Por Jose A. Zarzalejos
Publicado en El Confidencial
En física se entiende por situación crítica cuando se producen las condiciones a partir de las cuales se inicia una reacción nuclear en cadena. Atendiendo a la metáfora, en ello estamos actualmente en España. En una coyuntura en la que, por su misma gravedad, se dan condiciones para una gran reacción positiva cuya alternativa sólo sería el desastre. Se trata de una de esas ocasiones nacionales en las que el jefe del Estado, Don Juan Carlos, emerge ejerciendo sus funciones constitucionales de moderación y arbitraje, para subrayar que no estamos instalados en la normalidad sino en una suerte de excepcionalidad bien descrita por instancias reflexivas internacionales, habitualmente fiables. Así, The Economist, que en los medios de comunicación convencionales ejerce un indiscutible liderazgo de opinión, atribuye en su último número a España, y a las decisiones del presidente del Gobierno, una sustancial importancia para la preservación de la cohesión de la zona euro y la evitación de una quiebra de la UE. Las magnitudes de un eventual, y absolutamente descartado por Zapatero, rescate de la economía española son tales que nos responsabilizan, tras las fallidas finanzas de Grecia e Irlanda y las renqueantes de Portugal, a hacer un supremo esfuerzo colectivo.
El Gobierno no tiene toda la responsabilidad de lo que ocurre, aunque le corresponde un porcentaje determinante. No sólo por su sobreseimiento suicida en valorar los tiempos y las profundidades de la crisis, sino por un comportamiento posterior -actual, incluso- que sugiere esas “dudas” de los mercados a que se acaba de referir el socialista y vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia. Todos tenemos dudas y son, más o menos, éstas: 1) Qué razones existen para que la reforma laboral no haya sido más profunda y renovadora; 2) Por qué se está dilatando el proceso de reconversión de las Cajas de Ahorro; 3) Cuál es la razón por la que el Ejecutivo ha aplazado al próximo año la reforma de las pensiones; 4) Qué motivos existen para que no se haya aprobado todavía el proyecto de ley de Economía Sostenible en el que se prevé la imprescindible reforma de los órganos reguladores; 5) Cómo es posible que ocho comunidades autónomas incumplan los límites del déficit establecido para 2011; 6) que condicionantes atenazan al Gobierno para no solucionar por vía legal el grave problema energético en España con grave coste para las empresas y seria carga para los Presupuestos Generales del Estado y 7) entre otras, a qué se está esperando para la reordenación del número de las demarcaciones municipales en nuestro país y su financiación.
Datos para la desconfianza
Ante estos retrasos surgen legítimas dudas acerca de la voluntad, determinación y competencia del Gobierno, no sólo en los mercados, sino -de manera alarmada- entre la clase empresarial que contempla cómo el diferencial del bono español con el alemán ha alcanzado el récord de los 270 puntos básicos; cómo el desempleo es resistente a descender del 20% (se esperan malas cifras de Noviembre); de qué manera la inflación se ha encaramado hasta el 2,3% al tiempo que estamos en un estancamiento del PIB con tendencia recesiva; a qué velocidad cae la Bolsa castigando a las Compañías más potentes e internacionalizadas y empequeñeciendo el ahorro de los ciudadanos y con qué perseverancia continúa la crisis en el sector inmobiliario que durante cinco meses consecutivos sigue cayendo como lo demuestra la minoración en la concesión de créditos hipotecarios (un 15,9% menos en septiembre). Se da la circunstancia, de que en estas condiciones, bancos y empresas españoles de primera fila obtienen financiación en los mercados internacionales con más facilidad y mejores precios que el propio Estado. Es decir, España es un lastre y no un activo.
Esta acumulación de variables negativas está en la raíz del documento de la Fundación Everis que enmienda a la totalidad el panorama económico, social y político de España, suscrito por un centenar de empresarios, intelectuales y académicos que, en un gesto repleto de desconfianza hacia el presidente del Gobierno, se lo presentan al Rey como jefe del Estado, quien hace exactamente lo que debe: de una parte, escucharles y atenderles y, de otra, remitirles al líder del Ejecutivo para que éste asuma sus responsabilidades. La reunión de hoy en La Moncloa responde a un correcto procedimiento inspirado por la Jefatura del Estado: los gestores de las grandes empresas españolas, que se ven lesionados por el desplome de la marca España, que han diversificado sus negocios en una estrategia cauta y emprendedora, deben enfrentarse y hablar con un presiente en el que, mayoritariamente, no confían y cuyo liderazgo observan constreñido por prejuicios excesivos, incompetencias reiteradas y falta de sentido de Estado. De no ser así, la inmensa mayoría de los firmantes del documento de la Fundación Everis, jamás hubiesen asumido un compromiso de orden político-social de tanto calado como el que se plantea en el documento, razón por la que priorizaron la interlocución con el jefe del Estado -permanente, suprapartidaria, unitaria- sobre cualquier otra. Los ciudadanos y los medios son muy libres de cargar contra el Rey como ya es habitual, pero ha sido de nuevo D. Juan Carlos el elemento que precipita una reacción con su capacidad de interlocución. Y desde luego, ni los actos del Rey ni sus intenciones son diferentes a los de colaborar a aunar esfuerzos y recortar distancias. La foto de hoy en La Moncloa tiene el valor esencial de marcar en rojo la excepcionalidad de la situación y la precariedad de la vertebración de la sociedad civil: esa foto, si la hay, revienta los cauces convencionales de sindicatos y patronales que visten el decorado de un escenario nacional que se ha quedado viejo. Vamos, quiérase o no, a otro diferente.
Cataluña y los socialistas
Mientras tanto, Cataluña está inmersa en una jornada de reflexión para cambiar seguramente y sin entusiasmo (se espera una abstención muy alta) un panorama en el que el socialismo de Zapatero ha cometido todos los errores posibles: el PSC-PSOE formó allí dos gobiernos tripartitos con la izquierda más radical (ICV) y con los independentistas más extremos (ERC); gestionó desastrosamente un nuevo Estatuto que alteraba la Constitución en los términos que hubo de establecer una controvertida sentencia del TC; dirigió una Generalidad que carece de crédito y ha debido recurrir a los llamados “bonos patrióticos” y que, en vez de transformar la sociedad catalana, ha profundizado sus peores endogamias, sean éstas lingüísticas, culturales o sociales, dejando un catalanismo más desconfiado de lo que ya era con la españolidad. De tal forma que el previsible acceso de CiU al gobierno catalán y el correlativo fracaso, seguramente muy severo, de los socialistas, podría abrir una nueva etapa si Artur Mas, en un contexto tan crítico como el actual, no se empeña en poner encima de la mesa un inviable concierto económico. No sólo porque sea impracticable desde el punto de vista constitucional, sino porque el horizonte marca que tanto el vasco como el Convenio navarro plantean tales problemas en la Unión Europea que de lo que hay que ocuparse y preocuparse es del mantenimiento de los regímenes financieros de la autonomía vasca y navarra, mucho antes que de la extensión de ésta fórmula a otras comunidades. Cataluña ha de ser parte de la solución y no del problema de Estado que nos atenaza, como lo fue durante no poco tiempo en las décadas de los 80 y 90.
Ciudadanos en huida
Los ciudadanos, por fin, están instalados, además de en la enfermedad del miedo y la angustia paralizante, como acreditan estudios demoscópicos cuantitativos y cualitativos (el de la fundación Pzifer, al que me referí el pasado sábado día 13 de noviembre) en la increencia y escepticismo respecto de la política y los políticos. El estudio de la Fundación Santa María -elaborado sobre más de tres mil cuestionarios- llega a la conclusión de que los jóvenes españoles tienen una opinión “deplorable” de la política y de los políticos. Las nuevas generaciones aparecen como auténticamente derrotadas por el pesimismo sobre su futuro, se sienten condenadas a vivir peor que las de sus padres, han interiorizado la crisis con enorme fatalismo y desesperanza y no se perfilan como tractores de un porvenir de regeneración. Sus preferencias están situadas en el mundo de los valores marginales a la política, desean salir de España en lo que se perfila como una nueva generación de emigrantes y no entienden los términos del debate público en nuestro país porque ni el franquismo ni la transición forman parte de su experiencia vital y de su memoria personal y colectiva. Para ellos, España es un proyecto próximo al fracaso, razón por la cual -y ante la proporción de la increencia- comienzan a articularse movimientos en la sociedad civil como el propiciado por la Fundación Everis, el impulso por el Colegio Libre de Eméritos de un documento de gran importancia que se irá conociendo a lo largo del mes de diciembre (“España en crisis. Sociedad, economía, instituciones”) y la irrupción muy próxima del Foro de la Sociedad Civil integrada por más de cien personalidades que discuten estos días el manifiesto de presentación ante la opinión pública.
Sin denuestos y con profunda tristeza, esta es la situación crítica que el Rey, con su inusual visibilidad en asuntos de gestión política, ha querido subrayar con un lápiz rojo. Está en su obligación de hacerlo.
lunes, 29 de noviembre de 2010
Zapatero a los empresarios: ¡no os fallaré!
Por Carlos Fonseca.
Publicado en El Confidencial
La foto me da escalofríos. El presidente del Gobierno, con sonrisa beatífica y escoltado por sus vicepresidentes, rodeado por los 37 empresarios más poderosos para pedirles opinión sobre cómo resolver la crisis.
La mayoría de las empresas presentes cotizan en el Ibex 35, entre enero y junio han conseguido unos beneficios de 25.000 millones de euros (un 8% más que en mismo periodo de 2009) y sus dilectos presidentes no corren el peligro de perder el empleo, ni sus salarios poder adquisitivo, y ni falta que les hace la pensión pública con sus millonarios planes de pensiones. Está bien que sea así, porque para tomar decisiones importantes conviene tener el espíritu sereno. Y nada da más serenidad que el dinero.
Dicen los empresarios que hay que reducir el déficit público. Esto sencillo, se consigue gastando menos e ingresando más. Lo primero es fácil: se baja el sueldo a los funcionarios, se congelan las pensiones, se prolonga la edad de jubilación hasta los 67 años (en Irlanda apuestan ya por los 68, ¿quién da más?) y se reduce la inversión pública en prestaciones sociales (ley de dependencia, cheque bebé) y, por ejemplo, en infraestructuras.
Con las tres primeras medidas todos de acuerdo, pero la última no les gusta a los constructores. ¿Si el Estado no hace carreteras, ni aeropuertos, ni más líneas del AVE, de qué van a vivir? Yo se lo digo: pues de la inversión privada que tanto defienden, señores.
Los bancos y las cajas de ahorro, principales responsables de la crisis con su política de barra libre, que ya me lo cobraré yo con intereses, también se mostraron quejosos. Dieron muchos créditos para construir viviendas, que las promotoras no han vendido y no pueden devolver el dinero que las prestaron. La banca se lo ha tenido que cobrar en pisos, que se resiste a sacar a la venta por su valor real. Prefieren esperar y venderlos por los escandalosos precios de la etapa del boom inmobiliario que tantos beneficios les reportó.
Del tema de las cajas, pues lo de siempre, que hay que acelerar su fusión, con fecha límite el 24 de diciembre. La mayoría tienen poco de obra social, que es supuestamente lo que las define (hay está Cajasur, con los curas metidos a promotores inmobiliarios y un agujero de tres pares), y como estaban endeudadas hasta las cejas por su mala gestión, el Gobierno les ha prestado dinero (del nuestro, del de los contribuyentes) para que saneen sus cuentas.
Si hay cajas que aún no se han fusionado es porque sus prebostes no quieren bajarse del cargo. Si hay que cerrar oficinas, se cierran y se pone en la calle a los miles de trabajadores, pero ceder la presidencia o dejar de ser consejero (que tampoco vamos a duplicar los cargos para que haya para todos), de eso nada.
Más cambios laborales, hacen falta más cambios laborales. En esto hay unanimidad. No basta con la reforma laboral, que hace el despido más sencillo y barato y recorta derechos ganados en años, ahora hay que ir a por la negociación colectiva para que, por ejemplo, las empresas puedan “descolgarse” de los convenios previamente firmados. Más poder para los poderosos, menos derechos para los trabajadores. ¿No se dan cuenta las empresas de que el mejor activo que tienen son precisamente sus trabajadores? Parece que no. La pela es la pela.
Lo mejor es lo de las pensiones. Vamos a tener que trabajar hasta los 67 años, y así el Estado en lugar de pagarnos dos años de pensión, nos cobra dos de cotización. La receta que no falla: gesto menos, ingreso más. A los señores de la foto la pensión no les preocupa. La de la Seguridad Social, la de los pobres, me refiero. Las suyas son privadas y se miden en millones de euros. Cuando uno tiene garantizada una vejez holgada es mucho más fácil tomar la dolorosa decisión de recortar la de los demás. Por responsabilidad, por garantizar su viabilidad, en tres palabras: por nuestro bien.
Los señores empresarios, los que crean empleo, los que nos van a sacar del atolladero, salieron contentos de la reunión. Hablaron de salvar a España con nosotros dentro, y seguro que el presidente, eufórico por el éxito de la convocatoria, les dijo: ¡No os fallaré! Me apuesto lo que quieran a que con ellos cumple.
Publicado en El Confidencial
La foto me da escalofríos. El presidente del Gobierno, con sonrisa beatífica y escoltado por sus vicepresidentes, rodeado por los 37 empresarios más poderosos para pedirles opinión sobre cómo resolver la crisis.
La mayoría de las empresas presentes cotizan en el Ibex 35, entre enero y junio han conseguido unos beneficios de 25.000 millones de euros (un 8% más que en mismo periodo de 2009) y sus dilectos presidentes no corren el peligro de perder el empleo, ni sus salarios poder adquisitivo, y ni falta que les hace la pensión pública con sus millonarios planes de pensiones. Está bien que sea así, porque para tomar decisiones importantes conviene tener el espíritu sereno. Y nada da más serenidad que el dinero.
Dicen los empresarios que hay que reducir el déficit público. Esto sencillo, se consigue gastando menos e ingresando más. Lo primero es fácil: se baja el sueldo a los funcionarios, se congelan las pensiones, se prolonga la edad de jubilación hasta los 67 años (en Irlanda apuestan ya por los 68, ¿quién da más?) y se reduce la inversión pública en prestaciones sociales (ley de dependencia, cheque bebé) y, por ejemplo, en infraestructuras.
Con las tres primeras medidas todos de acuerdo, pero la última no les gusta a los constructores. ¿Si el Estado no hace carreteras, ni aeropuertos, ni más líneas del AVE, de qué van a vivir? Yo se lo digo: pues de la inversión privada que tanto defienden, señores.
Los bancos y las cajas de ahorro, principales responsables de la crisis con su política de barra libre, que ya me lo cobraré yo con intereses, también se mostraron quejosos. Dieron muchos créditos para construir viviendas, que las promotoras no han vendido y no pueden devolver el dinero que las prestaron. La banca se lo ha tenido que cobrar en pisos, que se resiste a sacar a la venta por su valor real. Prefieren esperar y venderlos por los escandalosos precios de la etapa del boom inmobiliario que tantos beneficios les reportó.
Del tema de las cajas, pues lo de siempre, que hay que acelerar su fusión, con fecha límite el 24 de diciembre. La mayoría tienen poco de obra social, que es supuestamente lo que las define (hay está Cajasur, con los curas metidos a promotores inmobiliarios y un agujero de tres pares), y como estaban endeudadas hasta las cejas por su mala gestión, el Gobierno les ha prestado dinero (del nuestro, del de los contribuyentes) para que saneen sus cuentas.
Si hay cajas que aún no se han fusionado es porque sus prebostes no quieren bajarse del cargo. Si hay que cerrar oficinas, se cierran y se pone en la calle a los miles de trabajadores, pero ceder la presidencia o dejar de ser consejero (que tampoco vamos a duplicar los cargos para que haya para todos), de eso nada.
Más cambios laborales, hacen falta más cambios laborales. En esto hay unanimidad. No basta con la reforma laboral, que hace el despido más sencillo y barato y recorta derechos ganados en años, ahora hay que ir a por la negociación colectiva para que, por ejemplo, las empresas puedan “descolgarse” de los convenios previamente firmados. Más poder para los poderosos, menos derechos para los trabajadores. ¿No se dan cuenta las empresas de que el mejor activo que tienen son precisamente sus trabajadores? Parece que no. La pela es la pela.
Lo mejor es lo de las pensiones. Vamos a tener que trabajar hasta los 67 años, y así el Estado en lugar de pagarnos dos años de pensión, nos cobra dos de cotización. La receta que no falla: gesto menos, ingreso más. A los señores de la foto la pensión no les preocupa. La de la Seguridad Social, la de los pobres, me refiero. Las suyas son privadas y se miden en millones de euros. Cuando uno tiene garantizada una vejez holgada es mucho más fácil tomar la dolorosa decisión de recortar la de los demás. Por responsabilidad, por garantizar su viabilidad, en tres palabras: por nuestro bien.
Los señores empresarios, los que crean empleo, los que nos van a sacar del atolladero, salieron contentos de la reunión. Hablaron de salvar a España con nosotros dentro, y seguro que el presidente, eufórico por el éxito de la convocatoria, les dijo: ¡No os fallaré! Me apuesto lo que quieran a que con ellos cumple.
sábado, 27 de noviembre de 2010
SOLUCION : "COMPETITIVIDAD" por Jaime Rocha
(Publicado en el Diario de Cádiz el pasado 23 de Octubre. En la reunión celebrada hoy en Moncloa entre el Presidente Zapatero y los 37 empresarios mas destacados de España, se acuerda crear una "COMISION NACIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD. Parece que si hay quien tien claro el camino,... los empresarios. Ahora que no quede solo en palabras.)
Gobierno, patronal, sindicatos, banca,…todos se echan la culpa unos a otros de haber llegado a la situación actual de paralización casi absoluta de nuestra economía. Sabido es que si no se crece, al menos por encima del dos por ciento anual, no se generan puestos de trabajo, por lo tanto, la única solución es hacer crecer la economía.
Dice el saliente Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que su Ministerio no es el responsable de crear empleo y por lo tanto, que de los dos millones de parados que había a su llegada, se haya duplicado sobradamente esta cifra, tampoco es su responsabilidad.
Tiene razón Corbacho, pero solo a medias. Es cierto que el Ministerio de Trabajo no genera empleo directo, pero si es el responsable de establecer las condiciones imprescindibles para que eso ocurra: Fomentar los acuerdos entre Patronal y Sindicatos; dictar la leyes que modifiquen las condiciones de trabajo; y como Gobierno, favorecer el acceso a los recursos financieros y, casi lo mas importante, impulsar la investigación y desarrollo de las empresas y la correspondiente formación técnica de los trabajadores.
En este mundo globalizado, la competencia que tienen que soportar los productos “made in spain”, tanto en el mercado interior como en el de las exportaciones, es muy importante y no solo en precio, también en conceptos menos tangibles como la calidad, diseño, el valor añadido…en una palabra, hay que ser muy competitivos.
No se trata de analizar aquí las teorías económicas de Keynes, Smith o cualquier otro prestigioso economista. Ni siquiera nos detendremos en “el mercado laboral de búsqueda” que ha supuesto el Premio Nobel de Economía 2010 para Diamond, Mortensen y Pissarides. Solo citaré, por su originalidad, aunque resulte políticamente incorrecto, uno de sus postulados: “Cuanto más generosas sean las indemnizaciones y prestaciones por desempleo más elevado es el paro y más largos son los tiempos de búsqueda (de empleo)”.
La reactivación de los mercados es el más eficaz motor de la economía, la demanda global requiere un aumento de la producción y esta genera a su vez una mayor necesidad de medios productivos humanos y tecnológicos.
Enunciado tan elementalmente, la cuestión parece sencilla, solo que el primer eslabón de la cadena, el mercado, es cada vez más exigente, existe una creciente competencia y no es fácil de conquistar. Si me lo permiten, expondré, para más claridad, una experiencia personal.
El sector azulejero de Castellón contaba en 1996 con 220 fábricas en un área geográfica que no abarcaba siquiera la extensión de la provincia. La producción conjunta de todas ellas era de unos 250 millones de metros cuadrados. Italia, primera potencia cerámica con una producción que doblaba a la española, 500 millones de metros cuadrados, (China llegaba a los 900 millones de metros cuadrados, pero no exportaba todavía), copaba gran parte de los mercados norteamericano, europeos y asiáticos. La clave estaba en el tipo de producto que españoles e italianos fabricaban. El azulejo italiano era muy superior en diseño y calidad y la relación calidad – precio mas ajustada que la de nuestra producción.
Transcurridos apenas cinco años, las producciones se habían igualado en 600 millones de metros cuadrados, las fábricas españolas invirtieron grandes cantidades de dinero en tecnología, diseño y mejora de la calidad de sus productos, introduciendo, en especial, el porcelánico cuyo mercado internacional correspondía por completo, hasta ese momento, a los italianos. Nuestras fábricas alcanzaron una media del sesenta y cinco por ciento de exportación y la demanda de mano de obra fue tan significativa que el sector llegó a emplear a mas de 25.000 personas entre directos e indirectos, muchos de ellos gaditanos.
No fue fruto de la casualidad: Los bancos creyeron en el sector y aportaron los imprescindibles créditos, los empresarios invirtieron en tecnología, investigación, diseño, calidad y marketing y los empleados adquirieron la capacitación tecnológica imprescindible. La demanda creció hasta el punto de hacerse necesario el trabajo a tres turnos, incluso los fines de semana para algunas secciones productivas.
Llegamos pues a la conclusión de que es el mercado el que impone su ley y ganar mercado supone la conjunción de esfuerzos, desde el Gobierno, con una política impositiva razonable que no grave mas de lo necesario la productividad, el imprescindible capital, haciéndose accesible, el empresariado, invirtiendo en investigación y desarrollo de sus empresas, aportando valor añadido a sus producciones y los sindicatos, defendiendo los legítimos intereses de los trabajadores sin perder la perspectiva del interés común que no es otro que el éxito y la pervivencia de la empresa.
Así se salió de la crisis de 1993, y si no es así, difícilmente saldremos de la que ahora nos agobia. Nada de eso se esta haciendo.
Un dato más. El Foro Económico Mundial publica anualmente el Índice de Competitividad Global. España ocupaba el decimotercer puesto en 2004, subiendo al duodécimo al año siguiente, 2005. El año pasado, 2009, ya habíamos caído al lugar 29 y en el avance de 2010, nuestro país ya no figura entre los 30 mas competitivos. Difícil situación, con tendencia a empeorar, si no se hacen las cosas correctamente.
viernes, 26 de noviembre de 2010
La cleptocracia y el ocaso del mercado
Por Juan Manuel Blanco, profesor titular de Análisis Económico en la Universidad de Valencia.
Publicado en El Confidencial (26/11/2010 )
Hace unas semanas se publicaron los resultados de dos informes que merecen ser analizados. Por un lado, Doing business, del Banco Mundial, señalaba a España como uno de los países del mundo donde los emprendedores encuentran mayores trabas para abrir una empresa. Hasta diez complicados y larguísimos trámites burocráticos son necesarios para comenzar a operar un negocio. Por otro, según el índice de Transparency International, la corrupción política en España, ya endémica, había aumentado dramáticamente en el último quinquenio, degradándonos a puestos poco acordes con nuestro nivel de desarrollo material. Estos dos aspectos de la realidad, en apariencia inconexos, suelen presentarse conjuntamente: los países con más trabas, regulaciones, controles y exigencias de permisos a la actividad económica también suelen ser los más corruptos ¿Qué relación existe entre ambos fenómenos?
Hasta hace unos años se pensaba que la corrupción surgía como un recurso de la sociedad ante el exceso de regulaciones: una reaparición del mercado allí donde las autoridades, quizá bienintencionadas pero ignorantes, ponían barreras al desarrollo de la economía y a la creación de puestos de trabajo. Las diferentes administraciones irían generando miles de leyes, reglamentos, permisos o regulaciones muy difíciles de cumplir, incluso contradictorias entre sí, que ralentizarían la actividad económica y la creación de empresas. Sin embargo, gracias a unos oportunos sobornos, se lograría una aplicación muy laxa de estas regulaciones y una agilización de los trámites. Las comisiones pagadas a los políticos actuarían como un catalizador de la actividad económica aunque, a la postre, la carga se traspasase a los ciudadanos por el aumento de precio de las obras públicas, la vivienda y otros bienes.
La nueva visión de la corrupción
No obstante, pronto se reveló que esta visión benévola no era capaz de explicar la corrupción a gran escala. El fenómeno resultaba bastante más complejo y mucho más terrible, dañino y destructor. Y no constituía una salvación para el mercado sino, por el contrario, el germen de su desaparición. La corrupción no suele surgir como una estrategia del sector privado para sortear complicadas e insensatas regulaciones sino que son los gobernantes corruptos quienes establecen deliberadamente las trabas con el fin de crear nuevas oportunidades de enriquecimiento ilícito. Se trata de restringir la libre competencia imponiendo barreras a la entrada, de manera que las empresas que se establezcan (o comiencen ciertas actividades económicas, accedan a una licitación pública o consigan una recalificación del suelo) puedan obtener unas rentas no competitivas. Las normas o requisitos, fijados legalmente, deben ser lo suficientemente complejos o enrevesados como para permitir un fuerte grado de discrecionalidad en su aplicación. Así, las autoridades pueden, en la práctica, decidir libremente a quienes otorgan el privilegio mientras, en apariencia, cumplen las reglas. Pero el privilegio se otorga a cambio de un determinado pago al político o, más frecuentemente, al partido. Por tanto, la corrupción consiste en el reparto entre ciertas empresas y los políticos de las rentas no competitivas creadas por decisión deliberada de estos últimos.
La ausencia de una separación efectiva de poderes y la existencia de un régimen partitocrático constituyen un excelente caldo de cultivo para la corrupción, siendo España un buen ejemplo
La corrupción tiende a generalizarse cuando el régimen político carece de mecanismos eficaces de control del poder, permitiendo que el comportamiento discrecional y arbitrario de los gobernantes se ejerza sin apenas impedimentos. Así, la ausencia de una separación efectiva de poderes y la existencia de un régimen partitocrático constituyen un excelente caldo de cultivo para la corrupción, siendo España un buen ejemplo. Cuando el intercambio de comisiones y favores se generaliza hasta el punto de constituir la regla más que la excepción en las operaciones de cierta envergadura, las relaciones corruptas dejan de ser ocasionales para convertirse en estables y continuadas (tramas corruptas) y la frontera entre lo público y lo privado acaba difuminándose en beneficio de una clase política y ciertos empresarios que actúan en clara connivencia a costa del contribuyente. El régimen resultante suele denominarse cleptocracia. Los precios para la obtención de permisos y licencias (entre ellos, la controvertida recalificación del suelo) son bien conocidos por los participantes, así como las comisiones por la adjudicación de contratas públicas. No es necesaria la exigencia explícita de la contraprestación en cada caso pues todos conocen las reglas de juego y la forma de pago. Como consecuencia, las obras públicas suelen acarrear un coste final muy superior al que realmente corresponde, el valor del suelo queda sistemáticamente inflado y, si se privatizan empresas, éstas son vendidas a un precio muy inferior a su valor real. Muchas leyes, normas o disposiciones (estatales, autonómicas o municipales) que, a primera vista, parecen simplemente absurdas o contraproducentes, podrían tener como objetivo la creación de oportunidades adicionales de enriquecimiento para los partidos y para algunos dirigentes.
Las consecuencias de la cleptocracia
La cleptocracia genera una importante transferencia de rentas de los contribuyentes a los políticos y a ciertos grupos de presión cercanos al poder. Pero sus consecuencias son mucho más graves. Además de suponer una gran quiebra moral, la corrupción generalizada tiende a retorcer el espíritu de las leyes pues éstas acaban obligando y restringiendo a los ciudadanos pero dejan un amplio margen de actuación a los políticos. Crean también incertidumbre (desconfianza por parte de lo inversores extranjeros) e inseguridad jurídica, ya que las decisiones de las autoridades son imprevisibles, no ajustándose en realidad a las normas. Los principios de la competencia quedan en entredicho pues ésta se limita, en ciertos sectores, a aquellas empresas que gozan del favor oficial y, aunque algunas de ellas no desean participar en tan sucias actividades, acaban viéndose arrastradas debido a que el negocio queda cerrado para quien no paga el peaje. Desaparece así el fundamento del mercado ya que se prima a los menos honrados frente a los más competentes, con una gran pérdida de eficiencia, bienestar y posibilidades de crecimiento. Y el gasto público tiende a desviarse hacia aquellos proyectos que generan mayores comisiones para los partidos (generalmente las obras públicas) y no hacia aquellas necesidades sociales más perentorias. Muy típicas de las cleptocracias son las obras faraónicas.
Siendo tan graves las consecuencias de la corrupción generalizada, es necesario plantear y exigir unas reformas que establezcan los apropiados mecanismos de control del poder político, garanticen una efectiva separación de poderes y fijen unos sistemas adecuados de selección de los gobernantes. Y, sobre todo, determinen de forma inequívoca que el objetivo de las leyes debe consistir en garantizar la libertad de los ciudadanos y poner límites a la acción de los políticos y no al revés.
Publicado en El Confidencial (26/11/2010 )
Hace unas semanas se publicaron los resultados de dos informes que merecen ser analizados. Por un lado, Doing business, del Banco Mundial, señalaba a España como uno de los países del mundo donde los emprendedores encuentran mayores trabas para abrir una empresa. Hasta diez complicados y larguísimos trámites burocráticos son necesarios para comenzar a operar un negocio. Por otro, según el índice de Transparency International, la corrupción política en España, ya endémica, había aumentado dramáticamente en el último quinquenio, degradándonos a puestos poco acordes con nuestro nivel de desarrollo material. Estos dos aspectos de la realidad, en apariencia inconexos, suelen presentarse conjuntamente: los países con más trabas, regulaciones, controles y exigencias de permisos a la actividad económica también suelen ser los más corruptos ¿Qué relación existe entre ambos fenómenos?
Hasta hace unos años se pensaba que la corrupción surgía como un recurso de la sociedad ante el exceso de regulaciones: una reaparición del mercado allí donde las autoridades, quizá bienintencionadas pero ignorantes, ponían barreras al desarrollo de la economía y a la creación de puestos de trabajo. Las diferentes administraciones irían generando miles de leyes, reglamentos, permisos o regulaciones muy difíciles de cumplir, incluso contradictorias entre sí, que ralentizarían la actividad económica y la creación de empresas. Sin embargo, gracias a unos oportunos sobornos, se lograría una aplicación muy laxa de estas regulaciones y una agilización de los trámites. Las comisiones pagadas a los políticos actuarían como un catalizador de la actividad económica aunque, a la postre, la carga se traspasase a los ciudadanos por el aumento de precio de las obras públicas, la vivienda y otros bienes.
La nueva visión de la corrupción
No obstante, pronto se reveló que esta visión benévola no era capaz de explicar la corrupción a gran escala. El fenómeno resultaba bastante más complejo y mucho más terrible, dañino y destructor. Y no constituía una salvación para el mercado sino, por el contrario, el germen de su desaparición. La corrupción no suele surgir como una estrategia del sector privado para sortear complicadas e insensatas regulaciones sino que son los gobernantes corruptos quienes establecen deliberadamente las trabas con el fin de crear nuevas oportunidades de enriquecimiento ilícito. Se trata de restringir la libre competencia imponiendo barreras a la entrada, de manera que las empresas que se establezcan (o comiencen ciertas actividades económicas, accedan a una licitación pública o consigan una recalificación del suelo) puedan obtener unas rentas no competitivas. Las normas o requisitos, fijados legalmente, deben ser lo suficientemente complejos o enrevesados como para permitir un fuerte grado de discrecionalidad en su aplicación. Así, las autoridades pueden, en la práctica, decidir libremente a quienes otorgan el privilegio mientras, en apariencia, cumplen las reglas. Pero el privilegio se otorga a cambio de un determinado pago al político o, más frecuentemente, al partido. Por tanto, la corrupción consiste en el reparto entre ciertas empresas y los políticos de las rentas no competitivas creadas por decisión deliberada de estos últimos.
La ausencia de una separación efectiva de poderes y la existencia de un régimen partitocrático constituyen un excelente caldo de cultivo para la corrupción, siendo España un buen ejemplo
La corrupción tiende a generalizarse cuando el régimen político carece de mecanismos eficaces de control del poder, permitiendo que el comportamiento discrecional y arbitrario de los gobernantes se ejerza sin apenas impedimentos. Así, la ausencia de una separación efectiva de poderes y la existencia de un régimen partitocrático constituyen un excelente caldo de cultivo para la corrupción, siendo España un buen ejemplo. Cuando el intercambio de comisiones y favores se generaliza hasta el punto de constituir la regla más que la excepción en las operaciones de cierta envergadura, las relaciones corruptas dejan de ser ocasionales para convertirse en estables y continuadas (tramas corruptas) y la frontera entre lo público y lo privado acaba difuminándose en beneficio de una clase política y ciertos empresarios que actúan en clara connivencia a costa del contribuyente. El régimen resultante suele denominarse cleptocracia. Los precios para la obtención de permisos y licencias (entre ellos, la controvertida recalificación del suelo) son bien conocidos por los participantes, así como las comisiones por la adjudicación de contratas públicas. No es necesaria la exigencia explícita de la contraprestación en cada caso pues todos conocen las reglas de juego y la forma de pago. Como consecuencia, las obras públicas suelen acarrear un coste final muy superior al que realmente corresponde, el valor del suelo queda sistemáticamente inflado y, si se privatizan empresas, éstas son vendidas a un precio muy inferior a su valor real. Muchas leyes, normas o disposiciones (estatales, autonómicas o municipales) que, a primera vista, parecen simplemente absurdas o contraproducentes, podrían tener como objetivo la creación de oportunidades adicionales de enriquecimiento para los partidos y para algunos dirigentes.
Las consecuencias de la cleptocracia
La cleptocracia genera una importante transferencia de rentas de los contribuyentes a los políticos y a ciertos grupos de presión cercanos al poder. Pero sus consecuencias son mucho más graves. Además de suponer una gran quiebra moral, la corrupción generalizada tiende a retorcer el espíritu de las leyes pues éstas acaban obligando y restringiendo a los ciudadanos pero dejan un amplio margen de actuación a los políticos. Crean también incertidumbre (desconfianza por parte de lo inversores extranjeros) e inseguridad jurídica, ya que las decisiones de las autoridades son imprevisibles, no ajustándose en realidad a las normas. Los principios de la competencia quedan en entredicho pues ésta se limita, en ciertos sectores, a aquellas empresas que gozan del favor oficial y, aunque algunas de ellas no desean participar en tan sucias actividades, acaban viéndose arrastradas debido a que el negocio queda cerrado para quien no paga el peaje. Desaparece así el fundamento del mercado ya que se prima a los menos honrados frente a los más competentes, con una gran pérdida de eficiencia, bienestar y posibilidades de crecimiento. Y el gasto público tiende a desviarse hacia aquellos proyectos que generan mayores comisiones para los partidos (generalmente las obras públicas) y no hacia aquellas necesidades sociales más perentorias. Muy típicas de las cleptocracias son las obras faraónicas.
Siendo tan graves las consecuencias de la corrupción generalizada, es necesario plantear y exigir unas reformas que establezcan los apropiados mecanismos de control del poder político, garanticen una efectiva separación de poderes y fijen unos sistemas adecuados de selección de los gobernantes. Y, sobre todo, determinen de forma inequívoca que el objetivo de las leyes debe consistir en garantizar la libertad de los ciudadanos y poner límites a la acción de los políticos y no al revés.
Mi visión del mundo, de Albert Einstein
El rincón de los libros recomendados
Por Ignacio Moreno Aparicio
“MI VISION DEL MUNDO” de Albert Einstein.
Fabula Tusquets Editores. 2009. 233 Págs.
Famoso por su Teoría de la relatividad, que vino a trastornar todas las concepciones previas sobre la gravitación, el cosmos, le geometría y, en general, toda la ciencia moderna, Albert Einstein fue, además de genio científico, un gran humanista; partidario de la convivencia pacífica entre los pueblos, observador atento y lúcido de la vida social y política de su tiempo y gran defensor de la libertad individual y del progreso, pero de un progreso que no fuera utilizado por los estados en contra de los individuos.
La primera parte de “Mi visión del mundo” recoge, casi a modo de diario, todos los escritos de Einstein en los que no sólo reflexiona sobre su propia vida, sino también sobre la sociedad, la religión, la política y la economía. En la segunda parte, el lector encontrará los textos en que Einstein expone en términos muy sencillos y al alcance de todo el mundo, como nadie mejor que él mismo podría exponer, como nació y que es la teoría de la relatividad.
Comienza el maestro diciendo, “Curiosa es nuestra situación de hijos de la Tierra. Estamos por una breve visita y no sabemos con qué fin, aunque a veces creemos presentirlo. Ante la vida cotidiana no es necesario reflexionar demasiado; estamos para los demás. Ante todo para aquellos de cuya sonrisa y bienestar depende nuestra felicidad; pero también para tantos desconocidos a cuyo destino nos vincula una simpatía.”
“Pienso mil veces al día que mi vida externa e interna se basa en el trabajo de otros hombres, vivos o muertos. Siento que debo esforzarme por dar en la misma medida en que he recibido y sigo recibiendo. Me siento inclinado a la sobriedad, oprimido muchas veces por la impresión de necesitar del trabajo de los otros. Pues no me parece que las diferencias de clase puedan justificarse; en última instancia reposan en la fuerza. Y creo que una vida exterior modesta y sin pretensiones es buena para todos en cuerpo y alma”.
“No creo en absoluto en la libertad del hombre en un sentido filosófico. Actuamos bajo presiones externas y por necesidades internas. La frase de Schopenhauer; “Un hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere”, me bastó desde la juventud. Me ha servido de consuelo, tanto al ver como al sufrir las durezas de la vida, y ha sido para mi una fuente inagotable de tolerancia. Ha aliviado ese sentido de responsabilidad que tantas veces puede volverse una traba, y me ayudó a no tomarme demasiado en serio, ni a mi mismo ni a los demás. Así pues, veo la vida con humor”.
Por Ignacio Moreno Aparicio
“MI VISION DEL MUNDO” de Albert Einstein.
Fabula Tusquets Editores. 2009. 233 Págs.
Famoso por su Teoría de la relatividad, que vino a trastornar todas las concepciones previas sobre la gravitación, el cosmos, le geometría y, en general, toda la ciencia moderna, Albert Einstein fue, además de genio científico, un gran humanista; partidario de la convivencia pacífica entre los pueblos, observador atento y lúcido de la vida social y política de su tiempo y gran defensor de la libertad individual y del progreso, pero de un progreso que no fuera utilizado por los estados en contra de los individuos.
La primera parte de “Mi visión del mundo” recoge, casi a modo de diario, todos los escritos de Einstein en los que no sólo reflexiona sobre su propia vida, sino también sobre la sociedad, la religión, la política y la economía. En la segunda parte, el lector encontrará los textos en que Einstein expone en términos muy sencillos y al alcance de todo el mundo, como nadie mejor que él mismo podría exponer, como nació y que es la teoría de la relatividad.
Comienza el maestro diciendo, “Curiosa es nuestra situación de hijos de la Tierra. Estamos por una breve visita y no sabemos con qué fin, aunque a veces creemos presentirlo. Ante la vida cotidiana no es necesario reflexionar demasiado; estamos para los demás. Ante todo para aquellos de cuya sonrisa y bienestar depende nuestra felicidad; pero también para tantos desconocidos a cuyo destino nos vincula una simpatía.”
“Pienso mil veces al día que mi vida externa e interna se basa en el trabajo de otros hombres, vivos o muertos. Siento que debo esforzarme por dar en la misma medida en que he recibido y sigo recibiendo. Me siento inclinado a la sobriedad, oprimido muchas veces por la impresión de necesitar del trabajo de los otros. Pues no me parece que las diferencias de clase puedan justificarse; en última instancia reposan en la fuerza. Y creo que una vida exterior modesta y sin pretensiones es buena para todos en cuerpo y alma”.
“No creo en absoluto en la libertad del hombre en un sentido filosófico. Actuamos bajo presiones externas y por necesidades internas. La frase de Schopenhauer; “Un hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere”, me bastó desde la juventud. Me ha servido de consuelo, tanto al ver como al sufrir las durezas de la vida, y ha sido para mi una fuente inagotable de tolerancia. Ha aliviado ese sentido de responsabilidad que tantas veces puede volverse una traba, y me ayudó a no tomarme demasiado en serio, ni a mi mismo ni a los demás. Así pues, veo la vida con humor”.
jueves, 25 de noviembre de 2010
La "voracidad" del mercado
Por Javier Benegas, experto en branding y comunicación
Publicado en El Confidencial
Hace algo más de dos años, cuando unos pocos afirmábamos que con las inyecciones de dinero público en el sistema financiero se estaban sentando las bases de la quiebra de los estados, más de uno nos tachó de locos. La respuesta que se nos daba era que “los estados no quiebran”, sin más argumento. Hoy vamos por la segunda quiebra de un estado, si descontamos Islandia y el estado de California, claro.
No voy a enumerar la barbaridades cometidas en Europa desde la catástrofe financiera de 2008 hasta hoy, tediosa tarea que delego a los economistas como penitencia. Pero sí voy a poner el foco en los responsables de la catástrofe. Y, para ello, antes es preciso dejar bien claro que nada tiene que ver el liberalismo con todo este monumental desastre. Resulta hiriente oír semejante falacia cuando, primero, restringen el mercado (políticos, reguladores y banqueros) y, luego, le culpan de su mal funcionamiento. Ya puestos, es hora de terminar con el imperio de la mentira.
Como punto de partida, me hago eco de un reciente artículo de Simon Johnson, publicado en Bloomberg a propósito de la quiebra de Irlanda que no tiene desperdicio. En el alude Johnson, entre otras cosas, a “la maraña de conexiones entre políticos, banqueros y promotores inmobiliarios que provocaron el frenesí de crecimiento y posterior colapso de la economía irlandesa”, cuestión esta que es perfectamente aplicable a otros países, incluido España. Añade también que “puede que los principales defensores de la globalización financiera sin frenos estuviesen en las últimas décadas en el Tesoro de Estados Unidos, pero fueron los bancos europeos los que en realidad se tornaron demasiado grandes con respecto a sus economías. En el camino ‘capturaron’ a sus reguladores y cometieron actos increíblemente irresponsables”. Ahí es nada. Mención aparte merece la hipótesis que plantea Johnson de que quizá al final tenga que ser China, con sus dólares, la que salve a Europa. Lo que pondría no ya a nuestras economías a los pies de un monstruo totalitario sino que, aún peor, daría el golpe de gracia a la democracia, cuestionándola como sistema político con alguna proyección de futuro. Y esto sí que es para echarse a temblar.Pero aquí, la versión oficial alude ahora a que “la voracidad de los mercados” es la responsable última de una de las mayores injusticias sociales y atropellos cometidos contra los ciudadanos en la historia moderna. Esos mercados, depredadores, perversos y crueles que, muy oportunamente, no tienen rostro ni nombres propios - al contrario que los políticos, reguladores y banqueros -, van a llevarse por delante gran parte de nuestras jubilaciones, los puestos de trabajo y empresas que aún quedan en pie y van a reducir nuestras rentas y patrimonios a la mínima expresión. Es el famoso “ajuste inevitable”: una ceñida de cinturón que nos va a dejar literalmente sin respiración.
Estos tipos del FMI, o cualesquiera otros que pudieran ejercer el papel llegado el caso, no son activistas humanitarios de una ONG. Vendrán a prestar lo justo para evitar el default. Y no sólo lo cobrarán a precio de oro sino que ejercerán de férreos albaceas
Antes o después, debido a “la voracidad de los mercados”, de forma oficial o disimuladamente, el FMI, o la UE, o Alemania, o EEUU o China, o todos a una, aterrizarán sobre este país exhausto para darnos la puntilla, y meterán mano a los subsidios de desempleo y otros derivados, a la sanidad “gratuita” y universal (que no es gratuita sino que se paga con nuestros impuestos) y quién sabe si también a la educación pública. Porque estos tipos del FMI, o cualesquiera otros que pudieran ejercer el papel llegado el caso, no son activistas humanitarios de una ONG. Vendrán a prestar lo justo para evitar el default. Y no sólo lo cobrarán a precio de oro sino que ejercerán de férreos albaceas.
Españoles de tercera
Por si fuera poco, dadas las circunstancias, un gran número de españoles van a perder sus derecho a pensión o tendrán que jubilarse más tarde de los previsto, al verse imposibilitados de cotizar durante estos “dolorosos” años (no sabemos ni cuántos). En el futuro, y si nada lo remedia, habrá en España una enorme bolsa de ciudadanos de tercera, la mayoría de ellos ancianos, que subsistirán en condiciones más que lamentables. Y otros muchos, o bien aceptarán pensiones miserables, o bien se verán obligados a trabajar más allá de los 70 años de edad, lo exija la ley o no.
Como breve destello de esperanza, un pequeño grupo de combate, compuesto de una serie de grandes empresarios y expertos, ha plantado cara a la situación - a “la voracidad de los mercados” - y han redactado un espléndido manifiesto que, con cuestionable audacia, han elevado a Su Majestad el Rey. Lamentablemente, han tardado un tiempo precioso en estampar su firma al pie de una serie de propuestas que llevan bullendo en la sociedad civil desde mucho tiempo atrás. Ya es demasiado tarde. Lo que tiene que ocurrir no se remedia a estas alturas ni con la dimisión en bloque del Gobierno. Pese a todo, bienvenida sea la iniciativa. Ojalá, algún día no muy lejano, esas propuestas se trasladen del papel a la realidad.
Ahora sólo queda empezar a decir la verdad. Los españoles estamos abocados a una terrible travesía, cuyo final es más que incierto. Y, al menos, merecemos no ya un Gobierno que no nos mienta, sino unas élites que asuman no sólo su responsabilidad sino también sus pérdidas. Esta crisis no es sólo una crisis importada de EEUU que ha devenido en global, frente a la que poco a nada se haya podido hacer. Es, sobre todo, una crisis promovida por personajes de una irresponsabilidad sin precedentes, que tienen cara, nombre y apellidos. “La voracidad del mercado” no es más que un mal remake del hombre del saco, un cuento para que los niños cierren lo ojos, se duerman y no den la lata.
Publicado en El Confidencial
Hace algo más de dos años, cuando unos pocos afirmábamos que con las inyecciones de dinero público en el sistema financiero se estaban sentando las bases de la quiebra de los estados, más de uno nos tachó de locos. La respuesta que se nos daba era que “los estados no quiebran”, sin más argumento. Hoy vamos por la segunda quiebra de un estado, si descontamos Islandia y el estado de California, claro.
No voy a enumerar la barbaridades cometidas en Europa desde la catástrofe financiera de 2008 hasta hoy, tediosa tarea que delego a los economistas como penitencia. Pero sí voy a poner el foco en los responsables de la catástrofe. Y, para ello, antes es preciso dejar bien claro que nada tiene que ver el liberalismo con todo este monumental desastre. Resulta hiriente oír semejante falacia cuando, primero, restringen el mercado (políticos, reguladores y banqueros) y, luego, le culpan de su mal funcionamiento. Ya puestos, es hora de terminar con el imperio de la mentira.
Como punto de partida, me hago eco de un reciente artículo de Simon Johnson, publicado en Bloomberg a propósito de la quiebra de Irlanda que no tiene desperdicio. En el alude Johnson, entre otras cosas, a “la maraña de conexiones entre políticos, banqueros y promotores inmobiliarios que provocaron el frenesí de crecimiento y posterior colapso de la economía irlandesa”, cuestión esta que es perfectamente aplicable a otros países, incluido España. Añade también que “puede que los principales defensores de la globalización financiera sin frenos estuviesen en las últimas décadas en el Tesoro de Estados Unidos, pero fueron los bancos europeos los que en realidad se tornaron demasiado grandes con respecto a sus economías. En el camino ‘capturaron’ a sus reguladores y cometieron actos increíblemente irresponsables”. Ahí es nada. Mención aparte merece la hipótesis que plantea Johnson de que quizá al final tenga que ser China, con sus dólares, la que salve a Europa. Lo que pondría no ya a nuestras economías a los pies de un monstruo totalitario sino que, aún peor, daría el golpe de gracia a la democracia, cuestionándola como sistema político con alguna proyección de futuro. Y esto sí que es para echarse a temblar.Pero aquí, la versión oficial alude ahora a que “la voracidad de los mercados” es la responsable última de una de las mayores injusticias sociales y atropellos cometidos contra los ciudadanos en la historia moderna. Esos mercados, depredadores, perversos y crueles que, muy oportunamente, no tienen rostro ni nombres propios - al contrario que los políticos, reguladores y banqueros -, van a llevarse por delante gran parte de nuestras jubilaciones, los puestos de trabajo y empresas que aún quedan en pie y van a reducir nuestras rentas y patrimonios a la mínima expresión. Es el famoso “ajuste inevitable”: una ceñida de cinturón que nos va a dejar literalmente sin respiración.
Estos tipos del FMI, o cualesquiera otros que pudieran ejercer el papel llegado el caso, no son activistas humanitarios de una ONG. Vendrán a prestar lo justo para evitar el default. Y no sólo lo cobrarán a precio de oro sino que ejercerán de férreos albaceas
Antes o después, debido a “la voracidad de los mercados”, de forma oficial o disimuladamente, el FMI, o la UE, o Alemania, o EEUU o China, o todos a una, aterrizarán sobre este país exhausto para darnos la puntilla, y meterán mano a los subsidios de desempleo y otros derivados, a la sanidad “gratuita” y universal (que no es gratuita sino que se paga con nuestros impuestos) y quién sabe si también a la educación pública. Porque estos tipos del FMI, o cualesquiera otros que pudieran ejercer el papel llegado el caso, no son activistas humanitarios de una ONG. Vendrán a prestar lo justo para evitar el default. Y no sólo lo cobrarán a precio de oro sino que ejercerán de férreos albaceas.
Españoles de tercera
Por si fuera poco, dadas las circunstancias, un gran número de españoles van a perder sus derecho a pensión o tendrán que jubilarse más tarde de los previsto, al verse imposibilitados de cotizar durante estos “dolorosos” años (no sabemos ni cuántos). En el futuro, y si nada lo remedia, habrá en España una enorme bolsa de ciudadanos de tercera, la mayoría de ellos ancianos, que subsistirán en condiciones más que lamentables. Y otros muchos, o bien aceptarán pensiones miserables, o bien se verán obligados a trabajar más allá de los 70 años de edad, lo exija la ley o no.
Como breve destello de esperanza, un pequeño grupo de combate, compuesto de una serie de grandes empresarios y expertos, ha plantado cara a la situación - a “la voracidad de los mercados” - y han redactado un espléndido manifiesto que, con cuestionable audacia, han elevado a Su Majestad el Rey. Lamentablemente, han tardado un tiempo precioso en estampar su firma al pie de una serie de propuestas que llevan bullendo en la sociedad civil desde mucho tiempo atrás. Ya es demasiado tarde. Lo que tiene que ocurrir no se remedia a estas alturas ni con la dimisión en bloque del Gobierno. Pese a todo, bienvenida sea la iniciativa. Ojalá, algún día no muy lejano, esas propuestas se trasladen del papel a la realidad.
Ahora sólo queda empezar a decir la verdad. Los españoles estamos abocados a una terrible travesía, cuyo final es más que incierto. Y, al menos, merecemos no ya un Gobierno que no nos mienta, sino unas élites que asuman no sólo su responsabilidad sino también sus pérdidas. Esta crisis no es sólo una crisis importada de EEUU que ha devenido en global, frente a la que poco a nada se haya podido hacer. Es, sobre todo, una crisis promovida por personajes de una irresponsabilidad sin precedentes, que tienen cara, nombre y apellidos. “La voracidad del mercado” no es más que un mal remake del hombre del saco, un cuento para que los niños cierren lo ojos, se duerman y no den la lata.
martes, 23 de noviembre de 2010
El Rey que se ganó la corona
Por Miguel Ángel Aguilar
Publicado en El País (23/11/2010)
Se cumplieron ayer 35 años de la proclamación de don Juan Carlos como Rey por aquellas Cortes orgánicas, las que había. Sus palabras de entonces encendieron la concordia. Los españoles entendieron el mensaje. Para desesperación de ciertos hispanistas en lugar de comportarse como apasionados mediterráneos y apuntarse a la exasperación unamuniana, prefirieron adoptar la actitud de fríos ribereños del Báltico. Decidieron emprender el camino de la racionalidad y del diálogo. El dictador había muerto en la Clínica de la Paz de la Seguridad Social en la madrugada del 20-N, una vez desenchufado por su yerno, el marqués de Villaverde, al frente de la última versión del equipo médico habitual. Había resultado imposible sostenerle con vida unos días más, los que faltaban para que hubiera sido prorrogado por aquel Consejo del Reino como presidente de las Cortes, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, en quien tantas esperanzas tenían depositadas los que anidaban en el búnker.
En las tribunas de invitados aquel sábado 22 brillaba, casi en solitario, el general Pinochet con uniforme de gala. Las representaciones extranjeras quisieron evitar su presencia porque se hubieran visto obligadas a mezclarse con las exequias del dictador. El ambiente era desolado y el falangista de estricta obediencia Rodríguez Valcárcel lo enrareció aún más cuando al final de la sesión gritó de modo estentóreo y fuera de programa "desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el Rey!". Don Juan Carlos, que se estrenaba como capitán general, y doña Sofía se encaminaron desde el hemiciclo a la capilla ardiente, dispuesta en el salón de columnas de Palacio, donde se encontraba desde el mediodía del jueves 20 el cadáver de Franco. Al día siguiente, domingo, fue enterrado el que se proclamaba Caudillo en su tumba faraónica del Valle de los Caídos, con misa de campaña previa en la Plaza de Oriente, armón de artillería y demás pompas fúnebres y honores de ordenanza.Todo estaba en el aire. Solo era firme el propósito de don Juan Carlos de ser el Rey de todos los españoles, de renunciar a los poderes excepcionales que recibía y preparar el advenimiento de la democracia. Su reinado empezaba con renuncias. Una de las primeras, la del derecho de presentación de obispos que figuraba en el Concordato con la Santa Sede suscrito por el régimen. Los militares se sentían depositarios de la continuidad. Franco había dicho en 1961 en el cerro de Garabitas ante una concentración de excombatientes, ansiosos de garantías de perennidad del régimen, aquello de "todo quedará atado y bien atado, bajo la guardia fiel de nuestro Ejército". Era precisa una transferencia de lealtades, la oficialidad había sido formada en la adhesión a Franco pero debía en adelante sentirse parte de las Fuerzas Armadas, obedeciendo al Rey como su jefe supremo.
El cambio era una operación dificilísima. No hubo tregua alguna, ETA arreciaba en sus atentados, dispuesta a provocar el pronunciamiento de los golpistas. Los de la extrema derecha, tampoco daban cuartel. Los hoy tan queridos Polisarios la emprendían contra los nuestros en Fosdbucrá o en el banco pesquero canario-saharaui. Cundía la impaciencia y los intentos churriguerescos de Fraga y Arias Navarro por retorcer las improrrogables Leyes Fundamentales para darles apariencias democráticas se averiguaban imposibles. Se apostó por el aventurado camino de ir de la ley a la ley, pasando por la ley. Por primera vez, como jefe del Estado, don Juan Carlos viajaba a París o a Washington y todos empezábamos a sentirnos orgullosos de vernos aceptados por la familia democrática. Se legalizaron los partidos y los sindicatos, se promulgó la amnistía en todas direcciones. Tuvimos las primeras elecciones generales libres en 1977, que resultaron ser constituyentes. Hubo graves sobresaltos, entre ellos el de la intentona del 23 de febrero de 1981. El Rey fue decisivo para que los del golpe fracasaran y aquella noche se ganó la Corona.
España se adhirió a la Unión Europea, permaneció en la OTAN y redujo mediante una negociación ejemplar la presencia militar norteamericana en su suelo. Nuestro país lanzaba iniciativas y era tenido en cuenta. Sacábamos lo mejor de nosotros mismos y éramos un ejemplo envidiado para otras transiciones en marcha. Los momentos de euforia fueron seguidos de otros de desencanto pero prevalecía la idea de que juntos seríamos capaces de superar las nuevas dificultades. Ahora se diría que hemos dejado que prenda el antagonismo en detrimento propio. En todo caso, en el 35º aniversario de ayer el Rey merece nuestra gratitud. Dicho queda para los que han llegado después y piensan que todo nos fue dado por añadidura.
Republicanismo en Andalucía: el decreto de ordenación del sector público
Francisco Sosa Wagner es catedrático de Derecho Administrativo y eurodiputado por Unión, Progreso y Democracia (UPyD)
Publicado en El Mundo /23/11/2010
Los funcionarios públicos andaluces están sobre ascuas pues acusan a los políticos de arrimar el ascua a su sardina a la hora de diseñar un modelo de Administración que implicará, a la larga, un personal público de nuevas hechuras. El revuelo parte de la aprobación por el Consejo de Gobierno del Decreto-ley 5/2010 de 27 de julio que contiene medidas urgentes en materia de reordenación del sector público andaluz. Una norma esta que podríamos calificar de «amalgama» con pretensiones jurídicas pues en ella se mezclan las churras de la inestabilidad financiera con las merinas de la dinamización del patrimonio agrario de Andalucía.
¿Qué es lo que llama la atención al lector de este Decreto-ley? Pues, ante todo, el hecho de la forma jurídica seleccionada. Y es que se convendrá conmigo que gobernar por «decreto-ley» es una tentación muy poco democrática que desde luego se aviene mal con aquellos que han hecho bandera ideológica de la «democracia deliberativa» y del republicanismo de Philip Petit. Es verdad que otro irlandés, Oscar Wilde, dejó escrito que lo mejor que podemos hacer con la tentación es caer en ella pero tampoco es necesario seguir a Wilde a pies juntillas en achaques de gobierno. Porque, ¿qué dirá el Petit que sostiene que «el Estado debe exponer continuamente sus decisiones al debate ciudadano» cuando lea la edición del BOJA del pasado 28 de julio? En su próximo viaje por España para evaluar la acomodación de la política española a sus reflexiones, será mejor que se le evite el disgusto de visitar Andalucía, una tierra en la que se traicionan sus postulados más queridos y más sabiamente formulados.
Porque es bien cierto que un decreto ley escamotea el debate y lo escamotea allí donde la democracia se nos presenta en carne mortal, es decir, en el Parlamento. Sólo motivos de urgencia pueden justificar el recurso a esta forma heterodoxa de gobernar, lo que no es el caso pues la propia Exposición de Motivos se ve obligada a razonar pobremente balbuciendo que «en el conjunto, y en cada una de las medidas que se adoptan concurren, por la naturaleza y finalidad de las mismas, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 110 del Estatuto de Autonomía...». A esto se llama en términos del discurso lógico, según recuerdo borrosamente del bachillerato, petición de principio que cobra nueva dimensión cuando se añade que «este proceso de reordenación del sector público persigue no solo una mayor racionalización del gasto sino que además se dirige a incrementar la eficiencia en la prestación de servicios a los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía». Se comprenderá que tal afirmación, por su descomprometida vaguedad, se puede aplicar indistintamente a cualquier roto o a cualquier descosido del que sea autor un gobernante. Como lo es la afirmación según la cual «este proceso de racionalización ha de conseguir que el sector público se convierta en un agente económico ágil y cercano a la ciudadanía y al tejido productivo». Quienes ya, ay, peinamos abundantes canas podemos afirmar que los burócratas de los planes de desarrollo de López Rodó no lo hubieran escrito mejor.
No, señores gobernantes andaluces. El Decreto ley 5/2010 contiene un modelo alternativo que extrae del acervo de la tradicional Administración pública un conjunto de funciones y servicios para confiarlos a unas nuevas organizaciones parapúblicas en las que se huele a distancia el guisote de la privacidad. Se puede creer en ellas como mejores y más eficaces, aunque resulta raro cuando se gobierna bajo el pabellón socialdemócrata, pero la apuesta por un cambio de tal magnitud no puede hurtarse a la voluntad popular representada en el Parlamento. Y presentarla en público tapando sus vergüenzas con la escueta hoja de parra de un decreto-ley.
De otro lado, a la vista de su articulado, no se sabe a ciencia cierta qué va a quedar en manos de las tradicionales consejerías, orientadas en el futuro a componer el simple decorado de un escenario más bien inane. Como la ley de Gresham nos enseña que la moneda mala expulsa a la buena, me preocupa que el ejemplo andaluz cunda y, por eso, pienso que sería bueno formular al Tribunal Constitucional la pregunta de si una operación de este calibre envuelta en el endeble celofán de un decreto-ley se ajusta a nuestro orden jurídico. Aunque sus entrañables magistrados contesten según los plazos geológicos que suelen manejar, su respuesta podría acaso evitar males desparramados por las tierras de España.
Publicado en El Mundo /23/11/2010
Los funcionarios públicos andaluces están sobre ascuas pues acusan a los políticos de arrimar el ascua a su sardina a la hora de diseñar un modelo de Administración que implicará, a la larga, un personal público de nuevas hechuras. El revuelo parte de la aprobación por el Consejo de Gobierno del Decreto-ley 5/2010 de 27 de julio que contiene medidas urgentes en materia de reordenación del sector público andaluz. Una norma esta que podríamos calificar de «amalgama» con pretensiones jurídicas pues en ella se mezclan las churras de la inestabilidad financiera con las merinas de la dinamización del patrimonio agrario de Andalucía.
¿Qué es lo que llama la atención al lector de este Decreto-ley? Pues, ante todo, el hecho de la forma jurídica seleccionada. Y es que se convendrá conmigo que gobernar por «decreto-ley» es una tentación muy poco democrática que desde luego se aviene mal con aquellos que han hecho bandera ideológica de la «democracia deliberativa» y del republicanismo de Philip Petit. Es verdad que otro irlandés, Oscar Wilde, dejó escrito que lo mejor que podemos hacer con la tentación es caer en ella pero tampoco es necesario seguir a Wilde a pies juntillas en achaques de gobierno. Porque, ¿qué dirá el Petit que sostiene que «el Estado debe exponer continuamente sus decisiones al debate ciudadano» cuando lea la edición del BOJA del pasado 28 de julio? En su próximo viaje por España para evaluar la acomodación de la política española a sus reflexiones, será mejor que se le evite el disgusto de visitar Andalucía, una tierra en la que se traicionan sus postulados más queridos y más sabiamente formulados.
Porque es bien cierto que un decreto ley escamotea el debate y lo escamotea allí donde la democracia se nos presenta en carne mortal, es decir, en el Parlamento. Sólo motivos de urgencia pueden justificar el recurso a esta forma heterodoxa de gobernar, lo que no es el caso pues la propia Exposición de Motivos se ve obligada a razonar pobremente balbuciendo que «en el conjunto, y en cada una de las medidas que se adoptan concurren, por la naturaleza y finalidad de las mismas, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 110 del Estatuto de Autonomía...». A esto se llama en términos del discurso lógico, según recuerdo borrosamente del bachillerato, petición de principio que cobra nueva dimensión cuando se añade que «este proceso de reordenación del sector público persigue no solo una mayor racionalización del gasto sino que además se dirige a incrementar la eficiencia en la prestación de servicios a los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía». Se comprenderá que tal afirmación, por su descomprometida vaguedad, se puede aplicar indistintamente a cualquier roto o a cualquier descosido del que sea autor un gobernante. Como lo es la afirmación según la cual «este proceso de racionalización ha de conseguir que el sector público se convierta en un agente económico ágil y cercano a la ciudadanía y al tejido productivo». Quienes ya, ay, peinamos abundantes canas podemos afirmar que los burócratas de los planes de desarrollo de López Rodó no lo hubieran escrito mejor.
No, señores gobernantes andaluces. El Decreto ley 5/2010 contiene un modelo alternativo que extrae del acervo de la tradicional Administración pública un conjunto de funciones y servicios para confiarlos a unas nuevas organizaciones parapúblicas en las que se huele a distancia el guisote de la privacidad. Se puede creer en ellas como mejores y más eficaces, aunque resulta raro cuando se gobierna bajo el pabellón socialdemócrata, pero la apuesta por un cambio de tal magnitud no puede hurtarse a la voluntad popular representada en el Parlamento. Y presentarla en público tapando sus vergüenzas con la escueta hoja de parra de un decreto-ley.
De otro lado, a la vista de su articulado, no se sabe a ciencia cierta qué va a quedar en manos de las tradicionales consejerías, orientadas en el futuro a componer el simple decorado de un escenario más bien inane. Como la ley de Gresham nos enseña que la moneda mala expulsa a la buena, me preocupa que el ejemplo andaluz cunda y, por eso, pienso que sería bueno formular al Tribunal Constitucional la pregunta de si una operación de este calibre envuelta en el endeble celofán de un decreto-ley se ajusta a nuestro orden jurídico. Aunque sus entrañables magistrados contesten según los plazos geológicos que suelen manejar, su respuesta podría acaso evitar males desparramados por las tierras de España.
El camino hacia la autodestrucción de la eurozona
De Paul De Grauwe es catedrático de Economía de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. © Eurointelligence Traducción de News Clips.
Publicado en El País (22/11/2010)
En la reciente reunión del Consejo Europeo, los países de la eurozona acordaron introducir un mecanismo contra el impago de la deuda soberana. Parece que incluso están dispuestos a recogerlo en un nuevo tratado. Es una mala decisión que hará más frágil a la eurozona, al convertir las crisis financieras en una característica endémica, de manera muy similar al Mecanismo del Tipo de Cambio (MTC) que existía en la Unión Europea antes de la moneda única.
El MTC fue un frágil acuerdo institucional que desembocó en frecuentes crisis. La razón de esta debilidad es conocida. Los países miembros fijaban sus tipos de cambio entre ellos. Sin embargo, podían reconsiderarlo en cualquier momento y devaluar sus monedas.
Esa posibilidad generó un entorno inestable propenso a los ataques especulativos. A veces existían buenas razones para que los mercados confiaran en que uno o más países iban a devaluar sus monedas, como por ejemplo que sueldos y precios no estuvieran en consonancia con los del resto del grupo. En otras ocasiones, las expectativas de devaluación desaparecían del horizonte.
Pero por la razón que fuera, cada vez que los especuladores esperaban una devaluación se ponía en funcionamiento una dinámica que se retroalimentaba. El banco central del país en cuestión tenía que aumentar el tipo de interés nacional. Eso resultaba costoso para la economía nacional y para el presupuesto del Gobierno. En consecuencia, la relación coste-beneficio de mantener fijo el tipo de cambio se agrandaba, alimentando la tentación de devaluar.
Cuando los especuladores olían esto, redoblaban su actividad, y eso inducía nuevos incrementos del tipo de interés y a un empeoramiento adicional de esa relación coste-beneficio. En la mayoría de los casos, eso hacía la devaluación inevitable.
El MTC fracasó. Pero el mecanismo contra el impago de la deuda soberana propuesto para la eurozona introduce una estructura de incentivos para los especuladores y las autoridades nacionales similar. Cuando los países anuncien solemnemente (será solemne porque estará consagrado en el tratado en cuestión) que los inversores se las tendrán que ver con unos Gobiernos con opción de aplicar un recorte sobre los bonos pendientes de pago, sucederán dos cosas: en primer lugar, como el riesgo percibido aumentará, es probable que el tipo de interés de los bonos también suba. Esta es la consecuencia que ha subrayado el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, en la reunión del Consejo. Los acontecimientos posteriores le han dado la razón.
En segundo lugar: cuando los Gobiernos declaren solemnemente que en época de dificultades de pago devaluarán sus bonos (eso es lo que significa un recorte), se generará una dinámica especulativa en la eurozona parecida a la que destruyó el MTC. Cuando los inversores prevean las dificultades de un Gobierno determinado para pagar, venderán bonos, y eso aumentará su tipo de interés. Esto ya ha pasado en el último año y medio, pero el compromiso de los demás países de proporcionar ayuda financiera ha frenado el proceso.
El objetivo declarado de este mecanismo es sustituir a la ayuda financiera mutua. Pero de esta forma se abre la puerta a una especulación sin límites como la del MTC.
Cuando la opción de devaluar se convierte en palanca política y sustituye a la ayuda financiera mutua, la dinámica especulativa se vuelve imparable al introducirse exactamente la misma estructura de incentivos que con el MTC: los bonos sufren un tipo de interés más elevado, lo que convierte en más difícil la devolución de la deuda. Eso cambia la relación coste-beneficio de abonar el pago completo de la deuda y aumenta la tentación de devaluar los bonos (aplicando un recorte). Los inversores, al oler esa tentación, intensifican las ventas y, por consiguiente, la relación coste-beneficio aumenta aún más.
Naturalmente el mecanismo contra el impago de la deuda soberana que se ha propuesto no instalará en la eurozona un sistema como el MTC. Es probable que el coste del impago (al devaluar la deuda) siga siendo más elevado que el coste de devaluar una moneda en el MTC. No obstante, al facilitar este paso, la eurozona se encamina hacia un inestable mecanismo de incentivos.
Los Gobiernos se verán más tentados a devaluar su deuda cuando entre en vigor el mecanismo. Y eso puede ser suficiente para que los especuladores muevan ficha. Si se lleva a la práctica, llevará a los Gobiernos a rebajar su propia deuda soberana. No existe una forma más segura de autodestruirse.
La unión monetaria solo puede sobrevivir si existe la voluntad de proporcionar ayuda financiera mutua en tiempos de crisis. Por tanto, la solución no consiste en aplicar el mecanismo contra el impago de la deuda soberana, que conducirá a la desaparición de la eurozona, sino en dar un carácter permanente al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, o mejor aún, transformarlo en un Fondo Monetario Europeo como el que proponen Gros y Mayer, incluyendo una condicionalidad lo suficientemente fuerte como para reducir el peligro del riesgo moral.
Publicado en El País (22/11/2010)
En la reciente reunión del Consejo Europeo, los países de la eurozona acordaron introducir un mecanismo contra el impago de la deuda soberana. Parece que incluso están dispuestos a recogerlo en un nuevo tratado. Es una mala decisión que hará más frágil a la eurozona, al convertir las crisis financieras en una característica endémica, de manera muy similar al Mecanismo del Tipo de Cambio (MTC) que existía en la Unión Europea antes de la moneda única.
El MTC fue un frágil acuerdo institucional que desembocó en frecuentes crisis. La razón de esta debilidad es conocida. Los países miembros fijaban sus tipos de cambio entre ellos. Sin embargo, podían reconsiderarlo en cualquier momento y devaluar sus monedas.
Esa posibilidad generó un entorno inestable propenso a los ataques especulativos. A veces existían buenas razones para que los mercados confiaran en que uno o más países iban a devaluar sus monedas, como por ejemplo que sueldos y precios no estuvieran en consonancia con los del resto del grupo. En otras ocasiones, las expectativas de devaluación desaparecían del horizonte.
Pero por la razón que fuera, cada vez que los especuladores esperaban una devaluación se ponía en funcionamiento una dinámica que se retroalimentaba. El banco central del país en cuestión tenía que aumentar el tipo de interés nacional. Eso resultaba costoso para la economía nacional y para el presupuesto del Gobierno. En consecuencia, la relación coste-beneficio de mantener fijo el tipo de cambio se agrandaba, alimentando la tentación de devaluar.
Cuando los especuladores olían esto, redoblaban su actividad, y eso inducía nuevos incrementos del tipo de interés y a un empeoramiento adicional de esa relación coste-beneficio. En la mayoría de los casos, eso hacía la devaluación inevitable.
El MTC fracasó. Pero el mecanismo contra el impago de la deuda soberana propuesto para la eurozona introduce una estructura de incentivos para los especuladores y las autoridades nacionales similar. Cuando los países anuncien solemnemente (será solemne porque estará consagrado en el tratado en cuestión) que los inversores se las tendrán que ver con unos Gobiernos con opción de aplicar un recorte sobre los bonos pendientes de pago, sucederán dos cosas: en primer lugar, como el riesgo percibido aumentará, es probable que el tipo de interés de los bonos también suba. Esta es la consecuencia que ha subrayado el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, en la reunión del Consejo. Los acontecimientos posteriores le han dado la razón.
En segundo lugar: cuando los Gobiernos declaren solemnemente que en época de dificultades de pago devaluarán sus bonos (eso es lo que significa un recorte), se generará una dinámica especulativa en la eurozona parecida a la que destruyó el MTC. Cuando los inversores prevean las dificultades de un Gobierno determinado para pagar, venderán bonos, y eso aumentará su tipo de interés. Esto ya ha pasado en el último año y medio, pero el compromiso de los demás países de proporcionar ayuda financiera ha frenado el proceso.
El objetivo declarado de este mecanismo es sustituir a la ayuda financiera mutua. Pero de esta forma se abre la puerta a una especulación sin límites como la del MTC.
Cuando la opción de devaluar se convierte en palanca política y sustituye a la ayuda financiera mutua, la dinámica especulativa se vuelve imparable al introducirse exactamente la misma estructura de incentivos que con el MTC: los bonos sufren un tipo de interés más elevado, lo que convierte en más difícil la devolución de la deuda. Eso cambia la relación coste-beneficio de abonar el pago completo de la deuda y aumenta la tentación de devaluar los bonos (aplicando un recorte). Los inversores, al oler esa tentación, intensifican las ventas y, por consiguiente, la relación coste-beneficio aumenta aún más.
Naturalmente el mecanismo contra el impago de la deuda soberana que se ha propuesto no instalará en la eurozona un sistema como el MTC. Es probable que el coste del impago (al devaluar la deuda) siga siendo más elevado que el coste de devaluar una moneda en el MTC. No obstante, al facilitar este paso, la eurozona se encamina hacia un inestable mecanismo de incentivos.
Los Gobiernos se verán más tentados a devaluar su deuda cuando entre en vigor el mecanismo. Y eso puede ser suficiente para que los especuladores muevan ficha. Si se lleva a la práctica, llevará a los Gobiernos a rebajar su propia deuda soberana. No existe una forma más segura de autodestruirse.
La unión monetaria solo puede sobrevivir si existe la voluntad de proporcionar ayuda financiera mutua en tiempos de crisis. Por tanto, la solución no consiste en aplicar el mecanismo contra el impago de la deuda soberana, que conducirá a la desaparición de la eurozona, sino en dar un carácter permanente al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, o mejor aún, transformarlo en un Fondo Monetario Europeo como el que proponen Gros y Mayer, incluyendo una condicionalidad lo suficientemente fuerte como para reducir el peligro del riesgo moral.
lunes, 22 de noviembre de 2010
El SOS de los empresarios al Rey, un documento demoledor
Por Roberto Centeno. Publicado en Cotizalia.com
Resulta asombroso y profundamente deprimente que un manifiesto entregado el lunes al Rey, un auténtico S.O.S firmado por los 61 primeros empresarios y banqueros del país, representativos de más del 90% del Ibex en valor, y de los grandes que están fuera, Santander, BBVA, La Caixa, Telefónica, Repsol, Inditex, Cepsa, Endesa, Iberdrola, Mercadona, Vodafone, Iberia, RENFE, Ford, FCC, etc, y que constituye una enmienda a la totalidad del actual sistema político, donde se exigen cambios radicales de la ley electoral, del sistema educativo, del sistema judicial, del modelo de estado y varias cosas más, algo que jamás ha sucedido en el mundo democrático, haya tenido tan escaso eco mediático, y en la práctica pasado desapercibido.
Si a los españoles en general, y a los medios en particular, les importa un pimiento que los líderes empresariales y financieros del país expliquen que España no es una verdadera democracia, que no existe separación de poderes porque el político controla el judicial, que los políticos no dan la talla, y que cuanto más complejos y difíciles son los problemas a resolver, menor es la preparación y los conocimientos de quienes están llamados a resolverlos, que tenemos un modelo de estado insostenible, un sistema educativo tercermundista, y además esta denuncia de las personas mejor informadas del país no tiene prácticamente eco alguno, eso es porque, pura y simplemente, la sociedad española no tiene remedio por su inequívoca vocación de sumisión a cualquier demagogo indocumentado encaramado al poder. Es decir, tiene exactamente lo que se merece.
El estudio utiliza un concepto que denomina “valor-país” para reflejar de forma sencilla y agregada la evolución de la magnitud y fortaleza de España. Para ello se considera tanto la evolución del país respecto a sí mismo (valor-país absoluto) como respecto a una muestra de países (valor-país relativo), con una proporción 70/30 entre ambos. En la construcción de este indicador se agregan aspectos relativos a competitividad, bienestar, sostenibilidad, influencia, calidad de gobierno y economía. Esta magnitud agregada había crecido fuertemente entre 1997 y 2007, momento en el que se produce el punto de inflexión. A partir de ahí, experimenta una caída tan pronunciada “que en 2009 retorna a valores próximos a 1997”, diez años perdidos en poco más de dos.
Pero la situación sigue empeorando y para 2020 el estudio proyecta un valor-país que es casi la mitad que el de 2009, y lo que es peor, lo compara con lo que podría haber sido, lo que habría pasado si la cosas se hubieran hecho correctamente y la conclusión es pavorosa: el valor-país sería casi seis veces mayor. Este es lo que Zapatero ha hecho de España. Un hundimiento del valor-país de proporciones bíblicas.“El resultado final es una España poco atractiva y en busca de su identidad. La tendencia de pérdida de posicionamiento absoluto y relativo en todos los indicadores relevantes del país es preocupante para el futuro de los españoles y su papel en el mundo”. Es sencillamente imposible una crítica tan demoledora y contundente a un gobierno y a unos gobernantes.
Sistema electoral
Dentro de las cuestiones más relevantes, la que presenta un mayor consenso entre los firmantes, 92%, se refiere a la necesidad de un sistema electoral ajustado a las nuevas necesidades del país y donde, basándose en el estudio del CIS “Calidad Democrática II” en el que se dice que el 91,7% de los encuestados cree que los gobernantes no tienen en cuenta sus opiniones, propone ir hacia “un modelo que permita recuperar la representatividad social de los políticos y el acercamiento a los votantes”, a la vez que denomina “democracia de incubadora” a la actual dictadura partitocrática.El tema es de una trascendencia fundamental. La inmensa mayoría de los firmantes está exigiendo lo que cualquier persona medianamente informada piensa: el cambio de la dictadura partitocrática de listas cerradas y bloqueadas por un sistema de elección directa por parte de los ciudadanos, ni más ni menos que lo que ocurre en a las verdaderas democracias, y obviamente un sistema electoral proporcional y no un sistema como el actual, donde minorías separatistas y antisistema obtienen un nivel de representación completamente desproporcionado con su número de votantes.
Con un 78% de consenso denuncian el creciente “desajuste entre la magnitud, complejidad y visibilidad de las tareas que exige un Estado moderno y eficiente y el nivel de preparación y experiencia de los Administradores”, es decir, cuanto más complejos son los problemas, cuanto mayores son los desafíos, peor es la preparación y la experiencia de las personas llamadas a resolverlos. Esto es válido para todos los partidos políticos, desde un presidente de gobierno enloquecido y sin experiencia alguna, a un líder de la oposición que, en medio de la mayor crisis de nuestra historia, confiesa que dedica su tiempo a ver fútbol, y aparte de pedir una y otra vez elecciones anticipadas, es incapaz de poner orden en las CCAA y Ayuntamientos donde gobierna. De ahí para abajo, lo que ustedes quieran, ministros y ministras que son un insulto a la inteligencia, y que en cualquier otro país europeo no estarían ni de botones, con perdón para los botones.
El análisis pide que se recluten los mejores, pero eso es un imposible metafísico, como los líderes son, por decirlo suavemente, unos mediocres absolutos, no admiten a nadie calidad a su lado que pueda hacerles la sombra, y la dictadura partitocrática hace imposible reclutar a los mejores.
Eficiencia global y clarificación del modelo autonómico
Consideran imprescindible “clarificar el Modelo Autonómico de una manera global, estable y fiable”, frente a los enfoques “cortoplacistas y oportunistas actuales”. Es necesario acabar con las duplicidades, redundancias y excesos de un Estado con tres Administraciones. Un disparate de Estado con diecisiete comunidades y dos ciudades autónomas, con más de 8.000 ayuntamientos, más de 80% de los cuales tiene menos de 5.000 habitantes, Diputaciones, Consejos y Cabildos insulares. Y todo ello sin la menor coordinación efectiva por parte del Estado.Según un reciente estudio de UPyD, “a pesar de que la CCAA forman parte del mismo Estado, su autonomía es mucho mayor que la que tiene España frente a la Unión Europea. El Estado carece de instrumentos de control y corrección ante los posibles desmanes organizativos”. El Estado no sabe lo que gastan, ni cómo lo gastan, ni lo que deben. ¿Cómo es posible entonces valorar el déficit y la deuda de la AAPP? Y si a ello añadimos las 4.000 empresas públicas, cuyo oscurantismo es total, y las deudas a proveedores ocultas en cajones, nadie puede saber a ciencia cierta si España está igual o peor que Grecia, Irlanda o Portugal. Por otro lado, CCAA y Ayuntamientos son “totalmente reacios al sistema objetivo de oposiciones, prefiriendo sustituirla por la contratación a dedo”. Y ocurre que las administraciones territoriales son responsables de casi los dos tercios del gasto de la Nación. En estas condiciones, ¿cómo se puede evitar la ruina de España?
Refuerzo de los Pactos de Estado y separación de poderes
El 88% de los firmantes cree imprescindible el consenso en temas como educación, ciencia y energía, “pactos estables y a largo plazo entre las principales fuerzas políticas y la Sociedad Civil”. Sin embargo, constatan que “la evolución de España tiende a ser la contraria, lo que ha conducido a una politización de temas que deberían estar alejados de la lucha política”. Finalmente se insiste el la imprescindible “separación de poderes”, algo directamente relacionado con la democratización necesaria vía cambios del sistema electoral. Solo el 13,1% de los ciudadanos, según el CIS, cree que el Tribunal Constitucional tiene poder para frenar los abusos de poder del gobierno, y solo un 0,9% considera que la Justicia funciona satisfactoriamente. Es evidente que España no puede calificarse hoy como un Estado de Derecho.
“Con una tendencia a la pérdida de posicionamiento absoluto y relativo en todos los indicadores relevantes del país, la situación actual es peligrosa y preocupante para el futuro de los españoles y su papel en el mundo”.
Ante un análisis tan devastador y contundente de la realidad política y económica por parte de los principales líderes empresariales y financieros del país, ¿cuál será la actitud de los destinatarios del documento? Me atrevo ha hacer una previsión: el Rey ni sabe ni contesta, Zapatero ni lo entiende ni le importa, aunque va a recibir a los 25 “primeros” empresarios, palmeros los más, para “acelerar la recuperación”, ¿qué recuperación?, y hacerse la foto que es lo suyo, y Rajoy está muy ocupado viendo partidos de fútbol. Y mientras tanto, España se dirige imparable hacia el desastre.
Resulta asombroso y profundamente deprimente que un manifiesto entregado el lunes al Rey, un auténtico S.O.S firmado por los 61 primeros empresarios y banqueros del país, representativos de más del 90% del Ibex en valor, y de los grandes que están fuera, Santander, BBVA, La Caixa, Telefónica, Repsol, Inditex, Cepsa, Endesa, Iberdrola, Mercadona, Vodafone, Iberia, RENFE, Ford, FCC, etc, y que constituye una enmienda a la totalidad del actual sistema político, donde se exigen cambios radicales de la ley electoral, del sistema educativo, del sistema judicial, del modelo de estado y varias cosas más, algo que jamás ha sucedido en el mundo democrático, haya tenido tan escaso eco mediático, y en la práctica pasado desapercibido.
Si a los españoles en general, y a los medios en particular, les importa un pimiento que los líderes empresariales y financieros del país expliquen que España no es una verdadera democracia, que no existe separación de poderes porque el político controla el judicial, que los políticos no dan la talla, y que cuanto más complejos y difíciles son los problemas a resolver, menor es la preparación y los conocimientos de quienes están llamados a resolverlos, que tenemos un modelo de estado insostenible, un sistema educativo tercermundista, y además esta denuncia de las personas mejor informadas del país no tiene prácticamente eco alguno, eso es porque, pura y simplemente, la sociedad española no tiene remedio por su inequívoca vocación de sumisión a cualquier demagogo indocumentado encaramado al poder. Es decir, tiene exactamente lo que se merece.
El estudio utiliza un concepto que denomina “valor-país” para reflejar de forma sencilla y agregada la evolución de la magnitud y fortaleza de España. Para ello se considera tanto la evolución del país respecto a sí mismo (valor-país absoluto) como respecto a una muestra de países (valor-país relativo), con una proporción 70/30 entre ambos. En la construcción de este indicador se agregan aspectos relativos a competitividad, bienestar, sostenibilidad, influencia, calidad de gobierno y economía. Esta magnitud agregada había crecido fuertemente entre 1997 y 2007, momento en el que se produce el punto de inflexión. A partir de ahí, experimenta una caída tan pronunciada “que en 2009 retorna a valores próximos a 1997”, diez años perdidos en poco más de dos.
Pero la situación sigue empeorando y para 2020 el estudio proyecta un valor-país que es casi la mitad que el de 2009, y lo que es peor, lo compara con lo que podría haber sido, lo que habría pasado si la cosas se hubieran hecho correctamente y la conclusión es pavorosa: el valor-país sería casi seis veces mayor. Este es lo que Zapatero ha hecho de España. Un hundimiento del valor-país de proporciones bíblicas.“El resultado final es una España poco atractiva y en busca de su identidad. La tendencia de pérdida de posicionamiento absoluto y relativo en todos los indicadores relevantes del país es preocupante para el futuro de los españoles y su papel en el mundo”. Es sencillamente imposible una crítica tan demoledora y contundente a un gobierno y a unos gobernantes.
Sistema electoral
Dentro de las cuestiones más relevantes, la que presenta un mayor consenso entre los firmantes, 92%, se refiere a la necesidad de un sistema electoral ajustado a las nuevas necesidades del país y donde, basándose en el estudio del CIS “Calidad Democrática II” en el que se dice que el 91,7% de los encuestados cree que los gobernantes no tienen en cuenta sus opiniones, propone ir hacia “un modelo que permita recuperar la representatividad social de los políticos y el acercamiento a los votantes”, a la vez que denomina “democracia de incubadora” a la actual dictadura partitocrática.El tema es de una trascendencia fundamental. La inmensa mayoría de los firmantes está exigiendo lo que cualquier persona medianamente informada piensa: el cambio de la dictadura partitocrática de listas cerradas y bloqueadas por un sistema de elección directa por parte de los ciudadanos, ni más ni menos que lo que ocurre en a las verdaderas democracias, y obviamente un sistema electoral proporcional y no un sistema como el actual, donde minorías separatistas y antisistema obtienen un nivel de representación completamente desproporcionado con su número de votantes.
Con un 78% de consenso denuncian el creciente “desajuste entre la magnitud, complejidad y visibilidad de las tareas que exige un Estado moderno y eficiente y el nivel de preparación y experiencia de los Administradores”, es decir, cuanto más complejos son los problemas, cuanto mayores son los desafíos, peor es la preparación y la experiencia de las personas llamadas a resolverlos. Esto es válido para todos los partidos políticos, desde un presidente de gobierno enloquecido y sin experiencia alguna, a un líder de la oposición que, en medio de la mayor crisis de nuestra historia, confiesa que dedica su tiempo a ver fútbol, y aparte de pedir una y otra vez elecciones anticipadas, es incapaz de poner orden en las CCAA y Ayuntamientos donde gobierna. De ahí para abajo, lo que ustedes quieran, ministros y ministras que son un insulto a la inteligencia, y que en cualquier otro país europeo no estarían ni de botones, con perdón para los botones.
El análisis pide que se recluten los mejores, pero eso es un imposible metafísico, como los líderes son, por decirlo suavemente, unos mediocres absolutos, no admiten a nadie calidad a su lado que pueda hacerles la sombra, y la dictadura partitocrática hace imposible reclutar a los mejores.
Eficiencia global y clarificación del modelo autonómico
Consideran imprescindible “clarificar el Modelo Autonómico de una manera global, estable y fiable”, frente a los enfoques “cortoplacistas y oportunistas actuales”. Es necesario acabar con las duplicidades, redundancias y excesos de un Estado con tres Administraciones. Un disparate de Estado con diecisiete comunidades y dos ciudades autónomas, con más de 8.000 ayuntamientos, más de 80% de los cuales tiene menos de 5.000 habitantes, Diputaciones, Consejos y Cabildos insulares. Y todo ello sin la menor coordinación efectiva por parte del Estado.Según un reciente estudio de UPyD, “a pesar de que la CCAA forman parte del mismo Estado, su autonomía es mucho mayor que la que tiene España frente a la Unión Europea. El Estado carece de instrumentos de control y corrección ante los posibles desmanes organizativos”. El Estado no sabe lo que gastan, ni cómo lo gastan, ni lo que deben. ¿Cómo es posible entonces valorar el déficit y la deuda de la AAPP? Y si a ello añadimos las 4.000 empresas públicas, cuyo oscurantismo es total, y las deudas a proveedores ocultas en cajones, nadie puede saber a ciencia cierta si España está igual o peor que Grecia, Irlanda o Portugal. Por otro lado, CCAA y Ayuntamientos son “totalmente reacios al sistema objetivo de oposiciones, prefiriendo sustituirla por la contratación a dedo”. Y ocurre que las administraciones territoriales son responsables de casi los dos tercios del gasto de la Nación. En estas condiciones, ¿cómo se puede evitar la ruina de España?
Refuerzo de los Pactos de Estado y separación de poderes
El 88% de los firmantes cree imprescindible el consenso en temas como educación, ciencia y energía, “pactos estables y a largo plazo entre las principales fuerzas políticas y la Sociedad Civil”. Sin embargo, constatan que “la evolución de España tiende a ser la contraria, lo que ha conducido a una politización de temas que deberían estar alejados de la lucha política”. Finalmente se insiste el la imprescindible “separación de poderes”, algo directamente relacionado con la democratización necesaria vía cambios del sistema electoral. Solo el 13,1% de los ciudadanos, según el CIS, cree que el Tribunal Constitucional tiene poder para frenar los abusos de poder del gobierno, y solo un 0,9% considera que la Justicia funciona satisfactoriamente. Es evidente que España no puede calificarse hoy como un Estado de Derecho.
“Con una tendencia a la pérdida de posicionamiento absoluto y relativo en todos los indicadores relevantes del país, la situación actual es peligrosa y preocupante para el futuro de los españoles y su papel en el mundo”.
Ante un análisis tan devastador y contundente de la realidad política y económica por parte de los principales líderes empresariales y financieros del país, ¿cuál será la actitud de los destinatarios del documento? Me atrevo ha hacer una previsión: el Rey ni sabe ni contesta, Zapatero ni lo entiende ni le importa, aunque va a recibir a los 25 “primeros” empresarios, palmeros los más, para “acelerar la recuperación”, ¿qué recuperación?, y hacerse la foto que es lo suyo, y Rajoy está muy ocupado viendo partidos de fútbol. Y mientras tanto, España se dirige imparable hacia el desastre.
viernes, 19 de noviembre de 2010
Política y oratoria: el lenguaje de los políticos
Por Ignacio Moreno Aparicio
“POLITICA Y ORATORIA: EL LENGUAJE DE LOS POLITICOS”.
Editores: José Antonio Hernández Guerrero; Mª del Carmen García Tejera; Isabel Morales Sánchez y Fátima Coca Ramírez.
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz y Ayuntamiento de Cádiz. Actas del II Seminario Emilio Castelar, Diciembre de 2001. 237 Págs.
Cuenta en el prólogo el Prof. Dr. y Catedrático de Lenguas de la UCA, D. José Antonio Hernández Guerrero, “Que en la democracia, la Oratoria política ha alcanzado un alto grado de valoración práctica y un considerable nivel de estimación como objeto de análisis teórico. La Retórica – arte y ciencia de los discursos persuasivos - ha recobrado el prestigio científico y la cotización académica que mantuvo durante más de veinticinco siglos desde su fundación por Empédocles de Agrigento (493-433 a C.) y por Córax de Siracusa (s. V. a C.) y, sobre todo, desde que Aristóteles (394-322 a C) la implantó como disciplina fundamental en el sistema de pensamiento de la Antigüedad clásica.
Ya no es suficiente que los políticos adquieran un conocimiento detallado de los problemas sociales, de la elaboración de leyes para alcanzar sus adecuadas soluciones, sino que, además, se les exige que sean capaces de ofrecer una explicación clara, que aprendan a construir una argumentación coherente, orientada hacia una eficaz persuasión. Es necesario que los políticos sepan expresarse y comunicarse, narrar y describir, preguntar y responder, argüir y replicar, persuadir y convencer.
En resumen, podemos decir que los políticos han de ser unos elocuentes oradores y unos eficientes comunicadores, han de poseer capacidad para explicar sus propuestas y habilidad para responder a los adversarios; han de dominar las técnicas oratorias que facilitan el planteamiento adecuado de sus tesis y la refutación de las propuestas contrarias.
La Retórica y la Dialéctica constituyen, en estos momentos, unas disciplinas complementarias y necesarias en los estudios políticos ya que proporcionan instrumentos imprescindibles e, incluso, ofrecen elementos valiosos para la exégesis, para la interpretación y para la elaboración de los discursos.
La importancia que la Retórica ha ejercido y sigue ejerciendo hoy día en el ámbito político ha llevado a distinguidos especialistas a plantear las consecuencias que el conocimiento de la teoría retórica tuvo y sigue teniendo en nuestra vida cotidiana.
El reconocimiento del valor que esta antigua disciplina ha obtenido en la Historia de la política adquiere especial relieve en el espacio dedicado al análisis de los discursos de oradores que, desde la Antigüedad, han participado activamente en la vida política y han seguido muy de cerca las pautas que proporcionaba la Retórica tradicional.”.
“POLITICA Y ORATORIA: EL LENGUAJE DE LOS POLITICOS”.
Editores: José Antonio Hernández Guerrero; Mª del Carmen García Tejera; Isabel Morales Sánchez y Fátima Coca Ramírez.
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz y Ayuntamiento de Cádiz. Actas del II Seminario Emilio Castelar, Diciembre de 2001. 237 Págs.
Cuenta en el prólogo el Prof. Dr. y Catedrático de Lenguas de la UCA, D. José Antonio Hernández Guerrero, “Que en la democracia, la Oratoria política ha alcanzado un alto grado de valoración práctica y un considerable nivel de estimación como objeto de análisis teórico. La Retórica – arte y ciencia de los discursos persuasivos - ha recobrado el prestigio científico y la cotización académica que mantuvo durante más de veinticinco siglos desde su fundación por Empédocles de Agrigento (493-433 a C.) y por Córax de Siracusa (s. V. a C.) y, sobre todo, desde que Aristóteles (394-322 a C) la implantó como disciplina fundamental en el sistema de pensamiento de la Antigüedad clásica.
Ya no es suficiente que los políticos adquieran un conocimiento detallado de los problemas sociales, de la elaboración de leyes para alcanzar sus adecuadas soluciones, sino que, además, se les exige que sean capaces de ofrecer una explicación clara, que aprendan a construir una argumentación coherente, orientada hacia una eficaz persuasión. Es necesario que los políticos sepan expresarse y comunicarse, narrar y describir, preguntar y responder, argüir y replicar, persuadir y convencer.
En resumen, podemos decir que los políticos han de ser unos elocuentes oradores y unos eficientes comunicadores, han de poseer capacidad para explicar sus propuestas y habilidad para responder a los adversarios; han de dominar las técnicas oratorias que facilitan el planteamiento adecuado de sus tesis y la refutación de las propuestas contrarias.
La Retórica y la Dialéctica constituyen, en estos momentos, unas disciplinas complementarias y necesarias en los estudios políticos ya que proporcionan instrumentos imprescindibles e, incluso, ofrecen elementos valiosos para la exégesis, para la interpretación y para la elaboración de los discursos.
La importancia que la Retórica ha ejercido y sigue ejerciendo hoy día en el ámbito político ha llevado a distinguidos especialistas a plantear las consecuencias que el conocimiento de la teoría retórica tuvo y sigue teniendo en nuestra vida cotidiana.
El reconocimiento del valor que esta antigua disciplina ha obtenido en la Historia de la política adquiere especial relieve en el espacio dedicado al análisis de los discursos de oradores que, desde la Antigüedad, han participado activamente en la vida política y han seguido muy de cerca las pautas que proporcionaba la Retórica tradicional.”.
jueves, 18 de noviembre de 2010
La construcción cultural del fascismo, por Josep Ramoneda
Publicado en El País (17/11/2010)
El biopic de Belén Esteban que presentó Telecinco empezaba intercalando planos de momentos estelares de la vida de la protagonista y de episodios de agitación de masas de Eva Perón. En el contexto de exaltación hiperbólica de la figura de la homenajeada, la primera reacción era pensar en una exageración más, en otra pasada de frenada en la mitificación de la llamada princesa del pueblo. Sin embargo, intencionadamente o no, la comparación daba mucho de sí.
Por un lado, insinuaba que el plató de televisión ha venido a sustituir a las grandes explanadas para la concentración de masas, como lugar propio de la demagogia populista. Y en este sentido podría parecer tranquilizador: mejor que las masas deslumbradas por la estrella estén apaciblemente sentadas en el sofá de su casa y no codo a codo en la calle, dispuestas a lo que manden. Sin embargo, la comparación nos llevaba inevitablemente a pensar que el realizador veía en Belén Esteban un potencial fenómeno político de masas. Lo cual venía corroborado por el hecho insólito de que Telecinco difundiera una encuesta de opinión en la que Belén Esteban aparecía como contrincante de los distintos partidos políticos del arco parlamentario español.
Conocida la naturaleza del peronismo, sabiendo lo muy roída que está la democracia argentina por no haberse liberado nunca de este fenómeno populista, me pregunté si el director del documental quería curarse en salud y nos advertía de que lo que venía a continuación era un fenómeno típico de la construcción cultural del populismo fascista.
Ciertamente, Fermín Bouza explicaba muy bien el éxito de Belén Esteban como eco de las conversaciones de pueblo, o de escalera de vecinos, que en la cultura urbana actual tienden a perderse. Vivimos tiempos de individualización creciente y de desocialización avanzada: que los "famosos" publiciten, o aparenten publicitar, su vida privada, satisface las pulsiones voyeuristas de parte de la población.
Pero el caso de Belén Esteban parte de aquí y va algo más allá: por la continuidad del relato y por el papel de heroína que le han hecho asumir. El argumento de la construcción de la princesa del pueblo es tan simple como las expresiones que le han hecho famosa: mujer pobre que alcanza, por amor, un sitio en las élites de este mundo a través de un torero de renombre, y que es maltratada y expulsada por un poder de clase y masculino, que no soporta a una chica del pueblo que sigue fiel a los suyos hasta el último momento, y en especial a su hija, para la que está dispuesta incluso a matar.
Como toda construcción de un mito mediático, tiene evidentemente sus secretos. Y en este caso hay uno principal, que no puede pasar desapercibido, pero que en un ejercicio de amnesia voluntaria, compartido por el público y por el coro de figurantes que vive de esta historia, se convierte en tabú. Lo podemos formular en forma de pregunta: ¿por qué la imagen física de Belén Esteban se deteriora tanto a pesar de la cirugía estética aplicada? Responder a esta pregunta probablemente acabaría con el mito y, por tanto, con todo el dinero que circula a su alrededor. Se trata, por tanto, de convertir los hechos -las operaciones- en acontecimientos, sin ahondar nunca en las causas. Todo personaje hiperexpuesto al público corre riesgos: el día que la gente se pregunte por qué la operaron será el principio del fin de Belén Esteban. Querrá decir que el público se habrá quitado la venda de los ojos, que la pose de gritona mujer indignada habrá acabado su recorrido. Todo cansa en el mundo de la televisión.
La estructura narrativa de la historia del personaje es, por tanto, simple y responde a un patrón perfectamente conocido: la humilde víctima de una familia poderosa convertida en heroína popular. El personaje es de una transparencia meridiana: vista una vez, vista siempre. Sus recursos: gritar, llorar, gesticular, indignarse, hacer de la ordinariez hortera un estilo, se repiten en una espiral inacabable. Cuantos más chillidos, más entusiasmo. Se conoce el poder de la simplicidad y de la repetición. La eterna repetición de lo mismo es una vieja técnica de seducción colectiva. Y sobre ella se funda tanto el personaje Belén Esteban como el cuento construido sobre su biografía.
Mi interés iba decayendo por momentos cuando una idea que pronunció Cristian Salmon me sacó de la modorra: esta mujer no suple el silencio de las clases populares, al contrario, lo alimenta. He aquí una definición del populismo fascistoide en la época de la televisión. No se trata de dar la voz a las clases populares, se trata de enardecerlas para que sigan calladas. Para que cedan su palabra al agitador que promete representarlas. Un medio frío, como la televisión, parece garantizar que la abducción de las mentes no tenga consecuencias mayores en la calle: fascismo de sala de estar más cultural que político.
El repertorio básico de la cultura fascista está condensado en la frase estrella de Belén Esteban: "Yo, por mi hija, ma-to", mil y una veces repetida por ella y coreada por sus admiradores, los de verdad, y los que viven del cuento. No hay complejidad. Todo es simple. Un problema, una respuesta. Me tocan a mi hija, mató. La muerte y la sangre: la muerte legitimada por la sangre. Por mi hija mato, por mi patria mato. Pura sonoridad fascistoide.
El esquema de esta frase es el que utiliza Belén Esteban cada vez que descalifica a los políticos y que asegura que ella tendría solución para todo. No conocen al pueblo, solo piensan en ellos, en vez de soluciones nos crean problemas, yo tengo respuesta para todo... Y por mi hija mato. Da grima. La proximidad de la cámara subraya la furia a través de un rostro desencajado. La secuencia se repite una y otra vez, venga o no a cuento. Cuanto más la repita más aplausos arrancará, más subirá la temperatura. Los distintos estratos del coro la repiten con ella: en el plató, en la prensa, en la calle. La estructura del "Por mi hija mato" es del mismo tipo de "por los míos hago lo que haga falta", "los inmigrantes fuera", o "eso se acaba metiéndoles en la cárcel".
Desprecio a las élites, desprecio a las leyes, desprecio a las instituciones: la solución es el pueblo en estado puro que ella pretende representar. Apoteosis de la ignorancia convertida en virtud.
Belén Esteban ha encontrado el medio y el momento adecuado para alcanzar cuotas de reconocimiento con las que, probablemente, nunca había soñado. Hoy, probablemente, ya no es ni siquiera dueña de un destino que le sobrepasa y que cambiará bruscamente el día en que deje de funcionar como máquina de hacer dinero. Es la lógica de la mercancía mediática. Los mismos que la han encumbrado, la tirarán cuando no dé dinero. Hoy, ya es solo una mercancía, que su pueblo consume. Y consumir es el modo de instalarse en el silencio.
Pero el éxito de Belén Esteban hay que mirarlo en doble dirección: los peligros de un discurso que extiende todos los tópicos antipolíticos y antidemocráticos; el estado de unos sectores de la sociedad que se sienten completamente desatendidos por la política, que buscan contacto, roce, espacio compartido: es decir, los espacios comunitarios perdidos. Para muchos de ellos el encuentro en la tele con Belén Esteban es, para así decirlo, el momento del reconocimiento: al identificarse con ella se sienten alguien en este mundo. Sin otra exigencia que aplaudir y sentirse solidaria coreando el perverso mensaje: "Yo, por mi hija, ma-to". El éxito de Belén Esteban es una crítica a los que dirigen las instituciones democráticas, que cada vez dejan más espacios fuera de la representación y del reconocimiento. Belén Esteban es la mercancía con la que algunos avispados han intentado ocupar un espacio que además puede ser negocio. Hipotecándose en esta mercancía, estos ciudadanos, que ella llama pueblo, se convierten en turba virtual. Carne de aplauso, ¿quién les devolverá la palabra?
Qu viene el lobo, por Rafael Salas
Publicado en El País (18/112010)
Hay una teoría que el PSOE viene explicando en Andalucía desde hace 30 años. Tesis: el lobo es la derecha. Antítesis: los corderitos son los andaluces, a los que el Partido Popular les va a despojar de todos sus derechos sociales. Síntesis: voten a los socialistas, los valedores y garantes del Estado del bienestar. Los buenos y los malos; unos quitan y otros dan.
Vuelven los socialistas andaluces a las andadas, a la dialéctica elemental, casi animal, de apelar al miedo como elemento fundamental de la estrategia electoral. Vuelven los asustaviejas. A falta de un discurso de principios -en el campo de las ideas lo de "la sostenibilidad en igualdad" es de aurora boreal-, a falta de venta de una gestión o de plantear propuestas válidas para salir de la crisis, el argumento vuelve a lo sentimental, a lo prístino. Por eso desde las últimas semanas ha vuelto a prodigar en los discursos del PSOE aquello tan manido, y tan viejo, de que si la derecha malvada gobierna la eliminación de las pensiones, la supresión de los subsidios de desempleo o la regresión autonómica están aseguradas. Me produce cierta desolación que los planteamientos de mis adversarios discurran por estos derroteros tan maniqueos y falsos, como si la política fuera una prédica simplista dirigida a una manada de descerebrados. Aunque también debo reconocer que a la par me produce un enorme alivio. Si esto es lo que tiene que ofrecer el PSOE a los andaluces, la victoria electoral de mi partido está asegurada. Particularmente, por la facilidad para rebatirlos.
En primer lugar, porque no hace falta tener una memoria de elefante para recordar cómo en 1996 todos aquellos malos augurios previos al primer Gobierno popular de la democracia fueron derrotados por la gestión económica y social exitosa posterior: creación de empleo, acuerdos con los sindicatos, leyes que aseguraron el poder adquisitivo de los pensionistas, planes para la igualdad de la mujer y un largo listado de logros que conforman un indudable balance positivo, latente hoy en la memoria de muchísimos andaluces.
En segundo lugar, porque la pésima gestión del Gobierno andaluz nos ha devuelto a los indicadores socioeconómicos de la preautonomía. Quien está poniendo verdaderamente en riesgo el Estado de bienestar es el Gobierno que nos ha situado en más de un millón de parados y gestiona solo para mantener su estructura de poder. Por no hablar del "Gobierno amigo" de Zapatero: ha congelado las pensiones, ha rebajado el sueldo de los funcionarios, ha subido los impuestos y nos ha colocado en unas cifras de deuda pública que rozan la locura. Para recortes sociales brutales, los citados.
Y el colmo de la desfachatez. Nos acusan ahora de querer privatizar los servicios públicos, como si fuera un crimen de lesa humanidad, al que, en cualquier caso, descaradamente ya se ha apuntado el PSOE. El Gobierno andaluz tiene en manos del sector privado prácticamente la totalidad de los servicios sociales: los centros de día, la ayuda a domicilio, las residencias de mayores, los centros de mujeres maltratadas. Por ejemplo, solo en educación infantil y primaria, las unidades concertadas alcanzarán en 2011 la cifra de 6.357. Claro que ellos no privatizan, ellos "externalizan los servicios".
En tercer lugar, ese tipo de crítica proyecta una carencia absoluta de ideas. Es que el socialismo en Andalucía ya no da para más. La California española, la Andalucía imparable, la nueva Finlandia del sur, la segunda modernización... Ahora, la Andalucía sostenible; eslóganes vacíos convertidos en decepciones históricas. Fíjense en el resultado de sus últimos proyectos estrella: la política de I+D+i ha retrocedido y el parón en las energías renovables es hoy una desgraciada evidencia.
Si el ofrecimiento de estas nuevas casandras se basa en retomar el discurso del miedo y con la brocha gorda estigmatizar al PP es que no pueden ofrecer ya nada a la sociedad andaluza, salvo un puñado de antiguas leyendas negras.
Del liderazgo político mejor no hablar. Por más que pretendan hacer de Javier Arenas un ángel exterminador, quien huele a rancio es Griñán y a naftalina, su partido. Y no digamos, por antidemócrata, su secretaria de Organización, que ha afirmado que "bajo ningún concepto" el Partido Popular ganará en Andalucía, como si fuéramos una maldición, como si el PSOE fuera el dueño de la historia.
No. No viene el lobo. Viene el cambio y con él llegará la confianza. Y que los socialistas acaben con el cuento que no convence a nadie. A renovarse y a regenerarse. ¡Que ya va siendo hora!
Rafael Salas es senador del Partido Popular.
martes, 16 de noviembre de 2010
Interesante correo que circula por la red
El síndrome Belén Esteban
Como profesora, las preguntas de los alumnos que más me cuesta responder convincentemente son sobre por qué hay que estudiar cosas que a ellos les parecen inútiles o absurdas, como la Historia o la Geografía. Yo tengo claro qué me aportan a mí, pero de todas las razones que hay para estudiar estas cosas yo les hago hincapié en lo necesarias que son estas disciplinas para comprender el mundo en el que viven: las coordenadas de espacio y tiempo, que al fin y al cabo son las que tratan la Geografía y la Historia, nos ayudan a conocer el sitio que ocupamos en el mundo y a comprender de dónde vienen todas nuestras realidades. Que todo eso les puede parecer ajeno y absurdo, pero que muchas de las cosas que estudian tienen que ver con su vida real y que, quieran o no, les afectan.
Por ejemplo, ¿quieres saber por qué tienes a tu lado a un compañero que viene de Ecuador? ¿por qué habla el mismo idioma que tú? ¿quieres entender por qué un señor, por nacer con el apellido Borbón, va a ser "rey" y el Estado Español le va a dar mucha pasta (que vendrá de los impuestos que tú pagues de mayor)? ¿por qué lo que digan unos señores europeos en Bruselas va a repercutir - y mucho - en tu vida? Todo eso es geografía. Todo eso es Historia.
Algunos entienden qué quiero decir, otros no. Yo no llevo mal las preguntas, las protestas... son críos. Es normal. Donde me desarman del todo y me dejan sin respuestas es cuando me dicen que todo eso les da igual. Que para qué quieren saber dónde está Marruecos, si no van a ir nunca. Para qué conocer el tipo de elecciones que hay en España, si ellos no tienen la intención de votar jamás. Que les resbala que haya una guerra en Irak, que media África se esté muriendo de hambre o que la Unión Europea diga "bla, bla…". Si ni siquiera les interesa eso, imaginaos lo complicado que me resulta hacer que se interesen por lo que hacían señores de hace cinco siglos, por muy apasionante que yo intente pintarlo.
Y lo que llevo peor con diferencia, es esa actitud de orgullo con el que exhiben su ignorancia y su cortedad de miras. Esa actitud de "no sirve para nada, no me interesa. Eso que cuentas y a lo que dedicas tu vida es una mierda. Yo quiero jugar a la Play/ irme de compras al Centro Comercial y ya". La tienen conmigo, que enseño Historia, pero también con los profes de lengua, de biología, de matemáticas, de…….. El desprecio por los libros, por el Arte, por la Cultura, por las Ciencias... no es algo tan raro, y puede conmigo.
Últimamente esa actitud está más de moda que nunca. Tenemos una perfecta encarnación en la dichosa Belén Esteban, que no sabe nada, no quiere saber nada y se jacta de ello. La mala educación, la zafiedad y la ignorancia puestas en un pedestal día tras día. Todo el mundo la aplaude porque ella es "auténtica" (signifique lo que signifique eso). Conozco a mucha gente a la que le gusta ver a la Esteban y es curio, porque hay toda clase de personas entre su público. Entre ellos, los que más me llaman la atención son dos tipos: la gente que tiene (o cree que tiene) más educación que ella y la ve como un divertimento, incluso algunos como un consuelo (yo soy mejor que ella), o los que son como ella, que han visto como la ignorancia y la mala educación también te pueden hacer triunfar en la vida y que hay que sentirse orgulloso de ello. Eso me da miedo: que se extienda y que sirva de ejemplo a más bobos, que opinen que el no saber nada es estupendo. Que el presumir de ser zafio e inculto se convierta en políticamente correcto y sea bien visto.
http://www.youtube.com/watch?v=fpgDqZBIszo
"Eh, que yo no quiero ayuda de nadie, que no necesito ayuda, leche" dice la Esteban en un momento de estos cuatro minutos de despropósitos. "Como yo no he pillado esa revolución -la industrial- tres narices me importa"- un argumento que podría haber empleado uno de mis peores alumnos.
En fin... lo grande es que estoy convencida de que la mayor parte del público (y muchos de los de las mesas) no tenían ni idea de que la chica estaba metiendo la zarpa hasta el fondo y más allá y reían y aplaudían porque lo decía el regidor.
Entendedme: yo no critico a la gente que no sabe. Yo no sé mucho de tantísimas cosas... tampoco creo que tenga que ser motivo de vergüenza el no haber estudiado, el no hablar correctamente o el tener lagunas de conocimiento. Lo que me revienta es la actitud contraria, la exhibición con orgullo de la ignorancia y el menosprecio a cualquier cosa que huela a sapiencia. Me duele el desprecio a la educación, en todos sus sentidos. Me duele... y me da una pena que me muero.
NO DEJES DE VER EL VIDEO. Aunque sientas rechazo a hacerlo, porque es digno de "analizar" lo que "las cadenas" están haciendo por la educación. Luego nos piden responsabilidades a los padres, a la escuela...
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