Por Antonio Casado
Publicado en El Confidencial /06/07/2011)
La lectura del auto del juez Ruz sobre el caso SGAE es el camino más corto para hacerse un sitio entre los indignados del 15-M. Por el masivo fraude a los creadores. Y por la desidia de los ministerios afectados (Cultura, Industria y Justicia), que tocaban el violín mientras por el sumidero de la corrupción se escapaba tanto el dinero privado de los creadores como el dinero público empaquetado en forma de subvención (ay, la burbuja cultural). Ha funcionado la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil. Pero no ha funcionado la Administración, obligada a vigilar el funcionamiento de la SGAE como entidad de gestión de los derechos de propiedad intelectual.
Especialmente bochornoso es el episodio referido a la planeada reintegración de la SDAE (la SGAE digital) en la SGAE matriz. Con rapidez, por expreso deseo de Teddy Bautista, el presidente de la entidad. Antes de las elecciones internas, que se celebraron la semana pasada. Y con opacidad, sin dar cuartos al pregonero y aprovechando que los del Gobierno ahora están “histéricos”. Causa sonrojo comprobar cómo se esforzaron en hallar la forma de distraer una deuda de dos millones de euros con el Ministerio de Industria en subvenciones. La contrariedad la explica José Luis Rodríguez Neri (en prisión eludible con fianza junto a Rafael Ramos) ante la previsible reacción en los Departamentos afectados (Industria, Justicia y Cultura). No les divertiría saber que “toda la pasta que han estado metiendo en la SDAE era una puta mentira”, en palabras de Neri intervenidas telefónicamente por orden judicial.
Pero lo que los implicados en esta trama pensaban de este acreedor concreto, el Gobierno, dinero público, al fin y al cabo, queda claro en otro pasaje recogido en el auto del juez en el que Neri propone la fusión para agosto, “cuando todos están de vacaciones”, y Maria Antonia García Pombo, su compañera sentimental y otra de las implicadas en la “trama parasitaria” de la SGAE, añade que no será difícil engañarles: “Entre que son funcionarios, que son del Ministerio de Cultura, que son idiotas, que están de elecciones, que están de vacaciones…. pues imagínate”.
Lo imaginamos. Y si no bastaba con esta aberrante aportación de la novia de Neri, les remito a la excelente información de Sandra Remón, ayer en El Confidencial. Así hemos sabido de los estudios sobre la gestión de la SGAE encargados a la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, bajo epígrafe no menos rimbombante: “Evaluación del sistema de gestión colectiva de los derechos establecidos por la política de propiedad industrial”.
Nombres muy largos para resultados muy cortos. No se detectó ninguna irregularidad, más allá de recomendar “una mayor transparencia en los mecanismos de recaudación y asignación”. Todo lo cual nos viene a confirmar que, aunque por suerte han funcionado los mecanismos de defensa del Estado de Derecho frente a la corrupción (Fiscalía, Judicatura, Guardia Civil…), el Gobierno de Zapatero ha estado tocando el violín mientras dos clanes familiares (Neri-García Pombo y Ramos-Vázquez) se forraban por facturación preferente con empresas instrumentales del grupo SGAE a través de la trama “parasitaria” descrita en el auto firmado ayer por el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.
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