Cataclismo laboral

Editorial de El País (29/01/2012)
La recesión está hundiendo el mercado de trabajo español hasta cotas que, sin tremendismo, pueden calificarse como catastróficas. La encuesta de población activa (EPA) del cuarto trimestre de 2011 revela que durante el ejercicio se han alcanzado los 5.273.600 parados, un volumen tan elevado que amenaza con ser un grave factor de inestabilidad social, atenuado paradójicamente por la persistencia de amplias zonas de economía oculta. Para entender la gravedad de esta situación, que va mucho más allá del número total de desempleados, basta con mencionar tres circunstancias alarmantes. La primera es que el número de familias con todos sus miembros en paro supera ya el millón y medio: en torno al 9% del total de familias. Se dibuja así una depauperización que puede convertirse fácilmente en motivo de conflictos sociales de largo alcance.

Además, el profundo deterioro del mercado laboral, causado por una pérdida de ocupación que, lejos de remitir parece acelerarse (más de 350.000 personas afectadas en el último trimestre), se manifiesta en que, por primera vez desde el comienzo de la crisis, se está destruyendo empleo público de forma sustancial y en que los despidos masivos están afectando de forma significativa a los empleos indefinidos. Los ajustes exigidos en el sector público explican la caída del empleo en las Administraciones y en esta fase de negra depresión laboral se advierte la racionalidad de no engordar el empleo público en tiempos de prosperidad para no lastrar todavía más el empleo en tiempos de recesión.

De ambas caídas -la del empleo público y de los contratos indefinidos, la primera apenas en sus inicios- cabe deducir que durante los dos primeros trimestres de 2012 la ocupación seguirá descendiendo, de forma tan pronunciada o más que en el último trimestre de 2011. Durante 2012 no hay expectativas de redención para el mercado de trabajo. Porque no hay síntomas de recuperación de la actividad (más bien lo contrario) y los ajustes públicos seguirán generando parados. Sólo la disminución de la población activa permite suavizar algo la tasa de paro, que ya sube hasta el 22,85%.

No es necesario insistir en que una reforma laboral, en particular de la negociación colectiva, beneficiará al mercado de trabajo, ni volver sobre la prioridad de que bancos y cajas normalicen el flujo del crédito. Ambas reformas deben hacerse. Tampoco hay que negar el mérito teórico de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera porque perfila el compromiso legal del país con la solvencia de su deuda. Sin estabilidad financiera no hay posibilidad de reducir el endeudamiento, abaratar el servicio de la deuda y aumentar la influencia española en la zona euro. Debe constar, no obstante, que la estabilidad financiera no será posible si no se cumplen dos condiciones básicas: que se recupere una tasa mínima de crecimiento y que exista un cumplimiento real de los objetivos de déficit autonómico. No basta poner barreras sobre el papel.

Pero son iniciativas insuficientes para infundir ánimo en una sociedad que tiene una cuarta parte de su población en paro y sin expectativas de encontrar empleo a medio plazo. Es hora de que el Gobierno enseñe su plan de recuperación; si lo tiene. Una de las escasas opciones para reactivar la economía, favorecer el empleo y afianzar la moral social es un plan de tratamiento de choque de la demanda (consumo e inversión). Un plan de esta envergadura no puede abordarse, digan lo que digan Rajoy, Guindos y Montoro, sin una subida fiscal que permita financiar la reactivación de la economía. Es una decisión política que no debe demorarse, so pena de fracaso social, por más que la tentación sea aplazar las decisiones más radicales hasta después de las elecciones andaluzas.