Publicado en Cotizalia (16/05/2011)
La noticia más importante de este fin de semana ha sido indudablemente una; el actual director del FMI, Strauss-Kahn, ha sido arrestado por una presunta agresión sexual en un hotel de Nueva York. Se le acusa de intento de violación y detención ilegal, cargos realmente graves y deleznables que podrían dar al traste con toda su carrera. Los detalles dados al respecto, que supongo todos conocerán y por ello no repetiré, son por el momento escuetos, y ya que el propio acusado se declara inocente creo que debemos esperar a la resolución del suceso para juzgar lo que ha ocurrido. De lo que no hay duda es de las extrañas circunstancias que rodean el caso, y que a continuación repasaré.
Punto primero, elecciones. En Francia ya están calentando motores para las próximas elecciones generales, se especulaba con un duelo Sarkozy – DSK – Le Pen. Strauss-Kahn era favorito para vencer pero, si se confirma lo ocurrido en el hotel de NY, habrá acabado con su carrera y los socialistas deberán buscar a otro referente que a priori no tendrá la popularidad necesaria para ganar.
En días anteriores, en el entorno del ex dirigente del FMI, se hablaba de una campaña mediática organizada contra su persona por todas las noticias que han salido a la luz referentes a su nivel de vida. ¿Un nuevo paso en este camino de “persecución” o casualidad y comportamiento delictivo? Sea lo que fuere a Sarko le ha venido muy bien todo lo que ha pasado para sus aspiraciones políticas.
Punto segundo, su papel en el FMI. Para muchos el organismo internacional sigue siendo un ente “neoliberal” y “despiadado” que merece todos los rechazos por algunos hechos del pasado pero, si analizamos un poco más a fondo, los cambios han sido mayúsculos durante su mandato.
Por una parte se ha impulsado a los países emergentes, por primera vez se les ha “tratado como a iguales” y para demostrarlo se les ha aumentado la cuota de poder en las decisiones del organismo. Ciertamente en el FMI sigue mandando EEUU, o al menos así debería ser por los porcentajes que le corresponden, pero desde luego el punto de inflexión ha sido notable. Muestra de ello es que, a pesar de esa aparente mayor representatividad, bajo el mandato de DSK no se ha dudado en llamarle la atención a quien ha sido necesario… incluidos los Estados Unidos por su deuda.
Por otra parte se han aceptado cuestiones como los controles de capital en ciertas circunstancias, algo impensable hace unos años. Parece como si se hubiese pasado del dogmatismo al pragmatismo, a buscar realmente qué puede funcionar mejor en una economía en lugar de aplicar recetas casi “preconfiguradas” y que en muchos casos no fueron acertadas.
Ahí está el caso de Irlanda en donde, como hemos visto anteriormente, el FMI defendió las pérdidas para los acreedores de los bancos por ser lo más sensato y lo que más ayudaría al país en el futuro. Todo ello a pesar de enfrentarse al BCE y al Tesoro de EEUU personificado en T. Geithner, por algún motivo interesado en que estas quitas no se ejecutasen.
Además se dice que Strauss-Kahn era un gran partidario de tomar las medidas necesarias para resolver el problema de la eurozona y estaba muy involucrado en ello. De hecho en los próximos días tenía importantes citas sobre esta cuestión, que ahora en el mejor de los casos se retrasarán y en el peor serán atendidos por otra persona (mirándolo desde el punto de vista español). Los próximos meses son cruciales, incluso hay opiniones de que veremos, para bien o para mal, el final del camino.
Tal era su voluntad de resolver el entuerto que el FMI estaba defendiendo últimamente la reestructuración de Grecia para evitar males mayores en el futuro. Hay que tener en cuenta que el BCE es un fervoroso “oponente” en dicha cuestión, e incluso que su propio país, Francia, también se ha mostrado contrario por medio de Sarkozy a cualquier medida que pueda perjudicar a los bancos patrios.
Y por si no se hubiese ganado pocos enemigos mencionó en más de una ocasión que era partidario de los “eurobonos”, o al menos eso recoge Reuters. En privado dejaba muy claro su postura en este sentido, la deuda pública comunitaria debería de ser implementada para solucionar la crisis que vemos a cambio de una fuerte supervisión en las reformas que hay que llevar a cabo en los países periféricos (cuestión con la que no puedo estar más de acuerdo). Aquí es Alemania quien mira con muy malos ojos la propuesta.
Es muy probable que algo haya pasado de lo que se nos cuenta, aunque como digo al principio habrá que esperar a que se aclare un poco más para juzgar. Desde luego si las acusación resultan ser ciertas merece el mayor de los rechazos, pero por el momento me mantengo a la expectativa. En mi opinión el trabajo que ha realizado en el FMI, especialmente tras la penosa herencia recibida, ha sido notorio. Si resulta condenado, el euro perderá uno de sus principales apoyos ya que seguramente quien venga detrás no tendrá la misma convicción al respecto para defenderlo. Por el momento como sustituto tenemos a John Lipsky, un estadounidense ex JP Morgan del que pronto sabremos si está de acuerdo con los postulados de su antecesor o no. Mucho me temo que no querrá hacer “tantos amigos”, y es una pena.
lunes, 16 de mayo de 2011
¿A quién votar el 22-M?
Por Galo Mateos
Publicado en El Confidencial (16/05/2011)
A tan solo unos días de las elecciones, convendría efectuar algunas reflexiones sobre el carácter de las mismas. Nos piden que elijamos, no entre distintas personas, sino entre distintos partidos políticos, representados por quienes estos han decidido como idóneos para disputar las elecciones. Cada 4 años celebramos esta ceremonia de creer que, a través de las urnas, nuestros problemas tendrían remedio. Pero hace ya bastantes citas, que perdimos esa fe y tratamos de combatir infructuosamente, el matiz más delicado de la vida política: la codicia. Ese impulso, consustancial a tantos hombres y mujeres de proyección pública que, tan a menudo, lleva a buscar atajos indebidos para acumular poder, riqueza o reconocimiento.
Pero esta condición, es tan vieja como la historia de la Humanidad, y resulta inútil seguir luchando por erradicarla desde la simple controversia social. Sería más sensato contar con su inevitable existencia y articular nuestra convivencia de tal manera que no vaya más allá de nuestro consentimiento. Esa es, sin duda, la ecuación que armoniza las democracias más avanzadas, no poner las esperanzas en la idoneidad de quien gobierne sino en los sistemas que le sometan a nuestros designios.
Por eso, para una verdadera sensibilidad democrática, estas elecciones son un mero trámite, porque su voto no cambiará fundamento alguno que le importe. Solo servirá para poner a punto una estrategia futura, que comenzamos hoy. Por bueno que sea el candidato, estamos a merced de un diseño que, más allá de engañosas formulaciones, en la práctica, le permite dejar de serlo sin control ni castigo.
Permítanos, entonces, ayudarle con la sugerencia del voto más eficiente de cara a esta ingrata y probable eventualidad de que seamos nuevamente decepcionados por los hechos. Hemos descartado las alcaldías por cuestión de espacio y por la certeza de que en ellas se han de dirimir criterios menores, respecto de nuestras aspiraciones de reforma. En el cuadro anexo, por autonomías, encontrará la recomendación del voto que castiga a las formaciones que traicionaron el espíritu de nuestra transición política, y minimizaría los daños de su gobierno. Observarán en el, cómo los últimos sondeos, marcan como ganador general al PP. Nada podemos hacer frente a ese hecho, es el reflejo actual de la interacción poder-electores, frente a la que nos oponemos mediante la alternativa de un partido moderadamente afín a nuestros intereses, como en nuestros análisis previos apreciábamos en C’s, UPyD o CenB. La opción siguiente en términos de eficacia, es aún más testimonial, la llamada abstención activa, equivalente al voto nulo, que no modifica la aritmética de la asignación de escaños. La abstención, seguirá en el orden del 25-30%, pues la apatía que ha despertado la casta política, se compensaría con los que acudan por librarse como sea de sus gobernantes actuales. Retengan, eso sí, la imagen del los ganadores dando las gracias la noche del día 22, porque será la última vez que usted pueda contar con su agradecimiento para los próximos cuatro años.
En todo caso, mejor ir a votar que quedarse en casa. No se aflija, pues con su voto, va usted a proporcionar a unos 50.000 españoles un fabuloso contrato de trabajo, de cuyas mejoras se ocuparán ellos mismos con prontitud. Tan beneficioso es el citado contrato, que la mayoría de los concurrentes, lo vienen repitiendo sin descanso desde anteriores legislaturas. Procure no estorbar al paso de sus blindados ni se oponga a la arbitrariedad de sus apetitos, fue usted quien les concedió ese poder, no haga que se lo tengan que recordar. Recuerde que a partir de ahora, usted está al margen, es solo una guerra de poder entre partidos, limítese a tomar postura ante el televisor, que su dinero les cuesta mantenerle distraído. Y procure ser condescendiente cuando le lleguen noticias sobre corrupción y abusos, todos somos humanos.
Sin más preámbulos, he aquí nuestro cuadro de recomendaciones alternativas, por supuesto, no vinculantes. Recuerde que el voto es suyo y su decisión personal, la única que vale:
ELECCIONES AUTONÓMICAS 2011
SONDEOS VOTO UTIL
Aragón PSOE/PP/IU* PAR / UPyD
Asturias PP/PSOE/FA* Foro Asturias
Baleares PP/PSOE/EU/UPyD* C's / CenB
Canarias PP/PSOE/CC* UPyD
Cantabria PP/PSOE/PRC* PRC / UPyD
Castilla LM PP UPyD/CenB
Castilla Leon PP UPyD / CenB
Ceuta PP UPyD
Com Valenciana PP Compromis
Extremadura PP UPyD, CenB
La Rioja PP PRC/ UPyD
Madrid PP C's / UPyD / CenB
Melilla PP UPyD
Murcia PP UPyD
Navarra UPN/PSN/NAF/PP* UPyD
*Previsible pacto de gobierno.
Nuestros fundamentos electorales
Obviamente estas elecciones tienen un carácter local, pero si superponemos los resultados de 2007 sobre estas, veremos qué es lo que ha cambiado en términos de tendencia. Si alcanzamos esos 2 millones de votos fuera de los partidos alternantes, resultaría suficiente. Por cuanto en unas generales, con el censo completo y teniendo como granero adicional parte de ese 25-30% de abstención esperable, bastaría para aspirar a esa cifra total de 3 millones que perseguimos; una cifra, cuya única opción viable, pasa por consensuar un llamamiento para un referéndum al que gane por mayoría simple y no le baste para gobernar con los habituales apoyos de partidos nacionalistas. Por remoto que sea, reunir voluntades, es nuestra única opción de cambio.
De no conseguir esas cifras o la agrupación de esfuerzos ante la Generales, nos pasaríamos otros 4 años viendo gobernar y disfrutar de nuestros impuestos a alguien que, haciéndolo mejor que los anteriores –imposible hacerlo de otra manera-, vive con el descaro de concentrar los tres poderes y maneja las instituciones a su entero antojo, en ese privativo y algodonoso edén judicial, en el que retozan sus señorías.
En todo caso, el día después, valoraremos el sumatorio de la columna de la derecha (UPyD, C’s, PAR, Foro por Asturias, PRC, Coalición Compromís y CenB), para que ese total nos confirme opciones serias para seguir adelante. En unos días comprobaremos nuestra capacidad de castigo sobre los partidos a evitar, así como la verificación de que disponemos de alternativas razonables.
Próxima etapa
A partir de estos comicios, nuestro blog se debería convertir, además de en un punto de encuentro, en una herramienta especializada de conocimiento y participación ciudadana, propia de esa nueva sociedad que pretendemos. En la medida en la que este humilde servidor pueda gozar de su inestimable apoyo, tal vez nos concedan nuevos espacios en este medio, desde los que profundizar en las transformaciones políticas, económicas y sociales que hemos venido enumerando, y en la estrategia de encuentro con otros movimientos, para formar parte de ese nuevo proyecto de país mejor, que millones de personas anhelamos.
Así que, amigos lectores, nos veremos en las urnas, finalizando así este intenso viaje en el que hemos venido analizando las particularidades de nuestro sistema político, económico y social. A partir de hoy este vagón quedará apartado en espera de la convocatoria de las próximas elecciones Generales, ante la que desplegaremos nuestra mejor intención y estrategia.
Quiero decirles, también, que durante estos tres meses de viaje, con más de 6.000 contribuciones de su parte, hemos atravesado con éxito campos minados para la palabra y que podemos estar orgullosos de haber constituido uno de los foros más difundidos, innovadores y de mejor comportamiento que hayamos compartido por este canal.
Por último, y parafraseando los relatos épicos que nos acompañaron en los últimos artículos, debo decirles que leerles y sentir su apoyo, ha sido un verdadero honor, y que para todos y cada uno, guardaré siempre un cariño y admiración especial, por su forma de ser hombres ante la historia y el porvenir, pues aun sabiéndose derrotados por el peso de esa onerosa casta política, hicieron gala de un heróico optimismo. Son ustedes, el coraje que esta sociedad necesita para salir de tan lamentable situación. Se han hecho dignos acreedores de un futuro mejor, que si aún, en estas elecciones, no nos corresponde disfrutar, constituye un punto de partida para las siguientes, en las que el éxito de nuestra empresa, puede estar más cerca.
Que voten con sabiduría y conciencia, y, a todos, muchas gracias.
Publicado en El Confidencial (16/05/2011)
A tan solo unos días de las elecciones, convendría efectuar algunas reflexiones sobre el carácter de las mismas. Nos piden que elijamos, no entre distintas personas, sino entre distintos partidos políticos, representados por quienes estos han decidido como idóneos para disputar las elecciones. Cada 4 años celebramos esta ceremonia de creer que, a través de las urnas, nuestros problemas tendrían remedio. Pero hace ya bastantes citas, que perdimos esa fe y tratamos de combatir infructuosamente, el matiz más delicado de la vida política: la codicia. Ese impulso, consustancial a tantos hombres y mujeres de proyección pública que, tan a menudo, lleva a buscar atajos indebidos para acumular poder, riqueza o reconocimiento.
Pero esta condición, es tan vieja como la historia de la Humanidad, y resulta inútil seguir luchando por erradicarla desde la simple controversia social. Sería más sensato contar con su inevitable existencia y articular nuestra convivencia de tal manera que no vaya más allá de nuestro consentimiento. Esa es, sin duda, la ecuación que armoniza las democracias más avanzadas, no poner las esperanzas en la idoneidad de quien gobierne sino en los sistemas que le sometan a nuestros designios.
Por eso, para una verdadera sensibilidad democrática, estas elecciones son un mero trámite, porque su voto no cambiará fundamento alguno que le importe. Solo servirá para poner a punto una estrategia futura, que comenzamos hoy. Por bueno que sea el candidato, estamos a merced de un diseño que, más allá de engañosas formulaciones, en la práctica, le permite dejar de serlo sin control ni castigo.
Permítanos, entonces, ayudarle con la sugerencia del voto más eficiente de cara a esta ingrata y probable eventualidad de que seamos nuevamente decepcionados por los hechos. Hemos descartado las alcaldías por cuestión de espacio y por la certeza de que en ellas se han de dirimir criterios menores, respecto de nuestras aspiraciones de reforma. En el cuadro anexo, por autonomías, encontrará la recomendación del voto que castiga a las formaciones que traicionaron el espíritu de nuestra transición política, y minimizaría los daños de su gobierno. Observarán en el, cómo los últimos sondeos, marcan como ganador general al PP. Nada podemos hacer frente a ese hecho, es el reflejo actual de la interacción poder-electores, frente a la que nos oponemos mediante la alternativa de un partido moderadamente afín a nuestros intereses, como en nuestros análisis previos apreciábamos en C’s, UPyD o CenB. La opción siguiente en términos de eficacia, es aún más testimonial, la llamada abstención activa, equivalente al voto nulo, que no modifica la aritmética de la asignación de escaños. La abstención, seguirá en el orden del 25-30%, pues la apatía que ha despertado la casta política, se compensaría con los que acudan por librarse como sea de sus gobernantes actuales. Retengan, eso sí, la imagen del los ganadores dando las gracias la noche del día 22, porque será la última vez que usted pueda contar con su agradecimiento para los próximos cuatro años.
En todo caso, mejor ir a votar que quedarse en casa. No se aflija, pues con su voto, va usted a proporcionar a unos 50.000 españoles un fabuloso contrato de trabajo, de cuyas mejoras se ocuparán ellos mismos con prontitud. Tan beneficioso es el citado contrato, que la mayoría de los concurrentes, lo vienen repitiendo sin descanso desde anteriores legislaturas. Procure no estorbar al paso de sus blindados ni se oponga a la arbitrariedad de sus apetitos, fue usted quien les concedió ese poder, no haga que se lo tengan que recordar. Recuerde que a partir de ahora, usted está al margen, es solo una guerra de poder entre partidos, limítese a tomar postura ante el televisor, que su dinero les cuesta mantenerle distraído. Y procure ser condescendiente cuando le lleguen noticias sobre corrupción y abusos, todos somos humanos.
Sin más preámbulos, he aquí nuestro cuadro de recomendaciones alternativas, por supuesto, no vinculantes. Recuerde que el voto es suyo y su decisión personal, la única que vale:
ELECCIONES AUTONÓMICAS 2011
SONDEOS VOTO UTIL
Aragón PSOE/PP/IU* PAR / UPyD
Asturias PP/PSOE/FA* Foro Asturias
Baleares PP/PSOE/EU/UPyD* C's / CenB
Canarias PP/PSOE/CC* UPyD
Cantabria PP/PSOE/PRC* PRC / UPyD
Castilla LM PP UPyD/CenB
Castilla Leon PP UPyD / CenB
Ceuta PP UPyD
Com Valenciana PP Compromis
Extremadura PP UPyD, CenB
La Rioja PP PRC/ UPyD
Madrid PP C's / UPyD / CenB
Melilla PP UPyD
Murcia PP UPyD
Navarra UPN/PSN/NAF/PP* UPyD
*Previsible pacto de gobierno.
Nuestros fundamentos electorales
Obviamente estas elecciones tienen un carácter local, pero si superponemos los resultados de 2007 sobre estas, veremos qué es lo que ha cambiado en términos de tendencia. Si alcanzamos esos 2 millones de votos fuera de los partidos alternantes, resultaría suficiente. Por cuanto en unas generales, con el censo completo y teniendo como granero adicional parte de ese 25-30% de abstención esperable, bastaría para aspirar a esa cifra total de 3 millones que perseguimos; una cifra, cuya única opción viable, pasa por consensuar un llamamiento para un referéndum al que gane por mayoría simple y no le baste para gobernar con los habituales apoyos de partidos nacionalistas. Por remoto que sea, reunir voluntades, es nuestra única opción de cambio.
De no conseguir esas cifras o la agrupación de esfuerzos ante la Generales, nos pasaríamos otros 4 años viendo gobernar y disfrutar de nuestros impuestos a alguien que, haciéndolo mejor que los anteriores –imposible hacerlo de otra manera-, vive con el descaro de concentrar los tres poderes y maneja las instituciones a su entero antojo, en ese privativo y algodonoso edén judicial, en el que retozan sus señorías.
En todo caso, el día después, valoraremos el sumatorio de la columna de la derecha (UPyD, C’s, PAR, Foro por Asturias, PRC, Coalición Compromís y CenB), para que ese total nos confirme opciones serias para seguir adelante. En unos días comprobaremos nuestra capacidad de castigo sobre los partidos a evitar, así como la verificación de que disponemos de alternativas razonables.
Próxima etapa
A partir de estos comicios, nuestro blog se debería convertir, además de en un punto de encuentro, en una herramienta especializada de conocimiento y participación ciudadana, propia de esa nueva sociedad que pretendemos. En la medida en la que este humilde servidor pueda gozar de su inestimable apoyo, tal vez nos concedan nuevos espacios en este medio, desde los que profundizar en las transformaciones políticas, económicas y sociales que hemos venido enumerando, y en la estrategia de encuentro con otros movimientos, para formar parte de ese nuevo proyecto de país mejor, que millones de personas anhelamos.
Así que, amigos lectores, nos veremos en las urnas, finalizando así este intenso viaje en el que hemos venido analizando las particularidades de nuestro sistema político, económico y social. A partir de hoy este vagón quedará apartado en espera de la convocatoria de las próximas elecciones Generales, ante la que desplegaremos nuestra mejor intención y estrategia.
Quiero decirles, también, que durante estos tres meses de viaje, con más de 6.000 contribuciones de su parte, hemos atravesado con éxito campos minados para la palabra y que podemos estar orgullosos de haber constituido uno de los foros más difundidos, innovadores y de mejor comportamiento que hayamos compartido por este canal.
Por último, y parafraseando los relatos épicos que nos acompañaron en los últimos artículos, debo decirles que leerles y sentir su apoyo, ha sido un verdadero honor, y que para todos y cada uno, guardaré siempre un cariño y admiración especial, por su forma de ser hombres ante la historia y el porvenir, pues aun sabiéndose derrotados por el peso de esa onerosa casta política, hicieron gala de un heróico optimismo. Son ustedes, el coraje que esta sociedad necesita para salir de tan lamentable situación. Se han hecho dignos acreedores de un futuro mejor, que si aún, en estas elecciones, no nos corresponde disfrutar, constituye un punto de partida para las siguientes, en las que el éxito de nuestra empresa, puede estar más cerca.
Que voten con sabiduría y conciencia, y, a todos, muchas gracias.
jueves, 12 de mayo de 2011
O se reforma la Constitución o esto no tiene arreglo
Por Melchor Miralles
Publicado en El Confidecial (12/05/2011)
El etarra Errandonea ha sido protagonista, sin duda, de la gran foto de la campaña electoral. Puño en alto, sonriente tras salir de la prisión de Herrera de la Mancha, rodeado de familiares y amigos, con la pancarta en la que se evidencia que los terroristas votan Bildu, la marca de la casa. Pascual Sala, presidente del Tribunal Constitucional por la gracia de José Luis Rodríguez Zapatero, nos dirá que la leyenda "Independentzia ETA sozialismoa" significa "Independencia y socialismo", porque en euskera 'eta' es la conjunción copulativa, pero insisto, a otro perro con ese hueso, porque no hay tribunal, por constitucional que sea, que convenza a nadie que sepa de qué va la cosa de que la leyenda ETA, en manos de un miembro de la organización terrorista y sus amigos, no es sino el acrónimo de la banda.
A estas alturas me parece evidente que al Tribunal Constitucional le facilitaron el trabajo los magistrados del Tribunal Supremo que formularon voto particular, porque leído el texto y comparado con el fallo, aunque comparto la decisión final que impedía a Bildu comparecer a las elecciones, me parece que la argumentación, la arquitectura jurídica que sostenía el criterio minoritario estaba mejor construido y no me cabe duda alguna de que así lo han interpretado quienes en el TC tenían claro que querían resolver del modo que le interesaba al Gobierno.
Dicho, o mejor, escrito esto, tampoco albergo dudas respecto a que el TC se ha pasado por el arco del triunfo lo establecido en la Constitución respecto a sus funciones. El artículo 161 establece claramente que es competente para conocer de los recursos de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley y del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades fundamentales, pero no se trata de un tribunal de instancia, es decir, no puede entrar a valorar los hechos juzgados, ya que la Constitución señala que es el Tribunal Supremo "el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes". El TC ha invadido por tanto competencias que no tiene.
Nunca atendiendo al interés de los ciudadanos
La foto ha generado reacciones en cascada ya ampliamente comentadas. Sí quiero insistir en que es incomprensible que el Gobierno y el PSOE que los sustenta, tras expresar su satisfacción y comodidad con la sentencia del Constitucional, nos digan que el Ejecutivo ha pedido a la Abogacía del Estado la foto por si debiera tener consecuencias legales y el partido que rechaza enérgicamente su rechazo a la actitud de Errandonea. Que me lo expliquen, por favor. Si ETA no está detrás de Bildu y están encantados de la vida de que Bildu se presente a las lecciones, ¿por qué les genera rechazo la foto? Debieran haberla aplaudido e incluso podían felicitarse de que se la hayan hecho.
Triste panorama. Y no nos engañemos. Mientras no se proceda a una reforma de la Constitución, seguiremos igual y, como un deja vu, como un día de la marmota que nunca termina, reviviremos episodios similares. La reforma de la Carta Magna sería bienvenida por muchas razones y tocando muchos artículos (título preliminar, título segundo, título III...), pero, en lo que se refiere al asunto que nos ocupa, mientras el artículo 159 no se modifique y el Tribunal Constitucional siga teniendo doce miembros nombrados cuatro a propuesta del Congreso y otros tantos del Senado, en ambos casos por mayoría de tres quintos; dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, seguiremos en las mismas. Mientras el Poder Ejecutivo, omnímodo, consiga a través del Legislativo, reproducir en el Judicial miméticamente el reparto de escaños de las Cámaras, imponiendo el poder absoluto derivado de la aritmética electoral en el control férreo de la Justicia, seguiremos asistiendo a espectáculos como este, unas veces en favor de posiciones defendidas por el Partido Socialista y otras en favor de argumentos del Partido Popular, y nunca atendiendo al interés de los ciudadanos y a garantizar un funcionamiento adecuado y democrático de un Estado de Derecho que deja mucho que desear.
Esto es lo que hay. Nos guste o nos disguste. Podemos seguir erre que erre en la polémica, y mientras tanto, con el beneplácito de los dos partidos mayoritarios y la risa floja de los partidos nacionalistas siempre dispuestos a sacar tajada de las debilidades democráticas del sistema, siguen resquebrajándose principios esenciales que debieran ser los pilares de la arquitectura de nuestro Estado de Derecho. Pues nada, que continúe la fiesta, que siga la campaña, que no paren los mítines, y los del Constitucional que se vayan de vacaciones, que ya se han ganado el sueldo al servicio de los partidos políticos a quienes sirven fielmente. Y a los ciudadanos, ajo y agua, que llega el verano.
Publicado en El Confidecial (12/05/2011)
El etarra Errandonea ha sido protagonista, sin duda, de la gran foto de la campaña electoral. Puño en alto, sonriente tras salir de la prisión de Herrera de la Mancha, rodeado de familiares y amigos, con la pancarta en la que se evidencia que los terroristas votan Bildu, la marca de la casa. Pascual Sala, presidente del Tribunal Constitucional por la gracia de José Luis Rodríguez Zapatero, nos dirá que la leyenda "Independentzia ETA sozialismoa" significa "Independencia y socialismo", porque en euskera 'eta' es la conjunción copulativa, pero insisto, a otro perro con ese hueso, porque no hay tribunal, por constitucional que sea, que convenza a nadie que sepa de qué va la cosa de que la leyenda ETA, en manos de un miembro de la organización terrorista y sus amigos, no es sino el acrónimo de la banda.
A estas alturas me parece evidente que al Tribunal Constitucional le facilitaron el trabajo los magistrados del Tribunal Supremo que formularon voto particular, porque leído el texto y comparado con el fallo, aunque comparto la decisión final que impedía a Bildu comparecer a las elecciones, me parece que la argumentación, la arquitectura jurídica que sostenía el criterio minoritario estaba mejor construido y no me cabe duda alguna de que así lo han interpretado quienes en el TC tenían claro que querían resolver del modo que le interesaba al Gobierno.
Dicho, o mejor, escrito esto, tampoco albergo dudas respecto a que el TC se ha pasado por el arco del triunfo lo establecido en la Constitución respecto a sus funciones. El artículo 161 establece claramente que es competente para conocer de los recursos de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley y del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades fundamentales, pero no se trata de un tribunal de instancia, es decir, no puede entrar a valorar los hechos juzgados, ya que la Constitución señala que es el Tribunal Supremo "el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes". El TC ha invadido por tanto competencias que no tiene.
Nunca atendiendo al interés de los ciudadanos
La foto ha generado reacciones en cascada ya ampliamente comentadas. Sí quiero insistir en que es incomprensible que el Gobierno y el PSOE que los sustenta, tras expresar su satisfacción y comodidad con la sentencia del Constitucional, nos digan que el Ejecutivo ha pedido a la Abogacía del Estado la foto por si debiera tener consecuencias legales y el partido que rechaza enérgicamente su rechazo a la actitud de Errandonea. Que me lo expliquen, por favor. Si ETA no está detrás de Bildu y están encantados de la vida de que Bildu se presente a las lecciones, ¿por qué les genera rechazo la foto? Debieran haberla aplaudido e incluso podían felicitarse de que se la hayan hecho.
Triste panorama. Y no nos engañemos. Mientras no se proceda a una reforma de la Constitución, seguiremos igual y, como un deja vu, como un día de la marmota que nunca termina, reviviremos episodios similares. La reforma de la Carta Magna sería bienvenida por muchas razones y tocando muchos artículos (título preliminar, título segundo, título III...), pero, en lo que se refiere al asunto que nos ocupa, mientras el artículo 159 no se modifique y el Tribunal Constitucional siga teniendo doce miembros nombrados cuatro a propuesta del Congreso y otros tantos del Senado, en ambos casos por mayoría de tres quintos; dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, seguiremos en las mismas. Mientras el Poder Ejecutivo, omnímodo, consiga a través del Legislativo, reproducir en el Judicial miméticamente el reparto de escaños de las Cámaras, imponiendo el poder absoluto derivado de la aritmética electoral en el control férreo de la Justicia, seguiremos asistiendo a espectáculos como este, unas veces en favor de posiciones defendidas por el Partido Socialista y otras en favor de argumentos del Partido Popular, y nunca atendiendo al interés de los ciudadanos y a garantizar un funcionamiento adecuado y democrático de un Estado de Derecho que deja mucho que desear.
Esto es lo que hay. Nos guste o nos disguste. Podemos seguir erre que erre en la polémica, y mientras tanto, con el beneplácito de los dos partidos mayoritarios y la risa floja de los partidos nacionalistas siempre dispuestos a sacar tajada de las debilidades democráticas del sistema, siguen resquebrajándose principios esenciales que debieran ser los pilares de la arquitectura de nuestro Estado de Derecho. Pues nada, que continúe la fiesta, que siga la campaña, que no paren los mítines, y los del Constitucional que se vayan de vacaciones, que ya se han ganado el sueldo al servicio de los partidos políticos a quienes sirven fielmente. Y a los ciudadanos, ajo y agua, que llega el verano.
miércoles, 11 de mayo de 2011
¿Está harto de los políticos? ¡Atrévase a votar en blanco!
Por José L. Lobo
Publicado en El Confidencial (11/05/2011)
Es probable que usted esté harto, incluso más que harto, de los políticos. Pero eso, créame, no le convierte en un antisistema; todo lo más, en un ciudadano/contribuyente/elector muy cabreado. De hecho, el problema que más preocupa a los españoles, tras el paro y la crisis económica, es la clase política, según revela el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Y motivos para el desencanto, ciertamente, no faltan. Nuestros líderes -y no sólo ellos: la mediocridad es un virus que carcome todos los niveles del entramado político-, lejos de alentar esa primavera democrática imprescindible para regenerar de arriba abajo el sistema, parecen empeñados en ahondar más si cabe la grieta que los aleja de la masa de potenciales votantes.
No a todos, por supuesto. Un militante del PSOE de probada fidelidad a esas siglas e inmune a los bandazos, recortes y sacrificios impuestos por José Luis Rodríguez Zapatero en esta legislatura seguirá votando socialista por mucho que su líder -o precisamente por eso- eche toda la culpa al PP, sin el menor asomo de rubor o la más leve autocrítica -¡hace falta tener cuajo!- de la errática legión de casi cinco millones de parados que se agolpan como zombies en las oficinas de empleo. Y un votante confeso del PP, con tal de arrojar al PSOE al fuego de la oposición, mirará hacia otro lado cuando Mariano Rajoy pase de puntillas, sin mojarse ni arriesgar, sobre la sentencia del Constitucional que abre a Bildu las puertas del 22-M, con el argumento de que quiere centrarse en "los verdaderos problemas de los ciudadanos", como si éstos fueran robots que, desprovistos de principios, ideales y memoria, sólo respondieran a estímulos económicos.
¿Dejaría de votar al PNV un jeltzale de toda la vida después de escuchar al líder de su partido, Iñigo Urkullu, reconocer públicamente que "para favorecer la legalización de Bildu hemos hecho lo posible y lo imposible, hemos hecho cosas que se pueden contar y otras que no", admitiendo implícitamente que se han puesto en práctica inconfesables y oscuras maniobras -¿sobre los jueces del Constitucional?, ¿sobre el Gobierno?- para forzar la ajustada sentencia final? La respuesta, muy probablemente, es no. ¿Será castigado en las urnas Francisco Camps por aceptar regalos de una trama corrupta, adjudicar irregularmente contratos millonarios, mentir públicamente en las Cortes Valencianas y estar a punto de sentarse en el banquillo? Todo lo contrario: por mucho que miles de valencianos se avergüencen de tener a un presidente de la Generalitat bajo sospecha, Camps revalidará con creces el 22-M su ya aplastante mayoría absoluta.
Asqueados de la 'partitocracia'
Pero, ¿qué salida tienen los ciudadanos asqueados de esta partitocracia que tiene poco menos que secuestrada nuestra democracia? ¿Cómo pueden expresar su rechazo a un sistema de partidos endogámico, de listas cerradas, disciplina de voto, adulación al líder, cuentas opacas, corrupción rampante y en el que no siempre encuentran acomodo los más brillantes, sino los más dóciles y serviles con los aparatos? ¿Por qué conformarse con la tibieza de un Rajoy, la estulticia de un Zapatero, la prepotencia de un Francisco Álvarez Cascos o el populismo castizo de una Esperanza Aguirre a la hora de depositar el voto? ¿Por qué resignarse a la abstención -legítima, pero poco comprometida- o a votar con la nariz tapada a un candidato con el único fin de cerrar el paso al candidato rival, tal vez más mediocre y corrupto que aquél?
Leer a José Saramago puede ser un buen antídoto contra la desesperanza para aquellos que, sintiéndose demócratas y queriendo ejercer su derecho al voto, no se ven representados por una clase política de la que, en general, abominan. En un pasaje de su Ensayo sobre la lucidez, el Premio Nobel portugués lanza este afilado dardo: "El sistema democrático tiene una bomba, y la bomba es el voto en blanco. Un cambio democrático puede nacer del uso consciente, muy consciente, del voto en blanco. Eso sería darle un susto, un susto tremendo al sistema electoral. A mí me gustaría que la ciudadanía le diera un susto muy fuerte a la clase política con el voto en blanco. Así se tenga el 80 por ciento de abstención, el sistema seguirá funcionando; pero, ¿qué ocurriría, qué haría un gobierno si se encuentra con un 80 por ciento de votos en blanco?".
Esa es la pregunta: ¿Podría mirar hacia otro lado nuestra clase política y fingir que no ha pasado nada si los ciudadanos le dieran en las urnas un voto de castigo de esa magnitud? ¿Serían capaces los aparatos de los partidos de contener una marea de indignación cívica de tal calibre y seguir guardando bajo siete llaves la reforma de la Ley Electoral? Según nuestro sistema electoral, basado en la fórmula D'Hondt, el voto en blanco se contabiliza como voto válido, pero no computa a la hora del reparto de escaños. Los detractores del voto en blanco sostienen, erróneamente, que esta opción beneficia a los partidos mayoritarios. Nada más lejos de la realidad: si acaso son las formaciones minoritarias las que pueden resultar perjudicadas para pasar el corte del 3% o el 5% de los votos -según los casos- que les dé representación institucional.
En las últimas elecciones celebradas hasta la fecha -las autonómicas catalanas del pasado mes de noviembre-, el voto en blanco alcanzó su máximo histórico, rozando el 3%. Un porcentaje nada desdeñable, pero insuficiente para inquietar a la clase política. Y mucho menos para forzar a los partidos mayoritarios a impulsar una reforma de la Ley Electoral que va en contra de sus intereses tribales: que los votos en blanco se traduzcan en escaños -vacíos, por supuesto- en el Parlamento. Puede parecer una utopía, pero alcanzarla sólo depende de usted. ¿Se atreve?
Publicado en El Confidencial (11/05/2011)
Es probable que usted esté harto, incluso más que harto, de los políticos. Pero eso, créame, no le convierte en un antisistema; todo lo más, en un ciudadano/contribuyente/elector muy cabreado. De hecho, el problema que más preocupa a los españoles, tras el paro y la crisis económica, es la clase política, según revela el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Y motivos para el desencanto, ciertamente, no faltan. Nuestros líderes -y no sólo ellos: la mediocridad es un virus que carcome todos los niveles del entramado político-, lejos de alentar esa primavera democrática imprescindible para regenerar de arriba abajo el sistema, parecen empeñados en ahondar más si cabe la grieta que los aleja de la masa de potenciales votantes.
No a todos, por supuesto. Un militante del PSOE de probada fidelidad a esas siglas e inmune a los bandazos, recortes y sacrificios impuestos por José Luis Rodríguez Zapatero en esta legislatura seguirá votando socialista por mucho que su líder -o precisamente por eso- eche toda la culpa al PP, sin el menor asomo de rubor o la más leve autocrítica -¡hace falta tener cuajo!- de la errática legión de casi cinco millones de parados que se agolpan como zombies en las oficinas de empleo. Y un votante confeso del PP, con tal de arrojar al PSOE al fuego de la oposición, mirará hacia otro lado cuando Mariano Rajoy pase de puntillas, sin mojarse ni arriesgar, sobre la sentencia del Constitucional que abre a Bildu las puertas del 22-M, con el argumento de que quiere centrarse en "los verdaderos problemas de los ciudadanos", como si éstos fueran robots que, desprovistos de principios, ideales y memoria, sólo respondieran a estímulos económicos.
¿Dejaría de votar al PNV un jeltzale de toda la vida después de escuchar al líder de su partido, Iñigo Urkullu, reconocer públicamente que "para favorecer la legalización de Bildu hemos hecho lo posible y lo imposible, hemos hecho cosas que se pueden contar y otras que no", admitiendo implícitamente que se han puesto en práctica inconfesables y oscuras maniobras -¿sobre los jueces del Constitucional?, ¿sobre el Gobierno?- para forzar la ajustada sentencia final? La respuesta, muy probablemente, es no. ¿Será castigado en las urnas Francisco Camps por aceptar regalos de una trama corrupta, adjudicar irregularmente contratos millonarios, mentir públicamente en las Cortes Valencianas y estar a punto de sentarse en el banquillo? Todo lo contrario: por mucho que miles de valencianos se avergüencen de tener a un presidente de la Generalitat bajo sospecha, Camps revalidará con creces el 22-M su ya aplastante mayoría absoluta.
Asqueados de la 'partitocracia'
Pero, ¿qué salida tienen los ciudadanos asqueados de esta partitocracia que tiene poco menos que secuestrada nuestra democracia? ¿Cómo pueden expresar su rechazo a un sistema de partidos endogámico, de listas cerradas, disciplina de voto, adulación al líder, cuentas opacas, corrupción rampante y en el que no siempre encuentran acomodo los más brillantes, sino los más dóciles y serviles con los aparatos? ¿Por qué conformarse con la tibieza de un Rajoy, la estulticia de un Zapatero, la prepotencia de un Francisco Álvarez Cascos o el populismo castizo de una Esperanza Aguirre a la hora de depositar el voto? ¿Por qué resignarse a la abstención -legítima, pero poco comprometida- o a votar con la nariz tapada a un candidato con el único fin de cerrar el paso al candidato rival, tal vez más mediocre y corrupto que aquél?
Leer a José Saramago puede ser un buen antídoto contra la desesperanza para aquellos que, sintiéndose demócratas y queriendo ejercer su derecho al voto, no se ven representados por una clase política de la que, en general, abominan. En un pasaje de su Ensayo sobre la lucidez, el Premio Nobel portugués lanza este afilado dardo: "El sistema democrático tiene una bomba, y la bomba es el voto en blanco. Un cambio democrático puede nacer del uso consciente, muy consciente, del voto en blanco. Eso sería darle un susto, un susto tremendo al sistema electoral. A mí me gustaría que la ciudadanía le diera un susto muy fuerte a la clase política con el voto en blanco. Así se tenga el 80 por ciento de abstención, el sistema seguirá funcionando; pero, ¿qué ocurriría, qué haría un gobierno si se encuentra con un 80 por ciento de votos en blanco?".
Esa es la pregunta: ¿Podría mirar hacia otro lado nuestra clase política y fingir que no ha pasado nada si los ciudadanos le dieran en las urnas un voto de castigo de esa magnitud? ¿Serían capaces los aparatos de los partidos de contener una marea de indignación cívica de tal calibre y seguir guardando bajo siete llaves la reforma de la Ley Electoral? Según nuestro sistema electoral, basado en la fórmula D'Hondt, el voto en blanco se contabiliza como voto válido, pero no computa a la hora del reparto de escaños. Los detractores del voto en blanco sostienen, erróneamente, que esta opción beneficia a los partidos mayoritarios. Nada más lejos de la realidad: si acaso son las formaciones minoritarias las que pueden resultar perjudicadas para pasar el corte del 3% o el 5% de los votos -según los casos- que les dé representación institucional.
En las últimas elecciones celebradas hasta la fecha -las autonómicas catalanas del pasado mes de noviembre-, el voto en blanco alcanzó su máximo histórico, rozando el 3%. Un porcentaje nada desdeñable, pero insuficiente para inquietar a la clase política. Y mucho menos para forzar a los partidos mayoritarios a impulsar una reforma de la Ley Electoral que va en contra de sus intereses tribales: que los votos en blanco se traduzcan en escaños -vacíos, por supuesto- en el Parlamento. Puede parecer una utopía, pero alcanzarla sólo depende de usted. ¿Se atreve?
El premio del sectarismo
Por Jose Luis González de Quirós
Publicado en El Confidencial (10/05/2011)
Cuando se leen textos de historia en otras lenguas, llama la atención, por ejemplo, que lo que nosotros solemos denominar “guerra de la independencia contra los franceses” se conozca como una parte más de las “guerras napoleónicas”, cosa que, sin duda, nos procura una cierta cura de humildad. No vendría mal, sin embargo, que hubiese alguna vez una cierta guerra por la independencia, porque aquí no abundan ni la capacidad de pensar por cuenta propia ni la objetividad y libertad de criterio. Mientras, podríamos ser primera potencia en sectarismo, parcialidad y necio dogmatismo.
La falta de independencia que tanto se hace notar está vinculada muy estrechamente con una visión confesional de la política, con la fidelidad, con razón y sin ella, a una ideología maniquea, como suma de bienes sin mezcla de mal alguno, y con el hecho de que aquí sólo se aprecie la fidelidad perruna, la sumisión absoluta al amo.
Lo curioso es que la generalización de ese rasgo de conducta sumisa es más reciente de lo que se suele creer. El otro día leyendo una carta escrita en 1825 por Thomas Jefferson, tal vez el más importante de los padres fundadores de la democracia americana, me encontré con que usaba tanto el término “liberal” como el término “servil”, con el sentido que se había hecho usual entre los políticos españoles del XIX. Tanto “servil” como “liberal” pueden datarse con otro sentido en épocas anteriores de nuestra lengua, pero los liberales del XIX les dieron el sentido político con el que las usa Jefferson y con el que se han exportado a la lengua inglesa, entre otras.
Serviles o servilones eran los que no querían otra cosa que el absolutismo fernandino, los que detestaban la libertad, la igualdad, los enemigos de la Constitución. Servilismo, en particular, es palabra que describe muy bien la condición de quienes están dispuestos, al precio que sea, a acudir presurosos en auxilio del vencedor, a apoyar al que manda, a obedecer en todo a quien les ha dado lo que estiman que, de otra manera, jamás habrían podido alcanzar. Para nuestra desgracia, casi doscientos años después, el servilismo vuelve por sus fueros, aunque, naturalmente, con los afeites de la época. Servilismo y sectarismo son, pues, sinónimos políticos que expresan dos incapacidades, la de atenerse a otras consideraciones que las establecidas por el que manda, y la falta de valor para mantener dignamente las posiciones propias, en especial cuando se ostente un cargo, por ejemplo judicial, que obligue específicamente a ello.
Creo que esta consideración es especialmente adecuada para comentar la reciente decisión respecto a Bildu. Que el Tribunal Constitucional se haya metido, con prisa y nocturnidad, a reconsiderar una decisión del Tribunal Supremo, inventándose unos motivos de inconstitucionalidad que apenas pueden simular la arbitrariedad y el absoluto menosprecio a lo que establecen las reglas del juego, no es una noticia que pueda alegrar a nadie con dos dedos de frente. Ese Tribunal se ha convertido demasiadas veces en un cayado de la arbitrariedad política en lugar de haberse limitado a ser un árbitro absolutamente irreprochable de la Constitución. Su origen político no debería ser explicación suficiente para esa indignidad. Bastaría con que los magistrados se hubiesen tomado en serio a ellos mismos, pero eso es más de lo que algunos pueden alcanzar sin perder el equilibrio.
Una pregunta importante, y no muy fácil de contestar, es la que se refiere a los beneficios políticos inmediatos que sus impulsores esperan de tamaña cacicada. Mi sospecha es que cuando el asunto del terrorismo estaba razonablemente encarrilado, ha tenido que venir Zapatero a mostrarnos lo genial que es y a liarla de nuevo. Yo no estoy de acuerdo con el fondo político de la sentencia, que me parece un error, pero que, como todo, se puede discutir, pero me parece fuera de dudas que el Tribunal Constitucional en lugar de hacer su trabajo con dignidad y calma, ha decidido probar, una vez más, que a él nadie le gana en servilismo, y que está dispuesto a arrebatar la imagen de eficacia que ofrece la Guardia Civil de los chistes, esa mítica capacidad para encontrar, si fuere el caso, al asesino de Manolete, cuando se le requiera para ello en tiempo y forma.
Pero, ¿qué es lo que gana Zapatero? Si lo que persigue, al parecer, es que los españoles vuelvan a sentir miedo del PP, hay que reconocer que sigue teniendo una habilidad muy especial para calcular los costes de sus iniciativas. Es dudoso que obtenga lo que pretende, y que la apuesta por el miedo vuelva a ser rentable a estas alturas, pero el daño hecho a la objetividad, a la poliarquía, a la democracia liberal, y a la decencia política, me parece mucho más grave y difícil de curar que el hecho lamentable de que la democracia española se deje ningunear tan fácilmente por las triquiñuelas de cuatro abogados al servicio de una banda de criminales.
Publicado en El Confidencial (10/05/2011)
Cuando se leen textos de historia en otras lenguas, llama la atención, por ejemplo, que lo que nosotros solemos denominar “guerra de la independencia contra los franceses” se conozca como una parte más de las “guerras napoleónicas”, cosa que, sin duda, nos procura una cierta cura de humildad. No vendría mal, sin embargo, que hubiese alguna vez una cierta guerra por la independencia, porque aquí no abundan ni la capacidad de pensar por cuenta propia ni la objetividad y libertad de criterio. Mientras, podríamos ser primera potencia en sectarismo, parcialidad y necio dogmatismo.
La falta de independencia que tanto se hace notar está vinculada muy estrechamente con una visión confesional de la política, con la fidelidad, con razón y sin ella, a una ideología maniquea, como suma de bienes sin mezcla de mal alguno, y con el hecho de que aquí sólo se aprecie la fidelidad perruna, la sumisión absoluta al amo.
Lo curioso es que la generalización de ese rasgo de conducta sumisa es más reciente de lo que se suele creer. El otro día leyendo una carta escrita en 1825 por Thomas Jefferson, tal vez el más importante de los padres fundadores de la democracia americana, me encontré con que usaba tanto el término “liberal” como el término “servil”, con el sentido que se había hecho usual entre los políticos españoles del XIX. Tanto “servil” como “liberal” pueden datarse con otro sentido en épocas anteriores de nuestra lengua, pero los liberales del XIX les dieron el sentido político con el que las usa Jefferson y con el que se han exportado a la lengua inglesa, entre otras.
Serviles o servilones eran los que no querían otra cosa que el absolutismo fernandino, los que detestaban la libertad, la igualdad, los enemigos de la Constitución. Servilismo, en particular, es palabra que describe muy bien la condición de quienes están dispuestos, al precio que sea, a acudir presurosos en auxilio del vencedor, a apoyar al que manda, a obedecer en todo a quien les ha dado lo que estiman que, de otra manera, jamás habrían podido alcanzar. Para nuestra desgracia, casi doscientos años después, el servilismo vuelve por sus fueros, aunque, naturalmente, con los afeites de la época. Servilismo y sectarismo son, pues, sinónimos políticos que expresan dos incapacidades, la de atenerse a otras consideraciones que las establecidas por el que manda, y la falta de valor para mantener dignamente las posiciones propias, en especial cuando se ostente un cargo, por ejemplo judicial, que obligue específicamente a ello.
Creo que esta consideración es especialmente adecuada para comentar la reciente decisión respecto a Bildu. Que el Tribunal Constitucional se haya metido, con prisa y nocturnidad, a reconsiderar una decisión del Tribunal Supremo, inventándose unos motivos de inconstitucionalidad que apenas pueden simular la arbitrariedad y el absoluto menosprecio a lo que establecen las reglas del juego, no es una noticia que pueda alegrar a nadie con dos dedos de frente. Ese Tribunal se ha convertido demasiadas veces en un cayado de la arbitrariedad política en lugar de haberse limitado a ser un árbitro absolutamente irreprochable de la Constitución. Su origen político no debería ser explicación suficiente para esa indignidad. Bastaría con que los magistrados se hubiesen tomado en serio a ellos mismos, pero eso es más de lo que algunos pueden alcanzar sin perder el equilibrio.
Una pregunta importante, y no muy fácil de contestar, es la que se refiere a los beneficios políticos inmediatos que sus impulsores esperan de tamaña cacicada. Mi sospecha es que cuando el asunto del terrorismo estaba razonablemente encarrilado, ha tenido que venir Zapatero a mostrarnos lo genial que es y a liarla de nuevo. Yo no estoy de acuerdo con el fondo político de la sentencia, que me parece un error, pero que, como todo, se puede discutir, pero me parece fuera de dudas que el Tribunal Constitucional en lugar de hacer su trabajo con dignidad y calma, ha decidido probar, una vez más, que a él nadie le gana en servilismo, y que está dispuesto a arrebatar la imagen de eficacia que ofrece la Guardia Civil de los chistes, esa mítica capacidad para encontrar, si fuere el caso, al asesino de Manolete, cuando se le requiera para ello en tiempo y forma.
Pero, ¿qué es lo que gana Zapatero? Si lo que persigue, al parecer, es que los españoles vuelvan a sentir miedo del PP, hay que reconocer que sigue teniendo una habilidad muy especial para calcular los costes de sus iniciativas. Es dudoso que obtenga lo que pretende, y que la apuesta por el miedo vuelva a ser rentable a estas alturas, pero el daño hecho a la objetividad, a la poliarquía, a la democracia liberal, y a la decencia política, me parece mucho más grave y difícil de curar que el hecho lamentable de que la democracia española se deje ningunear tan fácilmente por las triquiñuelas de cuatro abogados al servicio de una banda de criminales.
martes, 10 de mayo de 2011
Dos sentencias para un grave enfrentamiendo institucional
Por Antonio Casado
Publicado en El Confidencial (10/05/2011)
La colisión entre los dos altos tribunales del Estado desborda en gravedad y alcance el cansino intercambio de pedradas verbales entre los principales partidos políticos. Aunque sea políticamente desalentador, se entiende y se asume que Mariano Rajoy y Rodríguez Zapatero se zurren sin duelo por cuenta de la lucha antiterrorista. Pero que el Tribunal Constitucional descalifique al Tribunal Supremo en un asunto de Estado -la defensa del sistema democrático frente a sus enemigos-, rompe todos los esquemas de quienes se remiten de buena fe a la aplicación de las leyes como garantía frente a la arbitrariedad.
El estupor es la sensación dominante después de agotar la lectura de los votos particulares, en especial el de Manuel Aragón, de un altísimo nivel técnico, y los 54 folios de la alambicada sentencia del Constitucional favorable a la participación de los amigos de Eta en las elecciones del 22-M.
Ya conocíamos las líneas generales del fallo y los fundamentos jurídicos: básicamente, una declaración de nulidad de la sentencia emitida en sentido contrario por el Tribunal Supremo cuatro días antes. Pero la lectura nos aporta la penosa confirmación de un enfrentamiento puro y duro entre dos instituciones capitales de nuestro Estado de Derecho.
No le demos vueltas. El Tribunal Supremo, máximo órgano jurisdiccional, ha sido claramente desautorizado por el máximo guardián de los derechos fundamentales proclamados en la Constitución. A saber: el de participación política y el de acceso a cargos públicos en régimen de igualdad, dentro del pluralismo reconocido como uno de los valores básicos de nuestro marco jurídico-político ¿Hemos de suponer que el Supremo es insensible al incumplimiento de esos derechos?
Tal cual: el Tribunal Supremo “ha vulnerado el derecho de los recurrentes” (candidatos de Eusko Alkartasuna, Alternatiba y miembros de la izquierda abertzale a título de “independientes”) “a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad”, según dice el primero punto de la sentencia que ayer fue hecha pública. Y además el Constitucional impugna la lógica utilizada por el Supremo en sus razonamientos, le acusa de excederse en sus competencias y califica de “insuficientes” las pruebas utilizadas para frenar a Bildu.
No le quita gravedad el hecho de que haya precedentes. En este caso, el Supremo ha apostado por el derecho de la Democracia a defenderse de sus enemigos, mientras que el Constitucional ha entendido que la amenaza al sistema no está tan acreditada como para sacrificar el derecho fundamental de los ciudadanos a elegir y ser elegidos. Alguien deberá hacer algo de pedagogía y explicar a los españoles donde está la frontera entre la ley y la política, si es que existe esa frontera.
Publicado en El Confidencial (10/05/2011)
La colisión entre los dos altos tribunales del Estado desborda en gravedad y alcance el cansino intercambio de pedradas verbales entre los principales partidos políticos. Aunque sea políticamente desalentador, se entiende y se asume que Mariano Rajoy y Rodríguez Zapatero se zurren sin duelo por cuenta de la lucha antiterrorista. Pero que el Tribunal Constitucional descalifique al Tribunal Supremo en un asunto de Estado -la defensa del sistema democrático frente a sus enemigos-, rompe todos los esquemas de quienes se remiten de buena fe a la aplicación de las leyes como garantía frente a la arbitrariedad.
El estupor es la sensación dominante después de agotar la lectura de los votos particulares, en especial el de Manuel Aragón, de un altísimo nivel técnico, y los 54 folios de la alambicada sentencia del Constitucional favorable a la participación de los amigos de Eta en las elecciones del 22-M.
Ya conocíamos las líneas generales del fallo y los fundamentos jurídicos: básicamente, una declaración de nulidad de la sentencia emitida en sentido contrario por el Tribunal Supremo cuatro días antes. Pero la lectura nos aporta la penosa confirmación de un enfrentamiento puro y duro entre dos instituciones capitales de nuestro Estado de Derecho.
No le demos vueltas. El Tribunal Supremo, máximo órgano jurisdiccional, ha sido claramente desautorizado por el máximo guardián de los derechos fundamentales proclamados en la Constitución. A saber: el de participación política y el de acceso a cargos públicos en régimen de igualdad, dentro del pluralismo reconocido como uno de los valores básicos de nuestro marco jurídico-político ¿Hemos de suponer que el Supremo es insensible al incumplimiento de esos derechos?
Tal cual: el Tribunal Supremo “ha vulnerado el derecho de los recurrentes” (candidatos de Eusko Alkartasuna, Alternatiba y miembros de la izquierda abertzale a título de “independientes”) “a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad”, según dice el primero punto de la sentencia que ayer fue hecha pública. Y además el Constitucional impugna la lógica utilizada por el Supremo en sus razonamientos, le acusa de excederse en sus competencias y califica de “insuficientes” las pruebas utilizadas para frenar a Bildu.
No le quita gravedad el hecho de que haya precedentes. En este caso, el Supremo ha apostado por el derecho de la Democracia a defenderse de sus enemigos, mientras que el Constitucional ha entendido que la amenaza al sistema no está tan acreditada como para sacrificar el derecho fundamental de los ciudadanos a elegir y ser elegidos. Alguien deberá hacer algo de pedagogía y explicar a los españoles donde está la frontera entre la ley y la política, si es que existe esa frontera.
lunes, 9 de mayo de 2011
¿A quién castigar en las urnas?
Por Galo Mateos
Publicado en El Confidencial (09/05/2011)
“Cada vez que votamos, decidimos qué parte de nuestro trabajo permitimos que nos sea confiscada en beneficio de quienes lo administran y de quienes se sientan a su lado.”
Con esta preocupante sentencia iniciamos hoy nuestro penúltimo debate político antes de las elecciones. Contemplábamos días atrás, la imagen de un elector con una balanza en la mano, en la que de un brazo cuelgan las expectativas creadas; y, en otro, los resultados de cada partido, para que a la hora de votar fuese tan importante el castigo, como la perspectiva del siguiente en quien confiar. Ahora, a tan solo dos semanas, es crucial la ponderación entre el castigo y la recompensa electoral. Empecemos por juzgar lo que hemos de castigar, para en el último post antes de la cita del 22-M, decidamos a quién votar.
La realidad de España
La hipótesis de castigo en las urnas debería contemplar dos parámetros: el político y el económico. En cuanto al político, podríamos resumir de nuevo las carencias de nuestra Constitución y la servidumbre a la que están siendo sometidas las instituciones, de cara a ocultar la corrupción y favorecerse electoralmente con sus decisiones. De forma práctica, el PSOE habría acordado con ETA el final de su andadura, intentando en última instancia una maniobra que le salve del desastre y la bancarrota. Si no, de nada habrían servido este espinoso camino de la negociación con las escandalosas excarcelaciones y las aprobaciones de listas con candidatos pro-etarras. En pocos días, conoceremos la propuesta por la que el PSOE quiera pasar de villano a héroe y recuperar el crédito perdido ante la sociedad. Nuestra recomendación, sería que nadie se deje engañar, están cubriendo una impresentable acción de gobierno de 8 años, con otra impresentable maniobra electoral, en la que los fines partidistas han atropellado, una vez más, la ética exigible al Estado.
Si esa es la imagen del déficit político, no queda atrás la del déficit económico. El país se ha endeudado en 400.000 millones de euros adicionales durante el periodo de crisis iniciado a mediados de 2007, y la realidad, es que podrían haberse ahorrado casi en su totalidad, de haber actuado sin intereses electoralistas, cortando el gasto de las administraciones y el crédito bancario, desde que fueron denunciados los primeros síntomas, allá por el 2004 -2005. Motivo rotundo, para castigar los intereses del PSOE en la urnas, en primer lugar, y del PP, en segundo, culpable de no cortar el gasto en sus administraciones y de plegarse a la bonanza económica suicida con la que retroalimentaron sus intereses locales y el inservible modelo que nos ha quebrado.
La sensación conjunta de ambas percepciones, política y económica, es que trabajamos para sostener a una clase política y su amplio círculo de allegados, que cada vez requiere un mayor sustento en detrimento del nuestro. La coartada de que sea el coste imprescindible de fabricarnos un bienestar a medida, pasa primero por el suyo y por una oligarquía cercana que se jacta de dominar el 25% del PIB, con cuya posición someten a pymes, autónomos y empleados a unos miserables residuos tras cobrarse ellos primero. Las peores previsiones de la literatura de ciencia ficción, ya nos han alcanzado. Hemos sido brutalmente proletarizados por un sistema que tiene todos los resortes de decisión en sus manos y que solo necesita nuestro manipulado consenso cada 4 años. Ese sistema es ejercido al alimón por PSOE y PP, que han de merecer nuestra repulsa unánime en las urnas.
Las consecuencias
Como consecuencia de ese déficit político y económico, nuestro país se encuentra al borde de la intervención por parte del BCE y del FMI. Si no ha sido ya, es por el elevado riesgo de descubrir la verdad de nuestra situación y tener que afrontar enormes renuncias económicas en el conjunto de los países prestamistas. Es cierto que nuestra Deuda no es alarmante. Lo que es realmente alarmante, es nuestra falta de capacidad de repago, el escasísimo valor añadido de nuestra economía tras la quiebra del sector inmobiliario. No había otro capaz, de transformar 600 €/m2 de materias primas en un valor promedio de 2.400€/m2, cuatro veces lo realmente invertido, que se distribuía generosamente entre promotores, ayuntamientos, bancos y un interminable número de funciones parasitarias en el esquema. Se demostró que ese teórico 10% de peso del ‘ladrillo’ en el PIB, era mucho mayor y que constituía la piedra sillar de nuestro sistema, cuya fractura ha provocado, más allá de la crisis financiera internacional, nuestra forma específica de derrumbe.
Por otra parte el increíble déficit provocado por ayuntamientos y autonomías, el 80% del total Estado, y el desastre operacional de las Cajas, no menos de 50.000 millones a reponer en 2011- y veremos después, si no encontrasen postores extranjeros o si se siguiese deteriorando su activo-, requiere unas sumas de capital aún incalculable. Máxime si las Cajas hubiesen de adjudicarse en España, cuyo saneamiento, entonces, acabaría siendo del 100%, para no trasladar la potencial insolvencia al comprador, como desgraciadamente experimentamos en similares escenarios bien recientes.
Nadie sabe como reaccionará la economía española ni los mercados internacionales, por lo que la intervención o no, es equiprobable. La intervención, supondría un ritmo de retorno de la Deuda más acelerado. Lo que se traduciría en unas exigencias de recorte del bienestar mucho mayores, a tenor de lo visto en Portugal, con sus 8 parámetros de restricción. Y muy probablemente en una exigencia de concentración del mapa autonómico y municipal, para hacerlo viable. Solo nosotros creemos que podremos sostener esas macro-administraciones innecesarias con nuestro valor añadido. Hemos de unir a su endeudamiento financiero, facturas impagadas por valor de otros 100.000 millones, ocultas en sus balances, como prueba de la desidia profesional y moral de sus rectores.
Los culpables
Más allá de las ya archiconocidas responsabilidades de la banca internacional y de los entes llamados a controlar la globalización financiera, que no lo hicieron, en España tenemos nuestro ranking encabezado por el eje Gobierno-Banco de España, de estricta culpabilidad en lo sucedido, pasando por banca e instituciones económicas que se plegaron al servicio del poder político. Todas estas responsabilidades apuntan en primer término al PSOE y después hacia PP, por su connivencia y permanente desmayo en su exigible tarea de oposición.
Pensábamos que a esta casta política le habría llegado su hora del sacrificio, a causa de este colosal fracaso en todos los frentes, pero los dioses han determinado que lo más fácil, es que los sacrificados seamos nuevamente nosotros, con una vuelta más de tuerca en nuestras esperanzas. Intervengamos lo que intervengamos, liberalicemos lo que liberalicemos, si no conseguimos romper sus mayorías absolutas con votos por el cambio, nos queda un largo periodo de privaciones y lo que es peor de contemplar su descarada posesión y malversación de nuestros destinos. De lo que les entreguemos en nuestras menguantes bolsas, deducirán lo que necesitan para su ampuloso sustento y el de su corte cercana, y lo que sobre aún lo pellizcarán sus satélites antes de que llegue a nuestras bocas. Ya no hay ideología que nos pueda librar de su omnipresencia y abuso, solo una estrategia de voto acertada y la insumisión de la red, como en tantos otros países sin verdadera democracia, nos hará libres de su pesado yugo. Castiguémosles en las urnas y sepamos identificar esa táctica final. Es nuestra única esperanza cercana.
Publicado en El Confidencial (09/05/2011)
“Cada vez que votamos, decidimos qué parte de nuestro trabajo permitimos que nos sea confiscada en beneficio de quienes lo administran y de quienes se sientan a su lado.”
Con esta preocupante sentencia iniciamos hoy nuestro penúltimo debate político antes de las elecciones. Contemplábamos días atrás, la imagen de un elector con una balanza en la mano, en la que de un brazo cuelgan las expectativas creadas; y, en otro, los resultados de cada partido, para que a la hora de votar fuese tan importante el castigo, como la perspectiva del siguiente en quien confiar. Ahora, a tan solo dos semanas, es crucial la ponderación entre el castigo y la recompensa electoral. Empecemos por juzgar lo que hemos de castigar, para en el último post antes de la cita del 22-M, decidamos a quién votar.
La realidad de España
La hipótesis de castigo en las urnas debería contemplar dos parámetros: el político y el económico. En cuanto al político, podríamos resumir de nuevo las carencias de nuestra Constitución y la servidumbre a la que están siendo sometidas las instituciones, de cara a ocultar la corrupción y favorecerse electoralmente con sus decisiones. De forma práctica, el PSOE habría acordado con ETA el final de su andadura, intentando en última instancia una maniobra que le salve del desastre y la bancarrota. Si no, de nada habrían servido este espinoso camino de la negociación con las escandalosas excarcelaciones y las aprobaciones de listas con candidatos pro-etarras. En pocos días, conoceremos la propuesta por la que el PSOE quiera pasar de villano a héroe y recuperar el crédito perdido ante la sociedad. Nuestra recomendación, sería que nadie se deje engañar, están cubriendo una impresentable acción de gobierno de 8 años, con otra impresentable maniobra electoral, en la que los fines partidistas han atropellado, una vez más, la ética exigible al Estado.
Si esa es la imagen del déficit político, no queda atrás la del déficit económico. El país se ha endeudado en 400.000 millones de euros adicionales durante el periodo de crisis iniciado a mediados de 2007, y la realidad, es que podrían haberse ahorrado casi en su totalidad, de haber actuado sin intereses electoralistas, cortando el gasto de las administraciones y el crédito bancario, desde que fueron denunciados los primeros síntomas, allá por el 2004 -2005. Motivo rotundo, para castigar los intereses del PSOE en la urnas, en primer lugar, y del PP, en segundo, culpable de no cortar el gasto en sus administraciones y de plegarse a la bonanza económica suicida con la que retroalimentaron sus intereses locales y el inservible modelo que nos ha quebrado.
La sensación conjunta de ambas percepciones, política y económica, es que trabajamos para sostener a una clase política y su amplio círculo de allegados, que cada vez requiere un mayor sustento en detrimento del nuestro. La coartada de que sea el coste imprescindible de fabricarnos un bienestar a medida, pasa primero por el suyo y por una oligarquía cercana que se jacta de dominar el 25% del PIB, con cuya posición someten a pymes, autónomos y empleados a unos miserables residuos tras cobrarse ellos primero. Las peores previsiones de la literatura de ciencia ficción, ya nos han alcanzado. Hemos sido brutalmente proletarizados por un sistema que tiene todos los resortes de decisión en sus manos y que solo necesita nuestro manipulado consenso cada 4 años. Ese sistema es ejercido al alimón por PSOE y PP, que han de merecer nuestra repulsa unánime en las urnas.
Las consecuencias
Como consecuencia de ese déficit político y económico, nuestro país se encuentra al borde de la intervención por parte del BCE y del FMI. Si no ha sido ya, es por el elevado riesgo de descubrir la verdad de nuestra situación y tener que afrontar enormes renuncias económicas en el conjunto de los países prestamistas. Es cierto que nuestra Deuda no es alarmante. Lo que es realmente alarmante, es nuestra falta de capacidad de repago, el escasísimo valor añadido de nuestra economía tras la quiebra del sector inmobiliario. No había otro capaz, de transformar 600 €/m2 de materias primas en un valor promedio de 2.400€/m2, cuatro veces lo realmente invertido, que se distribuía generosamente entre promotores, ayuntamientos, bancos y un interminable número de funciones parasitarias en el esquema. Se demostró que ese teórico 10% de peso del ‘ladrillo’ en el PIB, era mucho mayor y que constituía la piedra sillar de nuestro sistema, cuya fractura ha provocado, más allá de la crisis financiera internacional, nuestra forma específica de derrumbe.
Por otra parte el increíble déficit provocado por ayuntamientos y autonomías, el 80% del total Estado, y el desastre operacional de las Cajas, no menos de 50.000 millones a reponer en 2011- y veremos después, si no encontrasen postores extranjeros o si se siguiese deteriorando su activo-, requiere unas sumas de capital aún incalculable. Máxime si las Cajas hubiesen de adjudicarse en España, cuyo saneamiento, entonces, acabaría siendo del 100%, para no trasladar la potencial insolvencia al comprador, como desgraciadamente experimentamos en similares escenarios bien recientes.
Nadie sabe como reaccionará la economía española ni los mercados internacionales, por lo que la intervención o no, es equiprobable. La intervención, supondría un ritmo de retorno de la Deuda más acelerado. Lo que se traduciría en unas exigencias de recorte del bienestar mucho mayores, a tenor de lo visto en Portugal, con sus 8 parámetros de restricción. Y muy probablemente en una exigencia de concentración del mapa autonómico y municipal, para hacerlo viable. Solo nosotros creemos que podremos sostener esas macro-administraciones innecesarias con nuestro valor añadido. Hemos de unir a su endeudamiento financiero, facturas impagadas por valor de otros 100.000 millones, ocultas en sus balances, como prueba de la desidia profesional y moral de sus rectores.
Los culpables
Más allá de las ya archiconocidas responsabilidades de la banca internacional y de los entes llamados a controlar la globalización financiera, que no lo hicieron, en España tenemos nuestro ranking encabezado por el eje Gobierno-Banco de España, de estricta culpabilidad en lo sucedido, pasando por banca e instituciones económicas que se plegaron al servicio del poder político. Todas estas responsabilidades apuntan en primer término al PSOE y después hacia PP, por su connivencia y permanente desmayo en su exigible tarea de oposición.
Pensábamos que a esta casta política le habría llegado su hora del sacrificio, a causa de este colosal fracaso en todos los frentes, pero los dioses han determinado que lo más fácil, es que los sacrificados seamos nuevamente nosotros, con una vuelta más de tuerca en nuestras esperanzas. Intervengamos lo que intervengamos, liberalicemos lo que liberalicemos, si no conseguimos romper sus mayorías absolutas con votos por el cambio, nos queda un largo periodo de privaciones y lo que es peor de contemplar su descarada posesión y malversación de nuestros destinos. De lo que les entreguemos en nuestras menguantes bolsas, deducirán lo que necesitan para su ampuloso sustento y el de su corte cercana, y lo que sobre aún lo pellizcarán sus satélites antes de que llegue a nuestras bocas. Ya no hay ideología que nos pueda librar de su omnipresencia y abuso, solo una estrategia de voto acertada y la insumisión de la red, como en tantos otros países sin verdadera democracia, nos hará libres de su pesado yugo. Castiguémosles en las urnas y sepamos identificar esa táctica final. Es nuestra única esperanza cercana.
viernes, 6 de mayo de 2011
El campus de la mediocridad: el caso de la Universidad de Murcia
Por José Penalva
Publicado en El Confidencial (05/05/2011)
La crisis económica que sufre España se debe, principalmente, a que nuestro sistema educativo no es capaz de generar profesionales competentes para crear conocimiento innovador. En consecuencia, difícilmente podremos superar la crisis sin una reforma seria del sistema educativo y la universidad. Ahora bien, pocos dudan hoy del estado de incompetencia de la universidad española y, sin embargo, muchos son los que callan sobre la causa principal de esta situación: la politización de nuestra universidad. Por ello, ni hay, ni habrá, voluntad política para cambiar el actual estado de cosas.
Nuestra universidad está llena de casos paradigmáticos que ilustran este estado de politización. José Antonio Cobacho, rector de la Universidad de Murcia, es uno de ellos. Su trayectoria profesional muestra que ha sabido estar siempre del lado del que manda. Hijo de un Diputado Provincial con Franco, Cobacho fragua su acomodo profesional bajo el Régimen, apadrinado por Antonio Reverte, hijo del Presidente de la Diputación también bajo el Generalísimo. Gracias a éste obtiene plaza en la Facultad de Derecho de la UM… En séptimo y último lugar, pero obtiene plaza. Al cambiar las tornas políticas en la universidad después de la Transición, Cobacho se afilia al partido comunista y consigue ser Decano de su Facultad. Además. El voto de IU le vale para ser nombrado consejero en el Consejo Jurídico Regional, cargo que conlleva una suculenta remuneración económica.
A finales de la década de 1990 la fuerza política mayoritaria en la UM es socialista, como, de otro lado, sucede en la universidad española tras la LRU de 1983. Desde entonces, varios han sido los profesores que han intentado reunir la fuerza política de esos académicos bajo el mandato de un rector. A tal fin, las alianzas entre catedráticos han sido diversas, y las puñaladas inter e intra-departamentales sin número. El objetivo último de esas luchas intestinas es de carácter político: el rectorado sólo es un medio para hacerse con la influencia política de la región. En el año 2007, Antonio Reverte, ahora destacado socialista y miembro de varias asociaciones juristas de la región, consigue imponer su candidato y Cobacho es nombrado rector.
Sobra decir que, para tal menester, Cobacho abandona inmediatamente el partido comunista y se afilia al socialista. De ese modo, desde 2007 al 2010, Cobacho, siempre apadrinado por Reverte, se ha estado postulando como el candidato socialista a la presidencia de la Región de Murcia. Y medios no le han faltado: amigos en las Cajas regionales, amigos en el periódico regional de más tirada, amigos en los Juzgados (de hecho, la Facultad de Derecho se alimenta de personal de los Juzgados, y viceversa), etc., etc. Así se forja la política: con una tupida tela de araña.
El chiringuito universitario
Desde que fuera nombrado rector en 2007, Cobacho ha convertido el rectorado en un auténtico coto de poder. Ha colocado a profesores amigos en los puestos estratégicos: Ataz (profesor sin oposición, pero sobrino del Magistrado), Reverte, Lomba, y otros profesores de su círculo de la Facultad de Derecho. Se ha rodeado de toda una cohorte de juristas en formación, profesores sin oposición, y, para ello, no le ha dolido en prendas aumentar estrepitosamente los cargos de libre designación, con el consiguiente aumento del gasto universitario. Con esa cohorte ha conformado la universidad a su gusto, y la ha utilizado incluso para excluir y expulsar de la universidad a quien le hiciera sombra, o hiciera sombra a sus profesores amigos y conmilitones. Mano de hierro en guante de terciopelo. Esa es la táctica.
Y si alguien se atreve a hacerle frente y denunciar sus artimañas, ¿qué miedo puede tener? ¿Qué juez no será alumno directo de él o de uno de sus amigos del rectorado? Y con tal aval, ¿quién se atreverá a presentar denuncia contra la UM…? Y si la presenta, Cobacho ya ha firmado un convenio con el Tribunal Superior de Justicia y con el Defensor del Pueblo de Murcia para que sea el profesorado de la UM (nombrados por Cobacho) quien haga ese trabajo. Por si fuera poco, Cobacho ha creado másteres para los abogados y, consecuentemente, ha dado trabajo como profesor de estos másteres a no pocos de ellos. ¿Quién se va a atrever a llevar un caso contra la UM? Incluso el año pasado, en plena crisis económica, prometía nada menos que 197 puestos en los másteres. ¿Quién da más? ¿Y quién puede diseñar unos contrafuertes mejores que esos?
Ese tipo de “seguridad jurídica” quizá explique que, nada más ser nombrado rector, se dio de baja como consejero del Consejo Jurídico Regional por incompatibilidad. Poco después ha conseguido que se elimine dicha incompatibilidad, y sigue recibiendo la suculenta suma. Y otro misterio: ¿cómo se las ha ingeniado ahora para conseguir el puesto de consejero mediante el voto, no de IU, sino del mismo PP? Misterios tiene la vida. Aparte de ese cargo, sus amigos le han nombrado consejero de Caja Murcia y consejero del Diario La Verdad. Es decir, en total cuatro cargos remunerados, que se sepa, a lo que hay que añadir que sigue recibiendo su sueldo como catedrático. Por si acaso, durante su mandato como rector, su mujer ha pasado a engrosar también la nómina de la UM. En consecuencia, seis sueldos para casa: como rector, como catedrático, consejero del CJR, consejero de LV, consejero de CM, y como esposo de su esposa ahora académica en la UM. No está mal para sobrellevar la crisis.
La jugada de la excelencia: El Campus Mare Nostrum
Pero 2010 ha sido un año aciago para nuestro rector. Sus amigos de las Cajas de Ahorros han estado rezando siquiera para sobrevivir… No ha conseguido ser el candidato socialista a la presidencia de la CARM... Tras este lance, Cobacho ha sido muy amable con los cargos políticos del PP en Murcia y raro es el Consejero o Viceconsejero que no tiene un puesto en su reino. Buscaba una pieza jugosa: Consejero de la Consejería de Justicia. Pero Valcárcel lo vio venir y no se la dio. Por ese motivo, últimamente Cobacho no para de meterle el dedo en el ojo a Valcárcel: no porque sea la oposición política, no, sino porque no le ha dado la Consejería.
En consecuencia, Cobacho no ha conseguido sus objetivos políticos y, para colmo, dentro de dos años le espera una salida vergonzosa del rectorado. Dentro de la UM, el descontento del profesorado es generalizado y se considera que el balance de su gestión es pésimo. No ha hecho nada importante por aumentar la calidad de nuestra universidad. El apoyo desmedido a los profesores amigos ha aumentado alarmantemente las rencillas entre los grupos, etc. Abundando en desgracias, en su segundo mandato, refrendado en la elección rectoral de 2010, es rector gracias al voto de un escaso 8% del total del censo de la UM. Fue el único candidato. ¿Qué hacer, entonces, para salvar los muebles?
La jugada de la excelencia: ganar el Campus Mare Nostrum. El Campus de Excelencia es una mera campaña publicitaria de Cobacho. Se consiguió gracias al apoyo del ministro de Educación, Ángel Gabilondo. Cobacho apoyó a Gabilondo hace unos años en su campaña para la presidencia de la CRUE y ahora Gabilondo le ha devuelto el favor. Nada más. Sólo el 15% del profesorado de la UM entra dentro del margen de la excelencia (y todos mis respetos a este grupo). El resto, el 85% del profesorado, es pura mediocridad. Una mediocridad que ríe las gracias del que manda para formar parte del chiringuito universitario, que mira sistemáticamente para otro lado y que espera su turno en la lista. Esa es la mediocridad sobre la que se apoya la politización de nuestra universidad. La mediocridad que lastra el despegue económico de nuestro país. Pero, como hay mucho político en ese 85% universitario, nada se hará, ni antes ni después de las elecciones. Y España seguirá siendo el campus de la mediocridad.
Publicado en El Confidencial (05/05/2011)
La crisis económica que sufre España se debe, principalmente, a que nuestro sistema educativo no es capaz de generar profesionales competentes para crear conocimiento innovador. En consecuencia, difícilmente podremos superar la crisis sin una reforma seria del sistema educativo y la universidad. Ahora bien, pocos dudan hoy del estado de incompetencia de la universidad española y, sin embargo, muchos son los que callan sobre la causa principal de esta situación: la politización de nuestra universidad. Por ello, ni hay, ni habrá, voluntad política para cambiar el actual estado de cosas.
Nuestra universidad está llena de casos paradigmáticos que ilustran este estado de politización. José Antonio Cobacho, rector de la Universidad de Murcia, es uno de ellos. Su trayectoria profesional muestra que ha sabido estar siempre del lado del que manda. Hijo de un Diputado Provincial con Franco, Cobacho fragua su acomodo profesional bajo el Régimen, apadrinado por Antonio Reverte, hijo del Presidente de la Diputación también bajo el Generalísimo. Gracias a éste obtiene plaza en la Facultad de Derecho de la UM… En séptimo y último lugar, pero obtiene plaza. Al cambiar las tornas políticas en la universidad después de la Transición, Cobacho se afilia al partido comunista y consigue ser Decano de su Facultad. Además. El voto de IU le vale para ser nombrado consejero en el Consejo Jurídico Regional, cargo que conlleva una suculenta remuneración económica.
A finales de la década de 1990 la fuerza política mayoritaria en la UM es socialista, como, de otro lado, sucede en la universidad española tras la LRU de 1983. Desde entonces, varios han sido los profesores que han intentado reunir la fuerza política de esos académicos bajo el mandato de un rector. A tal fin, las alianzas entre catedráticos han sido diversas, y las puñaladas inter e intra-departamentales sin número. El objetivo último de esas luchas intestinas es de carácter político: el rectorado sólo es un medio para hacerse con la influencia política de la región. En el año 2007, Antonio Reverte, ahora destacado socialista y miembro de varias asociaciones juristas de la región, consigue imponer su candidato y Cobacho es nombrado rector.
Sobra decir que, para tal menester, Cobacho abandona inmediatamente el partido comunista y se afilia al socialista. De ese modo, desde 2007 al 2010, Cobacho, siempre apadrinado por Reverte, se ha estado postulando como el candidato socialista a la presidencia de la Región de Murcia. Y medios no le han faltado: amigos en las Cajas regionales, amigos en el periódico regional de más tirada, amigos en los Juzgados (de hecho, la Facultad de Derecho se alimenta de personal de los Juzgados, y viceversa), etc., etc. Así se forja la política: con una tupida tela de araña.
El chiringuito universitario
Desde que fuera nombrado rector en 2007, Cobacho ha convertido el rectorado en un auténtico coto de poder. Ha colocado a profesores amigos en los puestos estratégicos: Ataz (profesor sin oposición, pero sobrino del Magistrado), Reverte, Lomba, y otros profesores de su círculo de la Facultad de Derecho. Se ha rodeado de toda una cohorte de juristas en formación, profesores sin oposición, y, para ello, no le ha dolido en prendas aumentar estrepitosamente los cargos de libre designación, con el consiguiente aumento del gasto universitario. Con esa cohorte ha conformado la universidad a su gusto, y la ha utilizado incluso para excluir y expulsar de la universidad a quien le hiciera sombra, o hiciera sombra a sus profesores amigos y conmilitones. Mano de hierro en guante de terciopelo. Esa es la táctica.
Y si alguien se atreve a hacerle frente y denunciar sus artimañas, ¿qué miedo puede tener? ¿Qué juez no será alumno directo de él o de uno de sus amigos del rectorado? Y con tal aval, ¿quién se atreverá a presentar denuncia contra la UM…? Y si la presenta, Cobacho ya ha firmado un convenio con el Tribunal Superior de Justicia y con el Defensor del Pueblo de Murcia para que sea el profesorado de la UM (nombrados por Cobacho) quien haga ese trabajo. Por si fuera poco, Cobacho ha creado másteres para los abogados y, consecuentemente, ha dado trabajo como profesor de estos másteres a no pocos de ellos. ¿Quién se va a atrever a llevar un caso contra la UM? Incluso el año pasado, en plena crisis económica, prometía nada menos que 197 puestos en los másteres. ¿Quién da más? ¿Y quién puede diseñar unos contrafuertes mejores que esos?
Ese tipo de “seguridad jurídica” quizá explique que, nada más ser nombrado rector, se dio de baja como consejero del Consejo Jurídico Regional por incompatibilidad. Poco después ha conseguido que se elimine dicha incompatibilidad, y sigue recibiendo la suculenta suma. Y otro misterio: ¿cómo se las ha ingeniado ahora para conseguir el puesto de consejero mediante el voto, no de IU, sino del mismo PP? Misterios tiene la vida. Aparte de ese cargo, sus amigos le han nombrado consejero de Caja Murcia y consejero del Diario La Verdad. Es decir, en total cuatro cargos remunerados, que se sepa, a lo que hay que añadir que sigue recibiendo su sueldo como catedrático. Por si acaso, durante su mandato como rector, su mujer ha pasado a engrosar también la nómina de la UM. En consecuencia, seis sueldos para casa: como rector, como catedrático, consejero del CJR, consejero de LV, consejero de CM, y como esposo de su esposa ahora académica en la UM. No está mal para sobrellevar la crisis.
La jugada de la excelencia: El Campus Mare Nostrum
Pero 2010 ha sido un año aciago para nuestro rector. Sus amigos de las Cajas de Ahorros han estado rezando siquiera para sobrevivir… No ha conseguido ser el candidato socialista a la presidencia de la CARM... Tras este lance, Cobacho ha sido muy amable con los cargos políticos del PP en Murcia y raro es el Consejero o Viceconsejero que no tiene un puesto en su reino. Buscaba una pieza jugosa: Consejero de la Consejería de Justicia. Pero Valcárcel lo vio venir y no se la dio. Por ese motivo, últimamente Cobacho no para de meterle el dedo en el ojo a Valcárcel: no porque sea la oposición política, no, sino porque no le ha dado la Consejería.
En consecuencia, Cobacho no ha conseguido sus objetivos políticos y, para colmo, dentro de dos años le espera una salida vergonzosa del rectorado. Dentro de la UM, el descontento del profesorado es generalizado y se considera que el balance de su gestión es pésimo. No ha hecho nada importante por aumentar la calidad de nuestra universidad. El apoyo desmedido a los profesores amigos ha aumentado alarmantemente las rencillas entre los grupos, etc. Abundando en desgracias, en su segundo mandato, refrendado en la elección rectoral de 2010, es rector gracias al voto de un escaso 8% del total del censo de la UM. Fue el único candidato. ¿Qué hacer, entonces, para salvar los muebles?
La jugada de la excelencia: ganar el Campus Mare Nostrum. El Campus de Excelencia es una mera campaña publicitaria de Cobacho. Se consiguió gracias al apoyo del ministro de Educación, Ángel Gabilondo. Cobacho apoyó a Gabilondo hace unos años en su campaña para la presidencia de la CRUE y ahora Gabilondo le ha devuelto el favor. Nada más. Sólo el 15% del profesorado de la UM entra dentro del margen de la excelencia (y todos mis respetos a este grupo). El resto, el 85% del profesorado, es pura mediocridad. Una mediocridad que ríe las gracias del que manda para formar parte del chiringuito universitario, que mira sistemáticamente para otro lado y que espera su turno en la lista. Esa es la mediocridad sobre la que se apoya la politización de nuestra universidad. La mediocridad que lastra el despegue económico de nuestro país. Pero, como hay mucho político en ese 85% universitario, nada se hará, ni antes ni después de las elecciones. Y España seguirá siendo el campus de la mediocridad.
jueves, 5 de mayo de 2011
Zapatero se retrata sobre el modo de eliminar a Bin Laden
Por Antonio Casado
Publicado en El Confidencial (05/05/2011)
El Zapatero que ayer respondió una pregunta de Llamazares no recuerda en nada al que algunos echamos de menos. Aquel que se rasgó las vestiduras por aversión a la ilegal e inmoral guerra del Irak en 2003. El de la retirada de tropas y el desdén a la bandera norteamericana en un desfile militar de entonces no tiene nada que ver con el que ayer en el Congreso vino a decir que si ahora Bin Laden yace bajo el mar él se lo ha buscado, por criminal. Ni una palabra sobre el método. Si me lo permite Llamazares, hago mío su estupor: “Señor presidente, no le reconozco”.
Toda la doctrina Zapatero sobre la eliminación física de Bin Laden a cargo de comandos norteamericanos se reduce al vago deseo democrático de haberlo visto sentado en un banquillo. Y vago también su diagnóstico: “Es muy probable que su destino haya sido buscado por él mismo después de tan sanguinaria trayectoria”. Ahí está una parte de su respuesta a la pregunta del diputado de IU: “¿Mantiene su felicitación a los EEUU por el asesinato extrajudicial del terrorista Bin Laden?”.
La formulación estaba claramente orientada a conocer la opinión del presidente del Gobierno sobre los métodos utilizados en la operación. De la no tan clara respuesta de Zapatero se deduce que mantiene la felicitación a Barack Obama y, por tanto, no le hace ascos a los medios porque al fin se trataba de acabar con “uno de los criminales más sádicos de la historia”. Es decir, que la elección de los medios, desde los más ajustados a la ley hasta los más inconfesables, depende del grado de sadismo del criminal al que nos enfrentemos.
Quién nos iba a decir que Zapatero acabaría confirmando las tesis del PP sobre la guerra sucia del PSOE años ochenta, la cal viva y los “atajos” en la política antiterrorista de los Gobiernos de Felipe González. Por aquel entonces a Aznar, Cascos, Trillo, Garzón, Pedro J. y Julio Anguita se les llenaba la boca acusando a los socialistas de abrazar el principio de que el fin justifica los medios. Ahora viene Zapatero a darles la razón.
Vean ustedes, si quieren verlo, lo fácil que es reprobar la posición del actual Gobierno con ese discurso del PP que tantos réditos electorales le dio en 1996. Tan fácil como absurdo, puesto que aquí y ahora el PP está tan encantado como el PSOE con el “atajo” decidido por EEUU para eliminar a Bin Laden en un clamoroso episodio de guerra sucia. Ante la ejecución extrajudicial del mentado inspirador del terrorismo yihadista, tanto el PSOE que condenó la invasión ilegal de Irak como el PP que arremetía contra el GAL han desaparecido en la misma polvareda.
Un apagón del habitual discurso de los dos grandes partidos en defensa del Estado de Derecho que alimenta la sospecha de un uso a gusto del consumidor. Eso mismo está ocurriendo en el debate político-judicial sobre si los continuadores de la ilegal Batasuna deben o no participar en los comicios municipales y forales del 22 de mayo. El respeto a la legalidad llega hasta la conveniencia de cada partido en relación con el desenlace final. Y si el frenazo del Tribunal Supremo a Bildu es el triunfo del Estado de Derecho, según el PP, la eventual luz verde del Tribunal Constitucional sería un golpe bajo a la Democracia y a las leyes. Tan impresentable como el hecho de que el PSOE esté jugando a dos barajas, según traté de explicar en mi comentario de ayer
Publicado en El Confidencial (05/05/2011)
El Zapatero que ayer respondió una pregunta de Llamazares no recuerda en nada al que algunos echamos de menos. Aquel que se rasgó las vestiduras por aversión a la ilegal e inmoral guerra del Irak en 2003. El de la retirada de tropas y el desdén a la bandera norteamericana en un desfile militar de entonces no tiene nada que ver con el que ayer en el Congreso vino a decir que si ahora Bin Laden yace bajo el mar él se lo ha buscado, por criminal. Ni una palabra sobre el método. Si me lo permite Llamazares, hago mío su estupor: “Señor presidente, no le reconozco”.
Toda la doctrina Zapatero sobre la eliminación física de Bin Laden a cargo de comandos norteamericanos se reduce al vago deseo democrático de haberlo visto sentado en un banquillo. Y vago también su diagnóstico: “Es muy probable que su destino haya sido buscado por él mismo después de tan sanguinaria trayectoria”. Ahí está una parte de su respuesta a la pregunta del diputado de IU: “¿Mantiene su felicitación a los EEUU por el asesinato extrajudicial del terrorista Bin Laden?”.
La formulación estaba claramente orientada a conocer la opinión del presidente del Gobierno sobre los métodos utilizados en la operación. De la no tan clara respuesta de Zapatero se deduce que mantiene la felicitación a Barack Obama y, por tanto, no le hace ascos a los medios porque al fin se trataba de acabar con “uno de los criminales más sádicos de la historia”. Es decir, que la elección de los medios, desde los más ajustados a la ley hasta los más inconfesables, depende del grado de sadismo del criminal al que nos enfrentemos.
Quién nos iba a decir que Zapatero acabaría confirmando las tesis del PP sobre la guerra sucia del PSOE años ochenta, la cal viva y los “atajos” en la política antiterrorista de los Gobiernos de Felipe González. Por aquel entonces a Aznar, Cascos, Trillo, Garzón, Pedro J. y Julio Anguita se les llenaba la boca acusando a los socialistas de abrazar el principio de que el fin justifica los medios. Ahora viene Zapatero a darles la razón.
Vean ustedes, si quieren verlo, lo fácil que es reprobar la posición del actual Gobierno con ese discurso del PP que tantos réditos electorales le dio en 1996. Tan fácil como absurdo, puesto que aquí y ahora el PP está tan encantado como el PSOE con el “atajo” decidido por EEUU para eliminar a Bin Laden en un clamoroso episodio de guerra sucia. Ante la ejecución extrajudicial del mentado inspirador del terrorismo yihadista, tanto el PSOE que condenó la invasión ilegal de Irak como el PP que arremetía contra el GAL han desaparecido en la misma polvareda.
Un apagón del habitual discurso de los dos grandes partidos en defensa del Estado de Derecho que alimenta la sospecha de un uso a gusto del consumidor. Eso mismo está ocurriendo en el debate político-judicial sobre si los continuadores de la ilegal Batasuna deben o no participar en los comicios municipales y forales del 22 de mayo. El respeto a la legalidad llega hasta la conveniencia de cada partido en relación con el desenlace final. Y si el frenazo del Tribunal Supremo a Bildu es el triunfo del Estado de Derecho, según el PP, la eventual luz verde del Tribunal Constitucional sería un golpe bajo a la Democracia y a las leyes. Tan impresentable como el hecho de que el PSOE esté jugando a dos barajas, según traté de explicar en mi comentario de ayer
El Foro de la Sociedad Civil propone auditar a los partidos para asegurar su transparencia
Publicado en El Confidencial (05/05/2011)
Transparencia y cuentas claras para los partidos políticos como si fueran empresas cotizadas. El Foro de la Sociedad Civil, asociación independiente que agrupa a más de un centenar de destacados representantes de la sociedad española y presidida por el ex ministro Ignacio Camuñas, pide que se redacte y apruebe una Ley Orgánica que establezca la necesidad de que, al igual que en las sociedades privadas, partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales estén obligados a auditar anualmente sus cuentas.
El Foro recomienda que dicha auditoría sea realizada por el Tribunal de Cuentas o por las entidades habilitadas para ello por el propio Tribunal, que estén debidamente homologadas y registradas. La auditoría tendría que hacerse necesariamente entre el cierre del ejercicio y el 30 de junio del año siguiente, y debería ser depositada en un registro especial del Tribunal de Cuentas, al que puedan tener acceso todos los ciudadanos, en una forma similar a lo que se hace con el Registro Mercantil.
La auditoría debería completar los siguientes términos:
a) La cuantía de las subvenciones directas e indirectas percibidas por los partidos políticos, los sindicatos y organizaciones empresariales por todos los conceptos.
b) El número de sindicalistas liberados total o parcialmente de su trabajo, y su coste para las empresas y administraciones públicas.
c) El número de empleados contratados por los partidos políticos en todo el territorio nacional y su coste.
d) Los préstamos que los partidos políticos hayan recibido de las entidades financieras, los intereses pagados por ellos, y el tiempo transcurrido hasta su cancelación.
La razón de nuestra propuesta
“En una situación de crisis económica como la que padece España en estos momentos, con más de 4 millones de parados, cuando el Gobierno ha anunciado reducciones en las pensiones y los sueldos de los funcionarios, cuando ha anunciado nuevos incrementos de impuestos, la sociedad española tiene derecho a una mayor transparencia sobre cómo se gasta el dinero de sus impuestos y el deber de exigirla”, explican desde el Foro.
“Por ello, parece absolutamente imprescindible garantizar una mayor transparencia sobre este capítulo del gasto público. Para ello, se debe conocer la cuantía y destino de las subvenciones, el número y coste de los liberados sindicales, y el número y coste de los empleados por los partidos políticos y por los sindicatos”.
Transparencia y cuentas claras para los partidos políticos como si fueran empresas cotizadas. El Foro de la Sociedad Civil, asociación independiente que agrupa a más de un centenar de destacados representantes de la sociedad española y presidida por el ex ministro Ignacio Camuñas, pide que se redacte y apruebe una Ley Orgánica que establezca la necesidad de que, al igual que en las sociedades privadas, partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales estén obligados a auditar anualmente sus cuentas.
El Foro recomienda que dicha auditoría sea realizada por el Tribunal de Cuentas o por las entidades habilitadas para ello por el propio Tribunal, que estén debidamente homologadas y registradas. La auditoría tendría que hacerse necesariamente entre el cierre del ejercicio y el 30 de junio del año siguiente, y debería ser depositada en un registro especial del Tribunal de Cuentas, al que puedan tener acceso todos los ciudadanos, en una forma similar a lo que se hace con el Registro Mercantil.
La auditoría debería completar los siguientes términos:
a) La cuantía de las subvenciones directas e indirectas percibidas por los partidos políticos, los sindicatos y organizaciones empresariales por todos los conceptos.
b) El número de sindicalistas liberados total o parcialmente de su trabajo, y su coste para las empresas y administraciones públicas.
c) El número de empleados contratados por los partidos políticos en todo el territorio nacional y su coste.
d) Los préstamos que los partidos políticos hayan recibido de las entidades financieras, los intereses pagados por ellos, y el tiempo transcurrido hasta su cancelación.
La razón de nuestra propuesta
“En una situación de crisis económica como la que padece España en estos momentos, con más de 4 millones de parados, cuando el Gobierno ha anunciado reducciones en las pensiones y los sueldos de los funcionarios, cuando ha anunciado nuevos incrementos de impuestos, la sociedad española tiene derecho a una mayor transparencia sobre cómo se gasta el dinero de sus impuestos y el deber de exigirla”, explican desde el Foro.
“Por ello, parece absolutamente imprescindible garantizar una mayor transparencia sobre este capítulo del gasto público. Para ello, se debe conocer la cuantía y destino de las subvenciones, el número y coste de los liberados sindicales, y el número y coste de los empleados por los partidos políticos y por los sindicatos”.
miércoles, 4 de mayo de 2011
Los políticos nos están comiendo la merienda
Por Carlos Fonseca
Publicado en El Confidencial (04/05/2011)
La profesión periodística, tan escasamente reivindicativa y tan insolidaria consigo misma, se ha rebelado en Twitter con una campaña espontánea (el hashtag es #sinpreguntasnocobertura) con la intención de poner fin a una práctica cada día más habitual entre los políticos, que consiste en convocar ruedas de prensa en la que los informadores no pueden hacer preguntas. El dirigente se pone delante del atril y lee una declaración que critica los defectos ajenos, alaba las virtudes propias y da un par de frases “cocinadas” por sus asesores para que los presenten sepan como titular una intervención insustancial, llena de lugares comunes, vaticinios de desgracias y promesas de solución.
La obligada presencia de plumillas, cámaras de televisión y cadenas de radio garantiza que lo dicho tenga una repercusión proporcional al grosor de los adjetivos utilizados. Es la no noticia, periodismo declarativo que no transmite hechos, sino propaganda. Lo hacen el PSOE y el PP, desde el Gobierno y la oposición. Los partidos minoritarios ni lo intentan porque solo les falta rehuir las preguntas para que les hagamos aún menos caso en este escenario bipartidista que es la política nacional.
Una día dicen que no admiten preguntas y evitan contestar cuestiones incómodas, y otro acceden pero si la pregunta les incomoda recurren al “hoy no toca”. Tienen tanto interés en facilitarnos el trabajo que nos abruman con notas de prensa con declaraciones o información que podemos utilizar ¡sin citar su procedencia! Vamos, que si el periodista no tiene muchas ganas de trabajar ese día puede aplicar el corta y pega al párrafo que considere oportuno y añadir la muletilla “según las fuentes (de tal o cual ministerio o partido) consultadas por este diario”. En los mítines electorales, la campaña de las municipales y autonómicas comienza el viernes, la televisión es la reina. Los partidos lo saben y facilitan las imágenes editadas (ellos eligen lo que se puede ver y lo que no).
Hay políticos que para ser entrevistados reclaman un cuestionario previo, otros exigen ver la entrevista antes de ser publicada y algunos las dos cosas a un tiempo. Y hay periodistas que acceden a este cambalache que ha devaluado el género de la entrevista hasta hacerla, salvo excepciones, prescindible.La entrevista pide diálogo: pregunta, respuesta y repregunta sobre lo contestado. Un debate, no una suma de declaraciones huecas que en ocasiones ni siquiera contestan los entrevistados, sino sus asesores de prensa.
La culpa es nuestra por haber aceptado lo inaceptable y devaluado con ello nuestra profesión. Bastante tenemos con hacer frente a las penurias de la profesión en esta etapa sombría de despidos masivos. Ya no marcamos la agenda informativa con nuestras noticias, son los partidos los que lo hacen y nos dicen lo que es noticia y lo que no lo es. Nos han comido la merienda y nos quedamos tan panchos. El periodismo declarativo está acabando con la esencia de esta profesión, que consiste en ir allí donde ocurren los hechos, ser testigo de ellos y contarlos, contextualizando la información para que el lector/oyente/televidente tenga elementos para interpretar la realidad. Cada día somos menos críticos con el poder, sea del color que sea, cuando nuestra función no es adular, sino controlar que quienes lo detentan no se desvíen de su obligación de servir al bien común y no al particular.
La batalla de la inmediatez (no por la exclusiva, resultado del trabajo bien hecho), por ser el primero en subir una noticia a Internet o contarla en la radio facilita el trabajo a los políticos. Basta con acudir a cualquiera de las ruedas de prensa que PSOE y PP convocan todos los lunes, tras las reuniones de sus ejecutivas, para ver a muchos compañeros escribir en su ordenador las declaraciones del portavoz de turno al tiempo que las realiza, sin tiempo para atendery discernir lo relevante de lo prescindible. Escribe y envía. Escribe y envía. Las empresas aprietan, y los políticos tan contentos.
No sé si la iniciativa #sinpreguntasnocobertura tendrá finalmente éxito y conseguirá que nos pongamos de acuerdo para no acudir a convocatorias sin preguntas, o nos levantemos y nos vayamos si no se aceptan, pero la revuelta me parece tan inédita en la profesión, que ya el solo hecho de haberla planteado merece la pena. Los políticos tienen que saber que los ciudadanos tienen derecho a una información veraz y que los periodistas somos sus intermediarios. Su silencio es una falta de respeto a ambos.
Hasta el próximo miércoles.
Publicado en El Confidencial (04/05/2011)
La profesión periodística, tan escasamente reivindicativa y tan insolidaria consigo misma, se ha rebelado en Twitter con una campaña espontánea (el hashtag es #sinpreguntasnocobertura) con la intención de poner fin a una práctica cada día más habitual entre los políticos, que consiste en convocar ruedas de prensa en la que los informadores no pueden hacer preguntas. El dirigente se pone delante del atril y lee una declaración que critica los defectos ajenos, alaba las virtudes propias y da un par de frases “cocinadas” por sus asesores para que los presenten sepan como titular una intervención insustancial, llena de lugares comunes, vaticinios de desgracias y promesas de solución.
La obligada presencia de plumillas, cámaras de televisión y cadenas de radio garantiza que lo dicho tenga una repercusión proporcional al grosor de los adjetivos utilizados. Es la no noticia, periodismo declarativo que no transmite hechos, sino propaganda. Lo hacen el PSOE y el PP, desde el Gobierno y la oposición. Los partidos minoritarios ni lo intentan porque solo les falta rehuir las preguntas para que les hagamos aún menos caso en este escenario bipartidista que es la política nacional.
Una día dicen que no admiten preguntas y evitan contestar cuestiones incómodas, y otro acceden pero si la pregunta les incomoda recurren al “hoy no toca”. Tienen tanto interés en facilitarnos el trabajo que nos abruman con notas de prensa con declaraciones o información que podemos utilizar ¡sin citar su procedencia! Vamos, que si el periodista no tiene muchas ganas de trabajar ese día puede aplicar el corta y pega al párrafo que considere oportuno y añadir la muletilla “según las fuentes (de tal o cual ministerio o partido) consultadas por este diario”. En los mítines electorales, la campaña de las municipales y autonómicas comienza el viernes, la televisión es la reina. Los partidos lo saben y facilitan las imágenes editadas (ellos eligen lo que se puede ver y lo que no).
Hay políticos que para ser entrevistados reclaman un cuestionario previo, otros exigen ver la entrevista antes de ser publicada y algunos las dos cosas a un tiempo. Y hay periodistas que acceden a este cambalache que ha devaluado el género de la entrevista hasta hacerla, salvo excepciones, prescindible.La entrevista pide diálogo: pregunta, respuesta y repregunta sobre lo contestado. Un debate, no una suma de declaraciones huecas que en ocasiones ni siquiera contestan los entrevistados, sino sus asesores de prensa.
La culpa es nuestra por haber aceptado lo inaceptable y devaluado con ello nuestra profesión. Bastante tenemos con hacer frente a las penurias de la profesión en esta etapa sombría de despidos masivos. Ya no marcamos la agenda informativa con nuestras noticias, son los partidos los que lo hacen y nos dicen lo que es noticia y lo que no lo es. Nos han comido la merienda y nos quedamos tan panchos. El periodismo declarativo está acabando con la esencia de esta profesión, que consiste en ir allí donde ocurren los hechos, ser testigo de ellos y contarlos, contextualizando la información para que el lector/oyente/televidente tenga elementos para interpretar la realidad. Cada día somos menos críticos con el poder, sea del color que sea, cuando nuestra función no es adular, sino controlar que quienes lo detentan no se desvíen de su obligación de servir al bien común y no al particular.
La batalla de la inmediatez (no por la exclusiva, resultado del trabajo bien hecho), por ser el primero en subir una noticia a Internet o contarla en la radio facilita el trabajo a los políticos. Basta con acudir a cualquiera de las ruedas de prensa que PSOE y PP convocan todos los lunes, tras las reuniones de sus ejecutivas, para ver a muchos compañeros escribir en su ordenador las declaraciones del portavoz de turno al tiempo que las realiza, sin tiempo para atendery discernir lo relevante de lo prescindible. Escribe y envía. Escribe y envía. Las empresas aprietan, y los políticos tan contentos.
No sé si la iniciativa #sinpreguntasnocobertura tendrá finalmente éxito y conseguirá que nos pongamos de acuerdo para no acudir a convocatorias sin preguntas, o nos levantemos y nos vayamos si no se aceptan, pero la revuelta me parece tan inédita en la profesión, que ya el solo hecho de haberla planteado merece la pena. Los políticos tienen que saber que los ciudadanos tienen derecho a una información veraz y que los periodistas somos sus intermediarios. Su silencio es una falta de respeto a ambos.
Hasta el próximo miércoles.
Ejecución extrajudicial de Bin Laden y razón de Estado
Por Antonio Casado
Publicado en El Confidencial (03/05/2011)
No será en la cara del abajo firmante donde aparezca una lagrimita por Bin Laden. Ni una ni media. Muerto y bien muerto está, eso parece, quien tanta muerte sembró con sus incitaciones al terrorismo en nombre de Dios. Dicho sea también por la parte que nos toca en la memoria del jueves de sangre en Madrid, aunque nuestra Esperanza Aguirre siga diciendo que a ella no le consta la marca de Al Qaeda (“miembros de grupos terroristas de tipo yihadista”, según la sentencia) en la tragedia de aquel 11 de marzo de 2004.
Acontecimientos de este calibre nos retratan a todos. Celebrar la caída del jefe de Al Qaeda -aunque no se puede hablar de una organización jerarquizada, así lo percibía la opinión pública mundial-, equivale a celebrar también los métodos utilizados. O, al menos, dedicarles una mirada distraída. De hecho esa es la tónica general de las reacciones de todas las cancillerías occidentales ante la noticia difundida ayer por Barack Obama en plan “misión cumplida”, que nos recordó el patinazo de George Bush sobre la cubierta de un portaviones, cuando quiso dar por cerrada la guerra de Irak (¿recuerdan?).
A lo que íbamos. Mirada distraída a escala planetaria sobre lo que técnicamente sería un asesinato si no estuviera de por medio la razón de Estado. Nada nuevo. Es lo que se despacha. Y no procede el rasgado de vestiduras. Mucho menos cuando miles de norteamericanos agitan sus resortes emocionales al relacionar los disparos de los comandos a la cabeza de Bin Laden con los 3.000 muertos en las Torres Gemelas de Nueva York.
En esas condiciones, Obama bien pudo permitirse ayer valorar la consabida operación en territorio paquistaní como un ajuste de cuentas. Y hasta podría acabar justificando la existencia de la prisión de Guantánamo, donde el Gobierno de EEUU se pasa por el arco del triunfo el amparo legal, la asistencia letrada, la Convención de Ginebra y la Declaración de Derechos Humanos. De momento, su promesa de cerrar tan aberrante establecimiento se ha perdido en la polvareda. Descuiden ustedes, que por eso no perderá las elecciones, teniendo políticamente enfrente a quienes inventaron esa forma de encarcelar a los sospechosos sin cargos y sin tutela en un limbo extraterritorial.
Todo esto se presta al juego de las comparaciones en clave doméstica. Largas y penosas reyertas dialécticas nos contemplan por cuenta de la guerra sucia, los atajos, el terrorismo de Estado, la cal viva y, más recientemente, el vuelo del faisán y la vigilancia policial a los etarras voladores, en nombre de los principios del Estado de Derecho. Principios seriamente averiados en el debate derivado de la lucha por el poder porque se invocan al gusto del consumidor y, por tanto, quedan despojados de su carácter universal, permanente y no negociable.
Uno carga como puede con sus propias contradicciones. No será el abajo firmante, que ha hablado en tantas ocasiones de los renglones torcidos en la recta lucha contra de los Gobiernos contra los terroristas, los de cercanías y los otros, quien lamente la eliminación física de Bin Laden, inspirador de tantos actos criminales en la primera década del siglo XXI. En cambio creo que se lo deberían hacer mirar quienes justifican los medios en función del fin si se trata de Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña, Francia, etc., pero revierten el discurso cuando se trata del adversario político interior. Y eso ha vuelto a ocurrir en relación con la ejecución extrajudicial de Bin Laden.
Publicado en El Confidencial (03/05/2011)
No será en la cara del abajo firmante donde aparezca una lagrimita por Bin Laden. Ni una ni media. Muerto y bien muerto está, eso parece, quien tanta muerte sembró con sus incitaciones al terrorismo en nombre de Dios. Dicho sea también por la parte que nos toca en la memoria del jueves de sangre en Madrid, aunque nuestra Esperanza Aguirre siga diciendo que a ella no le consta la marca de Al Qaeda (“miembros de grupos terroristas de tipo yihadista”, según la sentencia) en la tragedia de aquel 11 de marzo de 2004.
Acontecimientos de este calibre nos retratan a todos. Celebrar la caída del jefe de Al Qaeda -aunque no se puede hablar de una organización jerarquizada, así lo percibía la opinión pública mundial-, equivale a celebrar también los métodos utilizados. O, al menos, dedicarles una mirada distraída. De hecho esa es la tónica general de las reacciones de todas las cancillerías occidentales ante la noticia difundida ayer por Barack Obama en plan “misión cumplida”, que nos recordó el patinazo de George Bush sobre la cubierta de un portaviones, cuando quiso dar por cerrada la guerra de Irak (¿recuerdan?).
A lo que íbamos. Mirada distraída a escala planetaria sobre lo que técnicamente sería un asesinato si no estuviera de por medio la razón de Estado. Nada nuevo. Es lo que se despacha. Y no procede el rasgado de vestiduras. Mucho menos cuando miles de norteamericanos agitan sus resortes emocionales al relacionar los disparos de los comandos a la cabeza de Bin Laden con los 3.000 muertos en las Torres Gemelas de Nueva York.
En esas condiciones, Obama bien pudo permitirse ayer valorar la consabida operación en territorio paquistaní como un ajuste de cuentas. Y hasta podría acabar justificando la existencia de la prisión de Guantánamo, donde el Gobierno de EEUU se pasa por el arco del triunfo el amparo legal, la asistencia letrada, la Convención de Ginebra y la Declaración de Derechos Humanos. De momento, su promesa de cerrar tan aberrante establecimiento se ha perdido en la polvareda. Descuiden ustedes, que por eso no perderá las elecciones, teniendo políticamente enfrente a quienes inventaron esa forma de encarcelar a los sospechosos sin cargos y sin tutela en un limbo extraterritorial.
Todo esto se presta al juego de las comparaciones en clave doméstica. Largas y penosas reyertas dialécticas nos contemplan por cuenta de la guerra sucia, los atajos, el terrorismo de Estado, la cal viva y, más recientemente, el vuelo del faisán y la vigilancia policial a los etarras voladores, en nombre de los principios del Estado de Derecho. Principios seriamente averiados en el debate derivado de la lucha por el poder porque se invocan al gusto del consumidor y, por tanto, quedan despojados de su carácter universal, permanente y no negociable.
Uno carga como puede con sus propias contradicciones. No será el abajo firmante, que ha hablado en tantas ocasiones de los renglones torcidos en la recta lucha contra de los Gobiernos contra los terroristas, los de cercanías y los otros, quien lamente la eliminación física de Bin Laden, inspirador de tantos actos criminales en la primera década del siglo XXI. En cambio creo que se lo deberían hacer mirar quienes justifican los medios en función del fin si se trata de Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña, Francia, etc., pero revierten el discurso cuando se trata del adversario político interior. Y eso ha vuelto a ocurrir en relación con la ejecución extrajudicial de Bin Laden.
¿Al Qaeda sin Bin Laden?
Por Fernando Reinares , investigador principal de terrorismo internacional en el Real Instituto Elcano y catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos. Actualmente también public policy scholar en la división de estudios de seguridad internacional del Woodrow Wilson Center, en Washington.
Publicado en El País (03/05/2011)
Tiene razón el presidente Barack Obama cuando ayer decía que la muerte de Osama bin Laden supone el logro más significativo de Estados Unidos en sus esfuerzos por derrotar a Al Qaeda.
Tiene razón porque la estrategia de Al Qaeda es una estrategia de desgaste. No necesita ganar, sino sencillamente evitar ser derrotada. No necesita tomar el poder o reconstituir el Califato. Su métrica de victoria consiste en seguir perpetrando atentados y proyectar una imagen de indestructibilidad. Esta aparente capacidad de persistencia es para los terroristas algo próximo o equivalente al éxito. Y el hecho de que, 10 años después de los atentados del 11 de septiembre, que o el icono por antonomasia del yihadismo global no hubiera sido hallado reforzaba extraordinariamente esas percepciones.
Haber dado con su paradero y dejar a Al Qaeda sin su líder carismático e indiscutido es el resultado más importante de la nueva estrategia para combatir el terrorismo adoptada por el actual mandatario norteamericano, aunque en buena medida descansa sobre avances de la anterior Administración.
El presidente Barack Obama presentó públicamente dicha estrategia en marzo de 2009. Al hacerlo, subrayó cuatro cuestiones que ahora adquieren una particular relevancia. En primer lugar, afirmó que su principal objetivo contraterrorista era "desbaratar, desmantelar y derrotar a Al Qaeda".
En segundo término, sostuvo que "casi con toda certeza", Osama bin Laden se encontraba en las montañosas zonas tribales al noroeste de ese segundo país.
En tercer lugar, aseguró que "Pakistán debe demostrar su compromiso de erradicar a Al Qaeda y a los extremistas violentos dentro de sus fronteras".
Por último, el presidente norteamericano advirtió que Estados Unidos "insistirá en que se actúe, de un modo u otro, cuando tengamos inteligencia sobre blancos terroristas de alto nivel". Estos cuatro asuntos, mutuamente relacionados entre sí, ayudan a interpretar la muerte de Osama bin Laden y el contexto en que se ha producido, al tiempo que invitan a reflexionar acerca de todo ello y del futuro de Al Qaeda y del terrorismo global en su conjunto.
Desbaratar, desmantelar y derrotar a Al Qaeda era una finalidad contraterrorista más precisa y, en cierto modo, menos ambiciosa, que la de enfrentarse a los extremismos violentos en todo el mundo formulada como guerra global al terrorismo por la Administración de George W. Bush. Pero los medios militares y las labores de inteligencia han continuado siendo preferentes, como difícilmente podría ser de otro modo tratándose de una estructura terrorista cuyoslíderes se encuentran en Pakistán. A la muerte de Osama bin Laden ha llevado, por una parte, el extraordinario incremento en los ataques norteamericanos mediante misiles lanzados desde aeronaves no tripuladas contra blancos de Al Qaeda en Waziristán del Norte.
Es verosímil que, a la vista del creciente número de mandos de dicha estructura terrorista que iban siendo alcanzados por el impacto de esos misiles, Osama bin Laden tomase la decisión de buscar refugio en el mismo otro ámbito en el que ya lo habían hecho otros destacados subordinados suyos. Es decir, trasladarse de las inaccesibles montañas de las zonas tribales de Pakistán al entorno, menos proclive a la labor de los informantes, de alguna de sus densamente pobladas zonas urbanas.
Por otra parte, a la muerte de Osama bin Laden ha llevado también una exquisita labor de inteligencia a cargo de la CIA. Pero es dudoso que la información en base a la cual haya sido elaborada dicha inteligencia provenga de aquel compromiso que las autoridades paquistaníes, en palabras de Barack Obama, tenían que demostrar.
De hecho, la advertencia que el presidente de Estados Unidos incluyó en la presentación de su estrategia contraterrorista, hace ahora poco más de dos años, se refería a la pasada inacción contra líderes de Al Qaeda identificados en territorio de Pakistán, cuando la operación contra los mismos quedaba en manos de los servicios de seguridad y de los militares de dicho país, que en alguna ocasión incluso llegaron a alertar al propio emir de la estructura terrorista de que había sido detectado por la CIA o de la inminencia de un ataque contra su persona.
Aunque el discurso del presidente Obama sea conciliador a este respecto, que Osama bin Laden se hallara escondido en un recinto muy protegido y relativamente cercano a Islamabad suscita una vez más dudas sobre la manera poco unívoca con que las autoridades paquistaníes abordan el tema de Al Qaeda.
Osama bin Laden muere en un momento en el que Al Qaeda parece tener objetivamente degradadas sus capacidades operativas, cuenta con un número de miembros propios que posiblemente no llegue al millar y ha ido progresivamente perdiendo apoyo popular en los países con sociedades mayoritariamente musulmanas, aunque aún sea entre sustancial y notable en algunos de ellos. Esta decadencia se relaciona con el hecho de que la inmensa mayoría de las víctimas del yihadismo global sean musulmanes y que haya habido autoridades con título religioso cuyas voces contrarias a Al Qaeda se han dejado finalmente sentir a lo largo del mundo islámico. Ahora bien, ni había dejado de existir, como muchos aducían sin fundamento, ni va a dejar de hacerlo a corto y medio plazo. Es más, a lo largo de la última década, esa estructura terrorista ha dado muestras más que sobradas de su habilidad para adaptarse a circunstancias adversas y ampliar su influencia. Y lo que ha permitido que sobreviva no es, como a menudo se aduce, su carácter descentralizado, sino, bien al contrario, su articulación jerárquica.
Por eso mismo, Al Qaeda sufre un especial menoscabo con la pérdida de Osama bin Laden, el alcance simbólico de cuyo liderazgo difícilmente puede ser reemplazado. Pero Al Qaeda va a continuar existiendo y contará con un nuevo emir, probablemente el egipcio Ayman al Zawahiri, que desde hace años se desenvuelve como estratega del terrorismo global, aunque quizá no concite el asentimiento de todos los actores que constituyen este polimorfo fenómeno. La semana pasada fueron detenidos en Alemania tres individuos, relacionados con el núcleo de liderazgo de Al Qaeda, que se preparaban para cometer atentados suicidas en dicho país y ese tipo de noticias seguirán siendo recurrentes en los próximos años.
Además, continuará existiendo el resto de los componentes de la urdimbre del terrorismo yihadista, paradójicamente más extendidos hoy que nunca antes. Esa multiplicidad de focos de la amenaza terrorista incluye escenarios en los que se ubican, a veces compartiendo una misma demarcación y mutuamente relacionados, extensiones territoriales de Al Qaeda, grupos y organizaciones afines a la misma, así como células e individuos independientes. Este es el verdadero legado de Osaba bin Laden.
Publicado en El País (03/05/2011)
Tiene razón el presidente Barack Obama cuando ayer decía que la muerte de Osama bin Laden supone el logro más significativo de Estados Unidos en sus esfuerzos por derrotar a Al Qaeda.
Tiene razón porque la estrategia de Al Qaeda es una estrategia de desgaste. No necesita ganar, sino sencillamente evitar ser derrotada. No necesita tomar el poder o reconstituir el Califato. Su métrica de victoria consiste en seguir perpetrando atentados y proyectar una imagen de indestructibilidad. Esta aparente capacidad de persistencia es para los terroristas algo próximo o equivalente al éxito. Y el hecho de que, 10 años después de los atentados del 11 de septiembre, que o el icono por antonomasia del yihadismo global no hubiera sido hallado reforzaba extraordinariamente esas percepciones.
Haber dado con su paradero y dejar a Al Qaeda sin su líder carismático e indiscutido es el resultado más importante de la nueva estrategia para combatir el terrorismo adoptada por el actual mandatario norteamericano, aunque en buena medida descansa sobre avances de la anterior Administración.
El presidente Barack Obama presentó públicamente dicha estrategia en marzo de 2009. Al hacerlo, subrayó cuatro cuestiones que ahora adquieren una particular relevancia. En primer lugar, afirmó que su principal objetivo contraterrorista era "desbaratar, desmantelar y derrotar a Al Qaeda".
En segundo término, sostuvo que "casi con toda certeza", Osama bin Laden se encontraba en las montañosas zonas tribales al noroeste de ese segundo país.
En tercer lugar, aseguró que "Pakistán debe demostrar su compromiso de erradicar a Al Qaeda y a los extremistas violentos dentro de sus fronteras".
Por último, el presidente norteamericano advirtió que Estados Unidos "insistirá en que se actúe, de un modo u otro, cuando tengamos inteligencia sobre blancos terroristas de alto nivel". Estos cuatro asuntos, mutuamente relacionados entre sí, ayudan a interpretar la muerte de Osama bin Laden y el contexto en que se ha producido, al tiempo que invitan a reflexionar acerca de todo ello y del futuro de Al Qaeda y del terrorismo global en su conjunto.
Desbaratar, desmantelar y derrotar a Al Qaeda era una finalidad contraterrorista más precisa y, en cierto modo, menos ambiciosa, que la de enfrentarse a los extremismos violentos en todo el mundo formulada como guerra global al terrorismo por la Administración de George W. Bush. Pero los medios militares y las labores de inteligencia han continuado siendo preferentes, como difícilmente podría ser de otro modo tratándose de una estructura terrorista cuyoslíderes se encuentran en Pakistán. A la muerte de Osama bin Laden ha llevado, por una parte, el extraordinario incremento en los ataques norteamericanos mediante misiles lanzados desde aeronaves no tripuladas contra blancos de Al Qaeda en Waziristán del Norte.
Es verosímil que, a la vista del creciente número de mandos de dicha estructura terrorista que iban siendo alcanzados por el impacto de esos misiles, Osama bin Laden tomase la decisión de buscar refugio en el mismo otro ámbito en el que ya lo habían hecho otros destacados subordinados suyos. Es decir, trasladarse de las inaccesibles montañas de las zonas tribales de Pakistán al entorno, menos proclive a la labor de los informantes, de alguna de sus densamente pobladas zonas urbanas.
Por otra parte, a la muerte de Osama bin Laden ha llevado también una exquisita labor de inteligencia a cargo de la CIA. Pero es dudoso que la información en base a la cual haya sido elaborada dicha inteligencia provenga de aquel compromiso que las autoridades paquistaníes, en palabras de Barack Obama, tenían que demostrar.
De hecho, la advertencia que el presidente de Estados Unidos incluyó en la presentación de su estrategia contraterrorista, hace ahora poco más de dos años, se refería a la pasada inacción contra líderes de Al Qaeda identificados en territorio de Pakistán, cuando la operación contra los mismos quedaba en manos de los servicios de seguridad y de los militares de dicho país, que en alguna ocasión incluso llegaron a alertar al propio emir de la estructura terrorista de que había sido detectado por la CIA o de la inminencia de un ataque contra su persona.
Aunque el discurso del presidente Obama sea conciliador a este respecto, que Osama bin Laden se hallara escondido en un recinto muy protegido y relativamente cercano a Islamabad suscita una vez más dudas sobre la manera poco unívoca con que las autoridades paquistaníes abordan el tema de Al Qaeda.
Osama bin Laden muere en un momento en el que Al Qaeda parece tener objetivamente degradadas sus capacidades operativas, cuenta con un número de miembros propios que posiblemente no llegue al millar y ha ido progresivamente perdiendo apoyo popular en los países con sociedades mayoritariamente musulmanas, aunque aún sea entre sustancial y notable en algunos de ellos. Esta decadencia se relaciona con el hecho de que la inmensa mayoría de las víctimas del yihadismo global sean musulmanes y que haya habido autoridades con título religioso cuyas voces contrarias a Al Qaeda se han dejado finalmente sentir a lo largo del mundo islámico. Ahora bien, ni había dejado de existir, como muchos aducían sin fundamento, ni va a dejar de hacerlo a corto y medio plazo. Es más, a lo largo de la última década, esa estructura terrorista ha dado muestras más que sobradas de su habilidad para adaptarse a circunstancias adversas y ampliar su influencia. Y lo que ha permitido que sobreviva no es, como a menudo se aduce, su carácter descentralizado, sino, bien al contrario, su articulación jerárquica.
Por eso mismo, Al Qaeda sufre un especial menoscabo con la pérdida de Osama bin Laden, el alcance simbólico de cuyo liderazgo difícilmente puede ser reemplazado. Pero Al Qaeda va a continuar existiendo y contará con un nuevo emir, probablemente el egipcio Ayman al Zawahiri, que desde hace años se desenvuelve como estratega del terrorismo global, aunque quizá no concite el asentimiento de todos los actores que constituyen este polimorfo fenómeno. La semana pasada fueron detenidos en Alemania tres individuos, relacionados con el núcleo de liderazgo de Al Qaeda, que se preparaban para cometer atentados suicidas en dicho país y ese tipo de noticias seguirán siendo recurrentes en los próximos años.
Además, continuará existiendo el resto de los componentes de la urdimbre del terrorismo yihadista, paradójicamente más extendidos hoy que nunca antes. Esa multiplicidad de focos de la amenaza terrorista incluye escenarios en los que se ubican, a veces compartiendo una misma demarcación y mutuamente relacionados, extensiones territoriales de Al Qaeda, grupos y organizaciones afines a la misma, así como células e individuos independientes. Este es el verdadero legado de Osaba bin Laden.
viernes, 29 de abril de 2011
¿Quién es y qué piensa quien verdaderamente manda en Europa?
Por Alberto Artero
Publicado en Cotizalia (29/04/2011)
¿Quién manda en Europa? Me encanta hacer esta pregunta. Una buena parte de la ciudadanía respondería que Alemania. Tendría pocas dudas. Resulta evidente que el país teutón marca tiempos e impone políticas a los estados díscolos en el proceso de ajuste de la periferia europea. Y que ha pasado de ser la locomotora europea a convertirse en su aparente tabla de salvación, la única con fondos para mantener el barco a flote. Pese a su fama de cuadriculados, los alemanes han conseguido flexibilizar su economía hasta un punto que sus exportaciones se sostienen pese a la fortaleza del euro y sus niveles de paro son un tercio de los existentes en España.
Sin embargo, la respuesta no es del todo cierta, porque hasta el mejor escribano echa un borrón y, en su caso, tiene como nombre Banca y como uno de sus apellidos Landes. El desaguisado de las inversiones realizadas por estas instituciones con los ahorros de sus habitantes tiene al sector con la soga al cuello y solo el poder de Angela Merkel está permitiendo que los problemas no afloren en su justa dimensión. De ahí que lo ejerza activamente. Pero, ¿qué ocurriría si no contara con la complicidad del BCE? Pues que tal ilusión de solvencia de su sistema se iría, en un pis pas, por el retrete de los impagos, soberanos o financieros, que qué más dan las causas cuando importan las consecuencias.
En efecto, a través tanto de las compras en el mercado de los países con mayores dificultades financieras, como de la habilitación de ventanas de descuento a precios irrisorios para las instituciones bancarias de los mismos, salvó no solo a Alemania sino al conjunto de la UE de la liquidación por derribo del sueño comunitario en el momento álgido de la crisis. La trascendencia de su actividad sigue siendo, sin embargo, esencial. Imagínense qué pasaría, por ejemplo, en España si decidiera cerrar el grifo a nuestros bancos y cajas. O cómo puede afectar su política de tipos de interés al sector privado de las naciones más endeudadas.
Quien manda de verdad en Europa, quien tiene la llave de su futuro, es, en gran medida, el Banco Central Europeo, del que también depende la viabilidad del sector financiero alemán, con más morralla en sus balances que las redes de Chanquete. Algo que, por cierto, tienen muy claro en Estados Unidos con el papel que representa la Reserva Federal, acusada de manipuladora y salvadora de la economía real y de mercados a partes iguales. Siendo como es la única y verdadera entidad supranacional con mando en plaza, en tanto no se produzca la imprescindible armonía fiscal de los estados miembros, la capacidad de influencia del BCE se acrecienta.
Aceptada tan discutible tesis, veamos: ¿qué dice el que tiene la sartén bajo el brazo? En las últimas 24 horas dos han sido dos los analistas internacionales que me han remitido, sobre este particular, a la presentación realizada por el miembro del Comité Ejecutivo del banco central, el italiano Lorenzo Bini Smaghi, el pasado 9 de febrero en la London School of Economics. Riesgo Soberano y el Euro son 66 páginas muy ligeritas en las que se centra en el problema de la deuda soberana europea y en sus soluciones. Aunque esté pelín desfasada, aborda todas las cuestiones relacionadas con la misma, desde las vías tradicionales a la solución del problema a la alternativa preferida por el organismo.
Bullet points de su discurso (clave es el punto 5):
1- Es un problema serio que se verá agravado por el aumento del gasto derivado de la inversión en la pirámide poblacional (página 7).
2- Solo se puede resolver vía uno, ajuste fiscal (más ingresos y/o menos gastos); dos, inflación; y tres, restructuración-impago (incluida salida del euro). O mediante una combinación de todas ellas. Ya escribimos aquí en su día por qué a los bancos centrales les interesa, en este entorno, propiciar alzas de precios pese a que su mandato -simple en Europa, dual ligado a empleo en Estados Unidos- sea velar por su estabilidad (páginas 8 y 9).
3- Descartada formalmente la segunda, quedan las otras dos. Hasta ahora todos los afectados han optado por la eufemística consolidación presupuestaria, mecanismo que plantea dudas en cuanto a su coste en términos de crecimiento, voluntad política de ejecución o verdadera solidaridad entre miembros. La moneda única y los diferenciales han reflejado tal incertidumbre.
4- A continuación se encarga de desmontar esas tres objeciones. Es mayor el coste para el país y para otros países de la UE de una restructuración, en términos tanto políticos como económicos (páginas 17 a 36 de imprescindible lectura). No es extrapolable, además, la experiencia de los emergentes al ser los flujos predominantemente internos, existir una unión monetaria y no caber la posibilidad de controles de capital.
5- El cuadro clave es el de la página 41, repetido por su importancia en la 47, que recoge para los distintos diferenciales entre coste de financiación y crecimiento económico, los superávits primarios que requieren Grecia, Irlanda, Portugal y España para cuadrar sus cuentas. Da miedo:
Primero, porque sitúa en los tipos de interés la clave de su supervivencia y fija el coste razonable de la deuda el 6%, sin indicar a qué plazo (no hace falta que les recuerde que queda muy lejos de lo que se está pidiendo en mercado a los tres rescatados).
Segundo, porque exige datos insólitos en muchas naciones para equilibrar su balance fiscal y, además, es esa fantasía el argumento que le permite creer que el nivel de deuda respecto a PIB se estabilizará a partir de 2013.
Tercero, porque lo vincula a unas reformas estructurales que estamos viendo que son de difícil implantación política y sólo se adoptan cuando la alternativa, riesgo de quiebra percibido por los mercados, es más costosa.
6- Vistos los inconvenientes de la restructuración, de los que hicimos sucinta enumeración en relación con Grecia el pasado miércoles, y las dificultades de obtener en 2013 los objetivos de déficit y deuda previstos, propone, en una tercera vía con la que estoy de acuerdo, la recompra de renta fija pública en el mercado, lo que permite reducir volumen en circulación y costes financieros asociados, dar liquidez a la misma y estabilizar precios y frenar la especulación.
Un ladrillo que les he cascao hoy de tamaño familiar pero que creo que merece muy mucho la pena. No se equivoquen, manda quien manda y, de momento, está dispuesto a hacer lo que sea para que nada se mueva antes de 2013. Lo que ocurra a partir de entonces será harina de otro costal. Ya nos tocará. Que disfruten del fin de semana largo quienes lo tengan.
Publicado en Cotizalia (29/04/2011)
¿Quién manda en Europa? Me encanta hacer esta pregunta. Una buena parte de la ciudadanía respondería que Alemania. Tendría pocas dudas. Resulta evidente que el país teutón marca tiempos e impone políticas a los estados díscolos en el proceso de ajuste de la periferia europea. Y que ha pasado de ser la locomotora europea a convertirse en su aparente tabla de salvación, la única con fondos para mantener el barco a flote. Pese a su fama de cuadriculados, los alemanes han conseguido flexibilizar su economía hasta un punto que sus exportaciones se sostienen pese a la fortaleza del euro y sus niveles de paro son un tercio de los existentes en España.
Sin embargo, la respuesta no es del todo cierta, porque hasta el mejor escribano echa un borrón y, en su caso, tiene como nombre Banca y como uno de sus apellidos Landes. El desaguisado de las inversiones realizadas por estas instituciones con los ahorros de sus habitantes tiene al sector con la soga al cuello y solo el poder de Angela Merkel está permitiendo que los problemas no afloren en su justa dimensión. De ahí que lo ejerza activamente. Pero, ¿qué ocurriría si no contara con la complicidad del BCE? Pues que tal ilusión de solvencia de su sistema se iría, en un pis pas, por el retrete de los impagos, soberanos o financieros, que qué más dan las causas cuando importan las consecuencias.
En efecto, a través tanto de las compras en el mercado de los países con mayores dificultades financieras, como de la habilitación de ventanas de descuento a precios irrisorios para las instituciones bancarias de los mismos, salvó no solo a Alemania sino al conjunto de la UE de la liquidación por derribo del sueño comunitario en el momento álgido de la crisis. La trascendencia de su actividad sigue siendo, sin embargo, esencial. Imagínense qué pasaría, por ejemplo, en España si decidiera cerrar el grifo a nuestros bancos y cajas. O cómo puede afectar su política de tipos de interés al sector privado de las naciones más endeudadas.
Quien manda de verdad en Europa, quien tiene la llave de su futuro, es, en gran medida, el Banco Central Europeo, del que también depende la viabilidad del sector financiero alemán, con más morralla en sus balances que las redes de Chanquete. Algo que, por cierto, tienen muy claro en Estados Unidos con el papel que representa la Reserva Federal, acusada de manipuladora y salvadora de la economía real y de mercados a partes iguales. Siendo como es la única y verdadera entidad supranacional con mando en plaza, en tanto no se produzca la imprescindible armonía fiscal de los estados miembros, la capacidad de influencia del BCE se acrecienta.
Aceptada tan discutible tesis, veamos: ¿qué dice el que tiene la sartén bajo el brazo? En las últimas 24 horas dos han sido dos los analistas internacionales que me han remitido, sobre este particular, a la presentación realizada por el miembro del Comité Ejecutivo del banco central, el italiano Lorenzo Bini Smaghi, el pasado 9 de febrero en la London School of Economics. Riesgo Soberano y el Euro son 66 páginas muy ligeritas en las que se centra en el problema de la deuda soberana europea y en sus soluciones. Aunque esté pelín desfasada, aborda todas las cuestiones relacionadas con la misma, desde las vías tradicionales a la solución del problema a la alternativa preferida por el organismo.
Bullet points de su discurso (clave es el punto 5):
1- Es un problema serio que se verá agravado por el aumento del gasto derivado de la inversión en la pirámide poblacional (página 7).
2- Solo se puede resolver vía uno, ajuste fiscal (más ingresos y/o menos gastos); dos, inflación; y tres, restructuración-impago (incluida salida del euro). O mediante una combinación de todas ellas. Ya escribimos aquí en su día por qué a los bancos centrales les interesa, en este entorno, propiciar alzas de precios pese a que su mandato -simple en Europa, dual ligado a empleo en Estados Unidos- sea velar por su estabilidad (páginas 8 y 9).
3- Descartada formalmente la segunda, quedan las otras dos. Hasta ahora todos los afectados han optado por la eufemística consolidación presupuestaria, mecanismo que plantea dudas en cuanto a su coste en términos de crecimiento, voluntad política de ejecución o verdadera solidaridad entre miembros. La moneda única y los diferenciales han reflejado tal incertidumbre.
4- A continuación se encarga de desmontar esas tres objeciones. Es mayor el coste para el país y para otros países de la UE de una restructuración, en términos tanto políticos como económicos (páginas 17 a 36 de imprescindible lectura). No es extrapolable, además, la experiencia de los emergentes al ser los flujos predominantemente internos, existir una unión monetaria y no caber la posibilidad de controles de capital.
5- El cuadro clave es el de la página 41, repetido por su importancia en la 47, que recoge para los distintos diferenciales entre coste de financiación y crecimiento económico, los superávits primarios que requieren Grecia, Irlanda, Portugal y España para cuadrar sus cuentas. Da miedo:
Primero, porque sitúa en los tipos de interés la clave de su supervivencia y fija el coste razonable de la deuda el 6%, sin indicar a qué plazo (no hace falta que les recuerde que queda muy lejos de lo que se está pidiendo en mercado a los tres rescatados).
Segundo, porque exige datos insólitos en muchas naciones para equilibrar su balance fiscal y, además, es esa fantasía el argumento que le permite creer que el nivel de deuda respecto a PIB se estabilizará a partir de 2013.
Tercero, porque lo vincula a unas reformas estructurales que estamos viendo que son de difícil implantación política y sólo se adoptan cuando la alternativa, riesgo de quiebra percibido por los mercados, es más costosa.
6- Vistos los inconvenientes de la restructuración, de los que hicimos sucinta enumeración en relación con Grecia el pasado miércoles, y las dificultades de obtener en 2013 los objetivos de déficit y deuda previstos, propone, en una tercera vía con la que estoy de acuerdo, la recompra de renta fija pública en el mercado, lo que permite reducir volumen en circulación y costes financieros asociados, dar liquidez a la misma y estabilizar precios y frenar la especulación.
Un ladrillo que les he cascao hoy de tamaño familiar pero que creo que merece muy mucho la pena. No se equivoquen, manda quien manda y, de momento, está dispuesto a hacer lo que sea para que nada se mueva antes de 2013. Lo que ocurra a partir de entonces será harina de otro costal. Ya nos tocará. Que disfruten del fin de semana largo quienes lo tengan.
miércoles, 27 de abril de 2011
Manifiesto de economistas franceses aterrados
CRISIS Y DEUDA EN EUROPA: 10 FALSAS EVIDENCIAS, 22 MEDIDAS EN DEBATE PARA SALIR DEL ATOLLADERO
Introducción
La reactivación económica mundial, lograda por medio de una colosal inyección de gasto público en el circuito económico (de los EEUU a China), es frágil pero real. Un solo continente se queda atrasado, Europa. Encontrar el camino del crecimiento no es su prioridad política. Europa entró en otra vía: la de la lucha contra los déficits públicos.
En la Unión Europea estos déficits son elevados, es verdad, -7% en promedio en el 2010-, pero mucho menos que el 11% de los EEUU. Mientras algunos Estados norteamericanos de peso económico superior al de Grecia, California por ejemplo, están cercanos a la quiebra, los mercados financieros decidieron especular sobre la deuda soberana de los países europeos, particularmente los del sur. Europa está prisionera de su propia trampa institucional: los Estados deben tomar créditos ante instituciones financieras privadas que obtienen liquidez a bajo precio del Banco Central Europeo. Así, los mercados tienen la llave del financiamiento de los Estados. En este marco la ausencia de solidaridad europea suscita la especulación, tanto más cuanto que las agencias de calificación juegan a acentuar la desconfianza.
Fue necesaria la degradación de la nota de Grecia por la agencia Moody’s el 15 de junio, para que los dirigentes europeos retomaran el término de “irracionalidad” que tanto emplearon al inicio de la crisis de los subprimes. De este modo se descubre que España está más amenazada por la fragilidad de su modelo de crecimiento y de su sistema bancario que por su deuda pública.
Para “tranquilizar los mercados” se improvisó un Fondo de estabilización del euro, y se lanzaron por toda Europa drásticos, y a menudo ciegos, planes de reducción del gasto público. Los funcionarios son las primeras víctimas, incluso en Francia, en donde el alza de cotizaciones de su previsión será una disimulada baja de sus salarios. El número de funcionarios disminuye en todas partes, amenazando los servicios públicos. Las prestaciones sociales, de los Países Bajos a Portugal, pasando por Francia con su actual reforma de la previsión, están siendo gravemente amputadas. El paro y la precariedad del empleo crecerán forzosamente en los años venideros. Estas medidas son irresponsables desde un punto de vista político y social, e incluso en el estricto ámbito económico.
Esta política, que ha calmado provisoriamente la especulación, tiene ya consecuencias sociales muy negativas en numerosos países europeos, particularmente en la juventud, el mundo del trabajo y los más vulnerables. A corto plazo agudizará las tensiones en Europa y con ello amenazará la propia construcción europea que es mucho más que un proyecto económico. Allí la economía debiese estar al servicio de la construcción de un continente democrático, pacificado y unido. En lugar de eso, se impone por todas partes una forma de dictadura de los mercados, y especialmente hoy en día en Portugal, España y Grecia, tres países que aun eran dictaduras a principios de los años 1970, hace apenas cuarenta años.
Que se la interprete como el deseo de “tranquilizar los mercados” por parte de gobiernos asustados, o bien como un pretexto para imponer decisiones dictadas por la ideología, la sumisión
a esta dictadura es inaceptable tanto ha dado ya la prueba de su ineficacia económica y de su potencial destructivo en los planos político y social.
Un verdadero debate democrático sobre las decisiones de política económica debe pues abrirse en Francia y en Europa. La mayor parte de los economistas que intervienen en el debate público lo hacen para justificar o racionalizar la sumisión de las políticas a las exigencias de los mercados financieros. Cierto, en todas partes los poderes públicos debieron improvisar planes keynesianos de reactivación e incluso nacionalizar temporariamente los bancos. Pero quieren cerrar este paréntesis lo más pronto posible. El software neoliberal aun sigue siendo considerado como legítimo, a pesar de sus patentes fracasos. Este, fundado sobre la hipótesis de eficiencia de los mercados financieros, plantea reducir el gasto público, privatizar los servicios públicos, flexibilizar el mercado del trabajo, liberalizar el comercio, los servicios financieros y los mercados de capitales, aumentar la competencia en todo tiempo y lugar…
En tanto economistas, estamos aterrados al ver que estas políticas siguen a la orden del día y que sus fundamentos teóricos no son cuestionados. No obstante, los argumentos avanzados desde hace treinta años para orientar las decisiones de política económica europea son desmentidos por los hechos. La crisis desnudó el carácter dogmático e infundado de la mayor parte de las pretendidas evidencias repetidas hasta la saciedad por quienes deciden y por sus consejeros. Ya se trate de la eficacia y de la racionalidad de los mercados financieros, de la necesidad de mutilar el gasto para reducir la deuda pública o de reforzar el “pacto de estabilidad”, hay que interrogar dichas falsas evidencias y mostrar la pluralidad de decisiones posibles en materia de política económica. Otras decisiones son posibles y deseables, a condición, primero que nada, de liberarse del dominio impuesto por la industria financiera sobre las políticas públicas.
Hacemos más adelante una presentación crítica de diez postulados que continúan inspirando cada día las decisiones de los poderes públicos en toda Europa, a pesar de los brutales desmentidos aportados por la crisis financiera y sus consecuencias. Se trata de falsedades que inspiran medidas injustas e ineficaces, frente a las cuales proponemos al debate veintidós contra proposiciones. Ellas no cuentan necesariamente con el asentimiento unánime de los signatarios de este texto, pero deben ser tomadas en serio si queremos sacar a Europa del atolladero.
Falsedad n°1: los mercados financieros son eficientes.
Falsedad n°2: los mercados financieros son favorables al crecimiento económico.
Falsedad n°3: los mercados son buenos jueces de la solvencia de los Estados.
Falsedad n°4: el aumento de la deuda pública resulta de un aumento del gasto.
Falsedad n°5: hay que reducir el gasto para reducir la deuda pública.
Falsedad n°6: la deuda pública le hará pagar nuestros excesos a nuestros nietos.
Falsedad n°7: hay que tranquilizar a los mercados financieros para financiar la deuda pública.
Falsedad n°8: la Unión Europea defiende el modelo social europeo.
Falsedad n°9: el euro nos protege contra la crisis.
Falsedad n°10: la crisis griega permitió avanzar hacia un gobierno económico y una verdadera solidaridad europea.
FALSA EVIDECIA N°1: LOS MERCADOS FINACIEROS SON EFICIENTES
Un hecho se impone hoy a todos los observadores: el papel primordial que desempeñan los mercados financieros en el funcionamiento de la economía. Es el resultado de una larga evolución que empezó finales de la década de 1970. La midamos como la midamos esta evolución marca una ruptura neta, tanto cuantitativa como cualitativa, con las décadas precedentes. Bajo la presión de los mercados financieros la regulación del conjunto del capitalismo se transforma en profundidad y da nacimiento a una forma inédita de capitalismo que algunos llamaron “capitalismo patrimonial”, capitalismo financiero” o incluso “capitalismo neoliberal”.
Estas mutaciones encontraron en la hipótesis de eficiencia informativa de los mercados financieros su justificación teórica. En efecto, según esta hipótesis, es importante desarrollar los mercados financieros, hacer que puedan funcionar lo más libremente posible porque constituyen el único mecanismo de asignación eficaz del capital. Las políticas que se han llevado a cabo obstinadamente desde hace treinta años son conformes a esta recomendación. Se trata de construir un mercado financiero mundialmente integrado en el que todos los actores (empresas, hogares, Estados, instituciones financieras) puedan intercambiar todas las categorías de títulos (acciones, obligaciones, deudas, derivados, divisas) en todos los plazos (largo plazo, medio plazo, corto plazo). Los mercados financieros han llegado a parecerse al mercado “sin fricción” de los manuales: el discurso económico ha conseguido crear la realidad. Como los mercados eran cada vez más “perfectos” en el sentido de la teoría económica dominante, los analistas creyeron que en adelante el sistema financiero era mucho más estable que en el pasado. La “gran moderación” (este periodo de crecimiento económico sin subida de los salarios que conoció Estados Unidos desde 1990 a 2007) parecía confirmarlo.
Todavía hoy el G20 persiste en la idea de que los mercados financieros son el buen mecanismo de asignación del capital. La primacía y la integridad de los mercados financieros siguen siendo los objetivos finales que prosigue su nueva regulación financiera. La crisis se interpreta no como un resultado inevitable de la lógica de los mercados desregulados sino como el efecto de la deshonestidad e irresponsabilidad de algunos actores financieros mal vigilados por los poderes públicos.
Sin embargo, la crisis se ha encargado de demostrar que los mercados no son eficientes y que no permiten una asignación eficaz del capital. Las consecuencias de este hecho en materia de regulación y de política económica son inmensas. La teoría de la eficiencia reposa sobre la idea de que los inversores buscan y encuentran la información más fiable posible sobre el valor de los proyectos que compiten para encontrar una financiación. De creer esta teoría, el precio que se forma en un mercado refleja los juicios de los inversores y sintetiza el conjunto de la información disponible: constituye, por consiguiente, un buen cálculo del verdadero valor de los títulos. Ahora bien, se supone que este valor resume toda la información necesaria para orientar la actividad económica y así la vida social. De este modo el capital se invierte en los proyectos más rentables y deja de lado los proyectos menos eficaces. Ésta es la idea central de esta teoría: la competencia financiera produce unos precios justos que constituyen señales fiables para los inversores y orientan eficazmente el desarrollo económico.
Pero la crisis vino a confirmar los diferentes trabajos críticos que habían puesto en duda esta propuesta. La competencia financiera no produce necesariamente precios justos. Peor: con frecuencia la competencia financiera es desestabilizante y lleva a unas evoluciones de precios excesivas e irracionales, las burbujas financieras.
El error principal de la teoría de la eficiencia de los mercados financieros consiste en trasponer a los productos financieros la teoría habitual de los mercados de bienes ordinarios. En estos últimos la competencia es en parte autorreguladora en virtud de lo que se llama la “ley” de la oferta y la demanda: cuando el precio de un bien aumenta, entonces los productores van a aumentar su oferta y los compradores a reducir su demanda; el precio, por lo tanto, va a bajar y a volver cerca de su nivel de equilibrio. En otras palabras, cuando el precio de un bien aumenta unas fuerzas de llamada tienden a frenar y después a invertir este alza. La competencia produce lo que se llama “feedbacks negativos”, unas fuerzas de llamada que van en el sentido contrario del choque inicial. La idea de la eficiencia nace de una transposición directa de este mecanismo a la finanza de mercado.
Ahora bien, para esta última la situación es muy diferente. Cuando el precio aumenta es frecuente observar no una bajada, ¡sino una subida de la demanda! En efecto, la subida del precio significa un rendimiento mayor para quienes poseen el título debido a la plusvalía realizada. Por consiguiente, la subida del precio atrae a nuevos compradores, lo que refuerza más la subida inicial. Las promesas de bonos empujan a los traders a ampliar aún más el movimiento. Hasta el incidente, imprevisible pero inevitable, que provoca la inversión de las anticipaciones y la quiebra. Este fenómeno digno de la irreflexión de los borregos es un proceso de “feedbacks positivos” que empeora los desequilibrios. Es la burbuja especulativa: una subida acumulativa de los precios que se alimenta a sí misma. Este tipo de proceso no produce precios justos sino, por el contrario, precios inadecuados.
Por consiguiente, el lugar preponderante ocupado por los mercados financieros no puede llevar a eficacia alguna. Aún más, es una fuente permanente de inestabilidad, como lo demuestra claramente la serie ininterrumpida de burbujas que hemos conocido desde hace 20 años: Japón, Sudeste de Asia, internet, mercados emergentes, la inmobiliaria, conversión de la deuda en valores. Así, la inestabilidad financiera se traduce en fuertes fluctuaciones de las tasas de intercambio y de la Bolsa, que manifiestamente no tienen relación con los fundamentos de la economía. Esta inestabilidad, nacida del sector financiero, se propaga a la economía real por medio de numerosos mecanismos.
Para reducir la ineficiencia e inestabilidad de los mercados financieros sugerimos cuatro medidas:
Medida n°1: compartimentar estrictamente los mercados financieros y las actividades de los actores financieros, prohibir a los bancos especular por su propia cuenta para evitar la propagación de las burbujas y de las quiebras,
Medida n°2: Reducir la liquidez y la especulación desestabilizadora por medio de controles sobre los movimientos de capitales y de las tasas sobre las transacciones financieras,
Medida n°3: limitar las transacciones financieras a las que respondan a las necesidades de la economía real (por ejemplo, CDS [Credit Default Swap o permuta de incumplimiento crediticio] únicamente para quienes detentan títulos asegurados, etc.)
Medida n°4: limitar la remuneración de los traders.
FALSA EVIDENCIA N°2: LOS MERCADOS FINANCIEROS SON FAVORABLES AL CRECIMIENTO ECONÓMICO
La integración financiera ha llevado el poder de las finanzas a su cenit debido al hecho de que unifica y centraliza la propiedad capitalista a escala mundial. En adelante ella es quien determina las normas de la rentabilidad exigidas al conjunto de los capitales. El proyecto era que la finanza de mercado sustituyera a la financiación bancaria de los inversores. Proyecto que, además, ha fracasado porque hoy, globalmente, son las empresas las que financian a los accionistas en vez de lo contrario. En adelante la gobernanza de las empresas se ha transformado profundamente para alcanzar las normas de rentabilidad del mercado. Con el aumento en potencia del valor accionarial se ha impuesto una concepción nueva de la empresa y de su gestión, pensadas como puestas al servicio exclusivo del accionista. Ha desaparecido la idea de un interés común propio de las diferentes parte interesadas vinculadas a la empresa. Los dirigentes de las empresas que cotizan en Bolsa tiene en adelante la misión primera de satisfacer únicamente el deseo de enriquecimiento de los accionistas. En consecuencia, dejan ellos mismos de ser asalariados, como demuestra el desmesurado aumento de sus remuneraciones. Como avanza la teoría de “la agencia”, se trata de hacer de modo que los intereses de los dirigentes sean en adelante convergentes con los de los accionistas.
El ROE (Return on Equity, o rendimiento de los capitales propios) de 15% a 25% es en adelante la norma que impone el poder de la finanza a las empresas y a los asalariados. La liquidez es el instrumento de este poder que permite en cualquier momento a los capitales no satisfechos ir a buscar a otra parte. Frente a esta potencia, tanto los asalariados como la soberanía política parecen por su fraccionamiento en estado de inferioridad. Esta situación desequilibrada lleva a unas exigencias de beneficio descabelladas porque reprimen el crecimiento económico y llevan a un aumento continuo de las desigualdades de ingresos. Por un lado las exigencias de rentabilidad inhiben fuertemente la inversión: cuanto más elevada es la rentabilidad demandada más difícil es encontrar proyectos suficientemente eficientes para satisfacerla. Las tasas de inversión siguen siendo históricamente débiles en Europa y en Estados Unidos. Por otra parte, estas exigencias provocan una constante presión a la baja sobre los salarios y el poder adquisitivo, lo que no es favorable a la demanda. La ralentización simultánea de la inversión y del consumo lleva a un crecimiento débil y a un paro endémico. En los países anglosajones se ha contrarrestado esta tendencia por medio de desarrollo del endeudamiento de los hogares y por medio de las burbujas financieras que crean una riqueza que permite un crecimiento del consumo sin salarios, pero terminan en quiebras.
Para remediar los efectos negativos sobre la actividad económicas ponemos debatir tres medidas :
Medida n°5: reforzar significativamente los contra-poderes en las empresas para obligar a las direcciones a tener en cuenta los intereses del conjunto de las partes interesadas,
Medida n°6: aumentar fuertemente los impuestos a los ingresos muy altos para disuadir la carrera por los rendimientos insostenibles,
Medida n°7: reducir la dependencia de las empresas en relación a los mercados financieros desarrollando una política pública del crédito (tasas preferenciales para las actividades prioritarias en el plano social y medioambiental).
FALSA EVIDENCIA N° 3 : LOS MERCADOS SON BUENOS JUECES DE LA SOLVENCIA DE LOS ESTADOS
Según los defensores de la eficiencia de los mercados financieros, los operadores de mercado tendrían en cuenta la situación objetiva de las finanzas públicas para evaluar el riesgo de suscribir un préstamo de Estado. Tomemos el caso de la deuda griega: los operadores financieros y quienes toman las decisiones se remiten únicamente a las evaluaciones financieras para juzgar la situación. Así, cuando la tasa exigida a Grecia ascendió a más del 10%, cada uno dedujo que el riesgo de falta [de pago] estaba cercano: si los inversores exigen semejante prima de riesgo es que el peligro es extremo.
Hay en ello un profundo error si se comprende la verdadera naturaleza de la evaluación por el mercado financiero. Como éste no es eficiente, lo más frecuente es que produzca unos precios completamente desconectados de los fundamentales. En esas condiciones es descabellado entregarse únicamente a las evaluaciones financieras para juzgar una situación. Evaluar el valor de un título financiero no es una operación comparable a medir un tamaño objetivo, por ejemplo, a calcular el peso de un objeto. Un título financiero es un derecho sobre unos ingresos futuros: para evaluarlo hay que prever lo que será el futuro. Es una cuestión de juicio, no una medida objetiva porque en el instante t, el futuro no está en modo alguno predeterminado. En las salas de mercado sólo es lo que los operadores imaginan que será. Un precio financiero resulta de un juicio, de una creencia, de una apuesta sobre el futuro: nada asegura que el juicio de los mercados tenga algun tipo de superioridad sobre las demás formas de juicio.
Sobre todo, la evaluación financiera no es neutra: afecta al objeto medido, compromete y construye el futuro que ella imagina. Así, las agencias de calificación financieras contribuyen en mucho a determinar las tasas de interés en los mercados de obligaciones atribuyendo unas notas cargadas de una gran subjetividad, incluso de una voluntad de alimentar la inestabilidad, fuente de beneficios especulativos. Cuando degradan la calificación de un Estado aumentan la tasa de interés exigida por los actores financieros para adquirir los títulos de la deuda pública de este Estado y aumentan con ello el riesgo de quiebra que ellas han anunciado.
Para reducir la influencia de la psicología de los mercados sobre la financiación de los estados, proponemos debatir dos medidas:
Medida n°8: no se debe autorizar a las agencias de calificación financiera a pesar arbitrariamente en las tasas de interés de los mercados de obligaciones degradando la calificación de un Estado: su actividad se debería reglamentar exigiendo que esta nota resulte de un calculo económico transparente.
Medida n°8 bis: liberar a los Estados de la amenaza de los mercados financieros garantizando que el Banco Central Europeo (BCE) compra los títulos púbicos.
FALSA EVIDENCIA N° 4 : LA SUBIDA ESPECTACULAR DE LAS DEUDAS PÚBLICAS ES EL RESULTADO DE UN EXCESO DE GASTOS
Michel Pébereau, uno de los “padrinos” de la banca francesa, describía en 2005 en unos de estos informes oficiales ad hoc a una Francia asfixiada por la deuda pública y sacrificando sus generaciones futuras al entregarse a unos gastos sociales irreflexivos. El Estado que se endeuda como un padre de familia alcohólico que bebe por encima de sus medios: ésta es la visión que suelen propagar la mayoría de los editorialistas. La reciente explosión de la deuda pública en Europa y en el mundo se debe en todas partes a otra cosa: a los planes de salvamiento de las finanzas y, sobre todo, a la recesión provocada por la crisis bancaria y financiera que empezó en 2008: el déficit público medio en la zona euro era sólo el 0,6% del PIB en 2007, pero la crisis le ha hecho pasar al 7% en 2010. Al mismo tiempo la deuda pública ha pasado del 66% al 84% del PIB.
Sin embargo, el aumento de la deuda pública tanto en Francia como en muchos países europeos fue primero moderada y anterior a esta recesión: proviene en gran parte no de una tendencia a la subida de los gastos públicos (puesto que, al contrario, desde principios de la década de 1990 estos son estables o en baja en la Unión Europea en proporción al PIB) sino del desmoronamiento de los ingresos públicos debido a la debilidad del crecimiento económico en el periodo y a la contrarrevolución fiscal que han llevado a cabo la mayoría de los gobiernos desde hace veinticinco años. A más largo plazo la contrarrevolución fiscal ha alimentado continuamente el hinchamiento de la deuda de una recesión a otra. Así, en Francia un reciente informe parlamentario cifra en 100.000 millones de euros en 2010 el coste de las bajadas de impuestos consentidas entre 2000 y 2010, sin incluir siquiera las exoneraciones de cotizaciones sociales (30.000 millones) y otros “gastos fiscales”. A falta de una armonización fiscal, los Estados europeos se han entregado a la competencia fiscal, bajando los impuestos a las sociedades, los altos ingresos y los patrimonios. Aunque el peso relativo de sus determinantes varíe de un país a otro, la subida casi general de los déficits públicos y de las ratios de deuda pública en el curso de los treinta últimos años no resulta principalmente de una deriva culpable de los gastos públicos. Un diagnóstico que, evidentemente, abre otras pistas que la sempiterna reducción de los gastos públicos.
Para restaurar un debate público informado sobre el origen de la deuda y, por lo tanto, de los medios de remediarla, proponemos debatir una propuesta:
Medida n° 9: realizar una auditoría pública de las deudas públicas para determinar su origen y conocer la identidad de los principales poseedores de títulos de la deuda y los montantes que poseen.
FALSA EVIDENCIA N°5: HAY QUE REDUCIR LOS GASTOS PARA REDUCIR LA DEUDA PÚBLICA
Aunque el aumento de la deuda pública resultara en parte de un aumento de los gastos públicos, cortar en estos gastos no contribuiría necesariamente a la solución porque la dinámica de la deuda pública no tiene mucho que ver con la de un hogar: la macroeconomía no es reducible a la economía doméstica. Generalmente la dinámica de la deuda depende de varios factores: el nivel de los déficits primarios, pero también la diferencia entre la tasa de interés y la tasa de crecimiento nominal de la economía.
Y es que si este último es más débil que la tasa de interés la deuda va a crecer mecánicamente debido al “efecto bola de nieve”: explota el importe de los intereses y también el déficit total (incluidos los intereses de la deuda). Así, a principios de la década de 1990 la política del franco fuerte que llevó a cabo Bérégovoy y se mantuvo a pesar de la recesión de 1993-94 se tradujo en una tasa de interés más elevada de forma duradera que la tasa de crecimiento, lo que explica el salto de la deuda pública de Francia durante este periodo. Es el mismo mecanismo que explicaban el aumento de la deuda durante la primera mitad de la década de 1980 bajo el impacto de la revolución neoliberal y de la política de tasas de interés elevadas que llevaron a cabo Ronald Reagan y Margaret Thatcher.
Pero la propia tasa de crecimiento no es independiente de los gastos públicos: a corto plazo la existencia de gastos públicos estables limita la magnitud de las recesiones (“estabilizadores automáticos”); a largo plazo las inversiones y gastos públicos (educación, sanidad, investigación, infraestructuras …) estimulan el crecimiento. Es falso afirmar que todo déficit público crece tanto como la deuda pública o que toda reducción del déficit permite reducir la deuda. Si la reducción de los déficit compromete la actividad económica la deuda aumentará aún más. Los comentaristas liberales subrayan que algunos países (Canadá, Suecia, Israel) realizaron unos ajustes brutales de sus cuentas públicas en la década de 1990 e inmediatamente después conocieron un fuerte rebote del crecimiento. Pero esto sólo es posible si el ajuste concierne a un país aislado, que vuelve a ganar competitividad sobre sus rivales. Lo que evidentemente olvidan los partidarios del ajuste estructural europeo es que los países europeos tienen por principales clientes y rivales a otros países europeos ya que la Unión Europea está globalmente poco abierta al exterior. Una reducción simultánea y masiva de los gastos públicos del conjunto de los países de la Unión Europea sólo puede tener como efecto una recesión agravada y, por lo tanto, una nueva subida de la deuda pública.
Para evitar que el restablecimiento de las finanzas públicas provoque un desastre social y politico proponemos debatir dos medidas:
Medida n°10: mantener el nivel de las protecciones sociales, incluso mejorarlas (subsidio de desempleo, vivienda…);
Medida n°11: aumentar el esfuerzo presupuestario en materia de educación, de investigación, de inversion en reconversión ecológica… para establecer las condiciones de un crecimiento sostenible que permita un fuerte descenso del paro.
FALSA EVIDENCIA N°6: LA DEUDA PÚBLICA TRASLADA EL PRECIO DE NUESTROS EXCESOS A NUESTROS NIETOS
La afirmación de que la deuda pública sería una transferencia de riqueza en detrimento de las generaciones futuras es otra afirmación falsa que confunde economía doméstica y macroeconomía. La deuda pública es un mecanismo de transferencia de riquezas, pero es sobre todo de los contribuyentes ordinarios hacia los rentistas.
En efecto, basándose en la creencia raramente verificada según la cual bajar los impuesto estimularía el crecimiento y aumentaría in fine los ingresos públicos, desde 1980 los Estados europeos han imitado a Estados Unidos en una política sistemática de hacer la oferta fiscal más baja. Se han multiplicado las reducciones de impuestos y de cotizaciones (sobre los beneficios de las sociedades, sobre los ingresos de los particulares más acomodados, sobre los patrimonios, sobre las cotizaciones patronales…), pero su impacto en el crecimiento económico sigue siendo muy incierto. Por consiguiente, estas políticas fiscales anti-redistributivas han agravado a la vez y de manera acumulativa las desigualdades sociales y los déficits públicos.
Estas políticas fiscales han obligado a las administraciones públicas a endeudarse con hogares acomodados y mercados financieros para financiar los déficits así creados. Es lo que se podría llamar “el efecto jackpot”: con el dinero ahorrado de sus impuestos los ricos han podido adquirir títulos (portadores de interés) de la deuda pública emitida para financiar los déficits públicos provocados por la reducciones de los impuestos… Así, el servicio de la deuda pública en Francia representa 40.000 millones de euros, casi tanto como las recaudaciones del impuesto sobre la renta. Tour de force tanto más brillante cuanto que a continuación se ha logrado hacer creer al público que los culpables de la deuda pública eran los funcionarios, los jubilados y los enfermos.
Por consiguiente, el aumento de la deuda pública en Europa o en Estados Unidos no es el resultado de políticas keynesianas expansionistas o de políticas sociales dispendiosas sino más bien de una política en favor de las capas privilegiadas: los “gastos fiscales” (bajadas de impuestos y de cotizaciones) aumentan los ingresos disponibles de quienes menos lo necesitan, los cuales gracias a ello pueden aumentar más sus inversiones, sobre todo en Bonos del Tesoro, que son remunerados en intereses por medio del impuesto procedente de todos los contribuyentes. En resumen, se establece un mecanismo de redistribución al revés, desde las clases populares hacia las clases acomodadas, vía la deuda pública cuya contrapartida es siempre la renta privada.
Para rectificar de manera equitativa las finanzas públicas en Europa y en Francia proponemos debatir dos medidas:
Medida n°12: volver a dar un carácter fuertemente redistributivo a la fiscalidad directa sobre los ingresos (supresión de los vacíos [fiscales], creación de nuevas series y aumento de las tasas del impuesto sobre la renta…)
Medida n°13: suprimir las exoneraciones consentidas a las empresas que no tienen suficiente efecto sobre el empleo.
FALSA EVIDENCIA N°7 : HAY QUE ASEGURAR A LOS MERCADOS FINANCIEROS PARA PODER FINANCIAR LA DEUDA PÚBLICA
A nivel mundial se debe analizar el ascenso de las deudas públicas correlativamente a la financiarización. Durante los últimos treinta años a favor de la liberalización total de la circulación de los capitales las finanzas han aumentado considerablemente su influencia sobre la economía. Las grandes empresas recurren cada vez menos al crédito bancario y cada vez más a los mercados financieros. Los hogares también ven una parte cada vez mayor de su ahorro drenado hacia las finanzas para sus pensiones, vía los diversos productos de inversión o incluso en algunos países vía la financiación de su vivienda (préstamos hipotecarios). Los gestores de carteras que tratan de diversificar los riesgos buscan títulos públicos como complemento a los privados. Los han encontrado fácilmente en los mercados porque los gobiernos han llevado a cabo unas políticas similares que han llevado a un relanzamiento de los déficits: tasas de interés altas, bajada de los impuestos centradas en los ingresos altos, incitaciones masivas al ahorro financiero de los hogares para favorecer las jubilaciones por capitalización, etc.
A nivel de la UE la financiarización de la deuda pública se ha inscrito en los tratados: desde Maastricht los Bancos Centrales tienen prohibido financiar directamente a los Estados, que deben encontrar prestamistas en los mercados financieros. Esta “represión monetaria” acompaña a la “liberación financiera” y hace exactamente lo contrario de las políticas adoptadas tras la gran crisis de la década de 1930, de “represión financiera” (drásticas restricciones a la libertad de acción de las finanzas) y de “liberación monetaria” (con el final del patrón oro). Se trata de someter a los Estados, que se supone que son por naturaleza demasiado dispendiosos, a la disciplina de los mercados financieros, que se supone que son eficientes y omniscientes por naturaleza.
Como resultado de esta elección doctrinaria, el Banco Central Europeo no tiene así derecho a suscribir directamente las emisiones de obligaciones públicas de los Estados europeos. Privados de la garantía de poder financiarse siempre en el Banco Central, los Estados europeos del sur han sido así víctimas de ataques especulativos. En efecto, aunque en nombre de una ortodoxia sin fisuras el BCR siempre se había negado a ello, desde hace algunos meses compra obligaciones de Estado a la tasa de interés del mercado para calmar las tensiones en el mercado de obligaciones europeos. Pero nada dice que esto sea suficiente si la crisis de la deuda se agrava y y se esfuman las tasas de interés de mercado. Entonces podría ser difícil mantener esta ortodoxia monetaria que carece de fundamentos científicos serios.
Para remediar el problema de la deuda pública proponemos debatir dos medidas:
Medida n°14: autorizar al Banco Central Europeo a financiar directamente a los Estados (o a imponer a los bancos comerciales suscribir la emisión de obligaciones públicas) a bajo interés, aflojando así el lastre con el que les traban los mercados financieros,
Medida n°15: si fuera necesario, reestructurar la deuda pública, por ejemplo, limitando el servicio de la deuda pública a determinado tanto por ciento del PIB, y operando una discriminación entre los acreedores según el volumen de los títulos que poseen: los rentistas muy grandes (particulares o instituciones) deben aceptar un alargamiento sensible del perfil de la deuda, incluso anulaciones parciales o totales. También hay que volver a negociar las exorbitantes tasas de interés de los títulos emitidos por los países en dificultades desde la crisis.
FALSA EVIDENCIA N°8: LA UNIÓN EUROPEA DEFIENDE EL MODELO SOCIAL EUROPEO
La construcción europea parece una experiencia ambigua. Coexisten dos visiones de Europa sin osar enfrentarse abiertamente. Para los socialdemócratas, Europa hubiera debido proponerse el objetivo de promover el modelo social europeo, fruto del compromiso social de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, con su protección social, sus servicios públicos y sus políticas industriales. Europa hubiera debido construir una muralla defensiva frente a la globalización liberal, un medio de proteger, de hacer vivir y progresar este modelo. Europa hubiera debido defender una visión específica de la organización de la economía mundial, la globalización regulada por unas organizaciones de gobernanza mundial. Hubiera debido permitir a los países miembro mantener un nivel elevado de gastos públicos y de redistribución, protegiendo su capacidad de financiarlos por medio de la armonización de la fiscalidad sobre las personas, las empresas y los ingresos del capital.
Sin embargo, Europa no ha querido asumir su especificidad. Actualmente la visión dominante en Bruselas y en el seno de la mayoría de los gobiernos nacionales es la contraria a la de una Europa liberal, cuyo objetivo es adaptar a las sociedades europeas a las exigencias de la globalización: la construcción europea es la ocasión de poner en tela de juicio el modelo social europeo y de desregular la economía. La preeminencia del derecho de la competencia sobre las reglamentaciones nacionales y sobre los derechos sociales en el Mercado Único permite introducir más competencia en los mercados de los productos y de los servicios, disminuir la importancia de los servicios públicos y organizar competitividad de los trabajadores europeos. La competencia social y fiscal permitió reducir los impuestos, sobre todo sobre los ingresos del capital y de las empresas (las “bases móviles”) y hacer presión sobre los gastos sociales. Los tratados garantizan cuatro libertades fundamentales: la libre circulación de las personas, de las mercancías, de los servicios y de los capitales. Pero lejos de limitarse al mercado interior, la libertad de circulación de los capitales se ha concedido a los inversores del mundo entero, sometiendo así al tejido productivo europeo a los imperativos de valorización de los capitales internacionales. La construcción europea perece un medio de imponer a los pueblos unas reformas neoliberales.
La organización de la política macroeconómica (independencia del BCE frente a la política, Pacto de Estabilidad) está marcada por la desconfianza respecto a los gobierno elegidos democráticamente. Se trata de privar a los países de toda autonomía en materia tanto de política monetaria como en materia presupuestaria. Para ya sólo dejar jugar a la “estabilización automática” se debe alcanzar el equilibrio presupuestario y después toda política discrecional desterrada de reactivación. A nivel de la zona no se ha establecido ninguna política coyuntural común ni se ha definido ningún objetivo común en términos de crecimiento o de empleo. No se tienen en cuenta las diferencias de situación entre los países porque el pacto no se interesa ni por las tasas de inflación ni por los déficits exteriores nacionales; los objetivos de las finanzas públicas no tienen en cuenta situaciones económicas nacionales.
Las instancias europeas trataron de impulsar unas reformas estructurales (por medio de las Grandes Orientaciones Políticas Económicas, el Método Abierto de Coordinación o la Agenda de Lisboa) con un éxito muy desigual. Como su modo de elaboración no era democrático ni movilizador, su orientación liberal no correspondía obligatoriamente a las políticas decididas a nivel nacional, teniendo en cuenta las relaciones de fuerza existentes en cada país. Esta orientación no conoció de entrada los brillantes éxitos fulgurantes que la habría legitimado. Se puso en tela de juicio el movimiento de liberalización económica (fracaso de la Directiva Bolkestein); se tentó a algunos países con nacionalizar su política industrial mientras que la mayoría se oponía a la europeización de sus políticas fiscales o sociales. La Europa social ha seguido siendo una palabra vacía, sólo se ha afirmado realmente la Europa de la competencia y de las finanzas.
Para que Europa promueva verdaderamente un modelo social europeo proponemos debatir dos medidas:
Medida n°16: poner en tela de juicio la libre circulación de los capitales y de las mercancías entre la UE y el resto del mundo negociando si fuera necesario acuerdos multilaterales o bilaterales,
Medida n°17: en vez de la política de competencia, convertir a “la armonización en el progreso” en el hilo director de la construcción europea. Establecer unos objetivos comunes de alcance constringente tanto en materia de progreso social como en materia macroeconómica (unas GOPS, grandes orientaciones de política social).
FALSA EVIDENCIA N°9: EL EURO ES UN ESCUDO CONTRA LA CRISIS
El euro debería haber sido un factor de protección contra la crisis financiera mundial. Después de todo, la supresión de toda incertidumbre sobre las tasas de cambio entre las monedas europeas eliminó un factor fundamental de inestabilidad. Sin embargo, no ha habido nada de eso: Europa se ha visto afectada más duramente y de forma duradera por la crisis que el resto del mundo. Esto se debe a las propias modalidades de construcción de la unión monetaria.
Desde 1999 la zona euro conoció un crecimiento relativamente mediocre y un aumento de las divergencias entre los Estados miembro en términos de crecimiento, de inflación, de paro y de desequilibrios exteriores. El marco de política económica de la zona euro, que tiende a imponer a unos países en situaciones diferentes unas políticas macroeconómicas parecidas, ha ampliado las disparidades de crecimiento entre los Estados miembro. En la mayoría de los países, en particular los más grandes, la introducción del euro no ha provocado la prometida aceleración del crecimiento. Para otros, hubo crecimiento pero a costa de desequilibrios difícilmente sostenibles. La rigidez monetaria y presupuestaria, reforzada por el euro, ha permitido hacer caer todo el peso de los ajustes sobre el trabajo. Se ha promovido la flexibilidad y la austeridad salarial, reducido la parte de los salarios en el ingreso total, aumentado las desigualdades.
Esta carrera a la baja social la ha ganado Alemania, que ha sabido liberar importantes surplus comerciales en detrimento de sus vecinos y, sobre todo, de sus propios asalariados, imponiéndose una bajada del coste del trabajo y de las prestaciones sociales, lo que le ha conferido una ventaja comercial en relación a sus vecinos que no han podido tratar tan duramente a sus trabajadores. Los excedentes comerciales alemanes pesan sobre el crecimiento de los demás países. Los déficits presupuestarios y comerciales de unos sólo son la contrapartida de los excedentes de los demás … Los Estados miembro no han sido capaces de definir una estrategia coordinada.
La zona euro hubiera debido verse menos afectada por la crisis que Estados Unidos y Reino Unido. Los hogares están claramente menos implicados en los mercados financieros, que son menos sofisticados. Las finanzas públicas estaban en una situación mejor; el déficit público del conjunto de los países de la zona era del 0,6% del PIB en 2007, frente a casi el 3% en Estados Unidos, en Reino Unido o Japón. Pero la zona euro sufría un aumento de los desequilibrios: los países del norte (Alemania, Austria, Países Bajos, países escandinavos) limitaban sus salarios y sus demandas internas, y acumulaban excedentes exteriores, mientras que los países del sur (España, Grecia, Irlanda) conocían un crecimiento vigoroso impulsado por unas tasas de interés débiles en relación a la tasa de crecimiento, al tiempo que acumulaban unos déficits exteriores.
Aunque la crisis económica partió de Estados Unidos, éste ha tratado de establecer una política real de reactivación presupuestaria y monetaria al tiempo que iniciaba un movimiento de desregulación financiera. Europa, por el contrario, no ha sabido emprender una política suficientemente reactiva. De 2007 a 2010 el impulso presupuestario ha sido del orden de 1,6 puntos de PIB en la zone euro, de 3,2 puntos en Reino Unido y de 4,2 puntos en Estados Unidos. La pérdida de producción debida a la crisis ha sido claramente más fuerte en la zona euro que en Estados Unidos. En la zona se ha sufrido más el aumento del déficits que el resultado de una política activa.
Al mismo tiempo, la Comisión ha seguido lanzando unos procedimientos de déficit excesivo contra los Estados miembro de modo que a mediados de 2010 prácticamente todos los Estados de la zona estaban sometidos a ellos. Ha pedido a los Estados miembro que para 2013 ó 2014 se comprometan a volver bajo la línea del 3%, independientemente de la evolución economía. Las instancias europeas han seguido reclamando unas políticas salariales restrictivas y que se replanteen los sistemas públicos de jubilación y de sanidad, con el riesgo evidente de hundir al continente en la depresión y de aumentar las tensiones entre los países. Esta ausencia de coordinación y, más fundamentalmente, la ausencia de un verdadero presupuesto europeo que permita una solidaridad efectiva entre los Estados miembro han incitado a los operadores financieros a desviarse del euro, incluso a especular abiertamente contra él.
Para que el euro pueda proteger realmente a los ciudadanos europeos de la crisis proponemos debatir dos [sic] medidas:
Medida n°18: garantizar una verdadera coordinación de las políticas macroeconómicas y una reducción concertada de los desequilibrios comerciales entre los países europeos,
Medida n°19: compensar los desequilibrios de pago en Europa por medio de un Banco de Pagos (que organice los préstamos entre los países europeos),
Medida n°20: si la crisis del euro lleva a su desintegración y esperando el ascenso en régimen del presupuesto europeo (cf. infra), establecer un régime monetario intraeuropeo (moneda común tipo “bancor”) que organice la reabsorción de los desequilibrios de los balances comerciales en el seno de Europa.
FALSA EVIDENCIA N°10: LA CRISIS GRIEGA HA PERMITIDO FINALMENTE AVANZAR HACIA UN GOBIERNO ECONÓMICO Y UNA VERDADERA SOLIDARIDAD EUROPEA
A partir de mediados de 2009 los mercados financieros empezaron a contar con las deudas de los países europeos. Globalmente la fuerte subida de las deudas y de los déficits públicos a escala mundial no ha provocado (todavía) subidas de las tasas largas: los operadores financieros consideran que los bancos centrales mantendrán mucho tiempo las tasas monetarias reales a un nivel próximo de cero y que no hay riesgo de inflación ni de falta [de pago] de un gran país. Pero los especuladores han percibido los fallos de la organización de la zona euro. Mientras que los gobiernos de los demás países desarrollados siempre pueden ser financiados por su Banco Central, los países de la zona euro han renunciado a esta posibilidad y dependen totalmente de los mercados financieros para sus déficits. Por ello se ha podido desencadena la especulación sobre los países más frágiles de la zona: Grecia, España e Irlanda.
Las instancias europeas y los gobiernos han tardado en reaccionar al no querer dar la impresión de que los países miembro tenían derecho a un apoyo ilimitado de sus socios y querer sancionar a Grecia, culpable de haber ocultado (con ayuda de Goldman Sachs) la magnitud de sus déficits. Con todo, en mayo de 2010 el BCE y los países miembro tuvieron que crear urgentemente un Fondo de Estabilización para indicar a los mercados que aportarían este apoyo sin límites a los países amenazados. En contrapartida estos han tenido que anunciar unos programas de austeridad presupuestaria sin precedentes que los van a condenar a un retroceso de la actividad a corto plazo y a un largo periodo de recesión. Bajo la presión del FMI y de la Comisión Europea Grecia debe privatizar sus servicios públicos y España flexibilizar su mercado laboral. Del mismo modo, Francia y Alemania, que no están afectadas por la especulación, han anunciado medidas restrictivas.
Sin embargo, la demanda no es en modo alguno excesiva en Europa. La situación de las finanzas públicas es mejor que la de Estados Unidos o de Gran Bretaña, lo que deja márgenes de maniobra presupuestaria. Hay que reabsorber los desequilibrios de manera coordinada: los países excedentarios del norte y del centro de Europa deben llevar a cabo políticas expansionistas (amento de los salarios, de los gastos sociales …) para compensar las políticas restrictivas de los países del sur. Globalmente la política presupuestaria no debe ser restrictiva en la zona euro mientras que la economía no se acerque al pleno empleo a una velocidad satisfactoria.
Pero, por desgracia, hoy se han reafirmado los partidarios de las políticas presupuestarias automáticas y restrictivas en Europa. La crisis griega permite hacer olvidar los orígenes de la crisis financiera. Quienes han aceptado apoyar financieramente a los países del sur quieren imponer en contrapartida un Pacto de Estabilidad. La Comisión Europea y Alemania quieren imponer a todos los países miembro que inscriban en su Constitución el objetivo del presupuesto equilibrado, hacer que unos comités de expertos independientes vigilen la política presupuestaria. La Comisión quiere imponer a los países una larga cura de austeridad para volver a una deuda pública inferior al 60% del PIB. Si hay un avance hacia un gobierno económico es hacia un gobierno que en vez de aflojar el torno de las finanzas va a imponer la austeridad y profundizar las “reformas” estructurales en detrimento de las solidaridades sociales en cada país y entre los países.
La crisis ofrece a las elites financieras y a las tecnocracias europeas la tentación de establecer la “estrategia del choque” aprovechando la crisis para radicalizar la agenda neoliberal. Pero esta política tiene pocas posibilidades de éxito:
La disminución de los gastos públicos va a comprometer el esfuerzo necesario a escala europea para mantener los gastos del futuro (investigación, educación, política familiar), para ayudar a la industria europea a mantenerse y a invertir en los sectores del futuro (economía verde).
La crisis va a permitir imponer fuertes reducciones de los gastos sociales, objetivo incansablemente buscado por los paladines del neoliberalismo, a riesgo de comprometer la cohesión social, de reducir la demanda efectiva, de empujar a los hogares a ahorrar para su jubilación y su salud en las instituciones financieras, responsables de la crisis.
Los gobiernos y las instancias europea se niegan a organizar la armonización fiscal que permitiría la subida necesaria de los impuestos en el sector financiero, en los patrimonios importantes y en los ingresos altos.
Los países europeos instauran duraderamente unas políticas presupuestarias restrictivas que van a pesar enormemente sobre el crecimiento. Van a descender las recaudaciones fiscales. Los sueldos públicos apenas mejorarán, las ratios de deuda se degradarán, no se tranquilizará a los mercados.
Debido a la diversidad de sus culturas políticas y sociales los países europeos no han podido plegarse todos a la disciplina de hierro impuesta por el Tratado de Maastricht; no se plegarán todos al reforzamiento de éste que se está organizando actualmente. El riesgo de activar una dinámica generalizada de repliegue sobre sí mismo es real.
Para avanzar hacia un verdadero gobierno económico y una solidaridad europea proponemos debatir dos medidas:
Medida n°21: desarrollar una fiscalidad europea (tasa carbono, impuesto sobre los beneficios, …) y un verdadero presupuesto europeo para ayudar a la convergencia de las economías y tender a una igualación de las condiciones de acceso a los servicios públicos y sociales en los diversos Estados miembro sobre la base de las mejores prácticas.
Medida n°22: lanzar un vasto plan europeo, financiado por suscripción pública a tasas de interés débil pero garantizado y/o por medio de creación monetaria del BCE para emprender la reconversión ecológica de la economía europea.
CONCLUSIÓN
DEBATIR LA POLÍTICA ECONÓMICA,
TRAZAR CAMINOS PARA REFUNDAR LA UNIÓN EUROPEA
Desde hace tres décadas Europa se ha construido sobre una base tecnocrática que excluye a las poblaciones del debate de política económica. Se debe abandonar la doctrina neoliberal que descansa sobre la hipótesis hoy indefendible de la eficiencia de los mercados financieros. Hay que volver a abrir el espacio de las políticas posibles y debatir propuestas alternativas y coherentes que limiten el poder de las finanzas y organicen la armonización en el progreso de los sistemas económicos y sociales europeos. Esto supone la mutualización de importantes recursos presupuestarios, obtenidos por medio del desarrollo de una fiscalidad europea fuertemente redistributiva. También hay que liberar a los mercados del cerco de los mercados financieros. Solamente así el proyecto de construcción europea podrá esperar recuperar una legitimidad popular y democrática de la que hoy carece.
Evidentemente, no es realista esperar que 27 países decidan al mismo tiempo operar semejante ruptura en el método y los objetivos de la construcción europea. La Comunidad Económica Europea comenzó con seis países: también la refundación de la Unión Europea pasará al principio por un acuerdo entre algunos países deseosos de explorar unas vías alternativas. A medida que se hagan evidentes las consecuencias desastrosas de las políticas adoptadas hoy, aumentará por toda Europa el debate sobre las alternativas. Luchas sociales y cambios políticos intervendrán a ritmo diferente según los países. Unos gobiernos nacionales tomarán decisiones innovadoras. Quienes lo deseen deberán adoptar unas cooperaciones reforzadas para adoptar medidas audaces en materia de regulación financiera, de política fiscal o social. Por medio de unas propuestas concretas tenderán la mano a los demás pueblos para que se unan al movimiento.
Por ello nos parece importante esbozar y debatir ahora las grandes líneas de políticas económicas alternativas que harán posible esta refundación de la construcción europea.
Premiers signataires :
Philippe Askenazy (CNRS, Ecole d’économie de Paris), Thomas Coutrot (Conseil scientifique d’Attac), André Orléan (CNRS, EHESS), Henri Sterdyniak (OFCE)
Introducción
La reactivación económica mundial, lograda por medio de una colosal inyección de gasto público en el circuito económico (de los EEUU a China), es frágil pero real. Un solo continente se queda atrasado, Europa. Encontrar el camino del crecimiento no es su prioridad política. Europa entró en otra vía: la de la lucha contra los déficits públicos.
En la Unión Europea estos déficits son elevados, es verdad, -7% en promedio en el 2010-, pero mucho menos que el 11% de los EEUU. Mientras algunos Estados norteamericanos de peso económico superior al de Grecia, California por ejemplo, están cercanos a la quiebra, los mercados financieros decidieron especular sobre la deuda soberana de los países europeos, particularmente los del sur. Europa está prisionera de su propia trampa institucional: los Estados deben tomar créditos ante instituciones financieras privadas que obtienen liquidez a bajo precio del Banco Central Europeo. Así, los mercados tienen la llave del financiamiento de los Estados. En este marco la ausencia de solidaridad europea suscita la especulación, tanto más cuanto que las agencias de calificación juegan a acentuar la desconfianza.
Fue necesaria la degradación de la nota de Grecia por la agencia Moody’s el 15 de junio, para que los dirigentes europeos retomaran el término de “irracionalidad” que tanto emplearon al inicio de la crisis de los subprimes. De este modo se descubre que España está más amenazada por la fragilidad de su modelo de crecimiento y de su sistema bancario que por su deuda pública.
Para “tranquilizar los mercados” se improvisó un Fondo de estabilización del euro, y se lanzaron por toda Europa drásticos, y a menudo ciegos, planes de reducción del gasto público. Los funcionarios son las primeras víctimas, incluso en Francia, en donde el alza de cotizaciones de su previsión será una disimulada baja de sus salarios. El número de funcionarios disminuye en todas partes, amenazando los servicios públicos. Las prestaciones sociales, de los Países Bajos a Portugal, pasando por Francia con su actual reforma de la previsión, están siendo gravemente amputadas. El paro y la precariedad del empleo crecerán forzosamente en los años venideros. Estas medidas son irresponsables desde un punto de vista político y social, e incluso en el estricto ámbito económico.
Esta política, que ha calmado provisoriamente la especulación, tiene ya consecuencias sociales muy negativas en numerosos países europeos, particularmente en la juventud, el mundo del trabajo y los más vulnerables. A corto plazo agudizará las tensiones en Europa y con ello amenazará la propia construcción europea que es mucho más que un proyecto económico. Allí la economía debiese estar al servicio de la construcción de un continente democrático, pacificado y unido. En lugar de eso, se impone por todas partes una forma de dictadura de los mercados, y especialmente hoy en día en Portugal, España y Grecia, tres países que aun eran dictaduras a principios de los años 1970, hace apenas cuarenta años.
Que se la interprete como el deseo de “tranquilizar los mercados” por parte de gobiernos asustados, o bien como un pretexto para imponer decisiones dictadas por la ideología, la sumisión
a esta dictadura es inaceptable tanto ha dado ya la prueba de su ineficacia económica y de su potencial destructivo en los planos político y social.
Un verdadero debate democrático sobre las decisiones de política económica debe pues abrirse en Francia y en Europa. La mayor parte de los economistas que intervienen en el debate público lo hacen para justificar o racionalizar la sumisión de las políticas a las exigencias de los mercados financieros. Cierto, en todas partes los poderes públicos debieron improvisar planes keynesianos de reactivación e incluso nacionalizar temporariamente los bancos. Pero quieren cerrar este paréntesis lo más pronto posible. El software neoliberal aun sigue siendo considerado como legítimo, a pesar de sus patentes fracasos. Este, fundado sobre la hipótesis de eficiencia de los mercados financieros, plantea reducir el gasto público, privatizar los servicios públicos, flexibilizar el mercado del trabajo, liberalizar el comercio, los servicios financieros y los mercados de capitales, aumentar la competencia en todo tiempo y lugar…
En tanto economistas, estamos aterrados al ver que estas políticas siguen a la orden del día y que sus fundamentos teóricos no son cuestionados. No obstante, los argumentos avanzados desde hace treinta años para orientar las decisiones de política económica europea son desmentidos por los hechos. La crisis desnudó el carácter dogmático e infundado de la mayor parte de las pretendidas evidencias repetidas hasta la saciedad por quienes deciden y por sus consejeros. Ya se trate de la eficacia y de la racionalidad de los mercados financieros, de la necesidad de mutilar el gasto para reducir la deuda pública o de reforzar el “pacto de estabilidad”, hay que interrogar dichas falsas evidencias y mostrar la pluralidad de decisiones posibles en materia de política económica. Otras decisiones son posibles y deseables, a condición, primero que nada, de liberarse del dominio impuesto por la industria financiera sobre las políticas públicas.
Hacemos más adelante una presentación crítica de diez postulados que continúan inspirando cada día las decisiones de los poderes públicos en toda Europa, a pesar de los brutales desmentidos aportados por la crisis financiera y sus consecuencias. Se trata de falsedades que inspiran medidas injustas e ineficaces, frente a las cuales proponemos al debate veintidós contra proposiciones. Ellas no cuentan necesariamente con el asentimiento unánime de los signatarios de este texto, pero deben ser tomadas en serio si queremos sacar a Europa del atolladero.
Falsedad n°1: los mercados financieros son eficientes.
Falsedad n°2: los mercados financieros son favorables al crecimiento económico.
Falsedad n°3: los mercados son buenos jueces de la solvencia de los Estados.
Falsedad n°4: el aumento de la deuda pública resulta de un aumento del gasto.
Falsedad n°5: hay que reducir el gasto para reducir la deuda pública.
Falsedad n°6: la deuda pública le hará pagar nuestros excesos a nuestros nietos.
Falsedad n°7: hay que tranquilizar a los mercados financieros para financiar la deuda pública.
Falsedad n°8: la Unión Europea defiende el modelo social europeo.
Falsedad n°9: el euro nos protege contra la crisis.
Falsedad n°10: la crisis griega permitió avanzar hacia un gobierno económico y una verdadera solidaridad europea.
FALSA EVIDECIA N°1: LOS MERCADOS FINACIEROS SON EFICIENTES
Un hecho se impone hoy a todos los observadores: el papel primordial que desempeñan los mercados financieros en el funcionamiento de la economía. Es el resultado de una larga evolución que empezó finales de la década de 1970. La midamos como la midamos esta evolución marca una ruptura neta, tanto cuantitativa como cualitativa, con las décadas precedentes. Bajo la presión de los mercados financieros la regulación del conjunto del capitalismo se transforma en profundidad y da nacimiento a una forma inédita de capitalismo que algunos llamaron “capitalismo patrimonial”, capitalismo financiero” o incluso “capitalismo neoliberal”.
Estas mutaciones encontraron en la hipótesis de eficiencia informativa de los mercados financieros su justificación teórica. En efecto, según esta hipótesis, es importante desarrollar los mercados financieros, hacer que puedan funcionar lo más libremente posible porque constituyen el único mecanismo de asignación eficaz del capital. Las políticas que se han llevado a cabo obstinadamente desde hace treinta años son conformes a esta recomendación. Se trata de construir un mercado financiero mundialmente integrado en el que todos los actores (empresas, hogares, Estados, instituciones financieras) puedan intercambiar todas las categorías de títulos (acciones, obligaciones, deudas, derivados, divisas) en todos los plazos (largo plazo, medio plazo, corto plazo). Los mercados financieros han llegado a parecerse al mercado “sin fricción” de los manuales: el discurso económico ha conseguido crear la realidad. Como los mercados eran cada vez más “perfectos” en el sentido de la teoría económica dominante, los analistas creyeron que en adelante el sistema financiero era mucho más estable que en el pasado. La “gran moderación” (este periodo de crecimiento económico sin subida de los salarios que conoció Estados Unidos desde 1990 a 2007) parecía confirmarlo.
Todavía hoy el G20 persiste en la idea de que los mercados financieros son el buen mecanismo de asignación del capital. La primacía y la integridad de los mercados financieros siguen siendo los objetivos finales que prosigue su nueva regulación financiera. La crisis se interpreta no como un resultado inevitable de la lógica de los mercados desregulados sino como el efecto de la deshonestidad e irresponsabilidad de algunos actores financieros mal vigilados por los poderes públicos.
Sin embargo, la crisis se ha encargado de demostrar que los mercados no son eficientes y que no permiten una asignación eficaz del capital. Las consecuencias de este hecho en materia de regulación y de política económica son inmensas. La teoría de la eficiencia reposa sobre la idea de que los inversores buscan y encuentran la información más fiable posible sobre el valor de los proyectos que compiten para encontrar una financiación. De creer esta teoría, el precio que se forma en un mercado refleja los juicios de los inversores y sintetiza el conjunto de la información disponible: constituye, por consiguiente, un buen cálculo del verdadero valor de los títulos. Ahora bien, se supone que este valor resume toda la información necesaria para orientar la actividad económica y así la vida social. De este modo el capital se invierte en los proyectos más rentables y deja de lado los proyectos menos eficaces. Ésta es la idea central de esta teoría: la competencia financiera produce unos precios justos que constituyen señales fiables para los inversores y orientan eficazmente el desarrollo económico.
Pero la crisis vino a confirmar los diferentes trabajos críticos que habían puesto en duda esta propuesta. La competencia financiera no produce necesariamente precios justos. Peor: con frecuencia la competencia financiera es desestabilizante y lleva a unas evoluciones de precios excesivas e irracionales, las burbujas financieras.
El error principal de la teoría de la eficiencia de los mercados financieros consiste en trasponer a los productos financieros la teoría habitual de los mercados de bienes ordinarios. En estos últimos la competencia es en parte autorreguladora en virtud de lo que se llama la “ley” de la oferta y la demanda: cuando el precio de un bien aumenta, entonces los productores van a aumentar su oferta y los compradores a reducir su demanda; el precio, por lo tanto, va a bajar y a volver cerca de su nivel de equilibrio. En otras palabras, cuando el precio de un bien aumenta unas fuerzas de llamada tienden a frenar y después a invertir este alza. La competencia produce lo que se llama “feedbacks negativos”, unas fuerzas de llamada que van en el sentido contrario del choque inicial. La idea de la eficiencia nace de una transposición directa de este mecanismo a la finanza de mercado.
Ahora bien, para esta última la situación es muy diferente. Cuando el precio aumenta es frecuente observar no una bajada, ¡sino una subida de la demanda! En efecto, la subida del precio significa un rendimiento mayor para quienes poseen el título debido a la plusvalía realizada. Por consiguiente, la subida del precio atrae a nuevos compradores, lo que refuerza más la subida inicial. Las promesas de bonos empujan a los traders a ampliar aún más el movimiento. Hasta el incidente, imprevisible pero inevitable, que provoca la inversión de las anticipaciones y la quiebra. Este fenómeno digno de la irreflexión de los borregos es un proceso de “feedbacks positivos” que empeora los desequilibrios. Es la burbuja especulativa: una subida acumulativa de los precios que se alimenta a sí misma. Este tipo de proceso no produce precios justos sino, por el contrario, precios inadecuados.
Por consiguiente, el lugar preponderante ocupado por los mercados financieros no puede llevar a eficacia alguna. Aún más, es una fuente permanente de inestabilidad, como lo demuestra claramente la serie ininterrumpida de burbujas que hemos conocido desde hace 20 años: Japón, Sudeste de Asia, internet, mercados emergentes, la inmobiliaria, conversión de la deuda en valores. Así, la inestabilidad financiera se traduce en fuertes fluctuaciones de las tasas de intercambio y de la Bolsa, que manifiestamente no tienen relación con los fundamentos de la economía. Esta inestabilidad, nacida del sector financiero, se propaga a la economía real por medio de numerosos mecanismos.
Para reducir la ineficiencia e inestabilidad de los mercados financieros sugerimos cuatro medidas:
Medida n°1: compartimentar estrictamente los mercados financieros y las actividades de los actores financieros, prohibir a los bancos especular por su propia cuenta para evitar la propagación de las burbujas y de las quiebras,
Medida n°2: Reducir la liquidez y la especulación desestabilizadora por medio de controles sobre los movimientos de capitales y de las tasas sobre las transacciones financieras,
Medida n°3: limitar las transacciones financieras a las que respondan a las necesidades de la economía real (por ejemplo, CDS [Credit Default Swap o permuta de incumplimiento crediticio] únicamente para quienes detentan títulos asegurados, etc.)
Medida n°4: limitar la remuneración de los traders.
FALSA EVIDENCIA N°2: LOS MERCADOS FINANCIEROS SON FAVORABLES AL CRECIMIENTO ECONÓMICO
La integración financiera ha llevado el poder de las finanzas a su cenit debido al hecho de que unifica y centraliza la propiedad capitalista a escala mundial. En adelante ella es quien determina las normas de la rentabilidad exigidas al conjunto de los capitales. El proyecto era que la finanza de mercado sustituyera a la financiación bancaria de los inversores. Proyecto que, además, ha fracasado porque hoy, globalmente, son las empresas las que financian a los accionistas en vez de lo contrario. En adelante la gobernanza de las empresas se ha transformado profundamente para alcanzar las normas de rentabilidad del mercado. Con el aumento en potencia del valor accionarial se ha impuesto una concepción nueva de la empresa y de su gestión, pensadas como puestas al servicio exclusivo del accionista. Ha desaparecido la idea de un interés común propio de las diferentes parte interesadas vinculadas a la empresa. Los dirigentes de las empresas que cotizan en Bolsa tiene en adelante la misión primera de satisfacer únicamente el deseo de enriquecimiento de los accionistas. En consecuencia, dejan ellos mismos de ser asalariados, como demuestra el desmesurado aumento de sus remuneraciones. Como avanza la teoría de “la agencia”, se trata de hacer de modo que los intereses de los dirigentes sean en adelante convergentes con los de los accionistas.
El ROE (Return on Equity, o rendimiento de los capitales propios) de 15% a 25% es en adelante la norma que impone el poder de la finanza a las empresas y a los asalariados. La liquidez es el instrumento de este poder que permite en cualquier momento a los capitales no satisfechos ir a buscar a otra parte. Frente a esta potencia, tanto los asalariados como la soberanía política parecen por su fraccionamiento en estado de inferioridad. Esta situación desequilibrada lleva a unas exigencias de beneficio descabelladas porque reprimen el crecimiento económico y llevan a un aumento continuo de las desigualdades de ingresos. Por un lado las exigencias de rentabilidad inhiben fuertemente la inversión: cuanto más elevada es la rentabilidad demandada más difícil es encontrar proyectos suficientemente eficientes para satisfacerla. Las tasas de inversión siguen siendo históricamente débiles en Europa y en Estados Unidos. Por otra parte, estas exigencias provocan una constante presión a la baja sobre los salarios y el poder adquisitivo, lo que no es favorable a la demanda. La ralentización simultánea de la inversión y del consumo lleva a un crecimiento débil y a un paro endémico. En los países anglosajones se ha contrarrestado esta tendencia por medio de desarrollo del endeudamiento de los hogares y por medio de las burbujas financieras que crean una riqueza que permite un crecimiento del consumo sin salarios, pero terminan en quiebras.
Para remediar los efectos negativos sobre la actividad económicas ponemos debatir tres medidas :
Medida n°5: reforzar significativamente los contra-poderes en las empresas para obligar a las direcciones a tener en cuenta los intereses del conjunto de las partes interesadas,
Medida n°6: aumentar fuertemente los impuestos a los ingresos muy altos para disuadir la carrera por los rendimientos insostenibles,
Medida n°7: reducir la dependencia de las empresas en relación a los mercados financieros desarrollando una política pública del crédito (tasas preferenciales para las actividades prioritarias en el plano social y medioambiental).
FALSA EVIDENCIA N° 3 : LOS MERCADOS SON BUENOS JUECES DE LA SOLVENCIA DE LOS ESTADOS
Según los defensores de la eficiencia de los mercados financieros, los operadores de mercado tendrían en cuenta la situación objetiva de las finanzas públicas para evaluar el riesgo de suscribir un préstamo de Estado. Tomemos el caso de la deuda griega: los operadores financieros y quienes toman las decisiones se remiten únicamente a las evaluaciones financieras para juzgar la situación. Así, cuando la tasa exigida a Grecia ascendió a más del 10%, cada uno dedujo que el riesgo de falta [de pago] estaba cercano: si los inversores exigen semejante prima de riesgo es que el peligro es extremo.
Hay en ello un profundo error si se comprende la verdadera naturaleza de la evaluación por el mercado financiero. Como éste no es eficiente, lo más frecuente es que produzca unos precios completamente desconectados de los fundamentales. En esas condiciones es descabellado entregarse únicamente a las evaluaciones financieras para juzgar una situación. Evaluar el valor de un título financiero no es una operación comparable a medir un tamaño objetivo, por ejemplo, a calcular el peso de un objeto. Un título financiero es un derecho sobre unos ingresos futuros: para evaluarlo hay que prever lo que será el futuro. Es una cuestión de juicio, no una medida objetiva porque en el instante t, el futuro no está en modo alguno predeterminado. En las salas de mercado sólo es lo que los operadores imaginan que será. Un precio financiero resulta de un juicio, de una creencia, de una apuesta sobre el futuro: nada asegura que el juicio de los mercados tenga algun tipo de superioridad sobre las demás formas de juicio.
Sobre todo, la evaluación financiera no es neutra: afecta al objeto medido, compromete y construye el futuro que ella imagina. Así, las agencias de calificación financieras contribuyen en mucho a determinar las tasas de interés en los mercados de obligaciones atribuyendo unas notas cargadas de una gran subjetividad, incluso de una voluntad de alimentar la inestabilidad, fuente de beneficios especulativos. Cuando degradan la calificación de un Estado aumentan la tasa de interés exigida por los actores financieros para adquirir los títulos de la deuda pública de este Estado y aumentan con ello el riesgo de quiebra que ellas han anunciado.
Para reducir la influencia de la psicología de los mercados sobre la financiación de los estados, proponemos debatir dos medidas:
Medida n°8: no se debe autorizar a las agencias de calificación financiera a pesar arbitrariamente en las tasas de interés de los mercados de obligaciones degradando la calificación de un Estado: su actividad se debería reglamentar exigiendo que esta nota resulte de un calculo económico transparente.
Medida n°8 bis: liberar a los Estados de la amenaza de los mercados financieros garantizando que el Banco Central Europeo (BCE) compra los títulos púbicos.
FALSA EVIDENCIA N° 4 : LA SUBIDA ESPECTACULAR DE LAS DEUDAS PÚBLICAS ES EL RESULTADO DE UN EXCESO DE GASTOS
Michel Pébereau, uno de los “padrinos” de la banca francesa, describía en 2005 en unos de estos informes oficiales ad hoc a una Francia asfixiada por la deuda pública y sacrificando sus generaciones futuras al entregarse a unos gastos sociales irreflexivos. El Estado que se endeuda como un padre de familia alcohólico que bebe por encima de sus medios: ésta es la visión que suelen propagar la mayoría de los editorialistas. La reciente explosión de la deuda pública en Europa y en el mundo se debe en todas partes a otra cosa: a los planes de salvamiento de las finanzas y, sobre todo, a la recesión provocada por la crisis bancaria y financiera que empezó en 2008: el déficit público medio en la zona euro era sólo el 0,6% del PIB en 2007, pero la crisis le ha hecho pasar al 7% en 2010. Al mismo tiempo la deuda pública ha pasado del 66% al 84% del PIB.
Sin embargo, el aumento de la deuda pública tanto en Francia como en muchos países europeos fue primero moderada y anterior a esta recesión: proviene en gran parte no de una tendencia a la subida de los gastos públicos (puesto que, al contrario, desde principios de la década de 1990 estos son estables o en baja en la Unión Europea en proporción al PIB) sino del desmoronamiento de los ingresos públicos debido a la debilidad del crecimiento económico en el periodo y a la contrarrevolución fiscal que han llevado a cabo la mayoría de los gobiernos desde hace veinticinco años. A más largo plazo la contrarrevolución fiscal ha alimentado continuamente el hinchamiento de la deuda de una recesión a otra. Así, en Francia un reciente informe parlamentario cifra en 100.000 millones de euros en 2010 el coste de las bajadas de impuestos consentidas entre 2000 y 2010, sin incluir siquiera las exoneraciones de cotizaciones sociales (30.000 millones) y otros “gastos fiscales”. A falta de una armonización fiscal, los Estados europeos se han entregado a la competencia fiscal, bajando los impuestos a las sociedades, los altos ingresos y los patrimonios. Aunque el peso relativo de sus determinantes varíe de un país a otro, la subida casi general de los déficits públicos y de las ratios de deuda pública en el curso de los treinta últimos años no resulta principalmente de una deriva culpable de los gastos públicos. Un diagnóstico que, evidentemente, abre otras pistas que la sempiterna reducción de los gastos públicos.
Para restaurar un debate público informado sobre el origen de la deuda y, por lo tanto, de los medios de remediarla, proponemos debatir una propuesta:
Medida n° 9: realizar una auditoría pública de las deudas públicas para determinar su origen y conocer la identidad de los principales poseedores de títulos de la deuda y los montantes que poseen.
FALSA EVIDENCIA N°5: HAY QUE REDUCIR LOS GASTOS PARA REDUCIR LA DEUDA PÚBLICA
Aunque el aumento de la deuda pública resultara en parte de un aumento de los gastos públicos, cortar en estos gastos no contribuiría necesariamente a la solución porque la dinámica de la deuda pública no tiene mucho que ver con la de un hogar: la macroeconomía no es reducible a la economía doméstica. Generalmente la dinámica de la deuda depende de varios factores: el nivel de los déficits primarios, pero también la diferencia entre la tasa de interés y la tasa de crecimiento nominal de la economía.
Y es que si este último es más débil que la tasa de interés la deuda va a crecer mecánicamente debido al “efecto bola de nieve”: explota el importe de los intereses y también el déficit total (incluidos los intereses de la deuda). Así, a principios de la década de 1990 la política del franco fuerte que llevó a cabo Bérégovoy y se mantuvo a pesar de la recesión de 1993-94 se tradujo en una tasa de interés más elevada de forma duradera que la tasa de crecimiento, lo que explica el salto de la deuda pública de Francia durante este periodo. Es el mismo mecanismo que explicaban el aumento de la deuda durante la primera mitad de la década de 1980 bajo el impacto de la revolución neoliberal y de la política de tasas de interés elevadas que llevaron a cabo Ronald Reagan y Margaret Thatcher.
Pero la propia tasa de crecimiento no es independiente de los gastos públicos: a corto plazo la existencia de gastos públicos estables limita la magnitud de las recesiones (“estabilizadores automáticos”); a largo plazo las inversiones y gastos públicos (educación, sanidad, investigación, infraestructuras …) estimulan el crecimiento. Es falso afirmar que todo déficit público crece tanto como la deuda pública o que toda reducción del déficit permite reducir la deuda. Si la reducción de los déficit compromete la actividad económica la deuda aumentará aún más. Los comentaristas liberales subrayan que algunos países (Canadá, Suecia, Israel) realizaron unos ajustes brutales de sus cuentas públicas en la década de 1990 e inmediatamente después conocieron un fuerte rebote del crecimiento. Pero esto sólo es posible si el ajuste concierne a un país aislado, que vuelve a ganar competitividad sobre sus rivales. Lo que evidentemente olvidan los partidarios del ajuste estructural europeo es que los países europeos tienen por principales clientes y rivales a otros países europeos ya que la Unión Europea está globalmente poco abierta al exterior. Una reducción simultánea y masiva de los gastos públicos del conjunto de los países de la Unión Europea sólo puede tener como efecto una recesión agravada y, por lo tanto, una nueva subida de la deuda pública.
Para evitar que el restablecimiento de las finanzas públicas provoque un desastre social y politico proponemos debatir dos medidas:
Medida n°10: mantener el nivel de las protecciones sociales, incluso mejorarlas (subsidio de desempleo, vivienda…);
Medida n°11: aumentar el esfuerzo presupuestario en materia de educación, de investigación, de inversion en reconversión ecológica… para establecer las condiciones de un crecimiento sostenible que permita un fuerte descenso del paro.
FALSA EVIDENCIA N°6: LA DEUDA PÚBLICA TRASLADA EL PRECIO DE NUESTROS EXCESOS A NUESTROS NIETOS
La afirmación de que la deuda pública sería una transferencia de riqueza en detrimento de las generaciones futuras es otra afirmación falsa que confunde economía doméstica y macroeconomía. La deuda pública es un mecanismo de transferencia de riquezas, pero es sobre todo de los contribuyentes ordinarios hacia los rentistas.
En efecto, basándose en la creencia raramente verificada según la cual bajar los impuesto estimularía el crecimiento y aumentaría in fine los ingresos públicos, desde 1980 los Estados europeos han imitado a Estados Unidos en una política sistemática de hacer la oferta fiscal más baja. Se han multiplicado las reducciones de impuestos y de cotizaciones (sobre los beneficios de las sociedades, sobre los ingresos de los particulares más acomodados, sobre los patrimonios, sobre las cotizaciones patronales…), pero su impacto en el crecimiento económico sigue siendo muy incierto. Por consiguiente, estas políticas fiscales anti-redistributivas han agravado a la vez y de manera acumulativa las desigualdades sociales y los déficits públicos.
Estas políticas fiscales han obligado a las administraciones públicas a endeudarse con hogares acomodados y mercados financieros para financiar los déficits así creados. Es lo que se podría llamar “el efecto jackpot”: con el dinero ahorrado de sus impuestos los ricos han podido adquirir títulos (portadores de interés) de la deuda pública emitida para financiar los déficits públicos provocados por la reducciones de los impuestos… Así, el servicio de la deuda pública en Francia representa 40.000 millones de euros, casi tanto como las recaudaciones del impuesto sobre la renta. Tour de force tanto más brillante cuanto que a continuación se ha logrado hacer creer al público que los culpables de la deuda pública eran los funcionarios, los jubilados y los enfermos.
Por consiguiente, el aumento de la deuda pública en Europa o en Estados Unidos no es el resultado de políticas keynesianas expansionistas o de políticas sociales dispendiosas sino más bien de una política en favor de las capas privilegiadas: los “gastos fiscales” (bajadas de impuestos y de cotizaciones) aumentan los ingresos disponibles de quienes menos lo necesitan, los cuales gracias a ello pueden aumentar más sus inversiones, sobre todo en Bonos del Tesoro, que son remunerados en intereses por medio del impuesto procedente de todos los contribuyentes. En resumen, se establece un mecanismo de redistribución al revés, desde las clases populares hacia las clases acomodadas, vía la deuda pública cuya contrapartida es siempre la renta privada.
Para rectificar de manera equitativa las finanzas públicas en Europa y en Francia proponemos debatir dos medidas:
Medida n°12: volver a dar un carácter fuertemente redistributivo a la fiscalidad directa sobre los ingresos (supresión de los vacíos [fiscales], creación de nuevas series y aumento de las tasas del impuesto sobre la renta…)
Medida n°13: suprimir las exoneraciones consentidas a las empresas que no tienen suficiente efecto sobre el empleo.
FALSA EVIDENCIA N°7 : HAY QUE ASEGURAR A LOS MERCADOS FINANCIEROS PARA PODER FINANCIAR LA DEUDA PÚBLICA
A nivel mundial se debe analizar el ascenso de las deudas públicas correlativamente a la financiarización. Durante los últimos treinta años a favor de la liberalización total de la circulación de los capitales las finanzas han aumentado considerablemente su influencia sobre la economía. Las grandes empresas recurren cada vez menos al crédito bancario y cada vez más a los mercados financieros. Los hogares también ven una parte cada vez mayor de su ahorro drenado hacia las finanzas para sus pensiones, vía los diversos productos de inversión o incluso en algunos países vía la financiación de su vivienda (préstamos hipotecarios). Los gestores de carteras que tratan de diversificar los riesgos buscan títulos públicos como complemento a los privados. Los han encontrado fácilmente en los mercados porque los gobiernos han llevado a cabo unas políticas similares que han llevado a un relanzamiento de los déficits: tasas de interés altas, bajada de los impuestos centradas en los ingresos altos, incitaciones masivas al ahorro financiero de los hogares para favorecer las jubilaciones por capitalización, etc.
A nivel de la UE la financiarización de la deuda pública se ha inscrito en los tratados: desde Maastricht los Bancos Centrales tienen prohibido financiar directamente a los Estados, que deben encontrar prestamistas en los mercados financieros. Esta “represión monetaria” acompaña a la “liberación financiera” y hace exactamente lo contrario de las políticas adoptadas tras la gran crisis de la década de 1930, de “represión financiera” (drásticas restricciones a la libertad de acción de las finanzas) y de “liberación monetaria” (con el final del patrón oro). Se trata de someter a los Estados, que se supone que son por naturaleza demasiado dispendiosos, a la disciplina de los mercados financieros, que se supone que son eficientes y omniscientes por naturaleza.
Como resultado de esta elección doctrinaria, el Banco Central Europeo no tiene así derecho a suscribir directamente las emisiones de obligaciones públicas de los Estados europeos. Privados de la garantía de poder financiarse siempre en el Banco Central, los Estados europeos del sur han sido así víctimas de ataques especulativos. En efecto, aunque en nombre de una ortodoxia sin fisuras el BCR siempre se había negado a ello, desde hace algunos meses compra obligaciones de Estado a la tasa de interés del mercado para calmar las tensiones en el mercado de obligaciones europeos. Pero nada dice que esto sea suficiente si la crisis de la deuda se agrava y y se esfuman las tasas de interés de mercado. Entonces podría ser difícil mantener esta ortodoxia monetaria que carece de fundamentos científicos serios.
Para remediar el problema de la deuda pública proponemos debatir dos medidas:
Medida n°14: autorizar al Banco Central Europeo a financiar directamente a los Estados (o a imponer a los bancos comerciales suscribir la emisión de obligaciones públicas) a bajo interés, aflojando así el lastre con el que les traban los mercados financieros,
Medida n°15: si fuera necesario, reestructurar la deuda pública, por ejemplo, limitando el servicio de la deuda pública a determinado tanto por ciento del PIB, y operando una discriminación entre los acreedores según el volumen de los títulos que poseen: los rentistas muy grandes (particulares o instituciones) deben aceptar un alargamiento sensible del perfil de la deuda, incluso anulaciones parciales o totales. También hay que volver a negociar las exorbitantes tasas de interés de los títulos emitidos por los países en dificultades desde la crisis.
FALSA EVIDENCIA N°8: LA UNIÓN EUROPEA DEFIENDE EL MODELO SOCIAL EUROPEO
La construcción europea parece una experiencia ambigua. Coexisten dos visiones de Europa sin osar enfrentarse abiertamente. Para los socialdemócratas, Europa hubiera debido proponerse el objetivo de promover el modelo social europeo, fruto del compromiso social de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, con su protección social, sus servicios públicos y sus políticas industriales. Europa hubiera debido construir una muralla defensiva frente a la globalización liberal, un medio de proteger, de hacer vivir y progresar este modelo. Europa hubiera debido defender una visión específica de la organización de la economía mundial, la globalización regulada por unas organizaciones de gobernanza mundial. Hubiera debido permitir a los países miembro mantener un nivel elevado de gastos públicos y de redistribución, protegiendo su capacidad de financiarlos por medio de la armonización de la fiscalidad sobre las personas, las empresas y los ingresos del capital.
Sin embargo, Europa no ha querido asumir su especificidad. Actualmente la visión dominante en Bruselas y en el seno de la mayoría de los gobiernos nacionales es la contraria a la de una Europa liberal, cuyo objetivo es adaptar a las sociedades europeas a las exigencias de la globalización: la construcción europea es la ocasión de poner en tela de juicio el modelo social europeo y de desregular la economía. La preeminencia del derecho de la competencia sobre las reglamentaciones nacionales y sobre los derechos sociales en el Mercado Único permite introducir más competencia en los mercados de los productos y de los servicios, disminuir la importancia de los servicios públicos y organizar competitividad de los trabajadores europeos. La competencia social y fiscal permitió reducir los impuestos, sobre todo sobre los ingresos del capital y de las empresas (las “bases móviles”) y hacer presión sobre los gastos sociales. Los tratados garantizan cuatro libertades fundamentales: la libre circulación de las personas, de las mercancías, de los servicios y de los capitales. Pero lejos de limitarse al mercado interior, la libertad de circulación de los capitales se ha concedido a los inversores del mundo entero, sometiendo así al tejido productivo europeo a los imperativos de valorización de los capitales internacionales. La construcción europea perece un medio de imponer a los pueblos unas reformas neoliberales.
La organización de la política macroeconómica (independencia del BCE frente a la política, Pacto de Estabilidad) está marcada por la desconfianza respecto a los gobierno elegidos democráticamente. Se trata de privar a los países de toda autonomía en materia tanto de política monetaria como en materia presupuestaria. Para ya sólo dejar jugar a la “estabilización automática” se debe alcanzar el equilibrio presupuestario y después toda política discrecional desterrada de reactivación. A nivel de la zona no se ha establecido ninguna política coyuntural común ni se ha definido ningún objetivo común en términos de crecimiento o de empleo. No se tienen en cuenta las diferencias de situación entre los países porque el pacto no se interesa ni por las tasas de inflación ni por los déficits exteriores nacionales; los objetivos de las finanzas públicas no tienen en cuenta situaciones económicas nacionales.
Las instancias europeas trataron de impulsar unas reformas estructurales (por medio de las Grandes Orientaciones Políticas Económicas, el Método Abierto de Coordinación o la Agenda de Lisboa) con un éxito muy desigual. Como su modo de elaboración no era democrático ni movilizador, su orientación liberal no correspondía obligatoriamente a las políticas decididas a nivel nacional, teniendo en cuenta las relaciones de fuerza existentes en cada país. Esta orientación no conoció de entrada los brillantes éxitos fulgurantes que la habría legitimado. Se puso en tela de juicio el movimiento de liberalización económica (fracaso de la Directiva Bolkestein); se tentó a algunos países con nacionalizar su política industrial mientras que la mayoría se oponía a la europeización de sus políticas fiscales o sociales. La Europa social ha seguido siendo una palabra vacía, sólo se ha afirmado realmente la Europa de la competencia y de las finanzas.
Para que Europa promueva verdaderamente un modelo social europeo proponemos debatir dos medidas:
Medida n°16: poner en tela de juicio la libre circulación de los capitales y de las mercancías entre la UE y el resto del mundo negociando si fuera necesario acuerdos multilaterales o bilaterales,
Medida n°17: en vez de la política de competencia, convertir a “la armonización en el progreso” en el hilo director de la construcción europea. Establecer unos objetivos comunes de alcance constringente tanto en materia de progreso social como en materia macroeconómica (unas GOPS, grandes orientaciones de política social).
FALSA EVIDENCIA N°9: EL EURO ES UN ESCUDO CONTRA LA CRISIS
El euro debería haber sido un factor de protección contra la crisis financiera mundial. Después de todo, la supresión de toda incertidumbre sobre las tasas de cambio entre las monedas europeas eliminó un factor fundamental de inestabilidad. Sin embargo, no ha habido nada de eso: Europa se ha visto afectada más duramente y de forma duradera por la crisis que el resto del mundo. Esto se debe a las propias modalidades de construcción de la unión monetaria.
Desde 1999 la zona euro conoció un crecimiento relativamente mediocre y un aumento de las divergencias entre los Estados miembro en términos de crecimiento, de inflación, de paro y de desequilibrios exteriores. El marco de política económica de la zona euro, que tiende a imponer a unos países en situaciones diferentes unas políticas macroeconómicas parecidas, ha ampliado las disparidades de crecimiento entre los Estados miembro. En la mayoría de los países, en particular los más grandes, la introducción del euro no ha provocado la prometida aceleración del crecimiento. Para otros, hubo crecimiento pero a costa de desequilibrios difícilmente sostenibles. La rigidez monetaria y presupuestaria, reforzada por el euro, ha permitido hacer caer todo el peso de los ajustes sobre el trabajo. Se ha promovido la flexibilidad y la austeridad salarial, reducido la parte de los salarios en el ingreso total, aumentado las desigualdades.
Esta carrera a la baja social la ha ganado Alemania, que ha sabido liberar importantes surplus comerciales en detrimento de sus vecinos y, sobre todo, de sus propios asalariados, imponiéndose una bajada del coste del trabajo y de las prestaciones sociales, lo que le ha conferido una ventaja comercial en relación a sus vecinos que no han podido tratar tan duramente a sus trabajadores. Los excedentes comerciales alemanes pesan sobre el crecimiento de los demás países. Los déficits presupuestarios y comerciales de unos sólo son la contrapartida de los excedentes de los demás … Los Estados miembro no han sido capaces de definir una estrategia coordinada.
La zona euro hubiera debido verse menos afectada por la crisis que Estados Unidos y Reino Unido. Los hogares están claramente menos implicados en los mercados financieros, que son menos sofisticados. Las finanzas públicas estaban en una situación mejor; el déficit público del conjunto de los países de la zona era del 0,6% del PIB en 2007, frente a casi el 3% en Estados Unidos, en Reino Unido o Japón. Pero la zona euro sufría un aumento de los desequilibrios: los países del norte (Alemania, Austria, Países Bajos, países escandinavos) limitaban sus salarios y sus demandas internas, y acumulaban excedentes exteriores, mientras que los países del sur (España, Grecia, Irlanda) conocían un crecimiento vigoroso impulsado por unas tasas de interés débiles en relación a la tasa de crecimiento, al tiempo que acumulaban unos déficits exteriores.
Aunque la crisis económica partió de Estados Unidos, éste ha tratado de establecer una política real de reactivación presupuestaria y monetaria al tiempo que iniciaba un movimiento de desregulación financiera. Europa, por el contrario, no ha sabido emprender una política suficientemente reactiva. De 2007 a 2010 el impulso presupuestario ha sido del orden de 1,6 puntos de PIB en la zone euro, de 3,2 puntos en Reino Unido y de 4,2 puntos en Estados Unidos. La pérdida de producción debida a la crisis ha sido claramente más fuerte en la zona euro que en Estados Unidos. En la zona se ha sufrido más el aumento del déficits que el resultado de una política activa.
Al mismo tiempo, la Comisión ha seguido lanzando unos procedimientos de déficit excesivo contra los Estados miembro de modo que a mediados de 2010 prácticamente todos los Estados de la zona estaban sometidos a ellos. Ha pedido a los Estados miembro que para 2013 ó 2014 se comprometan a volver bajo la línea del 3%, independientemente de la evolución economía. Las instancias europeas han seguido reclamando unas políticas salariales restrictivas y que se replanteen los sistemas públicos de jubilación y de sanidad, con el riesgo evidente de hundir al continente en la depresión y de aumentar las tensiones entre los países. Esta ausencia de coordinación y, más fundamentalmente, la ausencia de un verdadero presupuesto europeo que permita una solidaridad efectiva entre los Estados miembro han incitado a los operadores financieros a desviarse del euro, incluso a especular abiertamente contra él.
Para que el euro pueda proteger realmente a los ciudadanos europeos de la crisis proponemos debatir dos [sic] medidas:
Medida n°18: garantizar una verdadera coordinación de las políticas macroeconómicas y una reducción concertada de los desequilibrios comerciales entre los países europeos,
Medida n°19: compensar los desequilibrios de pago en Europa por medio de un Banco de Pagos (que organice los préstamos entre los países europeos),
Medida n°20: si la crisis del euro lleva a su desintegración y esperando el ascenso en régimen del presupuesto europeo (cf. infra), establecer un régime monetario intraeuropeo (moneda común tipo “bancor”) que organice la reabsorción de los desequilibrios de los balances comerciales en el seno de Europa.
FALSA EVIDENCIA N°10: LA CRISIS GRIEGA HA PERMITIDO FINALMENTE AVANZAR HACIA UN GOBIERNO ECONÓMICO Y UNA VERDADERA SOLIDARIDAD EUROPEA
A partir de mediados de 2009 los mercados financieros empezaron a contar con las deudas de los países europeos. Globalmente la fuerte subida de las deudas y de los déficits públicos a escala mundial no ha provocado (todavía) subidas de las tasas largas: los operadores financieros consideran que los bancos centrales mantendrán mucho tiempo las tasas monetarias reales a un nivel próximo de cero y que no hay riesgo de inflación ni de falta [de pago] de un gran país. Pero los especuladores han percibido los fallos de la organización de la zona euro. Mientras que los gobiernos de los demás países desarrollados siempre pueden ser financiados por su Banco Central, los países de la zona euro han renunciado a esta posibilidad y dependen totalmente de los mercados financieros para sus déficits. Por ello se ha podido desencadena la especulación sobre los países más frágiles de la zona: Grecia, España e Irlanda.
Las instancias europeas y los gobiernos han tardado en reaccionar al no querer dar la impresión de que los países miembro tenían derecho a un apoyo ilimitado de sus socios y querer sancionar a Grecia, culpable de haber ocultado (con ayuda de Goldman Sachs) la magnitud de sus déficits. Con todo, en mayo de 2010 el BCE y los países miembro tuvieron que crear urgentemente un Fondo de Estabilización para indicar a los mercados que aportarían este apoyo sin límites a los países amenazados. En contrapartida estos han tenido que anunciar unos programas de austeridad presupuestaria sin precedentes que los van a condenar a un retroceso de la actividad a corto plazo y a un largo periodo de recesión. Bajo la presión del FMI y de la Comisión Europea Grecia debe privatizar sus servicios públicos y España flexibilizar su mercado laboral. Del mismo modo, Francia y Alemania, que no están afectadas por la especulación, han anunciado medidas restrictivas.
Sin embargo, la demanda no es en modo alguno excesiva en Europa. La situación de las finanzas públicas es mejor que la de Estados Unidos o de Gran Bretaña, lo que deja márgenes de maniobra presupuestaria. Hay que reabsorber los desequilibrios de manera coordinada: los países excedentarios del norte y del centro de Europa deben llevar a cabo políticas expansionistas (amento de los salarios, de los gastos sociales …) para compensar las políticas restrictivas de los países del sur. Globalmente la política presupuestaria no debe ser restrictiva en la zona euro mientras que la economía no se acerque al pleno empleo a una velocidad satisfactoria.
Pero, por desgracia, hoy se han reafirmado los partidarios de las políticas presupuestarias automáticas y restrictivas en Europa. La crisis griega permite hacer olvidar los orígenes de la crisis financiera. Quienes han aceptado apoyar financieramente a los países del sur quieren imponer en contrapartida un Pacto de Estabilidad. La Comisión Europea y Alemania quieren imponer a todos los países miembro que inscriban en su Constitución el objetivo del presupuesto equilibrado, hacer que unos comités de expertos independientes vigilen la política presupuestaria. La Comisión quiere imponer a los países una larga cura de austeridad para volver a una deuda pública inferior al 60% del PIB. Si hay un avance hacia un gobierno económico es hacia un gobierno que en vez de aflojar el torno de las finanzas va a imponer la austeridad y profundizar las “reformas” estructurales en detrimento de las solidaridades sociales en cada país y entre los países.
La crisis ofrece a las elites financieras y a las tecnocracias europeas la tentación de establecer la “estrategia del choque” aprovechando la crisis para radicalizar la agenda neoliberal. Pero esta política tiene pocas posibilidades de éxito:
La disminución de los gastos públicos va a comprometer el esfuerzo necesario a escala europea para mantener los gastos del futuro (investigación, educación, política familiar), para ayudar a la industria europea a mantenerse y a invertir en los sectores del futuro (economía verde).
La crisis va a permitir imponer fuertes reducciones de los gastos sociales, objetivo incansablemente buscado por los paladines del neoliberalismo, a riesgo de comprometer la cohesión social, de reducir la demanda efectiva, de empujar a los hogares a ahorrar para su jubilación y su salud en las instituciones financieras, responsables de la crisis.
Los gobiernos y las instancias europea se niegan a organizar la armonización fiscal que permitiría la subida necesaria de los impuestos en el sector financiero, en los patrimonios importantes y en los ingresos altos.
Los países europeos instauran duraderamente unas políticas presupuestarias restrictivas que van a pesar enormemente sobre el crecimiento. Van a descender las recaudaciones fiscales. Los sueldos públicos apenas mejorarán, las ratios de deuda se degradarán, no se tranquilizará a los mercados.
Debido a la diversidad de sus culturas políticas y sociales los países europeos no han podido plegarse todos a la disciplina de hierro impuesta por el Tratado de Maastricht; no se plegarán todos al reforzamiento de éste que se está organizando actualmente. El riesgo de activar una dinámica generalizada de repliegue sobre sí mismo es real.
Para avanzar hacia un verdadero gobierno económico y una solidaridad europea proponemos debatir dos medidas:
Medida n°21: desarrollar una fiscalidad europea (tasa carbono, impuesto sobre los beneficios, …) y un verdadero presupuesto europeo para ayudar a la convergencia de las economías y tender a una igualación de las condiciones de acceso a los servicios públicos y sociales en los diversos Estados miembro sobre la base de las mejores prácticas.
Medida n°22: lanzar un vasto plan europeo, financiado por suscripción pública a tasas de interés débil pero garantizado y/o por medio de creación monetaria del BCE para emprender la reconversión ecológica de la economía europea.
CONCLUSIÓN
DEBATIR LA POLÍTICA ECONÓMICA,
TRAZAR CAMINOS PARA REFUNDAR LA UNIÓN EUROPEA
Desde hace tres décadas Europa se ha construido sobre una base tecnocrática que excluye a las poblaciones del debate de política económica. Se debe abandonar la doctrina neoliberal que descansa sobre la hipótesis hoy indefendible de la eficiencia de los mercados financieros. Hay que volver a abrir el espacio de las políticas posibles y debatir propuestas alternativas y coherentes que limiten el poder de las finanzas y organicen la armonización en el progreso de los sistemas económicos y sociales europeos. Esto supone la mutualización de importantes recursos presupuestarios, obtenidos por medio del desarrollo de una fiscalidad europea fuertemente redistributiva. También hay que liberar a los mercados del cerco de los mercados financieros. Solamente así el proyecto de construcción europea podrá esperar recuperar una legitimidad popular y democrática de la que hoy carece.
Evidentemente, no es realista esperar que 27 países decidan al mismo tiempo operar semejante ruptura en el método y los objetivos de la construcción europea. La Comunidad Económica Europea comenzó con seis países: también la refundación de la Unión Europea pasará al principio por un acuerdo entre algunos países deseosos de explorar unas vías alternativas. A medida que se hagan evidentes las consecuencias desastrosas de las políticas adoptadas hoy, aumentará por toda Europa el debate sobre las alternativas. Luchas sociales y cambios políticos intervendrán a ritmo diferente según los países. Unos gobiernos nacionales tomarán decisiones innovadoras. Quienes lo deseen deberán adoptar unas cooperaciones reforzadas para adoptar medidas audaces en materia de regulación financiera, de política fiscal o social. Por medio de unas propuestas concretas tenderán la mano a los demás pueblos para que se unan al movimiento.
Por ello nos parece importante esbozar y debatir ahora las grandes líneas de políticas económicas alternativas que harán posible esta refundación de la construcción europea.
Premiers signataires :
Philippe Askenazy (CNRS, Ecole d’économie de Paris), Thomas Coutrot (Conseil scientifique d’Attac), André Orléan (CNRS, EHESS), Henri Sterdyniak (OFCE)
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