Por Jose Antonio Zarzalejos
Publicado en El Confidencial (26/02/2012)
“Yo soy yo y mi circunstancia” sostuvo Ortega y Gasset. Y la circunstancia más relevante de Iñaki Urdangarín es que es Duque de Palma por su matrimonio con una Infanta de España y, en consecuencia, yerno del Rey. Semejante y singularísima circunstancia ha destrozado, sin embargo, su reputación, porque al ofrecerle una prevalencia social extraordinaria le inoculó la tentación –en la que cayó- de malbaratarla. Ayer, Iñaki Urdangarín salvó su circunstancia –al Rey y a la Infanta-, pero no parece que pudo rescatar a su propio yo del ahogamiento de conductas que, en el mejor de los casos, y tal y como las calificó la Casa del Rey, han sido “poco ejemplares”. De lo que se trata ahora es de saber si, además, fueron delictivas.
El Duque de Palma reconoció en sede judicial que su suegro, el Jefe del Estado, le conminó en marzo de 2006 a abandonar “sus negocios” y que la presencia de la Infanta en la sociedad familiar más singular del entramado era “testimonial”. Iñaki Urdangarín ratificó con esta declaración judicial que su suegro, una vez tuvo conciencia en 2006, tres años después de que comenzase a operar el Instituto Nóos, de que sus actividades no eran altruistas hizo lo que estuvo en su mano para que no continuase desarrollándolas: le pidió que se desvinculase de ellas y logró que se desplazase de España obteniendo para él un destino profesional con ingresos transparentes con Telefónica en Estados Unidos.
Quienes quieren utilizar a Urdangarín como punto de apoyo de una palanca para desplazar a Don Juan Carlos de su actual magistratura abocándole a una abdicación en la persona del Príncipe de Asturias por supuesto consentimiento –culpa in vigilando o responsabilidad por omisión-, hacia las actividades de su yerno, lo tienen difícil. Por supuesto, no cejarán en el empeño porque en España más que republicanos hay antimonárquicos y, concretamente, detractores del Rey quién, no obstante, sigue gozando de una más que razonable popularidad y afecto ciudadano. Sin duda la una y el otro, mermarán, pero, tras la declaración de Urdagarín ayer, no de tal manera que hagan inviable su permanencia en el vértice de la representación del Estado.
Más difícil será que la Infanta Cristina pueda librarse de comparecer ante el juez José Castro. Su desafortunada, imprudente e innecesaria presencia como socia de una de las compañías –la más importante-, del entramado que supuestamente manejaba su marido, haría incluso irregular desde el punto de vista procesal que la hija del Rey no pasase por el juzgado, bien como testigo, bien como imputada, tal y como pretende la acusación popular de Manos Limpias. Si es citada como testigo podrá responder por escrito (artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), pero no está claro que disponga de ese privilegio si es llamada como imputada. En todo caso, las declaración de su marido y de otros imputados y testigos permiten suponer que el juez aplicará muy prudentemente la ley y, en todo caso, de manera progresiva: primero, la Infanta declararía como testigo y sólo después, y según valoración del juez, como imputada.
Por lo demás, algunos aspectos del episodio de ayer en Palma sugieren reflexiones importantes. Desde mi punto de vista es relevante el aspecto del Duque de Palma: demacrado, ojeroso, angustiado. Los corruptos con denominación de origen no suelen registrar semejante impacto sicosomático cuando están sometidos a investigación judicial. Urdangarín está sufriendo física y psicológicamente, seguramente porque cuando se comportó como lo hizo con el Instituto Nóos le faltó lucidez y conciencia de la trascendencia social atribuida a su condición de yerno del Rey. Es comprobable que a los corruptos cuya reputación no preocupa, poco les importan los juicios paralelos. Al Duque de Palma lo ha laminado.
Por otra parte, resulta difícilmente explicable que el Urdangarín haya sido llamado a declarar como imputado tan tardíamente, después de que hayan depuesto ante el juez Castro personajes –Torres, Matas, Ballester-, que se han excusado haciendo recaer en Urdangarín toda la responsabilidad en los pagos irregulares y en los procedimientos ilegales de adjudicación. Y no lo han hecho sólo en sede judicial: lo han proclamado, incluso, en medios de comunicación como Jaume Matas en La Sexta con Jordi Évole, seguramente una de las entrevistas más denigrantes para el entrevistado.
Además, resulta evidente que el Duque de Palma ha estado poco y mal asesorado hasta hace poco tiempo. Su decisión de acceder a pie al juzgado y de hacer una declaración ante los periodistas, sugiere que en los nueves meses que han transcurrido desde que comenzó la instrucción de esta pieza separada del caso Palma-Arena, el Duque no ha recibido los consejos adecuados, no se le ha trasladado la profundidad del malestar de la opinión pública española y no ha dispuesto de un portavoz adecuado. Que Horacio Oliva, gran abogado y mejor estratega, pueda estar en la retaguardia de su defensa legal, es una cierta garantía para el Duque.
Resulta lógico que Urdangarín haya ajustado cuentas: si él hizo lo que hizo se debió a que la maquinación administrativa-fiscal la condujo su “socio” Diego Torres; si las adjudicaciones se produjeron de manera fulminante y engrasada fue porque “amigos” como Ballester agilizaron los mecanismos administrativos y porque políticos como Matas, Camps o Barberá se mostraron conniventes. La trama extrajo de las comunidades valenciana y balear la bonita cifra de seis millones de euros y si, como Urdangarín declaró ayer, algunos contratos se lograron con la breve tramitación de tres días, estaríamos ante un caso con un desarrollo largo que alcanzará a más protagonistas. Rajoy debe estar al tanto porque ha sometido al PP valenciano a un periodo de carencia depurativo. Ahí ajustó cuentas el Duque.
Apunte final: ¿Cuántas horas puede estar declarando una persona sometida a presión sicológica sin que la exactitud de su versión se altere o disperse en perjuicio de sus derechos? Los jueces que, como ayer Castro, someten a imputados a maratonianas sesiones de declaración han de entender la justicia en su integridad y asumir que el derecho a la defensa requiere de una proporcionalidad en los tiempos y en las intensidades. Porque tras las nueve horas de ayer, no será más breve la comparecencia del Duque de Palma hoy ante el juez, ni más fácil, porque intervendrán el fiscal, la acusación de la comunidad y la popular de Manos Limpias. Luego, cuando termine, José Castro tendrá que tomar su decisión más difícil hasta el momento: de una parte, concretar si hay cargos –y cuales— y, de haberlos, si impone medidas cautelares a Iñaki Urdangarín. Cuando lo haga y lo comunique, se abre un escenario con un guión ahora de difícil previsibilidad.
lunes, 27 de febrero de 2012
miércoles, 22 de febrero de 2012
No todo era tan desechable en la herencia del PSOE
Por Antonio Casado
Publicado en El Confidencial (21/02/2012)
Con los papeles cambiados el poder se parece a sí mismo. El signo político del titular no importa. Hace unos días el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, nos sorprendía con su afirmación de que una ETA inactiva pasa a ser un problema político. Quién nos lo iba a decir: la política antiterrorista de un Gobierno del PP tan cerca de Rubalcaba, tan lejos de Mayor Oreja.
Recuérdese la apremiante propuesta del candidato socialista del 20-N sobre una revisión del calendario fiscal europeo para no ahogarse en marcas de déficit imposibles de conseguir. Propuesta descalificada por su adversario electoral, el ya presidente Rajoy, que entonces juraba que España cumpliría sus compromisos. Aquella idea de Rubalcaba, como hemos sabido después del encuentro de ambos en Moncloa, se ha incluido en la nueva hoja de ruta oficial.
Hagamos memoria del obstruccionismo del PP. Debidamente instrumentalizados, las malas noticias económicas y el malestar social alfombraron el camino de Rajoy a la Moncloa. Salvo a última hora (mandato constitucional de equilibrio presupuestario), el PP dejó solo a Zapatero en su dramática lucha por impedir la bancarrota del país. Y ahora descubre que no todo era tan desechable en la herencia socialista. El nuevo Gobierno acaba de proclamar que las reformas aprobadas por el anterior, rechazadas en su día por el PP, “contribuyen a reforzar la solvencia de España”, según un informe del Ministerio de Economía para formar criterio de los inversores en deuda pública. Y el propio Luis de Guindos ha reconocido elogiosamente el trabajo de su antecesora, Elena Salgado.
Item más, ayer nos enteramos de que el presidente, Mariano Rajoy, firma junto a otros colegas europeos una carta dirigida a los presidentes del Consejo y de la Comisión, Van Rompuy y Durao Barroso, respectivamente, reclamando medidas orientadas a la reactivación y el crecimiento. Tesis central del líder del PSOE en el debate sobre el ‘tijeretazo’ de Nochevieja.
Si añadimos la disposición del PSOE a respaldar la política del Gobierno en temas de Estado (terrorismo, política exterior, defensa y funcionamiento institucional), veremos que los socialistas se achican el espacio para ejercer la oposición y marcar diferencias, pero van a aprovecharlo. La reforma laboral les brinda la oportunidad de reconciliarse con los sindicatos y empezar a recuperar a sus desalentados votantes. Por ahí va el frente común escenificado el domingo pasado en la calle. El impacto de las movilizaciones ha debido ser mayor del previsto, a juzgar por la redoblada agresividad de la derecha sin complejos contra las organizaciones sindicales.
En Ferraz hacen planes. Con oposición útil y constructiva, guerra sin cuartel frente a la contrarreforma. De momento, la del mercado de trabajo, que nos encamina hacia la sociedad del sálvese quien pueda si el tándem de sindicatos e izquierda política no lo impide. En la calle y en el Parlamento, en el uso de sus respectivos derechos de representación parlamentaria y sindical. También el Gobierno, el PP y sus terminales mediáticas están en su derecho a persuadir a los ciudadanos de que, como dice Rajoy, son ellos “los verdaderos defensores de quienes peor lo están pasando”.
Se enfrentan dos lecturas de la reforma laboral reñidas entre sí: la esperanza del parado por lograr un puesto de trabajo, aunque sea precario y mal pagado, frente al creciente miedo a perderlo de quienes ya lo tienen ¿Cuál de las dos causas pesará más en el ánimo de los ciudadanos? La batalla acaba de empezar.
Publicado en El Confidencial (21/02/2012)
Con los papeles cambiados el poder se parece a sí mismo. El signo político del titular no importa. Hace unos días el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, nos sorprendía con su afirmación de que una ETA inactiva pasa a ser un problema político. Quién nos lo iba a decir: la política antiterrorista de un Gobierno del PP tan cerca de Rubalcaba, tan lejos de Mayor Oreja.
Recuérdese la apremiante propuesta del candidato socialista del 20-N sobre una revisión del calendario fiscal europeo para no ahogarse en marcas de déficit imposibles de conseguir. Propuesta descalificada por su adversario electoral, el ya presidente Rajoy, que entonces juraba que España cumpliría sus compromisos. Aquella idea de Rubalcaba, como hemos sabido después del encuentro de ambos en Moncloa, se ha incluido en la nueva hoja de ruta oficial.
Hagamos memoria del obstruccionismo del PP. Debidamente instrumentalizados, las malas noticias económicas y el malestar social alfombraron el camino de Rajoy a la Moncloa. Salvo a última hora (mandato constitucional de equilibrio presupuestario), el PP dejó solo a Zapatero en su dramática lucha por impedir la bancarrota del país. Y ahora descubre que no todo era tan desechable en la herencia socialista. El nuevo Gobierno acaba de proclamar que las reformas aprobadas por el anterior, rechazadas en su día por el PP, “contribuyen a reforzar la solvencia de España”, según un informe del Ministerio de Economía para formar criterio de los inversores en deuda pública. Y el propio Luis de Guindos ha reconocido elogiosamente el trabajo de su antecesora, Elena Salgado.
Item más, ayer nos enteramos de que el presidente, Mariano Rajoy, firma junto a otros colegas europeos una carta dirigida a los presidentes del Consejo y de la Comisión, Van Rompuy y Durao Barroso, respectivamente, reclamando medidas orientadas a la reactivación y el crecimiento. Tesis central del líder del PSOE en el debate sobre el ‘tijeretazo’ de Nochevieja.
Si añadimos la disposición del PSOE a respaldar la política del Gobierno en temas de Estado (terrorismo, política exterior, defensa y funcionamiento institucional), veremos que los socialistas se achican el espacio para ejercer la oposición y marcar diferencias, pero van a aprovecharlo. La reforma laboral les brinda la oportunidad de reconciliarse con los sindicatos y empezar a recuperar a sus desalentados votantes. Por ahí va el frente común escenificado el domingo pasado en la calle. El impacto de las movilizaciones ha debido ser mayor del previsto, a juzgar por la redoblada agresividad de la derecha sin complejos contra las organizaciones sindicales.
En Ferraz hacen planes. Con oposición útil y constructiva, guerra sin cuartel frente a la contrarreforma. De momento, la del mercado de trabajo, que nos encamina hacia la sociedad del sálvese quien pueda si el tándem de sindicatos e izquierda política no lo impide. En la calle y en el Parlamento, en el uso de sus respectivos derechos de representación parlamentaria y sindical. También el Gobierno, el PP y sus terminales mediáticas están en su derecho a persuadir a los ciudadanos de que, como dice Rajoy, son ellos “los verdaderos defensores de quienes peor lo están pasando”.
Se enfrentan dos lecturas de la reforma laboral reñidas entre sí: la esperanza del parado por lograr un puesto de trabajo, aunque sea precario y mal pagado, frente al creciente miedo a perderlo de quienes ya lo tienen ¿Cuál de las dos causas pesará más en el ánimo de los ciudadanos? La batalla acaba de empezar.
viernes, 17 de febrero de 2012
¿Un cambio sustancial que salvará la hegemonía USA?
Por S. McCoy
Publicado en Cotizalia (16/02/2012)
Todos los ojos están puestos en estas últimas horas en Irán y su anuncio/desmentido de corte el suministro de petróleo a varios países europeos, entre ellos España. No parece que tal decisión acarree problemas graves de aprovisionamiento en los estados afectados, con reservas suficientes y alternativas bastantes como para hacer frente a dicha situación. No en vano el acuerdo de embargo que entrará en vigor a partir del uno de julio había hecho que se activaran ya planes de contingencia. Otra cosa es que las autoridades iraníes se empeñen en cercenar el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz, extendiendo el riesgo a todas las exportaciones de crudo de la región. En ese caso, un conflicto bélico sería casi inevitable. El descontento social, con raíz en un elevadísimo paro juvenil, podría convertir la tentación de búsqueda de un enemigo exterior por parte del Régimen local en irresistible. Veremos.
Sin embargo, el gran cambio estructural que puede condicionar el futuro del mercado del oro negro, y con él de una parte de las dinámicas económicas y geopolíticas mundiales, no pasa por el convulso Oriente Medio sino por la decadente Estados Unidos. Allí, como en buena parte del Norte de Europa o Argentina, están sentados sobre unas enormes bolsas de petróleo y gas pizarra que, en el caso de la primera potencia del planeta, están comenzando a explotar activamente. Estos descubrimientos y su puesta en producción suponen un cambio radical en las dinámicas de oferta y demanda, al invalidar la teoría del peak oil basada en datos procedentes de yacimientos convencionales, por una parte, y facilitar el autoconsumo y la menor dependencia de sus titulares, por otra. Supone una alteración del statu quo de tal magnitud que merece la pena detenerse a reflexionar sobre él. Hoy repetimos tras hacerlo allá por el mes de octubre (VA, Conozca esa loca Cuadrilla que quiere cambiar Europa, 06-10-2011).
En primer lugar, se trata de un ingrediente clave en la batalla por el liderazgo global. Aquellos que disfruten de recursos de este tipo en su subsuelo cuentan con una ventaja competitiva inmensa. Estados Unidos importa 300.000 millones de dólares anuales de petróleo, algo más del 2% de su PIB. En la medida en que es capaz de reemplazar dichas compras por crudo propio, mejora su balanza exterior, reduce la presión sobre su moneda, limita el reciclado por parte de terceros de la misma y compensa la posible apreciación del dólar con ganancias de competitividad. Que alcance un superávit comercial a medio plazo es factible. Por el contrario, la alternativa china pierde enteros al verse obligada a seguir destinando una parte de sus recursos a adquirir combustible en mercado y verse, por ende, sujeta a la volatilidad que acompaña sus precios. El miedo occidental al riesgo de suministro y coste cruza el Pacífico y aterriza en Asia con incidencia en sus cuentas macro y en su cadena productiva micro.
Ligado a lo anterior se encuentra la estrategia geopolítica. Hasta ahora, una parte del afán expansivo estadounidense ha estado ligada a su necesidad de asegurar sus fuentes de aprovisionamiento y dotar de reciprocidad, hasta bélica de ser necesario, a ventajosos acuerdos comerciales. Sin embargo, el cambio al que estamos haciendo referencia en este post puede relegar tal prioridad a un segundo plano y hacer que primen otros elementos en su política exterior. El factor de inestabilidad derivado de determinadas relaciones ha sido y es más perjudicial que beneficioso a largo plazo para sus intereses. Y es consciente de ello. Sin embargo, a la China compradora le ocurre justo lo contrario. Su afán comprador de materias primas y otros recursos naturales en los últimos años se corresponde a la necesidad de asegurarse que el sistema siga funcionando con crecimientos superiores al 8% que son los que le garantizan la cohesión social. Hasta ahora ha usado medios convencionales pero ¿es descartable que dé el salto a otros ámbitos si le aprieta el zapato del riesgo interior? Eso por no hablar del agua, verdadero talón de Aquiles de su proceso de desarrollo…
Queda por último una reflexión final sobre el billete verde, aunque algo hemos apuntado con anterioridad. Tomo aquí como referencia las tesis de Mansoor Mohi-uddin, estratega de divisas de UBS cuyo artículo Dollar bears in for shock as US cuts reliance on foreign energy publicado ayer en Financial Times sirve de reflexión inicial para esta pieza. Desde su punto de vista, de confirmarse esta realidad, the only way para el dólar is up, no solo porque se elimina la necesidad práctica de debilitar su moneda para corregir tal desequilibrio sino porque la mejora productiva, traducida en crecimiento, actuará al alza sobre los tipos de interés y reforzará la condición de refugio de la divisa que consolidará su carácter imperial frente a otras monedas (VA, Cómo jugar en bolsa la devaluación del euro en 2012, 28-12-2011), a la espera de un desembarco internacional del yuan que sigue produciéndose con cuentagotas. Desde ese punto de vista, cualquier rebote del euro, visto por dónde transita la Eurozona sigue siendo oportunidad de venta. O no.
Por tanto, aunque es tema el del shale gas y shale oil al que rodea mucha especulación sobre viabilidad, rentabilidad e impacto medioambiental, sería insensato no tenerlo en cuenta dadas las implicaciones que acabamos de comentar.
En fin, muchas reflexiones a bocajarro hoy. Su turno.
Publicado en Cotizalia (16/02/2012)
Todos los ojos están puestos en estas últimas horas en Irán y su anuncio/desmentido de corte el suministro de petróleo a varios países europeos, entre ellos España. No parece que tal decisión acarree problemas graves de aprovisionamiento en los estados afectados, con reservas suficientes y alternativas bastantes como para hacer frente a dicha situación. No en vano el acuerdo de embargo que entrará en vigor a partir del uno de julio había hecho que se activaran ya planes de contingencia. Otra cosa es que las autoridades iraníes se empeñen en cercenar el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz, extendiendo el riesgo a todas las exportaciones de crudo de la región. En ese caso, un conflicto bélico sería casi inevitable. El descontento social, con raíz en un elevadísimo paro juvenil, podría convertir la tentación de búsqueda de un enemigo exterior por parte del Régimen local en irresistible. Veremos.
Sin embargo, el gran cambio estructural que puede condicionar el futuro del mercado del oro negro, y con él de una parte de las dinámicas económicas y geopolíticas mundiales, no pasa por el convulso Oriente Medio sino por la decadente Estados Unidos. Allí, como en buena parte del Norte de Europa o Argentina, están sentados sobre unas enormes bolsas de petróleo y gas pizarra que, en el caso de la primera potencia del planeta, están comenzando a explotar activamente. Estos descubrimientos y su puesta en producción suponen un cambio radical en las dinámicas de oferta y demanda, al invalidar la teoría del peak oil basada en datos procedentes de yacimientos convencionales, por una parte, y facilitar el autoconsumo y la menor dependencia de sus titulares, por otra. Supone una alteración del statu quo de tal magnitud que merece la pena detenerse a reflexionar sobre él. Hoy repetimos tras hacerlo allá por el mes de octubre (VA, Conozca esa loca Cuadrilla que quiere cambiar Europa, 06-10-2011).
En primer lugar, se trata de un ingrediente clave en la batalla por el liderazgo global. Aquellos que disfruten de recursos de este tipo en su subsuelo cuentan con una ventaja competitiva inmensa. Estados Unidos importa 300.000 millones de dólares anuales de petróleo, algo más del 2% de su PIB. En la medida en que es capaz de reemplazar dichas compras por crudo propio, mejora su balanza exterior, reduce la presión sobre su moneda, limita el reciclado por parte de terceros de la misma y compensa la posible apreciación del dólar con ganancias de competitividad. Que alcance un superávit comercial a medio plazo es factible. Por el contrario, la alternativa china pierde enteros al verse obligada a seguir destinando una parte de sus recursos a adquirir combustible en mercado y verse, por ende, sujeta a la volatilidad que acompaña sus precios. El miedo occidental al riesgo de suministro y coste cruza el Pacífico y aterriza en Asia con incidencia en sus cuentas macro y en su cadena productiva micro.
Ligado a lo anterior se encuentra la estrategia geopolítica. Hasta ahora, una parte del afán expansivo estadounidense ha estado ligada a su necesidad de asegurar sus fuentes de aprovisionamiento y dotar de reciprocidad, hasta bélica de ser necesario, a ventajosos acuerdos comerciales. Sin embargo, el cambio al que estamos haciendo referencia en este post puede relegar tal prioridad a un segundo plano y hacer que primen otros elementos en su política exterior. El factor de inestabilidad derivado de determinadas relaciones ha sido y es más perjudicial que beneficioso a largo plazo para sus intereses. Y es consciente de ello. Sin embargo, a la China compradora le ocurre justo lo contrario. Su afán comprador de materias primas y otros recursos naturales en los últimos años se corresponde a la necesidad de asegurarse que el sistema siga funcionando con crecimientos superiores al 8% que son los que le garantizan la cohesión social. Hasta ahora ha usado medios convencionales pero ¿es descartable que dé el salto a otros ámbitos si le aprieta el zapato del riesgo interior? Eso por no hablar del agua, verdadero talón de Aquiles de su proceso de desarrollo…
Queda por último una reflexión final sobre el billete verde, aunque algo hemos apuntado con anterioridad. Tomo aquí como referencia las tesis de Mansoor Mohi-uddin, estratega de divisas de UBS cuyo artículo Dollar bears in for shock as US cuts reliance on foreign energy publicado ayer en Financial Times sirve de reflexión inicial para esta pieza. Desde su punto de vista, de confirmarse esta realidad, the only way para el dólar is up, no solo porque se elimina la necesidad práctica de debilitar su moneda para corregir tal desequilibrio sino porque la mejora productiva, traducida en crecimiento, actuará al alza sobre los tipos de interés y reforzará la condición de refugio de la divisa que consolidará su carácter imperial frente a otras monedas (VA, Cómo jugar en bolsa la devaluación del euro en 2012, 28-12-2011), a la espera de un desembarco internacional del yuan que sigue produciéndose con cuentagotas. Desde ese punto de vista, cualquier rebote del euro, visto por dónde transita la Eurozona sigue siendo oportunidad de venta. O no.
Por tanto, aunque es tema el del shale gas y shale oil al que rodea mucha especulación sobre viabilidad, rentabilidad e impacto medioambiental, sería insensato no tenerlo en cuenta dadas las implicaciones que acabamos de comentar.
En fin, muchas reflexiones a bocajarro hoy. Su turno.
martes, 14 de febrero de 2012
Mejor revolución laboral que reforma laboral
Por J. Jacks
Publicado en Cotizalia (14/02/2012)
Ya tenemos reforma laboral. El despido será más barato, se crea un nuevo contrato fijo, se reforma la negociación colectiva y las empresas podrán descolgarse de los convenios nacionales en caso de dificultades económicas.
Según el Presidente de la CEOE, “es una reforma en la buena dirección”. Esperemos por el bien de todos que Gobierno y CEOE tengan razón. Pero, ¿es esta la reforma que el país necesita? ¿No hay nada más que reformar?
¿Quién crea empleo? O lo hace el sector público o el privado. Si el Gobierno limita su déficit, solo queda el sector privado. Pues habrá que favorecer al sector privado para que cree empleo. ¿Y cómo está el sector privado? ¿Qué sector privado empresarial tenemos?
La primera característica es su escaso tamaño. El 99.88% son Pymes con menos de 249 empleados. Nueve de cada 10 empresas en España tienen menos de 6 empleados.
La segunda es su proliferación. A pesar de la fama de falta de carácter emprendedor, en el 2005, solo Italia tenía más Pymes que España. La economía española tenía un 48% más que el Reino Unido, un 37% más que Alemania y un 11% más que Francia.
La tercera característica es su escaso valor añadido y productividad. Las Pymes alemanas y las británicas crean 250% más valor añadido que las españolas y las francesas un 40% más. Pero el valor añadido por empleado es mayor que el de los trabajadores alemanes, franceses y británicos.
La cuarta es su reducido nivel. El 97% tienen ingresos anuales menores a 3 millones de euros. La quinta es su concentración. El 77% de ellas están en el sector servicios y el comercio.
Si España no tiene menos espíritu emprendedor que la media, no tiene menos Pymes y sus trabajadores no crean menos valor añadido que el resto de la UE, entonces, ¿qué falla?
Fallan muchos elementos, entre ellos las empresas y los empresarios. España, en general, no tiene Empresarios para competir en el mundo globalizado de la UE y Asia y las empresas no pueden competir en precios con Asia porque la batalla está perdida. El país tiene empresarios pero concentrados es sectores de bajo valor añadido y productividad.
Para que una empresa pueda competir necesita básicamente cinco factores:
1) Un empresario innovador, “un agente del proceso de creación” Schumpeteriano.
2) Acceso a capital o crédito para empezar o expandir su negocio.
3) Factores de producción, tierra y humano preparados profesionalmente.
4) Un producto que colocar y vender en el Mercado.
5) Una regulación publica favorable a la creación y expansión de su negocio.
Si faltan alguna de estas cinco condiciones, no puede existir (o permanecer abierta) una empresa y por tanto, no habrá creación de empleo.
¿Se dan esas condiciones hoy en España? ¿Se darán con la reforma laboral y la financiera?
El primer factor es el Empresario. El boom inmobiliario creó empresas y “empresarios” pero pocos empresarios, alguien, como decía Schumpeter, capaz de provocar cambios “revolucionarios” en la economía introduciendo nuevos productos, métodos de producción, abriendo nuevos mercados y cambiando la organización de las empresas.
Para que esto ocurra, los empresarios deben saber de Economía, de finanzas, de leyes, de marketing, deben saber hacer planes de negocio, estudios de mercado...
¿Cuántos empresarios así tenemos en España?
¿Favorece en algo esta reforma la aparición de estos empresarios? Quizás.
El segundo factor el de la financiación. Si después de la mayor década de desarrollo de la economía española, las empresas no han creado un “colchón” de liquidez para los malos momentos, ¿cuándo lo van a hacer? ¿No tendrán un plan de negocio equivocado?
Por otra parte, en la situación actual de restricción del crédito, las entidades no están en condiciones para expandir el crédito porque no les interesa prestar a empresas y si a los Estados y porque la demanda de crédito es inexistente. Por ello, es fundamental que la Administración pague sus deudas y cumpla la Ley.
¿Mejora en algo esta reforma la situación financiera de las Pymes? No.
El tercer factor son los factores de producción y en concreto el factor humano.
Si España quiere salir de esta crisis no puede aparecer en el puesto 26 de 34 países en el Informe Pisa y el nivel de la Universidad española debe de dejar de ser una calamidad.
Mientras la Universidad no prepare a los estudiantes para el mercado mundial, no hay nada que hacer. En Alemania y el Reino Unido, Universidad y empresa están unidas en educación e I+D. La Universidad complementa la investigación que desarrolla la empresa. No somos más tontos que el resto de Europa, pero no se soluciona nada sin preparación.
¿Mejora en algo esta reforma la situación de la Universidad? No.
El cuarto factor es un producto para vender.
Las empresas no pueden dedicarse otra década a vivir del inmobiliario. Hay que crear una “revolución” en la forma de pensar de las empresas, con nuevos bienes y métodos de producción. Los mercados están. África está a dos pasos, Asia a unas semanas y existe internet. Si la producción no sale en España, se saca fuera.
Por último, la parte pública. No podemos estar entre Armenia y Bulgaria en facilidades para hacer negocio. Si el Gobierno (el anterior, este o el que venga) no entiende que es también su responsabilidad competir en un mundo global, mal iremos.
¿Mejora en algo esta reforma la situación de la facilidad para hacer negocios? No.
Esperemos que el Gobierno no se quede en estas medidas y que continúe con el resto de medidas necesarias.
Sorprende que la CEOE este contenta con las reformas y que solo se fije en el despido. Ya lo tienen. Ahora ¿qué? Y sorprende los sindicatos, más preocupados por su pérdida de poder en las empresas que por el futuro de la economía, los trabajadores y desempleados.
Decía Schumpeter que una cosa es el “crecimiento” y otra el “desarrollo”. Crecer es aumentar la producción, alterar datos, un proceso que no transforma la sociedad ni crea ningún impacto en la sociedad salvo endeudar más y más a los ciudadanos.
El desarrollo implica transformar cualitativamente la sociedad y la economía, no por la manipulación del sistema monetario sino por la aparición del empresario innovador que crea nuevos bienes, nuevos métodos de producción y nuevos mercados.
En este momento de crisis, más que reformas se necesita una revolución por parte de todos, con el Gobierno promocionando la aparición de estos empresarios innovadores, la CEOE siendo lo que deberían ser, empresarios más preocupados en innovar que en despedir, y los ciudadanos cooperando con sus empresas y empresarios.
Publicado en Cotizalia (14/02/2012)
Ya tenemos reforma laboral. El despido será más barato, se crea un nuevo contrato fijo, se reforma la negociación colectiva y las empresas podrán descolgarse de los convenios nacionales en caso de dificultades económicas.
Según el Presidente de la CEOE, “es una reforma en la buena dirección”. Esperemos por el bien de todos que Gobierno y CEOE tengan razón. Pero, ¿es esta la reforma que el país necesita? ¿No hay nada más que reformar?
¿Quién crea empleo? O lo hace el sector público o el privado. Si el Gobierno limita su déficit, solo queda el sector privado. Pues habrá que favorecer al sector privado para que cree empleo. ¿Y cómo está el sector privado? ¿Qué sector privado empresarial tenemos?
La primera característica es su escaso tamaño. El 99.88% son Pymes con menos de 249 empleados. Nueve de cada 10 empresas en España tienen menos de 6 empleados.
La segunda es su proliferación. A pesar de la fama de falta de carácter emprendedor, en el 2005, solo Italia tenía más Pymes que España. La economía española tenía un 48% más que el Reino Unido, un 37% más que Alemania y un 11% más que Francia.
La tercera característica es su escaso valor añadido y productividad. Las Pymes alemanas y las británicas crean 250% más valor añadido que las españolas y las francesas un 40% más. Pero el valor añadido por empleado es mayor que el de los trabajadores alemanes, franceses y británicos.
La cuarta es su reducido nivel. El 97% tienen ingresos anuales menores a 3 millones de euros. La quinta es su concentración. El 77% de ellas están en el sector servicios y el comercio.
Si España no tiene menos espíritu emprendedor que la media, no tiene menos Pymes y sus trabajadores no crean menos valor añadido que el resto de la UE, entonces, ¿qué falla?
Fallan muchos elementos, entre ellos las empresas y los empresarios. España, en general, no tiene Empresarios para competir en el mundo globalizado de la UE y Asia y las empresas no pueden competir en precios con Asia porque la batalla está perdida. El país tiene empresarios pero concentrados es sectores de bajo valor añadido y productividad.
Para que una empresa pueda competir necesita básicamente cinco factores:
1) Un empresario innovador, “un agente del proceso de creación” Schumpeteriano.
2) Acceso a capital o crédito para empezar o expandir su negocio.
3) Factores de producción, tierra y humano preparados profesionalmente.
4) Un producto que colocar y vender en el Mercado.
5) Una regulación publica favorable a la creación y expansión de su negocio.
Si faltan alguna de estas cinco condiciones, no puede existir (o permanecer abierta) una empresa y por tanto, no habrá creación de empleo.
¿Se dan esas condiciones hoy en España? ¿Se darán con la reforma laboral y la financiera?
El primer factor es el Empresario. El boom inmobiliario creó empresas y “empresarios” pero pocos empresarios, alguien, como decía Schumpeter, capaz de provocar cambios “revolucionarios” en la economía introduciendo nuevos productos, métodos de producción, abriendo nuevos mercados y cambiando la organización de las empresas.
Para que esto ocurra, los empresarios deben saber de Economía, de finanzas, de leyes, de marketing, deben saber hacer planes de negocio, estudios de mercado...
¿Cuántos empresarios así tenemos en España?
¿Favorece en algo esta reforma la aparición de estos empresarios? Quizás.
El segundo factor el de la financiación. Si después de la mayor década de desarrollo de la economía española, las empresas no han creado un “colchón” de liquidez para los malos momentos, ¿cuándo lo van a hacer? ¿No tendrán un plan de negocio equivocado?
Por otra parte, en la situación actual de restricción del crédito, las entidades no están en condiciones para expandir el crédito porque no les interesa prestar a empresas y si a los Estados y porque la demanda de crédito es inexistente. Por ello, es fundamental que la Administración pague sus deudas y cumpla la Ley.
¿Mejora en algo esta reforma la situación financiera de las Pymes? No.
El tercer factor son los factores de producción y en concreto el factor humano.
Si España quiere salir de esta crisis no puede aparecer en el puesto 26 de 34 países en el Informe Pisa y el nivel de la Universidad española debe de dejar de ser una calamidad.
Mientras la Universidad no prepare a los estudiantes para el mercado mundial, no hay nada que hacer. En Alemania y el Reino Unido, Universidad y empresa están unidas en educación e I+D. La Universidad complementa la investigación que desarrolla la empresa. No somos más tontos que el resto de Europa, pero no se soluciona nada sin preparación.
¿Mejora en algo esta reforma la situación de la Universidad? No.
El cuarto factor es un producto para vender.
Las empresas no pueden dedicarse otra década a vivir del inmobiliario. Hay que crear una “revolución” en la forma de pensar de las empresas, con nuevos bienes y métodos de producción. Los mercados están. África está a dos pasos, Asia a unas semanas y existe internet. Si la producción no sale en España, se saca fuera.
Por último, la parte pública. No podemos estar entre Armenia y Bulgaria en facilidades para hacer negocio. Si el Gobierno (el anterior, este o el que venga) no entiende que es también su responsabilidad competir en un mundo global, mal iremos.
¿Mejora en algo esta reforma la situación de la facilidad para hacer negocios? No.
Esperemos que el Gobierno no se quede en estas medidas y que continúe con el resto de medidas necesarias.
Sorprende que la CEOE este contenta con las reformas y que solo se fije en el despido. Ya lo tienen. Ahora ¿qué? Y sorprende los sindicatos, más preocupados por su pérdida de poder en las empresas que por el futuro de la economía, los trabajadores y desempleados.
Decía Schumpeter que una cosa es el “crecimiento” y otra el “desarrollo”. Crecer es aumentar la producción, alterar datos, un proceso que no transforma la sociedad ni crea ningún impacto en la sociedad salvo endeudar más y más a los ciudadanos.
El desarrollo implica transformar cualitativamente la sociedad y la economía, no por la manipulación del sistema monetario sino por la aparición del empresario innovador que crea nuevos bienes, nuevos métodos de producción y nuevos mercados.
En este momento de crisis, más que reformas se necesita una revolución por parte de todos, con el Gobierno promocionando la aparición de estos empresarios innovadores, la CEOE siendo lo que deberían ser, empresarios más preocupados en innovar que en despedir, y los ciudadanos cooperando con sus empresas y empresarios.
La Reforma trae el Armageddon Laboral a la Administración
Por S. McCoy
Publicado en Cotizalia (13/02/2012)
Leo en la portada de El Mundo del pasado sábado, punto sexto del particular Decálogo en el que encuadra la “Revolución Laboral”: “El Estado, las Comunidades y Ayuntamientos también podrán invocar causas organizativas, económicas, técnicas y de producción para despedir personal laboral”. Sin embargo ni una mención en páginas interiores. Tampoco en la Exposición de Motivos del Real Decreto Ley, todo un estudio de la triste realidad del mercado laboral español. Para encontrar algo sobre lo apuntado por el diario dirigido por PJ hay que ir hasta la Disposición Adicional segunda del Texto Legislativo que, en su tenor literal, dice:
Se añade una Disposición Adicional Vigésima al Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real decreto legislativo 1/1995 de 24 de marzo, con el siguiente contenido:
“El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público , aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52c del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo y en el marco de los mecanismos correctivos y preventivos regulados en la norma de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas”.
Esto es, hace una remisión a lo previsto para los “despidos colectivos” en el sector privado de la economía, equiparando los criterios que pudieran justificarlo en el párrafo siguiente, al señalar…
“A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 3.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate. Y causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y los métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público”.
Aunque la distinta redacción del primer y segundo párrafo de la disposición invita a la confusión –uno hace referencia al personal laboral al servicio de la Administración y el otro a aquellos adscritos a servicios públicos, aparentemente con cuenta de resultados independiente- lo cierto es que anticipa lo que está por venir en el ámbito del empleo público no funcionarial: un recorte drástico que, sin duda, engordará las cifras de paro y cuya necesidad se fundamentará en la salvaguarda del estado del bienestar, teoría del mal menor. Un sacrificio necesario para sentar las bases para el futuro, dirán no sin razón. El Armageddon de la estabilidad laboral en la Administración está aquí.
Y es que la caída estructural de ingresos lleva a que buena parte del entramado público esté en déficit desde hace años, incapaz de financiar las prestaciones que tiene comprometidas. Al incluir el calificativo “sobrevenida” a la situación de desequilibrio, el legislador da un carácter prospectivo a la norma que cercenaría de raíz su aplicabilidad. De ahí que el sentido común lleve a pensar que el texto se interpretará de forma laxa a fin de luchar contra la inviable situación actual y que, por tanto, se aplicará de forma inmediata. Ocurre en la sanidad, en educación, en justicia… Cabe esperar una racionalización de estas actividades, a fin de dotarlas de esa eficiencia olvidada durante los años de la efervescencia económica nacional. Y eso ya sabemos, tradicionalmente, por dónde pasa.
A ella se unirá la imperiosa necesidad de adelgazar la estructura del estado. Será causa organizativa la eliminación de duplicidades en la Administración, incluidas de diputaciones, y la concentración de ayuntamientos entre sí con supresión de múltiples cargos de confianza y otros tanto ligados a servicios ahora fusionados. Será ajuste necesario pero sangrante. El capital tecnológico, tramitación y cruce de datos, justificará “técnicamente” rescisiones de contratos. Y así sucesivamente. La burbuja de puestos públicos, exponencial desde la implantación del sistema autonómico, estallará abruptamente. Hasta el punto de que, aun siendo los sindicatos mayoritarios los que van a partir la pana de la reivindicación formal, serán aquellos que representan a estos colectivos los que van a cardar la lana de la mayor beligerancia contra el gobierno. O si no, al tiempo.
Buena semana a todos
Publicado en Cotizalia (13/02/2012)
Leo en la portada de El Mundo del pasado sábado, punto sexto del particular Decálogo en el que encuadra la “Revolución Laboral”: “El Estado, las Comunidades y Ayuntamientos también podrán invocar causas organizativas, económicas, técnicas y de producción para despedir personal laboral”. Sin embargo ni una mención en páginas interiores. Tampoco en la Exposición de Motivos del Real Decreto Ley, todo un estudio de la triste realidad del mercado laboral español. Para encontrar algo sobre lo apuntado por el diario dirigido por PJ hay que ir hasta la Disposición Adicional segunda del Texto Legislativo que, en su tenor literal, dice:
Se añade una Disposición Adicional Vigésima al Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real decreto legislativo 1/1995 de 24 de marzo, con el siguiente contenido:
“El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público , aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52c del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo y en el marco de los mecanismos correctivos y preventivos regulados en la norma de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas”.
Esto es, hace una remisión a lo previsto para los “despidos colectivos” en el sector privado de la economía, equiparando los criterios que pudieran justificarlo en el párrafo siguiente, al señalar…
“A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 3.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate. Y causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y los métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público”.
Aunque la distinta redacción del primer y segundo párrafo de la disposición invita a la confusión –uno hace referencia al personal laboral al servicio de la Administración y el otro a aquellos adscritos a servicios públicos, aparentemente con cuenta de resultados independiente- lo cierto es que anticipa lo que está por venir en el ámbito del empleo público no funcionarial: un recorte drástico que, sin duda, engordará las cifras de paro y cuya necesidad se fundamentará en la salvaguarda del estado del bienestar, teoría del mal menor. Un sacrificio necesario para sentar las bases para el futuro, dirán no sin razón. El Armageddon de la estabilidad laboral en la Administración está aquí.
Y es que la caída estructural de ingresos lleva a que buena parte del entramado público esté en déficit desde hace años, incapaz de financiar las prestaciones que tiene comprometidas. Al incluir el calificativo “sobrevenida” a la situación de desequilibrio, el legislador da un carácter prospectivo a la norma que cercenaría de raíz su aplicabilidad. De ahí que el sentido común lleve a pensar que el texto se interpretará de forma laxa a fin de luchar contra la inviable situación actual y que, por tanto, se aplicará de forma inmediata. Ocurre en la sanidad, en educación, en justicia… Cabe esperar una racionalización de estas actividades, a fin de dotarlas de esa eficiencia olvidada durante los años de la efervescencia económica nacional. Y eso ya sabemos, tradicionalmente, por dónde pasa.
A ella se unirá la imperiosa necesidad de adelgazar la estructura del estado. Será causa organizativa la eliminación de duplicidades en la Administración, incluidas de diputaciones, y la concentración de ayuntamientos entre sí con supresión de múltiples cargos de confianza y otros tanto ligados a servicios ahora fusionados. Será ajuste necesario pero sangrante. El capital tecnológico, tramitación y cruce de datos, justificará “técnicamente” rescisiones de contratos. Y así sucesivamente. La burbuja de puestos públicos, exponencial desde la implantación del sistema autonómico, estallará abruptamente. Hasta el punto de que, aun siendo los sindicatos mayoritarios los que van a partir la pana de la reivindicación formal, serán aquellos que representan a estos colectivos los que van a cardar la lana de la mayor beligerancia contra el gobierno. O si no, al tiempo.
Buena semana a todos
lunes, 13 de febrero de 2012
La Justicia, ni es ciega ni es igual para todos
Por Carlos Fonseca
Publicado en El Confidencial (11/02/2012)
El Tribunal Supremo ha condenado al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación cometido al intervenir las comunicaciones en prisión entre los jefes (presuntos) de la trama Gürtel y sus abogados. No voy a entrar en los argumentos de la defensa y de la acusación, de los que ya di cuenta a lo largo de la vista oral, ni a valorar la sentencia, cosa que ya han hecho profusamente especialistas en Derecho (jueces, fiscales, abogados y catedráticos de la materia) y políticos.
Voy a limitarme a plantearles las dudas que me merecen las contradictorias decisiones de la Justicia en este y otros casos. Los “pinchazos” ordenados por Garzón fueron avalados por el fiscal (podría haberse opuesto a ellos, aunque la decisión última era del instructor), que nunca planteó su ilegalidad, y cuando la causa pasó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juez Antonio Pedreira no solo no las anuló, sino que ordenó su prórroga.
Si Garzón ha prevaricado porque dictó una resolución ilegal a sabiendas de que lo era, como dice la sentencia, ¿por qué no ha sido acusado del mismo delito el juez Pedreira o los fiscales? ¿Garzón utilizó la ley torciteramente y Pedreira se equivocó? Alguien debería explicar semejante contradicción si la Justicia, con mayúscula, no quiere que los ciudadanos crean que además de los fundamentos jurídicos de la sentencia en la misma han pesado otros motivos inconfesables. ¿Cometen prevaricación quienes no han tenido en cuenta este "detalle",o sólo interpretan la ley de la manera que consideran mas justa?
Más dudas. Si la Ley General Penitenciaria establece que sólo se pueden intervenir las comunicaciones entre terroristas y sus abogados (Garzón y Pedreira coincidían en que algunos letrados de la Gürtel, además de actuar como tales colaboraban en el blanqueo de capitales), ¿prevaricó el juez Alberto Jorge, instructor del caso Marta del Castillo, al autorizar que se “pincharan” en prisión las conversaciones entre los acusados y sus abogados? Los primeros no eran terroristas y las intervenciones se justificaron con el argumento de que se pretendía conocer el paradero del cadáver de la joven, y al instructor no le pasa nada. No critico su decisión, me limito a contextualizar los hechos.
Otra pregunta más. ¿Recuerdan el caso Naseiro sobre la presunta financiación ilegal del PP? Les recuerdo. La Policía tenía intervenido el teléfono de un concejal del ayuntamiento de Valencia, Salvador Palop, por su presunta implicación en un caso de narcotráfico. Las escuchas desvelaron un supuesto caso de financiación ilegal del PP, además del enriquecimiento de algunos miembros de la trama.
Uno de los imputados era el diputado popular Ángel Sanchis, lo que obligó a que la causa pasara al Tribunal Supremo, que la archivó con el argumento de que la autorización de las escuchas era para un caso de narcotráfico y no de corrupción. El juez instructor debió incurrir en un simple error, porque nadie le molestó por haber continuado con las escuchas. Los “argumentos jurídicos” del archivo los dejo a su consideración.
Hay muchos más casos sobre decisiones judiciales, cuanto menos discutibles en sí mismas, pero me extendería demasiado, de modo que voy a plantearles una última duda: el caso Urdangarín. Aquí no hay escuchas, pero sí actuaciones muy llamativas. Por ejemplo, que se haya afirmado sin género de dudas que el Rey estaba al tanto de los negocios de su yerno, al que habría enviado a Washington para alejarle de las “malas compañías”. ¿Si tienes conocimiento de un delito estás obligado a denunciarlo, o no estás obligado si el presunto autor es familiar directo?
Sigo. La infanta Cristina, mujer de Iñaki Urdangarín, aparece en los órganos de administración de una de las compañías que su marido utilizaba presuntamente para desviar fondos públicos en beneficio propio. ¿Debería ser citada al menos como testigo?, porque en el caso Gürtel, por volver al principio, han pasado por el juzgado las mujeres de los imputados. En este caso no ha hecho falta porque el instructor ha considerado que era un mero figurante y como tal no tenía nada que ver con los negocios de su marido que, además, desconocía. Si no fuese la hija de los Reyes ¿habría sido citada como testiago o como imputada?
Urdangarín comparece el próximo día 25 (su testimonio se ha demorado y demorado y demorado, pero el resto de sus colaboradores ya han declarado y están encausados) y a dos semanas de que declare nos enteramos de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una investigación al juez instructor, José Castro, por las filtraciones de la causa a los medios de comunicación. Si es por ese motivo, el Consejo tiene por delante una tarea abrumadora, porque no hay procedimiento, ni aún secreto, al que los periodistas no tengamos acceso por distintas vías. Saben sus excelentísimas señoría que además del juez y del fiscal, en una causa hay una acusación y una defensa que tienen acceso a ella. A ésta le suele convenir que no se conozca nada de lo actuado, y a la acusación que se airee. ¿Por qué se abre una investigación en el caso Urdangarín, con la aquiescencia nada menos que del órgano de gobierno de los jueces, y en otros casos las quejas se archivan? ¿Es una coincidencia?
Las leyes están abiertas a la interpretación y ésta no deber sustraerse del contexto en el que se producen los hechos enjuiciados, pero a la vista está que hay contextos y contextos, visto lo cual mantengo el título de esta columna. Si la Justicia no es ciega ni es igual para todos, ¿podemos llamarla Justicia?
Publicado en El Confidencial (11/02/2012)
El Tribunal Supremo ha condenado al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación cometido al intervenir las comunicaciones en prisión entre los jefes (presuntos) de la trama Gürtel y sus abogados. No voy a entrar en los argumentos de la defensa y de la acusación, de los que ya di cuenta a lo largo de la vista oral, ni a valorar la sentencia, cosa que ya han hecho profusamente especialistas en Derecho (jueces, fiscales, abogados y catedráticos de la materia) y políticos.
Voy a limitarme a plantearles las dudas que me merecen las contradictorias decisiones de la Justicia en este y otros casos. Los “pinchazos” ordenados por Garzón fueron avalados por el fiscal (podría haberse opuesto a ellos, aunque la decisión última era del instructor), que nunca planteó su ilegalidad, y cuando la causa pasó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juez Antonio Pedreira no solo no las anuló, sino que ordenó su prórroga.
Si Garzón ha prevaricado porque dictó una resolución ilegal a sabiendas de que lo era, como dice la sentencia, ¿por qué no ha sido acusado del mismo delito el juez Pedreira o los fiscales? ¿Garzón utilizó la ley torciteramente y Pedreira se equivocó? Alguien debería explicar semejante contradicción si la Justicia, con mayúscula, no quiere que los ciudadanos crean que además de los fundamentos jurídicos de la sentencia en la misma han pesado otros motivos inconfesables. ¿Cometen prevaricación quienes no han tenido en cuenta este "detalle",o sólo interpretan la ley de la manera que consideran mas justa?
Más dudas. Si la Ley General Penitenciaria establece que sólo se pueden intervenir las comunicaciones entre terroristas y sus abogados (Garzón y Pedreira coincidían en que algunos letrados de la Gürtel, además de actuar como tales colaboraban en el blanqueo de capitales), ¿prevaricó el juez Alberto Jorge, instructor del caso Marta del Castillo, al autorizar que se “pincharan” en prisión las conversaciones entre los acusados y sus abogados? Los primeros no eran terroristas y las intervenciones se justificaron con el argumento de que se pretendía conocer el paradero del cadáver de la joven, y al instructor no le pasa nada. No critico su decisión, me limito a contextualizar los hechos.
Otra pregunta más. ¿Recuerdan el caso Naseiro sobre la presunta financiación ilegal del PP? Les recuerdo. La Policía tenía intervenido el teléfono de un concejal del ayuntamiento de Valencia, Salvador Palop, por su presunta implicación en un caso de narcotráfico. Las escuchas desvelaron un supuesto caso de financiación ilegal del PP, además del enriquecimiento de algunos miembros de la trama.
Uno de los imputados era el diputado popular Ángel Sanchis, lo que obligó a que la causa pasara al Tribunal Supremo, que la archivó con el argumento de que la autorización de las escuchas era para un caso de narcotráfico y no de corrupción. El juez instructor debió incurrir en un simple error, porque nadie le molestó por haber continuado con las escuchas. Los “argumentos jurídicos” del archivo los dejo a su consideración.
Hay muchos más casos sobre decisiones judiciales, cuanto menos discutibles en sí mismas, pero me extendería demasiado, de modo que voy a plantearles una última duda: el caso Urdangarín. Aquí no hay escuchas, pero sí actuaciones muy llamativas. Por ejemplo, que se haya afirmado sin género de dudas que el Rey estaba al tanto de los negocios de su yerno, al que habría enviado a Washington para alejarle de las “malas compañías”. ¿Si tienes conocimiento de un delito estás obligado a denunciarlo, o no estás obligado si el presunto autor es familiar directo?
Sigo. La infanta Cristina, mujer de Iñaki Urdangarín, aparece en los órganos de administración de una de las compañías que su marido utilizaba presuntamente para desviar fondos públicos en beneficio propio. ¿Debería ser citada al menos como testigo?, porque en el caso Gürtel, por volver al principio, han pasado por el juzgado las mujeres de los imputados. En este caso no ha hecho falta porque el instructor ha considerado que era un mero figurante y como tal no tenía nada que ver con los negocios de su marido que, además, desconocía. Si no fuese la hija de los Reyes ¿habría sido citada como testiago o como imputada?
Urdangarín comparece el próximo día 25 (su testimonio se ha demorado y demorado y demorado, pero el resto de sus colaboradores ya han declarado y están encausados) y a dos semanas de que declare nos enteramos de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una investigación al juez instructor, José Castro, por las filtraciones de la causa a los medios de comunicación. Si es por ese motivo, el Consejo tiene por delante una tarea abrumadora, porque no hay procedimiento, ni aún secreto, al que los periodistas no tengamos acceso por distintas vías. Saben sus excelentísimas señoría que además del juez y del fiscal, en una causa hay una acusación y una defensa que tienen acceso a ella. A ésta le suele convenir que no se conozca nada de lo actuado, y a la acusación que se airee. ¿Por qué se abre una investigación en el caso Urdangarín, con la aquiescencia nada menos que del órgano de gobierno de los jueces, y en otros casos las quejas se archivan? ¿Es una coincidencia?
Las leyes están abiertas a la interpretación y ésta no deber sustraerse del contexto en el que se producen los hechos enjuiciados, pero a la vista está que hay contextos y contextos, visto lo cual mantengo el título de esta columna. Si la Justicia no es ciega ni es igual para todos, ¿podemos llamarla Justicia?
Las tonterías que nos impiden salir de la crisis
Por Galo Mateos
Publicado en El Confidencial (11/02/2011)
“Es injusto que una generación sea comprometida por la precedente. Hay que encontrar un modo de preservar a las venideras de la avaricia o de la inhabilidad de las presentes”. Napoleón I.
Es obvio que con el nuevo Gobierno, con excepción de lo fiscal, nos han llegado cosas positivas. Los sucesivos discursos suenan bien fundamentados. Pero no llegarán muy lejos si no añadimos algunas medidas y reflexiones complementarias. He listado nueve áreas de mejora que añadir de entre las muchas que la vida práctica nos sugiere. Unos son errores por inhabilidad 'industrial' y, otros, por la búsqueda de lucro político o económico a cualquier procedimiento sin exigirse un mínimo de racionalidad y excelencia:
1. Primer error: la subida de IRPF hemos de entenderla como un gesto hacia nuestros acreedores, no como un mecanismo motor de recuperación. Al contrario, retirar dinero de la circulación sin tener un mejor control de la economía sumergida implica deprimir el consumo y la recaudación, con un efecto global empobrecedor a corto y medio plazo. No sabemos dónde puede cortar la curva de Laffer, pero febrero ha arrancado con una alarmante caída de consumos básicos, visibles hasta en la reducción del tráfico urbano.
2. Segundo error: no entender que el progreso radica en la diversificación de la economía. Retirar dinero significa concentrarlo en menos oportunidades de demanda e inversión. Un 90% de la población apenas dispone de margen para ahorro y consumo, más allá de lo básico y de sus pagos domiciliados. Hay que entender que solo las nuevas ideas sortean la competencia en precios y márgenes existentes. Atacar mercados exteriores sin nuevos productos es incongruente. Si todos produjésemos patatas, indiferenciadamente, los márgenes, salarios y empleos decaerían.
3. Tercer error: pretender estar en mercados exteriores sin haber privilegiado líneas de crédito para nuevo equipamiento con pago aplazado. Ahora es cuando lamentamos haber destinado más del 50% de los recursos crediticios al ladrillo y no a maquinaria que acondicionase nuestra producción a las variaciones en la demanda internacional.
4. Cuarto error: seguir permitiendo que más de 80.000 personas dispongan de poder de firma para la gestión del dinero público, sin control puntual y sin formación económica. Solo por sus virtudes políticas ya disponen de firma en su concejalía. Personajes de la industria como José María Castellano (ex-Zara) o especialistas en redes bancarias deberían estar al frente de la racionalización de este descomunal agujero, capaz de tragarse el IRPF recaudado sin la menor consideración. Por qué no se ha reducido el número de municipios como en el resto de los países vecinos es una explicación que se nos debe. Y lo malo, es que intuimos las razones políticas por las que no se ha hecho.
5. Quinto error: el cociente salario medio/precio m2 de vivienda sigue imposible de comparar con los países del norte. Lo que resta margen de ahorro y diversificación a nuestra economía, que entierra bajo ladrillos su renta disponible.
6. Sexto error: considerar que la solución está en la reforma laboral y no en la supresión de la precariedad intelectual que la produce. Trabajando sobre las consecuencias no se arregla gran cosa. Una de las principales causas es nuestra carencia de dominio de idiomas y el escaso network internacional de nuestro país. Formación urgente en idiomas para titulados y potenciación de clúster industriales en lugar de sindicatos. Son estos clúster quienes deben gestionar esos recursos formativos. Sin duda, saben mejor hacia qué objetivos dirigirlos.
7. Séptimo error: la falta de criterio en la valoración de los activos inmobiliarios, que ha hecho demasiado lento el proceso de recuperación. Solo cuando suelo y vivienda terminada esté a su valor de reposición podremos dar por zanjada una crisis que aún tiene recorrido. El suelo urbanizado promedio en condiciones no especulativas no debería superar los 300 euros/m2 de repercusión y la edificación, los 1.000 euros/m2. Toda valoración por encima precisa de una tolerancia a la especulación, a la que no debemos exponer nuestra economía si no queremos repetir el episodio. La recalificación de lo colindante cuando el precio se calienta y el fomento de cooperativas han sido mano de santo en los países que manejan este recurso con maestría.
8. Octavo error: la sinrazón de apurar todos los plazos administrativos, contando ya con recursos de última generación y plantillas desproporcionadas. Esta espera, en algunos casos superior a dos años, devora el capital circulante de las empresas recién creadas. Es un vicio de nuestras administraciones que engendra pobreza, inseguridad y corrupción. Aplicando mi experiencia personal a distintos países europeos estamos en los últimos lugares, solo por encima de algunos del Este.
9. Noveno error: el anacrónico modo de registrar nuevas sociedades. En Inglaterra en solo 3 horas y por menos de 100 euros, por internet, podemos disponer de una sociedad con cuenta bancaria y dominio en la Red, con las mismas garantías que en España en un mes y 1.500 euros de coste medio. Y no parece que sea Inglaterra la que tenga que aprender de nuestros ingeniosos procedimientos. Parece que no, pero además de ahorrar un dinero que puede ir al corazón del negocio, ahorra un mes de salarios y gastos previos que no sirve para desarrollar el cometido principal sino al sostenimiento de costes parásitos sin desempeño fundamentado alguno.
En algunos aspectos, estamos mintiendo a nuestros ciudadanos y a nuestros acreedores sobre nuestras posibilidades reales. Nuestra deuda no tiene mas opción real que la renovación a su vencimiento, estamos a punto de fabricar una deuda perpetua que nunca redimiremos. Solo en la medida en que nuestro PIB, en algunos periodos, en vez de caminar, cabalgue, tendremos alguna oportunidad de reducción del principal. Lo que hemos de dejar claro a la poblacion es que ese PIB que pretendemos se resuelve con 6 millones de peronas sin ocupar, y que ese PIB acarrea un menor bienestar, frente al imparable crecimiento de las castas politicas y administrativas. El sistema tiende a deshacerse de al menos 3 millones de trabajadores por la vía de devolver a su pais de origen al que pueda, y de forzar a la emigración a mas del 50% de sus jóvenes titulados universitarios. Y ese otro remanente estructural inexportable, los otros tres millones, constituirá una nueva casta deprimida de parados de larga duración y obviada en todo discurso político. Existen, pero carecen ya de oportunidades de empleo y de derecho a pensión alguna, no se sabe ya qué hacer con ellos. Son el fruto del relevo tecnológico y de nuestra insana demografía, personas de las que nadie quiere saber nada.
Como Napoleon I seguiremos invocando un gobierno ejemplar en una sociedad que debe empezar a serlo. Hay trazas de que eso pueda ser, hay indicios de que empezamos a ser escuchados, al menos es lo que necesitamos para seguir creyendo que esta increíble sucesión de errores no desemboque en una tragedia griega. Sería un triste e injusto final para esta maravillosa tierra poblada de gentes, ahora confusas, que arrancando desde una Guerra Civil quiso alcanzar unas cotas de prosperidad que llegó a tocar con sus dedos, pero que al final, por culpa de consentirnos como somos, parece que el sueño se nos esfuma.
Publicado en El Confidencial (11/02/2011)
“Es injusto que una generación sea comprometida por la precedente. Hay que encontrar un modo de preservar a las venideras de la avaricia o de la inhabilidad de las presentes”. Napoleón I.
Es obvio que con el nuevo Gobierno, con excepción de lo fiscal, nos han llegado cosas positivas. Los sucesivos discursos suenan bien fundamentados. Pero no llegarán muy lejos si no añadimos algunas medidas y reflexiones complementarias. He listado nueve áreas de mejora que añadir de entre las muchas que la vida práctica nos sugiere. Unos son errores por inhabilidad 'industrial' y, otros, por la búsqueda de lucro político o económico a cualquier procedimiento sin exigirse un mínimo de racionalidad y excelencia:
1. Primer error: la subida de IRPF hemos de entenderla como un gesto hacia nuestros acreedores, no como un mecanismo motor de recuperación. Al contrario, retirar dinero de la circulación sin tener un mejor control de la economía sumergida implica deprimir el consumo y la recaudación, con un efecto global empobrecedor a corto y medio plazo. No sabemos dónde puede cortar la curva de Laffer, pero febrero ha arrancado con una alarmante caída de consumos básicos, visibles hasta en la reducción del tráfico urbano.
2. Segundo error: no entender que el progreso radica en la diversificación de la economía. Retirar dinero significa concentrarlo en menos oportunidades de demanda e inversión. Un 90% de la población apenas dispone de margen para ahorro y consumo, más allá de lo básico y de sus pagos domiciliados. Hay que entender que solo las nuevas ideas sortean la competencia en precios y márgenes existentes. Atacar mercados exteriores sin nuevos productos es incongruente. Si todos produjésemos patatas, indiferenciadamente, los márgenes, salarios y empleos decaerían.
3. Tercer error: pretender estar en mercados exteriores sin haber privilegiado líneas de crédito para nuevo equipamiento con pago aplazado. Ahora es cuando lamentamos haber destinado más del 50% de los recursos crediticios al ladrillo y no a maquinaria que acondicionase nuestra producción a las variaciones en la demanda internacional.
4. Cuarto error: seguir permitiendo que más de 80.000 personas dispongan de poder de firma para la gestión del dinero público, sin control puntual y sin formación económica. Solo por sus virtudes políticas ya disponen de firma en su concejalía. Personajes de la industria como José María Castellano (ex-Zara) o especialistas en redes bancarias deberían estar al frente de la racionalización de este descomunal agujero, capaz de tragarse el IRPF recaudado sin la menor consideración. Por qué no se ha reducido el número de municipios como en el resto de los países vecinos es una explicación que se nos debe. Y lo malo, es que intuimos las razones políticas por las que no se ha hecho.
5. Quinto error: el cociente salario medio/precio m2 de vivienda sigue imposible de comparar con los países del norte. Lo que resta margen de ahorro y diversificación a nuestra economía, que entierra bajo ladrillos su renta disponible.
6. Sexto error: considerar que la solución está en la reforma laboral y no en la supresión de la precariedad intelectual que la produce. Trabajando sobre las consecuencias no se arregla gran cosa. Una de las principales causas es nuestra carencia de dominio de idiomas y el escaso network internacional de nuestro país. Formación urgente en idiomas para titulados y potenciación de clúster industriales en lugar de sindicatos. Son estos clúster quienes deben gestionar esos recursos formativos. Sin duda, saben mejor hacia qué objetivos dirigirlos.
7. Séptimo error: la falta de criterio en la valoración de los activos inmobiliarios, que ha hecho demasiado lento el proceso de recuperación. Solo cuando suelo y vivienda terminada esté a su valor de reposición podremos dar por zanjada una crisis que aún tiene recorrido. El suelo urbanizado promedio en condiciones no especulativas no debería superar los 300 euros/m2 de repercusión y la edificación, los 1.000 euros/m2. Toda valoración por encima precisa de una tolerancia a la especulación, a la que no debemos exponer nuestra economía si no queremos repetir el episodio. La recalificación de lo colindante cuando el precio se calienta y el fomento de cooperativas han sido mano de santo en los países que manejan este recurso con maestría.
8. Octavo error: la sinrazón de apurar todos los plazos administrativos, contando ya con recursos de última generación y plantillas desproporcionadas. Esta espera, en algunos casos superior a dos años, devora el capital circulante de las empresas recién creadas. Es un vicio de nuestras administraciones que engendra pobreza, inseguridad y corrupción. Aplicando mi experiencia personal a distintos países europeos estamos en los últimos lugares, solo por encima de algunos del Este.
9. Noveno error: el anacrónico modo de registrar nuevas sociedades. En Inglaterra en solo 3 horas y por menos de 100 euros, por internet, podemos disponer de una sociedad con cuenta bancaria y dominio en la Red, con las mismas garantías que en España en un mes y 1.500 euros de coste medio. Y no parece que sea Inglaterra la que tenga que aprender de nuestros ingeniosos procedimientos. Parece que no, pero además de ahorrar un dinero que puede ir al corazón del negocio, ahorra un mes de salarios y gastos previos que no sirve para desarrollar el cometido principal sino al sostenimiento de costes parásitos sin desempeño fundamentado alguno.
En algunos aspectos, estamos mintiendo a nuestros ciudadanos y a nuestros acreedores sobre nuestras posibilidades reales. Nuestra deuda no tiene mas opción real que la renovación a su vencimiento, estamos a punto de fabricar una deuda perpetua que nunca redimiremos. Solo en la medida en que nuestro PIB, en algunos periodos, en vez de caminar, cabalgue, tendremos alguna oportunidad de reducción del principal. Lo que hemos de dejar claro a la poblacion es que ese PIB que pretendemos se resuelve con 6 millones de peronas sin ocupar, y que ese PIB acarrea un menor bienestar, frente al imparable crecimiento de las castas politicas y administrativas. El sistema tiende a deshacerse de al menos 3 millones de trabajadores por la vía de devolver a su pais de origen al que pueda, y de forzar a la emigración a mas del 50% de sus jóvenes titulados universitarios. Y ese otro remanente estructural inexportable, los otros tres millones, constituirá una nueva casta deprimida de parados de larga duración y obviada en todo discurso político. Existen, pero carecen ya de oportunidades de empleo y de derecho a pensión alguna, no se sabe ya qué hacer con ellos. Son el fruto del relevo tecnológico y de nuestra insana demografía, personas de las que nadie quiere saber nada.
Como Napoleon I seguiremos invocando un gobierno ejemplar en una sociedad que debe empezar a serlo. Hay trazas de que eso pueda ser, hay indicios de que empezamos a ser escuchados, al menos es lo que necesitamos para seguir creyendo que esta increíble sucesión de errores no desemboque en una tragedia griega. Sería un triste e injusto final para esta maravillosa tierra poblada de gentes, ahora confusas, que arrancando desde una Guerra Civil quiso alcanzar unas cotas de prosperidad que llegó a tocar con sus dedos, pero que al final, por culpa de consentirnos como somos, parece que el sueño se nos esfuma.
viernes, 10 de febrero de 2012
Gente que paga tres billones de pesetas para evitar ser investigada
Por S. McCoy
Publicado en Cotizalia (10/02/2012)
El doce de octubre de 2010, día festivo en nuestro país, servidor se hacía eco en este mismo Valor Añadido de un escándalo que copaba las portadas de la prensa generalista estadounidense: el Foreclosure-Gate. Decíamos entonces:
En resumen se trataría de lo siguiente: en la tramitación documental -por parte de la banca- de las ejecuciones de hipotecas morosas se habrían producido errores que irían desde la falta del visto bueno judicial en aquellos estados donde es imprescindible, a la excepcional inclusión en el pack de morosos a deudores al corriente de sus pagos o sin hipoteca que se habrían encontrado así, sin comerlo ni beberlo, compuestos y sin casa. Una buena síntesis de la cuestión la encuentran en el enlace anterior.
El impulsor de la denuncia era Freddie Mac, agencia semiestatal que, junto a Fannie Mae, actuaba y actúa como respaldo de buena parte del mercado hipotecario de Estados Unidos. No se trataba, por tanto, del viaje a ninguna parte de un desesperado sino de una auténtica class action cuyo enorme alcance era fácil de intuir. No en vano, afirmábamos en aquel momento:
Para que se hagan ustedes una idea de la dimensión del asunto, desde 2006 el volumen de viviendas que han pasado a manos de las instituciones financieras a consecuencia del –ahora- “presunto” impago de sus propietarios ha sido de 6,4 millones de unidades. A cierre de agosto se encontraban otros 4,4 millones sujetas a trámites de ejecución. Once millones de casas, que se dice pronto. Es precisamente el ingente traspaso de propiedades de financiados a financiadores el que lleva a los culpables del caos a justificar la negligencia en sus actuaciones. ¿Puede un solo empleado firmar 10.000 documentos en un mes cumpliendo con los mínimos estándares de calidad? Difícil.
(…) El caos que trae bajo el brazo afecta, junto a adjudicatarios y “expropiados”, a los compradores de los bienes adjudicados –la mayor parte de los casos a través de procesos públicos de subasta-; a compañías de seguros incapaces de identificar quién es responsable del abono de las primas vinculadas al continente; a los propios ayuntamientos, cuyos ingresos viven el mismo dilema de cobro de los tributos asociados con sus finanzas bajo mínimos; o –por el mismo argumento- a las emisiones financieras que incluyen estos inmuebles como subyacente. Nuevo argumento para la parálisis total salvo para aquellos que disfruten de un título legítimo e indiscutible, cuyo valor se multiplica automáticamente.
Pues bien, ayer, mientras España ponía los ojos en Baltasar Garzón y Europa en Grecia, en Estados Unidos se cerraba, tras más de un año de negociaciones, un acuerdo entre las autoridades federales, 49 de los Estados de la Unión –solo queda fuera Oklahoma- y cinco de los grandes bancos estadounidenses para dejar zanjado el tema a cambio de un desembolso, por parte de estos últimos, de más de 26.000 millones de dólares, esto es: 20.000 millones de euros al cambio actual, tres billones y pico de las antiguas pesetas destinados a compensar en tres años al millón de afectados, en forma de reducción del principal de lo debido, facilidades de refinanciación o asistencia pública.
En contra de lo que pudiera parecer por los importes manejados, el pacto ha generado una enorme discrepancia por parte de los analistas especializados que critican que el castigo real a la banca se limite a los 5.000 millones de dólares de pago en efectivo que ha que realizar, sin que haya consecuencias penales para quienes actuaron indebidamente ni una exigencia de mejores medios y/o procedimientos para que estas situaciones no se vuelvan a repetir en el futuro. La más beligerante ha sido Yves Smith con sus Doce Razones por las que has de odiar este Acuerdo.
Su post nos recuerda cómo Bank of America, J.P. Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo y la antigua GMAC, ahora Ally Financial, tienen provisionada el resto de la contingencia en su balance por lo que el impacto en sus cuentas apenas será apreciable. Y acertadamente apunta que, al final, cuando alguien paga una cuantía como ésta a condición de no ser investigado, qué no ocultará. Algún caso reciente hemos vivido en España con ilustres banqueros que hacen honor a su apellido. Cuando tal diligencia debería ser la pista que sirviera para tirar definitivamente de la manta, ocurre justo lo contrario. En todas partes cuecen habas.
Me quedo, en cualquier caso, y después de desearles un buen fin de semana, con la conclusión de la bloguera, editora del reputado Naked Capitalism:
Este acuerdo es otra demostración palpable de quién manda en Estados Unidos, que no somos ni usted ni yo. Es patético ver cómo el desenlace de estos casos es siempre tan predecible y vergonzoso. Y supone añadir insulto a la herida el ver cómo algunos lo venden como una victoria de los sufridos y machacados propietarios que han perdido sus casas.
Difícil no estar de acuerdo, ¿no? Pues eso...
Publicado en Cotizalia (10/02/2012)
El doce de octubre de 2010, día festivo en nuestro país, servidor se hacía eco en este mismo Valor Añadido de un escándalo que copaba las portadas de la prensa generalista estadounidense: el Foreclosure-Gate. Decíamos entonces:
En resumen se trataría de lo siguiente: en la tramitación documental -por parte de la banca- de las ejecuciones de hipotecas morosas se habrían producido errores que irían desde la falta del visto bueno judicial en aquellos estados donde es imprescindible, a la excepcional inclusión en el pack de morosos a deudores al corriente de sus pagos o sin hipoteca que se habrían encontrado así, sin comerlo ni beberlo, compuestos y sin casa. Una buena síntesis de la cuestión la encuentran en el enlace anterior.
El impulsor de la denuncia era Freddie Mac, agencia semiestatal que, junto a Fannie Mae, actuaba y actúa como respaldo de buena parte del mercado hipotecario de Estados Unidos. No se trataba, por tanto, del viaje a ninguna parte de un desesperado sino de una auténtica class action cuyo enorme alcance era fácil de intuir. No en vano, afirmábamos en aquel momento:
Para que se hagan ustedes una idea de la dimensión del asunto, desde 2006 el volumen de viviendas que han pasado a manos de las instituciones financieras a consecuencia del –ahora- “presunto” impago de sus propietarios ha sido de 6,4 millones de unidades. A cierre de agosto se encontraban otros 4,4 millones sujetas a trámites de ejecución. Once millones de casas, que se dice pronto. Es precisamente el ingente traspaso de propiedades de financiados a financiadores el que lleva a los culpables del caos a justificar la negligencia en sus actuaciones. ¿Puede un solo empleado firmar 10.000 documentos en un mes cumpliendo con los mínimos estándares de calidad? Difícil.
(…) El caos que trae bajo el brazo afecta, junto a adjudicatarios y “expropiados”, a los compradores de los bienes adjudicados –la mayor parte de los casos a través de procesos públicos de subasta-; a compañías de seguros incapaces de identificar quién es responsable del abono de las primas vinculadas al continente; a los propios ayuntamientos, cuyos ingresos viven el mismo dilema de cobro de los tributos asociados con sus finanzas bajo mínimos; o –por el mismo argumento- a las emisiones financieras que incluyen estos inmuebles como subyacente. Nuevo argumento para la parálisis total salvo para aquellos que disfruten de un título legítimo e indiscutible, cuyo valor se multiplica automáticamente.
Pues bien, ayer, mientras España ponía los ojos en Baltasar Garzón y Europa en Grecia, en Estados Unidos se cerraba, tras más de un año de negociaciones, un acuerdo entre las autoridades federales, 49 de los Estados de la Unión –solo queda fuera Oklahoma- y cinco de los grandes bancos estadounidenses para dejar zanjado el tema a cambio de un desembolso, por parte de estos últimos, de más de 26.000 millones de dólares, esto es: 20.000 millones de euros al cambio actual, tres billones y pico de las antiguas pesetas destinados a compensar en tres años al millón de afectados, en forma de reducción del principal de lo debido, facilidades de refinanciación o asistencia pública.
En contra de lo que pudiera parecer por los importes manejados, el pacto ha generado una enorme discrepancia por parte de los analistas especializados que critican que el castigo real a la banca se limite a los 5.000 millones de dólares de pago en efectivo que ha que realizar, sin que haya consecuencias penales para quienes actuaron indebidamente ni una exigencia de mejores medios y/o procedimientos para que estas situaciones no se vuelvan a repetir en el futuro. La más beligerante ha sido Yves Smith con sus Doce Razones por las que has de odiar este Acuerdo.
Su post nos recuerda cómo Bank of America, J.P. Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo y la antigua GMAC, ahora Ally Financial, tienen provisionada el resto de la contingencia en su balance por lo que el impacto en sus cuentas apenas será apreciable. Y acertadamente apunta que, al final, cuando alguien paga una cuantía como ésta a condición de no ser investigado, qué no ocultará. Algún caso reciente hemos vivido en España con ilustres banqueros que hacen honor a su apellido. Cuando tal diligencia debería ser la pista que sirviera para tirar definitivamente de la manta, ocurre justo lo contrario. En todas partes cuecen habas.
Me quedo, en cualquier caso, y después de desearles un buen fin de semana, con la conclusión de la bloguera, editora del reputado Naked Capitalism:
Este acuerdo es otra demostración palpable de quién manda en Estados Unidos, que no somos ni usted ni yo. Es patético ver cómo el desenlace de estos casos es siempre tan predecible y vergonzoso. Y supone añadir insulto a la herida el ver cómo algunos lo venden como una victoria de los sufridos y machacados propietarios que han perdido sus casas.
Difícil no estar de acuerdo, ¿no? Pues eso...
La judicatura destaca la unanimidad y solidez del fallo
Por C. Guindal
Publicado en El Confidencial (10/02/2010)
Baltasar Garzón no volverá a la Audiencia Nacional. Es cierto que ha sido un juez con sus luces y sombras. Endiosado tras algunas de sus investigaciones, defenestrado en la etapa final de su carrera, entre sus compañeros no hubo mucha sorpresa tras conocer la sentencia. Sin embargo, sí hubo pesar porque después de todo Garzón fue compañero durante dos décadas.
El aún magistrado no podrá pedir el reingreso en la carrera judicial hasta dentro de 11, años, cuando ya tenga 67. Veinte años como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, donde ya no regresará. Llevaba dos años suspendido de manera cautelar tras su imputación formal por el Tribunal Supremo pero durante este tiempo siempre quedó una gota de esperanza, que se ha esfumado.
El 9 de febrero es la fecha que el Alto Tribunal le ha considerado responsable de un delito de prevaricación y le ha expulsado de la carrera judicial. En la Audiencia, pesar sin sorpresa. No había alegría ni asombro. Parecía que se sospechaba lo que iba a ocurrir. “Era lo previsible”, dicen algunos; “no deja de ser un compañero”, dicen otros.
Tras conocer la sentencia, se vuelve a abrir del debate sobre la interpretación del artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que le ha llevado a la inhabilitación. Muchos recuerdan que la ley es clara y sólo se puede grabar conversaciones entre imputados y abogados desde la cárcel cuando se trata de delitos de terrorismo. Garzón se extralimitó y debe pagar por ello. Otros opinan que la pena podría haber sido inferior, si se le hubiese aplicado la prevaricación imprudente.
En uno u otro órgano judicial, parece que la sentencia no ha causado sorpresa. En el Consejo General del Poder Judicial sostienen que el fallo ha sorprendido a muy pocos. Era un juicio muy técnico, dicen fuentes del órgano de los jueces, y no se puede olvidar que la decisión ha sido acordada por unanimidad de los siete magistrados que le juzgaron. Ante esta votación, es difícil para la mayoría oponerse a la sentencia. El presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y candidato a presidir el tribunal, Javier Gómez Bermúdez, fue ayer muy claro: "Creo en la Justicia y creo en el Tribunal Supremo. Un juez que no cree en la justicia mejor que se vaya a otro sitio".
Ni siquiera desde las asociaciones de jueces ponen en duda la imparcialidad y legitimidad de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se vuelve a hablar de la solidez jurídica del caso.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha afirmado que la sentencia "era esperada porque el auto tenía una alta solidez jurídica. Existían indicios que apuntaban a la responsabilidad penal de Garzón yahora se ha corroborado la sospecha". En declaraciones a Ep, ha añadido que Garzón "es reconocido por los servicios prestados al país y para la judicatura resulta duro que un miembro suyo tenga que ser condenado por un ilícito penal". No obstante, esta resolución "pone en evidencia que España es un Estado de Derecho en el que se protege a los ciudadanos y en el que el Tribunal Supremo enjuicia con equidistancia y neutralidad, aunque el enjuiciado sea un destacado miembro de la judicatura cuya carrera acabará marcada por un saldo negativo que es haber sido sancionado por dictar una resolución injusta a sabiendas de esta injusticia".
Para el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Jiménez Villarejo, la sentencia produce "una profunda pena", pero es "muy exhaustiva y completa y recoge una condena proporcionada". Jiménez Villarejo ha defendido que se trata de una "buena" resolución que clarifica en buena medida las cuestiones que rodean el derecho de defensa y la posibilidad de utilizar "medidas o diligencias de investigación indiscriminadamente". "Es muy clarificadora por el contenido, muestra una contundencia absoluta y va a ser un referente: un tribunal altamente cualificado ha entendido que la conducta de Garzón fue deliberada y consciente. La condena es ajustada", ha remachado. "Entendemos la sentencia pero no deja de producirnos pena y decepción que un juez tan relevante como lo era Garzón sea condenado", ha concluido.
Ahora, todos los ojos están puestos en la sentencia sobre la investigación de los crímenes de la guerra Civil y el franquismo. Una vez que se conozca el fallo de este segundo asunto, el Tribunal Supremo deberá inhibirse del tercer caso, el de los cobros de Nueva York, porque Baltasar Garzón ya no es miembro de la carrera judicial.
Publicado en El Confidencial (10/02/2010)
Baltasar Garzón no volverá a la Audiencia Nacional. Es cierto que ha sido un juez con sus luces y sombras. Endiosado tras algunas de sus investigaciones, defenestrado en la etapa final de su carrera, entre sus compañeros no hubo mucha sorpresa tras conocer la sentencia. Sin embargo, sí hubo pesar porque después de todo Garzón fue compañero durante dos décadas.
El aún magistrado no podrá pedir el reingreso en la carrera judicial hasta dentro de 11, años, cuando ya tenga 67. Veinte años como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, donde ya no regresará. Llevaba dos años suspendido de manera cautelar tras su imputación formal por el Tribunal Supremo pero durante este tiempo siempre quedó una gota de esperanza, que se ha esfumado.
El 9 de febrero es la fecha que el Alto Tribunal le ha considerado responsable de un delito de prevaricación y le ha expulsado de la carrera judicial. En la Audiencia, pesar sin sorpresa. No había alegría ni asombro. Parecía que se sospechaba lo que iba a ocurrir. “Era lo previsible”, dicen algunos; “no deja de ser un compañero”, dicen otros.
Tras conocer la sentencia, se vuelve a abrir del debate sobre la interpretación del artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que le ha llevado a la inhabilitación. Muchos recuerdan que la ley es clara y sólo se puede grabar conversaciones entre imputados y abogados desde la cárcel cuando se trata de delitos de terrorismo. Garzón se extralimitó y debe pagar por ello. Otros opinan que la pena podría haber sido inferior, si se le hubiese aplicado la prevaricación imprudente.
En uno u otro órgano judicial, parece que la sentencia no ha causado sorpresa. En el Consejo General del Poder Judicial sostienen que el fallo ha sorprendido a muy pocos. Era un juicio muy técnico, dicen fuentes del órgano de los jueces, y no se puede olvidar que la decisión ha sido acordada por unanimidad de los siete magistrados que le juzgaron. Ante esta votación, es difícil para la mayoría oponerse a la sentencia. El presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y candidato a presidir el tribunal, Javier Gómez Bermúdez, fue ayer muy claro: "Creo en la Justicia y creo en el Tribunal Supremo. Un juez que no cree en la justicia mejor que se vaya a otro sitio".
Ni siquiera desde las asociaciones de jueces ponen en duda la imparcialidad y legitimidad de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se vuelve a hablar de la solidez jurídica del caso.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha afirmado que la sentencia "era esperada porque el auto tenía una alta solidez jurídica. Existían indicios que apuntaban a la responsabilidad penal de Garzón yahora se ha corroborado la sospecha". En declaraciones a Ep, ha añadido que Garzón "es reconocido por los servicios prestados al país y para la judicatura resulta duro que un miembro suyo tenga que ser condenado por un ilícito penal". No obstante, esta resolución "pone en evidencia que España es un Estado de Derecho en el que se protege a los ciudadanos y en el que el Tribunal Supremo enjuicia con equidistancia y neutralidad, aunque el enjuiciado sea un destacado miembro de la judicatura cuya carrera acabará marcada por un saldo negativo que es haber sido sancionado por dictar una resolución injusta a sabiendas de esta injusticia".
Para el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Jiménez Villarejo, la sentencia produce "una profunda pena", pero es "muy exhaustiva y completa y recoge una condena proporcionada". Jiménez Villarejo ha defendido que se trata de una "buena" resolución que clarifica en buena medida las cuestiones que rodean el derecho de defensa y la posibilidad de utilizar "medidas o diligencias de investigación indiscriminadamente". "Es muy clarificadora por el contenido, muestra una contundencia absoluta y va a ser un referente: un tribunal altamente cualificado ha entendido que la conducta de Garzón fue deliberada y consciente. La condena es ajustada", ha remachado. "Entendemos la sentencia pero no deja de producirnos pena y decepción que un juez tan relevante como lo era Garzón sea condenado", ha concluido.
Ahora, todos los ojos están puestos en la sentencia sobre la investigación de los crímenes de la guerra Civil y el franquismo. Una vez que se conozca el fallo de este segundo asunto, el Tribunal Supremo deberá inhibirse del tercer caso, el de los cobros de Nueva York, porque Baltasar Garzón ya no es miembro de la carrera judicial.
viernes, 3 de febrero de 2012
Empleo en depresión
Editorial de El País (03/02/2012)
El paro registrado durante el mes de enero es la primera confirmación de que durante 2012 continuará el empeoramiento del mercado laboral. El paro contabilizado en las oficinas del Inem aumentó en casi 117.500 personas, pero los indicios peores hay que buscarlos en el descenso de la población ocupada (cayó por debajo de los 17 millones de ocupados) y en el persistente hundimiento de la afiliación a la Seguridad Social. Lo que se aprecia en los próximos trimestres induce al pesimismo. El paro seguirá aumentando, incluso a un ritmo mayor, porque hay que pensar en que habrá una contracción del PIB durante cuatro trimestres consecutivos; seguirá una fase de estancamiento a partir del segundo trimestre de 2013, y después el PIB despegará ligeramente, con subidas en torno al 0,1% o 0,2%, inhábiles para crear empleo.
Es casi un tópico recordar que un volumen tan elevado de paro resta confianza y capacidad de reacción a la economía e implica un riesgo evidente de depresión continuada si no se acierta con las decisiones adecuadas. En este sentido, hay que insistir en que las medidas correctoras en las que piensa el Gobierno (por lo menos, las que ha comunicado) no constituyen per se remedios directos contra el paro. La reforma laboral, tan mencionada (y curiosamente demorada, a pesar de la fe de Rajoy en sus benéficos efectos), facilitará la creación de empleo cuando se recupere la actividad económica. En todo caso, si la reforma de la negociación colectiva es acertada, se conseguirá frenar la hemorragia de despidos, puesto que las empresas podrán cambiar salario por empleo. En cuanto a la reforma financiera, permitirá una lenta recuperación del crédito a las empresas, pero no antes de la segunda mitad de 2013.
Dicho de otro modo, las reformas mencionadas pueden ser convenientes (según su contenido y acierto), pero en ningún caso constituyen una solución contra la recesión y el desempleo. Quizá el Gobierno quiera construir una política económica limitada a reducir el déficit (con la ayuda quizá de la aquiescente flexibilidad europea), redactar dos o tres reformas más o menos profundas que las anteriores, pero continuistas, y seguir en una paciente espera hasta que la recesión se agote en el tiempo. El presidente prometió políticas activas de empleo que de momento no están en la agenda. Pues bien, es en esas políticas, en su eficacia y contundencia, donde se juega el Gobierno la confianza de los ciudadanos sobre su porvenir inmediato.
El paro registrado durante el mes de enero es la primera confirmación de que durante 2012 continuará el empeoramiento del mercado laboral. El paro contabilizado en las oficinas del Inem aumentó en casi 117.500 personas, pero los indicios peores hay que buscarlos en el descenso de la población ocupada (cayó por debajo de los 17 millones de ocupados) y en el persistente hundimiento de la afiliación a la Seguridad Social. Lo que se aprecia en los próximos trimestres induce al pesimismo. El paro seguirá aumentando, incluso a un ritmo mayor, porque hay que pensar en que habrá una contracción del PIB durante cuatro trimestres consecutivos; seguirá una fase de estancamiento a partir del segundo trimestre de 2013, y después el PIB despegará ligeramente, con subidas en torno al 0,1% o 0,2%, inhábiles para crear empleo.
Es casi un tópico recordar que un volumen tan elevado de paro resta confianza y capacidad de reacción a la economía e implica un riesgo evidente de depresión continuada si no se acierta con las decisiones adecuadas. En este sentido, hay que insistir en que las medidas correctoras en las que piensa el Gobierno (por lo menos, las que ha comunicado) no constituyen per se remedios directos contra el paro. La reforma laboral, tan mencionada (y curiosamente demorada, a pesar de la fe de Rajoy en sus benéficos efectos), facilitará la creación de empleo cuando se recupere la actividad económica. En todo caso, si la reforma de la negociación colectiva es acertada, se conseguirá frenar la hemorragia de despidos, puesto que las empresas podrán cambiar salario por empleo. En cuanto a la reforma financiera, permitirá una lenta recuperación del crédito a las empresas, pero no antes de la segunda mitad de 2013.
Dicho de otro modo, las reformas mencionadas pueden ser convenientes (según su contenido y acierto), pero en ningún caso constituyen una solución contra la recesión y el desempleo. Quizá el Gobierno quiera construir una política económica limitada a reducir el déficit (con la ayuda quizá de la aquiescente flexibilidad europea), redactar dos o tres reformas más o menos profundas que las anteriores, pero continuistas, y seguir en una paciente espera hasta que la recesión se agote en el tiempo. El presidente prometió políticas activas de empleo que de momento no están en la agenda. Pues bien, es en esas políticas, en su eficacia y contundencia, donde se juega el Gobierno la confianza de los ciudadanos sobre su porvenir inmediato.
jueves, 2 de febrero de 2012
J. Edgar Hoover, la corrupción y la "omertá" entre los políticos
Por Jose Antonio Zarzalejos
Publicado en El Confidencial (01/02/2012)
En 1995 dimitieron Narcís Serra, vicepresidente del entonces Gobierno socialista, y el ministro de Defensa, a la sazón Julián García Vargas, asumiendo así la responsabilidad política de masivas e ilegales escuchas practicadas por el CESID, hoy reconvertido en el Centro Nacional de Inteligencia. Nunca se supo quién ordenó esas escuchas, con qué criterio se seleccionaron, quiénes fueron las víctimas de la injerencia en su privacidad, qué información se obtuvo y qué se hizo con ella, si se destruyó o se archivó. Se dijo entonces, y nunca se negó, que hasta el Rey fue ilegalmente escuchado. Aquella fue la crisis política cualitativamente más grave de la democracia española y, sin embargo, no adquirió la envergadura que su trascendencia merecía.
Estas reflexiones me han surgido al hilo de la visión de la película J.Edgar, que dirigida por Clint Eastwood e interpretada por Leonardo DiCaprio, relata la trayectoria procelosa de J.Edgar Hoover (1895-1972), director del FBI durante cuarenta y ocho años bajo el mandato de ocho presidentes de los Estados Unidos. Hoover fundamentó su extraordinario y dilatado poder en descubrir las debilidades de los más relevantes políticos norteamericanos, hacerles saber puntualmente que disponía de información comprometida y sellar con ellos un pacto de silencio. Hoover era odiado y temido, pero fue, seguramente, el hombre que con más cinismo, acierto y crueldad marcó los peores códigos morales para sostenerse en el poder. Descubrió y grabó las conversaciones amorosas y las interjecciones sexuales extramatrimoniales del presidente Kennedy e interceptó correspondencia de Eleanor Roosevelt que delataba su supuesto lesbianismo, entre otras muchas interioridades que, probablemente, nunca llegarán a conocerse porque a la nomenklatura norteamericana le avergonzarían.
Los aparatos del Estado disponen hoy de un extraordinario poder que hombres como Hoover explotaron entre el silencio miedoso y la complicidad criminal de políticos débiles que prefirieron la subordinación al chantaje que la dignidad
Hoover, homosexual de forma más explícita de la que aparece en la película, en modo alguno fiel a la relación sentimental con su ayudante Clyde Tolson, intercambió favores con la mafia que disponía de fotografías suyas, travestido y alocado, de tal manera que su imagen en aquellos años de puritanismo jamás se vio afectada. Encarnó -qué sarcasmo- al hombre íntegro, al patriota perseverante, al garante de la ley y el orden y al contradictor de corruptos y delincuentes. La película del octogenario Eastwood no ha sido bien acogida en los Estados Unidos. Ni él como director, ni Leonardo DiCaprio como protagonista, aparecen en las lista de los Oscar, ni, antes, en la de los Globos de Oro. La sociedad americana -que padeció el Watergate de Nixon y el caso Lewinsky de Clinton- parece querer desconocer que su democracia, en tantos aspectos modélica, ha transitado por episodios que todavía exigirían una aclaración.
J.Edgar, al margen de sus virtudes cinematográficas, es un biopic de Hoover que sirve para meditar sobre las llamadas “cloacas del poder”, esos circuitos a los que están ajenos los ciudadanos pero que, de hecho, les restan libertad porque les velan la realidad sobre la integridad de sus dirigentes. Las aventuras sexuales -que Hoover explotó arteramente en una sociedad bienpensante e hipócrita como la estadounidense a la que le impactan más los asuntos de bragueta que los de cartera, a la inversa que aquí- no son relevantes siempre que quien las protagoniza no oficie en su versión pública de integrista moral.
Lo esencial de la moraleja de la vida de Hoover consiste en la denuncia de que el poder, incluso en sistemas democráticos, traza un círculo cerrado y endogámico que, recíprocamente, oculta sus excrecencias para perpetuarse en el mando. Enseña también que es precisa una exigencia cerrada, intransigente, indeclinable y constante en la preservación de los derechos de los ciudadanos, en la denuncia de prácticas legales o alegales en función de las cuales -sin garantía alguna- podemos ser vigilados hasta en nuestra más estricta intimidad. Y alecciona sobre lo débil que es un sistema de libertades si no es gestionado por políticos honrados y por jueces justos.
Los aparatos del Estado disponen hoy de un extraordinario poder que hombres como Hoover explotaron entre el silencio miedoso y la complicidad criminal de políticos débiles que prefirieron la subordinación al chantaje que la dignidad. Si entonces ocurrió lo que, solo someramente, nos cuenta Clint Eastwood en su J.Edgar, qué no ocurrirá ahora -o podría ocurrir- con una tecnología sofisticada y difícilmente detectable en manos de dirigentes venales y ambiciosos. Películas como la que relata la vida del todo poderoso primer director del FBI hacen pensar que la fragilidad de la democracia sólo se fortalece con sistemas de control social e institucional que quiebre el círculo vicioso que mutualiza la corrupción entre los que la practican y la descubren pero no la denuncian creando una inmensa omertá política en las democracias.
¿Les suena a algo cercano todo esto? Vean la película y piénselo.
Publicado en El Confidencial (01/02/2012)
En 1995 dimitieron Narcís Serra, vicepresidente del entonces Gobierno socialista, y el ministro de Defensa, a la sazón Julián García Vargas, asumiendo así la responsabilidad política de masivas e ilegales escuchas practicadas por el CESID, hoy reconvertido en el Centro Nacional de Inteligencia. Nunca se supo quién ordenó esas escuchas, con qué criterio se seleccionaron, quiénes fueron las víctimas de la injerencia en su privacidad, qué información se obtuvo y qué se hizo con ella, si se destruyó o se archivó. Se dijo entonces, y nunca se negó, que hasta el Rey fue ilegalmente escuchado. Aquella fue la crisis política cualitativamente más grave de la democracia española y, sin embargo, no adquirió la envergadura que su trascendencia merecía.
Estas reflexiones me han surgido al hilo de la visión de la película J.Edgar, que dirigida por Clint Eastwood e interpretada por Leonardo DiCaprio, relata la trayectoria procelosa de J.Edgar Hoover (1895-1972), director del FBI durante cuarenta y ocho años bajo el mandato de ocho presidentes de los Estados Unidos. Hoover fundamentó su extraordinario y dilatado poder en descubrir las debilidades de los más relevantes políticos norteamericanos, hacerles saber puntualmente que disponía de información comprometida y sellar con ellos un pacto de silencio. Hoover era odiado y temido, pero fue, seguramente, el hombre que con más cinismo, acierto y crueldad marcó los peores códigos morales para sostenerse en el poder. Descubrió y grabó las conversaciones amorosas y las interjecciones sexuales extramatrimoniales del presidente Kennedy e interceptó correspondencia de Eleanor Roosevelt que delataba su supuesto lesbianismo, entre otras muchas interioridades que, probablemente, nunca llegarán a conocerse porque a la nomenklatura norteamericana le avergonzarían.
Los aparatos del Estado disponen hoy de un extraordinario poder que hombres como Hoover explotaron entre el silencio miedoso y la complicidad criminal de políticos débiles que prefirieron la subordinación al chantaje que la dignidad
Hoover, homosexual de forma más explícita de la que aparece en la película, en modo alguno fiel a la relación sentimental con su ayudante Clyde Tolson, intercambió favores con la mafia que disponía de fotografías suyas, travestido y alocado, de tal manera que su imagen en aquellos años de puritanismo jamás se vio afectada. Encarnó -qué sarcasmo- al hombre íntegro, al patriota perseverante, al garante de la ley y el orden y al contradictor de corruptos y delincuentes. La película del octogenario Eastwood no ha sido bien acogida en los Estados Unidos. Ni él como director, ni Leonardo DiCaprio como protagonista, aparecen en las lista de los Oscar, ni, antes, en la de los Globos de Oro. La sociedad americana -que padeció el Watergate de Nixon y el caso Lewinsky de Clinton- parece querer desconocer que su democracia, en tantos aspectos modélica, ha transitado por episodios que todavía exigirían una aclaración.
J.Edgar, al margen de sus virtudes cinematográficas, es un biopic de Hoover que sirve para meditar sobre las llamadas “cloacas del poder”, esos circuitos a los que están ajenos los ciudadanos pero que, de hecho, les restan libertad porque les velan la realidad sobre la integridad de sus dirigentes. Las aventuras sexuales -que Hoover explotó arteramente en una sociedad bienpensante e hipócrita como la estadounidense a la que le impactan más los asuntos de bragueta que los de cartera, a la inversa que aquí- no son relevantes siempre que quien las protagoniza no oficie en su versión pública de integrista moral.
Lo esencial de la moraleja de la vida de Hoover consiste en la denuncia de que el poder, incluso en sistemas democráticos, traza un círculo cerrado y endogámico que, recíprocamente, oculta sus excrecencias para perpetuarse en el mando. Enseña también que es precisa una exigencia cerrada, intransigente, indeclinable y constante en la preservación de los derechos de los ciudadanos, en la denuncia de prácticas legales o alegales en función de las cuales -sin garantía alguna- podemos ser vigilados hasta en nuestra más estricta intimidad. Y alecciona sobre lo débil que es un sistema de libertades si no es gestionado por políticos honrados y por jueces justos.
Los aparatos del Estado disponen hoy de un extraordinario poder que hombres como Hoover explotaron entre el silencio miedoso y la complicidad criminal de políticos débiles que prefirieron la subordinación al chantaje que la dignidad. Si entonces ocurrió lo que, solo someramente, nos cuenta Clint Eastwood en su J.Edgar, qué no ocurrirá ahora -o podría ocurrir- con una tecnología sofisticada y difícilmente detectable en manos de dirigentes venales y ambiciosos. Películas como la que relata la vida del todo poderoso primer director del FBI hacen pensar que la fragilidad de la democracia sólo se fortalece con sistemas de control social e institucional que quiebre el círculo vicioso que mutualiza la corrupción entre los que la practican y la descubren pero no la denuncian creando una inmensa omertá política en las democracias.
¿Les suena a algo cercano todo esto? Vean la película y piénselo.
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