de las Autonomías.
En mi opinión, las salidas más factibles del laberinto autonómico son, a corto plazo, las que conducen a un Estado unitario asimétrico porque, en principio, no exigen una modificación sustancial de la Constitución; aunque sí que sería conveniente que se llegase a un acuerdo entre el PP y el PSOE para modificar el Título VIII de la Constitución, con el fin de convertir a la autonomía territorial en algo autofinanciable, inconveniente y no atractivo. Entonces solo los nacionalistas seguirían empeñados en mantener la autonomía política en sus “nacionalidades”.
Si no se quiere modificar nada de la actual Constitución, la única salida posible sería que, como la autonomía es un derecho renunciable, las CCAA que lo acordasen (por ejemplo, solo las gobernadas por el PP) devolvieran al Estado todas sus competencias a cambio de compensaciones o grandes ventajas como la asunción de sus deudas públicas por el Estado o la concesión a ellas de excepcionales y voluminosas inversiones creadoras de puestos de trabajo; además del mantenimiento de sus actuales Gobiernos autonómicos, pero como Gobiernos regionales cuyo presidente fuese el mismo que había en su extinta Autonomía quien, además, sería el Delegado del Gobierno. De esta forma, solo las “nacionalidades” y alguna otra región (tal vez Canarias o Andalucía) mantendrían unas autonomías políticas armonizadas que, en todo caso, tendría techos competenciales y estabilidad presupuestaria.
Ciertos partidos políticos afirman que la salida del Estado de las Autonomías debería ser la implantación en España de un Estado federal, lo que quiere decir que las Comunidades autónomas se transformarían en Estados federados; o sea, que en vez de “café para todos” en el federalismo habría “café con leche para todos”. Por tanto, las Autonomías se consolidarían formalmente como Estados federados, sin solucionar el problema regional.
Pero la elección de un nuevo modelo de Estado es algo demasiado serio para dejárselo solo a los políticos. Los ciudadanos quieren mayoritariamente una recentralización política, con devolución al Estado de las competencias de las CCAA. Además quieren hacerse oír antes de que se haga una reforma estructural del Estado español. Con el fin de que los políticos, como representantes populares, sepan a qué atenerse, hay que solicitar al Gobierno que, de acuerdo con las Cortes, convoque un Referéndum sobre la configuración de las Autonomías en un futuro modelo de Estado. La convocatoria de Referéndum se haría de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución y la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero. Lo malo es que la casta política (grandes partidos y nacionalistas) se oponen encarnizadamente a desmontar esa mastodóntica estructura política y económica que han establecido en su propio beneficio, aunque sea perjudicial para el 90 % de los españoles. La Partitocracía se niega a reformar sustancialmente las Autonomías, a devolver muchas competencias al Estado y, mucho más todavía, a eliminar las CCAA, porque son su coto de caza, pesca y caciqueo; pero también porque la Partitocracia ha hecho de las Autonomías un pilar básico del Régimen político español de la Constitución de 1978.
El problema de fondo es que las Autonomías son las murallas protectoras de la ciudadela de un moribundo Régimen político que se desmorona ante su impotencia para sacar a España de la crisis política, social y económica en que se encuentra inmersa; una crisis que, para muchos, hunde sus raíces en otra profunda crisis de valores y de identidad nacional.
Efectivamente los políticos españoles, elegidos por los propios partidos en listas cerradas y bloqueadas por imperativo de un sistema electoral injusto y pernicioso, son cada vez más mediocres, por lo que la clase política española se ha convertido ya en una verdadera ineptocracia. El gobierno socialista de Zapatero negó empecinadamente la existencia de la crisis y, en consecuencia, la necesidad de adoptar medidas para superarla. El gobierno popular de Rajoy no adopta las medidas adecuadas y, con la austeridad, los recortes sociales y las constantes subidas de impuestos lo único que consigue es intensificar la recesión, el aumento del paro y la pobreza general; lo que está llevando a los españoles a un creciente divorcio de sus ineptos políticos, especialmente a muchos votantes del PP que observan, estupefactos, como los gobernantes con mayoría absoluta incumplen su programa electoral y pierden así la legitimidad democrática para gobernar. No es casual que en el PP se esté produciendo ya una desbandada, incluso de prestigiosos cargos representativos, porque están en disconformidad con la política del gobierno de Rajoy.
Lo peor para España es que, actualmente, no se vislumbra la solución para salir de la crisis múltiple que padece; ni en lo político, ni en lo social, ni en lo económico. Ningún partido tiene un plan a largo plazo o una estrategia para sacar a España de la crisis, que incluya crecimiento económico a corto plazo para que disminuya el paro.
A la clase política lo que le guía es el mantenimiento de sus privilegios, especialmente con las Autonomías; es decir, su interés particular, porque desde hace muchos lustros son, en terminología de Acemoglu y Robinson (en su libro Por qué fracasan las naciones),una élite extractiva que estableció “un sistema de captura de rentas que permite, sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la mayoría de la población en beneficio propio”. Por eso, PP y PSOE son tan reacios a desmontar las Autonomías, porque son conscientes del perjuicio que ello acarrearía a sus particulares intereses. En cuanto al gobierno de Rajoy prefiere caer a tener que reformar profundamente el Estado de las Autonomías, su botín más preciado.
Los españoles sabemos que ha llegado el final del Régimen político de 1978 porque en España no quedan apenas políticos con sentido de Estado dispuestos a ceder sus privilegios para que retorne el bienestar a los ciudadanos. Los ciudadanos somos conscientes de que se ha iniciado el ocaso del Régimen porque la ineptocracia de nuestra casta política es tan enorme que son incapaces de sacarnos de la crisis. Por ello, nadie pide ahora nuevas elecciones generales: todos estamos seguros de que ni el actual Gobierno del PP, ni un futuro gobierno del PSOE sabría sacarnos de la crisis.
En esta dramática situación es el pueblo quien tiene que tomar la palabra y, en lo posible, el timón de España para encarrilar su rumbo y salvar lo salvable de esta nación arruinada que tan mal han dirigido los políticos del Régimen de 1978. Es preciso hacer una reforma política para elaborar una nueva Constitución democrática por unas Cortes constituyentes, que establezca un nuevo y mejor modelo de Estado.
Ha llegado el momento de comprobar el patriotismo de nuestra clase política. Sería deseable que tuviesen, por lo menos, el mismo patriotismo que los políticos franquistas que en 1977 se hicieron el harakiri para dar paso a una etapa democrática.
En la nueva Constitución deberá tenerse en cuenta la voluntad popular expresamente manifestada, en la debida forma legal, sobre el mantenimiento o no de unas Autonomías que ya son rechazadas por la mayoría de los españoles según las encuestas. Los nuevos diputados constituyentes, que deben ser elegidos por el pueblo y no por los partidos, deberán encontrar nuevos cauces para encarrilar los nacionalismos sin caer en la torpeza de querer domesticar a los nacionalistas con el señuelo de otras Autonomías, lo que podrían degenerar nuevamente en el despilfarro, el caciquismo y el independentismo de esos nacionalistas. El Estado debe buscar una solución política a los nacionalismos, respetando en lo posible la voluntad de los pueblos integrantes de España.
En definitiva, a largo plazo las Autonomías no parece que vayan a tener futuro. En todo caso ha de abrirse ya un periodo transitorio, en el que se proceda a una rápida e intensa demolición del ruinoso Estado autonómico, a la vez que se lleva a cabo un gradual desmantelamiento del Régimen político de 1978 y un paralelo establecimiento de una verdadera democracia en una nueva Constitución para una España europea.
*Joaquín Javaloys es Economista del Estado y autor de El Ocaso de las Autonomías
No hay comentarios:
Publicar un comentario