¿Adónde va Europa?

La respuesta a la crisis (desregulación del mercado laboral, deflación salarial, desempleo estructural, recortes presupuestarios, privatizaciones) vuelve aún más voraces a los mercados. La UE necesita otra estrategia

Por Sami Nair

Después de Grecia, Irlanda. Después, probablemente Portugal. A continuación, no lo sabemos. Lo que es seguro es que varios países están amenazados por los mercados. España ya está en el punto de mira. Pero con el debido respeto por los demás, España no es lo mismo. Es la cuarta economía de Europa (12% del PIB europeo), y es un peso pesado de la política europea. La deuda española es efectivamente tres veces superior a la griega, su déficit gira desde hace dos años en torno al 10% del PIB, y el desempleo, que afecta a todas las franjas de edad, se sitúa en realidad por encima del 20%. Si España recurriera al fondo de rescate europeo, eso abriría también y de manera inevitable el camino a acciones especulativas contra Italia y Francia, y significaría un giro decisivo para Europa.

La paradoja es que la estrategia europea de salida de la crisis mundial (desregulación de los mercados de trabajo, deflación salarial, desempleo estructural, restricciones presupuestarias, privatizaciones masivas), vuelve más voraces aún a los mercados que, de ahora en adelante, lo quieren todo y les parece que nunca se hace bastante. Esta estrategia, fundamentalmente recesiva, provoca un aumento legítimo de las reivindicaciones sociales y políticas, y da lugar a unas preguntas que las opiniones públicas ya comienzan a formularse espontáneamente. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, expresa sin ambages este estado de ánimo: "Para Atenas, Madrid o Lisboa, se planteará seriamente la cuestión de saber si les interesa continuar el plan de austeridad impuesto por el FMI y por Bruselas, o, al contrario, volver a ser dueños de su política monetaria" (Le Monde, 23, 24 de mayo de 2010).

Aún no hemos llegado hasta aquí pero, si no cambiamos las reglas de juego, la división de la zona euro se volverá una hipótesis seria. Pues está claro que no podremos resolver esta crisis solamente con medidas restrictivas que apunten a las poblaciones más expuestas (clases medias y populares), y menos aún con unas medidas técnicas vinculantes como las apoyadas por Alemania y Francia para activar el fondo de rescate. El presidente del Bundesbank alemán, Axel Weber, ha dado a entender, durante una visita reciente a París, que los 750.000 millones de euros deberían ser de todos modos aumentados si España recurriera al fondo. Lo cual no debe de haber gustado al ministro alemán de finanzas, Wolfgang Schäuble, que, en una entrevista en Der Spiegel (8-11-2010), ha cortado a cuchillo en dos fases para quienes no las respetaran las líneas rojas de esta ayuda: durante la fase crítica, prolongación de vida de los créditos y, si eso no basta, los inversores privados deberán aceptar una depreciación de sus préstamos a cambio de garantías para el resto. Eso viene a ser lo mismo que agitar el capote delante de los inversores privados.

Estos han reaccionado inmediatamente poniendo de rodillas a Irlanda y cercando a Portugal, antes de señalar a Bélgica y a España. ¿Cuánto falta para que pasen al ataque? El margen de confianza que conceden a los diferentes países de la zona euro ya es insostenible: Alemania encuentra compradores de sus bonos de una media del 2,7%, mientras que España los negocia en el mejor de los casos en torno al 5% y Portugal al 6,7%. Los países endeudados prestan pues a unas tasas cada vez más prohibitivas y, si a veces logran ganar unos puntos, solo es porque el banco central compra unos bonos, cosa que no podrá durar mucho tiempo.
En realidad, asistimos a una verdadera guerra de los mercados contra los Estados. Cuando empezó la crisis, apunté (La victoria de los mercados financieros, EL PAÍS, 8-5-2010) que los mercados iban a someter a prueba la capacidad de resistencia de los Estados y de los movimientos sociales, y que, en caso de una debilidad probada de los europeos para definir una estrategia progresista común frente a la crisis, los inversores iban a incrementar su ventaja atacando frontalmente a los Estados más frágiles. Objetivos: desregularizar aún más los mercados internos y exigir más privatizaciones. Es exactamente lo que está ocurriendo hoy. Lo que vemos en lo sucesivo ante nuestros ojos es una nueva contrarrevolución social thatchero-reaganiana. La cuestión es saber si las sociedades europeas van a aceptarlo. Pero en este pulso, el estatus del euro es un test definitivo: ¿será por fin puesto al servicio de la promoción de un modelo social sostenible o se volverá el vector de la destrucción de los restos del Estado de bienestar europeo?

A partir de ahora, el problema para Europa ya no es económico, sino político. Si las medidas técnicas adoptadas no logran resolver las dificultades de los países europeos, ¿veremos la división de la zona euro anunciada por Stiglitz? ¿Y qué forma revestirá? ¿Una zona euro reducida a seis, sin España? ¿Una zona basada en el desacoplamiento entre una moneda única para la pareja franco-alemana y algunos más, y una moneda común para el resto? ¿Un retorno a las monedas nacionales? Y en este caso, ¿qué será del mercado único? Por supuesto, oímos cada día a responsables políticos afirmar que estas hipótesis son impensables: ¿pero estamos seguros de que controlan los flujos monetarios? ¿No están sometidos al unísono a los dictados de la Bolsa? Todo puede ocurrir.

En realidad, está en juego el porvenir del proyecto europeo. Las reglas de funcionamiento del euro previstas por el Tratado de Lisboa entran cada vez más en contradicción flagrante con las divergencias de desarrollo de los diversos países de la zona. Ningún Gobierno se atreve aparentemente a poner en duda los dogmas que sostienen el Pacto de Estabilidad, aunque en lo sucesivo nadie los respete. Pero si queremos salvar el euro, hay que flexibilizar estas reglas. E incluso, tal vez cambiarlas. Es vital establecer, de ahora en adelante, una coordinación fuerte de las políticas económicas europeas, aunque Alemania, tutora del Banco Central, no quiere oír hablar de un "gobierno económico". Aquí está el corazón de la batalla para la supervivencia de la zona euro, y no en las solas medidas coercitivas previstas por el acuerdo adoptado el 28 de octubre en Bruselas.

Para relanzar Europa, esta coordinación deberá afrontar al menos cuatro grandes tareas: 1) Una protección del espacio monetario europeo, regulando efectivamente, como por cierto se había previsto en la reunión de la UE el 18-5-10, los Fondos de inversión alternativos y sobre todo los instrumentos ultraespeculativos (hedge funds, private equity, CDS). Eso supone que se pueden pedir explicaciones a Reino Unido para que ponga fin a la política desestabilizadora de la City, principal plaza especulativa mundial. 2) Una mutualización de las deudas públicas europeas con la creación de unos "bonos europeos" para los países endeudados que habrían recurrido al fondo de rescate. Para evitar que aumente la desconfianza de los mercados, Alemania debe aceptar que la activación del mecanismo de rescate sea, bajo unas condiciones precisas, mecánico y no negociable cada vez, como es el caso ahora. 3) La realización de un préstamo para financiar una gran política pública europea de crecimiento, de creación de empleo y de investigación-innovación, lo que supone una reforma de los estatutos del Banco Central. 4) Una armonización fiscal común de la zona euro apoyada con un refuerzo de los fondos de cohesión para los países en dificultades.

Estas medidas tendrían un efecto de arrastre prodigioso. Harían reflexionar a los inversores y crearían un impacto psicológico salvador para movilizar a los pueblos europeos. En realidad, la elección es simple: o bien Europa saldrá de esta crisis reforzada y capaz de afrontar la nueva geopolítica de la economía mundial oponiendo a los mercados un interés general europeo, basado en unas estrategias cooperativas entre las naciones europeas, o bien, empantanada en sus egoísmos nacionales, acabará por estallar en cenizas moribundas.

Sami Naïr es profesor invitado de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Traducción de M. Sampons.