Por Juan Manuel Moreno-Luque, autor de "El desgobierno de los fondos de inversión" y presidente de Activa, asociación creada por partícipes del fondo Santander Banif Inmobiliario.
Publicado en El Confidencial (30/06/2011)
No pude en la Junta 2011 del Banco Santander, pues el presidente me quitó la palabra antes de que terminara el tiempo que me había concedido, proponer al consejo de administración que siguiera muy de cerca el caso Banif Inmobiliario, en mi opinión, un caso de escuela de corrupción sistémica, que cada vez se está complicando más.
Como dice Ferrajoli (Poder salvaje. La crisis de la democracia constitucional), una democracia puede quebrar aún sin golpes de estado en sentido propio, si sus principios son de hecho violados o contestados sin que sus violaciones susciten rebelión o, al menos, disenso.
No le gustó al presidente, muy nervioso durante toda la sesión, que le dijera que creía que no había sido suficiente con la hecatombe financiera, fiscal y social que mantiene a nuestro país al borde del abismo para que se tomara conciencia del impacto de la corrupción de la democracia en nuestra economía.
En realidad, las medidas de ajuste han ido encaminadas a apuntalar a costa de los ciudadanos las instituciones financieras y las obsesiones neoliberales y antisociales de la UE, sin corregir ninguno de los procedimientos, mecanismos e instrumentos de la corrupción de la democracia que es, sin lugar a dudas, la principal causa de la ineficiencia de la economía financiera y no financiera de nuestro país.
El incesto entre los poderes públicos y los banqueros, entre los banqueros y algunos jueces, entre la economía financiera y la contabilidad de alto riesgo, entre los bancos de favores y los favores de los bancos, entre las políticas de información y las políticas de propaganda, entre la cultura de los académicos y los banqueros de la cultura son, por desgracia, prácticas habituales en las democracias, entre comillas, de nuestro tiempo.
En la corrupción sistémica incluyo, por supuesto, el pésimo funcionamiento de servicios esenciales para la cohesión social, la estabilidad financiera y el progreso económico, entre los que se encuentran los prestados por la CNMV destinados, en teoría, a proteger el ahorro popular contra los abusos de las gestoras.
El prestigioso e ilustre economista SAMUELSON (Mutual Fund Legislation of 1967: Hearing on S. 1659 Before the Senate Comm. on Banking and Currency, 90th Cong. 368-69, 1967) ha denunciado “el peligro de que los organismos de supervisión creados originariamente para controlar y regular a la industria, de hecho, terminen siendo una herramienta de esta industria, estando más preocupados por protegerla que de proteger al inversor... Los organismos de supervisión deben estar por sí mismos bajo constante escrutinio para que no disminuya sino que incremente la protección de los pequeños inversores.“
Pues bien, la ciencia política y constitucional cuestiona, desde un punto de vista teórico, su legitimación democrática. En este sentido, son emblemáticos los artículos de Strauss, The Place of Agencies in Government: Separation of Powers and the Fourth Branch, y de Miller, Independent Agencies.
Secuestro de las autoridades por los grupos de interés
Pero hay más. Numerosos trabajos sociológicos y económicos denuncian "el secuestro de las autoridades administrativas independientes por los grupos de interés o por los poderes políticos o burocráticos". Son emblemáticas las obras clásicas de Wilson, Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do it, de Laffont y Tirole, A Theory of Incentives in Regulation and Procurement, y Gélard, Les Autorités administratives indépendantes: évaluation d'un objet juridique non indentifqué.
Por todo ello, la mejor doctrina coincide en exigir a las autoridades administrativas independientes que día a día demuestren su eficacia su sometimiento a las autoridades de control, su imparcialidad y su respeto a los procedimientos, extremando el rigor de sus argumentos y la transparencia y publicidad de sus actos.
Me referiré en este artículo, exclusivamente, a mi experiencia con la CNMV, aunque ésta no sea el único instrumento útil a la corrupción sistémica y aunque, por supuesto, los mecanismos y procedimientos de la corrupción sean muchos y muy poderosos (hablaremos de ellos en otra ocasión). Hablo del caso Santander Banif Inmobiliario.
Por desgracia, la actuación de la CNMV da la razón a los que piensan que las autoridades administrativas independientes son especialmente propensas y vulnerables a la desviación de poder, que no es otra cosa que una forma de corrupción de la democracia.
En relación con la eficacia basta remitirse a las estadísticas de la propia CNMV en torno a la evolución de la descomposición patrimonial de los fondos de inversión para darse cuenta de la monumental erosión y destrucción del ahorro popular que se ha producido bajo su supervisión.
En relación con el sometimiento a las autoridades de control hay que referirse a la denuncia del Tribunal de Cuentas sobre la imposibilidad de supervisar a la CNMV, al Banco de España y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que se amparan en el secreto profesional, contenida en el Informe nº 751, "Informe de fiscalización de la organización y los procedimientos de supervisión sobre las entidades de crédito, seguros y servicios de inversión y de la coordinación entre los organismos supervisores y con la agencia estatal de administración tributaria".
Y, por último, en relación con la imparcialidad y su respeto a los procedimientos, extremando el rigor de los argumentos, basta con referirse al caso del Santander Banif Inmobiliario, que he tenido la oportunidad de denunciar en estas páginas en dos artículos en abril de 2009 y en abril de 2010. 43.000 familias han perdido su dinero, su salud, su tiempo y su confianza en el sistema financiero español. No se trataba de multimillonarios: 40.273 tenían una posición inferior a 60.000 €, de los que 26.915 tenían una posición inferior a 30.000€, y de los que, a su vez, 12.094 partícipes tenían una posición inferior a 10.000 €.
El cuestionable papel de la CNMV
Resulta sorprendente cómo permitió la CNMV la creación de un activo sin otro futuro que el que se derivaba de su naturaleza piramidal (los reembolsos se pagaban con suscripciones), y cómo no prohibió durante 14 años, que se vendiera como un producto de perfil conservador y de riesgo bajo, un producto financiero complejo y especulativo en alto grado y de alto riesgo, que situó a los partícipes en el epicentro de la burbuja inmobiliaria y en el mundo fantástico de las ganancias no realizadas. La especialidad del "fondo".
El señuelo era el incremento del valor liquidativo gracias a las plusvalías latentes y a las suscriciones calculadas en función de las mismas. Sólo en el periodo 2007-2008 las plusvalías latentes crecieron en un 46,80%, mientras tanto, el Índice Fotocasa-Iese Inmobiliario, seleccionado por el Fondo Monetario Internacional como documento de referencia para el estudio y análisis de la evolución del mercado inmobiliario en España, bajó un 7,85%. Por el contrario, los resultados de explotación del "fondo" eran negativos.
Así las cosas, entre el año 2003 y 2008 se registraron suscripciones al "fondo" por importe de 3.716 millones de euros pero, lo más importante, es que el incremento del precio de la participación fue en dicho periodo de un 41,5%. Es decir, se hablaba de los rendimientos virtuales del "fondo" pero no del esfuerzo real y del riesgo, cada vez mayor, que se exigía para ser partícipe del mismo.
El Grupo Santander presume de contar con un manual de procedimientos de comercialización de productos financieros desde el año 2003, y con un Comité Global de nuevos productos que no prohibió, sorprendentemente, la comercialización de un producto que se dedicaba a comprar inmuebles con el dinero de los partícipes para explotarlos en forma de arriendo en exclusivo beneficio de los bancos del Grupo Santander, que no dejaron ni un sólo euro, ni uno sólo, en las arcas del "fondo". Se llevaron, ni más ni menos, 789 millones en comisiones.
Pero eso no es todo. Sorprende, cómo ha podido la CNMV sumir en un desconcierto absoluto a los inversores durante dos años, manteniendo secretos los expedientes administrativos relativos al colapso del Santander Banif Inmobiliario, ocultando que había autorizado la venta de los inmuebles con menos de tres años de antigüedad en la cartera, que alcanzaba los 1.028 millones de euros, cerrando los ojos al incumplimiento del coeficiente de liquidez y permitiendo que se vendieran inmuebles por debajo del precio de tasación; y promoviendo, y el gobierno de la nación aprobando, en contra de la opinión del Consejo de Estado, una increíble iniciativa legislativa hecha a la medida del Grupo Santander para que pudiera liquidar el "fondo" con toda la calma del mundo y así ocultar la brecha entre los precios de tasación y los precios de mercado. El Tribunal Supremo tiene ahora la palabra.
Afortunadamente, el Grupo Santander no se ha atrevido ni a estrenar dicho traje a la medida, ni a someter su política de compra de activos al juicio del mercado, y ha revocado, "por motivos comerciales", su decisión de disolver y liquidar el "fondo", aportando 2.500 millones de euros para atender los reembolsos a un valor liquidativo inferior al de noviembre de 2004, es decir, más de 6 años en el limbo financiero. Un alivio para los empleados de la casa que no podían mirar a los ojos a los clientes, y para los partícipes, que han puesto pies en polvorosa. Más de 600 han decidido, no obstante, continuar con las acciones judiciales emprendidas e iniciar otras nuevas contra la CNMV y los gestores del "fondo" hasta el total resarcimiento de los quebrantos sufridos, que están en relación directa con los años de permanencia en el "fondo". A más años más quebrantos.
Todo ello me recuerda, por las circunstancias del caso concreto (la mayor parte pequeños inversores, sin voz y sin voto, sin derechos, con los ahorros de toda una vida congelados y seriamente dañados), por su fatal manejo de la esperanza (dando a entender, primero, que el problema se va a solucionar en el segundo semestre de 2010 mientras que urdían aplazar la liquidación sine die) y por el desarrollo gradual, semejante a la atroz evolución de una pesadilla (el valor liquidativo se iba rebajando mes a mes al paso que marcaban gestora y depositario), uno de los relatos de Borges incluido en su historia universal de la infamia, El atroz redentor Lazarus Morell, que como el caso Santander Banif Inmobiliario, también acabó en sede penal.
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