Editorial de El País (03/02/2012)
El paro registrado durante el mes de enero es la primera confirmación de que durante 2012 continuará el empeoramiento del mercado laboral. El paro contabilizado en las oficinas del Inem aumentó en casi 117.500 personas, pero los indicios peores hay que buscarlos en el descenso de la población ocupada (cayó por debajo de los 17 millones de ocupados) y en el persistente hundimiento de la afiliación a la Seguridad Social. Lo que se aprecia en los próximos trimestres induce al pesimismo. El paro seguirá aumentando, incluso a un ritmo mayor, porque hay que pensar en que habrá una contracción del PIB durante cuatro trimestres consecutivos; seguirá una fase de estancamiento a partir del segundo trimestre de 2013, y después el PIB despegará ligeramente, con subidas en torno al 0,1% o 0,2%, inhábiles para crear empleo.
Es casi un tópico recordar que un volumen tan elevado de paro resta confianza y capacidad de reacción a la economía e implica un riesgo evidente de depresión continuada si no se acierta con las decisiones adecuadas. En este sentido, hay que insistir en que las medidas correctoras en las que piensa el Gobierno (por lo menos, las que ha comunicado) no constituyen per se remedios directos contra el paro. La reforma laboral, tan mencionada (y curiosamente demorada, a pesar de la fe de Rajoy en sus benéficos efectos), facilitará la creación de empleo cuando se recupere la actividad económica. En todo caso, si la reforma de la negociación colectiva es acertada, se conseguirá frenar la hemorragia de despidos, puesto que las empresas podrán cambiar salario por empleo. En cuanto a la reforma financiera, permitirá una lenta recuperación del crédito a las empresas, pero no antes de la segunda mitad de 2013.
Dicho de otro modo, las reformas mencionadas pueden ser convenientes (según su contenido y acierto), pero en ningún caso constituyen una solución contra la recesión y el desempleo. Quizá el Gobierno quiera construir una política económica limitada a reducir el déficit (con la ayuda quizá de la aquiescente flexibilidad europea), redactar dos o tres reformas más o menos profundas que las anteriores, pero continuistas, y seguir en una paciente espera hasta que la recesión se agote en el tiempo. El presidente prometió políticas activas de empleo que de momento no están en la agenda. Pues bien, es en esas políticas, en su eficacia y contundencia, donde se juega el Gobierno la confianza de los ciudadanos sobre su porvenir inmediato.
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viernes, 3 de febrero de 2012
miércoles, 30 de noviembre de 2011
Vértigo europeo
Editorial El País (29/11/2011)
El eje franco-alemán, en el que parecen incluidos los países del área de influencia alemana (Países Bajos, Austria, Finlandia) está preparando un cambio en la eurozona. La información conocida hasta ahora, a la espera de que las propuestas se difundan en la cumbre del 9 de diciembre, sugiere que Merkel y Sarkozy consideran que los cambios en los tratados podrán aprobarse mediante acuerdos bilaterales entre países, sin necesidad de recurrir a engorrosos referendos y pretenden formar un núcleo duro en el euro con criterios imprecisos por el momento, pero que dejarían fuera de la primera línea de la moneda a los países que no se comprometan a estabilizar déficit y deuda. Aquí es donde se suscita el auténtico debate sobre el euro.
Cabe recordar que Alemania ha incumplido más veces las condiciones de estabilidad que países como España, por más que hoy la economía española se encuentre en el apuro de una deuda castigada con una prima de riesgo elevada. Y ya entrando en materia, hay que tener bien claro cuál sería el criterio para llevar a un país a la primera velocidad o condenarlo a la segunda. ¿El déficit público, el volumen de deuda o la prima de riesgo? La maniobra de Merkel y Sarkozy parece orientada a exigir fidelidad sin restricciones mentales a los principios de control del déficit. A través de los acuerdos bilaterales se puede establecer una Santa Alianza de la estabilidad, con una supervisión de los presupuestos nacionales para garantizarla. Quizá sea eso lo que llama Merkel "más unión fiscal".
Pero en el caso de que, de una u otra manera, se produzca una separación de las economías europeas en primera y segunda división (una solución idónea para Francia, que recuperaría la credibilidad que ha perdido su deuda), gracias a la coartada de más unión fiscal, quedarían en pie tres obstáculos. El primero es que cualquier avance en la "unión fiscal" es a medio plazo; en el ínterin, el BCE ha de comprar deuda para estabilizar los diferenciales. El segundo es más bien una aclaración: Alemania debe estar sujeta a los mismos controles de calidad presupuestaria que el resto de los países de la zona. El tercero se parece a una advertencia. Los países que queden relegados a la segunda velocidad harán bien en calcular si les conviene permanecer en una zona monetaria en la que están obligados a políticas de austeridad sin obtener a cambio los beneficios de una prima de riesgo reducida.
Para España este es un momento crucial. Las nuevas condiciones de la moneda única se están gestando en un periodo peligroso de transición política. El Gobierno en funciones y el equipo de Rajoy están obligados a presionar cuanto sea necesario para, en todo caso, figurar en la primera línea del euro. Sobre todo porque la economía española, con una recesión en ciernes (como confirmó ayer la OCDE) y tasas crecientes de paro, no puede seguir pagando intereses del 7%. Ni su tejido empresarial asumir las condiciones derivadas de esa situación sin enfilar rápidamente hacia el abismo.
El eje franco-alemán, en el que parecen incluidos los países del área de influencia alemana (Países Bajos, Austria, Finlandia) está preparando un cambio en la eurozona. La información conocida hasta ahora, a la espera de que las propuestas se difundan en la cumbre del 9 de diciembre, sugiere que Merkel y Sarkozy consideran que los cambios en los tratados podrán aprobarse mediante acuerdos bilaterales entre países, sin necesidad de recurrir a engorrosos referendos y pretenden formar un núcleo duro en el euro con criterios imprecisos por el momento, pero que dejarían fuera de la primera línea de la moneda a los países que no se comprometan a estabilizar déficit y deuda. Aquí es donde se suscita el auténtico debate sobre el euro.
Cabe recordar que Alemania ha incumplido más veces las condiciones de estabilidad que países como España, por más que hoy la economía española se encuentre en el apuro de una deuda castigada con una prima de riesgo elevada. Y ya entrando en materia, hay que tener bien claro cuál sería el criterio para llevar a un país a la primera velocidad o condenarlo a la segunda. ¿El déficit público, el volumen de deuda o la prima de riesgo? La maniobra de Merkel y Sarkozy parece orientada a exigir fidelidad sin restricciones mentales a los principios de control del déficit. A través de los acuerdos bilaterales se puede establecer una Santa Alianza de la estabilidad, con una supervisión de los presupuestos nacionales para garantizarla. Quizá sea eso lo que llama Merkel "más unión fiscal".
Pero en el caso de que, de una u otra manera, se produzca una separación de las economías europeas en primera y segunda división (una solución idónea para Francia, que recuperaría la credibilidad que ha perdido su deuda), gracias a la coartada de más unión fiscal, quedarían en pie tres obstáculos. El primero es que cualquier avance en la "unión fiscal" es a medio plazo; en el ínterin, el BCE ha de comprar deuda para estabilizar los diferenciales. El segundo es más bien una aclaración: Alemania debe estar sujeta a los mismos controles de calidad presupuestaria que el resto de los países de la zona. El tercero se parece a una advertencia. Los países que queden relegados a la segunda velocidad harán bien en calcular si les conviene permanecer en una zona monetaria en la que están obligados a políticas de austeridad sin obtener a cambio los beneficios de una prima de riesgo reducida.
Para España este es un momento crucial. Las nuevas condiciones de la moneda única se están gestando en un periodo peligroso de transición política. El Gobierno en funciones y el equipo de Rajoy están obligados a presionar cuanto sea necesario para, en todo caso, figurar en la primera línea del euro. Sobre todo porque la economía española, con una recesión en ciernes (como confirmó ayer la OCDE) y tasas crecientes de paro, no puede seguir pagando intereses del 7%. Ni su tejido empresarial asumir las condiciones derivadas de esa situación sin enfilar rápidamente hacia el abismo.
miércoles, 7 de septiembre de 2011
La distracción mortal
Por Paul Krugman
Publicado en El País (06/09/2011)
El viernes dejó dos datos que deberían hacer que todo el mundo en Washington esté ahora diciendo: "Dios mío, ¿qué hemos hecho?".
Uno de estos datos fue cero: el número de empleos creados en agosto. El otro es dos: la tasa de interés de los bonos a 10 años de EE UU, casi el nivel más bajo al que ha estado nunca. En conjunto, estas cifras nos dicen a gritos que los políticos se han estado preocupando por motivos equivocados y, como resultado, ha causado graves daños.
Desde que la fase aguda de la crisis financiera terminó, no ha sido el desempleo el asunto que ha ocupado el centro del debate político en Washington, sino los supuestos peligros del déficit público. Los expertos y los medios de comunicación insistían en que el mayor riesgo que afrontaba EE UU era la retirada de fondos por parte de los inversores en deuda. Por ejemplo, The Wall Street Journal publicó en mayo de 2009 que los "vigilantes de bonos se vuelven como una venganza". Avisaban así a sus lectores de que el "colosal derroche" de la Administración de Obama dispararía los tipos de interés.
Cuando se publicó ese artículo, el tipo de interés era del 3,7%. A partir del viernes, el que ya he mencionado: tan solo un 2%.
No pido que se descarten las preocupaciones sobre el panorama presupuestario de EE UU a largo plazo. Si nos fijamos en las perspectivas fiscales de, por ejemplo, los próximos 20 años, son profundamente preocupantes, sobre todo por el aumento del coste sanitario. Pero la experiencia de los últimos dos años ha confirmado de manera abrumadora lo que algunos tratamos de argumentar desde el principio: el déficit que tenemos en estos momentos -el que debemos tener, porque los déficits en tiempos de crisis ayudan a sostener a una economía deprimida- no supone una amenaza.
Y por culpa de la obsesión por una amenaza inexistente, Washington ha hecho mucho más grande el problema real: el desempleo masivo, que corroe los cimientos de nuestra nación.
A pesar de que usted nunca se habría enterado escuchando a los fanáticos, el año pasado fue una buena prueba para la teoría de que reducir de manera drástica el gasto público crea puestos de trabajo. La obsesión por el déficit bloqueó la muy necesaria segunda ronda de estímulos fiscales. Y con este gasto evaporándose, hemos experimentado de facto la austeridad fiscal. En concreto, los Gobiernos estatales y locales han reaccionado a las pérdidas de ayudas federales cortando programas y despidiendo a muchos trabajadores, especialmente maestros de escuela.
A la vista de este sector público encogido, el sector privado no ha respondido con júbilo a estos despidos y no se ha embarcado en una fiebre por contratar.
Vale. Ya sé qué dirán los sospechosos habituales: que los temores de mayores impuestos y más regulaciones echan atrás a los empresarios. Pero esto es solo una fantasía de la derecha. Varias encuestas han mostrado que la falta de demanda -que se ve agravada por los recortes del Gobierno- es el problema real al que se enfrentan los empresarios, muy por encima de la regulación y los impuestos.
Por ejemplo, cuando los periódicos del grupo McClatchy sondearon hace poco a unos cuantos dueños de pequeños negocios para averiguar qué factores les perjudicaban, ni uno solo respondió sobre la regulación en su sector, y unos pocos se quejaron sobre los impuestos. ¿Y he mencionado que los beneficios después de impuestos sobre la renta nacional están en niveles récord?
Así que los déficits a corto plazo no son el problema, sino la falta de demanda. Y los recortes de gastos están empeorando mucho las cosas. ¿Tal vez sea hora de cambiar de rumbo?
Esto me lleva directamente al discurso sobre economía que va a pronunciar el presidente Barack Obama.
Me parece útil reflexionar sobre tres preguntas: ¿qué debemos hacer para crear puestos de trabajo? ¿En qué van a estar de acuerdo los republicanos que se sientan en el Congreso? Y teniendo en cuenta esta realidad política, ¿qué debería proponer el presidente?
La respuesta a la primera pregunta es que el Gobierno federal tiene que gastar mucho dinero para generar empleo. Y emplear ese gasto sobre todo en la muy necesaria tarea de mejorar y modernizar las infraestructuras del país. ¡Ah! Y necesitamos más ayuda a los Gobiernos estatales y locales para que puedan dejar de despedir a maestros de escuela.
Pero, ¿en qué van a estar de acuerdo los republicanos? Eso es fácil de responder: en nada. Se opondrán a cualquier cosa que proponga Obama, incluso aunque eso pudiera servir claramente de ayuda a la economía. O quizás debería decir: especialmente si eso fuera a ayudar a la economía, ya que el desempleo les beneficia a ellos políticamente.
Esta realidad hace que la tercera pregunta -sobre lo que debe proponer el presidente- sea difícil de responder, ya que nada de lo que diga va a poder ponerlo en marcha a corto plazo. Así que personalmente estoy dispuesto a conceder a Obama un gran margen de confianza en los detalles de su propuesta, siempre y cuando esta sea contundente y logre grandes titulares. Sobre todo porque lo que tiene que hacer ahora es cambiar de conversación y hacer que Washington vuelva a hablar sobre empleos y sobre qué puede hacer el Gobierno para crearlos.
Por el bien de la nación, y especialmente por los millones de estadounidenses desempleados que ven pocas posibilidades de encontrar otro trabajo, espero que lo logre.
Publicado en El País (06/09/2011)
El viernes dejó dos datos que deberían hacer que todo el mundo en Washington esté ahora diciendo: "Dios mío, ¿qué hemos hecho?".
Uno de estos datos fue cero: el número de empleos creados en agosto. El otro es dos: la tasa de interés de los bonos a 10 años de EE UU, casi el nivel más bajo al que ha estado nunca. En conjunto, estas cifras nos dicen a gritos que los políticos se han estado preocupando por motivos equivocados y, como resultado, ha causado graves daños.
Desde que la fase aguda de la crisis financiera terminó, no ha sido el desempleo el asunto que ha ocupado el centro del debate político en Washington, sino los supuestos peligros del déficit público. Los expertos y los medios de comunicación insistían en que el mayor riesgo que afrontaba EE UU era la retirada de fondos por parte de los inversores en deuda. Por ejemplo, The Wall Street Journal publicó en mayo de 2009 que los "vigilantes de bonos se vuelven como una venganza". Avisaban así a sus lectores de que el "colosal derroche" de la Administración de Obama dispararía los tipos de interés.
Cuando se publicó ese artículo, el tipo de interés era del 3,7%. A partir del viernes, el que ya he mencionado: tan solo un 2%.
No pido que se descarten las preocupaciones sobre el panorama presupuestario de EE UU a largo plazo. Si nos fijamos en las perspectivas fiscales de, por ejemplo, los próximos 20 años, son profundamente preocupantes, sobre todo por el aumento del coste sanitario. Pero la experiencia de los últimos dos años ha confirmado de manera abrumadora lo que algunos tratamos de argumentar desde el principio: el déficit que tenemos en estos momentos -el que debemos tener, porque los déficits en tiempos de crisis ayudan a sostener a una economía deprimida- no supone una amenaza.
Y por culpa de la obsesión por una amenaza inexistente, Washington ha hecho mucho más grande el problema real: el desempleo masivo, que corroe los cimientos de nuestra nación.
A pesar de que usted nunca se habría enterado escuchando a los fanáticos, el año pasado fue una buena prueba para la teoría de que reducir de manera drástica el gasto público crea puestos de trabajo. La obsesión por el déficit bloqueó la muy necesaria segunda ronda de estímulos fiscales. Y con este gasto evaporándose, hemos experimentado de facto la austeridad fiscal. En concreto, los Gobiernos estatales y locales han reaccionado a las pérdidas de ayudas federales cortando programas y despidiendo a muchos trabajadores, especialmente maestros de escuela.
A la vista de este sector público encogido, el sector privado no ha respondido con júbilo a estos despidos y no se ha embarcado en una fiebre por contratar.
Vale. Ya sé qué dirán los sospechosos habituales: que los temores de mayores impuestos y más regulaciones echan atrás a los empresarios. Pero esto es solo una fantasía de la derecha. Varias encuestas han mostrado que la falta de demanda -que se ve agravada por los recortes del Gobierno- es el problema real al que se enfrentan los empresarios, muy por encima de la regulación y los impuestos.
Por ejemplo, cuando los periódicos del grupo McClatchy sondearon hace poco a unos cuantos dueños de pequeños negocios para averiguar qué factores les perjudicaban, ni uno solo respondió sobre la regulación en su sector, y unos pocos se quejaron sobre los impuestos. ¿Y he mencionado que los beneficios después de impuestos sobre la renta nacional están en niveles récord?
Así que los déficits a corto plazo no son el problema, sino la falta de demanda. Y los recortes de gastos están empeorando mucho las cosas. ¿Tal vez sea hora de cambiar de rumbo?
Esto me lleva directamente al discurso sobre economía que va a pronunciar el presidente Barack Obama.
Me parece útil reflexionar sobre tres preguntas: ¿qué debemos hacer para crear puestos de trabajo? ¿En qué van a estar de acuerdo los republicanos que se sientan en el Congreso? Y teniendo en cuenta esta realidad política, ¿qué debería proponer el presidente?
La respuesta a la primera pregunta es que el Gobierno federal tiene que gastar mucho dinero para generar empleo. Y emplear ese gasto sobre todo en la muy necesaria tarea de mejorar y modernizar las infraestructuras del país. ¡Ah! Y necesitamos más ayuda a los Gobiernos estatales y locales para que puedan dejar de despedir a maestros de escuela.
Pero, ¿en qué van a estar de acuerdo los republicanos? Eso es fácil de responder: en nada. Se opondrán a cualquier cosa que proponga Obama, incluso aunque eso pudiera servir claramente de ayuda a la economía. O quizás debería decir: especialmente si eso fuera a ayudar a la economía, ya que el desempleo les beneficia a ellos políticamente.
Esta realidad hace que la tercera pregunta -sobre lo que debe proponer el presidente- sea difícil de responder, ya que nada de lo que diga va a poder ponerlo en marcha a corto plazo. Así que personalmente estoy dispuesto a conceder a Obama un gran margen de confianza en los detalles de su propuesta, siempre y cuando esta sea contundente y logre grandes titulares. Sobre todo porque lo que tiene que hacer ahora es cambiar de conversación y hacer que Washington vuelva a hablar sobre empleos y sobre qué puede hacer el Gobierno para crearlos.
Por el bien de la nación, y especialmente por los millones de estadounidenses desempleados que ven pocas posibilidades de encontrar otro trabajo, espero que lo logre.
lunes, 5 de septiembre de 2011
Minimizar los daños
Editorial de El País (04/09/2011)
El Congreso de los Diputados aprobó ayer la primera reforma sustancial de la Constitución de 1978, que ahora deberá seguir su trámite en el Senado. El acuerdo entre socialistas y populares impidió que prosperasen las enmiendas de los restantes grupos parlamentarios, algunos de los cuales se ausentaron de la Cámara durante la votación para expresar su oposición. Los intentos de los partidos mayoritarios para que CiU se sumara al acuerdo concluyeron en fracaso. Y aunque los diputados socialistas aceptaron la disciplina de voto con solo dos excepciones, la fijación de un techo de gasto en la Constitución ha abierto heridas que transmitieron una imagen de resignación y de fractura interna.
El Gobierno y el Partido Popular han justificado la reforma por la necesidad de incrementar la confianza en la economía española. Se trata de un discurso para salir del paso, en la medida en que solo de manera remota puede tener influencia sobre las actuales necesidades de financiación una medida que no entrará en vigor hasta 2020, y que además depende para su concreción de lo que establezca una ley orgánica. La reforma no es un mensaje a los sedicentes mercados, sino a los dos miembros de la eurozona que han sido más reticentes a la compra de deuda española e italiana por parte del Banco Central Europeo y que también se han mostrado más reacios a la imprescindible creación de los eurobonos. Es decir, Francia y Alemania.
Poco ganan socialistas y populares sustituyendo la explicación política de la reforma por un lenguaje mágico que ofrece sacrificios para conjurar los males que acechan a la economía española. Si la inclusión del artículo 135 en la Constitución era una condición necesaria para avanzar en la eventual creación de los eurobonos, los ciudadanos, que además no podrán expresarse en referéndum, tenían derecho a saberlo. La maltrecha construcción europea también habría ganado si, en lugar de adoptar una medida aislada y en un único país, la reforma se hubiera enmarcado en una estrategia común a la eurozona. Es probable que, tras el gesto español, otros países sigan esa senda, necesaria por lo demás. Pero el orgullo de pioneros no es razón suficiente para renunciar de antemano a un acuerdo de la eurozona. En Europa hoy, no son las instituciones y los procedimientos lo que impera, sino que es posible que dos Estados miembros formulen algo parecido a un ultimátum y que los demás emprendan una desordenada carrera para plegarse a él.
En cualquier caso, la reforma está lanzada y el objetivo es ahora minimizar los daños políticos que ha provocado, sean muchos o pocos los beneficios económicos que reporte. Hasta ahora, la Constitución había soportado la desafección de grupos heterogéneos, desde los nacionalistas hasta los críticos de la transición, tanto de derechas como de izquierdas. A partir de este momento se puede enfrentar, además, a una desafección social, la de quienes, pese a la reforma, seguirán pagando las consecuencias más graves de la crisis.
El Congreso de los Diputados aprobó ayer la primera reforma sustancial de la Constitución de 1978, que ahora deberá seguir su trámite en el Senado. El acuerdo entre socialistas y populares impidió que prosperasen las enmiendas de los restantes grupos parlamentarios, algunos de los cuales se ausentaron de la Cámara durante la votación para expresar su oposición. Los intentos de los partidos mayoritarios para que CiU se sumara al acuerdo concluyeron en fracaso. Y aunque los diputados socialistas aceptaron la disciplina de voto con solo dos excepciones, la fijación de un techo de gasto en la Constitución ha abierto heridas que transmitieron una imagen de resignación y de fractura interna.
El Gobierno y el Partido Popular han justificado la reforma por la necesidad de incrementar la confianza en la economía española. Se trata de un discurso para salir del paso, en la medida en que solo de manera remota puede tener influencia sobre las actuales necesidades de financiación una medida que no entrará en vigor hasta 2020, y que además depende para su concreción de lo que establezca una ley orgánica. La reforma no es un mensaje a los sedicentes mercados, sino a los dos miembros de la eurozona que han sido más reticentes a la compra de deuda española e italiana por parte del Banco Central Europeo y que también se han mostrado más reacios a la imprescindible creación de los eurobonos. Es decir, Francia y Alemania.
Poco ganan socialistas y populares sustituyendo la explicación política de la reforma por un lenguaje mágico que ofrece sacrificios para conjurar los males que acechan a la economía española. Si la inclusión del artículo 135 en la Constitución era una condición necesaria para avanzar en la eventual creación de los eurobonos, los ciudadanos, que además no podrán expresarse en referéndum, tenían derecho a saberlo. La maltrecha construcción europea también habría ganado si, en lugar de adoptar una medida aislada y en un único país, la reforma se hubiera enmarcado en una estrategia común a la eurozona. Es probable que, tras el gesto español, otros países sigan esa senda, necesaria por lo demás. Pero el orgullo de pioneros no es razón suficiente para renunciar de antemano a un acuerdo de la eurozona. En Europa hoy, no son las instituciones y los procedimientos lo que impera, sino que es posible que dos Estados miembros formulen algo parecido a un ultimátum y que los demás emprendan una desordenada carrera para plegarse a él.
En cualquier caso, la reforma está lanzada y el objetivo es ahora minimizar los daños políticos que ha provocado, sean muchos o pocos los beneficios económicos que reporte. Hasta ahora, la Constitución había soportado la desafección de grupos heterogéneos, desde los nacionalistas hasta los críticos de la transición, tanto de derechas como de izquierdas. A partir de este momento se puede enfrentar, además, a una desafección social, la de quienes, pese a la reforma, seguirán pagando las consecuencias más graves de la crisis.
lunes, 25 de julio de 2011
El PSOE después del 22 de mayo
Por Rafael Román, diputado por Cádiz
Publicado en El País (22/07/2011)
Hasta el 22 de mayo. Parecía que no iba a ocurrir nunca. Pero sucedió. Desde 1977, el PSOE ha sido el partido mayoritario (a veces ampliamente hegemónico) en Andalucía hasta las últimas elecciones municipales. Pero ese retroceso que significa siempre una derrota no debe reducir ni un ápice nuestra voluntad de seguir siendo de nuevo el partido ganador en Andalucía. Para ello el electorado debe percibir meridianamente claro el mensaje de nuestra aspiración a gobernar en solitario.
Un partido con la tradición victoriosa del PSOE de Andalucía no puede renunciar a plantear palmariamente su proyecto autónomo y que lo haga es la mejor garantía de tranquilizar a nuestros pasados y actuales votantes.
Jefferson -ahora de moda nuevamente por su opinión de que cada generación tiene derecho a su propia Constitución- expresaba: "No me encuentro entre quienes temen al pueblo. De él, y no de los ricos, dependemos para una libertad continuada". En 1810 ya lo tenía claro este Padre Fundador de la democracia americana. Del pueblo, de las clases medias andaluzas, y no de los poderosos -económicos o mediáticos-, va a depender juzgar sobre nuestra ambición de ser el partido que articule, tras las próximas elecciones, nuevamente la política andaluza. Y con orgullo y a pecho descubierto hay que exponer que gobernaremos sin más alianza que con el pueblo andaluz.
En el PSOE estamos atravesando un momento difícil porque la derrota ha sido seria. Se ha producido una inflexión que nos escuece a los socialistas. Hemos retrocedido porque han coincidido un conjunto de factores -crisis, paro, 15-M, una coalición a la contra, no firmada, que busca el despiece del PSOE y la adopción de medidas muy duras que no iban en nuestro programa-. Pero el PSOE tiene capacidad de recuperación si no se compadece de sí mismo y adopta las medidas adecuadas -como las 27 medidas que Griñán ha presentado en el Parlamento donde la transparencia y el empleo son el hilo conductor- para que la visión de la opinión pública identifique al partido con las políticas reformistas e innovadoras que necesita Andalucía y, sobre todo, si nítidamente se percibe que las clases medias no son las que le pagan la crisis a la banca y a las grandes empresas y patrimonios.
Enfrente tenemos a un líder de la derecha que facilita las cosas. Ha engañado a la opinión pública con sus ingresos, nada austeros por cierto, y hace unos meses esculpió en piedra su modelo de gobierno: "Gobernar es imitar a Camps". Tras tanto chau chau, ni austeridad ni nuevos modos de gobierno. Más bien exactamente lo contrario.
Publicado en El País (22/07/2011)
Hasta el 22 de mayo. Parecía que no iba a ocurrir nunca. Pero sucedió. Desde 1977, el PSOE ha sido el partido mayoritario (a veces ampliamente hegemónico) en Andalucía hasta las últimas elecciones municipales. Pero ese retroceso que significa siempre una derrota no debe reducir ni un ápice nuestra voluntad de seguir siendo de nuevo el partido ganador en Andalucía. Para ello el electorado debe percibir meridianamente claro el mensaje de nuestra aspiración a gobernar en solitario.
Un partido con la tradición victoriosa del PSOE de Andalucía no puede renunciar a plantear palmariamente su proyecto autónomo y que lo haga es la mejor garantía de tranquilizar a nuestros pasados y actuales votantes.
Jefferson -ahora de moda nuevamente por su opinión de que cada generación tiene derecho a su propia Constitución- expresaba: "No me encuentro entre quienes temen al pueblo. De él, y no de los ricos, dependemos para una libertad continuada". En 1810 ya lo tenía claro este Padre Fundador de la democracia americana. Del pueblo, de las clases medias andaluzas, y no de los poderosos -económicos o mediáticos-, va a depender juzgar sobre nuestra ambición de ser el partido que articule, tras las próximas elecciones, nuevamente la política andaluza. Y con orgullo y a pecho descubierto hay que exponer que gobernaremos sin más alianza que con el pueblo andaluz.
En el PSOE estamos atravesando un momento difícil porque la derrota ha sido seria. Se ha producido una inflexión que nos escuece a los socialistas. Hemos retrocedido porque han coincidido un conjunto de factores -crisis, paro, 15-M, una coalición a la contra, no firmada, que busca el despiece del PSOE y la adopción de medidas muy duras que no iban en nuestro programa-. Pero el PSOE tiene capacidad de recuperación si no se compadece de sí mismo y adopta las medidas adecuadas -como las 27 medidas que Griñán ha presentado en el Parlamento donde la transparencia y el empleo son el hilo conductor- para que la visión de la opinión pública identifique al partido con las políticas reformistas e innovadoras que necesita Andalucía y, sobre todo, si nítidamente se percibe que las clases medias no son las que le pagan la crisis a la banca y a las grandes empresas y patrimonios.
Enfrente tenemos a un líder de la derecha que facilita las cosas. Ha engañado a la opinión pública con sus ingresos, nada austeros por cierto, y hace unos meses esculpió en piedra su modelo de gobierno: "Gobernar es imitar a Camps". Tras tanto chau chau, ni austeridad ni nuevos modos de gobierno. Más bien exactamente lo contrario.
jueves, 21 de julio de 2011
Cumbre decisiva
Editorial
Publicado en El País (20/07/2011)
La zona euro vivirá mañana una cumbre crucial. Sería exagerado decir que en la reunión del Eurogrupo se juega la supervivencia de la moneda única, pero es evidente que la credibilidad europea como área monetaria respetada y con iniciativa política depende de que los ministros de Finanzas emitan un mensaje claro sobre el segundo plan de rescate de Grecia y, como efecto encadenado, cierta calma para las deudas de los dos países intervenidos (Irlanda y Portugal) y para las economías de los dos grandes países del Sur de Europa (Italia y España) que tienen que pagar los costes de la indecisión europea sobre Grecia en forma de una prima de riesgo exorbitante (ayer, la española, después de un moderado descenso, todavía estaba en 345 puntos básicos). El FMI acaba de explicar alto y claro que el retraso de la solución de la crisis griega "no es una opción".
Aunque Angela Merkel sostenga públicamente que de la cumbre no saldrá "un paso espectacular" que resuelva los problemas de Grecia, sabe perfectamente que al euro le esperan meses innecesariamente dolorosos si no hay un mensaje claro en los siguientes términos: Grecia tendrá un segundo rescate, probablemente con reestructuración voluntaria de la deuda por parte de los acreedores privados, y dicho rescate no será considerado como impago (event credit) por las agencias de calificación. Alemania se resiste a aceptar la evidencia de que Grecia no puede pagar a sus acreedores y que el único camino que queda es la reestructuración sin default. Si ese objetivo se consigue mediante quitas pactadas, o a través de una tasa a los bancos acreedores, es algo cuyas consecuencias tendrá que evaluar la cumbre; y mejor que lo haga bien. Pero el paso vital es apagar el incendio que abrasa a las deudas periféricas; y eso solo puede hacerse mediante un acuerdo sobre el segundo (y se supone que definitivo) rescate de Atenas.
Sería deseable una reflexión previa sobre el modelo actual de los rescates que, más que salvar países, actúan como arenas movedizas en las que los rescatados se hunden poco a poco. Europa tiene que avanzar hacia la unión financiera real, que es la creación de los eurobonos, en vez de aplazar o complicar las decisiones. Quizá sea demasiado pedir para una cita urgente. El mínimo exigible es un acuerdo tajante, político y económico, sobre Grecia. Sin él, las tensiones de la deuda pueden acarrear efectos políticos indeseados durante los próximos meses y un grave empeoramiento de las condiciones económicas del área.
Mientras Berlín ensaya ante el espejo elegantes posturas ortodoxas y Merkel se encastilla en el estribillo "o quita privada o nada", la prima de riesgo encarece los costes financieros de los países implicados en planes de ajuste, como se pudo comprobar en la emisión de deuda española de ayer. El aumento desorbitado del servicio de la deuda reduce los márgenes presupuestarios y coarta el crecimiento económico. Con ese lastre, es difícil pensar ya que España puede acercarse a tasas de crecimiento superiores al 1,5% en 2012.
Publicado en El País (20/07/2011)
La zona euro vivirá mañana una cumbre crucial. Sería exagerado decir que en la reunión del Eurogrupo se juega la supervivencia de la moneda única, pero es evidente que la credibilidad europea como área monetaria respetada y con iniciativa política depende de que los ministros de Finanzas emitan un mensaje claro sobre el segundo plan de rescate de Grecia y, como efecto encadenado, cierta calma para las deudas de los dos países intervenidos (Irlanda y Portugal) y para las economías de los dos grandes países del Sur de Europa (Italia y España) que tienen que pagar los costes de la indecisión europea sobre Grecia en forma de una prima de riesgo exorbitante (ayer, la española, después de un moderado descenso, todavía estaba en 345 puntos básicos). El FMI acaba de explicar alto y claro que el retraso de la solución de la crisis griega "no es una opción".
Aunque Angela Merkel sostenga públicamente que de la cumbre no saldrá "un paso espectacular" que resuelva los problemas de Grecia, sabe perfectamente que al euro le esperan meses innecesariamente dolorosos si no hay un mensaje claro en los siguientes términos: Grecia tendrá un segundo rescate, probablemente con reestructuración voluntaria de la deuda por parte de los acreedores privados, y dicho rescate no será considerado como impago (event credit) por las agencias de calificación. Alemania se resiste a aceptar la evidencia de que Grecia no puede pagar a sus acreedores y que el único camino que queda es la reestructuración sin default. Si ese objetivo se consigue mediante quitas pactadas, o a través de una tasa a los bancos acreedores, es algo cuyas consecuencias tendrá que evaluar la cumbre; y mejor que lo haga bien. Pero el paso vital es apagar el incendio que abrasa a las deudas periféricas; y eso solo puede hacerse mediante un acuerdo sobre el segundo (y se supone que definitivo) rescate de Atenas.
Sería deseable una reflexión previa sobre el modelo actual de los rescates que, más que salvar países, actúan como arenas movedizas en las que los rescatados se hunden poco a poco. Europa tiene que avanzar hacia la unión financiera real, que es la creación de los eurobonos, en vez de aplazar o complicar las decisiones. Quizá sea demasiado pedir para una cita urgente. El mínimo exigible es un acuerdo tajante, político y económico, sobre Grecia. Sin él, las tensiones de la deuda pueden acarrear efectos políticos indeseados durante los próximos meses y un grave empeoramiento de las condiciones económicas del área.
Mientras Berlín ensaya ante el espejo elegantes posturas ortodoxas y Merkel se encastilla en el estribillo "o quita privada o nada", la prima de riesgo encarece los costes financieros de los países implicados en planes de ajuste, como se pudo comprobar en la emisión de deuda española de ayer. El aumento desorbitado del servicio de la deuda reduce los márgenes presupuestarios y coarta el crecimiento económico. Con ese lastre, es difícil pensar ya que España puede acercarse a tasas de crecimiento superiores al 1,5% en 2012.
martes, 19 de julio de 2011
Final de ciclo
Editorial
Publicado en El País (18/07/2011)
Gestionar el final de un ciclo de gobierno no resulta tarea fácil para ningún gobernante y las circunstancias por las que atraviesa España en la actualidad no contribuyen ciertamente a allanar ese cometido. Desde que el presidente del Gobierno desatara las dudas sobre su continuidad en un comentario tan informal como irresponsable a finales del año pasado, los acontecimientos se han precipitado. Para peor. A la fecha nos encontramos con un país amenazado de ruina (atrapado en la vorágine de los mercados financieros desatada sobre Europa), sin perspectiva, con serios problemas de cohesión social y aun territorial, en el que cunde la desilusión entre los ciudadanos sin distinción de ideologías o de clase social. Existen motivos más que fundados para la intranquilidad, patente desde luego tanto en las manifestaciones de los indignados como en los resultados electorales de los recientes comicios.
Las turbulencias en los mercados de deuda se han cebado en España con una intensidad que no solo amenaza con estrangular las finanzas públicas, sino que asfixia también desde hace tiempo a empresas de todo tamaño al encarecer su financiación, enterrando la perspectiva de una pronta recuperación económica. El sendero hacia la nada por el que se precipitaron con anterioridad Grecia, Irlanda y Portugal viene siendo recorrido a trompicones también por España, pese a las bienintencionadas declaraciones de las autoridades o los anuncios continuados de iniciativas y reformas que devienen luego ineficaces por su falta de ambición inicial, o sus demoras y continuos retardos, como es el caso del sector financiero, cuya urgencia aconsejaba una diligencia extrema en su resolución. Ni el Gobierno ni el Banco de España han sido consecuentes con ello.
Sería injusto responsabilizar de todos los males a nuestras autoridades. Una parte no menor de nuestras aflicciones tiene su origen en Europa y se necesitan por ello soluciones que trasciendan las fronteras nacionales. Pero es imposible no reconocer la parvedad de la aportación española a esas soluciones. Más allá de la impotencia de Europa para solventar sus problemas, la pérdida de confianza en la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero parece irreversible y el creciente escepticismo sobre la gobernabilidad española en las circunstancias actuales amenaza con acrecentar nuestros males. La crisis no es solo económica, sino también, y acaso sobre todo, política.
Hace ya mucho que las respuestas del presidente del Gobierno a los desafíos a los que se enfrenta España apenas merecen crédito alguno por parte de los ciudadanos. Las encuestas lo venían demostrando de forma consistente (una reciente coloca al Gobierno del Estado como la institución peor valorada de una lista de 39), y el escepticismo y el desconcierto fueron rubricados por el descalabro de los socialistas en las pasadas elecciones, al tiempo que crecía la contestación en la calle.
Más allá de cualquier consideración sobre el origen de las protestas del 15-M, sobre su legitimidad o sus intenciones, resulta evidente que el aprecio que han merecido por parte de la opinión trae causa del profundo malestar en el que se ha sumido el conjunto de un país con cinco millones de parados, en el que 300.000 familias han perdido sus casas en los últimos tres años, y en el que su primer gobernante es incapaz de ofrecer ninguna esperanza razonable de alivio a sus angustias.
Rodríguez Zapatero dispone de toda la legitimidad y todo el derecho para terminar la legislatura si así lo quiere y nada en las leyes le obliga a disolver las Cámaras. Pero tras el anuncio, hecho en marzo, de que no concurrirá de nuevo a las elecciones, este periódico sostuvo que sus propósitos de agotar la legislatura solo eran moral y políticamente justificables a condición de que culminase las reformas imprescindibles que asegurasen la estabilidad necesaria, política y económica, para que el país afrontara el periodo electoral en las mejores condiciones posibles. Esa condición no se ha cumplido. Aún peor: su incapacidad en la gestión, los magros resultados de las reformas apenas incoadas, más el lastre y la impotencia de una legislatura agónica auguran un deterioro imparable al que resulta imprescindible poner fin cuanto antes. A este respecto, la fecha sugerida por algunos dirigentes socialistas para celebrar elecciones (finales de noviembre) es del todo tardía. Si de verdad Rodríguez Zapatero quiere rendir un último servicio a su país, debe hacerlo abandonando el poder cuanto antes y reconociendo la urgencia de que nuestro Gobierno recupere la credibilidad perdida. Los españoles en su conjunto, y los votantes socialistas en particular, se lo agradecerán.
Publicado en El País (18/07/2011)
Gestionar el final de un ciclo de gobierno no resulta tarea fácil para ningún gobernante y las circunstancias por las que atraviesa España en la actualidad no contribuyen ciertamente a allanar ese cometido. Desde que el presidente del Gobierno desatara las dudas sobre su continuidad en un comentario tan informal como irresponsable a finales del año pasado, los acontecimientos se han precipitado. Para peor. A la fecha nos encontramos con un país amenazado de ruina (atrapado en la vorágine de los mercados financieros desatada sobre Europa), sin perspectiva, con serios problemas de cohesión social y aun territorial, en el que cunde la desilusión entre los ciudadanos sin distinción de ideologías o de clase social. Existen motivos más que fundados para la intranquilidad, patente desde luego tanto en las manifestaciones de los indignados como en los resultados electorales de los recientes comicios.
Las turbulencias en los mercados de deuda se han cebado en España con una intensidad que no solo amenaza con estrangular las finanzas públicas, sino que asfixia también desde hace tiempo a empresas de todo tamaño al encarecer su financiación, enterrando la perspectiva de una pronta recuperación económica. El sendero hacia la nada por el que se precipitaron con anterioridad Grecia, Irlanda y Portugal viene siendo recorrido a trompicones también por España, pese a las bienintencionadas declaraciones de las autoridades o los anuncios continuados de iniciativas y reformas que devienen luego ineficaces por su falta de ambición inicial, o sus demoras y continuos retardos, como es el caso del sector financiero, cuya urgencia aconsejaba una diligencia extrema en su resolución. Ni el Gobierno ni el Banco de España han sido consecuentes con ello.
Sería injusto responsabilizar de todos los males a nuestras autoridades. Una parte no menor de nuestras aflicciones tiene su origen en Europa y se necesitan por ello soluciones que trasciendan las fronteras nacionales. Pero es imposible no reconocer la parvedad de la aportación española a esas soluciones. Más allá de la impotencia de Europa para solventar sus problemas, la pérdida de confianza en la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero parece irreversible y el creciente escepticismo sobre la gobernabilidad española en las circunstancias actuales amenaza con acrecentar nuestros males. La crisis no es solo económica, sino también, y acaso sobre todo, política.
Hace ya mucho que las respuestas del presidente del Gobierno a los desafíos a los que se enfrenta España apenas merecen crédito alguno por parte de los ciudadanos. Las encuestas lo venían demostrando de forma consistente (una reciente coloca al Gobierno del Estado como la institución peor valorada de una lista de 39), y el escepticismo y el desconcierto fueron rubricados por el descalabro de los socialistas en las pasadas elecciones, al tiempo que crecía la contestación en la calle.
Más allá de cualquier consideración sobre el origen de las protestas del 15-M, sobre su legitimidad o sus intenciones, resulta evidente que el aprecio que han merecido por parte de la opinión trae causa del profundo malestar en el que se ha sumido el conjunto de un país con cinco millones de parados, en el que 300.000 familias han perdido sus casas en los últimos tres años, y en el que su primer gobernante es incapaz de ofrecer ninguna esperanza razonable de alivio a sus angustias.
Rodríguez Zapatero dispone de toda la legitimidad y todo el derecho para terminar la legislatura si así lo quiere y nada en las leyes le obliga a disolver las Cámaras. Pero tras el anuncio, hecho en marzo, de que no concurrirá de nuevo a las elecciones, este periódico sostuvo que sus propósitos de agotar la legislatura solo eran moral y políticamente justificables a condición de que culminase las reformas imprescindibles que asegurasen la estabilidad necesaria, política y económica, para que el país afrontara el periodo electoral en las mejores condiciones posibles. Esa condición no se ha cumplido. Aún peor: su incapacidad en la gestión, los magros resultados de las reformas apenas incoadas, más el lastre y la impotencia de una legislatura agónica auguran un deterioro imparable al que resulta imprescindible poner fin cuanto antes. A este respecto, la fecha sugerida por algunos dirigentes socialistas para celebrar elecciones (finales de noviembre) es del todo tardía. Si de verdad Rodríguez Zapatero quiere rendir un último servicio a su país, debe hacerlo abandonando el poder cuanto antes y reconociendo la urgencia de que nuestro Gobierno recupere la credibilidad perdida. Los españoles en su conjunto, y los votantes socialistas en particular, se lo agradecerán.
martes, 1 de febrero de 2011
El complot de Matusalén
Por Joaquín Estefanía
Publicado en El País (31/01/2011)
Recomiendan Milton y Rose Friedman en su Libertad de elegir (Editorial Ariel) que cualquier gobernante aproveche los 100 primeros días de su Administración para practicar las reformas que estime convenientes, antes de que los sindicatos de intereses se reorganicen y las impidan. Zapatero se ha hecho reformista, paradójicamente, en la última parte de su mandato, en el que, además, no tiene la mayoría absoluta parlamentaria que facilitaría los cambios, y él, su Gobierno y su partido, están fuertemente desgastados.
En este contexto, llega a Madrid el próximo jueves Angela Merkel, la dirigente europea que más énfasis ha puesto en la necesidad de esas reformas unidireccionales. Se encontrará con el siguiente panorama: un día antes se habrá firmado un pacto social entre el Gobierno y los sindicatos de trabajadores y de empresarios, cuyo nervio principal es la reforma del sistema público de pensiones, con el objetivo de hacerlo viable a medio plazo; el Gobierno ha cerrado unilateralmente una reforma laboral cuyo eje ha sido, se diga lo que se diga, un abaratamiento del despido; y el país está en pleno proceso de reestructuración del sistema financiero, que cambiará su faz a favor de una enorme concentración bancaria.
También se encontrará con dos datos macroeconómicos complementarios: una reducción acelerada del déficit de las Administraciones públicas un poco superior al que se había comprometido Zapatero (logrado más por el incremento de los ingresos que por la reducción de los gastos), y un paro que sigue creciendo, y que está por encima del 20% de la población activa.
Los niveles de desempleo de nuestro país son espeluznantes, y difíciles de entender por los socios europeos; su cuantía y su desagregación (un paro juvenil superior al 42% de la población activa, 2,15 millones de parados de larga duración, 1,3 millones de hogares en el que ninguno de los que buscan trabajo lo obtienen, una tasa de empleo temporal del 25%, etcétera) manifiestan un fracaso estructural que no ha sido capaz de modificar la reforma laboral, demostrando probablemente que su rectificación depende más del cambio de modelo productivo (el 55% de los casi tres millones de nuevos parados durante la Gran Recesión corresponde al sector de la construcción) que de la legislación laboral.
La reforma de las pensiones era una exigencia demográfica más que un diktat de los mercados, pero sin este último no se hubiese apresurado. Por primera vez, pronto habrá más viejos que jóvenes; no hay más que caminar por las ciudades españolas para observar que el envejecimiento es un fenómeno de masas, que acentuará la jubilación inminente de los hijos del baby boom de la posguerra. No envejecen solo las personas sino los pueblos; los ciudadanos europeos nos enfrentamos a un doble fenómeno: vivimos más tiempo y tenemos menos hijos. El filósofo Claude Levy-Strauss, dijo: "En comparación con la catástrofe demográfica, la caída del comunismo será algo insignificante" (El complot de Matusalén, de Frank Schirrmacher. Editorial Taurus).
La aportación de los sindicatos y patronal a este nuevo pacto de Estado en España, habiendo arrastrado a unos partidos políticos incapaces de ponerse de acuerdo, muestra, una vez más, su papel central en la cohesión social de los últimos 30 años.
La reforma financiera vive ahora su segunda etapa, tras la fusión fría de un enorme grupo de cajas de ahorro. Con el objeto de generar confianza en el sistema, las autoridades obligan a las entidades a aumentar los baremos de solvencia, en un intento de recapitalización más rápida e intensa de lo exigido por el calendario internacional (las normas de Basilea III daban un plazo para aumentar el capital de calidad entre los años 2013 y 2019).
Esta sobreactuación del Gobierno de Zapatero, que será bien vista por una Angela Merkel que tiene en su sistema financiero uno de los eslabones más débiles (en una demostración palpable de la diferente vara de medir entre países fuertes y periféricos), conlleva un gigantesco cambio que ha sido definido como otra desamortización de la economía española, con unos ganadores, los bancos, y unos perdedores netos, las cajas de ahorros.
Cuando terminen las reformas habrá que analizarlas también en términos de distribución de la renta y del poder económico, no solo de competitividad.
Publicado en El País (31/01/2011)
Recomiendan Milton y Rose Friedman en su Libertad de elegir (Editorial Ariel) que cualquier gobernante aproveche los 100 primeros días de su Administración para practicar las reformas que estime convenientes, antes de que los sindicatos de intereses se reorganicen y las impidan. Zapatero se ha hecho reformista, paradójicamente, en la última parte de su mandato, en el que, además, no tiene la mayoría absoluta parlamentaria que facilitaría los cambios, y él, su Gobierno y su partido, están fuertemente desgastados.
En este contexto, llega a Madrid el próximo jueves Angela Merkel, la dirigente europea que más énfasis ha puesto en la necesidad de esas reformas unidireccionales. Se encontrará con el siguiente panorama: un día antes se habrá firmado un pacto social entre el Gobierno y los sindicatos de trabajadores y de empresarios, cuyo nervio principal es la reforma del sistema público de pensiones, con el objetivo de hacerlo viable a medio plazo; el Gobierno ha cerrado unilateralmente una reforma laboral cuyo eje ha sido, se diga lo que se diga, un abaratamiento del despido; y el país está en pleno proceso de reestructuración del sistema financiero, que cambiará su faz a favor de una enorme concentración bancaria.
También se encontrará con dos datos macroeconómicos complementarios: una reducción acelerada del déficit de las Administraciones públicas un poco superior al que se había comprometido Zapatero (logrado más por el incremento de los ingresos que por la reducción de los gastos), y un paro que sigue creciendo, y que está por encima del 20% de la población activa.
Los niveles de desempleo de nuestro país son espeluznantes, y difíciles de entender por los socios europeos; su cuantía y su desagregación (un paro juvenil superior al 42% de la población activa, 2,15 millones de parados de larga duración, 1,3 millones de hogares en el que ninguno de los que buscan trabajo lo obtienen, una tasa de empleo temporal del 25%, etcétera) manifiestan un fracaso estructural que no ha sido capaz de modificar la reforma laboral, demostrando probablemente que su rectificación depende más del cambio de modelo productivo (el 55% de los casi tres millones de nuevos parados durante la Gran Recesión corresponde al sector de la construcción) que de la legislación laboral.
La reforma de las pensiones era una exigencia demográfica más que un diktat de los mercados, pero sin este último no se hubiese apresurado. Por primera vez, pronto habrá más viejos que jóvenes; no hay más que caminar por las ciudades españolas para observar que el envejecimiento es un fenómeno de masas, que acentuará la jubilación inminente de los hijos del baby boom de la posguerra. No envejecen solo las personas sino los pueblos; los ciudadanos europeos nos enfrentamos a un doble fenómeno: vivimos más tiempo y tenemos menos hijos. El filósofo Claude Levy-Strauss, dijo: "En comparación con la catástrofe demográfica, la caída del comunismo será algo insignificante" (El complot de Matusalén, de Frank Schirrmacher. Editorial Taurus).
La aportación de los sindicatos y patronal a este nuevo pacto de Estado en España, habiendo arrastrado a unos partidos políticos incapaces de ponerse de acuerdo, muestra, una vez más, su papel central en la cohesión social de los últimos 30 años.
La reforma financiera vive ahora su segunda etapa, tras la fusión fría de un enorme grupo de cajas de ahorro. Con el objeto de generar confianza en el sistema, las autoridades obligan a las entidades a aumentar los baremos de solvencia, en un intento de recapitalización más rápida e intensa de lo exigido por el calendario internacional (las normas de Basilea III daban un plazo para aumentar el capital de calidad entre los años 2013 y 2019).
Esta sobreactuación del Gobierno de Zapatero, que será bien vista por una Angela Merkel que tiene en su sistema financiero uno de los eslabones más débiles (en una demostración palpable de la diferente vara de medir entre países fuertes y periféricos), conlleva un gigantesco cambio que ha sido definido como otra desamortización de la economía española, con unos ganadores, los bancos, y unos perdedores netos, las cajas de ahorros.
Cuando terminen las reformas habrá que analizarlas también en términos de distribución de la renta y del poder económico, no solo de competitividad.
martes, 18 de enero de 2011
La lección de Túnez
Por Sami Nair, publicado en El País (18/01/2011)
Túnez acaba de vivir una doble revuelta que aún no constituye una revolución. Una revuelta popular y una revuelta de palacio en el entorno del presidente Ben Ali. La revuelta en la calle comenzó hace cuatro semanas cuando un joven de 23 años, Mohammed Bouazizi, se inmoló en Sidi Bouzid para expresar su desesperación ante las injusticias; ello provocó una ola de indignación que se transformó en una marea de protestas. Sobre todo desde que comenzó el siglo, la situación social es desastrosa para los más pobres.
El poder de Ben Ali se apoyaba en tres fuerzas centrales. Una, las clases medias, relativamente integradas, han visto cómo su situación se degradaba. En los últimos años, el poder cambió de base, se fundió con los círculos de especuladores y se hundió en una corrupción familiar de tipo mafioso. La mujer del presidente y su familia, los Trabelsi, se adueñaron de todo lo que valía algo y no dudaron en "extorsionar" a otros para apoderarse de sus negocios, con la aprobación del presidente.
El poder también se apoyaba en un aparato de dominación formado por los dirigentes y militantes del RCD, el partido oficialista, que controlaba todos los engranajes y la corrupción en el país. Una especie de milicia con la impunidad garantizada, que vigilaba a la población e imponía un clima de delación que a menudo derivaba en cárcel y torturas.
Por último, la policía y la guardia nacional (la gendarmería), que Ben Ali, ex ministro del Interior, tenía en sus manos. En los últimos 23 años el Ejército se fue debilitando porque Ben Ali siempre le tuvo miedo. Túnez, vista la experiencia de los golpes de Estado militares en otros países africanos, quiso tener un ejército que no fuera muy poderoso y, en cambio, dio prioridad a la policía y la guardia nacional, que se convirtieron en el principal instrumento de represión. De hecho, la policía, junto con una parte de las milicias del RCD, y con su utilización de grupos de saqueadores, está en el origen de la destrucción y los asesinatos de estos últimos días.
Lo que ha hecho que hubiera un vuelco es un fenómeno mental colectivo extraordinariamente poderoso: la desaparición del miedo. ¿Por qué? Por muchas razones, pero sobre todo porque el poder no supo cómo reaccionar ante la inmolación del joven Bouazizi. Con su visita a la familia del mártir, el presidente se puso personalmente en primera línea; al ofrecer dinero a los padres por la muerte del joven, añadió la humillación. Si quería mostrar que era capaz de sentir compasión, lo que demostró Ben Ali fue que tenía miedo. A partir de ese momento, el miedo cambió de bando. Ben Ali destituyó a ministros, hizo mil promesas, pero nada podía detener ya la rebelión de la calle, que había comprendido que el Estado no era tan fuerte como parecía. Cada víctima de la represión hizo crecer las protestas. En 23 días, los tunecinos acabaron con 23 años de dictadura.
Dentro del régimen, el Ejército se ha vengado de la policía. Esta se ha mostrado incapaz de ejercer la represión por dos motivos fundamentales: por una parte, el sindicato Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT), sobre todo los mandos intermedios regionales y federales, se negaron a obedecer al poder, se pusieron del lado del pueblo y contribuyeron a agitar las demandas sociales; por otra, un sector importante de los oficiales generales, respaldados por los soldados en activo que en repetidas ocasiones se negaron a abrir fuego sobre los manifestantes, dejó muy claro a Ben Ali que ya no estaban con él. De esa forma, no le dejaron más que una salida: huir.
Ben Ali estaba asimismo debilitado por las presiones de Estados Unidos, que se ha implicado a fondo en su derrota, en primer lugar, porque ha visto una posible manera de hacer realidad su proyecto de democratización "suave" (no como Bush en Irak) en el mundo árabe; y en segundo, porque era una forma de debilitar a Francia en el Magreb. En cuanto a Francia, ha hecho gala de una ceguera que supera cualquier medida al apoyar a Ben Ali y ofrecerse, días antes de su desaparición, ¡para "formar" a su policía! Un fracaso diplomático que pagará muy caro.
La oposición, ya sea oficial o ilegal, no ha desempeñado ningún papel. Como tampoco se ha visto, en las manifestaciones, una sola bandera verde, símbolo del islam. Pero eso no puede durar. Con Ben Ali fuera, le ha sustituido el primer ministro, Mohamed Ghanuchi. Y ahí empiezan las dificultades. Los partidarios de Ben Ali temen la venganza popular, así que han emprendido una política de tierra quemada, sobre todo en los barrios burgueses y acomodados, con el fin de aterrorizar a sus habitantes y romper la alianza entre esas capas y el pueblo. En los últimos días ha habido decenas de muertos en Túnez. Se está instalando un estado de caos que favorece al poder interino actual: el nuevo presidente ha prometido convocar elecciones en el plazo de seis meses, un periodo muy largo que permite presagiar manipulaciones peligrosas.
Las perspectivas para el futuro más próximo son meras hipótesis mientras no se reorganice la policía y mientras el Ejército no se pronuncie con claridad en favor del orden republicano. Además, será necesario meter en cintura a las milicias del RCD, formadas por elementos desclasados para los que la pertenencia al partido era el principal método de ascenso social.
La primera hipótesis es que el nuevo poder consiga restablecer enseguida el orden y organizar una Conferencia Nacional en la que estén representados todos los miembros de la oposición, con un programa de transición política que deberá desembocar en la instauración de una auténtica democracia republicana (nueva Constitución, elecciones legislativas, municipales, etcétera). A esta solución se oponen los restos del aparato dictatorial de Ben Ali (policía, burocracia, etcétera), los restos del RCD y el nuevo poder, que tendrá que rendir cuentas de su pertenencia al sistema derrocado.
La segunda hipótesis es un acuerdo entre todas las fuerzas de la oposición oficial, la integración de los partidos de oposición ilegales y la creación de un consenso sobre un programa mínimo para instaurar un sistema de transición que correría el peligro de tener una duración indefinida. En resumen, una especie de cambio dentro de la continuidad, porque se mantendría el régimen actual. Los factores en contra de esta hipótesis son la impaciencia y la cólera del pueblo, que quiere acabar con estos 23 años de dictadura.
Por último, una tercera hipótesis, que también es posible: Ben Ali preparaba, en los últimos años, una sucesión "neoislamista" encarnada en un miembro de su familia, hombre de negocios y creyente al parecer devoto; el Estado, sin tocar las bases laicas del "bourguibismo", iba islamizándose poco a poco; los programas religiosos invadían las pantallas y daba la impresión de que se estaba cociendo una confesionalización del poder, con el único objetivo de pervertir unas reivindicaciones sociales dotadas cada vez de más dureza y presión. El poder actual puede muy bien retomar esta estrategia e intentar establecer un régimen basado en un islamismo conservador cuya utilidad es evidente: así controlaría las reivindicaciones populares y se apoyaría en los grupos sociales más sensibles a esta retórica; llevaría de nuevo a las clases medias a su terreno, al presentarse como garante del mantenimiento de la seguridad, y tranquilizaría a los vecinos, desde Marruecos hasta Egipto, pasando por Argelia y Libia, que ya sufren este tipo de situación y ven con muy malos ojos el ejemplo tunecino.
No se puede excluir tampoco una mezcla de las tres opciones, que solo serviría para aplazar las decisiones institucionales que debe tomar Túnez. Lo que es innegable es que los tunecinos afrontan hoy una transición hacia una revolución democrática y republicana, y eso es lo más difícil. Porque el movimiento callejero no posee ni dirección reconocida ni programa.
Se abre una nueva etapa. Los tunecinos han demostrado, con una fuerza y una dignidad enormes, que siempre se puede vencer a la opresión. También han conseguido, quizá, que el mundo árabe entre a formar parte de la misma historia que los pueblos de Latinoamérica y los países de Europa del Este en el siglo pasado, cuando conquistaron su derecho a la libertad de expresión a costa de grandes sacrificios humanos. Y esa lección es inmensa.
Sami Naïr es profesor invitado de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
Túnez acaba de vivir una doble revuelta que aún no constituye una revolución. Una revuelta popular y una revuelta de palacio en el entorno del presidente Ben Ali. La revuelta en la calle comenzó hace cuatro semanas cuando un joven de 23 años, Mohammed Bouazizi, se inmoló en Sidi Bouzid para expresar su desesperación ante las injusticias; ello provocó una ola de indignación que se transformó en una marea de protestas. Sobre todo desde que comenzó el siglo, la situación social es desastrosa para los más pobres.
El poder de Ben Ali se apoyaba en tres fuerzas centrales. Una, las clases medias, relativamente integradas, han visto cómo su situación se degradaba. En los últimos años, el poder cambió de base, se fundió con los círculos de especuladores y se hundió en una corrupción familiar de tipo mafioso. La mujer del presidente y su familia, los Trabelsi, se adueñaron de todo lo que valía algo y no dudaron en "extorsionar" a otros para apoderarse de sus negocios, con la aprobación del presidente.
El poder también se apoyaba en un aparato de dominación formado por los dirigentes y militantes del RCD, el partido oficialista, que controlaba todos los engranajes y la corrupción en el país. Una especie de milicia con la impunidad garantizada, que vigilaba a la población e imponía un clima de delación que a menudo derivaba en cárcel y torturas.
Por último, la policía y la guardia nacional (la gendarmería), que Ben Ali, ex ministro del Interior, tenía en sus manos. En los últimos 23 años el Ejército se fue debilitando porque Ben Ali siempre le tuvo miedo. Túnez, vista la experiencia de los golpes de Estado militares en otros países africanos, quiso tener un ejército que no fuera muy poderoso y, en cambio, dio prioridad a la policía y la guardia nacional, que se convirtieron en el principal instrumento de represión. De hecho, la policía, junto con una parte de las milicias del RCD, y con su utilización de grupos de saqueadores, está en el origen de la destrucción y los asesinatos de estos últimos días.
Lo que ha hecho que hubiera un vuelco es un fenómeno mental colectivo extraordinariamente poderoso: la desaparición del miedo. ¿Por qué? Por muchas razones, pero sobre todo porque el poder no supo cómo reaccionar ante la inmolación del joven Bouazizi. Con su visita a la familia del mártir, el presidente se puso personalmente en primera línea; al ofrecer dinero a los padres por la muerte del joven, añadió la humillación. Si quería mostrar que era capaz de sentir compasión, lo que demostró Ben Ali fue que tenía miedo. A partir de ese momento, el miedo cambió de bando. Ben Ali destituyó a ministros, hizo mil promesas, pero nada podía detener ya la rebelión de la calle, que había comprendido que el Estado no era tan fuerte como parecía. Cada víctima de la represión hizo crecer las protestas. En 23 días, los tunecinos acabaron con 23 años de dictadura.
Dentro del régimen, el Ejército se ha vengado de la policía. Esta se ha mostrado incapaz de ejercer la represión por dos motivos fundamentales: por una parte, el sindicato Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT), sobre todo los mandos intermedios regionales y federales, se negaron a obedecer al poder, se pusieron del lado del pueblo y contribuyeron a agitar las demandas sociales; por otra, un sector importante de los oficiales generales, respaldados por los soldados en activo que en repetidas ocasiones se negaron a abrir fuego sobre los manifestantes, dejó muy claro a Ben Ali que ya no estaban con él. De esa forma, no le dejaron más que una salida: huir.
Ben Ali estaba asimismo debilitado por las presiones de Estados Unidos, que se ha implicado a fondo en su derrota, en primer lugar, porque ha visto una posible manera de hacer realidad su proyecto de democratización "suave" (no como Bush en Irak) en el mundo árabe; y en segundo, porque era una forma de debilitar a Francia en el Magreb. En cuanto a Francia, ha hecho gala de una ceguera que supera cualquier medida al apoyar a Ben Ali y ofrecerse, días antes de su desaparición, ¡para "formar" a su policía! Un fracaso diplomático que pagará muy caro.
La oposición, ya sea oficial o ilegal, no ha desempeñado ningún papel. Como tampoco se ha visto, en las manifestaciones, una sola bandera verde, símbolo del islam. Pero eso no puede durar. Con Ben Ali fuera, le ha sustituido el primer ministro, Mohamed Ghanuchi. Y ahí empiezan las dificultades. Los partidarios de Ben Ali temen la venganza popular, así que han emprendido una política de tierra quemada, sobre todo en los barrios burgueses y acomodados, con el fin de aterrorizar a sus habitantes y romper la alianza entre esas capas y el pueblo. En los últimos días ha habido decenas de muertos en Túnez. Se está instalando un estado de caos que favorece al poder interino actual: el nuevo presidente ha prometido convocar elecciones en el plazo de seis meses, un periodo muy largo que permite presagiar manipulaciones peligrosas.
Las perspectivas para el futuro más próximo son meras hipótesis mientras no se reorganice la policía y mientras el Ejército no se pronuncie con claridad en favor del orden republicano. Además, será necesario meter en cintura a las milicias del RCD, formadas por elementos desclasados para los que la pertenencia al partido era el principal método de ascenso social.
La primera hipótesis es que el nuevo poder consiga restablecer enseguida el orden y organizar una Conferencia Nacional en la que estén representados todos los miembros de la oposición, con un programa de transición política que deberá desembocar en la instauración de una auténtica democracia republicana (nueva Constitución, elecciones legislativas, municipales, etcétera). A esta solución se oponen los restos del aparato dictatorial de Ben Ali (policía, burocracia, etcétera), los restos del RCD y el nuevo poder, que tendrá que rendir cuentas de su pertenencia al sistema derrocado.
La segunda hipótesis es un acuerdo entre todas las fuerzas de la oposición oficial, la integración de los partidos de oposición ilegales y la creación de un consenso sobre un programa mínimo para instaurar un sistema de transición que correría el peligro de tener una duración indefinida. En resumen, una especie de cambio dentro de la continuidad, porque se mantendría el régimen actual. Los factores en contra de esta hipótesis son la impaciencia y la cólera del pueblo, que quiere acabar con estos 23 años de dictadura.
Por último, una tercera hipótesis, que también es posible: Ben Ali preparaba, en los últimos años, una sucesión "neoislamista" encarnada en un miembro de su familia, hombre de negocios y creyente al parecer devoto; el Estado, sin tocar las bases laicas del "bourguibismo", iba islamizándose poco a poco; los programas religiosos invadían las pantallas y daba la impresión de que se estaba cociendo una confesionalización del poder, con el único objetivo de pervertir unas reivindicaciones sociales dotadas cada vez de más dureza y presión. El poder actual puede muy bien retomar esta estrategia e intentar establecer un régimen basado en un islamismo conservador cuya utilidad es evidente: así controlaría las reivindicaciones populares y se apoyaría en los grupos sociales más sensibles a esta retórica; llevaría de nuevo a las clases medias a su terreno, al presentarse como garante del mantenimiento de la seguridad, y tranquilizaría a los vecinos, desde Marruecos hasta Egipto, pasando por Argelia y Libia, que ya sufren este tipo de situación y ven con muy malos ojos el ejemplo tunecino.
No se puede excluir tampoco una mezcla de las tres opciones, que solo serviría para aplazar las decisiones institucionales que debe tomar Túnez. Lo que es innegable es que los tunecinos afrontan hoy una transición hacia una revolución democrática y republicana, y eso es lo más difícil. Porque el movimiento callejero no posee ni dirección reconocida ni programa.
Se abre una nueva etapa. Los tunecinos han demostrado, con una fuerza y una dignidad enormes, que siempre se puede vencer a la opresión. También han conseguido, quizá, que el mundo árabe entre a formar parte de la misma historia que los pueblos de Latinoamérica y los países de Europa del Este en el siglo pasado, cuando conquistaron su derecho a la libertad de expresión a costa de grandes sacrificios humanos. Y esa lección es inmensa.
Sami Naïr es profesor invitado de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
sábado, 18 de diciembre de 2010
¿Adónde va Europa?
La respuesta a la crisis (desregulación del mercado laboral, deflación salarial, desempleo estructural, recortes presupuestarios, privatizaciones) vuelve aún más voraces a los mercados. La UE necesita otra estrategia
Por Sami Nair
Después de Grecia, Irlanda. Después, probablemente Portugal. A continuación, no lo sabemos. Lo que es seguro es que varios países están amenazados por los mercados. España ya está en el punto de mira. Pero con el debido respeto por los demás, España no es lo mismo. Es la cuarta economía de Europa (12% del PIB europeo), y es un peso pesado de la política europea. La deuda española es efectivamente tres veces superior a la griega, su déficit gira desde hace dos años en torno al 10% del PIB, y el desempleo, que afecta a todas las franjas de edad, se sitúa en realidad por encima del 20%. Si España recurriera al fondo de rescate europeo, eso abriría también y de manera inevitable el camino a acciones especulativas contra Italia y Francia, y significaría un giro decisivo para Europa.
La paradoja es que la estrategia europea de salida de la crisis mundial (desregulación de los mercados de trabajo, deflación salarial, desempleo estructural, restricciones presupuestarias, privatizaciones masivas), vuelve más voraces aún a los mercados que, de ahora en adelante, lo quieren todo y les parece que nunca se hace bastante. Esta estrategia, fundamentalmente recesiva, provoca un aumento legítimo de las reivindicaciones sociales y políticas, y da lugar a unas preguntas que las opiniones públicas ya comienzan a formularse espontáneamente. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, expresa sin ambages este estado de ánimo: "Para Atenas, Madrid o Lisboa, se planteará seriamente la cuestión de saber si les interesa continuar el plan de austeridad impuesto por el FMI y por Bruselas, o, al contrario, volver a ser dueños de su política monetaria" (Le Monde, 23, 24 de mayo de 2010).
Aún no hemos llegado hasta aquí pero, si no cambiamos las reglas de juego, la división de la zona euro se volverá una hipótesis seria. Pues está claro que no podremos resolver esta crisis solamente con medidas restrictivas que apunten a las poblaciones más expuestas (clases medias y populares), y menos aún con unas medidas técnicas vinculantes como las apoyadas por Alemania y Francia para activar el fondo de rescate. El presidente del Bundesbank alemán, Axel Weber, ha dado a entender, durante una visita reciente a París, que los 750.000 millones de euros deberían ser de todos modos aumentados si España recurriera al fondo. Lo cual no debe de haber gustado al ministro alemán de finanzas, Wolfgang Schäuble, que, en una entrevista en Der Spiegel (8-11-2010), ha cortado a cuchillo en dos fases para quienes no las respetaran las líneas rojas de esta ayuda: durante la fase crítica, prolongación de vida de los créditos y, si eso no basta, los inversores privados deberán aceptar una depreciación de sus préstamos a cambio de garantías para el resto. Eso viene a ser lo mismo que agitar el capote delante de los inversores privados.
Estos han reaccionado inmediatamente poniendo de rodillas a Irlanda y cercando a Portugal, antes de señalar a Bélgica y a España. ¿Cuánto falta para que pasen al ataque? El margen de confianza que conceden a los diferentes países de la zona euro ya es insostenible: Alemania encuentra compradores de sus bonos de una media del 2,7%, mientras que España los negocia en el mejor de los casos en torno al 5% y Portugal al 6,7%. Los países endeudados prestan pues a unas tasas cada vez más prohibitivas y, si a veces logran ganar unos puntos, solo es porque el banco central compra unos bonos, cosa que no podrá durar mucho tiempo.
En realidad, asistimos a una verdadera guerra de los mercados contra los Estados. Cuando empezó la crisis, apunté (La victoria de los mercados financieros, EL PAÍS, 8-5-2010) que los mercados iban a someter a prueba la capacidad de resistencia de los Estados y de los movimientos sociales, y que, en caso de una debilidad probada de los europeos para definir una estrategia progresista común frente a la crisis, los inversores iban a incrementar su ventaja atacando frontalmente a los Estados más frágiles. Objetivos: desregularizar aún más los mercados internos y exigir más privatizaciones. Es exactamente lo que está ocurriendo hoy. Lo que vemos en lo sucesivo ante nuestros ojos es una nueva contrarrevolución social thatchero-reaganiana. La cuestión es saber si las sociedades europeas van a aceptarlo. Pero en este pulso, el estatus del euro es un test definitivo: ¿será por fin puesto al servicio de la promoción de un modelo social sostenible o se volverá el vector de la destrucción de los restos del Estado de bienestar europeo?
A partir de ahora, el problema para Europa ya no es económico, sino político. Si las medidas técnicas adoptadas no logran resolver las dificultades de los países europeos, ¿veremos la división de la zona euro anunciada por Stiglitz? ¿Y qué forma revestirá? ¿Una zona euro reducida a seis, sin España? ¿Una zona basada en el desacoplamiento entre una moneda única para la pareja franco-alemana y algunos más, y una moneda común para el resto? ¿Un retorno a las monedas nacionales? Y en este caso, ¿qué será del mercado único? Por supuesto, oímos cada día a responsables políticos afirmar que estas hipótesis son impensables: ¿pero estamos seguros de que controlan los flujos monetarios? ¿No están sometidos al unísono a los dictados de la Bolsa? Todo puede ocurrir.
En realidad, está en juego el porvenir del proyecto europeo. Las reglas de funcionamiento del euro previstas por el Tratado de Lisboa entran cada vez más en contradicción flagrante con las divergencias de desarrollo de los diversos países de la zona. Ningún Gobierno se atreve aparentemente a poner en duda los dogmas que sostienen el Pacto de Estabilidad, aunque en lo sucesivo nadie los respete. Pero si queremos salvar el euro, hay que flexibilizar estas reglas. E incluso, tal vez cambiarlas. Es vital establecer, de ahora en adelante, una coordinación fuerte de las políticas económicas europeas, aunque Alemania, tutora del Banco Central, no quiere oír hablar de un "gobierno económico". Aquí está el corazón de la batalla para la supervivencia de la zona euro, y no en las solas medidas coercitivas previstas por el acuerdo adoptado el 28 de octubre en Bruselas.
Para relanzar Europa, esta coordinación deberá afrontar al menos cuatro grandes tareas: 1) Una protección del espacio monetario europeo, regulando efectivamente, como por cierto se había previsto en la reunión de la UE el 18-5-10, los Fondos de inversión alternativos y sobre todo los instrumentos ultraespeculativos (hedge funds, private equity, CDS). Eso supone que se pueden pedir explicaciones a Reino Unido para que ponga fin a la política desestabilizadora de la City, principal plaza especulativa mundial. 2) Una mutualización de las deudas públicas europeas con la creación de unos "bonos europeos" para los países endeudados que habrían recurrido al fondo de rescate. Para evitar que aumente la desconfianza de los mercados, Alemania debe aceptar que la activación del mecanismo de rescate sea, bajo unas condiciones precisas, mecánico y no negociable cada vez, como es el caso ahora. 3) La realización de un préstamo para financiar una gran política pública europea de crecimiento, de creación de empleo y de investigación-innovación, lo que supone una reforma de los estatutos del Banco Central. 4) Una armonización fiscal común de la zona euro apoyada con un refuerzo de los fondos de cohesión para los países en dificultades.
Estas medidas tendrían un efecto de arrastre prodigioso. Harían reflexionar a los inversores y crearían un impacto psicológico salvador para movilizar a los pueblos europeos. En realidad, la elección es simple: o bien Europa saldrá de esta crisis reforzada y capaz de afrontar la nueva geopolítica de la economía mundial oponiendo a los mercados un interés general europeo, basado en unas estrategias cooperativas entre las naciones europeas, o bien, empantanada en sus egoísmos nacionales, acabará por estallar en cenizas moribundas.
Sami Naïr es profesor invitado de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Traducción de M. Sampons.
lunes, 15 de noviembre de 2010
¿Remontada?, por Enrique Gil Calvo
Publicado en El País (15/11/2010)
Aún faltan más de dos meses para que la remodelación gubernamental cumpla los 100 días de cortesía que las convenciones reclaman hasta que pueda hacerse balance de su ejecutoria política. No obstante, si bien es demasiado pronto para juzgar, sí que se puede tratar de hacer mientras tanto, como voy a intentar aquí, una somera evaluación (sin voluntad de auditoría) de la incipiente remontada que comenzó a protagonizar el flamante gabinete del visir o valido Rubalcaba, que en un principio pareció estar recuperando la confianza de los electores. Pero ¿de verdad puede hablarse de un auténtico despegue?
Los sondeos así parecen confirmarlo, pero eso podría deberse tan solo al impacto periodístico que tuvo la noticia de la remodelación. Ahora bien, esa primera euforia pasará pronto, cuando la novedad deje de ser noticia y se convierta en rutina, pues entonces se amortiguarán los efectos demoscópicos hasta neutralizarse. Y el único consuelo será que, al menos, la remodelación habrá servido para detener el desplome del Gobierno haciéndole tocar fondo, como los submarinos que se hunden en caída libre hasta que se topan con el lecho del océano. ¿Hay margen para el remonte? ¿Qué posibilidades hay de volver a reflotar la hundida nave del Gobierno? La verdad es que no se sabe muy bien si ese tocar fondo es una base lo suficientemente firme para iniciar desde ahí un despegue sostenido hasta 2012. En esto puede ocurrir como con la crisis económica, cuya caída libre se detuvo hace tiempo, cuando tocamos fondo, pero desde entonces todavía seguimos allí estancados, sin que haya indicio alguno de despegue o próxima reactivación. ¿Pasará lo mismo con la crisis política del Gobierno de Zapatero, estancado en el fondo del mar sin que ni siquiera el valido Rubalcaba pueda hacerle remontar en las encuestas?
La verdad es que los primeros movimientos iniciales no son demasiado esperanzadores. Todavía no ha pasado un mes desde la remodelación y ya ha vuelto a producirse una gravísima recaída en la crisis de la deuda soberana, con tensiones en los mercados financieros peores que en la debacle de mayo pasado, cuando Zapatero se vio obligado por "las circunstancias" (es decir, por los mercados acreedores) a imprimir un giro copernicano a su política de derechos sociales, pasando de defenderlos a muerte a recortarlos drásticamente (rebaja de sueldos, congelación de pensiones, abaratamiento del despido, etcétera).
¿Y qué puede hacer ahora el nuevo Gobierno, cuando nuestro diferencial con el bund alemán es todavía mayor que en el mes de junio pasado? Pues no demasiado. La vicepresidenta Salgado se queda impertérrita sin perder la compostura; el partido en el poder anuncia una difusa "agenda social" centrada en las ineficaces políticas activas de empleo; Zapatero promete en el G-20 otra "economía verde" todavía más vaporosa e inverosímil y el nuevo ministro de Trabajo aplaza hasta el año que viene la reforma de las pensiones, sin que pueda descartarse que ceda ante la obstinación de los sindicatos, que se niegan a negociar con él si el Gobierno no rectifica en materia de reforma laboral. ¿Y así esperan recuperar la confianza de los mercados globales?
Pero eso no es todo. Al mismo tiempo que se reabría la crisis de la deuda soberana, el monarca marroquí decidía arrasar a sangre y fuego el campamento saharaui de El Aaiún, sorprendiendo con el paso cambiado al Gobierno español. No solo eso, pues además, Mohamed VI decretó un férreo apagón informativo sobre el Sáhara, vedando el acceso a la prensa española y expulsando al equipo de la SER y al corresponsal de Abc. ¿Y qué hizo la nueva ministra de Exteriores?
Proseguir su circuito por América Latina mientras dejaba que Zapatero mandase a su antecesor como enviado especial a Argel para calmar a los patrocinadores del Polisario. ¿Así se espera recuperar la confianza de la sociedad española, mayoritariamente favorable a la legítima causa saharaui, tan gravemente desatendida por nuestro Gobierno?
Y por si éramos pocos, parió la abuela. Pues en ésas estábamos cuando el ex presidente González hizo sus explosivas declaraciones a Juan José Millás, en las que por fin asumía responsabilidades por la guerra sucia contra ETA confesando que declinó cometer un crimen de Estado cuando estaba en su mano decidir su ejecución. Hasta ahora, González se había negado durante mucho tiempo a reconocer su responsabilidad, pues cuando fue requerido para ello por la justicia se limitó a decir lo mismo que ahora dice Bush respecto a la invasión de Irak: yo no fui, los responsables fueron otros. Pero entonces, ¿por qué decide ahora soltar su bomba mediática en el peor momento para el Gobierno de Zapatero? ¿Es que no lo quiere reflotar sino hundirlo todavía más?
Ajustar a dos velocidades, por Joaquín Estefanía
Publicado en El País, (15/11/2010)
Hace ya bastantes meses que los distintos países del mundo han sido obligados a ajustar con fecha fija sus economías y a volver a la ortodoxia fiscal: en el año 2013 han de tener sus finanzas en el entorno de un 3% del PIB de déficit público como máximo, so pena de excomunión y amenazas de distinto tipo (políticas y económicas). Ello ha dado lugar a planes de austeridad dramáticos (reducción del gasto), básicamente en Europa, que recaen sobre los ciudadanos. Sin embargo, esa misma rigidez en los objetivos y en los ritmos se olvida cuando se trata de regular los sistemas financieros, causantes primeros de la Gran Recesión, de modo que no vuelvan a repetir los mismos abusos, errores e irregularidades que en el pasado inmediato. Para ellos, el tiempo es flexible.
Hace ya bastantes meses que los distintos países del mundo han sido obligados a ajustar con fecha fija sus economías y a volver a la ortodoxia fiscal: en el año 2013 han de tener sus finanzas en el entorno de un 3% del PIB de déficit público como máximo, so pena de excomunión y amenazas de distinto tipo (políticas y económicas). Ello ha dado lugar a planes de austeridad dramáticos (reducción del gasto), básicamente en Europa, que recaen sobre los ciudadanos. Sin embargo, esa misma rigidez en los objetivos y en los ritmos se olvida cuando se trata de regular los sistemas financieros, causantes primeros de la Gran Recesión, de modo que no vuelvan a repetir los mismos abusos, errores e irregularidades que en el pasado inmediato. Para ellos, el tiempo es flexible.
La reciente y deprimente reunión del G-20 en Seúl ha sido testigo de esa doble vara de medir. Al menos ha habido cuatro tipos de decisiones relacionadas con el sistema financiero internacional. Primero, se asumen los recientes acuerdos de Basilea (Basilea III) con el objeto de reforzar y endurecer la capitalización mínima de la banca, aunque esta dispone hasta el año 2019 (seis años más que los países en reducir su déficit) para ponerla en marcha. Segundo, la definición de qué bancos son considerados "entidades sistémicas", es decir, capaces de generar problemas globales si tienen dificultades como las de Lehman Brothers, que tenía que estar dispuesta a finales de este año (en mes y medio), queda para el final del primer semestre de 2011. Hasta entonces no habrá lista de bancos too big to fail (demasiado grandes para dejarlos quebrar): ¿cuántos bancos y quiénes son?; ¿por tamaño?, ¿por internacionalización?, ¿por nicho de negocio: comerciales o de inversión?, etcétera. Tercero, también se retrasa hasta finales de 2011 (para la reunión del G-20 en Francia) los requisitos especiales de capital y funcionamiento que habrán de cumplir esas entidades sistémicas. Una vez más, la cumbre de los principales países del mundo lanza la pelota hacia adelante: de Washington a Londres, de Londres a Pittsburgh, de Pittsburgh a Toronto, de Toronto a Corea, y de Seúl a Francia. Y cuarto: ni rastro de la tasa sobre las transacciones financieras que debería servir para financiar aspectos como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio o la lucha contra el cambio climático. Dentro de pocas semanas llega la reunión de Cancún, que debería establecer la continuación del Protocolo de Kioto y las modalidades de financiación de las reducciones de los gases de efecto invernadero, sin posibilidades reales de llegar a un acuerdo.
Tan decepcionantes resultados del G-20 llegan pese a que hace apenas un mes, en la asamblea de otoño del FMI, se definiera al sistema financiero como "el talón de Aquiles de la recuperación". Allí se establecieron los principales factores de estrangulamiento que representa la banca como sector para la economía real: la crisis de la deuda soberana, que empuja hacia abajo las constantes vitales de las entidades financieras (véase el caso de Irlanda, hasta hace tres años paradigma de las políticas neoliberales, por su dumping impositivo y su desregulación permanente); las pérdidas acumuladas en esta crisis por valor de 1,7 billones de euros; el volumen de vencimiento de sus obligaciones, con un calendario de refinanciación de más de tres billones de euros en los próximos 24 meses (de los que tres cuartas partes corresponden a los bancos europeos); y la aplicación, aunque sea tan lenta y tan cómoda en relación con los demás, de las nuevas exigencias de regulación.
Los banqueros de todo el mundo coinciden en que el año 2011 va a ser más difícil que el actual, y el crédito sigue sin fluir llevando a la mortandad a decenas de miles de pequeñas y medianas empresas. En esa asamblea del FMI, el español José Viñals, máxima autoridad del FMI en materia bancaria, dijo que ha aumentado la posibilidad de que se produzca una coincidencia nefasta de contracción del crédito, la desaceleración del crecimiento económico y el debilitamiento de los balances de las entidades financieras.
Este es el estado de la cuestión. Mientras tanto, España, en permanente debate preelectoral, discute solo sobre la reforma laboral o de las pensiones. ¿Quién lo entiende?
jueves, 4 de noviembre de 2010
El parto de los montes, por Javier Pradera
Publicado en El País (03/11/10)
La proposición de reforma de la Ley Electoral (LOREG) presentada en el Congreso por los grupos parlamentarios de PSOE, PP, CiU y PNV recoge los trabajos de la subcomisión creada hace dos años, a instancias de la Comisión Constitucional, para discutir eventuales modificaciones de la norma sin necesidad de una reforma previa de la Constitución. El informe pedido por el Gobierno al Consejo de Estado y puesto a disposición de la subcomisión estudió previamente tanto el perfeccionamiento técnico del proceso electoral como los rasgos inequitativos denunciados por los partidos que se sienten perjudicados por la LOREG.
Las modificaciones de carácter funcional de la proposición de ley pretenden agilizar, dar mayor seguridad jurídica y abaratar el proceso electoral: desde la fijación del censo electoral y la persecución del empadronamiento fraudulento o de conveniencia, hasta el voto de los españoles residentes en el exterior, pasando por la limitación de la duración y de los gastos de las campañas electorales o la publicidad en la televisión privada. En cambio, la reforma no trata de hacer cumplir con rigor el mandato del artículo 68.3 de la Constitución, según el cual la elección de los diputados al Congreso "se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de proporcionalidad".
Los sistemas electorales democráticos intentan armonizar el adecuado reflejo parlamentario del pluralismo político de la sociedad con la gobernabilidad de las instituciones del Estado. El origen normativo del sistema español se remonta al decreto ley de marzo de 1977 que reguló la convocatoria de las elecciones constituyentes, cuyas líneas maestras quedaron recogidas en la LOREG. El temor a una sopa de siglas que pudiera fragmentar peligrosamente el mapa representativo después de cuatro décadas de dictadura explica que el Senado sea elegido por un sistema mayoritario limitado y el Congreso por un sistema proporcional tan severamente corregido que incluye marcados sesgos mayoritarios.
En efecto, la consagración constitucional de la provincia como circunscripción electoral, con la correspondiente desigualdad demográfica de las 50 demarcaciones (desde los 95.000 habitantes de Soria hasta los 6.400.000 de Madrid), y la representación inicial previa fijada para cada circunscripción (dos diputados) explica que el número de votos necesarios para conseguir un escaño difiera notablemente según cuál sea la población censada. Así, en 2008 un diputado costó en Madrid 173.000 votos y en Soria 47.000. La financiación de las campañas electorales mediante adelantos crediticios calculados sobre la base de las subvenciones presupuestarias recibidas en los comicios anteriores y el también desigual acceso a los espacios gratuitos de propaganda en la radio y televisión públicas según el peso parlamentario de los partidos en la legislatura vencida conceden una ventaja de salida a los ganadores y colocados de anteriores carreras en perjuicio de los caballos recién llegados. En consecuencia, populares y socialistas se benefician del voto útil de los electores de derecha o de izquierda, deseosos de asegurar para su causa la eficacia de las papeletas.
De esta forma, los dos principales partidos de ámbito estatal y las formaciones nacionalistas que solo compiten en las cuatro provincias de Cataluña y las tres del País Vasco logran hacer rentable el proceso de transformación de los sufragios en escaños. Mientras que en las legislativas de 2008 populares y socialistas promediaron en algo menos de 70.000 papeletas el valor de cada diputado, para ese mismo objetivo Izquierda Unida y UPyD necesitaron reunir, respectivamente, 484.000 y 306.000 sufragios. La sobrerrepresentación parlamentaria porcentual de PSOE y Partido Popular en relación con los votos obtenidos (desde el año 1989 entre un +10,4 y un +1,6) contrasta vivamente con la infrarrepresentación del resto de los partidos de ámbito estatal (un -3,2 de IU en 2008).
Es evidente, así pues, que el PSOE y el PP no están dispuestos a tolerar una reforma electoral que amenace con una eventual pérdida de los votos de su clientela tradicional por la izquierda, por el centro o por la derecha. Pero esa inmovilista actitud de boicoteo -nadie podrá modificar la LOREG sin su colaboración- no solo significa la anteposición de sus intereses partidistas al interés general del régimen constitucional, sino que también implica un irresponsable desconocimiento de la peligrosa deriva hacia la abstención o hacia posiciones antisistema de los ciudadanos huérfanos de representación parlamentaria.
martes, 19 de octubre de 2010
Expiación, por Enrique Gil Calvo
Publicado en El País (18/10/10)
El curso político parece haberse iniciado bajo un ominoso clima de final de régimen. Al parecer, según afirman casi todos los observadores, y a juzgar por lo que anuncian múltiples encuestas, el mandato de Zapatero toca próximamente a su fin. Es verdad que aún quedan dieciocho meses de legislatura, durante los que podría pasar casi de todo. Pero lo cierto es que, para las esperanzas del partido gubernamental, lo peor está por llegar. Si se cumplen los pronósticos, el mes que viene caerá derrotado el tripartito catalán que se formó bajo su advocación. La próxima primavera esa derrota se extenderá por efecto dominó como un reguero de pólvora por todas las demás autonomías y Ayuntamientos de las capitales de provincia. Y finalmente el curso próximo, cuando ya no puedan aprobarse los siguientes Presupuestos del Estado, el presidente se verá obligado a proclamar la disolución anticipada de las Cortes adelantando las elecciones generales.
Pero mucho antes de que todo eso llegue a suceder, ya desde este mismo otoño los principales analistas dan por finiquitado al Gobierno de Zapatero. Así se comportan como esos inversores bursátiles que compran con el rumor y venden con la noticia, descontando los hechos del presente inmediato incluso antes de que se produzcan. Y de igual forma, el clima de final de régimen que hoy predomina está construido tan solo a partir de la interesada lectura de algunos acontecimientos mediáticos que están en la mente de todos: la masiva huelga del 29-S, el adverso resultado de las primarias de Madrid, el sonoro abucheo recibido en el desfile de la Hispanidad, etc.
Pues bien, admitamos a título de hipótesis que todos esos indicios agoreros sean anuncio cierto de la próxima caída de Zapatero. ¿Cabría por ello alguna sorpresa o entra más bien dentro de lo que podríamos llamar la normalidad, si tenemos en cuenta la gravísima situación de la economía española, dado su elevado endeudamiento y el insufrible desempleo que duplica el promedio europeo? Además, si recordamos que Zapatero negó con obstinación la inminencia de la crisis, y después se empeñó en paliarla con inverosímiles paños calientes, ¿acaso no deberíamos concluir que ahora sólo obtiene lo que se merece? Al fin y al cabo, de las tres opciones previstas por Hirschman como reacción ante el deterioro de las instituciones (salida, voz y lealtad), cabe esperar que sus votantes le ajusten las cuentas a Zapatero en términos de mucha voz de protesta y todavía mayor salida hacia la abstención, pero sobre todo retirándole su anterior lealtad electoral.
Sin embargo, con ser verosímil, esto no lo explica todo. En este clima de final de régimen parece haber algo más. Yo he hablado antes de auténtico suicidio político para referirme al giro que dio Zapatero en mayo pasado (cuando sustituyó la protección social por el ajuste fiscal) a sabiendas de su irreparable coste electoral, del que probablemente ya no logre recuperarse más. De ahí que ahora estemos hablando de si se presentará a la reelección u optará por ceder su puesto a un sucesor designado para perder. Pero ahora deseo retomar esta figura del suicidio reinterpretándola de otro modo. Si Zapatero está optando por suicidarse políticamente ante las cámaras (dejándose maltratar por la opinión pública como un Ecce Homo que apura el cáliz hasta las heces), no es tanto para expiar los errores cometidos antes (no desactivar la burbuja cuando pudo, y no advertir la magnitud crítica de su estallido) como para poder construirse una salida digna.
Las segundas legislaturas de un presidente del Gobierno son letales, según revela la experiencia americana (una excepción es Lula da Silva). Sobre todo en España, pues no hay más que recordar el vía crucis por el que hubieron de pasar en sus últimas legislaturas tanto Suárez como González y Aznar. Y tras su calvario, los tres presidentes tuvieron que abandonar el poder cubiertos de oprobio (aunque los dos primeros lograsen más tarde recuperar su dignidad). Pues bien, como Zapatero sabe esto muy bien, pretende salir del poder dignamente, de tal modo que no le suceda como a sus antecesores. Y para ello ha optado por escenificar en directo este suicidio político a cámara lenta, presentándolo como un doble sacrificio redentor de expiación e inmolación ("me cueste lo que me cueste"). Y digo doblemente redentor porque 1): con su impopular política de austeridad confía en salvar de su actual postración a la economía española; y 2): así espera redimirse también él, pagando con creces el precio debido por sus pasados pecados. De ahí esa especie de masoquismo revestido de dignidad con que hoy parece disfrutar representando el papel de mesías iluminado, que carga con la cruz de la crisis a cuestas camino del calvario.
miércoles, 6 de octubre de 2010
La democracia en los partidos
Por Javier Pradera
Publicado en El País (06/10/2010)
La elevada participación (el 81% del censo de socialistas madrileños) en la consulta interna del pasado domingo para elegir al candidato a la presidencia de la comunidad, que dio la victoria a Tomás Gómez sobre Trinidad Jiménez por casi cuatro puntos, muestra la fuerza de arrastre de las primarias cuando los militantes son invitados a tomar las decisiones colectivas. Pero el artículo 6 de la Constitución, según el cual la estructura y el funcionamiento interno de los partidos deberán ser democráticos, es interpretado por sus dirigentes no como un mandato vinculante, sino como una exhortación programática. Asociaciones voluntarias financiadas con dinero público, los partidos limitan el ejercicio de derechos fundamentales de sus afiliados como la libertad de expresión (para hacer públicas sus opiniones críticas), la libertad de asociación y reunión (para formar tendencias y corrientes dentro de las organizaciones), y la tutela judicial efectiva (para recurrir contra las sanciones disciplinarias).Las primarias son convocadas rara vez en el PSOE (14 citas para las elecciones del próximo 22 de mayo) y no están ni se les espera en el PP (pese a los esfuerzos de Álvarez Cascos en Asturias); UPyD anuncia su propósito de aplicar en adelante sin restricciones ese procedimiento. Las elecciones internas partidistas importadas de Estados Unidos serían en España una vía democratizadora si esa práctica nacida en un sistema presidencialista lograse un acomodo dentro del régimen parlamentario y fuese exigible en todas las formaciones políticas. Al fin y al cabo, el artículo 23 de la Constitución reconoce el derecho de todos los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos y a participar en la vida política de manera directa o por medio de representantes electos.
La eventual generalización de las primarias tal vez ayudara a conseguir que los partidos no sean los bienes cuasipatrimoniales de unos dirigentes reproducidos por cooptación. Los porcentajes de afiliación partidista respecto a los votos ciudadanos son hoy raquíticos; el censo del PSM (18.000 afiliados) representa poco más del 1% de los ciudadanos que respaldaron al PSOE en las legislativas de 2008 (1.400. 000 personas).
Las primarias suelen ser acusadas de fracturar a los partidos y romper su unidad interna. Pero ese razonamiento invierte las relaciones de causa y efecto, presentando como semilla lo que es su fruto y como consecuencia lo que es su origen: en realidad, se limitan a sacar a la luz divisiones internas sofocadas por dirigentes que tratan de beneficiarse de su enterramiento. Sin duda, un torpe tratamiento de las primarias puede exasperar y crispar las discrepancias dentro de los partidos, pero en ningún caso las inventan.
La designación de Trinidad Jiménez por el presidente del Gobierno como cabeza de lista autonómica del PSOE y las presiones ejercidas en paralelo sobre Tomás Gómez para que renunciara a su candidatura fueron presentadas inicialmente como el mandato obligatorio de una encuesta -sin paternidad conocida- realizada 10 meses antes de los comicios de mayo que situaba a la ministra de Sanidad muy por delante del secretario general del PSM. Pero la resistencia de Tomás Gómez a dejarse torcer el brazo en ese pulso y su exigencia de que se celebrasen primarias -aceptada por el presidente Zapatero- hicieron cambiar el terreno del debate desde la demoscopia electoral a la mística de la unidad partidista. Dos pesos pesados del Gobierno, los ministros Blanco y Rubalcaba, irrumpieron como elefantes en cacharrería para culpar al secretario general de los socialistas madrileños por hacer el juego a la derecha y por ser el hombre que dijo 'no' a Zapatero.
La imprudente interferencia del presidente del Gobierno en el vidrioso proceso de la designación del candidato (máxime después de sus erróneas apuestas por Trinidad Jiménez en 2003 y por Miguel Sebastián en 2007 para la alcaldía de la capital) y su pifia como profeta del desenlace de las primarias le presentan como el gran derrotado por la victoria de Tomás Gómez. Sin embargo, no es ni el único ni el principal responsable de ese tropiezo, que refleja su pérdida de autoridad dentro del PSOE a medida que los sondeos le van siendo desfavorables. La asociación de maledicentes formada por los ministros Blanco y Rubalcaba conculcó con sus bastos ataques a Tomás Gómez las reglas de juego limpio. Y el aire risueño, dicharachero y meloso de la ministra de Sanidad, con sus adolescentes llamamientos a la ilusión y el apasionamiento en la vida política, fue neutralizado por el bregado, opaco y discreto ex alcalde de Parla. De aquí al 22 de mayo de 2011 tirios y troyanos tendrán la oportunidad de curar las heridas abiertas en esta batalla, a menos que la pasión les ciegue.
martes, 5 de octubre de 2010
Arranca el "postzapaterismo"
Por Fernando Garea
Publicado en El País (04/10/2010)
Si el principal activo de Tomás Gómez, según Alfredo Pérez Rubalcaba, es haber dicho no a Zapatero, los militantes del PSOE en Madrid han premiado la rebeldía frente al líder del partido. Y Zapatero queda tocado con su primer revés orgánico serio. Las bases también le dan la espalda.
"Hemos perdido la confianza de una parte significativa del electorado. ¿Cuándo se produjo esta ruptura? ¿En qué momento hemos dejado de estar atentos a los cambios que la sociedad demandaba?", escribió Trinidad Jiménez en EL PAÍS el 17 de marzo de 2000 sobre el batacazo del PSOE de Almunia en aquellas elecciones generales. Ese artículo puso en marcha el proceso para llevar a Zapatero al frente del partido y ahora Jiménez vuelve a ser personaje destacado en el primer revés de Zapatero y debería reformular esa pregunta con un añadido: ¿En qué momento y por qué el líder socialista y presidente del Gobierno ha dejado de tener detrás a una parte de sus bases? Zapatero debería preguntarse hoy mismo por qué los militantes socialistas de Madrid se han revuelto contra su decisión de promover a Jiménez como candidata.
El presidente, según sus colaboradores, preparaba ayer por la tarde en La Moncloa la cumbre europea que se inicia hoy en Bruselas, con apariencia de distancia, pero su futuro lo decidían los militantes de Madrid. El secretario general del PSOE con mayor poder y menos contestación, que antepuso su nombre al del partido en dos campañas y al que los suyos han seguido sin rechistar por mucho que rectificara, ha sido desautorizado por los militantes socialistas de Madrid. En coincidencia con los datos de las encuestas que muestran que la fidelidad de voto del PSOE ha caído en picado, los datos de las primarias de Madrid ponen en circulación un término: postzapaterismo. Queda también desautorizado todo su equipo más próximo, empezando por José Blanco y Rubalcaba. Y ha sacrificado a uno de sus ministros mejor valorados, Trinidad Jiménez. Zapatero, probablemente el político que más arriesga, siempre supera las adversidades, pero en cada una de ellas se deja jirones, y en ésta algo más que eso. Las encuestas muestran que los militantes y votantes del PSOE ya no le acompañan y si mira hacia atrás verá que ya no le siguen incondicionalmente. Muchos militantes hubieran preferido estar el 29-S detrás de la pancarta y ayer, además, los de Madrid no tuvieron reparo en darle un sonoro cachete, aun sabiendo que supone hacer tambalear a su líder. Y ahora, además, los barones regionales y los candidatos de las municipales presionarán aterrados sobre el efecto arrastre que en mayo puede tener la pésima situación de Zapatero. Se cumple otra tradición: Rubalcaba pierde siempre todas sus apuestas en primarias. Ya le pasó con Almunia y con Bono y con todas sus apuestas en congresos del partido, según suele admitir él mismo.
lunes, 27 de septiembre de 2010
El sadismo político ordinario
Jugando a las deportaciones de gitanos, Sarkozy ha emborronado su mandato presidencial para siempre. Con su cinismo político ha despertado las bajas pasiones de la ciudadanía sin reparar en sus consecuencias
Por Josep Ramoneda, en El País 27 de septiembre de 2010
El sadismo es el placer ante el sufrimiento de los otros. Hay un sadismo activo, el que provoca el sufrimiento que le produce gusto, y un sadismo pasivo, el que goza como voyeur del sufrimiento ajeno. El sadismo está muy extendido entre los humanos. Cuando se habla de sadismo se acostumbra a pensar en formas extremas de violencia contra personas indefensas como la tortura, la violación o determinados rituales macabros. Pero hay un sadismo cotidiano, que a menudo pasa desapercibido, con efectos destructivos tanto físicos como psicológicos sobre las personas. Basta observar cómo juegan los niños para darse cuenta de que el sadismo aparece desde nuestra más tierna infancia.
También en la política de las sociedades democráticas hay formas de sadismo más o menos encubierto. Llamo sadismo político ordinario a las agresiones violentas e injustificadas ordenadas por un responsable político contra un colectivo percibido socialmente como marginal o no integrado, con el convencimiento de que producirá un placer, consciente o inconsciente, a ciertos sectores de la sociedad, especialmente las clases medias y populares. El objeto de esta violencia sádica ha de ser un grupo que produzca un cierto rechazo social, por tanto, que difícilmente será defendido, y que no tenga capacidad de intimidación, porque no vota y porque no tiene mecanismos de expresión a su alcance. Es un recurso habitual cuando un gobernante siente que su popularidad cae o que necesita desesperadamente un plus para alcanzar sus objetivos electorales. Se acostumbra a confundir con el populismo, pero incorpora este factor añadido que es la estimulación del sentimiento sádico y la especulación con el mismo.
Este ejercicio de cinismo político, dispuesto a despertar bajas pasiones de la ciudadanía sin reparar en sus consecuencias, es lo que ha hecho Nicolas Sarkozy con los gitanos. Es probable que su estrategia sea fundada y que, efectivamente, provoque reacciones sádicas en un sector de la ciudadanía, que puedan dar réditos electorales al presidente. Pero, precisamente por esta razón, es todavía más repugnante. La función del gobernante no es crear problemas a la convivencia en beneficio propio, sino resolverlos democráticamente. Ha sido la incapacidad del presidente para resolver los conflictos de las periferias urbanas francesas lo que le ha llevado a este encarnizamiento sádico contra una minoría sin defensores y con mala reputación. Como ha escrito Glucksmann, detrás de este rechazo al otro se esconde un rechazo de sí mismo, "el miedo a los gitanos es el miedo inconfesado de sí mismo". Jugando a las deportaciones, como un aprendiz de brujo, Sarkozy ha emborronado su mandato presidencial para siempre. Y ha situado a Francia ante la vergüenza de ser señalada como violadora de aquellos derechos republicanos de los que siempre ha alardeado como abanderada. The Economist lo ha descrito así: "Cuando da lo mejor de sí mismo, Nicolas Sarkozy es un político extraordinario; cuando las fuerzas le abandonan, no es más que un oportunista sin escrúpulos".
Naturalmente, el sadismo político tiene sus protocolos. El proceso puede describirse así. Primero, la revelación. Cada vez que oigan algún político decir: "Hay que llamar a las cosas por su nombre" y "negar los problemas no conduce a ninguna parte", prepárense porque por algún lado empezarán a caer palos contra las libertades. La partitura la dio, a finales de julio, el discurso de Grenoble. Sarkozy invitó a los franceses a "despertar" y anunció que iba a "acabar con estas zonas de no derecho que son las implantaciones salvajes de campamentos gitanos".
Segundo paso, la blasfemia, como le llama Luc Boltanski, o el desprecio por la common decency (Orwell), es decir, proponer como un gran atrevimiento epifánico algo que entra en ruptura con los valores republicanos compartidos. En este caso, la deportación de los parias. "Estáis cegados por los biempensantes", dijo el ministro Brice Hortefeux, para defenderse de sus críticos.
De ahí al tercer paso hay solo un escalón: la identificación del grupo, la segregación étnica. Con lo cual, el sadismo político se encuentra con su cómplice preferido: el racismo.
El cuarto paso es la acción violenta en sí, el desalojamiento y destrucción de los escasos bienes de una gente que no tiene casi nada. También tiene su sentido: propagar el miedo.
En fin, el quinto paso, es provocar la asociación de ideas: con el ataque a los gitanos es toda la inmigración la que está concernida y es de los sentimientos de rechazo contra la inmigración de lo que se quiere sacar partido. Que las pulsiones de recelo al otro, que los ciudadanos llevan incorporados, se activen en el momento de ir a votar. Por eso es tan importante la publicidad de la acción como la propia acción. Que todo el mundo se sienta concernido. Entre el populismo y el discurso securitario apenas queda espacio para la política democrática. Es el triunfo de la economía política de la pulsión.
En un reciente manifiesto contra el racismo -Vivir en diversidad, hecho público por un grupo de "ciudadanos comprometidos" de diversos países de Europa- se apelaba a los cuatro principios clave de una política de futuro: la diversidad como esencia de Europa; un ethos de solidaridad y esperanza; una protección de lo común y una economía inclusiva. Europa, de la mano de dirigentes como Nicolas Sarkozy, va exactamente en la dirección contraria: la excitación del pequeño hombre blanco contra el otro. Se empieza deportando gitanos y no se sabe cómo se termina. Los ciudadanos de Europa no podremos alegar que ni vimos ni supimos.
Un Sarkozy en apuros dispara contra los gitanos para que los ciudadanos se compensen de las malas noticias con unos momentos de satisfacción sádica. No hace falta decir que este ejercicio representa una degradación profunda de la ética democrática, una ruptura extremadamente peligrosa de las reglas del juego, y una pérdida de legitimidad de la principal autoridad republicana, que se baña en las aguas encharcadas del racismo y del sadismo político. Con su exhibicionismo securitario, el presidente francés alimenta, además, una perniciosa confusión entre política y policía. Como si la única función del Estado fuera el orden público.
La operación de Sarkozy llega en un momento especialmente delicado: una profunda crisis económica y una grave crisis europea. La tentación de apelar a las más penosas formas del populismo acecha siempre en estas coyunturas, pero es extremadamente peligrosa, porque la desazón de la crisis deja a la ciudadanía con las defensas muy bajas. Esta ruptura con la cultura democrática, este retorno al rechazo del paria, del marginal, del que hace y vive diferente, esta recuperación de las pulsiones racistas, pueden ser los tacones sobre los que se monten las botas de una nueva dominación neototalitaria. La historia europea del siglo XX está demasiado cerca como para que un presidente de la República pueda actuar con tanta frivolidad. James G. Ballard lo advirtió con su habitual rotundidad: "El consumismo despierta un apetito que solo el fascismo puede satisfacer". Sarkozy sigue la estela de Haider, de Berlusconi, en una Europa cansada e impotente a la que se pretende rearmar sobre la base del odio al otro. El mito de la apertura de Sarkozy se hunde.
En la medida en que los dirigentes europeos no han sido capaces de desmarcarse, el sadismo ordinario de Sarkozy contamina a todos. Nos devuelve la terrible imagen de la limpieza étnica que ya cubrió de espesos nubarrones al continente cuando el hundimiento de Yugoslavia. Y nos demuestra que la capacidad de infección del sadismo y del racismo no tiene fronteras. Las organizaciones antirracistas francesas, en su bienintencionada lucha contra los despropósitos de Sarkozy, han cambiado su viejo eslogan "Touche pas mon pot" ("No toques a mi amigo") por "Touche pas ma nation". ¿No es esto también una profunda regresión que nos aleja de los presupuestos de una Europa abierta y diversa?
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