Editorial de El País (10/01/2012)
Dos expresidentes autonómicos del Partido Popular coincidirán al menos durante unos días en el banquillo de los acusados. Francisco Camps inicia su quinta semana de juicio por el asunto de los trajes del caso Gürtel, cuyas ramificaciones principales florecieron en la Comunidad Valenciana que presidió entre 2003 y 2011, así como en la de Madrid. Y ayer se inició en la Audiencia de Palma de Mallorca el primero de los juicios contra el expresidente balear Jaume Matas por el llamado caso Palma Arena, un árbol frondoso que ha dado lugar a 25 piezas separadas, una de ellas la que afecta al yerno del Rey y esposo de la infanta Cristina, Iñaki Urdagarin, y al resto de directivos del Instituto Nóos que obtuvieron de forma irregular, según la Fiscalía Anticorrupción, ventajosos contratos públicos con las Administraciones dirigidas por ambos presidentes autonómicos populares.
Sin duda, es casual la coincidencia de los dos juicios. Pero no cabe restarle, pese a ello, un innegable valor simbólico de carácter político. Al margen de los perfiles personales de sus protagonistas, los casos Palma Arena y Gürtel son quizás los más emblemáticos de la corrupción política de los últimos años en la España de la burbuja inmobiliaria, en la que la recalificación del suelo y los contratos públicos fueron en muchos casos instrumentos delictivos que, además de corromper a las Administraciones, tenían por objeto arramblar con el dinero del contribuyente.
La comunidad autónoma balear es quizás, junto a la valenciana, la que acumula más casos de corrupción en este periodo. Ambos gozaron durante un tiempo del apoyo de Rajoy hasta que se convirtieron en un obstáculo gigantesco en su camino hacia La Moncloa. Lo que recuerda otro de los episodios de corrupción más sonados de la reciente historia balear -los casos Sóller y Calvià- protagonizado por Antón Cañellas, obligado a dimitir a medidos de los años noventa de la presidencia de la comunidad por José María Aznar solo cuando este temió que amenazaba su primer asalto a la presidencia del Gobierno.
El juicio iniciado ayer contra Matas contempla uno de los variados aspectos del polifacético caso Palma Arena, nombre del velódromo cuyo desfase entre el coste licitado y el final de su construcción -de 43 a 110 millones de euros- despertó todas las sospechas de gestión delictiva y enriquecimiento ilícito por parte de la presidencia balear. En concreto, se enjuicia la entrega de casi medio millón de euros al periodista que le redactaba los discursos a Matas y luego los ensalzaba en medios propios o ajenos, como el diario El Mundo. Hay otra coincidencia: que a pesar de los ataques a jueces y fiscales y al intento de justificarse tras las urnas, los protagonistas de estos casos de corrupción terminan por responder ante la justicia y, si son declarados culpables, por saldar sus deudas con la sociedad y el Estado.
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