El banquero del Titanic

Por Carlos Sánchez

Publicado en El Confidencial (19/06/2011)

La última Memoria de la Fiscalía General del Estado incluye un párrafo esclarecedor. Por no decir aterrador. Se refiere al número de delitos fiscales, y quien redacta el escrito, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de León, muestra su “sorpresa” (sic) porque el año anterior [2009] no se hubiera incoado en toda la provincia “ningún delito contra la Hacienda Pública”.

No es, desde luego, el caso de la provincia de Almería. Allí sucede todo lo contrario, aunque el resultado sea idéntico. Se han detectado, asegura la Fiscalía, numerosos fraudes fiscales, pero el funcionario de turno reconoce la impotencia de los poderes públicos para atajar el problema. La mayoría de los expedientes, sostiene el escrito, “se encuentran paralizados por no poder ser localizado el denunciado”.

Estas revelaciones no tendrían mayor interés -dando por bueno que todos los contribuyentes leoneses sean leales con la Hacienda pública- si no fuera porque en ese mismo periodo de tiempo se multiplicaron en la provincia de adopción de Zapatero (el único leonés nacido en Valladolid) las insolvencias punibles y los delitos societarios debido a la crisis económica, como reconoce la propia Fiscalía. Pelillos a la mar, debió pensar Hacienda. Nada que objetar. Ni un expediente abierto por delito fiscal.

Se supone que con estos antecedentes tampoco extrañaría en su día que la declaración fiscal por IRPF de Jaime Botín correspondiente al año 2009 le hubiera salido “a devolver”. Tal y como señala el Auto de la Audiencia Nacional que ha abierto en canal la credibilidad del sistema fiscal español, convertido en un gigantesco queso de gruyer agujerado por tanta defraudación. El Auto, incluso, desnuda la solvencia de la propia CNMV, incapaz de desvelar el origen de algunas participaciones accionariales sin ponerlas, al menos, en entredicho o bajo sospecha. Ni siquiera las puso en conocimiento de Hacienda.

No es de extrañar, por lo tanto, el malestar de buena parte de la ciudadanía con el pobre funcionamiento de la Hacienda Pública a la hora de combatir el fraude fiscal. Sin duda, por ausencia de medios materiales y humanos, como demuestra este estudio de la OCDE, pero también por falta de determinación política para acabar con tanto engaño. No sólo por la vía penal, sino mediante la eliminación de instrumentos de elusión fiscal que sólo favorecen al defraudador. Es patético, en este sentido, leer en el escrito del juez Andreu las miserias de una Agencia Tributaria que reconoce su inoperancia para atacar estructuras patrimoniales “complejas” mediante la creación de “trust, fundaciones o sociedades de diversa índole”, lo cual pone al Estado de Derecho en una evidente debilidad frente al defraudador. Ni siquiera el Estado, con su legítima capacidad de coacción y su facultad legisladora, es capaz de poner orden en tanta trapacería.

El sistema financiero mundial cayó -entre otras razones- por la creación de instrumentos financieros complejos que no entendían ni quienes los colocaban en los mercados para su negociación; y lo mismo está sucediendo en algunas haciendas públicas. Impotentes e inanes ante una complejidad tributaria diseñada y ejecutada, en muchos casos, por funcionarios que al cabo del tiempo (y en situación de excedencia) se pasan al sector privado con armas y bagajes. Precisamente para hacer inoperantes las propias normas que ellos ayudaron a aprobar.

Como observó alguna vez con amargura el cardenal Richelieu, la historia conoce muchos más ejércitos arruinados por las carencias y el desorden interno, que por la acción de sus enemigos. Y España se suicida con un sistema tributario obsoleto e ineficiente que hace posible que Grecia, un país cercano a la bancarrota y con tipos impositivos menores, recaude cinco puntos más de pib que España (50.000 millones de euros). No es de extrañar, por lo tanto, que las tres cuartas partes de los contribuyentes -última encuesta del Instituto de Estudios Fiscales- piense que el fraude fiscal ha aumentado en la última década. O que casi el 60% opine que existen colectivos que defraudan de forma habitual y continuada. O, incluso, que el 43% de los contribuyentes justifique de alguna manera la conducta defraudadora.

La circunstancia de que el primer banquero del país esté incurso en una de esas investigaciones -derivada, no hay que olvidarlo, de una denuncia de la Hacienda francesa raíz de un chivatazo-, sólo produce, en este sentido, hastío y cansancio en una sociedad que ha dejado de creer en sus instituciones. Pero que, paradójicamente, se ha convertido en rehén de su propia desidia.

El hecho de que algunos sectores sociales reaccionen ahora, tres años después de la crisis, sólo demuestra la falta de respuesta social al desempleo, la clave de bóveda de todos los problemas de la economía española. Incluida la dejadez y hasta la desidia de algunos empresarios -entre ellos Botín- que durante años coquetearon con el poder político en busca de cierta impunidad. Y cuyo patriotismo parece de hojalata.

La patria, como decía Azaña, no es otra cosa que la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y por eso cuando pasan 17 años sin que ricos herederos regularicen una situación fiscal ya de por sí suficientemente ominosa (fuga de capitales), estamos ante un ataque contra la ciudadanía. O contra la patria, como se prefiera. O, incluso, contra el propio deber moral que necesariamente debe iluminar la conducta humana.

Tampoco hay que olvidar, sin embargo, que el Titanic del que habló Zapatero navega a la deriva, y es posible que el capitán Rubalcaba (la información es poder) tenga la tentación de poner en circulación la política del escarmiento público para ganar votos. Sobre todo si los protagonistas son banqueros. Pero una sociedad inteligente es aquella que es capaz de separar el trigo de la paja sin caer, desde luego, en osadas teorías de la conspiración. Hacer un totum revolutum contribuye a hundir a este país un poco más la miseria. Y pensar que todos los banqueros o todos los empresarios son iguales. O que todos los indignados el 15-M son unos violentos y unos desarrapados, no es más que un empobrecimiento intelectual. A cada cual lo suyo. Aunque lo cierto, en todo caso, es que la familia Botín tuvo casi dos décadas para regularizar la situación y no encontró el momento ¿Por qué habrá sido?

Pero repugna, al mismo tiempo, que el ministro Valeriano Gómez, recien salido del Gobierno cuando Zapatero dijo que España tenía el mejor sistema financiero del mundo, sostenga ahora que son los bancos los culpables del paro. Las dos cosas no pueden ser ciertas, y el ministro lo sabe, pero parece que se ha impuesto una deriva populista con tal de intentar ganar las elecciones.

Los banqueros son culpables de muchas cosas. Sobre todo si defraudan a Hacienda, pero el aumento de los desahucios no tiene nada que ver con ellos, hay que vincularlo al crecimiento del desempleo y a una desastrosa política económica. Pero también a la existencia de una Ley Hipotecaria añeja que no entiende fenómenos contemporáneos, y que hace que el riesgo de la inversión crediticia no corra contra la cuenta de resultados de quienes prestan el dinero, los bancos y las cajas de ahorros, sino contra quien recibe el préstamo, lo cual es un auténtico disparate. Es el parlamento, y no los banqueros, quien debe legislar.

Lo malo del caso de la familia Botín es, por lo tanto, la sensación que deja en la opinión pública. Incluso los ciudadanos en teoría mejor vigilados –las 200 fortunas que controla directamente la unidad de grandes contribuyentes- escapan del control de los poderes públicos. Ese es el problema, la sensación –y en algunos casos la certeza- de que la impunidad se filtra por los poros del Estado. Hasta algunos medios de comunicación que presumen de buscar la verdad y combatir la corrupción han acabado por contaminarse y por ser permeables a tanta mezquindad.