Por Antonio Casado
Publicado en El Confidencial (14/06/2011)
Fue en una reunión del Consejo de Estado celebrada el jueves 12 de mayo. Aunque el orden del día anunciaba el preceptivo informe sobre la Ley de Comunicaciones se improvisó un homenaje al recientemente fallecido, Jerónimo Arozamena, que el actual presidente del Consejo, Francisco Rubio Llorente, acabó convirtiendo en un homenaje al primer Tribunal Constitucional. Como si con Arozamena, que fue vicepresidente del alto tribunal (1980-1986) al igual que Rubio Llorente, también hubiera muerto el espíritu fundacional del mismo.
Me cuenta uno de los presentes que tanto Rubio Llorente como Luis Díez Picazo, que había tomado la palabra anteriormente para recordar a Arozamena, se mostraron nostálgicos de aquel primer Tribunal Constitucional sin dejar de mirar al actual presidente del mismo, Pascual Sala, que asistía a la reunión. Especialmente cuando se recordó que entonces los magistrados fueron capaces de rechazar al candidato propuesto por los partidos políticos para ejercer la presidencia.
Esa es la clave de las renuncias unilaterales presentadas ayer por el vicepresidente, Eugenio Gay, y los magistrados Elisa Pérez Vera y Javier Delgado. Su renuncia es denuncia. La dimisión no ha sido aceptada pero nos quedamos con la copla. Una rebelión contra la autoridad del Congreso, al que le corresponde elegir a los cuatro nuevos magistrados para sustituir a quienes agotaron su mandato hace seis meses (los tres citados y el fallecido García Calvo). Una reprimenda a la Cámara Baja por incumplir sus deberes constitucionales y burlarse descaradamente del espíritu y la letra de las leyes en materia de renovación de los órganos del Estado.
Ahí está la parte pedagógica del episodio. Si no sirve de nada el persistente clamor contra un Tribunal Constitucional parcialmente caducado (cuatro años llevamos así, aunque ahora la caducidad sólo afectaba a los cuatros antedichos), espero que sirva la espantada de los propios magistrados. La espantada es el mensaje: contra un Tribunal Constitucional que no cumple la Constitución. Parece una aberración pero encaja absolutamente en la realidad. Cierto. El alto tribunal no cumple la Constitución, al menos en lo que se refiere a su renovación, perfectamente tasada en el artículo 159.3 de la Carta Magna: “Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres”.
Pues esto se lo pasan por el arco del triunfo los dos principales partidos políticos a partir de las reyertas menores sobre la personalidad de tal o cual candidato que la contraparte rechaza. En este caso, como se sabe, la renovación está empantanada porque los socialistas no aceptan la propuesta de Enrique López, una de las dos que ha de formular el PP en el marco de la obligación que este partido tiene de entenderse con el PSOE porque la Constitución impone la elección por una mayoría de tres quintos en la Cámara.
Y a causa del desencuentro, la casa sin barrer, incluidas otras renovaciones pendientes, como el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, por ejemplo. Hasta que los propios magistrados han tirado por la calle del medio. Para vergüenza de los dos grandes partidos, nada ejemplares a la hora de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Mire usted por donde, los tres magistrados que ayer presentaron su dimisión podrían incorporarse con toda propiedad al batallón de los indignados. Sin violencia, por supuesto.
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