Por Antonio Casado
Publicado en El Confidencial (17/02/2011)
Un par de cosas sobre el horizonte penal y político de Francisco Camps, el presidente de la Comunidad Valenciana, que se acaba de autoproclamar aspirante a seguir siéndolo, por el caso de los trajes que le regalaba Orange Market, franquicia valenciana de Gürtel, mientras ésta se beneficiaba con contratos de obras o servicios adjudicados por el Gobierno valenciano. Por el hecho de aceptar los “cuatro trajes”, que diría González Pons, Camps pudo haber cometido un delito de cohecho impropio, pues los regalos se hicieron en razón del cargo.
Todo eso no lo dice sólo el fiscal del caso, que ha pedido al juez instructor la apertura de juicio oral porque, según los dirigentes del PP, está vendido al Gobierno Zapatero. También lo dice el juez, José Flors, que siempre apreció "indicios de criminalidad". Y, por supuesto, lo respaldan los magistrados de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, sobre cuya militancia política ha especulado la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, si bien procede recordar que son los mismos que han apreciado indicios de prevaricación en la conducta de Baltasar Garzón. Los mismos que en su día (mayo de 2010) ordenaron reabrir la causa que antes (agosto de 2009) había sido archivada por el TSJV (Tribunal Superior de Justicia de Valencia), cuya sala de aforados estaba presidida entonces por el "más que amigo" de Camps, Juan Luis de la Rúa.
Antes de aquel archivo de la causa, Camps llegó comparecer como imputado ante el juez instructor, Jose Flors, que acababa de decretar la apertura de un procedimiento con jurado popular. De aquella comparecencia (mayo de 2009) rescato un pasaje muy congruente con la decisión de Camps, al parecer respaldada por Rajoy, de buscar su absolución en las urnas. Cuando el juez le preguntó si el tal Alvaro Pérez (más conocido por "El Bigotes") le debía algo, respondió: "Todos los valencianos me deben mucho. Reconocen mi empuje".
Ahí estamos. El aún presidente valenciano mimetiza al Fidel Castro sentencioso de 1953 que, después del famoso asalto al cuartel de Moncada, dijo ante el tribunal que le estaba juzgando su célebre frase: "La historia me absolverá". La variante Camps está más ligada a los códigos de la lucha por el poder: "Las urnas me absolverán". Es su línea de defensa frente a lo que su portavoz parlamentario, Rafael Blasco, califica de "cacería de la Justicia teledirigida por el Gobierno". La acusación se adapta a la posición de la cúpula nacional del PP, cuyos dirigentes atribuyen el escándalo a una operación de acoso orquestada desde Moncloa, utilizando incluso las instituciones del Estado, para impedir que el PP vuelva a ganar las elecciones en Valencia. En octubre de 2009, cuando se levantó parcialmente el secreto sumarial, la dirección de Génova ya denunciaba la "actuación sectaria y partidista del Gobierno y de la Fiscalía General del Estado".
El PP ha decidido aceptar el reto. Contra jueces y fiscales, urnas. Como si los votos de los ciudadanos tuvieran ese añadido valor absolutorio, o condenatorio en su caso, según los resultados, en relación con delitos o malas prácticas del gobernante reconocidas en sede judicial. Ante el presunto delito de cohecho impropio, que antes o después sentará a Camps frente a un tribunal o un jurado, los máximos responsables regionales y nacionales del PP asumen que las urnas derogarán el pronunciamiento de los jueces. "Diga lo que diga la justicia", como ya anticipó en su día el mismísimo Mariano Rajoy.
Inevitable recordar en este punto el eslogan con el que el PP llegó al poder en 1996: "El PP es incompatible con la corrupción."
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