Por S. McCoy
Publicado en Cotizalia (27/03/2012)
Publicaba el lunes en mi Twitter, al que he vuelto después de unos meses de necesaria desconexión, la siguiente reflexión en relación con la adquisición de Banca Cívica por parte de CaixaBank a precio de derribo: “No deben estar muy contentos los minoristas de Banca Cívica con una oferta por debajo de mercado (como ésta). Mala entrada de CaixaBank (con tales accionistas, en su mayoría clientes de la caja fusionada) salvo que sea una excusa para llevar a cabo su propio saneamiento (y, por tanto, le dé igual). Por otra parte, si Banca Cívica acepta la compra a esos precios es que estaba desesperada lo que no deja de ser una prueba evidente de la gran farsa que fue su precipitada salida a bolsa. De nuevo, ¿dónde estaba (entonces) la CNMV?, ¿dónde está ahora?”.
Porque ese el realmente el quid de la cuestión. Todo lo que ha rodeado a Banca Cívica hasta su ‘muerte’ final en manos de La Caixa – con el correspondiente impacto dilutivo y de empleo que ya anticipamos la semana pasada- no ha dejado de ser sino carrera a ninguna parte en la que, con la aquiescencia de las distintas autoridades involucradas –Ministerio de Economía y Hacienda, Banco de España o CNMV-, se ha buscado más un cumplimiento formal de las obligaciones que la creación de una entidad de inicio viable y rentable a medio plazo. En la que ha primado la satisfacción por el logro de determinados hitos temporales, frente a la consecución de objetivos de balance, cuenta de resultados, capacidad y retorno.
Como elemento central a tal cúmulo de disparates su precipitada salida a Bolsa, en la que se vendió una historia que pocos meses más tarde se ha demostrado fantasmagórica. No es de extrañar que inversores cualificados de tronío le dieran manifiestamente la espalda. Y que tuviera que utilizar la red para llevar a cabo una operación que amenazaba con truncarse por el entorno macro, la incertidumbre política nacional y su coincidencia con la OPV de Bankia, otra que tal baila. Una iniciativa suicida, como se ha probado finalmente, que tenía como única finalidad ahorrarse dos puntos de capital. Dinero que no fue capaz de levantar entre los expertos sectoriales. Para pensar.
Hay una responsabilidad sin duda alguna de los gestores. Da la sensación de que han buscado por encima de todo defender su privilegiada posición, esa extraña dualidad entre “un director de marketing (Goñi) y un componedor (Pulido)” en palabras de un analista amigo. Aquí siempre defendimos que mejor un mal FROB que una peor colocación. Pero no, el estigma para los minoristas, quod erat demonstrandum. Si la venta de la entidad al 20% de su valor contable era la mejor opción a día de hoy, prefiero no pensar en las alternativas. Por no hablar del mensaje que se ha lanzado ahí fuera. Es verdad que por el camino la normativa ha cambiado. Pero solo para que aflore a la realidad el riesgo verdadero de su activo y pasivo. Es esa falta de transparencia la que, entre otras cosas, resulta más que censurable.
Lo que nos lleva a quienes la han tolerado e incluso alentado, sea por acción o por omisión con las consecuencias conocidas a día de hoy: unas pérdidas latentes del 27% cuya corrección, o no, dependerá de la evolución bursátil de CaixaBank (grande Enrique Utrera sobre las distintas opciones). La falta de diligencia de las distintas instituciones -similar a la que denunciamos el lunes de Afinsa, donde da la sensación que algunos se lo siguen llevando crudo- es lo que convierte el final de Banca Cívica en un escándalo. Si les han engañado, que paguen los responsables. Pero si se han dejado engañar, deben rodar cabezas. No es de recibo que nadie en los distintos estamentos públicos fuera capaz de anticipar tal nivel de deterioro en tan poco tiempo, que se produce pese a las ayudas del BCE y de la propia Administración en forma de avales y de aportaciones de capital. Metafísicamente imposible. Y, sin embargo, así ha sido. Y España lo paga.
Hay silencios cómplices atronadores que retumban en forma de minusvalías en las carteras de los particulares…
miércoles, 28 de marzo de 2012
martes, 27 de marzo de 2012
Jueces para la Democracia ante la Reforma Laboral
www.juecesdemocracia.es
Jueces para la Democracia considera que el contenido del Real Decreto Ley 3/2.012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral constituye uno de los mayores ataques al derecho del trabajo y a las instituciones laborales a partir de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores y materializa una reforma ofensiva, regresiva, reaccionaria y profundamente injusta.
Se adopta de nuevo a través de Real Decreto Ley, sin previa negociación con los agentes sociales, sobre la base de una urgencia que no es posible relacionar con unos objetivos a los que no puede hacer frente, y que se utilizan para atacar a la esencia misma del derecho del trabajo, intentando despojarle del carácter tuitivo y compensador del tradicional desequilibrio entre las partes de la relación de trabajo.
La reforma laboral introducida por Ley 35/2010 y la posterior Ley 27/2011 en materia de Seguridad Social fueron la antesala a las que ahora se adoptan, pese a que, planteadas como imprescindibles para la creación de empleo y la supervivencia del sistema de protección, no sólo no han generado empleo, sino que han contribuido a su imparable destrucción, agravando la situación que padecemos, producto de la incapacidad de ajustar la economía al empobrecimiento derivado de la crisis bursátil, del desplome de la burbuja inmobiliaria y del imparable avance de la economía sumergida.
Las reformas en materia de Seguridad Social han supuesto un sustancial avance hacia la consolidación de la progresiva reducción del sistema público de protección social.
La norma, en mayor medida que sus antecesoras, otorga a los empresarios la facultad de disposición cuasi absoluta de la prestación laboral y modifica las recientes atribuciones competenciales en materia de extinción contractual. La empresa pasa a ser el ámbito preferente de negociación de las condiciones de trabajo y con ello el empresario protagoniza su establecimiento y modificación, con la consiguiente debilitación de la obligada interlocución con los trabajadores o sus representantes para la adopción de medidas que la habían exigido, relegando al mismo tiempo el papel de la Administración.
Si anteriores reformas laborales incidieron en la reducción de prestaciones y de retribuciones en la Administración Pública, la reforma actual introduce los elementos necesarios para el reajuste retributivo y de condiciones de trabajo en el sector privado a través de las facultades de modificación de la retribución pactada o las posibilidades de descuelgue, no sólo salarial, sino de la integridad del convenio, limitando la ultra-actividad de su contenido (el Estado niega el acuerdo y voluntad de las partes) y profundiza en la desigualdad entre los sujetos del contrato de trabajo, debilitando paralelamente el papel compensador que constitucionalmente se ha atribuido a los Sindicatos y a la negociación colectiva.
La tutela normativa que había venido otorgándose al trabajador se mercantiliza desde el acceso al empleo, “descentralizándose” en las ETT la colocación, que debía ser la actividad preferente de un servicio público de empleo. Como paliativo al sangrante incremento del desempleo joven se modifica la contratación para la formación y aprendizaje, tradicionalmente concebida para el acceso al trabajo de trabajadores jóvenes, compatibilizando trabajo y formación.
El nuevo “contrato indefinido de apoyo a los emprendedores” desvirtúa la propia finalidad del período de prueba, al fijarlo en un año de duración, reconvirtiéndolo en un contrato a término.
La reforma refuerza el poder unilateral del empresario para modificar cambios de puesto de trabajo, distribución de jornada y movilidad geográfica; modifica el contenido de los acuerdos que se establecieron en los pactos individuales y colectivos (salario, jornada...) lo que puede provocar la sangrante opción de muchos trabajadores entre ver reducida su retribución y la protección social futura o engrosar la estadística de desempleados, sin garantía de recuperación de las condiciones de aquella transacción si posteriormente el empleador decide extinguir contratos tras nueve meses de disminución de ingresos o ventas.
La nueva regulación pretende limitar, una vez más, las facultades del juzgador para valorar la finalidad y/o razonabilidad de la extinción por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, eliminando los elementos de causalidad finalista, cuando la empresa alegue disminución de ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos, ello limitará la tutela judicial ante el despido y desincentivará el ejercicio por el trabajador de reclamaciones judiciales.
Esta nueva degradación de la causalidad en el despido, junto a la introducida por el nuevo contrato “indefinido para emprendedores” y a la supresión de la autorización administrativa en despidos colectivos, es contraria al derecho constitucional al trabajo que consagra el art. 35 de la Constitución Española que, como ha recordado el Tribunal Constitucional, integra el derecho a no ser despedido sin justa causa, lo que nos sitúa también al margen de los compromisos asumidos por España con la ratificación del Convenio 158 de la OIT.
La reforma introducida por Real Decreto Ley 3/2012, como la anterior contenida en la Ley 35/2010 y las que a esta sucedieron, no servirá para crear empleo estable, no combatirá la dualidad del mercado de trabajo e introduce un peligroso desequilibrio entre las partes de la relación laboral, poniendo en peligro la existencia misma del Derecho del Trabajo y la de los valores constitucionales de los que ha venido nutriéndose.
Nuestra obligación como jueces garantes de los derechos fundamentales de los trabajadores es continuar aplicando las leyes laborales conforme a los principios y valores constitucionales, poniendo freno a los posibles abusos que tan amplias posibilidades de disposición del contrato de trabajo que se otorgan al empresario. Seguiremos sin duda en esa línea, obviando las muestras de desconfianza del legislador materializadas en las reformas introducidas a la ley procesal, aún desde la insostenible carga de trabajo que estamos soportando.
16 de febrero de 2012
El Secretariado de JpD
Jueces para la Democracia considera que el contenido del Real Decreto Ley 3/2.012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral constituye uno de los mayores ataques al derecho del trabajo y a las instituciones laborales a partir de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores y materializa una reforma ofensiva, regresiva, reaccionaria y profundamente injusta.
Se adopta de nuevo a través de Real Decreto Ley, sin previa negociación con los agentes sociales, sobre la base de una urgencia que no es posible relacionar con unos objetivos a los que no puede hacer frente, y que se utilizan para atacar a la esencia misma del derecho del trabajo, intentando despojarle del carácter tuitivo y compensador del tradicional desequilibrio entre las partes de la relación de trabajo.
La reforma laboral introducida por Ley 35/2010 y la posterior Ley 27/2011 en materia de Seguridad Social fueron la antesala a las que ahora se adoptan, pese a que, planteadas como imprescindibles para la creación de empleo y la supervivencia del sistema de protección, no sólo no han generado empleo, sino que han contribuido a su imparable destrucción, agravando la situación que padecemos, producto de la incapacidad de ajustar la economía al empobrecimiento derivado de la crisis bursátil, del desplome de la burbuja inmobiliaria y del imparable avance de la economía sumergida.
Las reformas en materia de Seguridad Social han supuesto un sustancial avance hacia la consolidación de la progresiva reducción del sistema público de protección social.
La norma, en mayor medida que sus antecesoras, otorga a los empresarios la facultad de disposición cuasi absoluta de la prestación laboral y modifica las recientes atribuciones competenciales en materia de extinción contractual. La empresa pasa a ser el ámbito preferente de negociación de las condiciones de trabajo y con ello el empresario protagoniza su establecimiento y modificación, con la consiguiente debilitación de la obligada interlocución con los trabajadores o sus representantes para la adopción de medidas que la habían exigido, relegando al mismo tiempo el papel de la Administración.
Si anteriores reformas laborales incidieron en la reducción de prestaciones y de retribuciones en la Administración Pública, la reforma actual introduce los elementos necesarios para el reajuste retributivo y de condiciones de trabajo en el sector privado a través de las facultades de modificación de la retribución pactada o las posibilidades de descuelgue, no sólo salarial, sino de la integridad del convenio, limitando la ultra-actividad de su contenido (el Estado niega el acuerdo y voluntad de las partes) y profundiza en la desigualdad entre los sujetos del contrato de trabajo, debilitando paralelamente el papel compensador que constitucionalmente se ha atribuido a los Sindicatos y a la negociación colectiva.
La tutela normativa que había venido otorgándose al trabajador se mercantiliza desde el acceso al empleo, “descentralizándose” en las ETT la colocación, que debía ser la actividad preferente de un servicio público de empleo. Como paliativo al sangrante incremento del desempleo joven se modifica la contratación para la formación y aprendizaje, tradicionalmente concebida para el acceso al trabajo de trabajadores jóvenes, compatibilizando trabajo y formación.
El nuevo “contrato indefinido de apoyo a los emprendedores” desvirtúa la propia finalidad del período de prueba, al fijarlo en un año de duración, reconvirtiéndolo en un contrato a término.
La reforma refuerza el poder unilateral del empresario para modificar cambios de puesto de trabajo, distribución de jornada y movilidad geográfica; modifica el contenido de los acuerdos que se establecieron en los pactos individuales y colectivos (salario, jornada...) lo que puede provocar la sangrante opción de muchos trabajadores entre ver reducida su retribución y la protección social futura o engrosar la estadística de desempleados, sin garantía de recuperación de las condiciones de aquella transacción si posteriormente el empleador decide extinguir contratos tras nueve meses de disminución de ingresos o ventas.
La nueva regulación pretende limitar, una vez más, las facultades del juzgador para valorar la finalidad y/o razonabilidad de la extinción por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, eliminando los elementos de causalidad finalista, cuando la empresa alegue disminución de ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos, ello limitará la tutela judicial ante el despido y desincentivará el ejercicio por el trabajador de reclamaciones judiciales.
Esta nueva degradación de la causalidad en el despido, junto a la introducida por el nuevo contrato “indefinido para emprendedores” y a la supresión de la autorización administrativa en despidos colectivos, es contraria al derecho constitucional al trabajo que consagra el art. 35 de la Constitución Española que, como ha recordado el Tribunal Constitucional, integra el derecho a no ser despedido sin justa causa, lo que nos sitúa también al margen de los compromisos asumidos por España con la ratificación del Convenio 158 de la OIT.
La reforma introducida por Real Decreto Ley 3/2012, como la anterior contenida en la Ley 35/2010 y las que a esta sucedieron, no servirá para crear empleo estable, no combatirá la dualidad del mercado de trabajo e introduce un peligroso desequilibrio entre las partes de la relación laboral, poniendo en peligro la existencia misma del Derecho del Trabajo y la de los valores constitucionales de los que ha venido nutriéndose.
Nuestra obligación como jueces garantes de los derechos fundamentales de los trabajadores es continuar aplicando las leyes laborales conforme a los principios y valores constitucionales, poniendo freno a los posibles abusos que tan amplias posibilidades de disposición del contrato de trabajo que se otorgan al empresario. Seguiremos sin duda en esa línea, obviando las muestras de desconfianza del legislador materializadas en las reformas introducidas a la ley procesal, aún desde la insostenible carga de trabajo que estamos soportando.
16 de febrero de 2012
El Secretariado de JpD
miércoles, 21 de marzo de 2012
Cuando Matas era un "modelo" a seguir para Rajoy y Arenas
“Vamos a intentar hacer en España lo que Jaume y todos vosotros hicisteis en Baleares”. Hay frases lapidarias que acompañan a un político a lo largo de toda su carrera casi como un penoso baldón difícil de sobrellevar. Como aquella en la que Rodríguez Zapatero se comprometió a aceptar el Estatuto que aprobase el Parlamento de Cataluña y que el tiempo se encargó pronto de echar por tierra.
En plena batalla electoral por Andalucía y Asturias, la condena a seis años de prisión al ex presidente balear Jaume Matas por cinco delitos relacionados con la corrupción, cayó como un flotador de última hora en las alicaídas filas del PSOE, decididas a sacar el mayor partido posible a los actos de adhesión que en su día hicieron tanto Rajoy como el propio Javier Arenas al ex ministro del PP hoy caído en desgracia. Frases entresacadas de la hemeroteca popular y que sirven para poner en entredicho el discurso de regeneración democrática que enarbola Arenas frente a los numerosos escándalos destapados en la Junta de Andalucía en los últimos meses.
La dirección del grupo socialista en el Congreso de los Diputados se apresuró ayer a pedir a Rajoy que se retrate públicamente sobre su ex compañero de Gobierno en la era de Aznar, el primer cargo relevante del PP condenado por corrupción, y que aclare si sigue pensando aún hoy que Matas es un modelo a seguir en la administración del Estado. Una referencia directa que la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, hizo en relación a las calurosas felicitaciones que en su día, noviembre del año 2004, dedicó el propio Rajoy al entonces líder balear, de quien dijo que era un “presidente serio” que estaba al frente de un Gobierno “mucho mejor que el Gobierno de España”.
Arenas, “compañero de banco azul”
El PSOE tampoco ha pasado por alto que también Javier Arenas mostró no hace mucho tiempo cierta comprensión hacia quien fue “su compañero de banco azul”, como recordó la portavoz del PSOE, que pidió también que Arenas aclare su posición sobre la sentencia. “Hoy es el día en el que el PP no puede permanecer callado y debe dar una explicación clara a los ciudadanos”, enfatizó la dirigente socialista, que hizo hincapié en que, además, Matas tiene pendientes “otros procesos” judiciales.
La hemeroteca, sin embargo, guarda otros castigos para el líder del PP andaluz y para el propio Rajoy. De hecho, el año pasado Arenas justificó en Mallorca que Matas cobrase un sueldo del PP cuando abandonó la política, entre 2007 y 2008, cuando ya pesaban serias dudas de corrupción a sus espadas. Entonces, lo justificó como una “ayuda” a un político que estaba pendiente de incorporarse a otra actividad. Rajoy, por su parte, siempre mostró admiración y respeto por su compañero hasta que las evidencias en su contra lo pusieron contra las cuerdas y obligaron al propio Matas a presentar su baja como militante antes de que el partido lo tuviera que expulsar. Rajoy reconoció entonces, marzo del año pasado, que “si se demuestra que alguien no ha hecho las cosas bien, que no siga en política”. Un reconocimiento explícito de lo que venía por delante y que ayer se confirmó en la peor de las sentencias que podría esperar Matas y su antigua formación. “Le deseamos lo mejor, que se defienda y, si puede, demuestre su inocencia”, zanjó entonces el presidente del PP.
Ostracismo del PP
De ahí en adelante, ni Rajoy ni la plana mayor del PP ha vuelto a querer saber nada de un caso, el Palma Arena, que ahora les avergüenza y sobre el que ayer pasaron de puntillas los principales dirigentes del partido conservador. El nuevo líder del PP balear y presidente de las islas no pidió ayer perdón en nombre de su partido pero señaló que su formación ya había purgado sus penas. “Nosotros ya hicimos lo que tuvimos que hacer, con una renovación del partido, y no voy a hacer más valoraciones que no sean el total y más absoluto respeto a las decisiones judiciales”, explicó.
El portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, por su parte, mostró ayer su respeto a la sentencia y recordó que el PP se ha caracterizado por ser “beligerante” contra “conductas irregulares” en la gestión del dinero público. Alonso hizo énfasis, además, en recordar que el expresidente balear y exministro abandonó las filas del PP hace dos años, precisamente por la posibilidad de que las investigaciones judiciales terminaran dañando al partido.
En plena batalla electoral por Andalucía y Asturias, la condena a seis años de prisión al ex presidente balear Jaume Matas por cinco delitos relacionados con la corrupción, cayó como un flotador de última hora en las alicaídas filas del PSOE, decididas a sacar el mayor partido posible a los actos de adhesión que en su día hicieron tanto Rajoy como el propio Javier Arenas al ex ministro del PP hoy caído en desgracia. Frases entresacadas de la hemeroteca popular y que sirven para poner en entredicho el discurso de regeneración democrática que enarbola Arenas frente a los numerosos escándalos destapados en la Junta de Andalucía en los últimos meses.
La dirección del grupo socialista en el Congreso de los Diputados se apresuró ayer a pedir a Rajoy que se retrate públicamente sobre su ex compañero de Gobierno en la era de Aznar, el primer cargo relevante del PP condenado por corrupción, y que aclare si sigue pensando aún hoy que Matas es un modelo a seguir en la administración del Estado. Una referencia directa que la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, hizo en relación a las calurosas felicitaciones que en su día, noviembre del año 2004, dedicó el propio Rajoy al entonces líder balear, de quien dijo que era un “presidente serio” que estaba al frente de un Gobierno “mucho mejor que el Gobierno de España”.
Arenas, “compañero de banco azul”
El PSOE tampoco ha pasado por alto que también Javier Arenas mostró no hace mucho tiempo cierta comprensión hacia quien fue “su compañero de banco azul”, como recordó la portavoz del PSOE, que pidió también que Arenas aclare su posición sobre la sentencia. “Hoy es el día en el que el PP no puede permanecer callado y debe dar una explicación clara a los ciudadanos”, enfatizó la dirigente socialista, que hizo hincapié en que, además, Matas tiene pendientes “otros procesos” judiciales.
La hemeroteca, sin embargo, guarda otros castigos para el líder del PP andaluz y para el propio Rajoy. De hecho, el año pasado Arenas justificó en Mallorca que Matas cobrase un sueldo del PP cuando abandonó la política, entre 2007 y 2008, cuando ya pesaban serias dudas de corrupción a sus espadas. Entonces, lo justificó como una “ayuda” a un político que estaba pendiente de incorporarse a otra actividad. Rajoy, por su parte, siempre mostró admiración y respeto por su compañero hasta que las evidencias en su contra lo pusieron contra las cuerdas y obligaron al propio Matas a presentar su baja como militante antes de que el partido lo tuviera que expulsar. Rajoy reconoció entonces, marzo del año pasado, que “si se demuestra que alguien no ha hecho las cosas bien, que no siga en política”. Un reconocimiento explícito de lo que venía por delante y que ayer se confirmó en la peor de las sentencias que podría esperar Matas y su antigua formación. “Le deseamos lo mejor, que se defienda y, si puede, demuestre su inocencia”, zanjó entonces el presidente del PP.
Ostracismo del PP
De ahí en adelante, ni Rajoy ni la plana mayor del PP ha vuelto a querer saber nada de un caso, el Palma Arena, que ahora les avergüenza y sobre el que ayer pasaron de puntillas los principales dirigentes del partido conservador. El nuevo líder del PP balear y presidente de las islas no pidió ayer perdón en nombre de su partido pero señaló que su formación ya había purgado sus penas. “Nosotros ya hicimos lo que tuvimos que hacer, con una renovación del partido, y no voy a hacer más valoraciones que no sean el total y más absoluto respeto a las decisiones judiciales”, explicó.
El portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, por su parte, mostró ayer su respeto a la sentencia y recordó que el PP se ha caracterizado por ser “beligerante” contra “conductas irregulares” en la gestión del dinero público. Alonso hizo énfasis, además, en recordar que el expresidente balear y exministro abandonó las filas del PP hace dos años, precisamente por la posibilidad de que las investigaciones judiciales terminaran dañando al partido.
lunes, 12 de marzo de 2012
Relato chino para un Estado al borde de la quiebra
Por Jose Antonio Zarzalejos
Publicado en El Confidencial (11/03/2012)
La movilización sindical y de la izquierda política, mañana, octavo aniversario de los atentados del 11-M, tiene connotaciones muy sugestivas y todas ellas preocupantes. Emocionalmente, la fecha elegida es un error, más allá de cualquier lectura políticamente intencional. Resulta difícil comprender que el aniversario del mayor atentado terrorista de nuestra historia, y de la de Europa, no excluya cualquier otra expresión pública que no sea la de conmemoración y recuerdo de las víctimas, por más que algunas de ellas sean solidarias con los manifestantes. La tragedia es, desde luego, la familiar de los fallecidos y heridos, pero, en su vertiente social, fue una enorme tragedia colectiva y trasciende la privacidad del dolor de las víctimas directas.
El derecho de manifestación, sin embargo, es siempre legítimo, aunque, como ocurrirá mañana, arañe el sentimiento colectivo que reclamaría un recuerdo silencioso. No siempre, sin embargo, lo legítimo es oportuno ni útil. La movilización contra la reforma laboral y la huelga general convocada para el próximo día 29 constituyen recursos que no cambiarán la decisión gubernamental validada por el Parlamento y, por ello, entre otras razones, resultarán procedimientos de oposición política anacrónicos.
Como ha escrito el sociólogo José Luis Álvarez*, “una de las conclusiones más robustas de la sociología de los movimientos sociales es que estos no triunfan en los peores momentos de una crisis, cuando mayor es la sensación subjetiva de injusticia en los desfavorecidos. Los conflictos se extienden cuando se dan condiciones objetivas, como unas élites divididas y tácticas adecuadas de contestación. Y hoy las élites no muestran fisuras y los métodos de movilización -huelgas, marchas, ocupaciones de propiedad privada, asambleas, alborotos, saqueos, barricadas, acampadas en espacios públicos, etcétera- no están actualizadas para enfrentar un capitalismo global. Las nuevas tecnologías pueden acelerar los tiempos de movilización y ampliar las bases de los convocados, pero no responden a las preguntas estratégicas: contra quién, cuándo y dónde descargar la fricción contestataria”.
En otras palabras: el derecho a protestar en la calle y el de huelga son plenos, pero no son útiles y, especialmente, no son ya contemporáneos. A menudo contribuyen a empeorar las cosas y no a resolverlas. La sola posibilidad de una huelga general ha provocado en las encuestas recientemente publicadas un rechazo importante de los ciudadanos, a muchos de los cuales tampoco gusta la reforma laboral, ni otras con las que se trata de afrontar la crisis. La izquierda, no obstante, en la que cabe incluir a las Centrales Sindicales, es “un terreno yermo” en palabras del profesor Félix Ovejero Lucas*, que aunque impugna la prepotencia de los mercados y se duele de “nuestra triste izquierda” observa en Francia, por ejemplo, algunos elementos de “radicalidad”, que “no es enemiga de la calidad”, propuestos por intelectuales que tratan de inyectar ideas allí donde hay inercias que han dejado el socialismo en barbecho.
El grave problema para la izquierda -y, en menor medida de la derecha, por razones obvias- es que no se ha dicho la verdad de lo que sucede y que consiste en que el Estado del bienestar -y en España, además, el autonómico- se asoma peligrosamente a la quiebra. El gran drama es que la estructura estatal prestataria de servicios públicos y sobreprotectora de derechos de los trabajadores, está en fase agónica. Se derrumba. Y no hay receta ideológica que la rescate, ni huelga general -todo lo contrario- que lo remedie.
Lo explica con claridad el profesor Daniel Innerarity: “Uno de los planteamientos menos afortunados a la hora de entender la crisis económica ha sido interpretarla en el interior del debate entre el neoliberalismo y la socialdemocracia, como si éste fuera el verdadero campo de juego ideológico en el que habrían de moverse las posibles soluciones; sin entender que es precisamente esa alternativa la que ha dejado de tener sentido a la hora de abordar crisis globales. El neoliberalismo ha salido peor parado de la crisis, pero eso no da motivo para celebraciones especiales entre quienes auguran un retorno del Estado y no están en condiciones de aclarar qué puede significar dicho retorno. Lo que hay que explicar -y a lo que debe hacerse frente- es que el Estado que emerge tras la crisis es un Estado menos poderoso, debido a la naturaleza global de la crisis y la limitada eficacia de los instrumentos tradicionales de la política económica.”
Los bazares chinos
La reivindicación del pasado y, lo que es peor, el fantaseo de que es posible regresar al bienestar de antaño suponiendo que estamos ante una crisis cíclica, no sólo es una ingenuidad, en este caso por parte de la izquierda -razón de su desconcierto-, sino también una temeridad política. El caso español es paradigmático: hicimos un Estado del bienestar para la bonanza y dogmatizamos que los servicios básicos -sanidad, educación y sociales- resultaban prestaciones imprescriptibles en su universalidad y amplitud. Sencillamente, ese dogma se ha caído aunque ni el anterior ni el actual Gobierno quieran reconocerlo.
Al imponer unos déficits determinados -1,5% a las comunidades autónomas- se está, de hecho, ofreciendo licencia para introducir elementos de alteración sustancial a las ofertas del bienestar. Sea mediante copagos o tasas; sea mediante restricciones de servicios en sanidad o en educación; sea mediante limitaciones de las prestaciones sociales, sea a través de la congelación de la inversión pública y el incremento de la fiscalidad, sea con métodos eufemísticos -pero en todo caso restrictivos- está muriendo el Estado protector y no sabemos si está emergiendo el Estado meramente cooperador. Empeñarse en mantener el primero es ir derechamente a la quiebra (como Grecia, o peor aún), y reclamarlo a quien no puede restablecerlo -el Gobierno y las instituciones- resulta un ejercicio frustrante y persistir en una vana esperanza de que volverán aquellos tiempos pasado, una condena segura a la melancolía depresiva.
Ha tenido que ser un empresario como Juan Roig, propietario de Mercadona, el que haya cantado las (desagradables) verdades del barquero. Con la legitimidad que le otorga haber creado 6.500 puestos de trabajo en 2011 y aumentado los beneficios de su empresa un 19%, el valenciano, hijo de un porquero, ha señalado la cultura del esfuerzo y la perseverancia de los bazares chinos como metáfora de cuál debe ser nuestro empeño; ha denunciado el derroche corrupto, la economía sumergida, las subvenciones improductivas y el absentismo como latrocinio social; ha reclamado “medidas disuasorias” en sanidad, en enseñanza y en justicia; se ha mostrado favorable a la reforma laboral aunque él “habría ido más lejos” y ha denunciado que cada puente festivo nos cuesta 1.200 millones de euros. Roig no reclama un nuevo esclavismo -sus empleados entran con sueldos dignos, disponen de jornadas flexibles, participan en beneficios- sino que fija una referencia, un modo de hacer que diferente. Para algunos autores, como Michael Lewis, nuestro continente se encamina a “un nuevo tercer mundo europeo” y lo explica en su indispensable libro Boomerang. O sea, que Roig no anda descaminado.
Cuando la clase dirigente no se aviene a proclamar la realidad, los sindicatos pretenden regresar a un Estado impotente y superado y la izquierda se empeña en los viejos dogmas que intenta defender en la calle como si de un mayo del 68 se tratase, la teoría de los bazares chinos -el productivismo asiático- de Juan Roig viene a ser el relato inevitable de los nuevos tiempos. No se trata de una perspectiva halagüeña, pero es lo hay.
*Los miserables del 2012 artículo de José Luis Álvarez en La Vanguardia de 5 de marzo.
*Las razones y las calles artículo de Félix Ovejero Lucas en El País de 7 de marzo.
*La democracia del conocimiento. Por una sociedad inteligente (Editorial Paidós) de Daniel Innerarity. Página 138.
Publicado en El Confidencial (11/03/2012)
La movilización sindical y de la izquierda política, mañana, octavo aniversario de los atentados del 11-M, tiene connotaciones muy sugestivas y todas ellas preocupantes. Emocionalmente, la fecha elegida es un error, más allá de cualquier lectura políticamente intencional. Resulta difícil comprender que el aniversario del mayor atentado terrorista de nuestra historia, y de la de Europa, no excluya cualquier otra expresión pública que no sea la de conmemoración y recuerdo de las víctimas, por más que algunas de ellas sean solidarias con los manifestantes. La tragedia es, desde luego, la familiar de los fallecidos y heridos, pero, en su vertiente social, fue una enorme tragedia colectiva y trasciende la privacidad del dolor de las víctimas directas.
El derecho de manifestación, sin embargo, es siempre legítimo, aunque, como ocurrirá mañana, arañe el sentimiento colectivo que reclamaría un recuerdo silencioso. No siempre, sin embargo, lo legítimo es oportuno ni útil. La movilización contra la reforma laboral y la huelga general convocada para el próximo día 29 constituyen recursos que no cambiarán la decisión gubernamental validada por el Parlamento y, por ello, entre otras razones, resultarán procedimientos de oposición política anacrónicos.
Como ha escrito el sociólogo José Luis Álvarez*, “una de las conclusiones más robustas de la sociología de los movimientos sociales es que estos no triunfan en los peores momentos de una crisis, cuando mayor es la sensación subjetiva de injusticia en los desfavorecidos. Los conflictos se extienden cuando se dan condiciones objetivas, como unas élites divididas y tácticas adecuadas de contestación. Y hoy las élites no muestran fisuras y los métodos de movilización -huelgas, marchas, ocupaciones de propiedad privada, asambleas, alborotos, saqueos, barricadas, acampadas en espacios públicos, etcétera- no están actualizadas para enfrentar un capitalismo global. Las nuevas tecnologías pueden acelerar los tiempos de movilización y ampliar las bases de los convocados, pero no responden a las preguntas estratégicas: contra quién, cuándo y dónde descargar la fricción contestataria”.
En otras palabras: el derecho a protestar en la calle y el de huelga son plenos, pero no son útiles y, especialmente, no son ya contemporáneos. A menudo contribuyen a empeorar las cosas y no a resolverlas. La sola posibilidad de una huelga general ha provocado en las encuestas recientemente publicadas un rechazo importante de los ciudadanos, a muchos de los cuales tampoco gusta la reforma laboral, ni otras con las que se trata de afrontar la crisis. La izquierda, no obstante, en la que cabe incluir a las Centrales Sindicales, es “un terreno yermo” en palabras del profesor Félix Ovejero Lucas*, que aunque impugna la prepotencia de los mercados y se duele de “nuestra triste izquierda” observa en Francia, por ejemplo, algunos elementos de “radicalidad”, que “no es enemiga de la calidad”, propuestos por intelectuales que tratan de inyectar ideas allí donde hay inercias que han dejado el socialismo en barbecho.
El grave problema para la izquierda -y, en menor medida de la derecha, por razones obvias- es que no se ha dicho la verdad de lo que sucede y que consiste en que el Estado del bienestar -y en España, además, el autonómico- se asoma peligrosamente a la quiebra. El gran drama es que la estructura estatal prestataria de servicios públicos y sobreprotectora de derechos de los trabajadores, está en fase agónica. Se derrumba. Y no hay receta ideológica que la rescate, ni huelga general -todo lo contrario- que lo remedie.
Lo explica con claridad el profesor Daniel Innerarity: “Uno de los planteamientos menos afortunados a la hora de entender la crisis económica ha sido interpretarla en el interior del debate entre el neoliberalismo y la socialdemocracia, como si éste fuera el verdadero campo de juego ideológico en el que habrían de moverse las posibles soluciones; sin entender que es precisamente esa alternativa la que ha dejado de tener sentido a la hora de abordar crisis globales. El neoliberalismo ha salido peor parado de la crisis, pero eso no da motivo para celebraciones especiales entre quienes auguran un retorno del Estado y no están en condiciones de aclarar qué puede significar dicho retorno. Lo que hay que explicar -y a lo que debe hacerse frente- es que el Estado que emerge tras la crisis es un Estado menos poderoso, debido a la naturaleza global de la crisis y la limitada eficacia de los instrumentos tradicionales de la política económica.”
Los bazares chinos
La reivindicación del pasado y, lo que es peor, el fantaseo de que es posible regresar al bienestar de antaño suponiendo que estamos ante una crisis cíclica, no sólo es una ingenuidad, en este caso por parte de la izquierda -razón de su desconcierto-, sino también una temeridad política. El caso español es paradigmático: hicimos un Estado del bienestar para la bonanza y dogmatizamos que los servicios básicos -sanidad, educación y sociales- resultaban prestaciones imprescriptibles en su universalidad y amplitud. Sencillamente, ese dogma se ha caído aunque ni el anterior ni el actual Gobierno quieran reconocerlo.
Al imponer unos déficits determinados -1,5% a las comunidades autónomas- se está, de hecho, ofreciendo licencia para introducir elementos de alteración sustancial a las ofertas del bienestar. Sea mediante copagos o tasas; sea mediante restricciones de servicios en sanidad o en educación; sea mediante limitaciones de las prestaciones sociales, sea a través de la congelación de la inversión pública y el incremento de la fiscalidad, sea con métodos eufemísticos -pero en todo caso restrictivos- está muriendo el Estado protector y no sabemos si está emergiendo el Estado meramente cooperador. Empeñarse en mantener el primero es ir derechamente a la quiebra (como Grecia, o peor aún), y reclamarlo a quien no puede restablecerlo -el Gobierno y las instituciones- resulta un ejercicio frustrante y persistir en una vana esperanza de que volverán aquellos tiempos pasado, una condena segura a la melancolía depresiva.
Ha tenido que ser un empresario como Juan Roig, propietario de Mercadona, el que haya cantado las (desagradables) verdades del barquero. Con la legitimidad que le otorga haber creado 6.500 puestos de trabajo en 2011 y aumentado los beneficios de su empresa un 19%, el valenciano, hijo de un porquero, ha señalado la cultura del esfuerzo y la perseverancia de los bazares chinos como metáfora de cuál debe ser nuestro empeño; ha denunciado el derroche corrupto, la economía sumergida, las subvenciones improductivas y el absentismo como latrocinio social; ha reclamado “medidas disuasorias” en sanidad, en enseñanza y en justicia; se ha mostrado favorable a la reforma laboral aunque él “habría ido más lejos” y ha denunciado que cada puente festivo nos cuesta 1.200 millones de euros. Roig no reclama un nuevo esclavismo -sus empleados entran con sueldos dignos, disponen de jornadas flexibles, participan en beneficios- sino que fija una referencia, un modo de hacer que diferente. Para algunos autores, como Michael Lewis, nuestro continente se encamina a “un nuevo tercer mundo europeo” y lo explica en su indispensable libro Boomerang. O sea, que Roig no anda descaminado.
Cuando la clase dirigente no se aviene a proclamar la realidad, los sindicatos pretenden regresar a un Estado impotente y superado y la izquierda se empeña en los viejos dogmas que intenta defender en la calle como si de un mayo del 68 se tratase, la teoría de los bazares chinos -el productivismo asiático- de Juan Roig viene a ser el relato inevitable de los nuevos tiempos. No se trata de una perspectiva halagüeña, pero es lo hay.
*Los miserables del 2012 artículo de José Luis Álvarez en La Vanguardia de 5 de marzo.
*Las razones y las calles artículo de Félix Ovejero Lucas en El País de 7 de marzo.
*La democracia del conocimiento. Por una sociedad inteligente (Editorial Paidós) de Daniel Innerarity. Página 138.
miércoles, 7 de marzo de 2012
Rubalcaba no aguanta porque el Partido Socialista se cae
Por Jose Antoni Zarzalejos
Publicado en El Confidencial (07/03/2012)
En el Partido Socialista cunde el desaliento. Fin de semana horribilis según se comenta en Ferraz: Tomás Gómez bate a la rubalcabista Pilar Sánchez-Acera en el congreso regional del PSM (y ya van dos veces en las que invictus moja la oreja al ahora secretario general del PSOE), y el diario El País -alineado con Rubalcaba frente a Chacón- publica una encuesta según la cual el PP ganaría con más holgura hoy que el 20-N, y Rubalcaba no sólo es desaprobado por el 52% de los consultados, sino que, además, nada menos que el 75% dice tener poca o ninguna confianza en el dirigente socialista, registros peores que los del presidente del Gobierno. Y no recuperado el secretario general socialista de estos dos reveses, el lunes aparecen en varios medios los presuntos manejos corruptos (concesiones irregulares de créditos) en la andaluza Invercaria que complican más la vida al PSOE de Andalucía porque se añaden al escándalo de los ERE. Y ayer, para que nada falte, la probidad de José Blanco -gran aliado de Rubalcaba- quedó en cuestión por el conocimiento de parte de las diligencias judiciales que apuntan al ex ministro como un conseguidor en el llamado caso Campeón en presunto beneficio propio o del partido.
Durante los días anteriores, las noticias no fueron mejores para ex vicepresidente del Gobierno. Según el Euskobarómetro -el método demoscópico más acreditado en el País Vasco, dirigido por el catedrático Francisco Llera, publicado el pasado sábado- el Partido Socialista de Euskadi pasaría en unas elecciones autonómicas (se celebrarán en menos de un año) del 30,70% de 2009 a una estimación de voto de sólo el 18,3% en 2013, reduciendo su representación de 25 escaños a 16, lo que, de suceder, resultaría una auténtica debacle. Esta evolución negativa del PSE es especialmente peligrosa para Rubalcaba porque el secretario general del PSOE tuvo la pésima idea de encomendar a Patxi López, ahora lendakari, la secretaría ejecutiva de relaciones políticas. Si el año que viene López se desploma como auguran las encuestas, el delfín de Rubalcaba -y el propio secretario general- quedarían en evidencia.
En estas circunstancias, los peones de Carme Chacón plantearían de nuevo y anticipadamente la batalla de una gestora primero y un congreso extraordinario después para sustituir a Rubalcaba
Tampoco en Cataluña las cosas pintan mejor. Según la encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, publicada el pasado sábado, el PSC perdería dos puntos de voto y cedería así tres escaños, pasando de 28 a 25 en el Parlamento catalán, mientras CiU y PP mantendrían sus apoyos con ligeros incrementos, avanzando posiciones tanto Ciudadanos como ERC. La federación nacionalista sopesa la posibilidad de adelantar las catalanas para absorber la ventaja que registra en la actualidad y mejorar posiciones para plantear el pacto fiscal catalán. Si a este panorama en Cataluña se une la enorme división del PSOE en la comunidad valenciana en donde su actual secretario general -Jorge Alarte, también rubalcabista- podría ser barrido por el sector crítico, se llega a la sencilla conclusión de que la victoria de Rubalcaba en el 38º Congreso del PSOE celebrado en Sevilla fue auténticamente pírrica.
Por otra parte, la opción del actual secretario general del PSOE de unir su suerte a la de las Centrales Sindicales que acarician la convocatoria de una huelga general, es igualmente perdedora. Según El País, nada menos que el 67% de los consultados en su encuesta publicada el pasado domingo considera que “la protesta empeoraría aún más la situación económica”. Los socialistas, sin embargo, secundarán la movilización del 11-M (tratan de agitar el imaginario colectivo que esa fecha representa en la sociedad española en su vertiente de agitación contra el PP), aún a riesgo de confundirse de manera rotunda.
Una derrota -muy probable, aunque no plenamente segura- en Andalucía, con mayoría absoluta de los populares, y un mal resultado en Asturias -por detrás del PP que fue la primera fuerza política el pasado 20-N- dejarían al PSOE en la situación más postergada de su historia en democracia. Y la disidencia a la actual dirección -en Galicia está también fraguándose- se generalizaría. Caído así el PSOE, su secretario general no aguantaría, le faltaría el oxígeno, especialmente si, como es de prever, Mariano Rajoy saca adelante los Presupuestos Generales del Estado sin objeción seria de la UE, después de que el presidente del Gobierno le haya arrebatado al propio Rubalcaba su discurso sobre flexibilización del déficit, la dación en pago, el recorte de sueldos de gestores financieros y en empresas públicas y el sistema paliativo contra la morosidad en las Administraciones públicas. Josep Borrell y José Bono se han encargado de zaherir a Zapatero -y a Rubalcaba- por no haber adoptado esas medidas mientras gobernaron.
En estas circunstancias, los peones de Carme Chacón -que serían más numerosos que en Sevilla porque en varias comunidades autónomas los chaconistas estarían al frente del partido- plantearían de nuevo y anticipadamente la batalla de una gestora primero y un congreso extraordinario después para sustituir a Rubalcaba. Cuyas opciones para ser el candidato socialista a la presidencia del Gobierno en 2015 -con primarias de por medio- comienzan a resultar tan inverosímiles como las de Patxi López. El próximo día 25 no sólo será la hora de Andalucía y de Asturias. También la de comprobar si la caída del PSOE quiebra el soporte de su secretario general, lo cual parece más que probable en los propios análisis de la dirección del partido. Rubalcaba -quién lo iba a decir- presenta ya el perfil no de un perdedor, sino de un derrotado.
Publicado en El Confidencial (07/03/2012)
En el Partido Socialista cunde el desaliento. Fin de semana horribilis según se comenta en Ferraz: Tomás Gómez bate a la rubalcabista Pilar Sánchez-Acera en el congreso regional del PSM (y ya van dos veces en las que invictus moja la oreja al ahora secretario general del PSOE), y el diario El País -alineado con Rubalcaba frente a Chacón- publica una encuesta según la cual el PP ganaría con más holgura hoy que el 20-N, y Rubalcaba no sólo es desaprobado por el 52% de los consultados, sino que, además, nada menos que el 75% dice tener poca o ninguna confianza en el dirigente socialista, registros peores que los del presidente del Gobierno. Y no recuperado el secretario general socialista de estos dos reveses, el lunes aparecen en varios medios los presuntos manejos corruptos (concesiones irregulares de créditos) en la andaluza Invercaria que complican más la vida al PSOE de Andalucía porque se añaden al escándalo de los ERE. Y ayer, para que nada falte, la probidad de José Blanco -gran aliado de Rubalcaba- quedó en cuestión por el conocimiento de parte de las diligencias judiciales que apuntan al ex ministro como un conseguidor en el llamado caso Campeón en presunto beneficio propio o del partido.
Durante los días anteriores, las noticias no fueron mejores para ex vicepresidente del Gobierno. Según el Euskobarómetro -el método demoscópico más acreditado en el País Vasco, dirigido por el catedrático Francisco Llera, publicado el pasado sábado- el Partido Socialista de Euskadi pasaría en unas elecciones autonómicas (se celebrarán en menos de un año) del 30,70% de 2009 a una estimación de voto de sólo el 18,3% en 2013, reduciendo su representación de 25 escaños a 16, lo que, de suceder, resultaría una auténtica debacle. Esta evolución negativa del PSE es especialmente peligrosa para Rubalcaba porque el secretario general del PSOE tuvo la pésima idea de encomendar a Patxi López, ahora lendakari, la secretaría ejecutiva de relaciones políticas. Si el año que viene López se desploma como auguran las encuestas, el delfín de Rubalcaba -y el propio secretario general- quedarían en evidencia.
En estas circunstancias, los peones de Carme Chacón plantearían de nuevo y anticipadamente la batalla de una gestora primero y un congreso extraordinario después para sustituir a Rubalcaba
Tampoco en Cataluña las cosas pintan mejor. Según la encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, publicada el pasado sábado, el PSC perdería dos puntos de voto y cedería así tres escaños, pasando de 28 a 25 en el Parlamento catalán, mientras CiU y PP mantendrían sus apoyos con ligeros incrementos, avanzando posiciones tanto Ciudadanos como ERC. La federación nacionalista sopesa la posibilidad de adelantar las catalanas para absorber la ventaja que registra en la actualidad y mejorar posiciones para plantear el pacto fiscal catalán. Si a este panorama en Cataluña se une la enorme división del PSOE en la comunidad valenciana en donde su actual secretario general -Jorge Alarte, también rubalcabista- podría ser barrido por el sector crítico, se llega a la sencilla conclusión de que la victoria de Rubalcaba en el 38º Congreso del PSOE celebrado en Sevilla fue auténticamente pírrica.
Por otra parte, la opción del actual secretario general del PSOE de unir su suerte a la de las Centrales Sindicales que acarician la convocatoria de una huelga general, es igualmente perdedora. Según El País, nada menos que el 67% de los consultados en su encuesta publicada el pasado domingo considera que “la protesta empeoraría aún más la situación económica”. Los socialistas, sin embargo, secundarán la movilización del 11-M (tratan de agitar el imaginario colectivo que esa fecha representa en la sociedad española en su vertiente de agitación contra el PP), aún a riesgo de confundirse de manera rotunda.
Una derrota -muy probable, aunque no plenamente segura- en Andalucía, con mayoría absoluta de los populares, y un mal resultado en Asturias -por detrás del PP que fue la primera fuerza política el pasado 20-N- dejarían al PSOE en la situación más postergada de su historia en democracia. Y la disidencia a la actual dirección -en Galicia está también fraguándose- se generalizaría. Caído así el PSOE, su secretario general no aguantaría, le faltaría el oxígeno, especialmente si, como es de prever, Mariano Rajoy saca adelante los Presupuestos Generales del Estado sin objeción seria de la UE, después de que el presidente del Gobierno le haya arrebatado al propio Rubalcaba su discurso sobre flexibilización del déficit, la dación en pago, el recorte de sueldos de gestores financieros y en empresas públicas y el sistema paliativo contra la morosidad en las Administraciones públicas. Josep Borrell y José Bono se han encargado de zaherir a Zapatero -y a Rubalcaba- por no haber adoptado esas medidas mientras gobernaron.
En estas circunstancias, los peones de Carme Chacón -que serían más numerosos que en Sevilla porque en varias comunidades autónomas los chaconistas estarían al frente del partido- plantearían de nuevo y anticipadamente la batalla de una gestora primero y un congreso extraordinario después para sustituir a Rubalcaba. Cuyas opciones para ser el candidato socialista a la presidencia del Gobierno en 2015 -con primarias de por medio- comienzan a resultar tan inverosímiles como las de Patxi López. El próximo día 25 no sólo será la hora de Andalucía y de Asturias. También la de comprobar si la caída del PSOE quiebra el soporte de su secretario general, lo cual parece más que probable en los propios análisis de la dirección del partido. Rubalcaba -quién lo iba a decir- presenta ya el perfil no de un perdedor, sino de un derrotado.
Recortes en las autonomías y Estado de Bienestar
Por Antonio Casado
Publicado en El Confidencial (07/03/2012)
De fueros y huevos, una vez más. El huevo es el recorte, durísimo en algunos casos, como será el de Cospedal en Castilla-La Mancha, obligada a reducir su déficit (el de la Comunidad, se entiende, no el de su economía familiar, que va sobrada de sueldos), exactamente del 7% al 1,5%, en un contexto de recesión económica. Y el fuero se refiere a la identidad de un Estado fuertemente descentralizado y comprometido por ley con el bienestar de los ciudadanos.
Esas son las coordenadas del debate de ayer tarde en el llamado Consejo de Política Fiscal y Financiera (ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y consejeros del mismo negociado en las Comunidades Autónomas). El objetivo es el recorte del gasto autonómico de modo que, sumado al del resto de las administraciones y la Seguridad Social, permitan a Mariano Rajoy presumir en Bruselas de la España cumplidora al 5,8% de déficit público en 2012 y al 3% en 2013.
Ya cuenta con el asentimiento de todas las Comunidades excepto la de Andalucía, que votó en contra de asumir el tope del 1,5% de déficit al finalizar el año. Canarias y Cataluña se abstuvieron a la espera de que el Gobierno cierre los Presupuestos de 2012 y puedan tomarse como referencia. Pero nos seguimos preguntando: ¿Se conseguirán los objetivos sin alterar la esencia del Estado de las Autonomías y del Estado del Bienestar?
¿Se conseguirán los objetivos sin alterar la esencia del Estado de las Autonomías y del Estado del Bienestar?
La pregunta no es retórica. Hace unos días tuve ocasión de charlar informalmente con José Erkoreka (portavoz del PNV en el Congreso) y expresó su preocupación porque la lucha contra el déficit público se convierta en un pretexto para desvirtuar la descentralización del poder proclamada en la Constitución. Por ejemplo, mediante la reversión de competencias.
Mucho menos retórico es el temor de la izquierda a que el compromiso contraído por los consejeros autonómicos, salvo la mencionada insumisión andaluza y el tiempo muerto pedido por canarios y catalanes, acabe afectando a la prestación de los servicios públicos que conforman el llamado Estado del Bienestar. Unos servicios que, como Educación y la Sanidad, están a cargo de las Comunidades Autónomas y se llevan la parte del león en sus respectivos presupuestos anuales.
El líder del PSOE, Pérez Rubalcaba, ya ha dicho en muchas ocasiones que esa línea roja no debe cruzarse en los programas de austeridad y recortes, por duros que éstos sean. Y los dirigentes socialistas andaluces, en línea con la insumisión del consejero de la Junta en la votación de ayer (estaba cantado, por la proximidad de las elecciones regionales), ya han dicho con toda claridad que el Gobierno del PP pretende la “expropiación del Estado del Bienestar” (Mario Jiménez, portavoz del grupo socialista en el Parlamento andaluz).
En cuanto al Gobierno de Rajoy tenemos su compromiso de que la austeridad no afecte a la prestación de servicios sociales y la declaración del ministro Montoro al terminar la reunión con los consejeros autonómicos: “Las comunidades saben lo que tienen que hacer en su casa, cada uno tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades”. O sea, que de momento, y a falta de mayores precisiones sobre el uso de la tijera en las distintas Autonomías, anunciar que los servicios sociales no se van a resentir es una cuestión de fe.
Publicado en El Confidencial (07/03/2012)
De fueros y huevos, una vez más. El huevo es el recorte, durísimo en algunos casos, como será el de Cospedal en Castilla-La Mancha, obligada a reducir su déficit (el de la Comunidad, se entiende, no el de su economía familiar, que va sobrada de sueldos), exactamente del 7% al 1,5%, en un contexto de recesión económica. Y el fuero se refiere a la identidad de un Estado fuertemente descentralizado y comprometido por ley con el bienestar de los ciudadanos.
Esas son las coordenadas del debate de ayer tarde en el llamado Consejo de Política Fiscal y Financiera (ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y consejeros del mismo negociado en las Comunidades Autónomas). El objetivo es el recorte del gasto autonómico de modo que, sumado al del resto de las administraciones y la Seguridad Social, permitan a Mariano Rajoy presumir en Bruselas de la España cumplidora al 5,8% de déficit público en 2012 y al 3% en 2013.
Ya cuenta con el asentimiento de todas las Comunidades excepto la de Andalucía, que votó en contra de asumir el tope del 1,5% de déficit al finalizar el año. Canarias y Cataluña se abstuvieron a la espera de que el Gobierno cierre los Presupuestos de 2012 y puedan tomarse como referencia. Pero nos seguimos preguntando: ¿Se conseguirán los objetivos sin alterar la esencia del Estado de las Autonomías y del Estado del Bienestar?
¿Se conseguirán los objetivos sin alterar la esencia del Estado de las Autonomías y del Estado del Bienestar?
La pregunta no es retórica. Hace unos días tuve ocasión de charlar informalmente con José Erkoreka (portavoz del PNV en el Congreso) y expresó su preocupación porque la lucha contra el déficit público se convierta en un pretexto para desvirtuar la descentralización del poder proclamada en la Constitución. Por ejemplo, mediante la reversión de competencias.
Mucho menos retórico es el temor de la izquierda a que el compromiso contraído por los consejeros autonómicos, salvo la mencionada insumisión andaluza y el tiempo muerto pedido por canarios y catalanes, acabe afectando a la prestación de los servicios públicos que conforman el llamado Estado del Bienestar. Unos servicios que, como Educación y la Sanidad, están a cargo de las Comunidades Autónomas y se llevan la parte del león en sus respectivos presupuestos anuales.
El líder del PSOE, Pérez Rubalcaba, ya ha dicho en muchas ocasiones que esa línea roja no debe cruzarse en los programas de austeridad y recortes, por duros que éstos sean. Y los dirigentes socialistas andaluces, en línea con la insumisión del consejero de la Junta en la votación de ayer (estaba cantado, por la proximidad de las elecciones regionales), ya han dicho con toda claridad que el Gobierno del PP pretende la “expropiación del Estado del Bienestar” (Mario Jiménez, portavoz del grupo socialista en el Parlamento andaluz).
En cuanto al Gobierno de Rajoy tenemos su compromiso de que la austeridad no afecte a la prestación de servicios sociales y la declaración del ministro Montoro al terminar la reunión con los consejeros autonómicos: “Las comunidades saben lo que tienen que hacer en su casa, cada uno tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades”. O sea, que de momento, y a falta de mayores precisiones sobre el uso de la tijera en las distintas Autonomías, anunciar que los servicios sociales no se van a resentir es una cuestión de fe.
lunes, 5 de marzo de 2012
Una canallada: "La culpa del déficit es de España"
Por Roberto Centeno
Publicado en Cotizalia (05/03/2012)
Hoy hace una semana, el Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, anunció la cifra oficial de déficit de las AAPP en 2011, calculada de acuerdo con los criterios de Protocolo de Déficit excesivo que es del orden del 70% del déficit total; una cifra que todos aquellos que nos molestamos en sumar y restar estimábamos desde julio, y el propio Montoro, porque así me lo dijo personalmente, al menos desde septiembre. Pero antes de entrar en la cifra en sí, en sus causas y consecuencias, tengo que empezar confesando mi más absoluta indignación por la inaudita introducción con la que Montoro, a guisa de mantra que repetiría por tres veces durante su intervención, quiso dejar claro que nadie es responsable: “La culpa del déficit es de España”.
Es difícil imaginar una canallada mayor -incluido su giro de 180º en la política sobre la banda de asesinos y su brazo político-, un insulto más grave a los españoles. Nos han arruinado, nos han expoliado, han destruido las esperanzas y las expectativas de toda una generación, y resulta que somos nosotros, las victimas, los culpables. Según Rajoy, porque estoy seguro que la orden partió de él, la culpa del mayor desastre económico desde la Guerra Civil la tiene la gente honrada que paga sus impuestos, la tienen los parados, los mileuristas y los pensionistas, una mayoría de los cuales ya no llega a fin de mes.
Por el contrario, la casta política parasitaria que ha colocado a dedo casi dos millones de parientes, amigos y correligionarios, que despilfarra, que nos expolia y que impide la recuperación, no tiene culpa de nada. Los irresponsables e incompetentes banqueros y cajeros, que han llevado a la ruina en solo tres años a un sector centenario y no han pagado por ello, que han hecho desaparecer el crédito arruinando así a cientos de miles de empresas y causando un daño irreparable al tejido productivo de la nación, tampoco son responsables. La culpa la tienen los parados por no poder pagar las hipotecas. Por supuesto, Zapatero y sus secuaces, que nos costaron medio billón de euros, los barones del PP -sin que Rajoy moviera jamás un dedo para evitarlo- y del PSOE, los nacionalistas y los alcaldes, que han arruinado a sus comunidades, son inocentes. “La culpa la tiene España”. Es, sencillamente, repugnante.
Un cuadro macroeconómico inaceptable
Ya en su presentación de la cifra de déficit, Montoro no explicó las causas, algo imprescindible para saber qué está pasando y que hace temer un desplome de la recaudación tributaria. En este sentido, el anuncio el martes de Esperanza Aguirre de que el déficit de Madrid, altamente representativo del conjunto de España, estaba infravalorado y que los ingresos de noviembre y diciembre iban a ser menores que los estimados para el cálculo, invita a pensar que cuando se conozcan las cifras reales de todas las CCAA el déficit computable se encuentre cercano al 9%, y no al 8,5%. Mientras, el déficit real, lo que de verdad hemos gastado de más respecto a lo ingresado, computable o no, puede estar por encima del 11%. Con un gasto público de unos 475.000 millones (122.000 en pensiones y el resto en Seguridad Social) 117.000, o un euro de cada cuatro, lo fueron a crédito.
Y así las cosas, el viernes nos enteramos de que Hacienda ha decidido retrasar un mes la publicación de los datos de recaudación tributaria, algo que confirmaría el peor de los escenarios. Así que, de momento, tenemos que tragarnos porque sí un cuadro macroeconómico en base al cual se elaborarán los presupuestos, y que es lisa y llanamente inaceptable. Y es inaceptable no solo por el descarado voluntarismo (decir que la Seguridad Social, que ya está en déficit, cerrará en equilibrio con 630.000 afiliados menos, es una tomadura de pelo) sino fundamentalmente porque se trata de un cuadro destinado a mantener intacta la juerga autonómica y el sistema financiero, y no a recuperar el empleo y la inversión.
Si en Bruselas fueran conscientes de que todo el gasto sobre el que Rajoy está dispuesto a actuar para atajar el déficit -aparte de subirnos 10.000 millones en IVA y especiales, que es lo que tienen en mente- son 60.000 millones de euros, los gastos de los ministerios y las instituciones, mientras que 235.000 millones se encuentran en manos de políticos ineptos y corruptos a los que se les ha garantizado dinero para que no quiebre ninguno y mantengan su “total autonomía política y económica”, nos echarían a patadas del euro. El Gobierno afirma que “no existen cifras mágicas”, cuando lo que no existe es voluntad para recortar y asignar correctamente los recursos públicos.
Así, Rajoy ha decidido salvar con dinero público todas las entidades financieras inviables; y, lo que es peor, no intervenir en el recorte y asignación de los dos tercios del gasto público de la nación, solo ha ordenado una reducción genérica del déficit, y si luego no cumplen (Cataluña ya ha dicho que no lo hará) nadie responderá de nada y, además, recibirá nuestro dinero para tapar el agujero.
Las alternativas de asignación de los recursos públicos
La clave del hundimiento reflejado en el cuadro macroeconómico se encuentra en el desplome de la demanda y la inversión privadas, que representan en conjunto más del 80% del PIB. En los últimos 100 días se han destinado 16.500 millones al salvamento de la CAM, 6.000 millones al incremento de capital del robo legal del FROB y están a punto de asignarse 6.500 millones entre protección de activos e impagos del FROB al salvamento de UNIM. Subtotal: 29.000 millones, y da igual que sea dinero efectivo que garantía del Estado.
Imaginen ahora que, en lugar de ese disparate, esos recursos se utilizan para prestar a PYMES y autónomos. El crédito nuevo en 2011 se desplomó un 20%, y esa es la causa principal de la destrucción de 500.000 puestos de trabajo. Hasta un niño de primaria puede ver, que en grandes números, 29.000 millones significarían que en lugar de una caída del 20% del crédito al sector productivo éste habría caído solo un 14%, lo que en cifras aproximadas permitiría crear 150.000 puestos de trabajo. Y lo malo no son solo los 29.000 millones, es que están dispuestos a poner hasta 90.000, ya que solo Bankia podría necesitar 45.000 millones.
Pero si la asignación masiva de los recursos públicos al salvamento de cajas inviables es un disparate absoluto, su asignación al mantenimiento del despilfarro autonómico y local entra en el terreno de lo penal. Según el cuadro macroeconómico presentado, el gasto disponible para el conjunto de ministerios e instituciones, o sea España, se reduce en un 12,5% hasta los 57.978 millones, mientras que autonomías, diputaciones y ayuntamientos, incluyendo los miles de empresas públicas, disponen de más de 235.000 millones y ninguna se toma en serio los límites de gasto. Muchas CCAA han tenido la desvergüenza de subir sus presupuestos -Extremadura y otras han subido salarios y gasto corriente un 9%- y otras realizan recortes casi nulos. ¿Cómo vamos a recortar gasto sino se entra a sangre y fuego en el despilfarro autonómico y local?
Es, además, rotundamente falso que el 75% del gasto de las CCAA se dedique a Educación, Sanidad y gasto social. En conjunto, es el 50% de sus presupuestos, y además ampliamente mejorable sin bajar prestación alguna, mientras que el 36% son salarios y gasto corriente y el resto infraestructuras y despilfarro generalizado, como embajadas, leyes lingüísticas, obras faraónicas, fastos diversos, etc… Hay que añadir las empresas públicas, que con 250.000 empleados se encuentran fuera de control presupuestario. Por tanto, el recorte no solo es fácil, es imperioso. Nadie revisa el destino eficiente los recursos, y lo peor es que el Gobierno ha renunciado explícitamente a ello. Y después Rajoy afirma que el déficit no puede reducirse más que hasta un 5,8%, lo que constituye un paso tan irresponsable como innecesario hacia la helenización de España. La austeridad pública no causaría un “crack nacional”, es justo lo contrario.
Veamos porque no lo causaría: duplicidades entre AAPP, 34.000 millones, prescindibles de inmediato; diputaciones, 22.000 millones, sin apenas competencia alguna, reducible en dos tercios; empresas públicas, consorcios y fundaciones, reducción a la mitad con un ahorro de 20.000 millones; racionalización de las corporaciones locales, ahorro de 10.000 millones; subvenciones y exenciones de impuestos a sindicatos, patronal y partidos políticos, 9.000 millones. Subtotal: 88.000 millones. Y ahora que explique Rajoy a los españoles, a Bruselas y a los mercados por qué no se puede. No se puede porque en duplicidades, diputaciones, empresas públicas y ayuntamientos, están colocados cientos de miles de familiares, amigos y correligionarios. Y los privilegios de la casta no se tocan.Tenemos un modelo de Estado y una casta política insostenibles, pero no están dispuestos a enfrentarse a esta realidad para acabar con ella, lo que nos pone en riesgo cierto de estallido social.
*El catedrático del IES Martínez Abascal propone otra fórmula: repetir el presupuesto 2007, "que cojan el presupuesto de ese año y rebajen todo partida por partida. La población no ha crecido y somos más pobres". El ahorrro superaría los 75.000 millones de euros.
Publicado en Cotizalia (05/03/2012)
Hoy hace una semana, el Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, anunció la cifra oficial de déficit de las AAPP en 2011, calculada de acuerdo con los criterios de Protocolo de Déficit excesivo que es del orden del 70% del déficit total; una cifra que todos aquellos que nos molestamos en sumar y restar estimábamos desde julio, y el propio Montoro, porque así me lo dijo personalmente, al menos desde septiembre. Pero antes de entrar en la cifra en sí, en sus causas y consecuencias, tengo que empezar confesando mi más absoluta indignación por la inaudita introducción con la que Montoro, a guisa de mantra que repetiría por tres veces durante su intervención, quiso dejar claro que nadie es responsable: “La culpa del déficit es de España”.
Es difícil imaginar una canallada mayor -incluido su giro de 180º en la política sobre la banda de asesinos y su brazo político-, un insulto más grave a los españoles. Nos han arruinado, nos han expoliado, han destruido las esperanzas y las expectativas de toda una generación, y resulta que somos nosotros, las victimas, los culpables. Según Rajoy, porque estoy seguro que la orden partió de él, la culpa del mayor desastre económico desde la Guerra Civil la tiene la gente honrada que paga sus impuestos, la tienen los parados, los mileuristas y los pensionistas, una mayoría de los cuales ya no llega a fin de mes.
Por el contrario, la casta política parasitaria que ha colocado a dedo casi dos millones de parientes, amigos y correligionarios, que despilfarra, que nos expolia y que impide la recuperación, no tiene culpa de nada. Los irresponsables e incompetentes banqueros y cajeros, que han llevado a la ruina en solo tres años a un sector centenario y no han pagado por ello, que han hecho desaparecer el crédito arruinando así a cientos de miles de empresas y causando un daño irreparable al tejido productivo de la nación, tampoco son responsables. La culpa la tienen los parados por no poder pagar las hipotecas. Por supuesto, Zapatero y sus secuaces, que nos costaron medio billón de euros, los barones del PP -sin que Rajoy moviera jamás un dedo para evitarlo- y del PSOE, los nacionalistas y los alcaldes, que han arruinado a sus comunidades, son inocentes. “La culpa la tiene España”. Es, sencillamente, repugnante.
Un cuadro macroeconómico inaceptable
Ya en su presentación de la cifra de déficit, Montoro no explicó las causas, algo imprescindible para saber qué está pasando y que hace temer un desplome de la recaudación tributaria. En este sentido, el anuncio el martes de Esperanza Aguirre de que el déficit de Madrid, altamente representativo del conjunto de España, estaba infravalorado y que los ingresos de noviembre y diciembre iban a ser menores que los estimados para el cálculo, invita a pensar que cuando se conozcan las cifras reales de todas las CCAA el déficit computable se encuentre cercano al 9%, y no al 8,5%. Mientras, el déficit real, lo que de verdad hemos gastado de más respecto a lo ingresado, computable o no, puede estar por encima del 11%. Con un gasto público de unos 475.000 millones (122.000 en pensiones y el resto en Seguridad Social) 117.000, o un euro de cada cuatro, lo fueron a crédito.
Y así las cosas, el viernes nos enteramos de que Hacienda ha decidido retrasar un mes la publicación de los datos de recaudación tributaria, algo que confirmaría el peor de los escenarios. Así que, de momento, tenemos que tragarnos porque sí un cuadro macroeconómico en base al cual se elaborarán los presupuestos, y que es lisa y llanamente inaceptable. Y es inaceptable no solo por el descarado voluntarismo (decir que la Seguridad Social, que ya está en déficit, cerrará en equilibrio con 630.000 afiliados menos, es una tomadura de pelo) sino fundamentalmente porque se trata de un cuadro destinado a mantener intacta la juerga autonómica y el sistema financiero, y no a recuperar el empleo y la inversión.
Si en Bruselas fueran conscientes de que todo el gasto sobre el que Rajoy está dispuesto a actuar para atajar el déficit -aparte de subirnos 10.000 millones en IVA y especiales, que es lo que tienen en mente- son 60.000 millones de euros, los gastos de los ministerios y las instituciones, mientras que 235.000 millones se encuentran en manos de políticos ineptos y corruptos a los que se les ha garantizado dinero para que no quiebre ninguno y mantengan su “total autonomía política y económica”, nos echarían a patadas del euro. El Gobierno afirma que “no existen cifras mágicas”, cuando lo que no existe es voluntad para recortar y asignar correctamente los recursos públicos.
Así, Rajoy ha decidido salvar con dinero público todas las entidades financieras inviables; y, lo que es peor, no intervenir en el recorte y asignación de los dos tercios del gasto público de la nación, solo ha ordenado una reducción genérica del déficit, y si luego no cumplen (Cataluña ya ha dicho que no lo hará) nadie responderá de nada y, además, recibirá nuestro dinero para tapar el agujero.
Las alternativas de asignación de los recursos públicos
La clave del hundimiento reflejado en el cuadro macroeconómico se encuentra en el desplome de la demanda y la inversión privadas, que representan en conjunto más del 80% del PIB. En los últimos 100 días se han destinado 16.500 millones al salvamento de la CAM, 6.000 millones al incremento de capital del robo legal del FROB y están a punto de asignarse 6.500 millones entre protección de activos e impagos del FROB al salvamento de UNIM. Subtotal: 29.000 millones, y da igual que sea dinero efectivo que garantía del Estado.
Imaginen ahora que, en lugar de ese disparate, esos recursos se utilizan para prestar a PYMES y autónomos. El crédito nuevo en 2011 se desplomó un 20%, y esa es la causa principal de la destrucción de 500.000 puestos de trabajo. Hasta un niño de primaria puede ver, que en grandes números, 29.000 millones significarían que en lugar de una caída del 20% del crédito al sector productivo éste habría caído solo un 14%, lo que en cifras aproximadas permitiría crear 150.000 puestos de trabajo. Y lo malo no son solo los 29.000 millones, es que están dispuestos a poner hasta 90.000, ya que solo Bankia podría necesitar 45.000 millones.
Pero si la asignación masiva de los recursos públicos al salvamento de cajas inviables es un disparate absoluto, su asignación al mantenimiento del despilfarro autonómico y local entra en el terreno de lo penal. Según el cuadro macroeconómico presentado, el gasto disponible para el conjunto de ministerios e instituciones, o sea España, se reduce en un 12,5% hasta los 57.978 millones, mientras que autonomías, diputaciones y ayuntamientos, incluyendo los miles de empresas públicas, disponen de más de 235.000 millones y ninguna se toma en serio los límites de gasto. Muchas CCAA han tenido la desvergüenza de subir sus presupuestos -Extremadura y otras han subido salarios y gasto corriente un 9%- y otras realizan recortes casi nulos. ¿Cómo vamos a recortar gasto sino se entra a sangre y fuego en el despilfarro autonómico y local?
Es, además, rotundamente falso que el 75% del gasto de las CCAA se dedique a Educación, Sanidad y gasto social. En conjunto, es el 50% de sus presupuestos, y además ampliamente mejorable sin bajar prestación alguna, mientras que el 36% son salarios y gasto corriente y el resto infraestructuras y despilfarro generalizado, como embajadas, leyes lingüísticas, obras faraónicas, fastos diversos, etc… Hay que añadir las empresas públicas, que con 250.000 empleados se encuentran fuera de control presupuestario. Por tanto, el recorte no solo es fácil, es imperioso. Nadie revisa el destino eficiente los recursos, y lo peor es que el Gobierno ha renunciado explícitamente a ello. Y después Rajoy afirma que el déficit no puede reducirse más que hasta un 5,8%, lo que constituye un paso tan irresponsable como innecesario hacia la helenización de España. La austeridad pública no causaría un “crack nacional”, es justo lo contrario.
Veamos porque no lo causaría: duplicidades entre AAPP, 34.000 millones, prescindibles de inmediato; diputaciones, 22.000 millones, sin apenas competencia alguna, reducible en dos tercios; empresas públicas, consorcios y fundaciones, reducción a la mitad con un ahorro de 20.000 millones; racionalización de las corporaciones locales, ahorro de 10.000 millones; subvenciones y exenciones de impuestos a sindicatos, patronal y partidos políticos, 9.000 millones. Subtotal: 88.000 millones. Y ahora que explique Rajoy a los españoles, a Bruselas y a los mercados por qué no se puede. No se puede porque en duplicidades, diputaciones, empresas públicas y ayuntamientos, están colocados cientos de miles de familiares, amigos y correligionarios. Y los privilegios de la casta no se tocan.Tenemos un modelo de Estado y una casta política insostenibles, pero no están dispuestos a enfrentarse a esta realidad para acabar con ella, lo que nos pone en riesgo cierto de estallido social.
*El catedrático del IES Martínez Abascal propone otra fórmula: repetir el presupuesto 2007, "que cojan el presupuesto de ese año y rebajen todo partida por partida. La población no ha crecido y somos más pobres". El ahorrro superaría los 75.000 millones de euros.
El desafío: contra un horizonte griego para España
Por Jose Antonio Zarzalejos
Publicado en El Confidencial (03/03/2012)
Era el momento de descararse. España, con un déficit del 8,51% y un desempleo de más del 23% según la EPA -que será de más del 24% en el mes de diciembre- y 4.7000 parados según el INEM (en febrero se incrementaron en 112.000) no podía cuadrar unos presupuestos para 2012 con un ajuste de 40.000 millones de euros para lograr un 4,4% de déficit. El Gobierno, haciendo lo que debe, establece un objetivo también duro pero más realista: el 5,8%, para una economía que decrecerá el 1,7%. Rajoy desafía a la Comisión Europea, pero cumple con su obligación. La herencia que recibió no fue a beneficio de inventario. Y ya no tiene más sentido que el meramente dialéctico volver la vista sobre las tropelías que cometieron José Luis Rodríguez Zapatero y los gobiernos del PSOE. Asumieron unos compromisos en la UE que deben ser sometidos ahora a la cláusula sic rebusstantibus, es decir, sólo eran cumplibles si se daban unas condiciones que ya no se dan. Las que concurren son peores y es preciso ajustar nuestros presupuestos al realismo y la sensatez. Esto es: debemos reducir el déficit de manera progresiva pero sin desangrar la economía española ni convertir a nuestras clases medias en clases precarias por efecto de una fiscalidad de hechuras escandinavas, ni a las obreras en parias por falta de trabajo.
Los presupuestos generales del Estado no los aprueba el comisario Olli Rehn, ni la Comisión de la UE, sino el Parlamento español a propuesta del Gobierno. Corresponde al Ejecutivo -guste o no a Rehn y demás- plantear como ha hecho el objetivo del déficit sin quebrar el espinazo al país. España no está intervenida y no tenemos la culpa de que la Unión Europea esté dominada -¿recuerdan que Enzesberger denominó a Bruselas “gentil monstruo”?- por intereses cada vez menores pero que exigen un vasallaje también cada vez más disciplinado y silente. Nos pueden amenazar -ya lo han hecho- con las siete plagas egipcias -los mercados- pero hay que aguantar el tirón para no convertirnos en Grecia.
Militar en el europeísmo no consiste en aceptar de hinojos la concepción germánica del ajuste y de la inflación que atornilla Angela Merkel a un año de las elecciones en las que corre el peligro de perder la cancillería. Tampoco es dogma de fe el europeísmo de Sarkozy, que en abril se ha de ver las caras en las urnas con François Hollande, un rival que bien podría desalojarle de la presidencia de la República. La ineficacia de la UE en Grecia -en donde ha impuesto a un primer ministro tan inútil o tal útil como Papandreu-, es sólo comparable a su torpeza dejando escapar al Reino Unido de la Gran Bretaña y República Checa de un acuerdo intergubernamental de estabilidad y sostenibilidad presupuestarias que Irlanda, ya ha adelantado, someterá a referéndum.
Al directorio franco-alemán se le está yendo de las manos la gobernanza de la Unión porque está confundiendo sus intereses -electorales, inmediatos- con los del conjunto. La carta de doce países reclamando políticas de estímulo, más allá de los recursos disponibles para implementarlas, consistía en un llamamiento político para corregir la rigidez del diagnóstico alemán secundado por ese instrumento de Berlín que es el BCE. La burocracia de obediencia teutona y gala se resiste, sin embargo. Pero el ejemplo de Grecia con su epifenómeno de helenización -increencia en la UE, desafecto a Europa, protestas callejeras, desorden social y sentimiento transversal de frustración-es demasiado elocuente como para que España se raje la barriga como hizo Madama Butterfly, desesperada por creer perdido a su amado Pinkerton.
El hecho de que la izquierda pretenda lanzarse a la calle -y lo está haciendo- y los sindicatos acaricien la convocatoria de una (¿exitosa?) huelga general, podrá juzgarse severamente, pero habrá que admitir que existe un fondo de tozudez irritante en la UE que abona sus pretensiones de agit-prop en detrimento de un Gobierno que ha congelado el gasto, ha subido los impuestos y ha puesto en marcha tres reformas estructurales de profundo calado; todo ello en dos meses de gestión. Mayor celeridad, imposible. Mayor profundidad en las medidas, difícil. Mayor voluntad de austeridad y de compromiso, improbable. Si los Olli Rehn de la vida bruselense no quieren verlo, habrá que aplicar el principio de la soberanía nacional, no tanto como expresión de disidencia, como de autodefensa. Así lo ha hecho Rajoy, como el Reino Unido, como República Checa y como Irlanda.
Más allá de Unión Europea
El Colegio Libre de Eméritos acaba de hacer público el cuarto capítulo del Cuaderno de España 2025, a cargo del sociólogo y académico de morales y políticas, Emilio Lamo de Espinosa. Recomendable lectura porque sobre la afirmación de que “dependemos del exterior, pero el exterior no depende en absoluto de nosotros”, el catedrático ve “una España confusa, una Europa desorientada y un mundo que nos deja de lado”. Lamo de Espinosa, que es uno de los pocos intelectuales dignos de tal denominación que tenemos en España, sostiene que “nos engañamos cuando pensamos que somos una potencia media” y aconseja que nuestro país “debe apoyar todo lo posible la articulación de una sólida diplomacia y política exterior de la UE”. Pero -advierte- de que “no podemos confiar en el servicio europeo de Acción Exterior. Deberemos buscarnos la vida más allá del marco de la UE. Ante el nuevo mundo post occidental y asiático que se abre, y ante el fracaso del proyecto europeo de política exterior, regresamos al punto cero”.
No se trata de volver al desviacionismo africanista del unamuniano “que inventen ellos”, ni a la pereza decimonónica, sino de, como sugiere Lamo de Espinosa, desarrollar “una potente diplomacia bilateral” con Alemania, Francia y Gran Bretaña, pero también “una estrecha relación con los Estados Unidos”, con algunas naciones de América Latina como Brasil y México y reforzar “las agendas bilaterales con los dos grandes países del Magreb, con Argelia y Marruecos”. La propuesta de este catedrático es que no nos encerremos en tablas, que trabemos relaciones bilaterales -las multilaterales en la UE nos funden- y que diversifiquemos. Para ello disponemos, dice, del prestigio internacional de la Corona, de una clase empresarial emprendedora que ha logrado una sugestiva internacionalización y de un instrumento cultural decisivo: nuestra lengua.
En la Unión Europea algunos analistas saben -y lo constata Lamo de Espinosa- que España carece de una sociedad civil fuerte (“caldo de cultivo de todo tipo de corrupciones”), el Congreso está “esclerotizado” y el Senado es“inútil y necesitado de una reforma profunda”; por lo tanto, nos ven frágiles. Mucho más que a los italianos, que con Monti no están logrando maravillas pero que es “uno de los suyos”. O sea que la helenización de España -revuelta social, resignación y pesimismo- es una variable que se maneja en algunos despachos.
Se produciría si aceptamos, asumimos, nos aquietamos a la exigencia irracional de sajar los Presupuestos hasta tocar el nervio del sistema que son la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales. Necesitamos exactamente lo que -al parecer- el presidente del Gobierno sabe hacer: administrar los tiempos. El 4,4% de déficit para el 31 de diciembre de 2012 estaba fuera de cualquier registro y nos llevaba a la ateniense plaza de Sintagma. Que es, justamente, a donde no queremos ir. Y si no queremos, no vayamos. Aunque la negativa constituya un desafío.
Publicado en El Confidencial (03/03/2012)
Era el momento de descararse. España, con un déficit del 8,51% y un desempleo de más del 23% según la EPA -que será de más del 24% en el mes de diciembre- y 4.7000 parados según el INEM (en febrero se incrementaron en 112.000) no podía cuadrar unos presupuestos para 2012 con un ajuste de 40.000 millones de euros para lograr un 4,4% de déficit. El Gobierno, haciendo lo que debe, establece un objetivo también duro pero más realista: el 5,8%, para una economía que decrecerá el 1,7%. Rajoy desafía a la Comisión Europea, pero cumple con su obligación. La herencia que recibió no fue a beneficio de inventario. Y ya no tiene más sentido que el meramente dialéctico volver la vista sobre las tropelías que cometieron José Luis Rodríguez Zapatero y los gobiernos del PSOE. Asumieron unos compromisos en la UE que deben ser sometidos ahora a la cláusula sic rebusstantibus, es decir, sólo eran cumplibles si se daban unas condiciones que ya no se dan. Las que concurren son peores y es preciso ajustar nuestros presupuestos al realismo y la sensatez. Esto es: debemos reducir el déficit de manera progresiva pero sin desangrar la economía española ni convertir a nuestras clases medias en clases precarias por efecto de una fiscalidad de hechuras escandinavas, ni a las obreras en parias por falta de trabajo.
Los presupuestos generales del Estado no los aprueba el comisario Olli Rehn, ni la Comisión de la UE, sino el Parlamento español a propuesta del Gobierno. Corresponde al Ejecutivo -guste o no a Rehn y demás- plantear como ha hecho el objetivo del déficit sin quebrar el espinazo al país. España no está intervenida y no tenemos la culpa de que la Unión Europea esté dominada -¿recuerdan que Enzesberger denominó a Bruselas “gentil monstruo”?- por intereses cada vez menores pero que exigen un vasallaje también cada vez más disciplinado y silente. Nos pueden amenazar -ya lo han hecho- con las siete plagas egipcias -los mercados- pero hay que aguantar el tirón para no convertirnos en Grecia.
Militar en el europeísmo no consiste en aceptar de hinojos la concepción germánica del ajuste y de la inflación que atornilla Angela Merkel a un año de las elecciones en las que corre el peligro de perder la cancillería. Tampoco es dogma de fe el europeísmo de Sarkozy, que en abril se ha de ver las caras en las urnas con François Hollande, un rival que bien podría desalojarle de la presidencia de la República. La ineficacia de la UE en Grecia -en donde ha impuesto a un primer ministro tan inútil o tal útil como Papandreu-, es sólo comparable a su torpeza dejando escapar al Reino Unido de la Gran Bretaña y República Checa de un acuerdo intergubernamental de estabilidad y sostenibilidad presupuestarias que Irlanda, ya ha adelantado, someterá a referéndum.
Al directorio franco-alemán se le está yendo de las manos la gobernanza de la Unión porque está confundiendo sus intereses -electorales, inmediatos- con los del conjunto. La carta de doce países reclamando políticas de estímulo, más allá de los recursos disponibles para implementarlas, consistía en un llamamiento político para corregir la rigidez del diagnóstico alemán secundado por ese instrumento de Berlín que es el BCE. La burocracia de obediencia teutona y gala se resiste, sin embargo. Pero el ejemplo de Grecia con su epifenómeno de helenización -increencia en la UE, desafecto a Europa, protestas callejeras, desorden social y sentimiento transversal de frustración-es demasiado elocuente como para que España se raje la barriga como hizo Madama Butterfly, desesperada por creer perdido a su amado Pinkerton.
El hecho de que la izquierda pretenda lanzarse a la calle -y lo está haciendo- y los sindicatos acaricien la convocatoria de una (¿exitosa?) huelga general, podrá juzgarse severamente, pero habrá que admitir que existe un fondo de tozudez irritante en la UE que abona sus pretensiones de agit-prop en detrimento de un Gobierno que ha congelado el gasto, ha subido los impuestos y ha puesto en marcha tres reformas estructurales de profundo calado; todo ello en dos meses de gestión. Mayor celeridad, imposible. Mayor profundidad en las medidas, difícil. Mayor voluntad de austeridad y de compromiso, improbable. Si los Olli Rehn de la vida bruselense no quieren verlo, habrá que aplicar el principio de la soberanía nacional, no tanto como expresión de disidencia, como de autodefensa. Así lo ha hecho Rajoy, como el Reino Unido, como República Checa y como Irlanda.
Más allá de Unión Europea
El Colegio Libre de Eméritos acaba de hacer público el cuarto capítulo del Cuaderno de España 2025, a cargo del sociólogo y académico de morales y políticas, Emilio Lamo de Espinosa. Recomendable lectura porque sobre la afirmación de que “dependemos del exterior, pero el exterior no depende en absoluto de nosotros”, el catedrático ve “una España confusa, una Europa desorientada y un mundo que nos deja de lado”. Lamo de Espinosa, que es uno de los pocos intelectuales dignos de tal denominación que tenemos en España, sostiene que “nos engañamos cuando pensamos que somos una potencia media” y aconseja que nuestro país “debe apoyar todo lo posible la articulación de una sólida diplomacia y política exterior de la UE”. Pero -advierte- de que “no podemos confiar en el servicio europeo de Acción Exterior. Deberemos buscarnos la vida más allá del marco de la UE. Ante el nuevo mundo post occidental y asiático que se abre, y ante el fracaso del proyecto europeo de política exterior, regresamos al punto cero”.
No se trata de volver al desviacionismo africanista del unamuniano “que inventen ellos”, ni a la pereza decimonónica, sino de, como sugiere Lamo de Espinosa, desarrollar “una potente diplomacia bilateral” con Alemania, Francia y Gran Bretaña, pero también “una estrecha relación con los Estados Unidos”, con algunas naciones de América Latina como Brasil y México y reforzar “las agendas bilaterales con los dos grandes países del Magreb, con Argelia y Marruecos”. La propuesta de este catedrático es que no nos encerremos en tablas, que trabemos relaciones bilaterales -las multilaterales en la UE nos funden- y que diversifiquemos. Para ello disponemos, dice, del prestigio internacional de la Corona, de una clase empresarial emprendedora que ha logrado una sugestiva internacionalización y de un instrumento cultural decisivo: nuestra lengua.
En la Unión Europea algunos analistas saben -y lo constata Lamo de Espinosa- que España carece de una sociedad civil fuerte (“caldo de cultivo de todo tipo de corrupciones”), el Congreso está “esclerotizado” y el Senado es“inútil y necesitado de una reforma profunda”; por lo tanto, nos ven frágiles. Mucho más que a los italianos, que con Monti no están logrando maravillas pero que es “uno de los suyos”. O sea que la helenización de España -revuelta social, resignación y pesimismo- es una variable que se maneja en algunos despachos.
Se produciría si aceptamos, asumimos, nos aquietamos a la exigencia irracional de sajar los Presupuestos hasta tocar el nervio del sistema que son la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales. Necesitamos exactamente lo que -al parecer- el presidente del Gobierno sabe hacer: administrar los tiempos. El 4,4% de déficit para el 31 de diciembre de 2012 estaba fuera de cualquier registro y nos llevaba a la ateniense plaza de Sintagma. Que es, justamente, a donde no queremos ir. Y si no queremos, no vayamos. Aunque la negativa constituya un desafío.
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