El complot de Matusalén

Por Joaquín Estefanía

Publicado en El País (31/01/2011)

Recomiendan Milton y Rose Friedman en su Libertad de elegir (Editorial Ariel) que cualquier gobernante aproveche los 100 primeros días de su Administración para practicar las reformas que estime convenientes, antes de que los sindicatos de intereses se reorganicen y las impidan. Zapatero se ha hecho reformista, paradójicamente, en la última parte de su mandato, en el que, además, no tiene la mayoría absoluta parlamentaria que facilitaría los cambios, y él, su Gobierno y su partido, están fuertemente desgastados.

En este contexto, llega a Madrid el próximo jueves Angela Merkel, la dirigente europea que más énfasis ha puesto en la necesidad de esas reformas unidireccionales. Se encontrará con el siguiente panorama: un día antes se habrá firmado un pacto social entre el Gobierno y los sindicatos de trabajadores y de empresarios, cuyo nervio principal es la reforma del sistema público de pensiones, con el objetivo de hacerlo viable a medio plazo; el Gobierno ha cerrado unilateralmente una reforma laboral cuyo eje ha sido, se diga lo que se diga, un abaratamiento del despido; y el país está en pleno proceso de reestructuración del sistema financiero, que cambiará su faz a favor de una enorme concentración bancaria.

También se encontrará con dos datos macroeconómicos complementarios: una reducción acelerada del déficit de las Administraciones públicas un poco superior al que se había comprometido Zapatero (logrado más por el incremento de los ingresos que por la reducción de los gastos), y un paro que sigue creciendo, y que está por encima del 20% de la población activa.
Los niveles de desempleo de nuestro país son espeluznantes, y difíciles de entender por los socios europeos; su cuantía y su desagregación (un paro juvenil superior al 42% de la población activa, 2,15 millones de parados de larga duración, 1,3 millones de hogares en el que ninguno de los que buscan trabajo lo obtienen, una tasa de empleo temporal del 25%, etcétera) manifiestan un fracaso estructural que no ha sido capaz de modificar la reforma laboral, demostrando probablemente que su rectificación depende más del cambio de modelo productivo (el 55% de los casi tres millones de nuevos parados durante la Gran Recesión corresponde al sector de la construcción) que de la legislación laboral.

La reforma de las pensiones era una exigencia demográfica más que un diktat de los mercados, pero sin este último no se hubiese apresurado. Por primera vez, pronto habrá más viejos que jóvenes; no hay más que caminar por las ciudades españolas para observar que el envejecimiento es un fenómeno de masas, que acentuará la jubilación inminente de los hijos del baby boom de la posguerra. No envejecen solo las personas sino los pueblos; los ciudadanos europeos nos enfrentamos a un doble fenómeno: vivimos más tiempo y tenemos menos hijos. El filósofo Claude Levy-Strauss, dijo: "En comparación con la catástrofe demográfica, la caída del comunismo será algo insignificante" (El complot de Matusalén, de Frank Schirrmacher. Editorial Taurus).
La aportación de los sindicatos y patronal a este nuevo pacto de Estado en España, habiendo arrastrado a unos partidos políticos incapaces de ponerse de acuerdo, muestra, una vez más, su papel central en la cohesión social de los últimos 30 años.

La reforma financiera vive ahora su segunda etapa, tras la fusión fría de un enorme grupo de cajas de ahorro. Con el objeto de generar confianza en el sistema, las autoridades obligan a las entidades a aumentar los baremos de solvencia, en un intento de recapitalización más rápida e intensa de lo exigido por el calendario internacional (las normas de Basilea III daban un plazo para aumentar el capital de calidad entre los años 2013 y 2019).
Esta sobreactuación del Gobierno de Zapatero, que será bien vista por una Angela Merkel que tiene en su sistema financiero uno de los eslabones más débiles (en una demostración palpable de la diferente vara de medir entre países fuertes y periféricos), conlleva un gigantesco cambio que ha sido definido como otra desamortización de la economía española, con unos ganadores, los bancos, y unos perdedores netos, las cajas de ahorros.
Cuando terminen las reformas habrá que analizarlas también en términos de distribución de la renta y del poder económico, no solo de competitividad.