La gran falacia, sobre los verdaderos culpables de la crisis de las cajas

Por Ignacio de la Torre Publicado en Cotizalia “El gobierno interviene Caja Castilla La Mancha por un problema de liquidez, no por un problema de solvencia”. Con este embuste, el hiperactivo ex ministro de Economía, Pedro Solbes, anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario celebrado en domingo, la intervención de Caja Castilla La Mancha. Dicha falsedad fue repetida los días siguientes por los responsables del Tesoro. La crisis económica y financiera que azota España ha venido pareja a una acumulación de falacias por parte de los actores de semejante desastre. Si la falacia por sí es inmoral, asociada a una transferencia histórica y de impacto generacional de recursos del contribuyente hacia las entidades financieras con problemas, se hace indignante. Si el Estado pide al contribuyente miles de millones de euros para tapar las vergüenzas de parte del sistema financiero, hay que hacerlo con verdades, no con falacias. Las cajas de ahorro han sido un elemento fundamental en la bancarización de España, en especial de las zonas menos urbanizadas, y su fuerte componente local les permitió realizar una cuidadosa selección del riesgo que explica por qué hasta ahora casi todas las quiebras de entidades financieras han afectado a los bancos, no a las cajas. Este buen hacer se vio truncado en los últimos veinte años en algunas cajas, cuya dirección o fue inepta (expansiones de riesgo inmobiliario suicidas) o bien cobarde (presiones de los políticos de turno para financiar obras faraónicas y ruinosas que acarreaban votos con cargo al riesgo del depositante, y a largo plazo, del contribuyente). En otras cajas, directivos valientes fueron capaces de mantener el buen hacer, incluso a riesgo de enfrentarse a la clase política. Hoy se intenta juntar frutas podridas con frutas sanas, una gran e injusta acción que pasará factura a sus responsables. Este artículo va dirigido a los responsables de las frutas podridas: Desde 2003 el Banco de España alertó de la existencia de una burbuja inmobiliaria que podía poner en riesgo la economía y el sistema financiero español. Políticos de ambos signos obviaron estas advertencias prefiriendo vivir del corto plazo engañando a los españoles sobre la verdadera situación y pensando en las próximas elecciones. Por otro lado el Banco de España nos falló como supuesto órgano independiente de los políticos, y no supo controlar la desbocada expansión del crédito que siguió, germen de nuestras actuales desgracias. En el foro de Davos el Presidente del Gobierno afirmó que el sistema financiero español no tenía problemas, comparándolo benignamente con el británico o el norteamericano, sistemas que realizaron un valiente y temprano reconocimiento de las pérdidas en lugar de fingir que promociones a medio terminar en sitios como Levante seguían manteniendo su supuesto valor contable. Por ignorancia o por creer a la audiencia aún más ignorante, ésta fue una de las grandes falsedades de la crisis. Ex cúpulas directivas de alguna entidad se aprobaron esquemas de bonus “de retención de talento” en función de unas supuestas métricas de “creación de valor”. Entre ellas figuraba el tamaño del balance de la entidad. El vincular bonus a tamaño de balance como si eso fuese crear “valor” no sólo es una falacia, es una historia de terror que convierte “Viernes 13” en película infantil. Se puede incrementar el balance otorgando préstamos a mendigos. El resultado es que el directivo devengará el bonus, y cuando el mendigo no devuelva el préstamo, el contribuyente rescatará la entidad. Así ha resultado. Auditores y reguladores se confabularon con equipos gestores de varias entidades financieras para dar como válidas valoraciones de activos dudosas en multitud de entidades. Cuando una entidad era intervenida, entonces se hacía aflorar la morosidad oculta, o se ajustaba a la baja las valoraciones hasta entonces hinchadas de la cartera industrial. Así, hasta la intervención se seguían generando “beneficios” contables que nadie creía. Semejante desmán ha quebrado la confianza en la contabilidad de muchas cajas y bancos sanos y ha afectado seriamente a la imagen de España. El efecto de esta falacia supondrá una subida del coste de capital que los extranjeros pedirán a nuestras empresas, algo muy grave para una economía en déficit de cuenta corriente. Los resultados de 2010 de varias entidades financieras han arrojado con el beneplácito regulatorio “beneficios” a pesar de dotar contra patrimonio enormes agujeros en el valor de sus activos. Así, entidades que están solicitando ayudas multimillonarias al FROB siguen en “beneficios”. En ocasiones se dan beneficios de 10 y se reconocen “ajustes de balance” de 200, algo surrealista. En cualquier lugar de Occidente minoraciones masivas de activos, salvo contadas excepciones, se reconocen como pérdidas. En España no. Así, este “ajuste” gigantesco del valor de los activos va ligado en muchos casos a la inyección de dinero público, pero sin reconocer la incómoda “pérdida”, ya que siguen apareciendo “beneficios” que permiten seguir pagando “dividendos”. Otra falsedad más. Los autores de las pasadas decisiones erróneas no son sólo ciertos directivos y consejeros de entidades financieras y de sus corporaciones industriales que defendieron o no se opusieron a las decisiones que hoy han arruinado a muchas cajas, sino también los políticos que directa o indirectamente favorecieron esta situación. Es inaceptable que no estén todos en su casa, y que varios de ellos sigan en consejos de entidades financieras, e incluso permitiéndose dar lecciones sobre la crisis. La higiene necesaria en nuestro sistema financiero implica inhabilitar para el ejercicio de cualquier actividad ligada a la banca a las personas que suscribieron las decisiones que han podido llevar a la insolvencia a una parte relevante de nuestro sistema financiero. Parte del problema actual se ha generado como sabemos por la interacción entre inmobiliarios, financieros y políticos de fuerte raigambre local. Si la insolvencia de una entidad viene provocada porque fue forzada por el Rey de Taifa de turno a invertir en proyectos como Terra Mítica o como el aeropuerto de Ciudad Real, el ex directivo responsable debe decir la verdad a la justicia, y exponer el nombre del político que le ordenó semejante “inversión”; el sistema judicial debería dar ejemplo dirimiendo las responsabilidades penales que dichos actos supongan. Los contribuyentes españoles pagaremos durante décadas las falsedades arriba descritas. Sólo cuando se exponga toda la verdad, y todos los responsables acaben sometidos al ostracismo social y penal se comenzará a hacer justicia sobre la sarta de falacias tejida estos años.