Intimidad versus seguridad vial

Por Carlos Morillo
Licenciado en Derecho. Miembro del Ateneo de Cádiz

La reciente noticia aparecida en los medios sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento de Cádiz colocara cámaras de vigilancia para controlar el tráfico en diversas calles peatonales del centro nos debe servir para reflexionar sobre nuestro derecho a la intimidad enfrentado, en este caso, al de la seguridad vial.

Me remonto, y no por gusto, al triunfo de las democracias liberales frente a los regímenes comunistas a principios de la última década del siglo pasado y que durante un tiempo se etiquetó como “el fin de la Historia” según expresión del politólogo estadounidense Francis Fukuyama en su libro “El fin de la Historia y el último hombre” de 1992. Por aquel entonces la expansión a todo el planeta del neoliberalismo globalizado era aplastante. Las ideologías habían muerto. Solo un pequeño reducto de pensadores y de ciudadanos se agrupaban en torno a lo que se llamó “Movimiento antiglobalización” y cuyo principal lema era “Otro mundo es posible”. Eran los años de las movilizaciones y reuniones de estos colectivos en Niza, Génova o Porto Alegre.

Pero a esta fiesta neoliberal se le coló un invitado no deseado y que nadie esperaba aunque ya algunos lo habían visto asomarse por el jardín. Este no era otro que el terrorismo fanático islamista, personificado en Ben Laden y que obtuvo su máxima audiencia televisiva el fatídico e inenarrable 11 de septiembre de 2001. Occidente ya tenía un nuevo enemigo. Un enemigo invisible y ubicuo que en cualquier tiempo y lugar nos podía asestar un nuevo hachazo por la espalda. Ante este nuevo terrorismo las sociedades se blindaban y se autoimponían sucesivas medidas restrictivas de libertad, colectiva e individual, siempre en beneficio de nuestra propia seguridad. El concepto de “seguridad” se había instalado en el subconsciente ciudadano de manera sutil y eficiente.

Han pasado los años (ya son nueve desde el 11-S) y los ciudadanos nos encontramos absolutamente controlados en nuestros movimientos gracias, sobre todo, a las nuevas tecnologías puestas al servicio de los poderes públicos (también al servicio de muchas empresas que necesitan de nuestros datos para conocer los perfiles de sus clientes y amoldar sus ventas a los consumidores). Dentro de este contexto de control y vigilancia a los ciudadanos se enmarca la proliferación de las cámaras de videovigilancia en nuestras ciudades. Hemos asumido como irremediable la pérdida de control de nuestra propia imagen, de nuestra intimidad en las calles de las ciudades o cuando nos encontramos en cualquier comercio o gran superficie con la instalación de estas cámaras (prueben a mirar a un lado u otro, seguramente haya una cámara grabando sus movimientos).

La instalación de cámaras en la vía pública con fines de seguridad vial debe seguir un principio de proporcionalidad, no debe ser una medida que se tome a la ligera por nuestro Ayuntamiento. Existen medidas menos invasoras de nuestra intimidad para erradicar la entrada por calles peatonales de vehículos a motor como el adecuado diseño de las calzadas, mayor señalización indicativa o presencia de la Policía Local. Por otro lado, recordar que estas cámaras se colocarían so pretexto de la seguridad vial y no bajo el argumento de la seguridad ciudadana.

La Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, reguló el tratamiento adecuado de estos datos y establece una serie de premisas que se han de cumplir por el responsable: creación de ficheros, inscripción ante la Agencia Española de Protección de Datos, seguridad en la custodia de los ficheros (o videos), asegurar los derechos ciudadanos en cuanto al acceso, rectificación, cancelación y oposición de nuestros datos y la adecuada señalización en el espacio de grabación.

Aún con todo, si el Ayuntamiento de Cádiz decidiera acordar la colocación de videocámaras en vías urbanas sería muy aconsejable que sometiera esta decisión a un referéndum ciudadano, ya que su decisión afecta muy directamente a nuestra libertad y nuestra intimidad. Sería el momento adecuado para hacer partícipe a la ciudadanía de las decisiones municipales y comprometer en el destino de la Ciudad a sus propios habitantes.