Publicado en El Confidencial (31/01/2011)
Por Carlos Fonseca
La reforma de las pensiones merecía otra huelga general
A las cosas hay que llamarlas por su nombre, y lo que han hecho los sindicatos con el “gran pacto social” de las pensiones ha sido claudicar ante Rodríguez Zapatero. Durante meses nos han dicho que retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años era inasumible e injusto. El pasado diciembre incluso convocaron una manifestación para oponerse a la medida y amenazaron con otra huelga general si el Ejecutivo no variaba el rumbo. Finalmente se han rendido. Han transigido con la jubilación a los 67, con el endurecimiento de las condiciones para tener derecho a la pensión máxima, y con el recorte de la cuantía de la pensión de los futuros jubilados. No hay más que ver el gesto satisfecho de la patronal para saber quién ha ganado y quiénes hemos perdido. Y atención, porque la edad de jubilación se revisará cada 5 años en función de la esperanza de vida.
Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CCOO) dicen que han conseguido suavizar la reforma que pretendía Zapatero “el dialogante”. Es cierto; tanto como que hoy tenemos menos derechos que ayer. A partir de ahora serán necesarios 38 años y 6 meses (esto es hilar fino y da cuenta del regateo que ha debido ser la negociación) para poder jubilarse a los 65 con el 100% de la pensión. Para quienes las cuentas no les alcancen, tengan que jubilarse a los 67 años y aspiren a hacerlo con la pensión íntegra, tendrán que acreditar 37 años de cotización. Hasta ahora bastaba con tener 65 años y 35 cotizados para jubilarse con el 100%. Más aún, con un 24,8% de temporalidad, ¿alguien cree que es posible encadenar tan largos periodos de cotización para tener derecho a la pensión íntegra? ¿Hemos perdido, o no?
Sigamos. Actualmente, menos de la mitad de los trabajadores que se jubilan tienen acreditados tantos años de cotización, de modo que pueden hacerse una idea de qué porcentaje cumplirá con los nuevos requisitos requeridos y cuántos jóvenes lograrán alcanzar tales cifras con un paro del 40% entre los que tienen 16 y 24 años, el doble que en la Unión Europea y 4,4 veces más que Alemania, donde lo sufre un 9%. Gobierno y sindicatos han condenado a nuestros jóvenes a una jubilación precaria. No nos lamentemos de que los más preparados busquen su futuro laboral en otro país, en el que revertirá la formación que ha pagado el Estado. Esto si que es un derroche de dinero y de talento.
A la vista está que la reforma no beneficia a los trabajadores, pero a los sindicatos les ha podido el miedo a convocar otra huelga general por el irregular seguimiento que tuvo la del pasado 29 de septiembre contra la reforma laboral, cuando ahora estaba tan justificada como entonces
Una de las novedades, ésta sí positiva, es que las madres que hayan interrumpido su carrera laboral para cuidar de sus hijos tendrán derecho a 9 meses de cotización por cada uno de ellos, con un máximo de 24 meses. Dividan y verán que para aprovechar al máximo esta prestación pueden tener dos hijos (18 meses cotizados) y dos tercios del tercero (6 meses) para completar los 2 años. Pero bueno, como la tasa de natalidad es tan baja, para qué preocuparnos.
Por último, el periodo de cálculo de la pensión, que actualmente se hace con los 15 últimos años, pasará a ser de 25. El resultado es que el importe final será menor, aunque con esta medida saldrán beneficiados (menos mal) los trabajadores que se han quedado en paro en el último tramo de su vida laboral, con las dificultades que conlleva para encontrar una nueva ocupación. Imagínense a una persona que tras cotizar 30 años, por ejemplo, pierde su empleo al cumplir los 50. Como los 15 últimos no cotizará salvo que alguien le contrate de nuevo, lo perderá todo.
A la vista está que la reforma no beneficia a los trabajadores, pero a los sindicatos les ha podido el miedo a convocar otra huelga general por el irregular seguimiento que tuvo la del pasado 29 de septiembre contra la reforma laboral, cuando ahora estaba tan justificada como entonces. Han tenido miedo a no ser capaces de arrastrar a una clase trabajadora que hace tiempo optó por el desistimiento. A fin de cuentas, es mucho más cómodo besar la mano de quien te paga que enfrentarse a sus abusos. Muchos trabajadores han terminado asumiendo que la reforma laboral y la de las pensiones eran imprescindibles, y además en los términos que planteaba el Gobierno siguiendo órdenes de los mercados. Lo sindicatos no han sabido cambiar esta percepción. A todo esto lo llaman “el gran pacto social”, producto de un ejercicio de responsabilidad.
Como buen trilero, Rodríguez Zapatero jugaba con las cartas marcadas en la negociación de las pensiones. O se acordaba lo que él proponía (con alguna concesión) o sacaba adelante la reforma en el Parlamento con el apoyo de CiU y PNV. Los dos partidos nacionalistas mayoritarios han dejado claro lo que son: derecha pura y dura, por más que reclamen la independencia. Una nueva huelga general habría sido un ejemplo de rebeldía ante el mayor recorte de derechos en muchos años; pero ha vencido el pragmatismo mal entendido.
Las pensiones nos han hecho olvidarnos de la reforma laboral. La hemos deglutido sin más, pero de su eficacia da cuenta la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre del pasado año: 4.696.600 parados y subiendo. Un 20,3% de la población activa; uno de cada cinco trabajadores. Más de dos millones de ellos llevan al menos un año buscando ocupación, y en 1.328.000 hogares no entra ningún salario porque todos sus miembros activos están desempleados. ¿Son sólo cifras? ¿Qué espera el Gobierno que hagan estas personas? Me produce vergüenza ajena escuchar a Valeriano Gómez, el ministro sindicalista de Trabajo, decir al término del Consejo de Ministros del pasado viernes que la crisis ha tocado suelo, y con ella la destrucción de empleo. No me lo creo. Ya su antecesor en el Ministerio del Paro, Celestino Corbacho, afirmó que nunca llegaríamos a los cuatro millones de desempleados y vamos camino de los cinco.
Déjenme que reitere algo que ya saben: cuando Zapatero deje la presidencia del Gobierno en 2012, con 51 años de edad, 25 de ellos como parlamentario, tendrá garantizada una pensión vitalicia y un puesto de trabajo como miembro del Consejo de Estado. Y les recuerdo que la reforma de nuestras pensiones no afecta a las de sus señorías (diputados y senadores) que con 11 años en su escaño tienen derecho a cobrar el 100% de la pensión máxima, aunque no volvieran a cotizar hasta su jubilación ni llegasen a hacerlo 38 años ymedio. Además, pueden adelantar su jubilación a los 60 años si han cotizado 40. Dicen que van a acabar con el privilegio de las pensiones parlamentarias, pero lo primero que han hecho ha sido modificar las nuestras. Cuestión de prioridades.
Pactar no siempre es lo mejor cuando una parte se lleva todo y la otra recoge las migajas. En este caso es mejor luchar, aunque se pierda.
Hasta el próximo lunes.
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