Hace ya bastantes meses que los distintos países del mundo han sido obligados a ajustar con fecha fija sus economías y a volver a la ortodoxia fiscal: en el año 2013 han de tener sus finanzas en el entorno de un 3% del PIB de déficit público como máximo, so pena de excomunión y amenazas de distinto tipo (políticas y económicas). Ello ha dado lugar a planes de austeridad dramáticos (reducción del gasto), básicamente en Europa, que recaen sobre los ciudadanos. Sin embargo, esa misma rigidez en los objetivos y en los ritmos se olvida cuando se trata de regular los sistemas financieros, causantes primeros de la Gran Recesión, de modo que no vuelvan a repetir los mismos abusos, errores e irregularidades que en el pasado inmediato. Para ellos, el tiempo es flexible.
La reciente y deprimente reunión del G-20 en Seúl ha sido testigo de esa doble vara de medir. Al menos ha habido cuatro tipos de decisiones relacionadas con el sistema financiero internacional. Primero, se asumen los recientes acuerdos de Basilea (Basilea III) con el objeto de reforzar y endurecer la capitalización mínima de la banca, aunque esta dispone hasta el año 2019 (seis años más que los países en reducir su déficit) para ponerla en marcha. Segundo, la definición de qué bancos son considerados "entidades sistémicas", es decir, capaces de generar problemas globales si tienen dificultades como las de Lehman Brothers, que tenía que estar dispuesta a finales de este año (en mes y medio), queda para el final del primer semestre de 2011. Hasta entonces no habrá lista de bancos too big to fail (demasiado grandes para dejarlos quebrar): ¿cuántos bancos y quiénes son?; ¿por tamaño?, ¿por internacionalización?, ¿por nicho de negocio: comerciales o de inversión?, etcétera. Tercero, también se retrasa hasta finales de 2011 (para la reunión del G-20 en Francia) los requisitos especiales de capital y funcionamiento que habrán de cumplir esas entidades sistémicas. Una vez más, la cumbre de los principales países del mundo lanza la pelota hacia adelante: de Washington a Londres, de Londres a Pittsburgh, de Pittsburgh a Toronto, de Toronto a Corea, y de Seúl a Francia. Y cuarto: ni rastro de la tasa sobre las transacciones financieras que debería servir para financiar aspectos como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio o la lucha contra el cambio climático. Dentro de pocas semanas llega la reunión de Cancún, que debería establecer la continuación del Protocolo de Kioto y las modalidades de financiación de las reducciones de los gases de efecto invernadero, sin posibilidades reales de llegar a un acuerdo.
Tan decepcionantes resultados del G-20 llegan pese a que hace apenas un mes, en la asamblea de otoño del FMI, se definiera al sistema financiero como "el talón de Aquiles de la recuperación". Allí se establecieron los principales factores de estrangulamiento que representa la banca como sector para la economía real: la crisis de la deuda soberana, que empuja hacia abajo las constantes vitales de las entidades financieras (véase el caso de Irlanda, hasta hace tres años paradigma de las políticas neoliberales, por su dumping impositivo y su desregulación permanente); las pérdidas acumuladas en esta crisis por valor de 1,7 billones de euros; el volumen de vencimiento de sus obligaciones, con un calendario de refinanciación de más de tres billones de euros en los próximos 24 meses (de los que tres cuartas partes corresponden a los bancos europeos); y la aplicación, aunque sea tan lenta y tan cómoda en relación con los demás, de las nuevas exigencias de regulación.
Los banqueros de todo el mundo coinciden en que el año 2011 va a ser más difícil que el actual, y el crédito sigue sin fluir llevando a la mortandad a decenas de miles de pequeñas y medianas empresas. En esa asamblea del FMI, el español José Viñals, máxima autoridad del FMI en materia bancaria, dijo que ha aumentado la posibilidad de que se produzca una coincidencia nefasta de contracción del crédito, la desaceleración del crecimiento económico y el debilitamiento de los balances de las entidades financieras.
Este es el estado de la cuestión. Mientras tanto, España, en permanente debate preelectoral, discute solo sobre la reforma laboral o de las pensiones. ¿Quién lo entiende?
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