Vértigo europeo

Editorial El País (29/11/2011)
El eje franco-alemán, en el que parecen incluidos los países del área de influencia alemana (Países Bajos, Austria, Finlandia) está preparando un cambio en la eurozona. La información conocida hasta ahora, a la espera de que las propuestas se difundan en la cumbre del 9 de diciembre, sugiere que Merkel y Sarkozy consideran que los cambios en los tratados podrán aprobarse mediante acuerdos bilaterales entre países, sin necesidad de recurrir a engorrosos referendos y pretenden formar un núcleo duro en el euro con criterios imprecisos por el momento, pero que dejarían fuera de la primera línea de la moneda a los países que no se comprometan a estabilizar déficit y deuda. Aquí es donde se suscita el auténtico debate sobre el euro.

Cabe recordar que Alemania ha incumplido más veces las condiciones de estabilidad que países como España, por más que hoy la economía española se encuentre en el apuro de una deuda castigada con una prima de riesgo elevada. Y ya entrando en materia, hay que tener bien claro cuál sería el criterio para llevar a un país a la primera velocidad o condenarlo a la segunda. ¿El déficit público, el volumen de deuda o la prima de riesgo? La maniobra de Merkel y Sarkozy parece orientada a exigir fidelidad sin restricciones mentales a los principios de control del déficit. A través de los acuerdos bilaterales se puede establecer una Santa Alianza de la estabilidad, con una supervisión de los presupuestos nacionales para garantizarla. Quizá sea eso lo que llama Merkel "más unión fiscal".

Pero en el caso de que, de una u otra manera, se produzca una separación de las economías europeas en primera y segunda división (una solución idónea para Francia, que recuperaría la credibilidad que ha perdido su deuda), gracias a la coartada de más unión fiscal, quedarían en pie tres obstáculos. El primero es que cualquier avance en la "unión fiscal" es a medio plazo; en el ínterin, el BCE ha de comprar deuda para estabilizar los diferenciales. El segundo es más bien una aclaración: Alemania debe estar sujeta a los mismos controles de calidad presupuestaria que el resto de los países de la zona. El tercero se parece a una advertencia. Los países que queden relegados a la segunda velocidad harán bien en calcular si les conviene permanecer en una zona monetaria en la que están obligados a políticas de austeridad sin obtener a cambio los beneficios de una prima de riesgo reducida.

Para España este es un momento crucial. Las nuevas condiciones de la moneda única se están gestando en un periodo peligroso de transición política. El Gobierno en funciones y el equipo de Rajoy están obligados a presionar cuanto sea necesario para, en todo caso, figurar en la primera línea del euro. Sobre todo porque la economía española, con una recesión en ciernes (como confirmó ayer la OCDE) y tasas crecientes de paro, no puede seguir pagando intereses del 7%. Ni su tejido empresarial asumir las condiciones derivadas de esa situación sin enfilar rápidamente hacia el abismo.

Final de ciclo

Editorial

Publicado en El País (18/07/2011)

Gestionar el final de un ciclo de gobierno no resulta tarea fácil para ningún gobernante y las circunstancias por las que atraviesa España en la actualidad no contribuyen ciertamente a allanar ese cometido. Desde que el presidente del Gobierno desatara las dudas sobre su continuidad en un comentario tan informal como irresponsable a finales del año pasado, los acontecimientos se han precipitado. Para peor. A la fecha nos encontramos con un país amenazado de ruina (atrapado en la vorágine de los mercados financieros desatada sobre Europa), sin perspectiva, con serios problemas de cohesión social y aun territorial, en el que cunde la desilusión entre los ciudadanos sin distinción de ideologías o de clase social. Existen motivos más que fundados para la intranquilidad, patente desde luego tanto en las manifestaciones de los indignados como en los resultados electorales de los recientes comicios.

Las turbulencias en los mercados de deuda se han cebado en España con una intensidad que no solo amenaza con estrangular las finanzas públicas, sino que asfixia también desde hace tiempo a empresas de todo tamaño al encarecer su financiación, enterrando la perspectiva de una pronta recuperación económica. El sendero hacia la nada por el que se precipitaron con anterioridad Grecia, Irlanda y Portugal viene siendo recorrido a trompicones también por España, pese a las bienintencionadas declaraciones de las autoridades o los anuncios continuados de iniciativas y reformas que devienen luego ineficaces por su falta de ambición inicial, o sus demoras y continuos retardos, como es el caso del sector financiero, cuya urgencia aconsejaba una diligencia extrema en su resolución. Ni el Gobierno ni el Banco de España han sido consecuentes con ello.

Sería injusto responsabilizar de todos los males a nuestras autoridades. Una parte no menor de nuestras aflicciones tiene su origen en Europa y se necesitan por ello soluciones que trasciendan las fronteras nacionales. Pero es imposible no reconocer la parvedad de la aportación española a esas soluciones. Más allá de la impotencia de Europa para solventar sus problemas, la pérdida de confianza en la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero parece irreversible y el creciente escepticismo sobre la gobernabilidad española en las circunstancias actuales amenaza con acrecentar nuestros males. La crisis no es solo económica, sino también, y acaso sobre todo, política.

Hace ya mucho que las respuestas del presidente del Gobierno a los desafíos a los que se enfrenta España apenas merecen crédito alguno por parte de los ciudadanos. Las encuestas lo venían demostrando de forma consistente (una reciente coloca al Gobierno del Estado como la institución peor valorada de una lista de 39), y el escepticismo y el desconcierto fueron rubricados por el descalabro de los socialistas en las pasadas elecciones, al tiempo que crecía la contestación en la calle.

Más allá de cualquier consideración sobre el origen de las protestas del 15-M, sobre su legitimidad o sus intenciones, resulta evidente que el aprecio que han merecido por parte de la opinión trae causa del profundo malestar en el que se ha sumido el conjunto de un país con cinco millones de parados, en el que 300.000 familias han perdido sus casas en los últimos tres años, y en el que su primer gobernante es incapaz de ofrecer ninguna esperanza razonable de alivio a sus angustias.

Rodríguez Zapatero dispone de toda la legitimidad y todo el derecho para terminar la legislatura si así lo quiere y nada en las leyes le obliga a disolver las Cámaras. Pero tras el anuncio, hecho en marzo, de que no concurrirá de nuevo a las elecciones, este periódico sostuvo que sus propósitos de agotar la legislatura solo eran moral y políticamente justificables a condición de que culminase las reformas imprescindibles que asegurasen la estabilidad necesaria, política y económica, para que el país afrontara el periodo electoral en las mejores condiciones posibles. Esa condición no se ha cumplido. Aún peor: su incapacidad en la gestión, los magros resultados de las reformas apenas incoadas, más el lastre y la impotencia de una legislatura agónica auguran un deterioro imparable al que resulta imprescindible poner fin cuanto antes. A este respecto, la fecha sugerida por algunos dirigentes socialistas para celebrar elecciones (finales de noviembre) es del todo tardía. Si de verdad Rodríguez Zapatero quiere rendir un último servicio a su país, debe hacerlo abandonando el poder cuanto antes y reconociendo la urgencia de que nuestro Gobierno recupere la credibilidad perdida. Los españoles en su conjunto, y los votantes socialistas en particular, se lo agradecerán.