Este cuadro de Zurbarán, "Defensa de Cádiz", ilustra perfectamente el objetivo y prioridad de nuestra asociación.

miércoles, 20 de julio de 2011

Camps evita el banquillo: se declarará culpable obligado por Rajoy

Notica de El Confidencial (19/07/2011)

El presidente valenciano, Francisco Camps, finalmente ha accedido a la exigencia de la Dirección Nacional del Partido Popular y aceptará pagar la multa de casi 46.000 euros que le exige el juez José Flors para eludir el juicio "por cohecho impropio" en el caso 'de los trajes'. El anuncio se hará público de manera inminente, incluso podría efectuarse tras la reunión que está manteniendo en estos momentos con Federico Trillo, el coordinador de Justicia del PP.

Tras estar en absoluto silencio desde el viernes, Camps se autoinculpará en el caso ‘de los trajes’ “por lealtad a Rajoy”, a pesar de que ésta es la última opción a la que quería recurrir. Aunque para Génova lo más urgente es eludir la fotografía de Camps sentado en el banquillo de los acusados en plena campaña electoral, para el barón regional supone aceptar la culpabilidad que ha negado durante dos años y cargar con unos antecedentes penales que asegura no merecer. El presidente valenciano insiste en su inocencia. De hecho, es la opción que ha defendido ante los suyos hasta el último momento: "Yo quiero llegar a juicio para salir absuelto". Sin embargo, las presiones que han llegado desde Génova le han obligado a desistir de su empeño.

Las pretensiones de Rajoy pasan por obligar a los otros cuatro implicados en el caso, Víctor Campos, ex vicepresidente del Consell; Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de Turismo, Ricardo Costa, ex secretario general del PPCV, y Pedro García, ex director general de la televisión pública, a asumir junto con Camps el delito de cohecho pasivo impropio del que se les acusa. Según fuentes internas del PP en Valencia, ha sido Costa, la mano derecha de Camps durante años, quien más reacio se ha mostrado a pagar la multa que pide la Fiscalía Anticorrupción a cambio de entonar el mea culpa en un caso en el que también mantiene su inocencia. Los otros cuatro implicados están dispuestos a acceder “por lealtad al partido y a los intereses de Rajoy”, dicen fuentes del PP. Una teoría que, hasta el último momento, no convencía a Ricardo Costa.

Más que por la cantidad económica, la razón fundamental que esgrimió Costa ante Camps para negarse a autoinculparse es su imputación en la trama Gürtel. Si se declara culpable en este caso, llegaría con antecedentes penales al siguiente juicio, el de la financiación del PP valenciano, y su situación podría complicarse mucho que a sus compañeros. A última hora de ayer, Federico Trillo, el coordinador de Justicia del PP, se reunió con Camps en Valencia para ultimar los detalles finales antes de que los cinco implicados se declaren culpables, sobre todo por el miedo a que Costa se niegue finalmente a aceptar esta decisión. Si él no acepta la petición de Rajoy, todos tendrían que sentarse en el banquillo de los acusados.


Génova obliga a Costa a aceptar la misma postura

Sin embargo, desde Génova le recuerdan lo que ocurrió en septiembre de 2009,cuando fue apartado de la secretaría General del PP valenciano. Han llegado incluso a amenazarlo con una situación similar para obligarle a aceptar estapostura. Según fuentes consultadas por este diario, Costa ha reconsiderado supostura y ha aceptado las órdenes de sus líderes nacionales.

Si Camps asume el delito y paga la multa, podría seguir en el poder como presidente de la Comunidad Valenciana, aunque su entorno más cercano tiene ciertas dudas de que pueda seguir gobernando por el estado “límite”en el que se encuentra. Él quería delegar en la vicepresidenta sus funciones hasta que se celebrase el juicio del que, asegura, saldría absuelto. “Nadie sabe el coste electoral que podría tener para nosotros la foto de Camps sentado enel banquillo en las portadas de todos los diarios durante varios días. Y somos conscientes de que el juicio y la campaña electoral coincidirían con absoluta seguridad”, afirman fuentes del PP. Esta premisa, junto con la delicada situación financiera de las cuentas públicas de la Comunidad Valenciana, han obligado al presidente a olvidarse de esta opción.

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