Por Nacho Cardero
Publicado en El Confidencial (18/05/2011)
Camps, Costa, Ripoll, Toledano, Valadez, Cuenca… Así hasta sumar una centena. De la Gürtel valenciana al cortijo andaluz, hay ciento una razones para no votar ni a PSOE ni a PP este 22 de mayo, tantas como imputados se presentan a las elecciones municipales y autonómicas. No hay excusas. Frente al derecho de los políticos a la presunción de inocencia también está el derecho de los ciudadanos a no ser tomados por tontos. Según una encuesta reciente, nueve de cada diez españoles piensan que las formaciones se mueven por intereses particulares, de equilibrio de poder, pongo a este candidato al frente de la lista porque controla el aparato, no por el interés de la sociedad. Si hubiera agencias de calificación para los partidos como las hay para la deuda soberana o las cajas de ahorros, a buen seguro que su nota no pasaría de bono basura.
Acaso por ser éste un país cuajado de pífanos y tramperos de baja estofa, nuestra clase política ha pasado de puntillas por los temas clave que preocupan a los ciudadanos. No sólo hay omertá respecto al mapa de la corrupción, esa piel de toro banderilleada por un sinfín de causas judiciales que tan gráficamente se muestra en la Red como ejemplo de la incuria de nuestra clase dirigente, sino que el pacto de silencio se extiende a otras materias que deberían haber sido verdadero objeto de debate en estos comicios, especialmente ahora que comienza a aparecer negro sobre blanco la situación insostenible de las arcas de ciudades y comunidades autónomas. ¿Alguien ha puesto sobre el tapete la conveniencia de suprimir las diputaciones? ¿O de evitar duplicidades de gasto en las administraciones? ¿Y qué dicen de la financiación municipal? ¿Y de la autonómica? ¿Quién ha hablado de la incapacidad de los ayuntamientos para ingresar o del déficit oculto de nuestras regiones?
Los candidatos han dispuesto de tiempo para hacerse la fotografía de rigor con los damnificados de Lorca y el bruñido trofeo de los campeones de Copa, pero no para dar soluciones a los problemas que están conduciendo a España hacia el abismo. Al socaire de estos hechos, cabe concluir que el nivel de estas elecciones es bajo, muy bajo, por no decir ínfimo.
Esta estrategia de dar la callada por respuesta, de la que son paradigma Mariano Rajoy (junto a su alter ego Pedro Arriola, inmarcesible gurú de Génova), por parte del PP, y Carme Chacón (de la mano de Miguel Barroso), por el lado del PSOE, dice mucho de la progresiva irrelevancia de nuestra clase política. Como explica el profesor Ludolfo Paramio en La globalización y el malestar en la democracia, “la desconfianza de los ciudadanos hacia los gobiernos y los partidos es consecuencia de su percepción de esta pérdida real de poder: la democracia seguirá siendo la mejor forma de gobierno, pero quienes gobiernan o aspiran a gobernar serán crecientemente irrelevantes”. Aunque la estrategia surta efecto, aunque sean unos candidatos eficientes, quizá buenos mandatarios si alcanzan el poder algún día, jamás se les colgará la medalla de hombres de Estado. No al menos para una minoría independiente y culta que no perdonará ni el silencio, ni la inacción, ni sus listas de imputados, ni la sumisión del interés general al particular en un contexto tan sombrío como el actual, del que sabemos su origen pero desconocemos su estación de término. Esa mancha no desaparece con una victoria en las generales. Al menos, no debería.
Son las formaciones minoritarias, con las que este diario no puede ocultar cierta afinidad por compartir verbo afilado e irreverente y por moverse al margen de la triada hegemónica que controla el país, caso de UPyD y Ciudadanos, las únicas que se atreven a encarar el problema de España sin complejos. Rosa Díez, líder de UPyD, lo hizo con una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para dificultar la presencia de imputados en listas, en la que se incluía una modificación de la Ley Electoral, que no se ha podido discutir antes de los comicios del 22-M, como era su intención, por zancadillas de los dos grandes partidos. En la exposición de motivos de dicha PL, se argüía que “la presunción de inocencia no puede convertirse de modo abusivo, sin daño para la democracia, en una patente de corso que permite enrocarse en las instituciones públicas a los imputados por corromper su funcionamiento, utilizando para su defensa los medios materiales y jurídicos que la institución puede poner a su servicio, con lo que esto implica de mal uso de tales recursos, privatizados de hecho para servir a intereses personales, y de suspensión de la igualdad ante la ley mediante las ventajas de todo tipo de que pueden disponer los cargos públicos en contraste con los ciudadanos privados”.
La oposición a este tipo de iniciativas y el comportamiento abúlico y clientelista de los partidos, mezclado en caliente con las consecuencias devastadoras de la crisis laboral, ha provocado un divorcio entre la sociedad civil y la clase política sin parangón en la historia reciente del país. Los ciudadanos no se fían. Movimientos espontáneos un tanto anárquicos, en los que se mezclan bloggers y jóvenes con kufiya, como #nolesvotes o Democracia real ya, cultivados en Internet y promotores de las manifestaciones del domingo 15 y martes 17 de mayo, se encargan de poner voz a este malestar creciente. No se trata de tomar el Parlamento ni de quemar conventos, como pretextan las grandes formaciones para menospreciar este tipo de iniciativas, sino de la creciente necesidad de una sociedad civil fuerte sin adhesiones inquebrantables a blasones roídos.
El informe que mejor refleja el desencanto actual, de mención obligada entre los estudiosos de la cosa, es Pulso de España 2010. Un informe sociológico (Biblioteca Nueva, 256 páginas), que disecciona a los jóvenes de nuestro país, chicos amamantados en la Red que no se consideran ni conservadores ni progresistas, sino todo lo contrario. Este informe, coordinado por José Juan Toharia, presidente de de Metroscopia, catedrático de Sociología en la Autónoma de Madrid y director académico de la Fundación Ortega-Marañón, nos describe a un país hastiado, cansado, harto de su clase dirigente: “Los españoles anhelan el relevo de ambos partidos [PSOE y PP] por otro tipo de estilo de gobernar y de controlar al Gobierno (…) Los españoles no abominan de la política, sino del modo, generalmente ramplón, mediocre y mezquino en que suelen conducirse la mayoría de los políticos. De estos políticos”.
Lo que está sucediendo en este país evoca a Casa Desolada de Charles Dickens, en el que sus protagonistas acuden a los juzgados para dirimir un pleito que se prolonga en el tiempo generación tras generación, y que cuando finalmente Lord Canciller emite veredicto, ya nadie se acuerda del origen de la disputa, pues los que la iniciaron se encuentran dos metros bajo tierra y los vencedores no tienen nada que celebrar por una sencilla razón: todo el dinero que por ley les corresponde será para pagar las costas del sinfín de abogados que les han asesorado en tan dilatado período de tiempo.
Algo similar le sucederá a España, cuyas cuadernas crujen hasta casi romperse, si los dos grandes partidos se llaman andana y, arrinconados por una opinión pública crítica, no tratan de recuperar la confianza de los ciudadanos y de unos mercados que tampoco se fían de nuestra clase dirigente. Tanto PSOE como PP están condenados a hacerlo, a aprender de sus errores y adaptarse a una sociedad que va mucho más rápido que sus políticos. Ellos son los que nos gobernarán tras el 22-M y a ellos hay que pedirles transparencia, que castiguen la corrupción, que levanten la alfombra de las cuentas públicas, que digan la verdad, en definitiva, que tomen medidas para acabar con esta España exangüe y desolada. Está en sus manos.
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