La situación crítica y el Rey

Por Jose A. Zarzalejos

Publicado en El Confidencial

En física se entiende por situación crítica cuando se producen las condiciones a partir de las cuales se inicia una reacción nuclear en cadena. Atendiendo a la metáfora, en ello estamos actualmente en España. En una coyuntura en la que, por su misma gravedad, se dan condiciones para una gran reacción positiva cuya alternativa sólo sería el desastre. Se trata de una de esas ocasiones nacionales en las que el jefe del Estado, Don Juan Carlos, emerge ejerciendo sus funciones constitucionales de moderación y arbitraje, para subrayar que no estamos instalados en la normalidad sino en una suerte de excepcionalidad bien descrita por instancias reflexivas internacionales, habitualmente fiables. Así, The Economist, que en los medios de comunicación convencionales ejerce un indiscutible liderazgo de opinión, atribuye en su último número a España, y a las decisiones del presidente del Gobierno, una sustancial importancia para la preservación de la cohesión de la zona euro y la evitación de una quiebra de la UE. Las magnitudes de un eventual, y absolutamente descartado por Zapatero, rescate de la economía española son tales que nos responsabilizan, tras las fallidas finanzas de Grecia e Irlanda y las renqueantes de Portugal, a hacer un supremo esfuerzo colectivo.
El Gobierno no tiene toda la responsabilidad de lo que ocurre, aunque le corresponde un porcentaje determinante. No sólo por su sobreseimiento suicida en valorar los tiempos y las profundidades de la crisis, sino por un comportamiento posterior -actual, incluso- que sugiere esas “dudas” de los mercados a que se acaba de referir el socialista y vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia. Todos tenemos dudas y son, más o menos, éstas: 1) Qué razones existen para que la reforma laboral no haya sido más profunda y renovadora; 2) Por qué se está dilatando el proceso de reconversión de las Cajas de Ahorro; 3) Cuál es la razón por la que el Ejecutivo ha aplazado al próximo año la reforma de las pensiones; 4) Qué motivos existen para que no se haya aprobado todavía el proyecto de ley de Economía Sostenible en el que se prevé la imprescindible reforma de los órganos reguladores; 5) Cómo es posible que ocho comunidades autónomas incumplan los límites del déficit establecido para 2011; 6) que condicionantes atenazan al Gobierno para no solucionar por vía legal el grave problema energético en España con grave coste para las empresas y seria carga para los Presupuestos Generales del Estado y 7) entre otras, a qué se está esperando para la reordenación del número de las demarcaciones municipales en nuestro país y su financiación.

Datos para la desconfianza

Ante estos retrasos surgen legítimas dudas acerca de la voluntad, determinación y competencia del Gobierno, no sólo en los mercados, sino -de manera alarmada- entre la clase empresarial que contempla cómo el diferencial del bono español con el alemán ha alcanzado el récord de los 270 puntos básicos; cómo el desempleo es resistente a descender del 20% (se esperan malas cifras de Noviembre); de qué manera la inflación se ha encaramado hasta el 2,3% al tiempo que estamos en un estancamiento del PIB con tendencia recesiva; a qué velocidad cae la Bolsa castigando a las Compañías más potentes e internacionalizadas y empequeñeciendo el ahorro de los ciudadanos y con qué perseverancia continúa la crisis en el sector inmobiliario que durante cinco meses consecutivos sigue cayendo como lo demuestra la minoración en la concesión de créditos hipotecarios (un 15,9% menos en septiembre). Se da la circunstancia, de que en estas condiciones, bancos y empresas españoles de primera fila obtienen financiación en los mercados internacionales con más facilidad y mejores precios que el propio Estado. Es decir, España es un lastre y no un activo.

Esta acumulación de variables negativas está en la raíz del documento de la Fundación Everis que enmienda a la totalidad el panorama económico, social y político de España, suscrito por un centenar de empresarios, intelectuales y académicos que, en un gesto repleto de desconfianza hacia el presidente del Gobierno, se lo presentan al Rey como jefe del Estado, quien hace exactamente lo que debe: de una parte, escucharles y atenderles y, de otra, remitirles al líder del Ejecutivo para que éste asuma sus responsabilidades. La reunión de hoy en La Moncloa responde a un correcto procedimiento inspirado por la Jefatura del Estado: los gestores de las grandes empresas españolas, que se ven lesionados por el desplome de la marca España, que han diversificado sus negocios en una estrategia cauta y emprendedora, deben enfrentarse y hablar con un presiente en el que, mayoritariamente, no confían y cuyo liderazgo observan constreñido por prejuicios excesivos, incompetencias reiteradas y falta de sentido de Estado. De no ser así, la inmensa mayoría de los firmantes del documento de la Fundación Everis, jamás hubiesen asumido un compromiso de orden político-social de tanto calado como el que se plantea en el documento, razón por la que priorizaron la interlocución con el jefe del Estado -permanente, suprapartidaria, unitaria- sobre cualquier otra. Los ciudadanos y los medios son muy libres de cargar contra el Rey como ya es habitual, pero ha sido de nuevo D. Juan Carlos el elemento que precipita una reacción con su capacidad de interlocución. Y desde luego, ni los actos del Rey ni sus intenciones son diferentes a los de colaborar a aunar esfuerzos y recortar distancias. La foto de hoy en La Moncloa tiene el valor esencial de marcar en rojo la excepcionalidad de la situación y la precariedad de la vertebración de la sociedad civil: esa foto, si la hay, revienta los cauces convencionales de sindicatos y patronales que visten el decorado de un escenario nacional que se ha quedado viejo. Vamos, quiérase o no, a otro diferente.

Cataluña y los socialistas

Mientras tanto, Cataluña está inmersa en una jornada de reflexión para cambiar seguramente y sin entusiasmo (se espera una abstención muy alta) un panorama en el que el socialismo de Zapatero ha cometido todos los errores posibles: el PSC-PSOE formó allí dos gobiernos tripartitos con la izquierda más radical (ICV) y con los independentistas más extremos (ERC); gestionó desastrosamente un nuevo Estatuto que alteraba la Constitución en los términos que hubo de establecer una controvertida sentencia del TC; dirigió una Generalidad que carece de crédito y ha debido recurrir a los llamados “bonos patrióticos” y que, en vez de transformar la sociedad catalana, ha profundizado sus peores endogamias, sean éstas lingüísticas, culturales o sociales, dejando un catalanismo más desconfiado de lo que ya era con la españolidad. De tal forma que el previsible acceso de CiU al gobierno catalán y el correlativo fracaso, seguramente muy severo, de los socialistas, podría abrir una nueva etapa si Artur Mas, en un contexto tan crítico como el actual, no se empeña en poner encima de la mesa un inviable concierto económico. No sólo porque sea impracticable desde el punto de vista constitucional, sino porque el horizonte marca que tanto el vasco como el Convenio navarro plantean tales problemas en la Unión Europea que de lo que hay que ocuparse y preocuparse es del mantenimiento de los regímenes financieros de la autonomía vasca y navarra, mucho antes que de la extensión de ésta fórmula a otras comunidades. Cataluña ha de ser parte de la solución y no del problema de Estado que nos atenaza, como lo fue durante no poco tiempo en las décadas de los 80 y 90.

Ciudadanos en huida

Los ciudadanos, por fin, están instalados, además de en la enfermedad del miedo y la angustia paralizante, como acreditan estudios demoscópicos cuantitativos y cualitativos (el de la fundación Pzifer, al que me referí el pasado sábado día 13 de noviembre) en la increencia y escepticismo respecto de la política y los políticos. El estudio de la Fundación Santa María -elaborado sobre más de tres mil cuestionarios- llega a la conclusión de que los jóvenes españoles tienen una opinión “deplorable” de la política y de los políticos. Las nuevas generaciones aparecen como auténticamente derrotadas por el pesimismo sobre su futuro, se sienten condenadas a vivir peor que las de sus padres, han interiorizado la crisis con enorme fatalismo y desesperanza y no se perfilan como tractores de un porvenir de regeneración. Sus preferencias están situadas en el mundo de los valores marginales a la política, desean salir de España en lo que se perfila como una nueva generación de emigrantes y no entienden los términos del debate público en nuestro país porque ni el franquismo ni la transición forman parte de su experiencia vital y de su memoria personal y colectiva. Para ellos, España es un proyecto próximo al fracaso, razón por la cual -y ante la proporción de la increencia- comienzan a articularse movimientos en la sociedad civil como el propiciado por la Fundación Everis, el impulso por el Colegio Libre de Eméritos de un documento de gran importancia que se irá conociendo a lo largo del mes de diciembre (“España en crisis. Sociedad, economía, instituciones”) y la irrupción muy próxima del Foro de la Sociedad Civil integrada por más de cien personalidades que discuten estos días el manifiesto de presentación ante la opinión pública.
Sin denuestos y con profunda tristeza, esta es la situación crítica que el Rey, con su inusual visibilidad en asuntos de gestión política, ha querido subrayar con un lápiz rojo. Está en su obligación de hacerlo.