La nacionalización de la CAM: un reto para el Estado

Por Manuel Muela

Publicado en El Confidencial (26/07/2011)
La nacionalización de la CAM, aunque tardía, junto con otras nacionalizaciones que la seguirán en los próximos meses, convertirá al Estado, a través del FROB, en propietario de un grupo crediticio, que representará alrededor del 20% de los activos del sistema español y que ocupará el primer lugar de banca minorista del país, con miles de oficinas y empleados extendidos en casi todo el territorio nacional. Eso supone enfrentarse a una gestión difícil, pero que podría hacer de la necesidad virtud, poniendo a disposición de familias y empresas el servicio de crédito necesario, que tanto se viene demandando desde que estalló la crisis hace cuatro años.

Nadie niega que sin un sistema crediticio en funcionamiento resulta casi imposible pensar en la regeneración de la actividad económica. Nuestras entidades crediticias, o al menos la mayoría de ellas, siguen constreñidas por el enorme caudal de activos dañados e improductivos y la incertidumbre sobre la evolución presente y futura de su actividad, dada la parálisis y la depresión que horadan a la economía española. La tormenta económico-financiera que nos viene castigando, va haciendo mella en el ánimo de la sociedad, a pesar de los intentos reiterados de las autoridades por negar las evidencias hasta que las realidades adversas se van imponiendo una detrás de otra.

Y es precisamente esa impostura oficial la que va minando la confianza de las personas no solo en sus gobernantes, sino en sus propias capacidades para superar unos malos tiempos de los que un gran número de españoles habían perdido la memoria: los días de vino y rosas de los pasados veinte años han terminado dramáticamente con una marea de cifras que aturden y confunden hasta a los espíritus más sólidos.

España se ha dado de bruces con la crisis financiera y económica en una situación singular que la diferencia de la de otros países: nuestro sistema crediticio, basado en la banca al por menor, tiene reconocida una gran eficiencia y puede ser modelo para otros; pero la confianza en su fortaleza le llevó a endeudarse desmesuradamente en los mercados internacionales, que es lo que permitió que el crédito en España creciera a tasas cercanas al veinte por ciento durante los años del boom inmobiliario. Junto a ello la realidad de una economía que ha girado obsesivamente alrededor de la construcción de viviendas, con abandono de otras actividades empresariales, que han sido sacrificadas en el altar de la especulación.

Las responsabilidades son muchas y variadas y no han sido las menores las de los poderes públicos, que se han comportado como meros espectadores y beneficiarios de la riada del dinero abundante, abandonando la previsión exigible a cualquier gobernante.

El sistema financiero necesita a su ‘José Tomás’
Llegados a este punto se dan gritos de alarma y se apela al uso de la riqueza nacional para taponar las vías de agua, declarando el estado de excepción financiera con una catarata de decretos-leyes, que han culminado, por el momento, con el de febrero pasado sobre nuevas exigencias de capital a las entidades de crédito, cuyo objetivo principal son las cajas de ahorros a las que se obliga a convertirse en bancos, para facilitar su despolitización y obtener el crédito de los mercados, según los mentores de la norma. A un grave problema financiero se le receta la medicina jurídica de la transformación societaria que, como es de sentido común, tiene una virtualidad escasa, salvo la de facilitar una venta de bienes cuasi públicos, que no otra cosa son las cajas de ahorros, en condiciones muy poco justificables. Lo sucedido con las recientes salidas a bolsa de entidades que han recibido importantes préstamos públicos se comenta por sí mismo. Desde luego no es para sentirse satisfechos de la operación.

La controversia falaz entre privatización y nacionalización hace que muchos piensen que la primera es la mejor opción, sin pararse a pensar que la envergadura del problema obliga al Estado, es decir a los contribuyentes, a poner los recursos para hacerla posible, como sería el caso de la CAM, que da pie a este comentario. Si a ello añadimos que cualquier venta o subasta requerirá de apoyos públicos futuros indudables, creo que sería defendible optar por el establecimiento de una gestión pública estable, encaminada a dotar de eficiencia a las entidades que lo requieran.

Sin prejuicios y en defensa del interés general creo que hay que desechar la actuación injusta de convertir al Estado en mero intermediario para hacer un ligero calafateado y asumir pérdidas, renunciando a los beneficios económicos y sociales de ordenar un servicio público de crédito, que durante la larga travesía de la crisis ayude a restaurar la confianza de nuestro tejido productivo. Porque, aparte de la gestión de un grupo financiero importante, se podrían desarrollar políticas públicas de suelo y vivienda, teniendo en cuenta el conjunto de activos inmobiliarios de las entidades que lo forman. Todo ello justificaría, en mi opinión, más de la mitad de la acción de gobierno de una legislatura.

Ya sé que lo público tiene pocos defensores, ni siquiera en los más obligados a ello que son los gobernantes y los servidores públicos, pero esta es una ocasión para demostrar que el Estado no vale solo para suministrar recursos que los mercados e inversores niegan. El Estado, que ha carecido de instrumentos financieros eficaces en esta crisis- el Instituto de Crédito Oficial es una gota en medio de la tormenta- y que es criticado duramente por la falta de crédito tiene ahora la ocasión de contrarrestar con hechos la indefensión crediticia de la economía nacional. Creo que esa actuación pública sería una opción más seria que algunas de las proclamas que se oyen sobre la ayuda de los bancos para crear empleo y cosas por el estilo. Esta nacionalización, por su importancia, ha puesto un toro de envergadura en la plaza y necesitamos el José Tomás que lo toree en beneficio del país.