NO parece que el binomio acción-reacción sea el más aconsejable para acometer una reforma en profundidad del mercado hipotecario español, ni que las prisas sea buenas consejeras en materia tan compleja, más allá del oportunismo político y social que es tradicional en nuestro país, y que, como todo lo malo, experimenta un agravamiento exponencial en momentos de zozobra, haciendo así bueno el refrán de que "a perro flaco, todos son pulgas".
Es cierto, sin embargo, que nuestro mercado hipotecario es legislativamente mejorable, pero también lo es que nuestras venerables normas hipotecarias son en buena parte responsables de la indiscutible prosperidad que nuestro país ha experimentado en los últimos 30 años, algo que, con ocasión de esta crisis e interesadamente, algunos intentar hacer olvidar.
Recordemos en este sentido y como cuestión previa, para hacernos una idea de lo delicado que es abrir este melón, que se trata de un mercado con un saldo vivo de casi 650.000 millones de euros con 7.000.000 de préstamos en vigor, de los que, tras cinco años de una crisis brutal, sólo el 3%, esto es, aproximadamente 20.000 millones, están en mora.
Recordemos asimismo que España es uno de los países europeos con mayor proporción de viviendas en propiedad, que suponen, más o menos, el 85% del total de hogares españoles, muy por encima de la media comunitaria del 65%, algo que en buena medida le debemos a nuestro ordenamiento hipotecario.
Recordemos de igual manera que nuestro sistema hipotecario esta permitiendo algo tan importante para la salida de la crisis como es la recuperación ordenada del crédito, algo capital en el proceso de desapalancamiento generalizado en que estamos inmersos, y que nos conducirá, tras la necesaria travesía en el desierto, a los manantiales de la recuperación.
Recordemos, además, que ese sistema es el que ha permitido que los españoles paguen las hipotecas con los tipos de interés más bajos de la Unión Europea, precisamente por la seguridad jurídica que proporciona nuestra legislación, y que los españoles sean casi los únicos europeos que pueden cambiar unilateralmente de acreedor durante toda la vida del crédito, importante resorte que, debidamente administrado, ha servido al propósito del abaratamiento generalizado de nuestras hipotecas.
Recordemos, por ultimo, que la flexibilidad de nuestro sistema, que permite la renegociación ad infinitum de las condiciones esenciales de los préstamos, unido al rigor en la aplicación de la legislación que le sirve de sustento ha permitido, hasta el momento, minimizar al máximo los supuestos de lanzamiento, siendo práctica habitual que una hipoteca se renegocie en múltiples ocasiones a lo largo de su vida.
Dicho esto, conviene también advertir que nuestro mercado hipotecario precisa de ciertas reformas que, de haberse realizado hace diez años, hubieran evitado gran parte de la burbuja que hemos vivido, reformas que, precisamente por eso, deben ser implementadas sin demora en los próximos tiempos. Dentro de ellas y sin ánimo de enumerarlas todas se encuentra, a mi juicio, la limitación del importe del préstamo hipotecario a un porcentaje razonable del valor de la finca que se hipoteca; la limitación de la tasa de esfuerzo hipotecario permitido a las familias hasta un porcentaje que permita atender con sensatez a sus restantes necesidades; la prohibición del contubernio que hasta ahora ha existido entre las entidades financieras y las sociedades de tasación hipotecaria; la inversión del principio general de responsabilidad patrimonial, haciendo depender la universal del pacto expreso y estableciendo la dación en pago como regla general; la implementación de un sistema universal de realización de valor verdaderamente eficiente que, protegiendo al deudor, permita preservar el verdadero valor de los bienes hipotecados; y el restablecimiento del equilibrio contractual perdido entre desiguales, mediante la reactivación de mecanismos de control ex ante que ya existían en nuestro Ordenamiento y que, por desgracia, fueron desactivados.
Cosa muy distinta es el drama humano y social que vivimos en estos tiempos con los desahucios, traigan su causa de una hipoteca o de cualquier otra deuda, sea bancaria, arrendaticia, estatal, autonómica, local o con la Seguridad Social. Y la solución a este problema ha ser también social y venir, más que por el lado hipotecario, por el de la solidaridad, implementando en este sentido el Estado las medidas necesarias para que nadie en España se quede sin un techo donde guarecerse y sin sus necesidades mínimas esenciales debidamente cubiertas.
Por lo demás, los cantos de sirena que algunos pregonan interesadamente estos días a los cuatro vientos, y que pasan por no pagar nuestras deudas, me temo que, más allá del Padrenuestro, no conducen a ningún sitio. O mejor dicho, conducen exclusivamente a que las deudas de los que no pagan, las tengamos que pagar entre todos los demás.
Es cierto, sin embargo, que nuestro mercado hipotecario es legislativamente mejorable, pero también lo es que nuestras venerables normas hipotecarias son en buena parte responsables de la indiscutible prosperidad que nuestro país ha experimentado en los últimos 30 años, algo que, con ocasión de esta crisis e interesadamente, algunos intentar hacer olvidar.
Recordemos en este sentido y como cuestión previa, para hacernos una idea de lo delicado que es abrir este melón, que se trata de un mercado con un saldo vivo de casi 650.000 millones de euros con 7.000.000 de préstamos en vigor, de los que, tras cinco años de una crisis brutal, sólo el 3%, esto es, aproximadamente 20.000 millones, están en mora.
Recordemos asimismo que España es uno de los países europeos con mayor proporción de viviendas en propiedad, que suponen, más o menos, el 85% del total de hogares españoles, muy por encima de la media comunitaria del 65%, algo que en buena medida le debemos a nuestro ordenamiento hipotecario.
Recordemos de igual manera que nuestro sistema hipotecario esta permitiendo algo tan importante para la salida de la crisis como es la recuperación ordenada del crédito, algo capital en el proceso de desapalancamiento generalizado en que estamos inmersos, y que nos conducirá, tras la necesaria travesía en el desierto, a los manantiales de la recuperación.
Recordemos, además, que ese sistema es el que ha permitido que los españoles paguen las hipotecas con los tipos de interés más bajos de la Unión Europea, precisamente por la seguridad jurídica que proporciona nuestra legislación, y que los españoles sean casi los únicos europeos que pueden cambiar unilateralmente de acreedor durante toda la vida del crédito, importante resorte que, debidamente administrado, ha servido al propósito del abaratamiento generalizado de nuestras hipotecas.
Recordemos, por ultimo, que la flexibilidad de nuestro sistema, que permite la renegociación ad infinitum de las condiciones esenciales de los préstamos, unido al rigor en la aplicación de la legislación que le sirve de sustento ha permitido, hasta el momento, minimizar al máximo los supuestos de lanzamiento, siendo práctica habitual que una hipoteca se renegocie en múltiples ocasiones a lo largo de su vida.
Dicho esto, conviene también advertir que nuestro mercado hipotecario precisa de ciertas reformas que, de haberse realizado hace diez años, hubieran evitado gran parte de la burbuja que hemos vivido, reformas que, precisamente por eso, deben ser implementadas sin demora en los próximos tiempos. Dentro de ellas y sin ánimo de enumerarlas todas se encuentra, a mi juicio, la limitación del importe del préstamo hipotecario a un porcentaje razonable del valor de la finca que se hipoteca; la limitación de la tasa de esfuerzo hipotecario permitido a las familias hasta un porcentaje que permita atender con sensatez a sus restantes necesidades; la prohibición del contubernio que hasta ahora ha existido entre las entidades financieras y las sociedades de tasación hipotecaria; la inversión del principio general de responsabilidad patrimonial, haciendo depender la universal del pacto expreso y estableciendo la dación en pago como regla general; la implementación de un sistema universal de realización de valor verdaderamente eficiente que, protegiendo al deudor, permita preservar el verdadero valor de los bienes hipotecados; y el restablecimiento del equilibrio contractual perdido entre desiguales, mediante la reactivación de mecanismos de control ex ante que ya existían en nuestro Ordenamiento y que, por desgracia, fueron desactivados.
Cosa muy distinta es el drama humano y social que vivimos en estos tiempos con los desahucios, traigan su causa de una hipoteca o de cualquier otra deuda, sea bancaria, arrendaticia, estatal, autonómica, local o con la Seguridad Social. Y la solución a este problema ha ser también social y venir, más que por el lado hipotecario, por el de la solidaridad, implementando en este sentido el Estado las medidas necesarias para que nadie en España se quede sin un techo donde guarecerse y sin sus necesidades mínimas esenciales debidamente cubiertas.
Por lo demás, los cantos de sirena que algunos pregonan interesadamente estos días a los cuatro vientos, y que pasan por no pagar nuestras deudas, me temo que, más allá del Padrenuestro, no conducen a ningún sitio. O mejor dicho, conducen exclusivamente a que las deudas de los que no pagan, las tengamos que pagar entre todos los demás.
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