Por Ignacio J. Domingo
Publicado en El Confidencial (13/06/2011)
La resaca postelectoral del 22-M ha dado paso a un nuevo orden autonómico y municipal en España. Un proceso de renovación de parlamentos y gobiernos regionales, por un lado, y de plenos y corporaciones locales, por otro, en el que no han faltado ruidos de sables políticos. Casi todos ellos, a cuenta de las cuentas públicas, de las carencias financieras, del rampante endeudamiento, de la morosidad o del retraso en el pago de facturas a proveedores y, en general, de las dificultades que tendrán los nuevos responsables autonómicos y municipales para cuadrar los presupuestos y contener el déficit. Sin embargo, este exceso de verborrea en torno a la falta de recursos de ambas administraciones choca con la ausencia casi total de proyectos estratégicos dentro de los programas electorales de los candidatos. Esas ideas que deberían estar en las agendas de presidentes regionales y alcaldes para captar el interés del sector privado, atraer capital o, incluso, crear o, en su caso, consolidar planes de actuación concretos que sirvan para generar prosperidad, calidad de vida y estimular la producción y el empleo.
La caída de los ingresos y las dificultades de liquidez de las arcas municipales y regionales no son un obstáculo genuinamente español. Más bien al contrario, resulta una constante en todas las latitudes del mundo; en especial, en las naciones industrializadas, que están atravesando sus propios desiertos financieros. Por ejemplo, en Estados Unidos. Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Rating, el triunvirato de agencias de calificación, han rebajado paulatina y constantemente, en los últimos meses, las calificaciones sobre los bonos de no pocos Estados y de una larga treintena de ciudades norteamericanas ante el elevado nivel de endeudamiento y los riesgos que comportan las carencias de financiación de este año.
La Fundación PEW Center of the States también ha dado la señal de alerta. Al inicio de 2010, el agujero presupuestario de los Estados de la Unión sobrepasaba los 1,26 billones de dólares -cifra algo inferior al PIB español- y nada menos que 31 de ellos -fundamentalmente del interior del país- no están en condiciones de sufragar el 80% de sus sistemas de pensiones. Al mismo tiempo, hace dos semanas Moody’s puso en cuarentena la nota de una docena de ciudades japonesas. Otro botón de muestra de la encerrona de liquidez -merma de recursos por la caída de ingresos tributarios y sequía crediticia con alza de morosidad- que asola a las administraciones más cercanas al ciudadano.
Hechos diferenciales de España
Pero España parece tener en este terreno un hecho diferencial. No sólo por las decenas de casos de corrupción urbanística vinculados al ámbito regional y municipal, por el suspenso del Consejo de Europa a la falta de transparencia de las administraciones españolas y, en especial, al nexo que une la opacidad de las ayudas locales con la oscura financiación de los partidos políticos, o por el hecho de que la clase política sea el segundo foco de mayor preocupación social tras el desempleo y la economía. También porque desde el mapa autonómico y municipal español sólo surgen quejas financieras, sin prestar atención a la efectividad que puede llegar a tener programas locales de estímulo para generar prosperidad en épocas de crisis como la actual. Un desafío que puede ser sinónimo de éxito, tal y como lo atestigua un reciente diagnóstico de la consultora Brookings, que repasa el distinto comportamiento que han tenido las 100 mayores urbes estadounidenses en 2010.
Según MetroMonitor, que combina cuatro parámetros -comparación del ratio de empleo, tasa de desempleo, producción económica e índice de precios de la vivienda desde su cota más alta (en casi todos los casos, de diciembre de 2007) con el último mes del pasado año-, destaca las 20 áreas metropolitanas que han ganado en fortaleza y, en consecuencia, se han recuperado de los número rojos, de las 20 que han tenido mayores problemas para salir de la recesión. Entre las pioneras en sacar músculo económico y de empleo destacan Washington DC; San Antonio; Pittsburg o Dallas, gracias a planes industriales y empresariales y a las políticas activas de sus autoridades locales. Mientras entre las más rezagadas cita a Miami, Las Vegas, Detroit o Chicago, entre otras. Casi todas ellas, aún asoladas por sus negocios tradicionales, sumergidos, además, en lo más hondo de la crisis. Miami y el sector inmobiliario o Detroit y la industria automovilística son dos buenas pruebas de ello.
El cuadro coyuntural de los municipios americanos no difiere mucho del español. El estudio de Brookings refleja que, al término de 2010, estas 100 ciudades mantenían un descenso del empleo público del 60%, aunque ya 49 de ellas estaban en la senda de la creación de puestos de trabajo e, incluso, 14 de ellas rubricaron tres meses consecutivos de reducción de la tasa de paro. Los municipios más dinámicos en la salida de la crisis americana han apostado por áreas productivas tecnológicas o de energías verdes, fundamentalmente. Un reto que está encima de la mesa del deseado y largamente esperado cambio de patrón de crecimiento español pero que, en la escala regional y municipal española, sigue brillando por su ausencia. A pesar de proyectos emblemáticos, pero aún poco representativos del tránsito hacia la nueva economía, como la Ciudad de la Energía, en Ponferrada (León) -con presupuesto estatal- o la apuesta de Málaga por convertirse en el Sillicon Valley de España y por cubrir el déficit de centro tecnológico en el sur de Europa que no deja de pregonar el Ejecutivo comunitario desde el comienzo de la Agenda de Lisboa, allá por el año 2000.
Ofertas de las metrópolis del futuro
La importancia de trasladar a lo local planes estratégicos de dimensión global no es un capricho pasajero, sino que pone a prueba la propia supervivencia futura de las ciudades. Estudios como el de PriceWaterhouseCoopers (Cities of Opportunity) son un buen barómetro de la trascendencia de este desafío. Su ránking, de 26 grandes capitales del mundo, entra a valorar la proyección de las mismas a partir de indicadores como el capital intelectual y la innovación, la preparación tecnológica, las infraestructuras, la influencia económica, sostenibilidad (consumo de energías renovables) o la demografía y la habitabilidad. En el informe de 2011, Madrid irrumpe por primera vez en el puesto número 15, con buenas calificaciones en transportes y poder financiero, pero con notas rezagadas en I+D+i o medioambiente. Nueva York encabeza, un año más, la clasificación pero, como se encarga de advertir el propio análisis de la consultora, su liderazgo está cada vez más amenazado por cuatro beta cities –Toronto, San Francisco, Estocolmo y Sydney, que destacan en los parámetros tecnológicos, de innovación, habitabilidad y sostenibilidad energética-, precisamente las lagunas programáticas de los partidos políticos españoles en el ámbito local.
Para más inri, otras prospecciones de futuro, como la de la consultora McKinsey, alertan de los cambios fulgurantes que se aprestan a vivir las grandes ciudades a medio plazo. Los expertos de McKinsey describe el siguiente salto urbano. En la actualidad, las 600 mayores metrópolis del mundo acogen a 1.500 millones de personas, el 22% de la población del planeta; producen 30 billones de dólares -algo más de la mitad del PIB global- y disponen de 485 millones de viviendas, con una renta per cápita media de 20.000 dólares. Pero, en 2025, esas mismas ciudades pasarán a albergar 2.000 millones de personas (el 25% de la demografía); acumularán 64 billones de riqueza (el 60% del PIB) y tendrán 735 millones de inmuebles, con un valor per cápita de 32.000 dólares.
El espejo de los länders alemanes
En el orden autonómico, el cuadro de mando español tampoco es demasiado halagüeño. Las tensiones entre el Gobierno central y los ejecutivos regionales a cuenta del déficit excesivo de alguna de ellas -diez comunidades reclaman al Ministerio de Hacienda más de 5.400 millones de euros, mientras Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía llevan al Ejecutivo de Zapatero a los tribunales anticipos del fondo de convergencia y Cataluña reivindica 1.450 millones para realizar su contribución a la reducción del desequilibrio presupuestario-, resultan inimaginables en Alemania. Entre otras razones, afirma Frank Zipfel, analista de Deutsche Bank, porque, “pese a la autonomía que la Constitución germana confiere a los länder y municipios en materia económica”, la propia Carta Magna alemana consagra también el principio de “integración financiera”, lo cual implica, de facto, “importantes manifestaciones de solidaridad entre las cuentas federales, regionales y locales”.
Zipfel aclara que los pagos directos entre administraciones han fluido de manera habitual desde 1959. Y que, hasta 1994, fecha en la que esta figura de la solidaridad financiera empieza a operar con los länders y municipios del Este tras la reunificación del país, totalizaron al menos 43.000 millones de euros. Desde 1995, este sistema se ha intensificado hasta alcanzar, al término de 2009, los 107.000 millones de euros, lo que supone una factura de solidaridad de 150.000 millones desde 1950. Berlin, con 39.400 millones; Sajonia; Sajonia-Anhalt y Turingia, han sido los mayores receptores de fondos de solidaridad alemana desde la reunificación; mientras, los tradicionales contribuyente netos, en este periodo, han sido Baviera, Baden-Wuerttemberg, Hesse y Hamburgo.
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