Este cuadro de Zurbarán, "Defensa de Cádiz", ilustra perfectamente el objetivo y prioridad de nuestra asociación.

miércoles, 15 de diciembre de 2010

¿Y si cambiase la Ley Hipotecaria?

¿Y si cambiase la Ley Hipotecaria? Entrega la casa, salda la deuda.

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Es más que improbable. Prácticamente imposible. Está pactado. Sólo un milagro podría sacar adelante una atrevida propuesta que hoy se vota en el Pleno del Congreso de los Diputados y que pondría patas arriba el sistema hipotecario español. A la formación catalanista CiU que encabezan Artur Más y Josep Antoni Durán i Lleida le gustaría instaurar el modelo estadounidense por el cual con la entrega de la vivienda se salda la deuda hipotecaria. Pero, ¿y si sucediese?

La medida se enmarca dentro de un paquete de medidas presentadas por el grupo parlamentario catalán en respuesta a los problemas sociales que están provocando el aumento de desahucios y ejecuciones hipotecarias como consecuencia de la profunda crisis que sufre España. El portavoz de Vivienda de CiU, Pere Macias, defenderá la moción consecuencia de interpelación que hace dos semanas dirigió al ministro de Fomento, José Blanco, solicitando que modifique la legislación hipotecaria y procesal a este fin. Aunque Blanco se mostró ·abierto a estudiar· algunas de las propuestas de CiU, el Gobierno y el Grupo Socialista han remarcado que ·bajo ningún concepto· está dispuesto a evaluar ·ni mucho menos aplicar· esta idea.

¿Cómo entender el modelo hipotecario español? El New York Times lo calificó de 'condena de por vida'. El dibujante Forges lo acaba de plasmar en una de sus viñetas este mismo lunes. En ella, una persona se lamenta de que el banco le concediese un crédito hipotecario tras una tasación que, poco después, tras ejecutar la hipoteca por morosidad vuelve a ser tasada, pero con un importe inferior a la mitad. Resultado, el propietario pasa a dejar de serlo, pero continúa debiéndole al banco unos 180.000 euros tras perder la casa. Ese es el resumen rápido de las consecuencias de no poder pagar una hipoteca en España.

Sin embargo, este cambio jurídico es imposible de aplicar debido a que todo el sistema está montado en torno a él. ·Significaría el colapso del sistema bancario español, que tiene decenas de miles de millones de euros de títulos emitidos sobre estas hipotecas y que han vendido a inversores internacionales en forma de deuda·, explican fuentes bancarias. Además, el hipotético cambio legislativo, de salir adelante, provocaría un fuerte incremento de la morosidad del sistema financiero español y un descenso en la tasa de recuperaciones, que son las que están conteniendo la mora -ratio de impagos en relación de los créditos concedidos-.
Según explican fuentes financieras, un cambio de ese tipo no sería viable en este momento de crisis y llevaría varios años aplicarlo. ·Cambiarían completamente las reglas del juego para bancos y cajas, introduciendo incertidumbres e inseguridad jurídica para el sistema·, señalan fuentes del sector. Modificar la Ley Hipotecaria, para convertir los préstamos sobre vivienda en un préstamo de garantía real y no uno de aval personal que persigue a las personas parece, por tanto, misión imposible a juicio de los expertos.

Otras seis propuestas de reforma hipotecaria.

1. Seguros de crédito hipotecario públicos para ampliar la oportunidad de adquirir una vivienda a personas que tengan poco ahorro previo.
2. Modificar la ley para incrementar las cuantías inembargables de salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente de los deudores que no puedan hacer frente a la hipoteca, y que se tengan en cuenta aspectos como el número de hijos de la unidad familiar.
3. Fomentar la mediación entre banca y familias en caso de impago para evitar desahucios, con fórmulas como permanecer en alquiler pese a perder la propiedad.
4. Crear un nuevo sistema de ayudas públicas para la subvención de tipos de interés de préstamos hipotecarios.
5.Reducir la proliferación de desahucios por la crisis, se debe en vez de que cada entidad financiera busque sus propias fórmulas.
6.Crear un fondo para atender impagos del arrendamiento, financiado por el Estado y gestionado por las comunidades autónomas

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