Este cuadro de Zurbarán, "Defensa de Cádiz", ilustra perfectamente el objetivo y prioridad de nuestra asociación.

domingo, 24 de octubre de 2010

Lo que no se dijo en el debate, por Jordi Sevilla

Publicado en el Suplemento Mercados de El Mundo (24/10/2010)

El cambio de Gobierno ha arrumbado, todavía con mayor rapidez que otras veces, el debate presupuestario en el Parlamento. Es lo que tiene la sociedad mediática: una novedad desplaza a la anterior, a un ritmo creciente. Sin embargo, los Presupuestos siguen siendo un documento esencial para nuestro futuro inmediato por lo que conviene alargar su análisis, por encima del cansino ejercicio del «y tú más» vivido en el Congreso.

Lo primero es constatar el ejercicio de ilusionismo que ha hecho el presidente centrando la atención en los pactos políticos con PNV y CC, más que en el propio contenido económico de las cuentas del Estado. Así, se ha destacado la estabilidad que aportan los acuerdos parlamentarios, dando por supuesto, precisamente, lo que había que demostrar: las bondades para los ciudadanos de afianzar la actual situación mediante las políticas incluidas en estos Presupuestos o mediante reformas posteriores que no se detallan ni se conocen.

Salvo al grupo socialista, a nadie más le ha gustado estos Presupuestos. Cinco grupos han presentado enmiendas a la totalidad pidiendo su devolución y para conseguir el apoyo de los otros dos ha hecho falta recurrir a compensar sus votos no con medidas incluidas en los Presupuestos, sino con asuntos que nada tienen que ver con los mismos.

Con todo ello, nadie ha hablado de medidas para mejorar nuestra competitividad (rebajar costes laborales no salariales), incrementar la productividad (innovación) y fomentar el crecimiento (crédito bancario). Tampoco de qué sectores y cómo van a crear empleo ante el desplome de la construcción, ni de cómo las matemáticas de los Presupuestos contradicen la literatura sobre el cambio de modelo productivo de la Ley de Economía Sostenible.

La segunda cuestión ausente ha sido la sanidad. Cualquiera que pregunte sabe que las comunidades autónomas están teniendo serias dificultades para financiar el gasto sanitario con los ingresos destinados a ello, lo que tiene tres consecuencias: retrasos en los pagos a los proveedores, facturas en los cajones y deterioro de la calidad en las prestaciones.

No es fácil saber a cuánto asciende hoy el déficit sanitario acumulado por las autonomías. Pero existe, es importante y creciente, el Gobierno lo sabe, la oposición lo sabe y nadie ha dicho nada.

En todos los países, el gasto sanitario crece a un ritmo superior al de sus ingresos corrientes por lo que existe una tendencia congénita al déficit si no se adoptan medidas estructurales que regulen los gastos en función del consumo (copago). La última vez que el Gobierno central tuvo que acudir en ayuda de las comunidades autónomas por este asunto fue en la Conferencia de Presidentes de 2005.

Pues bien, a pesar de la importancia del asunto, de su magnitud y de la contradicción evidente entre mantener este déficit oculto y el discurso general de austeridad y rigor, nadie parece dispuesto a coger este toro por los cuernos. Y mientras tanto, las prestaciones se deterioran y seis meses de espera para cirugía importante se presenta como un éxito.

El tercer asunto que tampoco se ha planteado es la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar, un debate necesario que se está abriendo paso en toda Europa: cómo vamos a financiar a medio plazo servicios públicos universales, con sistemas fiscales cada vez más regresivos. Inaugurar líneas de AVE o aprobar leyes de dependencia son cosas muy necesarias pero, si luego no hay dinero para mantenerlo, se genera frustración o injusticias si quien acaba financiando no es quien más se beneficia del servicio.

En los próximos años habrá que abrir un debate sobre financiación, impuestos, tasas y precios públicos, que no podremos soslayar con vaguedades aunque lo hagamos compatible con mejoras en la eficiencia del gasto público o con reformas, que no recorten el mismo.

La lucha contra el fraude fiscal también ha estado ausente del debate de esta semana, a pesar de las estrecheces por las que atraviesan las cuentas públicas, a pesar de las injusticias sociales que plantea el fraude, especialmente en un momento de crisis económica donde se piden sacrificios a colectivos desfavorecidos como los pensionistas y a pesar de que en los últimos meses hemos asistido a propuestas al respecto presentadas por colectivos profesionales de la Agencia Tributaria. Cuando se reconoce que los ricos no están incluidos en el IRPF, algo habrá que hacer si queremos mantener un mínimo de equidad vertical y horizontal en el sistema tributario.

El quinto debate que no ha tenido lugar en el debate sobre Presupuestos de esta semana ha sido el crecimiento preocupante de la pobreza. En España, más de nueve millones de personas son pobres y la exclusión social ha crecido un 13,5% en los últimos dos años. Conseguir el objetivo de pobreza cero requiere cambiar las actuales políticas económicas y sociales sobre lo que nadie ha dicho nada.

Esta semana, en una reunión de ocho Centros Empresariales de Pensamiento convocados por la Asociación Valenciana de Empresarios se ha dicho que para recuperar competitividad y empleo en España «son imprescindibles cambios institucionales y estructurales de calado» que requieren pactos de Estado frente al actual «predominio de los intereses particulares de los partidos políticos sobre el interés general».

No hablar de asuntos importantes como éstos, es renunciar a encontrar soluciones a muchos de los principales problemas de la sociedad, cuestionando el verdadero sentido de la política en democracia que no puede ser el mismo que en la época de Maquiavelo. Y eso significa que la realidad se ajusta a la baja, mediante un deterioro paulatino de los servicios públicos universales y un incremento de la desigualdad social que acrecienta la inseguridad y el temor ante el futuro.

De eso trata, también, la revuelta francesa actual que, a diferencia de la de mayo de 1968 donde los jóvenes no querían vivir como sus padres, ahora lo que no quieren es vivir peor que sus padres. Pero, ¿a quién interesa estas cosas si podemos hablar de asuntos más apasionantes como la estabilidad parlamentaria y el nuevo Gobierno?

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