España desolada: 101 razones para no votar ni a PSOE ni a PP

Por Nacho Cardero

Publicado en El Confidencial (18/05/2011)

Camps, Costa, Ripoll, Toledano, Valadez, Cuenca… Así hasta sumar una centena. De la Gürtel valenciana al cortijo andaluz, hay ciento una razones para no votar ni a PSOE ni a PP este 22 de mayo, tantas como imputados se presentan a las elecciones municipales y autonómicas. No hay excusas. Frente al derecho de los políticos a la presunción de inocencia también está el derecho de los ciudadanos a no ser tomados por tontos. Según una encuesta reciente, nueve de cada diez españoles piensan que las formaciones se mueven por intereses particulares, de equilibrio de poder, pongo a este candidato al frente de la lista porque controla el aparato, no por el interés de la sociedad. Si hubiera agencias de calificación para los partidos como las hay para la deuda soberana o las cajas de ahorros, a buen seguro que su nota no pasaría de bono basura.

Acaso por ser éste un país cuajado de pífanos y tramperos de baja estofa, nuestra clase política ha pasado de puntillas por los temas clave que preocupan a los ciudadanos. No sólo hay omertá respecto al mapa de la corrupción, esa piel de toro banderilleada por un sinfín de causas judiciales que tan gráficamente se muestra en la Red como ejemplo de la incuria de nuestra clase dirigente, sino que el pacto de silencio se extiende a otras materias que deberían haber sido verdadero objeto de debate en estos comicios, especialmente ahora que comienza a aparecer negro sobre blanco la situación insostenible de las arcas de ciudades y comunidades autónomas. ¿Alguien ha puesto sobre el tapete la conveniencia de suprimir las diputaciones? ¿O de evitar duplicidades de gasto en las administraciones? ¿Y qué dicen de la financiación municipal? ¿Y de la autonómica? ¿Quién ha hablado de la incapacidad de los ayuntamientos para ingresar o del déficit oculto de nuestras regiones?

Los candidatos han dispuesto de tiempo para hacerse la fotografía de rigor con los damnificados de Lorca y el bruñido trofeo de los campeones de Copa, pero no para dar soluciones a los problemas que están conduciendo a España hacia el abismo. Al socaire de estos hechos, cabe concluir que el nivel de estas elecciones es bajo, muy bajo, por no decir ínfimo.

Esta estrategia de dar la callada por respuesta, de la que son paradigma Mariano Rajoy (junto a su alter ego Pedro Arriola, inmarcesible gurú de Génova), por parte del PP, y Carme Chacón (de la mano de Miguel Barroso), por el lado del PSOE, dice mucho de la progresiva irrelevancia de nuestra clase política. Como explica el profesor Ludolfo Paramio en La globalización y el malestar en la democracia, “la desconfianza de los ciudadanos hacia los gobiernos y los partidos es consecuencia de su percepción de esta pérdida real de poder: la democracia seguirá siendo la mejor forma de gobierno, pero quienes gobiernan o aspiran a gobernar serán crecientemente irrelevantes”. Aunque la estrategia surta efecto, aunque sean unos candidatos eficientes, quizá buenos mandatarios si alcanzan el poder algún día, jamás se les colgará la medalla de hombres de Estado. No al menos para una minoría independiente y culta que no perdonará ni el silencio, ni la inacción, ni sus listas de imputados, ni la sumisión del interés general al particular en un contexto tan sombrío como el actual, del que sabemos su origen pero desconocemos su estación de término. Esa mancha no desaparece con una victoria en las generales. Al menos, no debería.

Son las formaciones minoritarias, con las que este diario no puede ocultar cierta afinidad por compartir verbo afilado e irreverente y por moverse al margen de la triada hegemónica que controla el país, caso de UPyD y Ciudadanos, las únicas que se atreven a encarar el problema de España sin complejos. Rosa Díez, líder de UPyD, lo hizo con una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para dificultar la presencia de imputados en listas, en la que se incluía una modificación de la Ley Electoral, que no se ha podido discutir antes de los comicios del 22-M, como era su intención, por zancadillas de los dos grandes partidos. En la exposición de motivos de dicha PL, se argüía que “la presunción de inocencia no puede convertirse de modo abusivo, sin daño para la democracia, en una patente de corso que permite enrocarse en las instituciones públicas a los imputados por corromper su funcionamiento, utilizando para su defensa los medios materiales y jurídicos que la institución puede poner a su servicio, con lo que esto implica de mal uso de tales recursos, privatizados de hecho para servir a intereses personales, y de suspensión de la igualdad ante la ley mediante las ventajas de todo tipo de que pueden disponer los cargos públicos en contraste con los ciudadanos privados”.

La oposición a este tipo de iniciativas y el comportamiento abúlico y clientelista de los partidos, mezclado en caliente con las consecuencias devastadoras de la crisis laboral, ha provocado un divorcio entre la sociedad civil y la clase política sin parangón en la historia reciente del país. Los ciudadanos no se fían. Movimientos espontáneos un tanto anárquicos, en los que se mezclan bloggers y jóvenes con kufiya, como #nolesvotes o Democracia real ya, cultivados en Internet y promotores de las manifestaciones del domingo 15 y martes 17 de mayo, se encargan de poner voz a este malestar creciente. No se trata de tomar el Parlamento ni de quemar conventos, como pretextan las grandes formaciones para menospreciar este tipo de iniciativas, sino de la creciente necesidad de una sociedad civil fuerte sin adhesiones inquebrantables a blasones roídos.

El informe que mejor refleja el desencanto actual, de mención obligada entre los estudiosos de la cosa, es Pulso de España 2010. Un informe sociológico (Biblioteca Nueva, 256 páginas), que disecciona a los jóvenes de nuestro país, chicos amamantados en la Red que no se consideran ni conservadores ni progresistas, sino todo lo contrario. Este informe, coordinado por José Juan Toharia, presidente de de Metroscopia, catedrático de Sociología en la Autónoma de Madrid y director académico de la Fundación Ortega-Marañón, nos describe a un país hastiado, cansado, harto de su clase dirigente: “Los españoles anhelan el relevo de ambos partidos [PSOE y PP] por otro tipo de estilo de gobernar y de controlar al Gobierno (…) Los españoles no abominan de la política, sino del modo, generalmente ramplón, mediocre y mezquino en que suelen conducirse la mayoría de los políticos. De estos políticos”.

Lo que está sucediendo en este país evoca a Casa Desolada de Charles Dickens, en el que sus protagonistas acuden a los juzgados para dirimir un pleito que se prolonga en el tiempo generación tras generación, y que cuando finalmente Lord Canciller emite veredicto, ya nadie se acuerda del origen de la disputa, pues los que la iniciaron se encuentran dos metros bajo tierra y los vencedores no tienen nada que celebrar por una sencilla razón: todo el dinero que por ley les corresponde será para pagar las costas del sinfín de abogados que les han asesorado en tan dilatado período de tiempo.

Algo similar le sucederá a España, cuyas cuadernas crujen hasta casi romperse, si los dos grandes partidos se llaman andana y, arrinconados por una opinión pública crítica, no tratan de recuperar la confianza de los ciudadanos y de unos mercados que tampoco se fían de nuestra clase dirigente. Tanto PSOE como PP están condenados a hacerlo, a aprender de sus errores y adaptarse a una sociedad que va mucho más rápido que sus políticos. Ellos son los que nos gobernarán tras el 22-M y a ellos hay que pedirles transparencia, que castiguen la corrupción, que levanten la alfombra de las cuentas públicas, que digan la verdad, en definitiva, que tomen medidas para acabar con esta España exangüe y desolada. Está en sus manos.

¿ A QUIEN VOTO ? por Jaime Rocha

Si quisieramos ser consecuentes con nuestras propias ideas, y tratáramos de buscar, entre las ofertas programáticas que a voz en grito nos hacen los partidos candidatos a gobernarnos, seguramente no encontraríamos el número suficiente de coincidencias como para efectuar una rápida elección.

En esa tesitura, habria que hacer un segundo análisis, con menos rigor, buscando el mayor número de coincidencias. Así llegaríamos a una decisión:"estos son los que mejor me pueden representar" Y nos quedaríamos mas tranquilos, esperando que llegue el importante momento de depositar la papeleta electoral y ejercer nuestro derecho a elegir a nuestros representantes, los que en nuestro nombre van a ejercer el poder político durante los próximos cuatro años.

Hasta aqui un ejercicio de lógica de lo más simple, salvo que...no es tan sencillo ni tan limpio el proceso.

Para empezar esta el asunto de la credibilidad. ¿Nos creemos a pies juntillas lo que nos dicen que van a hacer? Pues no es facil discernir, entre lo mucho que prometen, lo que es su intención cumplir y el humo ambiente. Solamente hay un camino: el cumplimiento de promesas anteriores. Hayan ejercido el poder con anterioridad o no, podemos analizar si, de aquello que nos dijeron que se disponian a hacer o defender en anteriores convocatorias, realmente luego fue su empeño, bien desde el gobierno o la oposición.

Otro asunto importante: nos piden el voto para una lista cerrada, es decir, no tenemos otra opción que votar a todos los componentes de una lista, aunque en ella se mezclen personas que, pensamos a priori, merecen nuestro apoyo, con otras a las que no concedemos un mínimo de credibilidad. Pues eso no tiene solución, o lo tomas o lo dejas, o todos o nadie. Así pues nuestra libertad queda, en cierrto modo, condicionada.

Aun no hemos terminado. ¿Que pasa con la honradez? Ya se que los delincuentes, los ladrones, los que abusan de su posición para enriquecerse, lo hacen a título personal y no se puede generalizar ni catalogar a un partido entero por muchos garbanzos negros que haya en sus filas. Pero hay en esto una prueba del algodón. ¿Que ha hecho ese partido cuando se ha descubierto un caso de corrupción en sus filas? ¿Mirar para otro lado y negarlo todo? ¿Apartarlo fulminantemente de su militancia y responsabiidades? ¿Poner en manos de la justicia las pruebas incriminatorias, si las hay?

¿Segimos? Cuando ya lo tengamos más o menos claro, ¿por qué no analizamos tambien los posibles pactos postelectorales? Con quien se aliaron en anteriores circunstancias, o con quien es previsible que lo hagan ahora en caso de necesidad. Porque no creamos que gobernará la lista más votada, lo hará aquella coalición de partidos unidos para que no gobiernen los que obtuvieron un mayor apoyo popular.

Ahora se trata de elecciones locales o, en algun caso, autonómicas, pero pronto, antes de un año, tendremos nueva cita para las generales, y en ese caso habría que considerar otros factores como las circunscripciones electorales y el papel determinante de los pequeños partidos o los de ambito regional en la política nacional.

Si despues de tantas consideraciones llega a un diagnóstico claro y tiene ya decidido su voto ¡¡ Enhorabuena !!.

¿Quien dice que no hace falta una nueva Ley Electoral? ¿Que partido propugna ese cambio? ¿Quien lo llevará en su programa, junto con una limitación del tiempo de los mandatos? ¿No pretenden ser nuestros representantes?.

Muchas e importantes cuestiones a considerar. ¡¡ Suerte !!

La cleptocracia y el ocaso del mercado

Por Juan Manuel Blanco, profesor titular de Análisis Económico en la Universidad de Valencia.

Publicado en El Confidencial (26/11/2010 )

Hace unas semanas se publicaron los resultados de dos informes que merecen ser analizados. Por un lado, Doing business, del Banco Mundial, señalaba a España como uno de los países del mundo donde los emprendedores encuentran mayores trabas para abrir una empresa. Hasta diez complicados y larguísimos trámites burocráticos son necesarios para comenzar a operar un negocio. Por otro, según el índice de Transparency International, la corrupción política en España, ya endémica, había aumentado dramáticamente en el último quinquenio, degradándonos a puestos poco acordes con nuestro nivel de desarrollo material. Estos dos aspectos de la realidad, en apariencia inconexos, suelen presentarse conjuntamente: los países con más trabas, regulaciones, controles y exigencias de permisos a la actividad económica también suelen ser los más corruptos ¿Qué relación existe entre ambos fenómenos?

Hasta hace unos años se pensaba que la corrupción surgía como un recurso de la sociedad ante el exceso de regulaciones: una reaparición del mercado allí donde las autoridades, quizá bienintencionadas pero ignorantes, ponían barreras al desarrollo de la economía y a la creación de puestos de trabajo. Las diferentes administraciones irían generando miles de leyes, reglamentos, permisos o regulaciones muy difíciles de cumplir, incluso contradictorias entre sí, que ralentizarían la actividad económica y la creación de empresas. Sin embargo, gracias a unos oportunos sobornos, se lograría una aplicación muy laxa de estas regulaciones y una agilización de los trámites. Las comisiones pagadas a los políticos actuarían como un catalizador de la actividad económica aunque, a la postre, la carga se traspasase a los ciudadanos por el aumento de precio de las obras públicas, la vivienda y otros bienes.

La nueva visión de la corrupción

No obstante, pronto se reveló que esta visión benévola no era capaz de explicar la corrupción a gran escala. El fenómeno resultaba bastante más complejo y mucho más terrible, dañino y destructor. Y no constituía una salvación para el mercado sino, por el contrario, el germen de su desaparición. La corrupción no suele surgir como una estrategia del sector privado para sortear complicadas e insensatas regulaciones sino que son los gobernantes corruptos quienes establecen deliberadamente las trabas con el fin de crear nuevas oportunidades de enriquecimiento ilícito. Se trata de restringir la libre competencia imponiendo barreras a la entrada, de manera que las empresas que se establezcan (o comiencen ciertas actividades económicas, accedan a una licitación pública o consigan una recalificación del suelo) puedan obtener unas rentas no competitivas. Las normas o requisitos, fijados legalmente, deben ser lo suficientemente complejos o enrevesados como para permitir un fuerte grado de discrecionalidad en su aplicación. Así, las autoridades pueden, en la práctica, decidir libremente a quienes otorgan el privilegio mientras, en apariencia, cumplen las reglas. Pero el privilegio se otorga a cambio de un determinado pago al político o, más frecuentemente, al partido. Por tanto, la corrupción consiste en el reparto entre ciertas empresas y los políticos de las rentas no competitivas creadas por decisión deliberada de estos últimos.
La ausencia de una separación efectiva de poderes y la existencia de un régimen partitocrático constituyen un excelente caldo de cultivo para la corrupción, siendo España un buen ejemplo

La corrupción tiende a generalizarse cuando el régimen político carece de mecanismos eficaces de control del poder, permitiendo que el comportamiento discrecional y arbitrario de los gobernantes se ejerza sin apenas impedimentos. Así, la ausencia de una separación efectiva de poderes y la existencia de un régimen partitocrático constituyen un excelente caldo de cultivo para la corrupción, siendo España un buen ejemplo. Cuando el intercambio de comisiones y favores se generaliza hasta el punto de constituir la regla más que la excepción en las operaciones de cierta envergadura, las relaciones corruptas dejan de ser ocasionales para convertirse en estables y continuadas (tramas corruptas) y la frontera entre lo público y lo privado acaba difuminándose en beneficio de una clase política y ciertos empresarios que actúan en clara connivencia a costa del contribuyente. El régimen resultante suele denominarse cleptocracia. Los precios para la obtención de permisos y licencias (entre ellos, la controvertida recalificación del suelo) son bien conocidos por los participantes, así como las comisiones por la adjudicación de contratas públicas. No es necesaria la exigencia explícita de la contraprestación en cada caso pues todos conocen las reglas de juego y la forma de pago. Como consecuencia, las obras públicas suelen acarrear un coste final muy superior al que realmente corresponde, el valor del suelo queda sistemáticamente inflado y, si se privatizan empresas, éstas son vendidas a un precio muy inferior a su valor real. Muchas leyes, normas o disposiciones (estatales, autonómicas o municipales) que, a primera vista, parecen simplemente absurdas o contraproducentes, podrían tener como objetivo la creación de oportunidades adicionales de enriquecimiento para los partidos y para algunos dirigentes.

Las consecuencias de la cleptocracia

La cleptocracia genera una importante transferencia de rentas de los contribuyentes a los políticos y a ciertos grupos de presión cercanos al poder. Pero sus consecuencias son mucho más graves. Además de suponer una gran quiebra moral, la corrupción generalizada tiende a retorcer el espíritu de las leyes pues éstas acaban obligando y restringiendo a los ciudadanos pero dejan un amplio margen de actuación a los políticos. Crean también incertidumbre (desconfianza por parte de lo inversores extranjeros) e inseguridad jurídica, ya que las decisiones de las autoridades son imprevisibles, no ajustándose en realidad a las normas. Los principios de la competencia quedan en entredicho pues ésta se limita, en ciertos sectores, a aquellas empresas que gozan del favor oficial y, aunque algunas de ellas no desean participar en tan sucias actividades, acaban viéndose arrastradas debido a que el negocio queda cerrado para quien no paga el peaje. Desaparece así el fundamento del mercado ya que se prima a los menos honrados frente a los más competentes, con una gran pérdida de eficiencia, bienestar y posibilidades de crecimiento. Y el gasto público tiende a desviarse hacia aquellos proyectos que generan mayores comisiones para los partidos (generalmente las obras públicas) y no hacia aquellas necesidades sociales más perentorias. Muy típicas de las cleptocracias son las obras faraónicas.

Siendo tan graves las consecuencias de la corrupción generalizada, es necesario plantear y exigir unas reformas que establezcan los apropiados mecanismos de control del poder político, garanticen una efectiva separación de poderes y fijen unos sistemas adecuados de selección de los gobernantes. Y, sobre todo, determinen de forma inequívoca que el objetivo de las leyes debe consistir en garantizar la libertad de los ciudadanos y poner límites a la acción de los políticos y no al revés.