Por Antonio Casado
Publicado en El Confidencial (19/05/2011)
Con desalojo o sin desalojo de la Puerta del Sol madrileña y otras plazas españolas, la mecha ya está encendida. Y mejor que la orden de la Juntas Electorales Provinciales respecto a las concentraciones convocadas para la tarde-noche de ayer no dé lugar a males mayores. De entrada, el lenguaje de la orden recibida en las Delegaciones del Gobierno -me fijo en la de Madrid- no es precisamente el de los indignados. Les habrá sonado a provocación leguleya frente a la democracia real que ellos pregonan.
A saber: pedir el “voto responsable” en la calle “puede afectar a la campaña electoral y a la libertad del derecho de los ciudadanos al ejercicio del voto”. Ese es el lenguaje de la Junta, que de paso explica a los desertores del sistema los pasos a seguir para solicitar el permiso con diez días de antelación. Es como pedirle a 80.000 personas reunidas en el estadio Bernabéu que bajen la voz cuando vayan a celebrar un gol del Real Madrid para no molestar a los vecinos.
Pero, atención, es gente de orden. Y la protesta, de momento caótica y muy poco articulada es, a mi juicio, justa, lógica y razonable, amén de pacífica y desconectada de los partidos políticos dominantes. De nihilismo, nada. Aunque en esta campaña paralela, espontánea, sin líderes, sin guión previo, el grito del cambio suene distinto a como suena en los mítines de Rajoy (es evidente que Zapatero y Rubalcaba no piden cambio), denunciar la corrupción, la ineficacia y el narcisismo de la clase política, no exige ser un adicto a la gasolina. Hasta Francisco Camps lo firmaría. Y no digamos Rodríguez Ibarra (PSOE) o Cayo Lara (IU), que ayer se subían sin ningún disimulo a la ola del llamado 15-M. Tampoco hace falta ser un peligroso activista forjado en los movimientos antisistema para invocar el derecho constitucional a manifestarse en la calle, pedir la reforma de la Ley Electoral, denunciar la censura o reclamar vivienda y trabajo de los poderes públicos.
Cambio como fin y protesta callejera como medio. Es la campaña de los excluidos del Estado del Bienestar y la Sociedad de Consumo con algo de tiempo para pensar. Jóvenes en su mayoría, que sufren un 45 % de paro y no se fían de los dos grandes partidos. Creen con razón que no es justo un sistema que genera semejantes desequilibrios. Y hacen responsable a una clase política codiciosa de poder e incapaz de reconducir la situación. Imposible que este movimiento de rebeldía acepte las reglas del juego de una campaña electoral protagonizada por esa clase política. Eso es lo que deben asumir tanto las Juntas Electorales como el Ministerio del Interior, de donde salían anoche llamamientos a la calma mientras las delegaciones del Gobierno negociaban con los concentrados en los distintos puntos de España donde se está escenificando un antiguo malestar perfectamente identificado.
Un estado de ánimo de persistente reflejo en los altos índices de abstención electoral, en la valoración de la clase política como la tercera gran preocupación de los españoles, en los bajísimos índices de alineamiento ideológico y afiliación política entre los jóvenes ¿A quién le puede extrañar lemas dominantes como “No los votes” o “No nos representan”?
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