Por S. McCoy
Publicado en Cotizalia (31/01/2012)
Tengo la ocasión de mantener un encuentro con uno de los mayores especialistas nacionales en materia laboral en general y en restructuraciones de compañías en particular. Una cita apasionante en el contexto actual, toda vez que está en la sala de partos esa Reforma del Mercado de Trabajo que, junto con la financiera y la presupuestaria, han sido consideradas por el gobierno popular como perentorias para comenzar a corregir el rumbo del país. Las tres son importantes pero el haber asociado los efectos de ésta a una huelga general aumenta las expectativas.
Servidor ha defendido su necesidad en múltiples ocasiones, siempre bajo la premisa de que no se debe confundir flexibilidad con facilidad de contratación y/o despido. Por el contrario, ha de entenderse como una mayor capacidad del sistema para mantener empleo en el tiempo. Limitar el análisis a modalidades contractuales con sus costes asociados sin abordar materias de jornada, salario, costes de Seguridad Social, movilidad geográfica, funcional, absentismo, productividad, judicialización y similares supondría, desde ese punto de vista, coger el nabo por las hojas.
Pues bien, el fruto de la conversación no ha podido ser más desesperanzador. Sin embargo, creo que de la misma se pueden extraer una serie de elementos para el debate que les invito a iniciar en el foro de este post. Voy con ellos.
1.Mi interlocutor parte de una reflexión preliminar: si uno compara las tasas de paro del País Vasco y, por ejemplo, Canarias -cuatro veces superiores, tanto en absoluto como en desempleo juvenil- se da rápida cuenta que la misma legislación produce efectos muy distintos en función de la región en la que se aplica. Hay un impacto fiscal indudable pero la divergencia norte-sur es, en cualquier caso, evidente. Por tanto, no se puede hacer de esta materia condición necesaria sino suficiente. No es prioritaria sino subsidiaria. Sorpresa.
2.Desde ese punto de vista, afirma que "la reforma laboral, tal y como está planteada, no creará ni un solo puesto de trabajo". Permitirá en todo caso hacerlo cuando las circunstancias reviertan y hay que trabajar para que lo hagan cuanto antes. No es la piedra filosofal. Nadie va a contratar por el mero hecho de su implantación. Más cuando se trata de una negociación entre grandes compañías y sindicatos que representan a una parte limitada de los empleadores y empleados de España y son ajenos a la realidad de muchos negocios de menor tamaño. Despierten.
3.Por eso, el foco debería dirigirse hacia quien verdaderamente contrata personal en nuestro país: la pequeña y la mediana empresa. Considera imprescindible un abaratamiento de los costes laborales asociados -mayores bonificaciones por los nuevos contratos o rebaja de las cotizaciones sociales- que permita aflorar la enorme masa de empleo sumergido existente que, a su juicio, se debe en buena parte a la imposibilidad de estos agentes económicos para hacerles frente. Obviamente, salvaguardando los derechos fundamentales de los trabajadores.
4.Sería importante, del mismo modo, establecer un mecanismo de resolución de los conflictos que por esta materia se susciten fuera del ámbito judicial. Los costes asociados a tales procesos suponen, en muchos casos, mover el fiel de la balanza hacia el cierre y no permitir a la continuidad de la firma o el autónomo afectados. La protección jurídica a la que tiene derecho cualquier profesional no es incompatible con alternativas como el arbitraje o cualquier otro tipo de mediación rápida.
5.No hay nada que no esté inventado. A lo largo de la historia en España se han adoptado medidas que podían replicarse en el momento actual, exenciones y primas. Sin embargo, ahora es, más que nunca, momento de tomar decisiones atrevidas que permitan dar algo de esperanza a los jóvenes. "Antes, al menos, cabía el recurso al empleo público a través de las oposiciones. Pero hasta éstas se han congelado". El capital humano es el principal activo de un país. Y todo lo que no se cuida, en términos de oportunidades, se pierde. Hay que arbitrar fórmulas muy enfocadas en este segmento poblacional.
Las dinámicas propias del mercado de trabajo, donde cualquier decisión que se adopta es prospectiva, tiene que sentar las bases para que, una mínima mejora en la condición económico financiera del país, vaya acompañada de la creación de empleo. Que la contratación sea un indicador adelantado de confianza. Pero que nadie espere milagros de carácter inmediato. En 2010 y 2011 ya hubo dos intentos fracasados. El grado de expectación que se ha ido alimentando en las últimas semanas deja poco hueco para la decepción. Es hora de sembrar. Pero no de forma timorata sino decisiva. A ver si es verdad.
martes, 31 de enero de 2012
lunes, 30 de enero de 2012
Cataclismo laboral
Editorial de El País (29/01/2012)
La recesión está hundiendo el mercado de trabajo español hasta cotas que, sin tremendismo, pueden calificarse como catastróficas. La encuesta de población activa (EPA) del cuarto trimestre de 2011 revela que durante el ejercicio se han alcanzado los 5.273.600 parados, un volumen tan elevado que amenaza con ser un grave factor de inestabilidad social, atenuado paradójicamente por la persistencia de amplias zonas de economía oculta. Para entender la gravedad de esta situación, que va mucho más allá del número total de desempleados, basta con mencionar tres circunstancias alarmantes. La primera es que el número de familias con todos sus miembros en paro supera ya el millón y medio: en torno al 9% del total de familias. Se dibuja así una depauperización que puede convertirse fácilmente en motivo de conflictos sociales de largo alcance.
Además, el profundo deterioro del mercado laboral, causado por una pérdida de ocupación que, lejos de remitir parece acelerarse (más de 350.000 personas afectadas en el último trimestre), se manifiesta en que, por primera vez desde el comienzo de la crisis, se está destruyendo empleo público de forma sustancial y en que los despidos masivos están afectando de forma significativa a los empleos indefinidos. Los ajustes exigidos en el sector público explican la caída del empleo en las Administraciones y en esta fase de negra depresión laboral se advierte la racionalidad de no engordar el empleo público en tiempos de prosperidad para no lastrar todavía más el empleo en tiempos de recesión.
De ambas caídas -la del empleo público y de los contratos indefinidos, la primera apenas en sus inicios- cabe deducir que durante los dos primeros trimestres de 2012 la ocupación seguirá descendiendo, de forma tan pronunciada o más que en el último trimestre de 2011. Durante 2012 no hay expectativas de redención para el mercado de trabajo. Porque no hay síntomas de recuperación de la actividad (más bien lo contrario) y los ajustes públicos seguirán generando parados. Sólo la disminución de la población activa permite suavizar algo la tasa de paro, que ya sube hasta el 22,85%.
No es necesario insistir en que una reforma laboral, en particular de la negociación colectiva, beneficiará al mercado de trabajo, ni volver sobre la prioridad de que bancos y cajas normalicen el flujo del crédito. Ambas reformas deben hacerse. Tampoco hay que negar el mérito teórico de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera porque perfila el compromiso legal del país con la solvencia de su deuda. Sin estabilidad financiera no hay posibilidad de reducir el endeudamiento, abaratar el servicio de la deuda y aumentar la influencia española en la zona euro. Debe constar, no obstante, que la estabilidad financiera no será posible si no se cumplen dos condiciones básicas: que se recupere una tasa mínima de crecimiento y que exista un cumplimiento real de los objetivos de déficit autonómico. No basta poner barreras sobre el papel.
Pero son iniciativas insuficientes para infundir ánimo en una sociedad que tiene una cuarta parte de su población en paro y sin expectativas de encontrar empleo a medio plazo. Es hora de que el Gobierno enseñe su plan de recuperación; si lo tiene. Una de las escasas opciones para reactivar la economía, favorecer el empleo y afianzar la moral social es un plan de tratamiento de choque de la demanda (consumo e inversión). Un plan de esta envergadura no puede abordarse, digan lo que digan Rajoy, Guindos y Montoro, sin una subida fiscal que permita financiar la reactivación de la economía. Es una decisión política que no debe demorarse, so pena de fracaso social, por más que la tentación sea aplazar las decisiones más radicales hasta después de las elecciones andaluzas.
La recesión está hundiendo el mercado de trabajo español hasta cotas que, sin tremendismo, pueden calificarse como catastróficas. La encuesta de población activa (EPA) del cuarto trimestre de 2011 revela que durante el ejercicio se han alcanzado los 5.273.600 parados, un volumen tan elevado que amenaza con ser un grave factor de inestabilidad social, atenuado paradójicamente por la persistencia de amplias zonas de economía oculta. Para entender la gravedad de esta situación, que va mucho más allá del número total de desempleados, basta con mencionar tres circunstancias alarmantes. La primera es que el número de familias con todos sus miembros en paro supera ya el millón y medio: en torno al 9% del total de familias. Se dibuja así una depauperización que puede convertirse fácilmente en motivo de conflictos sociales de largo alcance.
Además, el profundo deterioro del mercado laboral, causado por una pérdida de ocupación que, lejos de remitir parece acelerarse (más de 350.000 personas afectadas en el último trimestre), se manifiesta en que, por primera vez desde el comienzo de la crisis, se está destruyendo empleo público de forma sustancial y en que los despidos masivos están afectando de forma significativa a los empleos indefinidos. Los ajustes exigidos en el sector público explican la caída del empleo en las Administraciones y en esta fase de negra depresión laboral se advierte la racionalidad de no engordar el empleo público en tiempos de prosperidad para no lastrar todavía más el empleo en tiempos de recesión.
De ambas caídas -la del empleo público y de los contratos indefinidos, la primera apenas en sus inicios- cabe deducir que durante los dos primeros trimestres de 2012 la ocupación seguirá descendiendo, de forma tan pronunciada o más que en el último trimestre de 2011. Durante 2012 no hay expectativas de redención para el mercado de trabajo. Porque no hay síntomas de recuperación de la actividad (más bien lo contrario) y los ajustes públicos seguirán generando parados. Sólo la disminución de la población activa permite suavizar algo la tasa de paro, que ya sube hasta el 22,85%.
No es necesario insistir en que una reforma laboral, en particular de la negociación colectiva, beneficiará al mercado de trabajo, ni volver sobre la prioridad de que bancos y cajas normalicen el flujo del crédito. Ambas reformas deben hacerse. Tampoco hay que negar el mérito teórico de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera porque perfila el compromiso legal del país con la solvencia de su deuda. Sin estabilidad financiera no hay posibilidad de reducir el endeudamiento, abaratar el servicio de la deuda y aumentar la influencia española en la zona euro. Debe constar, no obstante, que la estabilidad financiera no será posible si no se cumplen dos condiciones básicas: que se recupere una tasa mínima de crecimiento y que exista un cumplimiento real de los objetivos de déficit autonómico. No basta poner barreras sobre el papel.
Pero son iniciativas insuficientes para infundir ánimo en una sociedad que tiene una cuarta parte de su población en paro y sin expectativas de encontrar empleo a medio plazo. Es hora de que el Gobierno enseñe su plan de recuperación; si lo tiene. Una de las escasas opciones para reactivar la economía, favorecer el empleo y afianzar la moral social es un plan de tratamiento de choque de la demanda (consumo e inversión). Un plan de esta envergadura no puede abordarse, digan lo que digan Rajoy, Guindos y Montoro, sin una subida fiscal que permita financiar la reactivación de la economía. Es una decisión política que no debe demorarse, so pena de fracaso social, por más que la tentación sea aplazar las decisiones más radicales hasta después de las elecciones andaluzas.
jueves, 26 de enero de 2012
La crisis, esa gran máscara
Por José Luis González de Quirós
Publicado en El Confidencial (26/01/2012)
Los políticos debieran temer las crisis, pero, en realidad, más parece que las adoren. Las crisis constituyen un auténtico paño de lágrimas en la desgracia, y así el PSOE se lame las heridas pensando que ha sido la crisis, y no los electores, quien les ha sacado por la puerta de atrás de su lugar natural, de La Moncloa. En lo que se suponía ser la otra orilla, en el PP que ha llegado al Gobierno, la crisis está siendo, cada vez más, el único tema de conversación, la gran excusa para hacer lo que se supone que hay que hacer. Esto es, para gobernar sin asumir responsabilidades, con derecho a esperar la más amplia de las comprensiones, incluso una sonrisa de complicidad de los afectados por decisiones tan dolorosas como discutibles, tal que la subida del IRPF, que naturalmente ha habido que tomar… a causa de la crisis.
Ya no hay política, sólo crisis, hasta el punto que el Gobierno mismo podría entrar ya en crisis de manera natural y súbita para mimetizarse en el paisaje, para hacer más creíbles esas expresiones de condolencia con las que nos comunican las malas noticias que, de momento, solo son ligeramente mejores que las que nos atizan observadores menos preocupados por el qué dirán, como el FMI y otros servicios escasamente atentos a procurar el sosiego debido a quienes nos dirigen.
Las reformas se ralentizan por miedo a encalabrinar la crisis, y las que afectan a otras cuestiones menos susceptibles a los vaivenes del dinero se relegan a la espera de momentos más proclives a la mudanza, conforme al dicho ignaciano de que son poco aconsejables en tiempos de tribulación.
Lo primero que llama la atención es que se pretenda superar la crisis sin alterar los fundamentos de nuestra peculiar constitución económica, eso que nos encamina a los seis millones de parados. Este Gobierno parece haberse creído la parte más tonta de su previa propaganda electoral, la atribución a Zapatero de ser la causa universal de las desgracias, cuando lo que Zapatero hizo, que es no hacer nada, capear el temporal, da la sensación de que se está convirtiendo en la tentación dominante del nuevo ejecutivo.
Si las cosas fueren a seguir así, lo que se podrá discutir es el número, siempre escaso, de meses que tardaremos en atribuirle a este Gobierno la responsabilidad de que todo se deteriore aún más, hasta que Zapatero y Pajín acaben por parecernos víctimas de una honda incomprensión, víctimas inocentes de la naturaleza virulenta de esta crisis, capaz de comerse a un nuevo Gobierno que se esperaba milagroso, y que da la sensación de estar a la espera de que su mera existencia, sin hacer gran cosa, obre el prodigio.
Es un error muy de fondo tratar de sobrevivir a la crisis sin afrontar sus causas, sin alterar los errores políticos de fondo, sin corregir el despilfarro de los servicios públicos, sin poner coto al abuso de tantas grandes empresas a costa de la infinita paciencia de los consumidores, sin abolir los privilegios de sindicatos y partidos políticos, su derecho a la pereza, sin tocar los renglones más significativos del gasto público, ya que el servicio de la deuda no podemos ni anularlo ni aplazarlo. El problema es que no se puede salir de la crisis sin decir qué educación se quiere, o qué sanidad se quiere, y eso es pura política, algo que, efectivamente, puede resultar explosivo, pero el miedo al desorden puede acabar por ahogarnos, llevarnos a la muerte por inanición.
En este Gobierno hay quienes pretenden disculparse de hacer política emboscándose en la crisis económica. Otros exhiben una variante más historicista para explicar la sensación, apenas levemente corregida tras algunos anuncios como el de la reforma del Poder Judicial, de que el Gobierno adora la calma chicha y no quiere líos, ni en Televisión, ni en Tráfico, ni en la reforma laboral, en ninguna parte. Se alude entonces a la necesidad de esperar a la victoria, al parecer histórica, en Andalucía, pero la verdad es que tras la histórica victoria en las autonómicas y municipales, y la histórica derrota del PSOE en las generales, aquí no ha pasado nada, salvo Montoro al PSOE por la izquierda, y más o menos eso será lo que puede seguir ocurriendo si los afectados no se encalabrinan lo suficiente y a tiempo.
El gobierno apenas lleva un mes, pero es muy preocupante su tendencia a desdibujarse en la crisis, a envolverse en una retórica churrigueresca sobre sus consecuencias de todo tipo, sin hacer gran cosa por eliminar sus causas. Pretender que podamos salir de nuestra situación porque nos lleve cualquier ola es ignorar el estado del mundo, cosa sobre la que muy bien podría ilustrar al gobierno el ministro que dedica su tiempo a hablar de la Europa federal o a reivindicar castizamente el Gibraltar español. El PP se equivoca posponiendo reformas esenciales con la pepla de la crisis, y puede naufragar muy pronto si no acierta a aprovechar una oportunidad única, la muy amplia convicción de que no podemos seguir así.
Publicado en El Confidencial (26/01/2012)
Los políticos debieran temer las crisis, pero, en realidad, más parece que las adoren. Las crisis constituyen un auténtico paño de lágrimas en la desgracia, y así el PSOE se lame las heridas pensando que ha sido la crisis, y no los electores, quien les ha sacado por la puerta de atrás de su lugar natural, de La Moncloa. En lo que se suponía ser la otra orilla, en el PP que ha llegado al Gobierno, la crisis está siendo, cada vez más, el único tema de conversación, la gran excusa para hacer lo que se supone que hay que hacer. Esto es, para gobernar sin asumir responsabilidades, con derecho a esperar la más amplia de las comprensiones, incluso una sonrisa de complicidad de los afectados por decisiones tan dolorosas como discutibles, tal que la subida del IRPF, que naturalmente ha habido que tomar… a causa de la crisis.
Ya no hay política, sólo crisis, hasta el punto que el Gobierno mismo podría entrar ya en crisis de manera natural y súbita para mimetizarse en el paisaje, para hacer más creíbles esas expresiones de condolencia con las que nos comunican las malas noticias que, de momento, solo son ligeramente mejores que las que nos atizan observadores menos preocupados por el qué dirán, como el FMI y otros servicios escasamente atentos a procurar el sosiego debido a quienes nos dirigen.
Las reformas se ralentizan por miedo a encalabrinar la crisis, y las que afectan a otras cuestiones menos susceptibles a los vaivenes del dinero se relegan a la espera de momentos más proclives a la mudanza, conforme al dicho ignaciano de que son poco aconsejables en tiempos de tribulación.
Lo primero que llama la atención es que se pretenda superar la crisis sin alterar los fundamentos de nuestra peculiar constitución económica, eso que nos encamina a los seis millones de parados. Este Gobierno parece haberse creído la parte más tonta de su previa propaganda electoral, la atribución a Zapatero de ser la causa universal de las desgracias, cuando lo que Zapatero hizo, que es no hacer nada, capear el temporal, da la sensación de que se está convirtiendo en la tentación dominante del nuevo ejecutivo.
Si las cosas fueren a seguir así, lo que se podrá discutir es el número, siempre escaso, de meses que tardaremos en atribuirle a este Gobierno la responsabilidad de que todo se deteriore aún más, hasta que Zapatero y Pajín acaben por parecernos víctimas de una honda incomprensión, víctimas inocentes de la naturaleza virulenta de esta crisis, capaz de comerse a un nuevo Gobierno que se esperaba milagroso, y que da la sensación de estar a la espera de que su mera existencia, sin hacer gran cosa, obre el prodigio.
Es un error muy de fondo tratar de sobrevivir a la crisis sin afrontar sus causas, sin alterar los errores políticos de fondo, sin corregir el despilfarro de los servicios públicos, sin poner coto al abuso de tantas grandes empresas a costa de la infinita paciencia de los consumidores, sin abolir los privilegios de sindicatos y partidos políticos, su derecho a la pereza, sin tocar los renglones más significativos del gasto público, ya que el servicio de la deuda no podemos ni anularlo ni aplazarlo. El problema es que no se puede salir de la crisis sin decir qué educación se quiere, o qué sanidad se quiere, y eso es pura política, algo que, efectivamente, puede resultar explosivo, pero el miedo al desorden puede acabar por ahogarnos, llevarnos a la muerte por inanición.
En este Gobierno hay quienes pretenden disculparse de hacer política emboscándose en la crisis económica. Otros exhiben una variante más historicista para explicar la sensación, apenas levemente corregida tras algunos anuncios como el de la reforma del Poder Judicial, de que el Gobierno adora la calma chicha y no quiere líos, ni en Televisión, ni en Tráfico, ni en la reforma laboral, en ninguna parte. Se alude entonces a la necesidad de esperar a la victoria, al parecer histórica, en Andalucía, pero la verdad es que tras la histórica victoria en las autonómicas y municipales, y la histórica derrota del PSOE en las generales, aquí no ha pasado nada, salvo Montoro al PSOE por la izquierda, y más o menos eso será lo que puede seguir ocurriendo si los afectados no se encalabrinan lo suficiente y a tiempo.
El gobierno apenas lleva un mes, pero es muy preocupante su tendencia a desdibujarse en la crisis, a envolverse en una retórica churrigueresca sobre sus consecuencias de todo tipo, sin hacer gran cosa por eliminar sus causas. Pretender que podamos salir de nuestra situación porque nos lleve cualquier ola es ignorar el estado del mundo, cosa sobre la que muy bien podría ilustrar al gobierno el ministro que dedica su tiempo a hablar de la Europa federal o a reivindicar castizamente el Gibraltar español. El PP se equivoca posponiendo reformas esenciales con la pepla de la crisis, y puede naufragar muy pronto si no acierta a aprovechar una oportunidad única, la muy amplia convicción de que no podemos seguir así.
Un juicio provocador
Editorial El País 25/01/2011
Pendiente del veredicto sobre las escuchas en la cárcel a los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados, sospechosos de connivencia para blanquear fondos ocultos en Suiza, el juez Baltasar Garzón compareció ayer por segunda vez en pocos días ante el Tribunal Supremo, en esta ocasión para ser juzgado por la causa abierta sobre los crímenes del franquismo. A Garzón se le acusa de prevaricar por intentar dar una respuesta legal, desde las exigencias de la España democrática, a los familiares y asociaciones de víctimas del franquismo que no renuncian a recuperar los restos de allegados que yacen todavía en fosas comunes en toda España.
Además de temeraria, por lo que comporta de apología y reivindicación de un régimen dictatorial de infausta memoria para muchos españoles, la querella que sentó ayer en el banquillo a Garzón añade un tono provocador difícilmente soportable en la España democrática. No es irrelevante en este caso el perfil ideológico de los querellantes: una asociación nostálgica del franquismo -Manos Limpias- y un grupo político de corte fascista -Falange Española, luego expulsada del proceso- que sirvió de hechura de partido único a los diversos elementos de la dictadura. Ese tono ha contaminado el juicio y está causando un grave daño a la imagen internacional de España.
Existe la posibilidad de que el espectáculo termine cuanto antes. La defensa de Garzón alegó ayer dos motivos: la aplicación de la llamada doctrina Botín, elaborada por el propio Tribunal Supremo, según la cual no cabe abrir juicio oral solo a instancias de la acción popular y sin que el fiscal acuse y existan, además, perjudicados, y la extraña actuación del instructor Varela, que aconsejó a la asociación querellante cómo debía redactar el escrito de acusación para evitar la nulidad del proceso.
A Garzón se le acusa de haber asumido una competencia que no le correpondía. Pero eso había que determinarlo tras estudiar la denuncia y resolver las cuestiones que planteaba: si era fundada, si era aplicable la Ley de Amnistía de 1977 y compatible con la Ley de Memoria Histórica, si los delitos habían prescrito o eran de naturaleza permanente. Eran cuestiones a dilucidar en el procedimiento, por lo que ninguna de las resoluciones adoptadas al respecto podrían ser nunca tachadas de prevaricadoras.
Pendiente del veredicto sobre las escuchas en la cárcel a los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados, sospechosos de connivencia para blanquear fondos ocultos en Suiza, el juez Baltasar Garzón compareció ayer por segunda vez en pocos días ante el Tribunal Supremo, en esta ocasión para ser juzgado por la causa abierta sobre los crímenes del franquismo. A Garzón se le acusa de prevaricar por intentar dar una respuesta legal, desde las exigencias de la España democrática, a los familiares y asociaciones de víctimas del franquismo que no renuncian a recuperar los restos de allegados que yacen todavía en fosas comunes en toda España.
Además de temeraria, por lo que comporta de apología y reivindicación de un régimen dictatorial de infausta memoria para muchos españoles, la querella que sentó ayer en el banquillo a Garzón añade un tono provocador difícilmente soportable en la España democrática. No es irrelevante en este caso el perfil ideológico de los querellantes: una asociación nostálgica del franquismo -Manos Limpias- y un grupo político de corte fascista -Falange Española, luego expulsada del proceso- que sirvió de hechura de partido único a los diversos elementos de la dictadura. Ese tono ha contaminado el juicio y está causando un grave daño a la imagen internacional de España.
Existe la posibilidad de que el espectáculo termine cuanto antes. La defensa de Garzón alegó ayer dos motivos: la aplicación de la llamada doctrina Botín, elaborada por el propio Tribunal Supremo, según la cual no cabe abrir juicio oral solo a instancias de la acción popular y sin que el fiscal acuse y existan, además, perjudicados, y la extraña actuación del instructor Varela, que aconsejó a la asociación querellante cómo debía redactar el escrito de acusación para evitar la nulidad del proceso.
A Garzón se le acusa de haber asumido una competencia que no le correpondía. Pero eso había que determinarlo tras estudiar la denuncia y resolver las cuestiones que planteaba: si era fundada, si era aplicable la Ley de Amnistía de 1977 y compatible con la Ley de Memoria Histórica, si los delitos habían prescrito o eran de naturaleza permanente. Eran cuestiones a dilucidar en el procedimiento, por lo que ninguna de las resoluciones adoptadas al respecto podrían ser nunca tachadas de prevaricadoras.
martes, 24 de enero de 2012
Giro a la izquierda
Editorial de El País (24/01/2012)
Aunque el candidato socialista, François Hollande, va en cabeza de los sondeos a las presidenciales en Francia, la carrera al Elíseo está abierta. Ni siquiera está claro quiénes serán los dos aspirantes que pasarán el 22 de abril a la segunda vuelta del 6 de mayo. No se puede descartar la posibilidad, ciertamente bochornosa, de que sea la dirigente de extrema derecha Marine Le Pen, emulando así a su padre, quien en 2002 alcanzó la segunda vuelta y se enfrentó a Jacques Chirac. El actual presidente, Nicolas Sarkozy, formalmente aún no se ha declarado candidato, pero ya se halla en campaña para intentar salir del pozo de desgaste y de desprestigio en que ha caído.
La competición va a ser apasionante, entre otras cosas porque las opciones políticas están muy diferenciadas, al menos ante la primera vuelta. El habitualmente pausado y moderado Hollande, sorprendiendo a propios y ajenos, dio el domingo un claro giro a la izquierda, en el discurso que marcó el inicio de su campaña, al identificar como su adversario, no a Sarkozy, al que ni siquiera nombró, sino al "mundo de las finanzas" que, según él, "ha tomado el control de la economía". Su discurso no fue meramente retórico, sino que estuvo salpicado de propuestas concretas de todo tipo, desde la jubilación a una mayor laicidad pasando por la fiscalidad, y con un énfasis especial en una juventud que considera "sacrificada, abandonada y relegada", y para la que plantea una pregunta central: "¿Vivirá mejor en 2017 que en 2012?".
Hollande sabe que en el realismo presupuestario se juega buena parte de su credibilidad, por lo que esta misma semana explicará cómo se financiarán sus propuestas. El candidato socialista tiene una visión propia de Europa, más proteccionista que Sarkozy, pero que interesa especialmente a España, pues propone un pacto "de responsabilidad, de gobernanza y de crecimiento", frente al tratado de austeridad fiscal que se está negociando en la actualidad bajo el impulso de Alemania.
La izquierda no ha ganado una elección presidencial en Francia desde que François Mitterrand, la referencia para Hollande, fuera reelegido en 1988. El socialista sabe que tiene en Sarkozy un temible adversario, como quedó patente en la campaña de 2007. Pero de momento, tras ser elegido candidato en primarias abiertas a los ciudadanos, ha logrado unir a las diversas familias del socialismo francés, atraer a los ecologistas y empezar marcando la agenda de la campaña.
Aunque el candidato socialista, François Hollande, va en cabeza de los sondeos a las presidenciales en Francia, la carrera al Elíseo está abierta. Ni siquiera está claro quiénes serán los dos aspirantes que pasarán el 22 de abril a la segunda vuelta del 6 de mayo. No se puede descartar la posibilidad, ciertamente bochornosa, de que sea la dirigente de extrema derecha Marine Le Pen, emulando así a su padre, quien en 2002 alcanzó la segunda vuelta y se enfrentó a Jacques Chirac. El actual presidente, Nicolas Sarkozy, formalmente aún no se ha declarado candidato, pero ya se halla en campaña para intentar salir del pozo de desgaste y de desprestigio en que ha caído.
La competición va a ser apasionante, entre otras cosas porque las opciones políticas están muy diferenciadas, al menos ante la primera vuelta. El habitualmente pausado y moderado Hollande, sorprendiendo a propios y ajenos, dio el domingo un claro giro a la izquierda, en el discurso que marcó el inicio de su campaña, al identificar como su adversario, no a Sarkozy, al que ni siquiera nombró, sino al "mundo de las finanzas" que, según él, "ha tomado el control de la economía". Su discurso no fue meramente retórico, sino que estuvo salpicado de propuestas concretas de todo tipo, desde la jubilación a una mayor laicidad pasando por la fiscalidad, y con un énfasis especial en una juventud que considera "sacrificada, abandonada y relegada", y para la que plantea una pregunta central: "¿Vivirá mejor en 2017 que en 2012?".
Hollande sabe que en el realismo presupuestario se juega buena parte de su credibilidad, por lo que esta misma semana explicará cómo se financiarán sus propuestas. El candidato socialista tiene una visión propia de Europa, más proteccionista que Sarkozy, pero que interesa especialmente a España, pues propone un pacto "de responsabilidad, de gobernanza y de crecimiento", frente al tratado de austeridad fiscal que se está negociando en la actualidad bajo el impulso de Alemania.
La izquierda no ha ganado una elección presidencial en Francia desde que François Mitterrand, la referencia para Hollande, fuera reelegido en 1988. El socialista sabe que tiene en Sarkozy un temible adversario, como quedó patente en la campaña de 2007. Pero de momento, tras ser elegido candidato en primarias abiertas a los ciudadanos, ha logrado unir a las diversas familias del socialismo francés, atraer a los ecologistas y empezar marcando la agenda de la campaña.
lunes, 23 de enero de 2012
Tercer par de banderillas a Mariano Rajoy y cambio de tercio
Por S. McCoy
Publicado en Cotizalia (23/01/2012)
Michael Pettis, tras años augurando un colapso económico chino que se resiste en llegar, ha decidido poner sus ojos en el que sí parece inminente o, al menos, más probable: el de la Eurozona. Y lo ha hecho de forma acertada, a través de un post de imprescindible lectura que no me resisto a compartir con ustedes. En “Si no cambiamos las dinámicas de comercio, ¿cuándo lo vamos a hacer?”, advierte del craso error que están cometiendo los dirigentes de la Europa al confundir consecuencias con causas y empeñarse en corregir las primeras -déficits fiscales y/o exceso de endeudamiento-, sin poner remedio a las segundas -desequilibrios comerciales y, por ende, de la balanza de capital- entre el centro y la periferia. El fruto de tan mal encaminado esfuerzo no puede ser, a juicio del autor, si no una perpetuación de los problemas y, al final del camino, la ruptura del euro.
Para evitar tan fatal desenlace propone una convergencia entre el ahorro del norte y la promiscuidad consumista del sur en un doble proceso. Incentivo al consumo y la inversión en Alemania y adyacentes de modo que, además, puedan absorber domésticamente la menor demanda de sus socios monetarios y se aseguren el pago de lo por ellos debido, imposible de permanecer el actual desfase entre ventas y compras. De modo simultáneo se hace necesario que aquellas naciones que han vivido de prestado estos últimos años mejoren su productividad interna y competitividad exterior por dos vías: ajustando precios y salarios en sectores de bajo valor añadido y/o transformando el modelo hacia otro caracterizado por una mayor aportación de conocimiento, tecnología o una mezcla de ambos. Vamos, lo que se viene en llamar I+D+i.
Y es aquí donde entra en juego de nuevo la visión de estado de Mariano Rajoy Brey que, en su primera oleada de decisiones como Presidente del Gobierno de España acompañó la mayor subida de impuestos en varias décadas con un recorte simultáneo de esta partida presupuestaria en 600 millones de euros, un 7% del total. Sigue a una caída del 8% en 2010 y del 15% en 2009. Una medida, cuando menos, sorprendente toda vez que el cambio de estructura productiva con base en este motor ha sido una reivindicación constante por la mayoría de analistas y expertos dentro y fuera de nuestras fronteras desde el inicio de la crisis. Y el apoyo a la internacionalización y a la innovación, junto con la educación cualificada, una reclamación insistente de los distintos agentes económicos, como pone de manifiesto el último Informe de KPMG, España Empresas 2010-2011, en el que el 75% de los empresarios consultados las sitúan en cabeza de su lista de prioridades.
Sorprende aún más cuando se tiene en cuenta que el I+D+i tiene un periodo de maduración generalmente plurianual, requiere de un personal y unas instalaciones especializadas que no son de quita y pon, permite atraer talento foráneo y conservar el nacional y es fuente de prestigio y reconocimiento al estado que los impulsa. Es verdad que no ofrece una rentabilidad económica o social a priori -avanza en la mayoría de los casos mediante ensayo y error- pero no es menos cierto que estamos ante la pescadilla que se muerde la cola: sin frutos no hay fondos, sin fondos no hay frutos. La reducción de las partidas destinadas a subvenciones y créditos blandos amenaza con paralizar una actividad que presenta unos datos pobres sobre P.I.B. en comparación en Europa e irrisorios si al número de patentes por cada millón de habitantes nos referimos. Mal comienzo del apellido Competitividad en el Ministerio de Economía. Obras son amores.
Es verdad que a cualquier dirigente que aterriza a un nuevo cargo se le otorgan 100 días de gracia. Pero es una tregua válida en circunstancias normales. Las actuales no lo son. Hay que apretar antes de que nos aprieten. Y da la sensación de que, como ocurría con el gobierno anterior, aquí se está gestionando la coyuntura a base de ocurrencias que dan primacía a lo urgente y relegan a un segundo plano lo importante. Menos I+D+i, igual sobre-estructura administrativa. Vaya. Sin embargo, tras las banderillas iniciales, es la hora de cambiar de tercio. Llega la prueba de fuego de las dos grandes reformas que hay encima de la mesa: la laboral y la financiera. De la primera solo sabemos que ha vencido el primer plazo y que no da la sensación de que haya un diseño gubernamental encima de la mesa, si nos atenemos a las correcciones fraternas, hasta ahora, interministeriales. No será porque no han tenido tiempo de prepararse la cuadrilla durante el frío invierno opositor. Con la banca parece que la faena está más encaminada, aunque los actores y fondos necesarios pueden hacer que termine en puerta grande o cogida grave. Veremos.
Publicado en Cotizalia (23/01/2012)
Michael Pettis, tras años augurando un colapso económico chino que se resiste en llegar, ha decidido poner sus ojos en el que sí parece inminente o, al menos, más probable: el de la Eurozona. Y lo ha hecho de forma acertada, a través de un post de imprescindible lectura que no me resisto a compartir con ustedes. En “Si no cambiamos las dinámicas de comercio, ¿cuándo lo vamos a hacer?”, advierte del craso error que están cometiendo los dirigentes de la Europa al confundir consecuencias con causas y empeñarse en corregir las primeras -déficits fiscales y/o exceso de endeudamiento-, sin poner remedio a las segundas -desequilibrios comerciales y, por ende, de la balanza de capital- entre el centro y la periferia. El fruto de tan mal encaminado esfuerzo no puede ser, a juicio del autor, si no una perpetuación de los problemas y, al final del camino, la ruptura del euro.
Para evitar tan fatal desenlace propone una convergencia entre el ahorro del norte y la promiscuidad consumista del sur en un doble proceso. Incentivo al consumo y la inversión en Alemania y adyacentes de modo que, además, puedan absorber domésticamente la menor demanda de sus socios monetarios y se aseguren el pago de lo por ellos debido, imposible de permanecer el actual desfase entre ventas y compras. De modo simultáneo se hace necesario que aquellas naciones que han vivido de prestado estos últimos años mejoren su productividad interna y competitividad exterior por dos vías: ajustando precios y salarios en sectores de bajo valor añadido y/o transformando el modelo hacia otro caracterizado por una mayor aportación de conocimiento, tecnología o una mezcla de ambos. Vamos, lo que se viene en llamar I+D+i.
Y es aquí donde entra en juego de nuevo la visión de estado de Mariano Rajoy Brey que, en su primera oleada de decisiones como Presidente del Gobierno de España acompañó la mayor subida de impuestos en varias décadas con un recorte simultáneo de esta partida presupuestaria en 600 millones de euros, un 7% del total. Sigue a una caída del 8% en 2010 y del 15% en 2009. Una medida, cuando menos, sorprendente toda vez que el cambio de estructura productiva con base en este motor ha sido una reivindicación constante por la mayoría de analistas y expertos dentro y fuera de nuestras fronteras desde el inicio de la crisis. Y el apoyo a la internacionalización y a la innovación, junto con la educación cualificada, una reclamación insistente de los distintos agentes económicos, como pone de manifiesto el último Informe de KPMG, España Empresas 2010-2011, en el que el 75% de los empresarios consultados las sitúan en cabeza de su lista de prioridades.
Sorprende aún más cuando se tiene en cuenta que el I+D+i tiene un periodo de maduración generalmente plurianual, requiere de un personal y unas instalaciones especializadas que no son de quita y pon, permite atraer talento foráneo y conservar el nacional y es fuente de prestigio y reconocimiento al estado que los impulsa. Es verdad que no ofrece una rentabilidad económica o social a priori -avanza en la mayoría de los casos mediante ensayo y error- pero no es menos cierto que estamos ante la pescadilla que se muerde la cola: sin frutos no hay fondos, sin fondos no hay frutos. La reducción de las partidas destinadas a subvenciones y créditos blandos amenaza con paralizar una actividad que presenta unos datos pobres sobre P.I.B. en comparación en Europa e irrisorios si al número de patentes por cada millón de habitantes nos referimos. Mal comienzo del apellido Competitividad en el Ministerio de Economía. Obras son amores.
Es verdad que a cualquier dirigente que aterriza a un nuevo cargo se le otorgan 100 días de gracia. Pero es una tregua válida en circunstancias normales. Las actuales no lo son. Hay que apretar antes de que nos aprieten. Y da la sensación de que, como ocurría con el gobierno anterior, aquí se está gestionando la coyuntura a base de ocurrencias que dan primacía a lo urgente y relegan a un segundo plano lo importante. Menos I+D+i, igual sobre-estructura administrativa. Vaya. Sin embargo, tras las banderillas iniciales, es la hora de cambiar de tercio. Llega la prueba de fuego de las dos grandes reformas que hay encima de la mesa: la laboral y la financiera. De la primera solo sabemos que ha vencido el primer plazo y que no da la sensación de que haya un diseño gubernamental encima de la mesa, si nos atenemos a las correcciones fraternas, hasta ahora, interministeriales. No será porque no han tenido tiempo de prepararse la cuadrilla durante el frío invierno opositor. Con la banca parece que la faena está más encaminada, aunque los actores y fondos necesarios pueden hacer que termine en puerta grande o cogida grave. Veremos.
EL protocolo de la infamia y otro bienio negro
Por Roberto Centeno
Publicado en Cotizalia (23/01/2012)
Mariano Rajoy ha dado un giro de 180º a su estrategia inicial de control a priori del gasto de las CCAA por exigencia de los nacionalistas CiU. Mientras, estos chulos de patio de colegio -que han sacado 100.000 votos menos que UPyD-, en su línea habitual de hostilidad hacia España, han dado a conocer un nuevo Protocolo de asistencia sanitaria que parece copiado de las leyes de discriminación raciales hitlerianas de 1934 y acarrearía penas de cárcel en cualquier país civilizado. Según este Protocolo de la Infamia, solo se dará asistencia sanitaria en catalán.
El citado Protocolo prohíbe expresamente a los médicos de la Sanidad Pública catalana (todos hispanohablantes), atender a los pacientes en español, de forma que si éstos no entienden el catalán tendrán que hacerse entender “por señas o por dibujos” o no ser atendidos. Cabe preguntarse en qué hospital o centro médico del mundo civilizado se prohíbe la relación médico-paciente si hablan el mismo idioma. Es algo tan abyecto que solo puede surgir de mentes fanáticas. Adicionalmente, los médicos tienen prohibido hablar entre ellos, incluso por teléfono, en otro idioma que no sea el catalán. Una muestra más del odio ciego a todo lo español, algo que los nacionalistas de CiU están extendiendo a todos los ámbitos de la vida en Cataluña ante la inacción del Estado.
A ello se suma el hecho de que Alicia Sánchez Camacho, cabeza del PP catalán, haya superado el límite de la traición a sus votantes al proponer que las relaciones con Cataluña se desarrollen en forma bilateral, como si ésta fuera un Estado soberano, en vez de exigir a CiU que cumpla la Ley y la Constitución y retire de inmediato el Protocolo. ¿Quién habrá autorizado a esta insensata a cometer tamaña felonía? Rajoy no ha dicho ni pío, cuando, en cambio, le ha faltado tiempo para ordenar a Sáenz de Santamaría que desautorice a Montoro en su propuesta para exigir responsabilidades penales a quienes gasten por encima de lo que están autorizados –una medida que permitiría meter en la cárcel a Zapatero, a Mas, a Gallardón y a muchos más-. Una demostración más de la cobardía con que Rajoy utiliza la mayoría absoluta que le dieron los españoles para hiciera todo lo contrario.
¿Recuperar el concepto de nación dando dinero para lo contrario?
Y mientras el PP apoya y financia el ‘menos España’, la Ponencia Política de su Congreso en Sevilla habla a bombo y platillo de “recuperar el concepto de nación”. Es incomprensible, puesto que hace diez días los populares hicieron una declaración institucional acompañada por un rio de dinero justo para lo contrario: proclamaron oficialmente el “total respeto del Gobierno y del PP a la plena autonomía económica, política y financiera de las CCAA”. El colmo se alcanza al designar a Duran y Lleida -quien no cree en España- Presidente de la Comisión de Exteriores de España, como si fuéramos la colonia de Cataluña que pretende el Estatut, del mismo modo que ingleses o franceses presidían las relaciones exteriores de sus colonias. ¿Va Duran i Lleida a recuperar el concepto de una nación cuya existencia niega? Realmente el grado del fraude de Rajoy a sus votantes y a España no conoce límites.
De esta forma, mientras que en todos los Estados Federales existe la doctrina, inamovible desde mediados del siglo XIX, de que ningún Estado, Lander o similar puede ser rescatado con dinero federal -una doctrina que hasta Zapatero mantuvo intocable, al negarse a través de su vicepresidenta Salgado a avalar o respaldar la deuda de las CCAA-, llega Rajoy y eleva los impuestos sobre la renta y el ahorro al nivel más alto de la historia, deja a las Fuerzas Armadas sin capacidad operativa, al Ministerio de Fomento sin dinero para infraestructuras, a Interior teniendo que desmantelar la lucha contra el crimen organizado y Dios sabe qué más, y al resto de ministerios e instituciones del Estado sin dinero para financiar el correcto funcionamiento de España. Mientras, regala a unos gestores cubiertos de oprobio una lluvia de millones para seguir financiando la juerga autonómica.
Sin embargo, no solo está el disparate de salvar a los despilfarradores y a los ineptos. El problema es que, a cambio de tamaño despropósito, no se ha exigido contrapartida real alguna. Todos los analistas y agentes económicos esperaban la articulación simultánea de un marco claro y reglado para poner fin al descontrol del gasto autonómico y que evitase el déficit. El Gobierno no ha exigido nada. Por no exigir, ni siquiera ha exigido la menor garantía de que los 8.000 millones iniciales, y los que después sea menester, que van a recibir del ICO se empleen en pagar a proveedores. Tampoco hay mecanismo de control para asegurar que dicha cifra no se dedica a pagar sueldos de paniaguados, financiar coches oficiales, televisiones, embajadas y similares, que es en lo que se va emplear mayoritariamente.
La medida es tan chapucera que ni siquiera se han precisado los plazos y los tipos de interés de los préstamos ICO. Total, ¿qué más da? Si no pueden devolver -y no podrán- se hace como con los 31.000 millones cobrados de más: se amplía lo que haga falta su devolución. Y así las cosas, sin haber sido capaces de crear un marco de contención de gasto que evite el déficit, Montoro acaba de decir en voz alta lo que cualquiera que se moleste en sumar y restar conoce: tras no haber cumplido el compromiso de déficit de 2011 tampoco podrá cumplirse el de 2012. La otra gran promesa electoral de Rajoy, junto con la de no subir impuestos, se va directamente por el desagüe.
De nada sirve que dentro de esa jaula de grillos en la que se ha convertido la cúpula económica del PP, donde los mensajes opuestos y contradictorios son algo habitual, Sáenz salga en tromba a desmentir a Montoro. Si el único que conoce los datos dice que no podremos cumplir, ¿en qué se basa para decir lo contrario?
Mínimo garantizado: la mitad de la legislatura en números rojos
Como era de esperar, a la vista del hundimiento que viene experimentando nuestra economía desde finales de verano, de su desplome en noviembre y diciembre, y al hecho de que los indicadores adelantados de producción y servicios (el 80% del PIB) muestran una caída brutal que ronda el -8%, el FMI nos anuncia un nuevo bienio negro a partir del segundo trimestre 2012 en el que el PIB y el empleo caerán en forma significativa. Éste se suma a los dos anteriores. Se dice, y es verdad, que el FMI no da una a derechas. Pero lo que no se dice es que, desde que comenzó la crisis, todas sus previsiones han infravalorado, a veces significativamente, las caídas. Por ello, es muy probable que las caídas del PIB y del empleo sean superiores a las previstas.
Una caída del PIB de 2012 de entre el 3 y el 4% y un incremento del desempleo en un millón de personas (hasta superar los 6 millones de parados) a finales de año, como indica la última previsión de S&P, es más acorde con los augurios de todos los indicadores de actividad y demanda, a lo que hay que sumar la deflación que producirán las subidas de impuestos. De todas maneras, tanto en uno como en otro caso, es evidente la imposibilidad de cumplir el compromiso de déficit si Rajoy no está dispuesto, y no lo está, a recortar y controlar en serio el despilfarro autonómico y local, o a eliminar las subvenciones de escándalo a sindicatos, TVE, titiriteros, empresas públicas y mil cosas más.
Veamos las cifras: el agujero adicional reconocido en 2011 es de unos 25.000 millones, pero podría ser mucho más profundo cuando se conozca la realidad de Andalucía y el gasto trasladado a 2012. Rajoy, entre recortes a España y expolio a la clase media, consigue 16.000, pero como ha comprometido gastos nuevos por 14.000, el neto son 2.000 millones. Y debe recortar 23.000 más para cubrir el agujero adicional de 2011.
Y, después, 2012. El compromiso del 4,4% se basaba en un crecimiento del PIB que parece de ciencia ficción, el 2,3%. Si ahora fuera del -1,7% los ingresos fiscales caerían en unos 16.000 millones y el recorte debería ser de 39.000 (23+16), algo perfectamente posible en un país donde el modelo de Estado despilfarra 120.000. Pero también un recorte que la casta política no acepta, porque rebasaría sus líneas rojas de prebendas y eliminaría el enchufe de dos millones de parientes y amigos. Cada punto más de caída del PIB aumentaría el agujero en 4.500 millones, contando solo los efectos fiscales directos –después están también los indirectos, derivados del menor consumo por menores salarios, mayores impuestos, y subida de servicios esenciales-. El gasto de 2011 trasladado a 2012 más Andalucía puede superar los 10.000 millones. Como el PIB sería inferior al billón, el déficit subiría porcentualmente.
Y, entre tanto, el chico de Lehman, Montoro y De Santamaría se enzarzan a bofetadas y declaraciones contradictorias mientras reparten millones como escombros; millones para que Valencia y Cataluña no suspendan pagos, todo ello sin control, ni marco político ni financiero alguno. Todo ello sin hablar tampoco de la bomba nuclear de Bankia, un agujero de 30 a 40.000 millones, un caso sobre el que Montoro dice que ni un euro y De Guindos que sanear con dinero público y regalársela a los catalanes, como hizo Zapatero con la CAM, donde nos robó 16.000 millones para entregársela al Sabadell
Publicado en Cotizalia (23/01/2012)
Mariano Rajoy ha dado un giro de 180º a su estrategia inicial de control a priori del gasto de las CCAA por exigencia de los nacionalistas CiU. Mientras, estos chulos de patio de colegio -que han sacado 100.000 votos menos que UPyD-, en su línea habitual de hostilidad hacia España, han dado a conocer un nuevo Protocolo de asistencia sanitaria que parece copiado de las leyes de discriminación raciales hitlerianas de 1934 y acarrearía penas de cárcel en cualquier país civilizado. Según este Protocolo de la Infamia, solo se dará asistencia sanitaria en catalán.
El citado Protocolo prohíbe expresamente a los médicos de la Sanidad Pública catalana (todos hispanohablantes), atender a los pacientes en español, de forma que si éstos no entienden el catalán tendrán que hacerse entender “por señas o por dibujos” o no ser atendidos. Cabe preguntarse en qué hospital o centro médico del mundo civilizado se prohíbe la relación médico-paciente si hablan el mismo idioma. Es algo tan abyecto que solo puede surgir de mentes fanáticas. Adicionalmente, los médicos tienen prohibido hablar entre ellos, incluso por teléfono, en otro idioma que no sea el catalán. Una muestra más del odio ciego a todo lo español, algo que los nacionalistas de CiU están extendiendo a todos los ámbitos de la vida en Cataluña ante la inacción del Estado.
A ello se suma el hecho de que Alicia Sánchez Camacho, cabeza del PP catalán, haya superado el límite de la traición a sus votantes al proponer que las relaciones con Cataluña se desarrollen en forma bilateral, como si ésta fuera un Estado soberano, en vez de exigir a CiU que cumpla la Ley y la Constitución y retire de inmediato el Protocolo. ¿Quién habrá autorizado a esta insensata a cometer tamaña felonía? Rajoy no ha dicho ni pío, cuando, en cambio, le ha faltado tiempo para ordenar a Sáenz de Santamaría que desautorice a Montoro en su propuesta para exigir responsabilidades penales a quienes gasten por encima de lo que están autorizados –una medida que permitiría meter en la cárcel a Zapatero, a Mas, a Gallardón y a muchos más-. Una demostración más de la cobardía con que Rajoy utiliza la mayoría absoluta que le dieron los españoles para hiciera todo lo contrario.
¿Recuperar el concepto de nación dando dinero para lo contrario?
Y mientras el PP apoya y financia el ‘menos España’, la Ponencia Política de su Congreso en Sevilla habla a bombo y platillo de “recuperar el concepto de nación”. Es incomprensible, puesto que hace diez días los populares hicieron una declaración institucional acompañada por un rio de dinero justo para lo contrario: proclamaron oficialmente el “total respeto del Gobierno y del PP a la plena autonomía económica, política y financiera de las CCAA”. El colmo se alcanza al designar a Duran y Lleida -quien no cree en España- Presidente de la Comisión de Exteriores de España, como si fuéramos la colonia de Cataluña que pretende el Estatut, del mismo modo que ingleses o franceses presidían las relaciones exteriores de sus colonias. ¿Va Duran i Lleida a recuperar el concepto de una nación cuya existencia niega? Realmente el grado del fraude de Rajoy a sus votantes y a España no conoce límites.
De esta forma, mientras que en todos los Estados Federales existe la doctrina, inamovible desde mediados del siglo XIX, de que ningún Estado, Lander o similar puede ser rescatado con dinero federal -una doctrina que hasta Zapatero mantuvo intocable, al negarse a través de su vicepresidenta Salgado a avalar o respaldar la deuda de las CCAA-, llega Rajoy y eleva los impuestos sobre la renta y el ahorro al nivel más alto de la historia, deja a las Fuerzas Armadas sin capacidad operativa, al Ministerio de Fomento sin dinero para infraestructuras, a Interior teniendo que desmantelar la lucha contra el crimen organizado y Dios sabe qué más, y al resto de ministerios e instituciones del Estado sin dinero para financiar el correcto funcionamiento de España. Mientras, regala a unos gestores cubiertos de oprobio una lluvia de millones para seguir financiando la juerga autonómica.
Sin embargo, no solo está el disparate de salvar a los despilfarradores y a los ineptos. El problema es que, a cambio de tamaño despropósito, no se ha exigido contrapartida real alguna. Todos los analistas y agentes económicos esperaban la articulación simultánea de un marco claro y reglado para poner fin al descontrol del gasto autonómico y que evitase el déficit. El Gobierno no ha exigido nada. Por no exigir, ni siquiera ha exigido la menor garantía de que los 8.000 millones iniciales, y los que después sea menester, que van a recibir del ICO se empleen en pagar a proveedores. Tampoco hay mecanismo de control para asegurar que dicha cifra no se dedica a pagar sueldos de paniaguados, financiar coches oficiales, televisiones, embajadas y similares, que es en lo que se va emplear mayoritariamente.
La medida es tan chapucera que ni siquiera se han precisado los plazos y los tipos de interés de los préstamos ICO. Total, ¿qué más da? Si no pueden devolver -y no podrán- se hace como con los 31.000 millones cobrados de más: se amplía lo que haga falta su devolución. Y así las cosas, sin haber sido capaces de crear un marco de contención de gasto que evite el déficit, Montoro acaba de decir en voz alta lo que cualquiera que se moleste en sumar y restar conoce: tras no haber cumplido el compromiso de déficit de 2011 tampoco podrá cumplirse el de 2012. La otra gran promesa electoral de Rajoy, junto con la de no subir impuestos, se va directamente por el desagüe.
De nada sirve que dentro de esa jaula de grillos en la que se ha convertido la cúpula económica del PP, donde los mensajes opuestos y contradictorios son algo habitual, Sáenz salga en tromba a desmentir a Montoro. Si el único que conoce los datos dice que no podremos cumplir, ¿en qué se basa para decir lo contrario?
Mínimo garantizado: la mitad de la legislatura en números rojos
Como era de esperar, a la vista del hundimiento que viene experimentando nuestra economía desde finales de verano, de su desplome en noviembre y diciembre, y al hecho de que los indicadores adelantados de producción y servicios (el 80% del PIB) muestran una caída brutal que ronda el -8%, el FMI nos anuncia un nuevo bienio negro a partir del segundo trimestre 2012 en el que el PIB y el empleo caerán en forma significativa. Éste se suma a los dos anteriores. Se dice, y es verdad, que el FMI no da una a derechas. Pero lo que no se dice es que, desde que comenzó la crisis, todas sus previsiones han infravalorado, a veces significativamente, las caídas. Por ello, es muy probable que las caídas del PIB y del empleo sean superiores a las previstas.
Una caída del PIB de 2012 de entre el 3 y el 4% y un incremento del desempleo en un millón de personas (hasta superar los 6 millones de parados) a finales de año, como indica la última previsión de S&P, es más acorde con los augurios de todos los indicadores de actividad y demanda, a lo que hay que sumar la deflación que producirán las subidas de impuestos. De todas maneras, tanto en uno como en otro caso, es evidente la imposibilidad de cumplir el compromiso de déficit si Rajoy no está dispuesto, y no lo está, a recortar y controlar en serio el despilfarro autonómico y local, o a eliminar las subvenciones de escándalo a sindicatos, TVE, titiriteros, empresas públicas y mil cosas más.
Veamos las cifras: el agujero adicional reconocido en 2011 es de unos 25.000 millones, pero podría ser mucho más profundo cuando se conozca la realidad de Andalucía y el gasto trasladado a 2012. Rajoy, entre recortes a España y expolio a la clase media, consigue 16.000, pero como ha comprometido gastos nuevos por 14.000, el neto son 2.000 millones. Y debe recortar 23.000 más para cubrir el agujero adicional de 2011.
Y, después, 2012. El compromiso del 4,4% se basaba en un crecimiento del PIB que parece de ciencia ficción, el 2,3%. Si ahora fuera del -1,7% los ingresos fiscales caerían en unos 16.000 millones y el recorte debería ser de 39.000 (23+16), algo perfectamente posible en un país donde el modelo de Estado despilfarra 120.000. Pero también un recorte que la casta política no acepta, porque rebasaría sus líneas rojas de prebendas y eliminaría el enchufe de dos millones de parientes y amigos. Cada punto más de caída del PIB aumentaría el agujero en 4.500 millones, contando solo los efectos fiscales directos –después están también los indirectos, derivados del menor consumo por menores salarios, mayores impuestos, y subida de servicios esenciales-. El gasto de 2011 trasladado a 2012 más Andalucía puede superar los 10.000 millones. Como el PIB sería inferior al billón, el déficit subiría porcentualmente.
Y, entre tanto, el chico de Lehman, Montoro y De Santamaría se enzarzan a bofetadas y declaraciones contradictorias mientras reparten millones como escombros; millones para que Valencia y Cataluña no suspendan pagos, todo ello sin control, ni marco político ni financiero alguno. Todo ello sin hablar tampoco de la bomba nuclear de Bankia, un agujero de 30 a 40.000 millones, un caso sobre el que Montoro dice que ni un euro y De Guindos que sanear con dinero público y regalársela a los catalanes, como hizo Zapatero con la CAM, donde nos robó 16.000 millones para entregársela al Sabadell
jueves, 19 de enero de 2012
España y el "Manifiesto de los economistas aterrados"
Por Jose Antonio Zarzalejos
Publicado en El Confidencial (18/01/2011)
Resulta desolador: el Gobierno acaba de acordar la no disponibilidad presupuestaria de casi 9.000 millones de euros y decretar una subida de impuestos (IRPF e IBI) para ingresar 6.000 millones adicionales, y la agencia de rating S&P nos retira dos escalones de solvencia y a Francia y al Fondo de Rescate su triple A. ¿Qué pretenden S&P y sus colegas que hagamos? ¿Cuándo mereceremos sus parabienes? ¿Cuál es la razón de su poder, mantenido y sostenido a pesar de sus catastróficos errores en sus calificaciones del sistema financiero estadounidense poco antes de desatarse la Gran Crisis? Es difícil sustraerse a la idea -cada vez más extendida- de que los mercados registran altísimos grados de manipulación especuladora en beneficio de selectas minorías inversoras que, por razones ocultas o, al menos, veladas, se sirven de las agencias de rating contra las que ya se están pronunciando hasta las autoridades financieras alemanas.
En éstas estaba cuando he releído “Manifiesto de economistas aterrados”, una obrita escrita en 2011 en Francia por cuatro economistas galos -Philippe Askenazy, Thomas Coutrot, André Orléan y Henri Sterdyniak-, lanzada en España en abril pasado y al que se han adherido ya más de tres mil doscientos colegas. En el manifiesto se denuncian las diez falsas evidencias que “se invocan para justificar las políticas que actualmente se llevan a cabo en Europa”. El análisis de estos economistas, aunque formulado con aliento socialdemócrata, conecta con una percepción que tiende a generalizarse. Porque constatan que, pese a la crisis, “no se han puesto de ninguna manera en cuestión los fundamentos del poder de las finanzas”, por lo que esta recesión requiere “la refundación del pensamiento económico”.
Para los “aterrados” expertos son falsas las siguientes evidencias: 1) la de que los mercados financieros sean eficientes; 2) la de que los mercados financieros favorezcan el crecimiento económico; 3) la de que los mercados son buenos jueces de la solvencia de los Estados; 4) la de que el alza excesiva de la deuda pública es consecuencia de un exceso de gasto; 5) la de que hay que reducir los gastos para reducir la deuda pública; 6) la de que la deuda pública transfiere el precio de nuestros excesos a nuestros nietos; 7) la de que hay que tranquilizar a los mercados financieros para poder financiar la deuda pública; 8) la de que la Unión Europea defiende el modelo social europeo; 9) la de que el euro es un escudo contra la crisis, y 10) la de que la crisis griega ha permitido por fin avanzar hacia un gobierno económico y una verdadera solidaridad europea.
Obviamente, no todas “las falsas evidencias” de los “economista aterrados” son por igual convincentes, pero lo es el predominio que ellos denuncian: la política neoliberal como única opción que viene impuesta desde los mismos centros de decisión en los que se gestó la crisis. No se trata de un problema ideológico sino empírico: el ajuste infinito nos lleva a una recesión de profundidad incalculable. El análisis de la cuestión no puede estar constreñido por un aprisionamiento ideológico. Los liberales y conservadores deberían ser conscientes de que los excesos de la desregulación nos condujeron a la crisis y que el ajuste de caballo contraindica el crecimiento; y los socialdemócratas han de asumir que el gasto público al estilo keynesiano ha derivado en despilfarros presupuestarios temerarios. Y unos y otros, reconocer que la brutalidad codiciosa de grupos incrustados en la invisibilidad de los mercados hace su agosto.
Relata Matt Taibbi (“Gleptopía” página 29) que en Estados Unidos “el 1% más rico de la población ha visto su participación en el total de la riqueza nacional saltar de un 34,6% antes de la crisis, en 2007, a un 37,1% en 2009. Mientras tanto, la riqueza del norteamericano medio se desplomó (…)”. Estos datos no han sido cuestionados en su veracidad y rigor, pese a que el libro de Taibbi -que merece una mayor extensión en su referencia- haya sido escrutado al detalle por los periódicos americanos más importantes.
Si seguimos en esta desconcertante dinámica de sobresaltos -volatilidad de la prima de riesgo, del mercado bursátil y del cambio de divisa- no habrá gobierno que sea capaz de implementar políticas sostenidas en el tiempo porque se encontrará -haga una cosa o su contraria- al albur de energías subterráneas, irreconocibles, que se alzarán como poderes de último recurso ante los legítimos de los Estados democráticos. Quizás en España debamos atender la advertencia de los “economistas aterrados” que aseguran que ésta es también “una crisis social, que se destaca sobre el fondo de las crisis ecológica y geopolítica y, que, sin duda, viene a confirmar una ruptura histórica”.
Reflexión acaso un tanto críptica pero seriamente admonitoria. El terror paraliza, pero la inquietud y el temor, agudizan el ingenio. Habrá que tenerlo despierto porque los ciudadanos han pasado de la “indignación” al “yo no pago”. Y esto no ha hecho más que empezar.
Publicado en El Confidencial (18/01/2011)
Resulta desolador: el Gobierno acaba de acordar la no disponibilidad presupuestaria de casi 9.000 millones de euros y decretar una subida de impuestos (IRPF e IBI) para ingresar 6.000 millones adicionales, y la agencia de rating S&P nos retira dos escalones de solvencia y a Francia y al Fondo de Rescate su triple A. ¿Qué pretenden S&P y sus colegas que hagamos? ¿Cuándo mereceremos sus parabienes? ¿Cuál es la razón de su poder, mantenido y sostenido a pesar de sus catastróficos errores en sus calificaciones del sistema financiero estadounidense poco antes de desatarse la Gran Crisis? Es difícil sustraerse a la idea -cada vez más extendida- de que los mercados registran altísimos grados de manipulación especuladora en beneficio de selectas minorías inversoras que, por razones ocultas o, al menos, veladas, se sirven de las agencias de rating contra las que ya se están pronunciando hasta las autoridades financieras alemanas.
En éstas estaba cuando he releído “Manifiesto de economistas aterrados”, una obrita escrita en 2011 en Francia por cuatro economistas galos -Philippe Askenazy, Thomas Coutrot, André Orléan y Henri Sterdyniak-, lanzada en España en abril pasado y al que se han adherido ya más de tres mil doscientos colegas. En el manifiesto se denuncian las diez falsas evidencias que “se invocan para justificar las políticas que actualmente se llevan a cabo en Europa”. El análisis de estos economistas, aunque formulado con aliento socialdemócrata, conecta con una percepción que tiende a generalizarse. Porque constatan que, pese a la crisis, “no se han puesto de ninguna manera en cuestión los fundamentos del poder de las finanzas”, por lo que esta recesión requiere “la refundación del pensamiento económico”.
Para los “aterrados” expertos son falsas las siguientes evidencias: 1) la de que los mercados financieros sean eficientes; 2) la de que los mercados financieros favorezcan el crecimiento económico; 3) la de que los mercados son buenos jueces de la solvencia de los Estados; 4) la de que el alza excesiva de la deuda pública es consecuencia de un exceso de gasto; 5) la de que hay que reducir los gastos para reducir la deuda pública; 6) la de que la deuda pública transfiere el precio de nuestros excesos a nuestros nietos; 7) la de que hay que tranquilizar a los mercados financieros para poder financiar la deuda pública; 8) la de que la Unión Europea defiende el modelo social europeo; 9) la de que el euro es un escudo contra la crisis, y 10) la de que la crisis griega ha permitido por fin avanzar hacia un gobierno económico y una verdadera solidaridad europea.
Obviamente, no todas “las falsas evidencias” de los “economista aterrados” son por igual convincentes, pero lo es el predominio que ellos denuncian: la política neoliberal como única opción que viene impuesta desde los mismos centros de decisión en los que se gestó la crisis. No se trata de un problema ideológico sino empírico: el ajuste infinito nos lleva a una recesión de profundidad incalculable. El análisis de la cuestión no puede estar constreñido por un aprisionamiento ideológico. Los liberales y conservadores deberían ser conscientes de que los excesos de la desregulación nos condujeron a la crisis y que el ajuste de caballo contraindica el crecimiento; y los socialdemócratas han de asumir que el gasto público al estilo keynesiano ha derivado en despilfarros presupuestarios temerarios. Y unos y otros, reconocer que la brutalidad codiciosa de grupos incrustados en la invisibilidad de los mercados hace su agosto.
Relata Matt Taibbi (“Gleptopía” página 29) que en Estados Unidos “el 1% más rico de la población ha visto su participación en el total de la riqueza nacional saltar de un 34,6% antes de la crisis, en 2007, a un 37,1% en 2009. Mientras tanto, la riqueza del norteamericano medio se desplomó (…)”. Estos datos no han sido cuestionados en su veracidad y rigor, pese a que el libro de Taibbi -que merece una mayor extensión en su referencia- haya sido escrutado al detalle por los periódicos americanos más importantes.
Si seguimos en esta desconcertante dinámica de sobresaltos -volatilidad de la prima de riesgo, del mercado bursátil y del cambio de divisa- no habrá gobierno que sea capaz de implementar políticas sostenidas en el tiempo porque se encontrará -haga una cosa o su contraria- al albur de energías subterráneas, irreconocibles, que se alzarán como poderes de último recurso ante los legítimos de los Estados democráticos. Quizás en España debamos atender la advertencia de los “economistas aterrados” que aseguran que ésta es también “una crisis social, que se destaca sobre el fondo de las crisis ecológica y geopolítica y, que, sin duda, viene a confirmar una ruptura histórica”.
Reflexión acaso un tanto críptica pero seriamente admonitoria. El terror paraliza, pero la inquietud y el temor, agudizan el ingenio. Habrá que tenerlo despierto porque los ciudadanos han pasado de la “indignación” al “yo no pago”. Y esto no ha hecho más que empezar.
martes, 17 de enero de 2012
Nada es lo que parece: las agencias de rating nunca has sido independientes
Por J.Jacks
Publicado en Cotizalia (17/01/2012)
En este mundo en el que vivimos, nada es lo que parece. La Justicia no es justicia, la prensa no confronta al poder, el sistema educativo no educa y los gobiernos no gobiernan.
Como resultado, el proceso de “lobotomización” de la población continúa con la desinformación como norma, lo que lleva a la ciudadanía a la aceptación de las noticias y decisiones político-financieras sin entender qué ocurre.
El viernes pasado, S&P rebajó la calificación de la deuda de varios países, entre ellos Francia, Italia y España, así que durante los próximos días serán bombardeados con múltiples artículos sobre el tema. Unos les dirán las consecuencias negativas de esta decisión. Los otros les dirán que no hay que escuchar a las agencias porque se “equivocaron” al no prever la crisis.
Aquí les damos otra opinión. Depende de ustedes pensar y decidir por sí mismos.
Las agencias nunca han sido independientes. Son parte del sistema y por lo tanto, cada decisión que afecte a uno de los grandes del sistema, es una decisión consensuada y aprobada por el propio sistema. Desde 1931, siempre han actuado con “extraordinaria discreción en su trabajo” siguiendo la petición de los gobiernos.
En cada rebaja de la calificación, siempre hay detrás una decisión política.
Por ejemplo: en agosto pasado, la rebaja de la calificación de la deuda EEUU por parte de S&P creó conmoción entre la prensa. S&P justificó la decisión por “la incapacidad del gobierno para reducir la deuda”.
Según los “expertos”, la decisión supuso “un toque de atención a otras países”, “la elevación del coste de los préstamos a las empresas” y “el de las hipotecas”. Se escribió que con la rebaja, los EEUU “entraban en territorio peligroso, nunca explorado”…
¿Cuál fue la razón real para la rebaja? La necesidad de aumentar el límite del gasto. La rebaja de S&P permitió al gobierno Obama aumentar el techo de gasto.
¿Lo ven? Cada vez que una agencia rebaja una calificación, es por necesidad política. Son los gobiernos los que necesitan que “alguien” tome esa decisión. S&P o Moody’s son la excusa que necesitan los gobiernos para tomar decisiones contra sus ciudadanos.
¿Cuál fue el resultado de la rebaja de S&P en la deuda EEUU? Absolutamente ninguno. La decisión de una agencia no tiene ningún efecto a menos que el gobierno y el banco central lo deseen. Ningún país soberano monetariamente tiene que preocuparse por su deuda. Esto lo dice la Fed cuando dice que “EEUU tiene la habilidad de crear moneda para pagar sus deudas al vencimiento. Su crédito no está en duda”.
Igual para la Unión Europea. Ningún país de la UE tendría que preocuparse por la calificación de su deuda si la UME y el BCE hicieran su trabajo en vez de seguir una agenda ideológica para imponer medidas de ajuste en todos los países.
Cualquier banco central de un país soberano siempre tiene el poder para controlar el tipo de interés que paga, siempre puede pagar su deuda, siempre tiene el poder para “colocar” su deuda. Da igual lo que digan el “Mercado” o cualquier agencia de calificación.
Un país soberano que emita su propia deuda no necesita tener que pedir prestado al “Mercado” para financiar su deuda. Tampoco necesita emitir deuda para financiarse. Tampoco necesita aumentar impuestos para financiar su gasto.
El poder lo tiene el Estado a través de su banco central y Ministerio de Hacienda. Nunca el “Mercado”. La razón por la que España no controla el tipo al que tiene que pagar su deuda es porque el Banco de España no controla la política monetaria.
España, Grecia o Italia tienen problemas con su deuda pública (aparte de los dispendios de sus lamentables políticos) por la decisión política (que no económica) de no usar el BCE como banco central y dejar que el “Mercado”, las entidades financieras, obtengan ingentes beneficios a costa de los ciudadanos.
Otro ejemplo: en 1998, el Gobierno japonés anunció un plan fiscal para mejorar su economía. Como resultado, Moody’s comenzó a rebajar su deuda. Desde Aaa en 1999 la rebajó a Aa3 en el 2001 y hasta A2 en el 2002, peor que la de Bostwana.
Moody’s justificó su decisión alegando que “las políticas del gobierno serian insuficientes para evitar el deterioro de la deuda y que el gobierno entraba en territorios desconocidos”…Territorios desconocidos que se repiten una y otra vez… ¡qué miedo!
¿Qué pasó en Japón? El grafico inferior muestra los tipos entre 1998 y 2007. Durante el periodo que Moody’s rebajó la calificación de la deuda, los tipos no se vieron afectados.
Durante todo el periodo 1988-2011, el gobierno japonés no tuvo problemas para colocar sus emisiones de deuda y no le importó que Moody’s volviera a bajar la calificación.
Los gobiernos tienen tendencia a mentir a sus ciudadanos y esconden como decisiones forzadas por el mercado o las agencias lo que son sus decisiones, que son ideológicas y no de Teoría Económica. Por ello ningún gobierno acaba con las agencias, porque a los gobiernos les interesa tenerlas como culpables de decisiones que así ellos pueden tomar.
El segundo problema es la falta de soberanía. Cualquier gobierno soberano que emite en su propia moneda siempre podrá pagar sus deudas independientemente de lo que diga una agencia de calificación o el mercado, pero si ha cedido su soberanía monetaria…
Pero aun así, el BCE podría ayudar de verdad a España controlando los tipos de los plazos mayores de vencimiento fijando los tipos actuando como lo que debería ser, un banco central, no una aseguradora del futuro de las entidades financieras.
Existen múltiples propuestas y comisiones para reformar las agencias de calificación. No se equivoquen. No se va a aprobar ninguna. ¿Por qué? Porque son parte del sistema y porque los gobiernos las necesitan para tomar sus medidas contra los ciudadanos.
Pincho de tortilla que la respuesta de los gobiernos afectados con la rebaja será que la decisión de las agencias prueba la “necesidad” de tomar más medidas de ajuste.
Como siempre depende de ustedes. O creen a los “expertos” de uno u otro lado o piensan por sí mismos.
Si no fuera tan predecible y no se lastimara la vida de miles de ciudadanos, hasta sería divertido.
Publicado en Cotizalia (17/01/2012)
En este mundo en el que vivimos, nada es lo que parece. La Justicia no es justicia, la prensa no confronta al poder, el sistema educativo no educa y los gobiernos no gobiernan.
Como resultado, el proceso de “lobotomización” de la población continúa con la desinformación como norma, lo que lleva a la ciudadanía a la aceptación de las noticias y decisiones político-financieras sin entender qué ocurre.
El viernes pasado, S&P rebajó la calificación de la deuda de varios países, entre ellos Francia, Italia y España, así que durante los próximos días serán bombardeados con múltiples artículos sobre el tema. Unos les dirán las consecuencias negativas de esta decisión. Los otros les dirán que no hay que escuchar a las agencias porque se “equivocaron” al no prever la crisis.
Aquí les damos otra opinión. Depende de ustedes pensar y decidir por sí mismos.
Las agencias nunca han sido independientes. Son parte del sistema y por lo tanto, cada decisión que afecte a uno de los grandes del sistema, es una decisión consensuada y aprobada por el propio sistema. Desde 1931, siempre han actuado con “extraordinaria discreción en su trabajo” siguiendo la petición de los gobiernos.
En cada rebaja de la calificación, siempre hay detrás una decisión política.
Por ejemplo: en agosto pasado, la rebaja de la calificación de la deuda EEUU por parte de S&P creó conmoción entre la prensa. S&P justificó la decisión por “la incapacidad del gobierno para reducir la deuda”.
Según los “expertos”, la decisión supuso “un toque de atención a otras países”, “la elevación del coste de los préstamos a las empresas” y “el de las hipotecas”. Se escribió que con la rebaja, los EEUU “entraban en territorio peligroso, nunca explorado”…
¿Cuál fue la razón real para la rebaja? La necesidad de aumentar el límite del gasto. La rebaja de S&P permitió al gobierno Obama aumentar el techo de gasto.
¿Lo ven? Cada vez que una agencia rebaja una calificación, es por necesidad política. Son los gobiernos los que necesitan que “alguien” tome esa decisión. S&P o Moody’s son la excusa que necesitan los gobiernos para tomar decisiones contra sus ciudadanos.
¿Cuál fue el resultado de la rebaja de S&P en la deuda EEUU? Absolutamente ninguno. La decisión de una agencia no tiene ningún efecto a menos que el gobierno y el banco central lo deseen. Ningún país soberano monetariamente tiene que preocuparse por su deuda. Esto lo dice la Fed cuando dice que “EEUU tiene la habilidad de crear moneda para pagar sus deudas al vencimiento. Su crédito no está en duda”.
Igual para la Unión Europea. Ningún país de la UE tendría que preocuparse por la calificación de su deuda si la UME y el BCE hicieran su trabajo en vez de seguir una agenda ideológica para imponer medidas de ajuste en todos los países.
Cualquier banco central de un país soberano siempre tiene el poder para controlar el tipo de interés que paga, siempre puede pagar su deuda, siempre tiene el poder para “colocar” su deuda. Da igual lo que digan el “Mercado” o cualquier agencia de calificación.
Un país soberano que emita su propia deuda no necesita tener que pedir prestado al “Mercado” para financiar su deuda. Tampoco necesita emitir deuda para financiarse. Tampoco necesita aumentar impuestos para financiar su gasto.
El poder lo tiene el Estado a través de su banco central y Ministerio de Hacienda. Nunca el “Mercado”. La razón por la que España no controla el tipo al que tiene que pagar su deuda es porque el Banco de España no controla la política monetaria.
España, Grecia o Italia tienen problemas con su deuda pública (aparte de los dispendios de sus lamentables políticos) por la decisión política (que no económica) de no usar el BCE como banco central y dejar que el “Mercado”, las entidades financieras, obtengan ingentes beneficios a costa de los ciudadanos.
Otro ejemplo: en 1998, el Gobierno japonés anunció un plan fiscal para mejorar su economía. Como resultado, Moody’s comenzó a rebajar su deuda. Desde Aaa en 1999 la rebajó a Aa3 en el 2001 y hasta A2 en el 2002, peor que la de Bostwana.
Moody’s justificó su decisión alegando que “las políticas del gobierno serian insuficientes para evitar el deterioro de la deuda y que el gobierno entraba en territorios desconocidos”…Territorios desconocidos que se repiten una y otra vez… ¡qué miedo!
¿Qué pasó en Japón? El grafico inferior muestra los tipos entre 1998 y 2007. Durante el periodo que Moody’s rebajó la calificación de la deuda, los tipos no se vieron afectados.
Durante todo el periodo 1988-2011, el gobierno japonés no tuvo problemas para colocar sus emisiones de deuda y no le importó que Moody’s volviera a bajar la calificación.
Los gobiernos tienen tendencia a mentir a sus ciudadanos y esconden como decisiones forzadas por el mercado o las agencias lo que son sus decisiones, que son ideológicas y no de Teoría Económica. Por ello ningún gobierno acaba con las agencias, porque a los gobiernos les interesa tenerlas como culpables de decisiones que así ellos pueden tomar.
El segundo problema es la falta de soberanía. Cualquier gobierno soberano que emite en su propia moneda siempre podrá pagar sus deudas independientemente de lo que diga una agencia de calificación o el mercado, pero si ha cedido su soberanía monetaria…
Pero aun así, el BCE podría ayudar de verdad a España controlando los tipos de los plazos mayores de vencimiento fijando los tipos actuando como lo que debería ser, un banco central, no una aseguradora del futuro de las entidades financieras.
Existen múltiples propuestas y comisiones para reformar las agencias de calificación. No se equivoquen. No se va a aprobar ninguna. ¿Por qué? Porque son parte del sistema y porque los gobiernos las necesitan para tomar sus medidas contra los ciudadanos.
Pincho de tortilla que la respuesta de los gobiernos afectados con la rebaja será que la decisión de las agencias prueba la “necesidad” de tomar más medidas de ajuste.
Como siempre depende de ustedes. O creen a los “expertos” de uno u otro lado o piensan por sí mismos.
Si no fuera tan predecible y no se lastimara la vida de miles de ciudadanos, hasta sería divertido.
lunes, 16 de enero de 2012
Del socialismo de izquierdas al socialismo de derechas
Por Carlos Sánchez
Publicado en El Confidencial (15/01/2012)
Probablemente, el mejor epítome que se ha hecho hasta ahora de la nueva política económica la alumbró hace unos días una de las cabezas más lúcidas -y mejor informadas- del país en materia económica. Sostenía en privado este docto economista que ‘hemos pasado de un socialismo de izquierdas a un socialismo de derechas’. E ironizaba sobre el hecho de que los dos grandes partidos compitieran sobre quién aplicaba el impuesto sobre la renta más progresivo. O dicho en otros términos, quien aumentaba más la imposición directa.
Nuestro interlocutor lo achacaba a las elecciones andaluzas, y, en concreto, atribuía esa estrategia al tándem Arenas-Arriola. El primero sabe que es su última oportunidad de asalto a la Junta, mientras que al segundo le paga el Partido Popular (y parece ser que con cierta generosidad) por ganar elecciones, no por resolver los problemas económicos de España, lo que explica su empeño en conquistar la plaza andaluza a cualquier precio, aunque el país se desangre.
El razonamiento del ilustre economista tiene sentido, y es verdad que hasta ahora -salvo en el caso del negociado del ministro Montoro- ha habido más ruido que nueces. Es como si en España el único problema fuera el del sector público. Pero lo cierto es que a medida que pasan las semanas la crisis se hace más insostenible. Los datos de desempleo que se avecinan (el día 27 se publicarán las cifras de la EPA y una semana más tarde los del paro registrado de enero) dirán, en todo caso, las verdades del barquero, y es muy probable que a partir de esa constatación la presión de la opinión pública haga saltar por los aires tanto tacticismo gubernamental.
El país está abierto en canal y sólo la resignación explica la paz social, pero no es descabellado pensar que tanto estoicismo tiene sus límites. Y a medida que España se vaya acercando a los seis millones de parados oficiales -desgraciadamente la cifra no es descabellada- se irá diluyendo las dosis de credibilidad de este Gobierno, todavía intactas, salvo el rebote que tienen muchos compañeros de viaje irritados por una subida del IRPF que no entienden.
No sólo porque suban los tipos marginales del IRPF (que son muy distintos a los efectivos), sino porque se vuelve a esquivar el ensanchamiento de las bases imponibles del IRPF obligando a volver a casa a los hijos pródigos del impuesto sobre la renta. Esas criaturas fantasmales que son ahora las personas jurídicas.
Y por eso, parece suicida aplicar la lógica de los calendarios políticos a una crisis que no escampa, y que al contrario de lo que le gusta decir a Luis de Guindos, no es sólo un problema de confianza. El voluntarismo político -como se demostró de forma palmaria durante la ‘era Zapatero’’- no basta para dar la vuelta a la situación económica. Y en este sentido sólo hay que echar un vistazo a un reciente informe del servicio de estudios de la Caixa en la que recuerda que los procesos de desapalancamiento duran, de media, unos cinco años. No estamos, por lo tanto, ante un crisis corta.
Siete años de crisis
La duración total dependerá de la capacidad de los agentes económicos para devolver las deudas del sector privado, que representan nada menos que el 167% del PIB. Como es lógico, periodos recesivos -como el actual- sólo hacen que se alargue ese proceso. Pero si además se cruzan una crisis inmobiliaria -como la actual- o de carácter financiero -como la actual-, el final de la crisis todavía hay que retrasarlo más.
En palabras de la Caixa, “en presencia de una crisis bancaria, los ciclos de desapalancamiento han promediado un ajuste de la ratio de deuda de unos 32 puntos de PIB y se han alargado cerca de siete años”.
¿Qué quiere decir eso? Pues que dando por bueno que el ajuste comenzó en 2008, los agentes económicos altamente endeudados (empresas y familias) comenzarán a ver la luz (a pagar menos deudas al banco y, por lo tanto, a aumentar su propensión al consumo) en 2015. Y eso en el mejor de los casos. Siempre que la economía sea capaz de crecer anualmente un 1,8% en términos reales hasta mediados de la década, con una inflación del 2% y un ‘moderado’ aumento del crédito. Como se ve, un escenario posible, pero con una probabilidad difícil de cumplirse vinculada a la capacidad de acierto de la política económica. Aunque no sólo eso.
La crisis de deuda soberana contamina la resolución de la crisis, y eso ya no depende solamente del Gobierno español. La rebaja de calificación de Francia es sólo un recordatorio de que obviamente las cosas no están resueltas, como de forma un tanto apresurada se ha sugerido estos días por el simple hecho de que el Tesoro coloque emisiones ¡al cuádruple! del tipo de interés oficial que marca el BCE.
Estamos por lo tanto, ante una situación endiablada que no entiende de forma mecánica de cambios de Gobierno, como han comprobado en sus propias carnes griegos e italianos. Y lo que dice la experiencia histórica es que la mejor manera de enfrentarse a una gran contracción económica, pasa por transferir renta de los acreedores a los deudores, lo que desde luego no se está haciendo en España en aras de mantener un sistema financiero artificialmente solvente.
Es verdad que el asunto está en la agenda de este Gobierno, pero de nuevo se cruzan los calendarios políticos. El Gobierno no puede esperar a la salida de Fernández Ordóñez, el gobernador del Banco de España, para atacar el problema. Y da la sensación de que por ahí van los tiros.
Como alguien dijo, la clave de la nueva política económica está en reducir a toda costa la deuda pública y privada (y de ahí la necesidad de reconducir los enormes desequilibrios fiscales), pero no pasa por dar de beber a un burro que no tiene sed. Ya lo dijo Franklin Delano Roosevelt en su discurso de toma de posesión, el 4 de marzo de 1933: ‘lo único que tenemos que temer es al temor mismo, un temor desconocido, irrazonable, injustificado, que paraliza los esfuerzos necesarios para convertir la retirada en avance”.
Publicado en El Confidencial (15/01/2012)
Probablemente, el mejor epítome que se ha hecho hasta ahora de la nueva política económica la alumbró hace unos días una de las cabezas más lúcidas -y mejor informadas- del país en materia económica. Sostenía en privado este docto economista que ‘hemos pasado de un socialismo de izquierdas a un socialismo de derechas’. E ironizaba sobre el hecho de que los dos grandes partidos compitieran sobre quién aplicaba el impuesto sobre la renta más progresivo. O dicho en otros términos, quien aumentaba más la imposición directa.
Nuestro interlocutor lo achacaba a las elecciones andaluzas, y, en concreto, atribuía esa estrategia al tándem Arenas-Arriola. El primero sabe que es su última oportunidad de asalto a la Junta, mientras que al segundo le paga el Partido Popular (y parece ser que con cierta generosidad) por ganar elecciones, no por resolver los problemas económicos de España, lo que explica su empeño en conquistar la plaza andaluza a cualquier precio, aunque el país se desangre.
El razonamiento del ilustre economista tiene sentido, y es verdad que hasta ahora -salvo en el caso del negociado del ministro Montoro- ha habido más ruido que nueces. Es como si en España el único problema fuera el del sector público. Pero lo cierto es que a medida que pasan las semanas la crisis se hace más insostenible. Los datos de desempleo que se avecinan (el día 27 se publicarán las cifras de la EPA y una semana más tarde los del paro registrado de enero) dirán, en todo caso, las verdades del barquero, y es muy probable que a partir de esa constatación la presión de la opinión pública haga saltar por los aires tanto tacticismo gubernamental.
El país está abierto en canal y sólo la resignación explica la paz social, pero no es descabellado pensar que tanto estoicismo tiene sus límites. Y a medida que España se vaya acercando a los seis millones de parados oficiales -desgraciadamente la cifra no es descabellada- se irá diluyendo las dosis de credibilidad de este Gobierno, todavía intactas, salvo el rebote que tienen muchos compañeros de viaje irritados por una subida del IRPF que no entienden.
No sólo porque suban los tipos marginales del IRPF (que son muy distintos a los efectivos), sino porque se vuelve a esquivar el ensanchamiento de las bases imponibles del IRPF obligando a volver a casa a los hijos pródigos del impuesto sobre la renta. Esas criaturas fantasmales que son ahora las personas jurídicas.
Y por eso, parece suicida aplicar la lógica de los calendarios políticos a una crisis que no escampa, y que al contrario de lo que le gusta decir a Luis de Guindos, no es sólo un problema de confianza. El voluntarismo político -como se demostró de forma palmaria durante la ‘era Zapatero’’- no basta para dar la vuelta a la situación económica. Y en este sentido sólo hay que echar un vistazo a un reciente informe del servicio de estudios de la Caixa en la que recuerda que los procesos de desapalancamiento duran, de media, unos cinco años. No estamos, por lo tanto, ante un crisis corta.
Siete años de crisis
La duración total dependerá de la capacidad de los agentes económicos para devolver las deudas del sector privado, que representan nada menos que el 167% del PIB. Como es lógico, periodos recesivos -como el actual- sólo hacen que se alargue ese proceso. Pero si además se cruzan una crisis inmobiliaria -como la actual- o de carácter financiero -como la actual-, el final de la crisis todavía hay que retrasarlo más.
En palabras de la Caixa, “en presencia de una crisis bancaria, los ciclos de desapalancamiento han promediado un ajuste de la ratio de deuda de unos 32 puntos de PIB y se han alargado cerca de siete años”.
¿Qué quiere decir eso? Pues que dando por bueno que el ajuste comenzó en 2008, los agentes económicos altamente endeudados (empresas y familias) comenzarán a ver la luz (a pagar menos deudas al banco y, por lo tanto, a aumentar su propensión al consumo) en 2015. Y eso en el mejor de los casos. Siempre que la economía sea capaz de crecer anualmente un 1,8% en términos reales hasta mediados de la década, con una inflación del 2% y un ‘moderado’ aumento del crédito. Como se ve, un escenario posible, pero con una probabilidad difícil de cumplirse vinculada a la capacidad de acierto de la política económica. Aunque no sólo eso.
La crisis de deuda soberana contamina la resolución de la crisis, y eso ya no depende solamente del Gobierno español. La rebaja de calificación de Francia es sólo un recordatorio de que obviamente las cosas no están resueltas, como de forma un tanto apresurada se ha sugerido estos días por el simple hecho de que el Tesoro coloque emisiones ¡al cuádruple! del tipo de interés oficial que marca el BCE.
Estamos por lo tanto, ante una situación endiablada que no entiende de forma mecánica de cambios de Gobierno, como han comprobado en sus propias carnes griegos e italianos. Y lo que dice la experiencia histórica es que la mejor manera de enfrentarse a una gran contracción económica, pasa por transferir renta de los acreedores a los deudores, lo que desde luego no se está haciendo en España en aras de mantener un sistema financiero artificialmente solvente.
Es verdad que el asunto está en la agenda de este Gobierno, pero de nuevo se cruzan los calendarios políticos. El Gobierno no puede esperar a la salida de Fernández Ordóñez, el gobernador del Banco de España, para atacar el problema. Y da la sensación de que por ahí van los tiros.
Como alguien dijo, la clave de la nueva política económica está en reducir a toda costa la deuda pública y privada (y de ahí la necesidad de reconducir los enormes desequilibrios fiscales), pero no pasa por dar de beber a un burro que no tiene sed. Ya lo dijo Franklin Delano Roosevelt en su discurso de toma de posesión, el 4 de marzo de 1933: ‘lo único que tenemos que temer es al temor mismo, un temor desconocido, irrazonable, injustificado, que paraliza los esfuerzos necesarios para convertir la retirada en avance”.
viernes, 13 de enero de 2012
Los árboles de la crisis económica y el bosque de la democracia
Por Jose Luis González de Quirós
Publicado en El Confidencial (12/01/2012)
Cuando se acaba de llegar al gobierno a consecuencia de unas elecciones perfectamente legítimas, se está en muy malas condiciones psicológicas para percibir los problemas de la democracia. Si, además, como sucede, la crisis económica se encalabrina, es muy normal que el Gobierno trate de refugiarse en la gestión a la búsqueda de un éxito a no muy largo plazo que muestre la pertinencia y la eficacia de ese diagnóstico tan común de que lo importante es la economía. Lo acaba de repetir Rajoy, y en eso no se diferencia tampoco gran cosa del diagnóstico que hacen los dolidos aspirantes al liderazgo del PSOE, que también repiten, a hora y a deshora, que la crisis económica los descabalgó del poder. Normal, pues, que Montoro diga eso “de olvidémonos de las ideologías y superemos la crisis”. Y, sin embargo, se trata de un error, de un profundo error que, unos y otros, no tardarán en pagar caro.
La crisis económica juega un papel determinante en el malestar social y en el desafecto creciente de los ciudadanos hacia los políticos, pero hay algo más. El hecho de que no produzca auténticas oleadas de indignación la publicación de que un dirigente andaluz, solo o en compañía de su chofer, se gastase más de un millón de euros del dinero que debería destinar a los parados en cocaína y putillas, testimonia hasta qué punto estamos los españoles al cabo de la calle respecto a las fechorías que puedan perpetrar los que dicen gobernar en nuestro nombre. Detrás de la crisis económica se está incubando una crisis brutal de la confianza en la democracia, mediante una mezcla confusa de dos ingredientes muy distintos: el convencimiento de que la democracia española es imperfecta, pero podría mejorarse, y la más negra y escéptica resignación.
Hace falta ser muy insensible para no percibir un desafecto creciente hacia la política y muy necio para pensar que sea casual o pasajero; nuestra democracia carece por completo de algo esencial, de cualquier ingrediente atractivo para el compromiso activo. Al poder político se llega únicamente por la casualidad afortunada, por la pertenencia a un grupito organizado con influencias cerca del líder ocasional. Todo va de arriba abajo, nada de participación, ninguna apertura, ningún cursus honorum que permita conocer y elegir a los mejores.
Este entramado tuvo cierta disculpa en los orígenes de la democracia, pero ya no la tiene cuatro décadas después, y hace que los partidos puedan sentirse completamente ajenos a los intereses reales de su electores, que puedan hacer cualquier cosa con tal de que le parezca oportuno a los que tienen la sartén por el mango. En consecuencia, nunca se cambia nada, y las causas de los ciudadanos siguen esperando el santo advenimiento, mientras que los intereses de los bancos, las grandes corporaciones, los sindicatos o los grupos de presión, siempre se acaban atendiendo. Se establece, pues, un auténtico desgobierno, el olvido de los ideales, de los intereses nacionales, y de los problemas de fondo, un paraíso artificial de despotillas y funcionarios cegatos convertidos en líderes de ocasión, a los que nadie tiene la piedad de advertir que están haciendo el ridículo.
¿Nos llegará alguna vez la hora de la libertad política, de la verdadera democracia? No podemos echarle a nadie la culpa de lo que nos pasa, porque lo que ocurre no hace sino expresar la cultura política dominante, lo que practicamos a cada hora en los distintos ámbitos en que nos movemos. Lo que extraña es que en épocas de tanta tribulación, las voces críticas apenas lleguen a esbozarse, que entre los propios políticos no abunden quienes comprendan que reducir su función a la de unos expertos capaces de resolver, eso dicen, la crisis económica supone tirar piedras a su tejado. La paciencia es un tesoro del pueblo, pero acaso pueda estar a punto de colmarse en unos cuantos meses, cuando, Dios no lo quiera, se constate que las raíces de la crisis eran más hondas de lo que se pensaba, y que todo sigue igual, es decir, peor.
Los lideres del PP parecen pensar que les queda credibilidad como para que se les admita que la subida de impuestos vaya a ser cosa provisional; lo que es seguro es que su veracidad va a tener un contraste inequívoco a muy corto plazo. Su gran ventaja pudiera ser que el PSOE confíe en un llamamiento a la España alegre y faldicorta, pero es poco es probable que tenga éxito, ni siquiera en un país tan crédulo como éste.
Se ha abierto una oportunidad excepcional de hacer política, y el PP se equivocará de medio a medio si renuncia a ello con la excusa del mucho trabajo que van a tener para devolvernos al paraíso perdido, y con la presunción de haber dejado atónitos a sus adversarios, cosa que nadie les había pedido, por cierto. ¿Sabrán otros aprovecharla? Quienes deberíamos aprender de una buena vez somos los ciudadanos: la democracia es una asignatura larga, pero merece la pena tratar de aprobarla, ya que nunca llegará sin nuestro esfuerzo
Publicado en El Confidencial (12/01/2012)
Cuando se acaba de llegar al gobierno a consecuencia de unas elecciones perfectamente legítimas, se está en muy malas condiciones psicológicas para percibir los problemas de la democracia. Si, además, como sucede, la crisis económica se encalabrina, es muy normal que el Gobierno trate de refugiarse en la gestión a la búsqueda de un éxito a no muy largo plazo que muestre la pertinencia y la eficacia de ese diagnóstico tan común de que lo importante es la economía. Lo acaba de repetir Rajoy, y en eso no se diferencia tampoco gran cosa del diagnóstico que hacen los dolidos aspirantes al liderazgo del PSOE, que también repiten, a hora y a deshora, que la crisis económica los descabalgó del poder. Normal, pues, que Montoro diga eso “de olvidémonos de las ideologías y superemos la crisis”. Y, sin embargo, se trata de un error, de un profundo error que, unos y otros, no tardarán en pagar caro.
La crisis económica juega un papel determinante en el malestar social y en el desafecto creciente de los ciudadanos hacia los políticos, pero hay algo más. El hecho de que no produzca auténticas oleadas de indignación la publicación de que un dirigente andaluz, solo o en compañía de su chofer, se gastase más de un millón de euros del dinero que debería destinar a los parados en cocaína y putillas, testimonia hasta qué punto estamos los españoles al cabo de la calle respecto a las fechorías que puedan perpetrar los que dicen gobernar en nuestro nombre. Detrás de la crisis económica se está incubando una crisis brutal de la confianza en la democracia, mediante una mezcla confusa de dos ingredientes muy distintos: el convencimiento de que la democracia española es imperfecta, pero podría mejorarse, y la más negra y escéptica resignación.
Hace falta ser muy insensible para no percibir un desafecto creciente hacia la política y muy necio para pensar que sea casual o pasajero; nuestra democracia carece por completo de algo esencial, de cualquier ingrediente atractivo para el compromiso activo. Al poder político se llega únicamente por la casualidad afortunada, por la pertenencia a un grupito organizado con influencias cerca del líder ocasional. Todo va de arriba abajo, nada de participación, ninguna apertura, ningún cursus honorum que permita conocer y elegir a los mejores.
Este entramado tuvo cierta disculpa en los orígenes de la democracia, pero ya no la tiene cuatro décadas después, y hace que los partidos puedan sentirse completamente ajenos a los intereses reales de su electores, que puedan hacer cualquier cosa con tal de que le parezca oportuno a los que tienen la sartén por el mango. En consecuencia, nunca se cambia nada, y las causas de los ciudadanos siguen esperando el santo advenimiento, mientras que los intereses de los bancos, las grandes corporaciones, los sindicatos o los grupos de presión, siempre se acaban atendiendo. Se establece, pues, un auténtico desgobierno, el olvido de los ideales, de los intereses nacionales, y de los problemas de fondo, un paraíso artificial de despotillas y funcionarios cegatos convertidos en líderes de ocasión, a los que nadie tiene la piedad de advertir que están haciendo el ridículo.
¿Nos llegará alguna vez la hora de la libertad política, de la verdadera democracia? No podemos echarle a nadie la culpa de lo que nos pasa, porque lo que ocurre no hace sino expresar la cultura política dominante, lo que practicamos a cada hora en los distintos ámbitos en que nos movemos. Lo que extraña es que en épocas de tanta tribulación, las voces críticas apenas lleguen a esbozarse, que entre los propios políticos no abunden quienes comprendan que reducir su función a la de unos expertos capaces de resolver, eso dicen, la crisis económica supone tirar piedras a su tejado. La paciencia es un tesoro del pueblo, pero acaso pueda estar a punto de colmarse en unos cuantos meses, cuando, Dios no lo quiera, se constate que las raíces de la crisis eran más hondas de lo que se pensaba, y que todo sigue igual, es decir, peor.
Los lideres del PP parecen pensar que les queda credibilidad como para que se les admita que la subida de impuestos vaya a ser cosa provisional; lo que es seguro es que su veracidad va a tener un contraste inequívoco a muy corto plazo. Su gran ventaja pudiera ser que el PSOE confíe en un llamamiento a la España alegre y faldicorta, pero es poco es probable que tenga éxito, ni siquiera en un país tan crédulo como éste.
Se ha abierto una oportunidad excepcional de hacer política, y el PP se equivocará de medio a medio si renuncia a ello con la excusa del mucho trabajo que van a tener para devolvernos al paraíso perdido, y con la presunción de haber dejado atónitos a sus adversarios, cosa que nadie les había pedido, por cierto. ¿Sabrán otros aprovecharla? Quienes deberíamos aprender de una buena vez somos los ciudadanos: la democracia es una asignatura larga, pero merece la pena tratar de aprobarla, ya que nunca llegará sin nuestro esfuerzo
jueves, 12 de enero de 2012
Explicaciones escasas
Editorial de El País (11/01/2012)
Las explicaciones del presidente del Gobierno sobre el programa de ajuste anunciado el pasado 30 de diciembre llegan con cierta tardanza. Y ello es importante porque atañe, incluso más que a la cortesía y a la transparencia debidas, a la necesaria rapidez de la política en una coyuntura en que esta suele ser derrotada por la velocidad de los mercados, como ha demostrado el continuado castigo a la deuda soberana española desde hace meses. Pero como a veces ocurre con los defectos formales, este retraso habría quedado minimizado si los argumentos empleados hubieran ampliado o desbordado los ya utilizados por sus ministros; incluso subsanado, si los anuncios sobre sus planes inmediatos hubiesen aclarado de forma convincente el panorama. Sin embargo, apenas nada de eso ha sucedido en la primera explicación pública del presidente, por lo que se habrá de esperar a su próxima comparecencia parlamentaria para conocer sus planes con más profundidad.
En realidad, donde Mariano Rajoy ha sido más concreto, según se le pedía con insistencia, es en una cuestión no de futuro, sino del pasado inmediato: el desglose del déficit público encontrado a su llegada al Gobierno. A tenor de las cifras provisionales ofrecidas, el desconocimiento de la herencia recibida en cuanto a la gestión de las finanzas públicas es cuando menos limitado. El desvío imputable directamente al Gobierno anterior es de apenas tres décimas. Tres cuartas partes del déficit excedido sobre el previsto es achacable en primer término a las comunidades autónomas, de distintos colores, y por ende, la responsabilidad de ejecución es compartida, aunque la secundaria, de supervisión, corresponda lógicamente al Gobierno de Zapatero. Conviene insistir en ello para que Gobierno y oposición extraigan una lección de modestia y asienten un clima de diálogo. Todos incurrieron, aunque en desigual medida, en parecidos errores. Todos deben aplicarse a solventarlos.
Mariano Rajoy se emplea a fondo en la entrevista con el presidente de la agencia Efe para transmitir el mensaje de que el alza de impuestos realizada es equitativa. Y le asisten razones si se consideran solo las tripas de los cambios en el interior del impuesto sobre la renta, pero mucho menos si se contemplan los resortes impositivos no tocados: el grueso de la factura recae en los asalariados y las clases medias. Y la literalidad de su referencia al IVA, cuyo incremento no está entre sus intenciones, parece más bien un preanuncio de su subida a medio plazo.
Las explicaciones sobre las próximas reformas (laboral y financiera) son inexistentes, salvo la rotunda (y encomiable) negativa a crear un banco malo a cargo del contribuyente; y la aceleración de su calendario, impulsada por la necesidad de acreditar seriedad ante mercados y socios. Pero lo más inquietante es la nula concreción sobre medidas de estímulo y relanzamiento económico, el otro pilar que debe complementar la ineludible austeridad: a nivel español y a nivel europeo.
Las explicaciones del presidente del Gobierno sobre el programa de ajuste anunciado el pasado 30 de diciembre llegan con cierta tardanza. Y ello es importante porque atañe, incluso más que a la cortesía y a la transparencia debidas, a la necesaria rapidez de la política en una coyuntura en que esta suele ser derrotada por la velocidad de los mercados, como ha demostrado el continuado castigo a la deuda soberana española desde hace meses. Pero como a veces ocurre con los defectos formales, este retraso habría quedado minimizado si los argumentos empleados hubieran ampliado o desbordado los ya utilizados por sus ministros; incluso subsanado, si los anuncios sobre sus planes inmediatos hubiesen aclarado de forma convincente el panorama. Sin embargo, apenas nada de eso ha sucedido en la primera explicación pública del presidente, por lo que se habrá de esperar a su próxima comparecencia parlamentaria para conocer sus planes con más profundidad.
En realidad, donde Mariano Rajoy ha sido más concreto, según se le pedía con insistencia, es en una cuestión no de futuro, sino del pasado inmediato: el desglose del déficit público encontrado a su llegada al Gobierno. A tenor de las cifras provisionales ofrecidas, el desconocimiento de la herencia recibida en cuanto a la gestión de las finanzas públicas es cuando menos limitado. El desvío imputable directamente al Gobierno anterior es de apenas tres décimas. Tres cuartas partes del déficit excedido sobre el previsto es achacable en primer término a las comunidades autónomas, de distintos colores, y por ende, la responsabilidad de ejecución es compartida, aunque la secundaria, de supervisión, corresponda lógicamente al Gobierno de Zapatero. Conviene insistir en ello para que Gobierno y oposición extraigan una lección de modestia y asienten un clima de diálogo. Todos incurrieron, aunque en desigual medida, en parecidos errores. Todos deben aplicarse a solventarlos.
Mariano Rajoy se emplea a fondo en la entrevista con el presidente de la agencia Efe para transmitir el mensaje de que el alza de impuestos realizada es equitativa. Y le asisten razones si se consideran solo las tripas de los cambios en el interior del impuesto sobre la renta, pero mucho menos si se contemplan los resortes impositivos no tocados: el grueso de la factura recae en los asalariados y las clases medias. Y la literalidad de su referencia al IVA, cuyo incremento no está entre sus intenciones, parece más bien un preanuncio de su subida a medio plazo.
Las explicaciones sobre las próximas reformas (laboral y financiera) son inexistentes, salvo la rotunda (y encomiable) negativa a crear un banco malo a cargo del contribuyente; y la aceleración de su calendario, impulsada por la necesidad de acreditar seriedad ante mercados y socios. Pero lo más inquietante es la nula concreción sobre medidas de estímulo y relanzamiento económico, el otro pilar que debe complementar la ineludible austeridad: a nivel español y a nivel europeo.
miércoles, 11 de enero de 2012
Dos en el banquillo
Editorial de El País (10/01/2012)
Dos expresidentes autonómicos del Partido Popular coincidirán al menos durante unos días en el banquillo de los acusados. Francisco Camps inicia su quinta semana de juicio por el asunto de los trajes del caso Gürtel, cuyas ramificaciones principales florecieron en la Comunidad Valenciana que presidió entre 2003 y 2011, así como en la de Madrid. Y ayer se inició en la Audiencia de Palma de Mallorca el primero de los juicios contra el expresidente balear Jaume Matas por el llamado caso Palma Arena, un árbol frondoso que ha dado lugar a 25 piezas separadas, una de ellas la que afecta al yerno del Rey y esposo de la infanta Cristina, Iñaki Urdagarin, y al resto de directivos del Instituto Nóos que obtuvieron de forma irregular, según la Fiscalía Anticorrupción, ventajosos contratos públicos con las Administraciones dirigidas por ambos presidentes autonómicos populares.
Sin duda, es casual la coincidencia de los dos juicios. Pero no cabe restarle, pese a ello, un innegable valor simbólico de carácter político. Al margen de los perfiles personales de sus protagonistas, los casos Palma Arena y Gürtel son quizás los más emblemáticos de la corrupción política de los últimos años en la España de la burbuja inmobiliaria, en la que la recalificación del suelo y los contratos públicos fueron en muchos casos instrumentos delictivos que, además de corromper a las Administraciones, tenían por objeto arramblar con el dinero del contribuyente.
La comunidad autónoma balear es quizás, junto a la valenciana, la que acumula más casos de corrupción en este periodo. Ambos gozaron durante un tiempo del apoyo de Rajoy hasta que se convirtieron en un obstáculo gigantesco en su camino hacia La Moncloa. Lo que recuerda otro de los episodios de corrupción más sonados de la reciente historia balear -los casos Sóller y Calvià- protagonizado por Antón Cañellas, obligado a dimitir a medidos de los años noventa de la presidencia de la comunidad por José María Aznar solo cuando este temió que amenazaba su primer asalto a la presidencia del Gobierno.
El juicio iniciado ayer contra Matas contempla uno de los variados aspectos del polifacético caso Palma Arena, nombre del velódromo cuyo desfase entre el coste licitado y el final de su construcción -de 43 a 110 millones de euros- despertó todas las sospechas de gestión delictiva y enriquecimiento ilícito por parte de la presidencia balear. En concreto, se enjuicia la entrega de casi medio millón de euros al periodista que le redactaba los discursos a Matas y luego los ensalzaba en medios propios o ajenos, como el diario El Mundo. Hay otra coincidencia: que a pesar de los ataques a jueces y fiscales y al intento de justificarse tras las urnas, los protagonistas de estos casos de corrupción terminan por responder ante la justicia y, si son declarados culpables, por saldar sus deudas con la sociedad y el Estado.
Dos expresidentes autonómicos del Partido Popular coincidirán al menos durante unos días en el banquillo de los acusados. Francisco Camps inicia su quinta semana de juicio por el asunto de los trajes del caso Gürtel, cuyas ramificaciones principales florecieron en la Comunidad Valenciana que presidió entre 2003 y 2011, así como en la de Madrid. Y ayer se inició en la Audiencia de Palma de Mallorca el primero de los juicios contra el expresidente balear Jaume Matas por el llamado caso Palma Arena, un árbol frondoso que ha dado lugar a 25 piezas separadas, una de ellas la que afecta al yerno del Rey y esposo de la infanta Cristina, Iñaki Urdagarin, y al resto de directivos del Instituto Nóos que obtuvieron de forma irregular, según la Fiscalía Anticorrupción, ventajosos contratos públicos con las Administraciones dirigidas por ambos presidentes autonómicos populares.
Sin duda, es casual la coincidencia de los dos juicios. Pero no cabe restarle, pese a ello, un innegable valor simbólico de carácter político. Al margen de los perfiles personales de sus protagonistas, los casos Palma Arena y Gürtel son quizás los más emblemáticos de la corrupción política de los últimos años en la España de la burbuja inmobiliaria, en la que la recalificación del suelo y los contratos públicos fueron en muchos casos instrumentos delictivos que, además de corromper a las Administraciones, tenían por objeto arramblar con el dinero del contribuyente.
La comunidad autónoma balear es quizás, junto a la valenciana, la que acumula más casos de corrupción en este periodo. Ambos gozaron durante un tiempo del apoyo de Rajoy hasta que se convirtieron en un obstáculo gigantesco en su camino hacia La Moncloa. Lo que recuerda otro de los episodios de corrupción más sonados de la reciente historia balear -los casos Sóller y Calvià- protagonizado por Antón Cañellas, obligado a dimitir a medidos de los años noventa de la presidencia de la comunidad por José María Aznar solo cuando este temió que amenazaba su primer asalto a la presidencia del Gobierno.
El juicio iniciado ayer contra Matas contempla uno de los variados aspectos del polifacético caso Palma Arena, nombre del velódromo cuyo desfase entre el coste licitado y el final de su construcción -de 43 a 110 millones de euros- despertó todas las sospechas de gestión delictiva y enriquecimiento ilícito por parte de la presidencia balear. En concreto, se enjuicia la entrega de casi medio millón de euros al periodista que le redactaba los discursos a Matas y luego los ensalzaba en medios propios o ajenos, como el diario El Mundo. Hay otra coincidencia: que a pesar de los ataques a jueces y fiscales y al intento de justificarse tras las urnas, los protagonistas de estos casos de corrupción terminan por responder ante la justicia y, si son declarados culpables, por saldar sus deudas con la sociedad y el Estado.
lunes, 9 de enero de 2012
Valencia en quiebra: Camps ya ha sido condenado
Por S. McCoy
Publicado en Cotizalia (09/01/2012)
Dicen de Paco Camps que ha llevado lo de los trajes más mal que bien. Que puede prometer y promete que él no se ha llevado un euro al bolsillo. No en vano, quienes le frecuentan no han dudado en bautizarle como “el monje”, dada su proverbial austeridad. Incluso la configuración física del personaje, delgado, cara afilada, nariz aguileña y tonsura natural ayudan tal caracterización. Que ha pasado por un tormento, al borde de la depresión. Y que ha querido dar la cara en la certeza de que si hizo, no supo, y si supo, no hizo. Más vale honra sin cargos que cargos sin honra. Hidalguía remendona de su honor en el siglo XXI.
Y sin embargo es culpable, rematadamente culpable, culpabilísimo. El circo que rodea su juicio actual es lo de menos. Ni la punta de la punta de la puntísima del iceberg de lo que ha acontecido en la Comunidad Valenciana en los últimos años, si no décadas. Un estado permanente de corrupción, una Sodoma y Gomorra de sobres y componendas, una tolerancia con el fraude y una vocación por el fasto desmesurado que han terminado por descomponer la Administración y el sistema financiero local y, con ellos, buena parte del entramado empresarial de la región como tan fantásticamente nos recordaba ayer Anaí Gracia. Es, sin duda, el primer responsable.
Ahora, mientras el gobierno central amaga sin dar, salvo para subir la presión tributaria a sus atribulados ciudadanos, Valencia actúa tras acumular peligrosamente papeletas para ser la primera región que suspenda pagos en nuestro país, ahogada por unas necesidades de tesorería absolutamente inabordables. Está a pocos pasos del abismo, quién lo iba a decir. Se ha esfumado la riqueza efímera que le permitió durante años sacar pecho frente a otras zonas españolas más atribuladas, Copa América, Fórmula 1, Terra Mítica, Ciudad del Cine o de las Artes, pagos a Urgangarín o agentes urbanizadores milmillonarios incluidos.
Alberto Fabra ha decidido coger el toro por los cuernos adoptando medidas draconianas que, quienes conocen la verdad de las cuentas locales, saben de toda parte insuficientes. Se ha quedado sin una sola institución financiera local, ejemplo vivo de la devastación que acompaña la falta de profesionalidad en la gestión, la confusión de intereses públicos y privados -léase corporaciones inviables y absurda financiación inmobiliaria- y el enriquecimiento inmediato frente a la creación de valor a largo plazo. Solo ante el peligro, es lo crítico de la situación lo que le ha obligado a despertar a su narcotizada ciudadanía -cómplice con su voto, mayoría absoluta para la miseria más absoluta- a base de más impuestos y menos estado del bienestar. No será el único: otros por España empiezan a poner sus barbas a remojar…
Puede que Camps no supiera, en cuyo caso le sería de aplicación ese “de puro bueno que es, no puede ser más tonto” que se decía de aquel párroco que, con su fatal condescendencia, se cargó una de las feligresías más señeras de Madrid. Si cualquiera es susceptible de ser Presidente del Gobierno, Zapatero dixit, cuánto más primer mandatario de una comunidad autónoma. Puede también, como argumenta el monje, que sabiendo no hiciera -no fuera a importunar las distintas familias políticas del partido- y se limitara a creer, en su buenismo antropológico, que no hay mal que el tiempo no cure. Sería en tal caso reo por omisión, incapaz de anticipar que, el día que dejara de girar la rueda de la financiación barata, el crecimiento desmesurado y los dispendios generosos, el qué hay de lo mío sería su condena y la de todos los valencianos, interés particular por encima del general.
El ex president tiene ya perdido el juicio ante la Historia. Como lo tiene su predecesor, Eduardo Zaplana. Poco importa que se empeñe en salvar su nombre por una afrenta menor. Ha sido un completo desastre en lo económico y en lo político. No muy distinto al de otros mandatarios regionales, bien es cierto. Es la tragedia de esa España que ha hecho de lo malo conocido, bien superior. Ahí sigue en la sombra –por aclamación popular, eso sí- Carlos Fabra; a lo suyo, Aeropuerto –por llamarlo de alguna manera- de Castellón incluido. Si la crisis es oportunidad, la gravedad de la actual tiene que ser ocasión para una auténtica catarsis democrática en la que tal forma de gobierno recupere sus valores originales de idoneidad del representante, gobierno para el futuro y servicio a los representados. No nos aburriremos de pedirlo. A ver si, entre todos, conseguimos que sea verdad.
Buena semana a todos.
Publicado en Cotizalia (09/01/2012)
Dicen de Paco Camps que ha llevado lo de los trajes más mal que bien. Que puede prometer y promete que él no se ha llevado un euro al bolsillo. No en vano, quienes le frecuentan no han dudado en bautizarle como “el monje”, dada su proverbial austeridad. Incluso la configuración física del personaje, delgado, cara afilada, nariz aguileña y tonsura natural ayudan tal caracterización. Que ha pasado por un tormento, al borde de la depresión. Y que ha querido dar la cara en la certeza de que si hizo, no supo, y si supo, no hizo. Más vale honra sin cargos que cargos sin honra. Hidalguía remendona de su honor en el siglo XXI.
Y sin embargo es culpable, rematadamente culpable, culpabilísimo. El circo que rodea su juicio actual es lo de menos. Ni la punta de la punta de la puntísima del iceberg de lo que ha acontecido en la Comunidad Valenciana en los últimos años, si no décadas. Un estado permanente de corrupción, una Sodoma y Gomorra de sobres y componendas, una tolerancia con el fraude y una vocación por el fasto desmesurado que han terminado por descomponer la Administración y el sistema financiero local y, con ellos, buena parte del entramado empresarial de la región como tan fantásticamente nos recordaba ayer Anaí Gracia. Es, sin duda, el primer responsable.
Ahora, mientras el gobierno central amaga sin dar, salvo para subir la presión tributaria a sus atribulados ciudadanos, Valencia actúa tras acumular peligrosamente papeletas para ser la primera región que suspenda pagos en nuestro país, ahogada por unas necesidades de tesorería absolutamente inabordables. Está a pocos pasos del abismo, quién lo iba a decir. Se ha esfumado la riqueza efímera que le permitió durante años sacar pecho frente a otras zonas españolas más atribuladas, Copa América, Fórmula 1, Terra Mítica, Ciudad del Cine o de las Artes, pagos a Urgangarín o agentes urbanizadores milmillonarios incluidos.
Alberto Fabra ha decidido coger el toro por los cuernos adoptando medidas draconianas que, quienes conocen la verdad de las cuentas locales, saben de toda parte insuficientes. Se ha quedado sin una sola institución financiera local, ejemplo vivo de la devastación que acompaña la falta de profesionalidad en la gestión, la confusión de intereses públicos y privados -léase corporaciones inviables y absurda financiación inmobiliaria- y el enriquecimiento inmediato frente a la creación de valor a largo plazo. Solo ante el peligro, es lo crítico de la situación lo que le ha obligado a despertar a su narcotizada ciudadanía -cómplice con su voto, mayoría absoluta para la miseria más absoluta- a base de más impuestos y menos estado del bienestar. No será el único: otros por España empiezan a poner sus barbas a remojar…
Puede que Camps no supiera, en cuyo caso le sería de aplicación ese “de puro bueno que es, no puede ser más tonto” que se decía de aquel párroco que, con su fatal condescendencia, se cargó una de las feligresías más señeras de Madrid. Si cualquiera es susceptible de ser Presidente del Gobierno, Zapatero dixit, cuánto más primer mandatario de una comunidad autónoma. Puede también, como argumenta el monje, que sabiendo no hiciera -no fuera a importunar las distintas familias políticas del partido- y se limitara a creer, en su buenismo antropológico, que no hay mal que el tiempo no cure. Sería en tal caso reo por omisión, incapaz de anticipar que, el día que dejara de girar la rueda de la financiación barata, el crecimiento desmesurado y los dispendios generosos, el qué hay de lo mío sería su condena y la de todos los valencianos, interés particular por encima del general.
El ex president tiene ya perdido el juicio ante la Historia. Como lo tiene su predecesor, Eduardo Zaplana. Poco importa que se empeñe en salvar su nombre por una afrenta menor. Ha sido un completo desastre en lo económico y en lo político. No muy distinto al de otros mandatarios regionales, bien es cierto. Es la tragedia de esa España que ha hecho de lo malo conocido, bien superior. Ahí sigue en la sombra –por aclamación popular, eso sí- Carlos Fabra; a lo suyo, Aeropuerto –por llamarlo de alguna manera- de Castellón incluido. Si la crisis es oportunidad, la gravedad de la actual tiene que ser ocasión para una auténtica catarsis democrática en la que tal forma de gobierno recupere sus valores originales de idoneidad del representante, gobierno para el futuro y servicio a los representados. No nos aburriremos de pedirlo. A ver si, entre todos, conseguimos que sea verdad.
Buena semana a todos.
Hasta aquí hemos llegado: o las autonomías o nosotros
Por Roberto Centeno
Publicado en Cotizalia (09/01/2012)
"Nos han jodido bien, si tuvieran vergüenza se pegarían un tiro”, me decía mi amigo Cela sobre los padres de la Transición, quienes nos impusieron este engendro de Estado y de dictadura partitocrática. La casta política jamás renunciará a su enorme entramado de expolio y corrupción: 17 estados, 8.000 ayuntamientos, 4.000 empresas públicas y el 70% del presupuesto, que manejan como les place. Están dispuestos a hundirnos para varias generaciones. Sin embargo, el dilema es muy simple: o ellos o nosotros; o la casta política o nuestros hijos y su futuro.
Rajoy, quien gusta de desaparecer siempre que hay problemas, no ha cambiado el rumbo. Se inclina por mantener el tamaño del Estado a costa de la economía productiva. Mientras, PNV, CiU y Amaiur exigen que escojamos ya entre pagarles un tributo, ahora que estamos en ruina, o la independencia. Y ni lo uno ni lo otro, tal y como hace Francia con los catalanes y vascos franceses.
No solo nos han arruinado, sino que han infligido un daño irreparable al tejido productivo, rematado por Rajoy al colocarnos a la cabeza de Europa en impuestos a la renta y al ahorro, una medida que generará una recesión sin precedentes. “Ha puesto a España en una espiral descendente”, afirma The Economist. Mientras la casta política no solo no reduce un sector público gigantesco, que mantiene dos millones de personas a nuestra costa, Rajoy anuncia que no dejará suspender pagos a ninguna comunidad ni ayuntamiento. Es de locos: “Gasten lo que quieran, el Estado les avala”.
Sin embargo, nada como las cifras para conocer el grado de engaño y de expolio al que nos somete la casta política. El pasado miércoles este diario publicó un artículo que narraba cómo las CCAA han creado miles de empresas públicas para colocar a familiares y amigos -520.000 enchufados en conjunto con sueldos superiores a los de los funcionarios- y esconder su deuda. Son empresas que escapan a todo tipo de control: sus empleados se contratan a dedo y no tienen que rendir cuentas a nadie, ni siquiera a los parlamentos autonómicos, una práctica que no tiene parangón en el mundo civilizado.
Pues bien, según el Banco de España su deuda asciende a 15.500 millones de euros, una cifra disparatada que no coincide ni de lejos con la real. En el desglose me encuentro con Valencia, comunidad que conozco bien, cuya deuda en el informe se cifra en 1.694 millones. ¿Qué engaño es este? Solo CIEGSA, la empresa pública para la construcción de escuelas, tiene una deuda de 2.000 millones; la de EPSAR, dedicada a la construcción de depuradoras, alcanza los 1.000 millones; Canal Nou y otros medios suman una deuda de 1.300; la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, después de haber recibido 1.900 millones de fondos públicos, tiene un agujero de 500; y así 46 más. El total arroja una deuda de 9.200 millones, ¡cinco veces superior a la oficial, Doña Soraya!
No cierran empresas pero encargan un estudio
Tras el hachazo al ahorro y al salario de las familias -en palabras de Alberto Recarte, “nadie pasa ya a Rajoy por la izquierda”, dado que ha colocado el tipo máximo del IRPF en el 52% frente al 50% que pedía Izquierda Unida- se había filtrado que el Gobierno cerraría el jueves 350 empresa de las 454 del Estado -lo de subir el IVA, hidrocarburos, Patrimonio y demás lo dejan para después de las elecciones andaluzas-. No han cerrado ni una. En lugar de eso Sáenz de Santamaría ha encargado un estudio y ha anunciado un maravilloso plan antifraude para recaudar 8.171 millones y 25 céntimos. Bruselas lo ha definido como una tomadura de pelo. Ya puestos, ¿por qué no recaudar 81.710? El viejo plan antifraude de Zapatero pretendía recaudar 70.000 millones y, claro, una abogada del Estado no va a ser menos que un abogadillo de cuarto y mitad.
Sin embargo, el disparate con mayúsculas, el que demuestra que no saben ni dónde tienen la mano derecha, ha sido la fiscalidad sobre las ganancias de capital, que han subido hasta un nivel sin precedentes. La medida no solo no incrementa la recaudación sino que la reduce. Todo hacendista sabe que hay una relación inversa entre tributación sobre las ganancias de capital y recaudación que es muy superior a lo proporcional. Una reducción de un punto en los impuestos sobre las ganancias de capital eleva un 10% la recaudación por este impuesto. Más graves son, incluso, los efectos devastadores sobre el conjunto de la economía: reduce la inversión, reduce la competitividad y aumenta el paro. No se puede hacer peor. Sus incondicionales, y las almas cándidas, argumentarán: “No les dais tiempo, esperad y veréis”. Zapatero nos llevaba al abismo. Rajoy, cuanto menos, debería haber cambiado de dirección. Pero ha hecho lo contrario, ha acelerado el camino a la perdición.
Pongamos un ejemplo en cifras. Valencia, que ostenta el récord de endeudamiento/PIB, no modificará los gastos de 2011 en sus presupuestos para el presente año. Será por dinero: 13.754 millones de la administración general, más 2.420 millones de empresas públicas, fundaciones y chiringuitos… en total: 16.174. Ingresos no financieros (suponiendo un incremento del PIB del 1%) de 12.000 millones. Y ahora, su gran plan de ahorro: “Vamos a ahorrar 280 millones subiendo impuestos”. La cita es textual. ¿Desde cuándo subir impuestos es ahorrar? Pretenden reducir 440 millones de gastos sanitarios “gracias a una mejora en la eficiencia sin mermar la calidad del servicio” -una burla- y otros 270 millones reduciendo salarios y horario de eventuales. Después, el no va más del engaño, reducirán las 46 empresas públicas a seis, pero sin cerrar ninguna; las juntan todas en seis holdings para ocultar deuda. El ahorro total es de 1.000 millones. ¿Y los 3.000 restantes?, ¿y los 1.000 o más porque la economía caerá en torno al 4%?
Ya no pagan a las concesiones sanitarias, a la universidades, a las farmacias… deben a proveedores no menos de 7.000 millones. Deben devolver 500 millones en febrero y no tienen un céntimo. Eso sí, de recortar en despilfarro nada. Ni una palabra de fastos, eventos encargados a dedo, televisiones, empresas públicas inútiles, embajadas, coches oficiales, oficinas de lujo y aeropuertos sin aviones. No es de extrañar que estos insensatos hayan elevado la deuda oficial en un 75% desde 2008, hasta los 20.469 millones.
Si se suma lo camuflado en las empresas públicas, intereses e impagados, el déficit real es de unos 43.000 millones, el doble que el oficial. ¿Qué hace mientras Rajoy? Obligar el jueves a la banca a darles 1.200 millones con nuestro aval para que sigan gastando y mintiendo, mientras asfixia a las Fuerzas Armadas -menos elogios, Majestad, cuando las dejáis inoperativas para que la casta política mantenga el despilfarro- y recorta en Sanidad y gasto social.
Referéndum inmediato sobre el sistema autonómico
Por ello, repito lo dicho al principio: hasta aquí hemos llegado. O acabamos con la casta política o ésta acaba con nuestras familias y nuestro futuro. Así de claro y dramático. Fíjense en el Congreso o en el Senado, órgano inútil, que se niega a ahorrar un solo céntimo mientras piden austeridad con una desvergüenza pasmosa. O la alcaldesa de Madrid, con 1.500 asesores y 137 coches oficiales, dado que todos los concejales tienen uno, y pretende recortar… ¡10 millones de euros! O la Comunidad de Madrid, definida como el “ejemplo de austeridad a seguir”, que mantiene el mismo nivel de gasto que en 2011 y cuyo déficit se incrementa en un 80%, de 1.435 a 2.583 millones. O Cataluña, donde el despilfarro y la corrupción alcanzan tales niveles que convierten los casos acaecidos en el resto de España en una broma. Hasta las subvenciones de la UE a los agricultores y el dinero de las infraestructuras se las queda la casta política para pagar embajadas y televisiones, coches oficiales y oficinas de lujo.
Pero, sobre todo, fíjense en los gigantescos tentáculos de la clase política en comunidades y ayuntamientos, donde han colocado a dedo a dos millones de amigos y parientes, entre empleados públicos y asesores. La misma casta política que ha aniquilado sin piedad a decenas de miles de pymes y a cientos de miles de autónomos (33.000 solo en 2011) porque no les pagan (deben más de 70.000 millones de euros a proveedores), condenando a millones de españoles productivos al paro para que sus enchufados, totalmente improductivos, puedan seguir comiendo la sopa boba.
En conjunto, un despilfarro de 120.000 millones de euros año, 34.000 de los cuales se disuelven en duplicidades y el resto en despilfarro absolutamente innecesario. Esto no es todo: las siete cajas intervenidas por el BdE, cuyo deber era cerrarlas, necesitarán más de 40.000 millones de dinero público. Y eso para empezar, pues solo representan el 10% del total. El “banco malo” incrementaría la deuda de España en 104.000 millones. Ninguna nación puede sobrevivir con tal grado de irresponsabilidad.
Todo lo anterior solo tiene una salida democrática. Convocar de inmediato un referéndum para la supresión del sistema autonómico. No adaptar, ni optimizar, esto tiene que acabarse de raíz. Para convocarlo se necesitan 500.000 firmas. Rosa Díez las sacaría con mover el dedo meñique. Si se consigue, ni Rajoy, ni Rubalcaba, ni su Majestad, aunque lo intentarán, podrían impedirlo si la gente sale a la vez a la calle. Y el resultado del referéndum sería aplastante contra el sistema autonómico. ¿Qué lo sustituirá? Pues cualquier sistema democrático actual, ninguno de los cuales se asemeja a este engendro. Recojo dos posibilidades, que podrían constituir una segunda pregunta del referéndum: centralismo descentralizado tipo Francia, o Estado federal, tipo Alemania. Cualquiera serviría. Fuera de esto, España no tiene salida. Y quien no sea capaz de movilizarse para defender el futuro de sus hijos, merecerá lo que le pase
Publicado en Cotizalia (09/01/2012)
"Nos han jodido bien, si tuvieran vergüenza se pegarían un tiro”, me decía mi amigo Cela sobre los padres de la Transición, quienes nos impusieron este engendro de Estado y de dictadura partitocrática. La casta política jamás renunciará a su enorme entramado de expolio y corrupción: 17 estados, 8.000 ayuntamientos, 4.000 empresas públicas y el 70% del presupuesto, que manejan como les place. Están dispuestos a hundirnos para varias generaciones. Sin embargo, el dilema es muy simple: o ellos o nosotros; o la casta política o nuestros hijos y su futuro.
Rajoy, quien gusta de desaparecer siempre que hay problemas, no ha cambiado el rumbo. Se inclina por mantener el tamaño del Estado a costa de la economía productiva. Mientras, PNV, CiU y Amaiur exigen que escojamos ya entre pagarles un tributo, ahora que estamos en ruina, o la independencia. Y ni lo uno ni lo otro, tal y como hace Francia con los catalanes y vascos franceses.
No solo nos han arruinado, sino que han infligido un daño irreparable al tejido productivo, rematado por Rajoy al colocarnos a la cabeza de Europa en impuestos a la renta y al ahorro, una medida que generará una recesión sin precedentes. “Ha puesto a España en una espiral descendente”, afirma The Economist. Mientras la casta política no solo no reduce un sector público gigantesco, que mantiene dos millones de personas a nuestra costa, Rajoy anuncia que no dejará suspender pagos a ninguna comunidad ni ayuntamiento. Es de locos: “Gasten lo que quieran, el Estado les avala”.
Sin embargo, nada como las cifras para conocer el grado de engaño y de expolio al que nos somete la casta política. El pasado miércoles este diario publicó un artículo que narraba cómo las CCAA han creado miles de empresas públicas para colocar a familiares y amigos -520.000 enchufados en conjunto con sueldos superiores a los de los funcionarios- y esconder su deuda. Son empresas que escapan a todo tipo de control: sus empleados se contratan a dedo y no tienen que rendir cuentas a nadie, ni siquiera a los parlamentos autonómicos, una práctica que no tiene parangón en el mundo civilizado.
Pues bien, según el Banco de España su deuda asciende a 15.500 millones de euros, una cifra disparatada que no coincide ni de lejos con la real. En el desglose me encuentro con Valencia, comunidad que conozco bien, cuya deuda en el informe se cifra en 1.694 millones. ¿Qué engaño es este? Solo CIEGSA, la empresa pública para la construcción de escuelas, tiene una deuda de 2.000 millones; la de EPSAR, dedicada a la construcción de depuradoras, alcanza los 1.000 millones; Canal Nou y otros medios suman una deuda de 1.300; la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, después de haber recibido 1.900 millones de fondos públicos, tiene un agujero de 500; y así 46 más. El total arroja una deuda de 9.200 millones, ¡cinco veces superior a la oficial, Doña Soraya!
No cierran empresas pero encargan un estudio
Tras el hachazo al ahorro y al salario de las familias -en palabras de Alberto Recarte, “nadie pasa ya a Rajoy por la izquierda”, dado que ha colocado el tipo máximo del IRPF en el 52% frente al 50% que pedía Izquierda Unida- se había filtrado que el Gobierno cerraría el jueves 350 empresa de las 454 del Estado -lo de subir el IVA, hidrocarburos, Patrimonio y demás lo dejan para después de las elecciones andaluzas-. No han cerrado ni una. En lugar de eso Sáenz de Santamaría ha encargado un estudio y ha anunciado un maravilloso plan antifraude para recaudar 8.171 millones y 25 céntimos. Bruselas lo ha definido como una tomadura de pelo. Ya puestos, ¿por qué no recaudar 81.710? El viejo plan antifraude de Zapatero pretendía recaudar 70.000 millones y, claro, una abogada del Estado no va a ser menos que un abogadillo de cuarto y mitad.
Sin embargo, el disparate con mayúsculas, el que demuestra que no saben ni dónde tienen la mano derecha, ha sido la fiscalidad sobre las ganancias de capital, que han subido hasta un nivel sin precedentes. La medida no solo no incrementa la recaudación sino que la reduce. Todo hacendista sabe que hay una relación inversa entre tributación sobre las ganancias de capital y recaudación que es muy superior a lo proporcional. Una reducción de un punto en los impuestos sobre las ganancias de capital eleva un 10% la recaudación por este impuesto. Más graves son, incluso, los efectos devastadores sobre el conjunto de la economía: reduce la inversión, reduce la competitividad y aumenta el paro. No se puede hacer peor. Sus incondicionales, y las almas cándidas, argumentarán: “No les dais tiempo, esperad y veréis”. Zapatero nos llevaba al abismo. Rajoy, cuanto menos, debería haber cambiado de dirección. Pero ha hecho lo contrario, ha acelerado el camino a la perdición.
Pongamos un ejemplo en cifras. Valencia, que ostenta el récord de endeudamiento/PIB, no modificará los gastos de 2011 en sus presupuestos para el presente año. Será por dinero: 13.754 millones de la administración general, más 2.420 millones de empresas públicas, fundaciones y chiringuitos… en total: 16.174. Ingresos no financieros (suponiendo un incremento del PIB del 1%) de 12.000 millones. Y ahora, su gran plan de ahorro: “Vamos a ahorrar 280 millones subiendo impuestos”. La cita es textual. ¿Desde cuándo subir impuestos es ahorrar? Pretenden reducir 440 millones de gastos sanitarios “gracias a una mejora en la eficiencia sin mermar la calidad del servicio” -una burla- y otros 270 millones reduciendo salarios y horario de eventuales. Después, el no va más del engaño, reducirán las 46 empresas públicas a seis, pero sin cerrar ninguna; las juntan todas en seis holdings para ocultar deuda. El ahorro total es de 1.000 millones. ¿Y los 3.000 restantes?, ¿y los 1.000 o más porque la economía caerá en torno al 4%?
Ya no pagan a las concesiones sanitarias, a la universidades, a las farmacias… deben a proveedores no menos de 7.000 millones. Deben devolver 500 millones en febrero y no tienen un céntimo. Eso sí, de recortar en despilfarro nada. Ni una palabra de fastos, eventos encargados a dedo, televisiones, empresas públicas inútiles, embajadas, coches oficiales, oficinas de lujo y aeropuertos sin aviones. No es de extrañar que estos insensatos hayan elevado la deuda oficial en un 75% desde 2008, hasta los 20.469 millones.
Si se suma lo camuflado en las empresas públicas, intereses e impagados, el déficit real es de unos 43.000 millones, el doble que el oficial. ¿Qué hace mientras Rajoy? Obligar el jueves a la banca a darles 1.200 millones con nuestro aval para que sigan gastando y mintiendo, mientras asfixia a las Fuerzas Armadas -menos elogios, Majestad, cuando las dejáis inoperativas para que la casta política mantenga el despilfarro- y recorta en Sanidad y gasto social.
Referéndum inmediato sobre el sistema autonómico
Por ello, repito lo dicho al principio: hasta aquí hemos llegado. O acabamos con la casta política o ésta acaba con nuestras familias y nuestro futuro. Así de claro y dramático. Fíjense en el Congreso o en el Senado, órgano inútil, que se niega a ahorrar un solo céntimo mientras piden austeridad con una desvergüenza pasmosa. O la alcaldesa de Madrid, con 1.500 asesores y 137 coches oficiales, dado que todos los concejales tienen uno, y pretende recortar… ¡10 millones de euros! O la Comunidad de Madrid, definida como el “ejemplo de austeridad a seguir”, que mantiene el mismo nivel de gasto que en 2011 y cuyo déficit se incrementa en un 80%, de 1.435 a 2.583 millones. O Cataluña, donde el despilfarro y la corrupción alcanzan tales niveles que convierten los casos acaecidos en el resto de España en una broma. Hasta las subvenciones de la UE a los agricultores y el dinero de las infraestructuras se las queda la casta política para pagar embajadas y televisiones, coches oficiales y oficinas de lujo.
Pero, sobre todo, fíjense en los gigantescos tentáculos de la clase política en comunidades y ayuntamientos, donde han colocado a dedo a dos millones de amigos y parientes, entre empleados públicos y asesores. La misma casta política que ha aniquilado sin piedad a decenas de miles de pymes y a cientos de miles de autónomos (33.000 solo en 2011) porque no les pagan (deben más de 70.000 millones de euros a proveedores), condenando a millones de españoles productivos al paro para que sus enchufados, totalmente improductivos, puedan seguir comiendo la sopa boba.
En conjunto, un despilfarro de 120.000 millones de euros año, 34.000 de los cuales se disuelven en duplicidades y el resto en despilfarro absolutamente innecesario. Esto no es todo: las siete cajas intervenidas por el BdE, cuyo deber era cerrarlas, necesitarán más de 40.000 millones de dinero público. Y eso para empezar, pues solo representan el 10% del total. El “banco malo” incrementaría la deuda de España en 104.000 millones. Ninguna nación puede sobrevivir con tal grado de irresponsabilidad.
Todo lo anterior solo tiene una salida democrática. Convocar de inmediato un referéndum para la supresión del sistema autonómico. No adaptar, ni optimizar, esto tiene que acabarse de raíz. Para convocarlo se necesitan 500.000 firmas. Rosa Díez las sacaría con mover el dedo meñique. Si se consigue, ni Rajoy, ni Rubalcaba, ni su Majestad, aunque lo intentarán, podrían impedirlo si la gente sale a la vez a la calle. Y el resultado del referéndum sería aplastante contra el sistema autonómico. ¿Qué lo sustituirá? Pues cualquier sistema democrático actual, ninguno de los cuales se asemeja a este engendro. Recojo dos posibilidades, que podrían constituir una segunda pregunta del referéndum: centralismo descentralizado tipo Francia, o Estado federal, tipo Alemania. Cualquiera serviría. Fuera de esto, España no tiene salida. Y quien no sea capaz de movilizarse para defender el futuro de sus hijos, merecerá lo que le pase
martes, 3 de enero de 2012
Algo huele a podrido en las medidas de Rajoy
Por S. McCoy
Publicado en Cotizalia (03/01/2012)
"McCoy se ha vuelto loco”. En no pocas ocasiones he oído ese mantra tras el post que publiqué a bote pronto nada más conocer el gobierno de Mariano Rajoy, en esa rueda de prensa sin preguntas del 21-D que evoca tiempos nefastos, viva la democracia. La tesis central era doble:
Por una parte, es casi imposible la regeneración democrática del país de la mano de nuevos ministros que, en su mayoría, llevan toda la vida instalados en despachos oficiales y/o en la política, algunos de forma continua, otros con interrupciones. La aparente solidez de los activos humanos elegidos –aunque para ese viaje, no hacían falta las alforjas de tanto misterio, la verdad- no solventa el riesgo cierto de italianización de nuestra democracia, entendida como desapego entre gobernado y gobernante. Sucede que lo que para los ciudadanos son privilegios, para ellos beneficios corrientes asociados a su desempeño. Las medidas del viernes, ausentes de referencias al despilfarro y la duplicidad administrativa, serían la primera prueba del nueve de ese talante, a la espera de acontecimientos futuros. Pueden leer a Roberto Centeno sobre el particular. O la noticia de Alberto Mendoza hoy sobre el mantenimiento de comisiones parlamentarias pese al recorte de ministerios.
Por otra, la ausencia de una jefatura económica única, y la diseminación de sus competencias en cuatro ministerios, auguran problemas de mensaje en un momento en el que la unidad de discurso, de cara fundamentalmente al exterior, es esencial. Un error garrafal de la legislatura Zapatero que no se corregía con el cambio de signo, hasta el punto de mantener la separación de ministerios de manera prácticamente idéntica, salvo la extraña fusión de Hacienda con Administraciones Públicas. Ya se ha visto en los primeros días de gobierno, con los roces entre De Guindos y Montoro, mientras que la supuesta asunción de tal rol por el presidente es, de momento, inexistente. Sirva como ejemplo la rueda de prensa del viernes pasado.
Una comparecencia extraña, por el número de ponentes y, sobre todo, por el contenido de las primeras iniciativas del gobierno, que suponen una flagrante vulneración de una de sus promesas electorales estrella: la renuncia a la subida de impuestos en aras de salvaguardar el crecimiento económico español. Es tan llamativo el incumplimiento que, tal y como nos recordaba ayer Antonio España, solo se puede entender desde la perspectiva de que no haya un euro en la caja y sea necesario tirar de las retenciones a cuenta para que la maquinaria siga funcionando. Susto o muerte. Pues casi prefiero…
Sin embargo, aunque fuera esa tan dramática causa, algo huele a podrido en el anuncio. Si podía resultar exagerado el titular que usamos en su día sobre las mentiras de Rajoy y sus servidumbres, ahora que obras son amores parece claro que no estaba tan lejos dicho encabezamiento de las intenciones últimas del personaje, que poco ha tardado en pasarse por el forro su propio ideario en el más puro dos años para legislar con sangre, dos para sanar las heridas del electorado. Porque el conjunto de extrañezas es notable. Veamos si no.
1.Existe una cosa que se llama Intervención General del Estado que pone de manifiesto, en tiempo récord, una desviación en el déficit de 20.000 millones de euros. Tratándose como se trata del auditor interno de la Administración, responsable de velar por que la información suministrada sea fiable, o antes no había hecho bien su trabajo o es ahora cuando patina y, por tanto, alguna cabeza debería rodar. Su celeridad cuando el próximo Informe Anual que dará a conocer será el correspondiente al ejercicio... 2009 llama la atención. Salvo que demos por válido que su independencia es un chiste y queda sujeta al interés propagandístico del gobierno de turno. Lo que nos lleva al punto uno de las críticas al nuevo ejecutivo: ¿dónde queda la regeneración?
2.Puede ser que tal ejercicio raudo de descubrimiento de agujeros contables se deba, precisamente, a la inestimable colaboración de las comunidades autónomas como principales responsables de su origen. Unos entes que, bingo, están en su gran mayoría en manos del Partido Popular desde las elecciones locales y regionales del pasado mes de mayo. Es factible creer que había un conocimiento previo de ese 2% fantasma que acaba de aparecer y, por tanto, la certeza de la necesidad de actuar sobre él. Otra cosa sería el cómo, que en cualquier caso requeriría de medidas tributarias... al alza. El discurso electoral habría sido, por tanto, un paripé destinado a captar votos en el que la verdad se convierte en instrumento de uso a voluntad en función de los acontecimientos. Nada cambia.
3.Sorprende que el fruto de tantos meses de reflexión, en los que lo menos que se podía exigir a Rajoy era tener un mapa claro de la situación y sus potenciales remedios, sea un castigo como éste a las clases medias, las únicas que no pueden escapar a la acción fiscal de la Administración. Se empieza por ahí y se acaba como en Argentina. Me pregunto si el gallego se habrá parado a pensar en que hay 250.000 millones de euros en España que eluden el pago de impuestos, economía sumergida, y que los 6.000 y pico millones previstos de ingresos adicionales por IRPF o IBI apenas suponen un 2,5% de esa cantidad. El riesgo-rendimiento de invertir en tecnología, cruce de datos, y recursos humanos para luchar contra esa lacra parece enorme. Y, sin embargo, se ha limitado a no congelar la contratación de funcionarios en estas áreas. En fin.
4.Por último, si la situación es tan dramática como para justificar unas propuestas como las aprobadas el pasado viernes -la cara del menos-político-de-todos De Guindos durante toda la comparecencia era un poema-, lo lógico hubiera sido que compareciera quién se ha echado la economía a sus espaldas y está obligado a, uno, responder ante sus votantes y el resto de los españoles del porqué del quebranto de su ideario pre electoral y, dos, apelar como presidente al sacrificio conjunto en aras del bien común, sin referencias a un ámbito temporal dudoso y desde la convicción de que, si esto es el inicio del inicio, como dijo Soraya, los ciudadanos tienen que saber a qué se enfrentan. Mariano dio, sin embargo, la callada por respuesta. No parece buena receta, para alentar el consumo y crear empleo, recortar poder adquisitivo y meter miedo. Salvo que, y volvemos al principio, la estrategia de la amenaza tenga como objetivo reforzar el papel del estado, con sus prebendas y privilegios, frente al ciudadano.En fin, veremos cómo avanza la cosa. De momento, en las pocas iniciativas gubernamentales prima la conveniencia frente a la consistencia. Desgraciadamente. Estamos al comienzo de un camino muy largo pero que empieza de manera sorprendente. Esperemos que tal estupefacción sea la excepción y no la norma. Si se subsidia al improductivo y se salvaguarda al que usa paraguas societarios, mal vamos. Juan Español bastante tiene con lo suyo. Con los bienes de primera necesidad afectados por el repunte de las materias primas agrícolas y energéticas, el precio de sus activos físicos y financieros por los suelos, sus deudas elevadas y sin posibilidad de refinanciación y un horizonte laboral incierto, esperar que dé alegría a su cuerpo Macarena es casi un imposible. Confiemos ahora en las reformas estructurales, aunque uno empieza a pensar si no es mucho confiar…
Publicado en Cotizalia (03/01/2012)
"McCoy se ha vuelto loco”. En no pocas ocasiones he oído ese mantra tras el post que publiqué a bote pronto nada más conocer el gobierno de Mariano Rajoy, en esa rueda de prensa sin preguntas del 21-D que evoca tiempos nefastos, viva la democracia. La tesis central era doble:
Por una parte, es casi imposible la regeneración democrática del país de la mano de nuevos ministros que, en su mayoría, llevan toda la vida instalados en despachos oficiales y/o en la política, algunos de forma continua, otros con interrupciones. La aparente solidez de los activos humanos elegidos –aunque para ese viaje, no hacían falta las alforjas de tanto misterio, la verdad- no solventa el riesgo cierto de italianización de nuestra democracia, entendida como desapego entre gobernado y gobernante. Sucede que lo que para los ciudadanos son privilegios, para ellos beneficios corrientes asociados a su desempeño. Las medidas del viernes, ausentes de referencias al despilfarro y la duplicidad administrativa, serían la primera prueba del nueve de ese talante, a la espera de acontecimientos futuros. Pueden leer a Roberto Centeno sobre el particular. O la noticia de Alberto Mendoza hoy sobre el mantenimiento de comisiones parlamentarias pese al recorte de ministerios.
Por otra, la ausencia de una jefatura económica única, y la diseminación de sus competencias en cuatro ministerios, auguran problemas de mensaje en un momento en el que la unidad de discurso, de cara fundamentalmente al exterior, es esencial. Un error garrafal de la legislatura Zapatero que no se corregía con el cambio de signo, hasta el punto de mantener la separación de ministerios de manera prácticamente idéntica, salvo la extraña fusión de Hacienda con Administraciones Públicas. Ya se ha visto en los primeros días de gobierno, con los roces entre De Guindos y Montoro, mientras que la supuesta asunción de tal rol por el presidente es, de momento, inexistente. Sirva como ejemplo la rueda de prensa del viernes pasado.
Una comparecencia extraña, por el número de ponentes y, sobre todo, por el contenido de las primeras iniciativas del gobierno, que suponen una flagrante vulneración de una de sus promesas electorales estrella: la renuncia a la subida de impuestos en aras de salvaguardar el crecimiento económico español. Es tan llamativo el incumplimiento que, tal y como nos recordaba ayer Antonio España, solo se puede entender desde la perspectiva de que no haya un euro en la caja y sea necesario tirar de las retenciones a cuenta para que la maquinaria siga funcionando. Susto o muerte. Pues casi prefiero…
Sin embargo, aunque fuera esa tan dramática causa, algo huele a podrido en el anuncio. Si podía resultar exagerado el titular que usamos en su día sobre las mentiras de Rajoy y sus servidumbres, ahora que obras son amores parece claro que no estaba tan lejos dicho encabezamiento de las intenciones últimas del personaje, que poco ha tardado en pasarse por el forro su propio ideario en el más puro dos años para legislar con sangre, dos para sanar las heridas del electorado. Porque el conjunto de extrañezas es notable. Veamos si no.
1.Existe una cosa que se llama Intervención General del Estado que pone de manifiesto, en tiempo récord, una desviación en el déficit de 20.000 millones de euros. Tratándose como se trata del auditor interno de la Administración, responsable de velar por que la información suministrada sea fiable, o antes no había hecho bien su trabajo o es ahora cuando patina y, por tanto, alguna cabeza debería rodar. Su celeridad cuando el próximo Informe Anual que dará a conocer será el correspondiente al ejercicio... 2009 llama la atención. Salvo que demos por válido que su independencia es un chiste y queda sujeta al interés propagandístico del gobierno de turno. Lo que nos lleva al punto uno de las críticas al nuevo ejecutivo: ¿dónde queda la regeneración?
2.Puede ser que tal ejercicio raudo de descubrimiento de agujeros contables se deba, precisamente, a la inestimable colaboración de las comunidades autónomas como principales responsables de su origen. Unos entes que, bingo, están en su gran mayoría en manos del Partido Popular desde las elecciones locales y regionales del pasado mes de mayo. Es factible creer que había un conocimiento previo de ese 2% fantasma que acaba de aparecer y, por tanto, la certeza de la necesidad de actuar sobre él. Otra cosa sería el cómo, que en cualquier caso requeriría de medidas tributarias... al alza. El discurso electoral habría sido, por tanto, un paripé destinado a captar votos en el que la verdad se convierte en instrumento de uso a voluntad en función de los acontecimientos. Nada cambia.
3.Sorprende que el fruto de tantos meses de reflexión, en los que lo menos que se podía exigir a Rajoy era tener un mapa claro de la situación y sus potenciales remedios, sea un castigo como éste a las clases medias, las únicas que no pueden escapar a la acción fiscal de la Administración. Se empieza por ahí y se acaba como en Argentina. Me pregunto si el gallego se habrá parado a pensar en que hay 250.000 millones de euros en España que eluden el pago de impuestos, economía sumergida, y que los 6.000 y pico millones previstos de ingresos adicionales por IRPF o IBI apenas suponen un 2,5% de esa cantidad. El riesgo-rendimiento de invertir en tecnología, cruce de datos, y recursos humanos para luchar contra esa lacra parece enorme. Y, sin embargo, se ha limitado a no congelar la contratación de funcionarios en estas áreas. En fin.
4.Por último, si la situación es tan dramática como para justificar unas propuestas como las aprobadas el pasado viernes -la cara del menos-político-de-todos De Guindos durante toda la comparecencia era un poema-, lo lógico hubiera sido que compareciera quién se ha echado la economía a sus espaldas y está obligado a, uno, responder ante sus votantes y el resto de los españoles del porqué del quebranto de su ideario pre electoral y, dos, apelar como presidente al sacrificio conjunto en aras del bien común, sin referencias a un ámbito temporal dudoso y desde la convicción de que, si esto es el inicio del inicio, como dijo Soraya, los ciudadanos tienen que saber a qué se enfrentan. Mariano dio, sin embargo, la callada por respuesta. No parece buena receta, para alentar el consumo y crear empleo, recortar poder adquisitivo y meter miedo. Salvo que, y volvemos al principio, la estrategia de la amenaza tenga como objetivo reforzar el papel del estado, con sus prebendas y privilegios, frente al ciudadano.En fin, veremos cómo avanza la cosa. De momento, en las pocas iniciativas gubernamentales prima la conveniencia frente a la consistencia. Desgraciadamente. Estamos al comienzo de un camino muy largo pero que empieza de manera sorprendente. Esperemos que tal estupefacción sea la excepción y no la norma. Si se subsidia al improductivo y se salvaguarda al que usa paraguas societarios, mal vamos. Juan Español bastante tiene con lo suyo. Con los bienes de primera necesidad afectados por el repunte de las materias primas agrícolas y energéticas, el precio de sus activos físicos y financieros por los suelos, sus deudas elevadas y sin posibilidad de refinanciación y un horizonte laboral incierto, esperar que dé alegría a su cuerpo Macarena es casi un imposible. Confiemos ahora en las reformas estructurales, aunque uno empieza a pensar si no es mucho confiar…
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