Por Alberto Artero
Publicado en Cotizalia (29/04/2011)
¿Quién manda en Europa? Me encanta hacer esta pregunta. Una buena parte de la ciudadanía respondería que Alemania. Tendría pocas dudas. Resulta evidente que el país teutón marca tiempos e impone políticas a los estados díscolos en el proceso de ajuste de la periferia europea. Y que ha pasado de ser la locomotora europea a convertirse en su aparente tabla de salvación, la única con fondos para mantener el barco a flote. Pese a su fama de cuadriculados, los alemanes han conseguido flexibilizar su economía hasta un punto que sus exportaciones se sostienen pese a la fortaleza del euro y sus niveles de paro son un tercio de los existentes en España.
Sin embargo, la respuesta no es del todo cierta, porque hasta el mejor escribano echa un borrón y, en su caso, tiene como nombre Banca y como uno de sus apellidos Landes. El desaguisado de las inversiones realizadas por estas instituciones con los ahorros de sus habitantes tiene al sector con la soga al cuello y solo el poder de Angela Merkel está permitiendo que los problemas no afloren en su justa dimensión. De ahí que lo ejerza activamente. Pero, ¿qué ocurriría si no contara con la complicidad del BCE? Pues que tal ilusión de solvencia de su sistema se iría, en un pis pas, por el retrete de los impagos, soberanos o financieros, que qué más dan las causas cuando importan las consecuencias.
En efecto, a través tanto de las compras en el mercado de los países con mayores dificultades financieras, como de la habilitación de ventanas de descuento a precios irrisorios para las instituciones bancarias de los mismos, salvó no solo a Alemania sino al conjunto de la UE de la liquidación por derribo del sueño comunitario en el momento álgido de la crisis. La trascendencia de su actividad sigue siendo, sin embargo, esencial. Imagínense qué pasaría, por ejemplo, en España si decidiera cerrar el grifo a nuestros bancos y cajas. O cómo puede afectar su política de tipos de interés al sector privado de las naciones más endeudadas.
Quien manda de verdad en Europa, quien tiene la llave de su futuro, es, en gran medida, el Banco Central Europeo, del que también depende la viabilidad del sector financiero alemán, con más morralla en sus balances que las redes de Chanquete. Algo que, por cierto, tienen muy claro en Estados Unidos con el papel que representa la Reserva Federal, acusada de manipuladora y salvadora de la economía real y de mercados a partes iguales. Siendo como es la única y verdadera entidad supranacional con mando en plaza, en tanto no se produzca la imprescindible armonía fiscal de los estados miembros, la capacidad de influencia del BCE se acrecienta.
Aceptada tan discutible tesis, veamos: ¿qué dice el que tiene la sartén bajo el brazo? En las últimas 24 horas dos han sido dos los analistas internacionales que me han remitido, sobre este particular, a la presentación realizada por el miembro del Comité Ejecutivo del banco central, el italiano Lorenzo Bini Smaghi, el pasado 9 de febrero en la London School of Economics. Riesgo Soberano y el Euro son 66 páginas muy ligeritas en las que se centra en el problema de la deuda soberana europea y en sus soluciones. Aunque esté pelín desfasada, aborda todas las cuestiones relacionadas con la misma, desde las vías tradicionales a la solución del problema a la alternativa preferida por el organismo.
Bullet points de su discurso (clave es el punto 5):
1- Es un problema serio que se verá agravado por el aumento del gasto derivado de la inversión en la pirámide poblacional (página 7).
2- Solo se puede resolver vía uno, ajuste fiscal (más ingresos y/o menos gastos); dos, inflación; y tres, restructuración-impago (incluida salida del euro). O mediante una combinación de todas ellas. Ya escribimos aquí en su día por qué a los bancos centrales les interesa, en este entorno, propiciar alzas de precios pese a que su mandato -simple en Europa, dual ligado a empleo en Estados Unidos- sea velar por su estabilidad (páginas 8 y 9).
3- Descartada formalmente la segunda, quedan las otras dos. Hasta ahora todos los afectados han optado por la eufemística consolidación presupuestaria, mecanismo que plantea dudas en cuanto a su coste en términos de crecimiento, voluntad política de ejecución o verdadera solidaridad entre miembros. La moneda única y los diferenciales han reflejado tal incertidumbre.
4- A continuación se encarga de desmontar esas tres objeciones. Es mayor el coste para el país y para otros países de la UE de una restructuración, en términos tanto políticos como económicos (páginas 17 a 36 de imprescindible lectura). No es extrapolable, además, la experiencia de los emergentes al ser los flujos predominantemente internos, existir una unión monetaria y no caber la posibilidad de controles de capital.
5- El cuadro clave es el de la página 41, repetido por su importancia en la 47, que recoge para los distintos diferenciales entre coste de financiación y crecimiento económico, los superávits primarios que requieren Grecia, Irlanda, Portugal y España para cuadrar sus cuentas. Da miedo:
Primero, porque sitúa en los tipos de interés la clave de su supervivencia y fija el coste razonable de la deuda el 6%, sin indicar a qué plazo (no hace falta que les recuerde que queda muy lejos de lo que se está pidiendo en mercado a los tres rescatados).
Segundo, porque exige datos insólitos en muchas naciones para equilibrar su balance fiscal y, además, es esa fantasía el argumento que le permite creer que el nivel de deuda respecto a PIB se estabilizará a partir de 2013.
Tercero, porque lo vincula a unas reformas estructurales que estamos viendo que son de difícil implantación política y sólo se adoptan cuando la alternativa, riesgo de quiebra percibido por los mercados, es más costosa.
6- Vistos los inconvenientes de la restructuración, de los que hicimos sucinta enumeración en relación con Grecia el pasado miércoles, y las dificultades de obtener en 2013 los objetivos de déficit y deuda previstos, propone, en una tercera vía con la que estoy de acuerdo, la recompra de renta fija pública en el mercado, lo que permite reducir volumen en circulación y costes financieros asociados, dar liquidez a la misma y estabilizar precios y frenar la especulación.
Un ladrillo que les he cascao hoy de tamaño familiar pero que creo que merece muy mucho la pena. No se equivoquen, manda quien manda y, de momento, está dispuesto a hacer lo que sea para que nada se mueva antes de 2013. Lo que ocurra a partir de entonces será harina de otro costal. Ya nos tocará. Que disfruten del fin de semana largo quienes lo tengan.
viernes, 29 de abril de 2011
miércoles, 27 de abril de 2011
Manifiesto de economistas franceses aterrados
CRISIS Y DEUDA EN EUROPA: 10 FALSAS EVIDENCIAS, 22 MEDIDAS EN DEBATE PARA SALIR DEL ATOLLADERO
Introducción
La reactivación económica mundial, lograda por medio de una colosal inyección de gasto público en el circuito económico (de los EEUU a China), es frágil pero real. Un solo continente se queda atrasado, Europa. Encontrar el camino del crecimiento no es su prioridad política. Europa entró en otra vía: la de la lucha contra los déficits públicos.
En la Unión Europea estos déficits son elevados, es verdad, -7% en promedio en el 2010-, pero mucho menos que el 11% de los EEUU. Mientras algunos Estados norteamericanos de peso económico superior al de Grecia, California por ejemplo, están cercanos a la quiebra, los mercados financieros decidieron especular sobre la deuda soberana de los países europeos, particularmente los del sur. Europa está prisionera de su propia trampa institucional: los Estados deben tomar créditos ante instituciones financieras privadas que obtienen liquidez a bajo precio del Banco Central Europeo. Así, los mercados tienen la llave del financiamiento de los Estados. En este marco la ausencia de solidaridad europea suscita la especulación, tanto más cuanto que las agencias de calificación juegan a acentuar la desconfianza.
Fue necesaria la degradación de la nota de Grecia por la agencia Moody’s el 15 de junio, para que los dirigentes europeos retomaran el término de “irracionalidad” que tanto emplearon al inicio de la crisis de los subprimes. De este modo se descubre que España está más amenazada por la fragilidad de su modelo de crecimiento y de su sistema bancario que por su deuda pública.
Para “tranquilizar los mercados” se improvisó un Fondo de estabilización del euro, y se lanzaron por toda Europa drásticos, y a menudo ciegos, planes de reducción del gasto público. Los funcionarios son las primeras víctimas, incluso en Francia, en donde el alza de cotizaciones de su previsión será una disimulada baja de sus salarios. El número de funcionarios disminuye en todas partes, amenazando los servicios públicos. Las prestaciones sociales, de los Países Bajos a Portugal, pasando por Francia con su actual reforma de la previsión, están siendo gravemente amputadas. El paro y la precariedad del empleo crecerán forzosamente en los años venideros. Estas medidas son irresponsables desde un punto de vista político y social, e incluso en el estricto ámbito económico.
Esta política, que ha calmado provisoriamente la especulación, tiene ya consecuencias sociales muy negativas en numerosos países europeos, particularmente en la juventud, el mundo del trabajo y los más vulnerables. A corto plazo agudizará las tensiones en Europa y con ello amenazará la propia construcción europea que es mucho más que un proyecto económico. Allí la economía debiese estar al servicio de la construcción de un continente democrático, pacificado y unido. En lugar de eso, se impone por todas partes una forma de dictadura de los mercados, y especialmente hoy en día en Portugal, España y Grecia, tres países que aun eran dictaduras a principios de los años 1970, hace apenas cuarenta años.
Que se la interprete como el deseo de “tranquilizar los mercados” por parte de gobiernos asustados, o bien como un pretexto para imponer decisiones dictadas por la ideología, la sumisión
a esta dictadura es inaceptable tanto ha dado ya la prueba de su ineficacia económica y de su potencial destructivo en los planos político y social.
Un verdadero debate democrático sobre las decisiones de política económica debe pues abrirse en Francia y en Europa. La mayor parte de los economistas que intervienen en el debate público lo hacen para justificar o racionalizar la sumisión de las políticas a las exigencias de los mercados financieros. Cierto, en todas partes los poderes públicos debieron improvisar planes keynesianos de reactivación e incluso nacionalizar temporariamente los bancos. Pero quieren cerrar este paréntesis lo más pronto posible. El software neoliberal aun sigue siendo considerado como legítimo, a pesar de sus patentes fracasos. Este, fundado sobre la hipótesis de eficiencia de los mercados financieros, plantea reducir el gasto público, privatizar los servicios públicos, flexibilizar el mercado del trabajo, liberalizar el comercio, los servicios financieros y los mercados de capitales, aumentar la competencia en todo tiempo y lugar…
En tanto economistas, estamos aterrados al ver que estas políticas siguen a la orden del día y que sus fundamentos teóricos no son cuestionados. No obstante, los argumentos avanzados desde hace treinta años para orientar las decisiones de política económica europea son desmentidos por los hechos. La crisis desnudó el carácter dogmático e infundado de la mayor parte de las pretendidas evidencias repetidas hasta la saciedad por quienes deciden y por sus consejeros. Ya se trate de la eficacia y de la racionalidad de los mercados financieros, de la necesidad de mutilar el gasto para reducir la deuda pública o de reforzar el “pacto de estabilidad”, hay que interrogar dichas falsas evidencias y mostrar la pluralidad de decisiones posibles en materia de política económica. Otras decisiones son posibles y deseables, a condición, primero que nada, de liberarse del dominio impuesto por la industria financiera sobre las políticas públicas.
Hacemos más adelante una presentación crítica de diez postulados que continúan inspirando cada día las decisiones de los poderes públicos en toda Europa, a pesar de los brutales desmentidos aportados por la crisis financiera y sus consecuencias. Se trata de falsedades que inspiran medidas injustas e ineficaces, frente a las cuales proponemos al debate veintidós contra proposiciones. Ellas no cuentan necesariamente con el asentimiento unánime de los signatarios de este texto, pero deben ser tomadas en serio si queremos sacar a Europa del atolladero.
Falsedad n°1: los mercados financieros son eficientes.
Falsedad n°2: los mercados financieros son favorables al crecimiento económico.
Falsedad n°3: los mercados son buenos jueces de la solvencia de los Estados.
Falsedad n°4: el aumento de la deuda pública resulta de un aumento del gasto.
Falsedad n°5: hay que reducir el gasto para reducir la deuda pública.
Falsedad n°6: la deuda pública le hará pagar nuestros excesos a nuestros nietos.
Falsedad n°7: hay que tranquilizar a los mercados financieros para financiar la deuda pública.
Falsedad n°8: la Unión Europea defiende el modelo social europeo.
Falsedad n°9: el euro nos protege contra la crisis.
Falsedad n°10: la crisis griega permitió avanzar hacia un gobierno económico y una verdadera solidaridad europea.
FALSA EVIDECIA N°1: LOS MERCADOS FINACIEROS SON EFICIENTES
Un hecho se impone hoy a todos los observadores: el papel primordial que desempeñan los mercados financieros en el funcionamiento de la economía. Es el resultado de una larga evolución que empezó finales de la década de 1970. La midamos como la midamos esta evolución marca una ruptura neta, tanto cuantitativa como cualitativa, con las décadas precedentes. Bajo la presión de los mercados financieros la regulación del conjunto del capitalismo se transforma en profundidad y da nacimiento a una forma inédita de capitalismo que algunos llamaron “capitalismo patrimonial”, capitalismo financiero” o incluso “capitalismo neoliberal”.
Estas mutaciones encontraron en la hipótesis de eficiencia informativa de los mercados financieros su justificación teórica. En efecto, según esta hipótesis, es importante desarrollar los mercados financieros, hacer que puedan funcionar lo más libremente posible porque constituyen el único mecanismo de asignación eficaz del capital. Las políticas que se han llevado a cabo obstinadamente desde hace treinta años son conformes a esta recomendación. Se trata de construir un mercado financiero mundialmente integrado en el que todos los actores (empresas, hogares, Estados, instituciones financieras) puedan intercambiar todas las categorías de títulos (acciones, obligaciones, deudas, derivados, divisas) en todos los plazos (largo plazo, medio plazo, corto plazo). Los mercados financieros han llegado a parecerse al mercado “sin fricción” de los manuales: el discurso económico ha conseguido crear la realidad. Como los mercados eran cada vez más “perfectos” en el sentido de la teoría económica dominante, los analistas creyeron que en adelante el sistema financiero era mucho más estable que en el pasado. La “gran moderación” (este periodo de crecimiento económico sin subida de los salarios que conoció Estados Unidos desde 1990 a 2007) parecía confirmarlo.
Todavía hoy el G20 persiste en la idea de que los mercados financieros son el buen mecanismo de asignación del capital. La primacía y la integridad de los mercados financieros siguen siendo los objetivos finales que prosigue su nueva regulación financiera. La crisis se interpreta no como un resultado inevitable de la lógica de los mercados desregulados sino como el efecto de la deshonestidad e irresponsabilidad de algunos actores financieros mal vigilados por los poderes públicos.
Sin embargo, la crisis se ha encargado de demostrar que los mercados no son eficientes y que no permiten una asignación eficaz del capital. Las consecuencias de este hecho en materia de regulación y de política económica son inmensas. La teoría de la eficiencia reposa sobre la idea de que los inversores buscan y encuentran la información más fiable posible sobre el valor de los proyectos que compiten para encontrar una financiación. De creer esta teoría, el precio que se forma en un mercado refleja los juicios de los inversores y sintetiza el conjunto de la información disponible: constituye, por consiguiente, un buen cálculo del verdadero valor de los títulos. Ahora bien, se supone que este valor resume toda la información necesaria para orientar la actividad económica y así la vida social. De este modo el capital se invierte en los proyectos más rentables y deja de lado los proyectos menos eficaces. Ésta es la idea central de esta teoría: la competencia financiera produce unos precios justos que constituyen señales fiables para los inversores y orientan eficazmente el desarrollo económico.
Pero la crisis vino a confirmar los diferentes trabajos críticos que habían puesto en duda esta propuesta. La competencia financiera no produce necesariamente precios justos. Peor: con frecuencia la competencia financiera es desestabilizante y lleva a unas evoluciones de precios excesivas e irracionales, las burbujas financieras.
El error principal de la teoría de la eficiencia de los mercados financieros consiste en trasponer a los productos financieros la teoría habitual de los mercados de bienes ordinarios. En estos últimos la competencia es en parte autorreguladora en virtud de lo que se llama la “ley” de la oferta y la demanda: cuando el precio de un bien aumenta, entonces los productores van a aumentar su oferta y los compradores a reducir su demanda; el precio, por lo tanto, va a bajar y a volver cerca de su nivel de equilibrio. En otras palabras, cuando el precio de un bien aumenta unas fuerzas de llamada tienden a frenar y después a invertir este alza. La competencia produce lo que se llama “feedbacks negativos”, unas fuerzas de llamada que van en el sentido contrario del choque inicial. La idea de la eficiencia nace de una transposición directa de este mecanismo a la finanza de mercado.
Ahora bien, para esta última la situación es muy diferente. Cuando el precio aumenta es frecuente observar no una bajada, ¡sino una subida de la demanda! En efecto, la subida del precio significa un rendimiento mayor para quienes poseen el título debido a la plusvalía realizada. Por consiguiente, la subida del precio atrae a nuevos compradores, lo que refuerza más la subida inicial. Las promesas de bonos empujan a los traders a ampliar aún más el movimiento. Hasta el incidente, imprevisible pero inevitable, que provoca la inversión de las anticipaciones y la quiebra. Este fenómeno digno de la irreflexión de los borregos es un proceso de “feedbacks positivos” que empeora los desequilibrios. Es la burbuja especulativa: una subida acumulativa de los precios que se alimenta a sí misma. Este tipo de proceso no produce precios justos sino, por el contrario, precios inadecuados.
Por consiguiente, el lugar preponderante ocupado por los mercados financieros no puede llevar a eficacia alguna. Aún más, es una fuente permanente de inestabilidad, como lo demuestra claramente la serie ininterrumpida de burbujas que hemos conocido desde hace 20 años: Japón, Sudeste de Asia, internet, mercados emergentes, la inmobiliaria, conversión de la deuda en valores. Así, la inestabilidad financiera se traduce en fuertes fluctuaciones de las tasas de intercambio y de la Bolsa, que manifiestamente no tienen relación con los fundamentos de la economía. Esta inestabilidad, nacida del sector financiero, se propaga a la economía real por medio de numerosos mecanismos.
Para reducir la ineficiencia e inestabilidad de los mercados financieros sugerimos cuatro medidas:
Medida n°1: compartimentar estrictamente los mercados financieros y las actividades de los actores financieros, prohibir a los bancos especular por su propia cuenta para evitar la propagación de las burbujas y de las quiebras,
Medida n°2: Reducir la liquidez y la especulación desestabilizadora por medio de controles sobre los movimientos de capitales y de las tasas sobre las transacciones financieras,
Medida n°3: limitar las transacciones financieras a las que respondan a las necesidades de la economía real (por ejemplo, CDS [Credit Default Swap o permuta de incumplimiento crediticio] únicamente para quienes detentan títulos asegurados, etc.)
Medida n°4: limitar la remuneración de los traders.
FALSA EVIDENCIA N°2: LOS MERCADOS FINANCIEROS SON FAVORABLES AL CRECIMIENTO ECONÓMICO
La integración financiera ha llevado el poder de las finanzas a su cenit debido al hecho de que unifica y centraliza la propiedad capitalista a escala mundial. En adelante ella es quien determina las normas de la rentabilidad exigidas al conjunto de los capitales. El proyecto era que la finanza de mercado sustituyera a la financiación bancaria de los inversores. Proyecto que, además, ha fracasado porque hoy, globalmente, son las empresas las que financian a los accionistas en vez de lo contrario. En adelante la gobernanza de las empresas se ha transformado profundamente para alcanzar las normas de rentabilidad del mercado. Con el aumento en potencia del valor accionarial se ha impuesto una concepción nueva de la empresa y de su gestión, pensadas como puestas al servicio exclusivo del accionista. Ha desaparecido la idea de un interés común propio de las diferentes parte interesadas vinculadas a la empresa. Los dirigentes de las empresas que cotizan en Bolsa tiene en adelante la misión primera de satisfacer únicamente el deseo de enriquecimiento de los accionistas. En consecuencia, dejan ellos mismos de ser asalariados, como demuestra el desmesurado aumento de sus remuneraciones. Como avanza la teoría de “la agencia”, se trata de hacer de modo que los intereses de los dirigentes sean en adelante convergentes con los de los accionistas.
El ROE (Return on Equity, o rendimiento de los capitales propios) de 15% a 25% es en adelante la norma que impone el poder de la finanza a las empresas y a los asalariados. La liquidez es el instrumento de este poder que permite en cualquier momento a los capitales no satisfechos ir a buscar a otra parte. Frente a esta potencia, tanto los asalariados como la soberanía política parecen por su fraccionamiento en estado de inferioridad. Esta situación desequilibrada lleva a unas exigencias de beneficio descabelladas porque reprimen el crecimiento económico y llevan a un aumento continuo de las desigualdades de ingresos. Por un lado las exigencias de rentabilidad inhiben fuertemente la inversión: cuanto más elevada es la rentabilidad demandada más difícil es encontrar proyectos suficientemente eficientes para satisfacerla. Las tasas de inversión siguen siendo históricamente débiles en Europa y en Estados Unidos. Por otra parte, estas exigencias provocan una constante presión a la baja sobre los salarios y el poder adquisitivo, lo que no es favorable a la demanda. La ralentización simultánea de la inversión y del consumo lleva a un crecimiento débil y a un paro endémico. En los países anglosajones se ha contrarrestado esta tendencia por medio de desarrollo del endeudamiento de los hogares y por medio de las burbujas financieras que crean una riqueza que permite un crecimiento del consumo sin salarios, pero terminan en quiebras.
Para remediar los efectos negativos sobre la actividad económicas ponemos debatir tres medidas :
Medida n°5: reforzar significativamente los contra-poderes en las empresas para obligar a las direcciones a tener en cuenta los intereses del conjunto de las partes interesadas,
Medida n°6: aumentar fuertemente los impuestos a los ingresos muy altos para disuadir la carrera por los rendimientos insostenibles,
Medida n°7: reducir la dependencia de las empresas en relación a los mercados financieros desarrollando una política pública del crédito (tasas preferenciales para las actividades prioritarias en el plano social y medioambiental).
FALSA EVIDENCIA N° 3 : LOS MERCADOS SON BUENOS JUECES DE LA SOLVENCIA DE LOS ESTADOS
Según los defensores de la eficiencia de los mercados financieros, los operadores de mercado tendrían en cuenta la situación objetiva de las finanzas públicas para evaluar el riesgo de suscribir un préstamo de Estado. Tomemos el caso de la deuda griega: los operadores financieros y quienes toman las decisiones se remiten únicamente a las evaluaciones financieras para juzgar la situación. Así, cuando la tasa exigida a Grecia ascendió a más del 10%, cada uno dedujo que el riesgo de falta [de pago] estaba cercano: si los inversores exigen semejante prima de riesgo es que el peligro es extremo.
Hay en ello un profundo error si se comprende la verdadera naturaleza de la evaluación por el mercado financiero. Como éste no es eficiente, lo más frecuente es que produzca unos precios completamente desconectados de los fundamentales. En esas condiciones es descabellado entregarse únicamente a las evaluaciones financieras para juzgar una situación. Evaluar el valor de un título financiero no es una operación comparable a medir un tamaño objetivo, por ejemplo, a calcular el peso de un objeto. Un título financiero es un derecho sobre unos ingresos futuros: para evaluarlo hay que prever lo que será el futuro. Es una cuestión de juicio, no una medida objetiva porque en el instante t, el futuro no está en modo alguno predeterminado. En las salas de mercado sólo es lo que los operadores imaginan que será. Un precio financiero resulta de un juicio, de una creencia, de una apuesta sobre el futuro: nada asegura que el juicio de los mercados tenga algun tipo de superioridad sobre las demás formas de juicio.
Sobre todo, la evaluación financiera no es neutra: afecta al objeto medido, compromete y construye el futuro que ella imagina. Así, las agencias de calificación financieras contribuyen en mucho a determinar las tasas de interés en los mercados de obligaciones atribuyendo unas notas cargadas de una gran subjetividad, incluso de una voluntad de alimentar la inestabilidad, fuente de beneficios especulativos. Cuando degradan la calificación de un Estado aumentan la tasa de interés exigida por los actores financieros para adquirir los títulos de la deuda pública de este Estado y aumentan con ello el riesgo de quiebra que ellas han anunciado.
Para reducir la influencia de la psicología de los mercados sobre la financiación de los estados, proponemos debatir dos medidas:
Medida n°8: no se debe autorizar a las agencias de calificación financiera a pesar arbitrariamente en las tasas de interés de los mercados de obligaciones degradando la calificación de un Estado: su actividad se debería reglamentar exigiendo que esta nota resulte de un calculo económico transparente.
Medida n°8 bis: liberar a los Estados de la amenaza de los mercados financieros garantizando que el Banco Central Europeo (BCE) compra los títulos púbicos.
FALSA EVIDENCIA N° 4 : LA SUBIDA ESPECTACULAR DE LAS DEUDAS PÚBLICAS ES EL RESULTADO DE UN EXCESO DE GASTOS
Michel Pébereau, uno de los “padrinos” de la banca francesa, describía en 2005 en unos de estos informes oficiales ad hoc a una Francia asfixiada por la deuda pública y sacrificando sus generaciones futuras al entregarse a unos gastos sociales irreflexivos. El Estado que se endeuda como un padre de familia alcohólico que bebe por encima de sus medios: ésta es la visión que suelen propagar la mayoría de los editorialistas. La reciente explosión de la deuda pública en Europa y en el mundo se debe en todas partes a otra cosa: a los planes de salvamiento de las finanzas y, sobre todo, a la recesión provocada por la crisis bancaria y financiera que empezó en 2008: el déficit público medio en la zona euro era sólo el 0,6% del PIB en 2007, pero la crisis le ha hecho pasar al 7% en 2010. Al mismo tiempo la deuda pública ha pasado del 66% al 84% del PIB.
Sin embargo, el aumento de la deuda pública tanto en Francia como en muchos países europeos fue primero moderada y anterior a esta recesión: proviene en gran parte no de una tendencia a la subida de los gastos públicos (puesto que, al contrario, desde principios de la década de 1990 estos son estables o en baja en la Unión Europea en proporción al PIB) sino del desmoronamiento de los ingresos públicos debido a la debilidad del crecimiento económico en el periodo y a la contrarrevolución fiscal que han llevado a cabo la mayoría de los gobiernos desde hace veinticinco años. A más largo plazo la contrarrevolución fiscal ha alimentado continuamente el hinchamiento de la deuda de una recesión a otra. Así, en Francia un reciente informe parlamentario cifra en 100.000 millones de euros en 2010 el coste de las bajadas de impuestos consentidas entre 2000 y 2010, sin incluir siquiera las exoneraciones de cotizaciones sociales (30.000 millones) y otros “gastos fiscales”. A falta de una armonización fiscal, los Estados europeos se han entregado a la competencia fiscal, bajando los impuestos a las sociedades, los altos ingresos y los patrimonios. Aunque el peso relativo de sus determinantes varíe de un país a otro, la subida casi general de los déficits públicos y de las ratios de deuda pública en el curso de los treinta últimos años no resulta principalmente de una deriva culpable de los gastos públicos. Un diagnóstico que, evidentemente, abre otras pistas que la sempiterna reducción de los gastos públicos.
Para restaurar un debate público informado sobre el origen de la deuda y, por lo tanto, de los medios de remediarla, proponemos debatir una propuesta:
Medida n° 9: realizar una auditoría pública de las deudas públicas para determinar su origen y conocer la identidad de los principales poseedores de títulos de la deuda y los montantes que poseen.
FALSA EVIDENCIA N°5: HAY QUE REDUCIR LOS GASTOS PARA REDUCIR LA DEUDA PÚBLICA
Aunque el aumento de la deuda pública resultara en parte de un aumento de los gastos públicos, cortar en estos gastos no contribuiría necesariamente a la solución porque la dinámica de la deuda pública no tiene mucho que ver con la de un hogar: la macroeconomía no es reducible a la economía doméstica. Generalmente la dinámica de la deuda depende de varios factores: el nivel de los déficits primarios, pero también la diferencia entre la tasa de interés y la tasa de crecimiento nominal de la economía.
Y es que si este último es más débil que la tasa de interés la deuda va a crecer mecánicamente debido al “efecto bola de nieve”: explota el importe de los intereses y también el déficit total (incluidos los intereses de la deuda). Así, a principios de la década de 1990 la política del franco fuerte que llevó a cabo Bérégovoy y se mantuvo a pesar de la recesión de 1993-94 se tradujo en una tasa de interés más elevada de forma duradera que la tasa de crecimiento, lo que explica el salto de la deuda pública de Francia durante este periodo. Es el mismo mecanismo que explicaban el aumento de la deuda durante la primera mitad de la década de 1980 bajo el impacto de la revolución neoliberal y de la política de tasas de interés elevadas que llevaron a cabo Ronald Reagan y Margaret Thatcher.
Pero la propia tasa de crecimiento no es independiente de los gastos públicos: a corto plazo la existencia de gastos públicos estables limita la magnitud de las recesiones (“estabilizadores automáticos”); a largo plazo las inversiones y gastos públicos (educación, sanidad, investigación, infraestructuras …) estimulan el crecimiento. Es falso afirmar que todo déficit público crece tanto como la deuda pública o que toda reducción del déficit permite reducir la deuda. Si la reducción de los déficit compromete la actividad económica la deuda aumentará aún más. Los comentaristas liberales subrayan que algunos países (Canadá, Suecia, Israel) realizaron unos ajustes brutales de sus cuentas públicas en la década de 1990 e inmediatamente después conocieron un fuerte rebote del crecimiento. Pero esto sólo es posible si el ajuste concierne a un país aislado, que vuelve a ganar competitividad sobre sus rivales. Lo que evidentemente olvidan los partidarios del ajuste estructural europeo es que los países europeos tienen por principales clientes y rivales a otros países europeos ya que la Unión Europea está globalmente poco abierta al exterior. Una reducción simultánea y masiva de los gastos públicos del conjunto de los países de la Unión Europea sólo puede tener como efecto una recesión agravada y, por lo tanto, una nueva subida de la deuda pública.
Para evitar que el restablecimiento de las finanzas públicas provoque un desastre social y politico proponemos debatir dos medidas:
Medida n°10: mantener el nivel de las protecciones sociales, incluso mejorarlas (subsidio de desempleo, vivienda…);
Medida n°11: aumentar el esfuerzo presupuestario en materia de educación, de investigación, de inversion en reconversión ecológica… para establecer las condiciones de un crecimiento sostenible que permita un fuerte descenso del paro.
FALSA EVIDENCIA N°6: LA DEUDA PÚBLICA TRASLADA EL PRECIO DE NUESTROS EXCESOS A NUESTROS NIETOS
La afirmación de que la deuda pública sería una transferencia de riqueza en detrimento de las generaciones futuras es otra afirmación falsa que confunde economía doméstica y macroeconomía. La deuda pública es un mecanismo de transferencia de riquezas, pero es sobre todo de los contribuyentes ordinarios hacia los rentistas.
En efecto, basándose en la creencia raramente verificada según la cual bajar los impuesto estimularía el crecimiento y aumentaría in fine los ingresos públicos, desde 1980 los Estados europeos han imitado a Estados Unidos en una política sistemática de hacer la oferta fiscal más baja. Se han multiplicado las reducciones de impuestos y de cotizaciones (sobre los beneficios de las sociedades, sobre los ingresos de los particulares más acomodados, sobre los patrimonios, sobre las cotizaciones patronales…), pero su impacto en el crecimiento económico sigue siendo muy incierto. Por consiguiente, estas políticas fiscales anti-redistributivas han agravado a la vez y de manera acumulativa las desigualdades sociales y los déficits públicos.
Estas políticas fiscales han obligado a las administraciones públicas a endeudarse con hogares acomodados y mercados financieros para financiar los déficits así creados. Es lo que se podría llamar “el efecto jackpot”: con el dinero ahorrado de sus impuestos los ricos han podido adquirir títulos (portadores de interés) de la deuda pública emitida para financiar los déficits públicos provocados por la reducciones de los impuestos… Así, el servicio de la deuda pública en Francia representa 40.000 millones de euros, casi tanto como las recaudaciones del impuesto sobre la renta. Tour de force tanto más brillante cuanto que a continuación se ha logrado hacer creer al público que los culpables de la deuda pública eran los funcionarios, los jubilados y los enfermos.
Por consiguiente, el aumento de la deuda pública en Europa o en Estados Unidos no es el resultado de políticas keynesianas expansionistas o de políticas sociales dispendiosas sino más bien de una política en favor de las capas privilegiadas: los “gastos fiscales” (bajadas de impuestos y de cotizaciones) aumentan los ingresos disponibles de quienes menos lo necesitan, los cuales gracias a ello pueden aumentar más sus inversiones, sobre todo en Bonos del Tesoro, que son remunerados en intereses por medio del impuesto procedente de todos los contribuyentes. En resumen, se establece un mecanismo de redistribución al revés, desde las clases populares hacia las clases acomodadas, vía la deuda pública cuya contrapartida es siempre la renta privada.
Para rectificar de manera equitativa las finanzas públicas en Europa y en Francia proponemos debatir dos medidas:
Medida n°12: volver a dar un carácter fuertemente redistributivo a la fiscalidad directa sobre los ingresos (supresión de los vacíos [fiscales], creación de nuevas series y aumento de las tasas del impuesto sobre la renta…)
Medida n°13: suprimir las exoneraciones consentidas a las empresas que no tienen suficiente efecto sobre el empleo.
FALSA EVIDENCIA N°7 : HAY QUE ASEGURAR A LOS MERCADOS FINANCIEROS PARA PODER FINANCIAR LA DEUDA PÚBLICA
A nivel mundial se debe analizar el ascenso de las deudas públicas correlativamente a la financiarización. Durante los últimos treinta años a favor de la liberalización total de la circulación de los capitales las finanzas han aumentado considerablemente su influencia sobre la economía. Las grandes empresas recurren cada vez menos al crédito bancario y cada vez más a los mercados financieros. Los hogares también ven una parte cada vez mayor de su ahorro drenado hacia las finanzas para sus pensiones, vía los diversos productos de inversión o incluso en algunos países vía la financiación de su vivienda (préstamos hipotecarios). Los gestores de carteras que tratan de diversificar los riesgos buscan títulos públicos como complemento a los privados. Los han encontrado fácilmente en los mercados porque los gobiernos han llevado a cabo unas políticas similares que han llevado a un relanzamiento de los déficits: tasas de interés altas, bajada de los impuestos centradas en los ingresos altos, incitaciones masivas al ahorro financiero de los hogares para favorecer las jubilaciones por capitalización, etc.
A nivel de la UE la financiarización de la deuda pública se ha inscrito en los tratados: desde Maastricht los Bancos Centrales tienen prohibido financiar directamente a los Estados, que deben encontrar prestamistas en los mercados financieros. Esta “represión monetaria” acompaña a la “liberación financiera” y hace exactamente lo contrario de las políticas adoptadas tras la gran crisis de la década de 1930, de “represión financiera” (drásticas restricciones a la libertad de acción de las finanzas) y de “liberación monetaria” (con el final del patrón oro). Se trata de someter a los Estados, que se supone que son por naturaleza demasiado dispendiosos, a la disciplina de los mercados financieros, que se supone que son eficientes y omniscientes por naturaleza.
Como resultado de esta elección doctrinaria, el Banco Central Europeo no tiene así derecho a suscribir directamente las emisiones de obligaciones públicas de los Estados europeos. Privados de la garantía de poder financiarse siempre en el Banco Central, los Estados europeos del sur han sido así víctimas de ataques especulativos. En efecto, aunque en nombre de una ortodoxia sin fisuras el BCR siempre se había negado a ello, desde hace algunos meses compra obligaciones de Estado a la tasa de interés del mercado para calmar las tensiones en el mercado de obligaciones europeos. Pero nada dice que esto sea suficiente si la crisis de la deuda se agrava y y se esfuman las tasas de interés de mercado. Entonces podría ser difícil mantener esta ortodoxia monetaria que carece de fundamentos científicos serios.
Para remediar el problema de la deuda pública proponemos debatir dos medidas:
Medida n°14: autorizar al Banco Central Europeo a financiar directamente a los Estados (o a imponer a los bancos comerciales suscribir la emisión de obligaciones públicas) a bajo interés, aflojando así el lastre con el que les traban los mercados financieros,
Medida n°15: si fuera necesario, reestructurar la deuda pública, por ejemplo, limitando el servicio de la deuda pública a determinado tanto por ciento del PIB, y operando una discriminación entre los acreedores según el volumen de los títulos que poseen: los rentistas muy grandes (particulares o instituciones) deben aceptar un alargamiento sensible del perfil de la deuda, incluso anulaciones parciales o totales. También hay que volver a negociar las exorbitantes tasas de interés de los títulos emitidos por los países en dificultades desde la crisis.
FALSA EVIDENCIA N°8: LA UNIÓN EUROPEA DEFIENDE EL MODELO SOCIAL EUROPEO
La construcción europea parece una experiencia ambigua. Coexisten dos visiones de Europa sin osar enfrentarse abiertamente. Para los socialdemócratas, Europa hubiera debido proponerse el objetivo de promover el modelo social europeo, fruto del compromiso social de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, con su protección social, sus servicios públicos y sus políticas industriales. Europa hubiera debido construir una muralla defensiva frente a la globalización liberal, un medio de proteger, de hacer vivir y progresar este modelo. Europa hubiera debido defender una visión específica de la organización de la economía mundial, la globalización regulada por unas organizaciones de gobernanza mundial. Hubiera debido permitir a los países miembro mantener un nivel elevado de gastos públicos y de redistribución, protegiendo su capacidad de financiarlos por medio de la armonización de la fiscalidad sobre las personas, las empresas y los ingresos del capital.
Sin embargo, Europa no ha querido asumir su especificidad. Actualmente la visión dominante en Bruselas y en el seno de la mayoría de los gobiernos nacionales es la contraria a la de una Europa liberal, cuyo objetivo es adaptar a las sociedades europeas a las exigencias de la globalización: la construcción europea es la ocasión de poner en tela de juicio el modelo social europeo y de desregular la economía. La preeminencia del derecho de la competencia sobre las reglamentaciones nacionales y sobre los derechos sociales en el Mercado Único permite introducir más competencia en los mercados de los productos y de los servicios, disminuir la importancia de los servicios públicos y organizar competitividad de los trabajadores europeos. La competencia social y fiscal permitió reducir los impuestos, sobre todo sobre los ingresos del capital y de las empresas (las “bases móviles”) y hacer presión sobre los gastos sociales. Los tratados garantizan cuatro libertades fundamentales: la libre circulación de las personas, de las mercancías, de los servicios y de los capitales. Pero lejos de limitarse al mercado interior, la libertad de circulación de los capitales se ha concedido a los inversores del mundo entero, sometiendo así al tejido productivo europeo a los imperativos de valorización de los capitales internacionales. La construcción europea perece un medio de imponer a los pueblos unas reformas neoliberales.
La organización de la política macroeconómica (independencia del BCE frente a la política, Pacto de Estabilidad) está marcada por la desconfianza respecto a los gobierno elegidos democráticamente. Se trata de privar a los países de toda autonomía en materia tanto de política monetaria como en materia presupuestaria. Para ya sólo dejar jugar a la “estabilización automática” se debe alcanzar el equilibrio presupuestario y después toda política discrecional desterrada de reactivación. A nivel de la zona no se ha establecido ninguna política coyuntural común ni se ha definido ningún objetivo común en términos de crecimiento o de empleo. No se tienen en cuenta las diferencias de situación entre los países porque el pacto no se interesa ni por las tasas de inflación ni por los déficits exteriores nacionales; los objetivos de las finanzas públicas no tienen en cuenta situaciones económicas nacionales.
Las instancias europeas trataron de impulsar unas reformas estructurales (por medio de las Grandes Orientaciones Políticas Económicas, el Método Abierto de Coordinación o la Agenda de Lisboa) con un éxito muy desigual. Como su modo de elaboración no era democrático ni movilizador, su orientación liberal no correspondía obligatoriamente a las políticas decididas a nivel nacional, teniendo en cuenta las relaciones de fuerza existentes en cada país. Esta orientación no conoció de entrada los brillantes éxitos fulgurantes que la habría legitimado. Se puso en tela de juicio el movimiento de liberalización económica (fracaso de la Directiva Bolkestein); se tentó a algunos países con nacionalizar su política industrial mientras que la mayoría se oponía a la europeización de sus políticas fiscales o sociales. La Europa social ha seguido siendo una palabra vacía, sólo se ha afirmado realmente la Europa de la competencia y de las finanzas.
Para que Europa promueva verdaderamente un modelo social europeo proponemos debatir dos medidas:
Medida n°16: poner en tela de juicio la libre circulación de los capitales y de las mercancías entre la UE y el resto del mundo negociando si fuera necesario acuerdos multilaterales o bilaterales,
Medida n°17: en vez de la política de competencia, convertir a “la armonización en el progreso” en el hilo director de la construcción europea. Establecer unos objetivos comunes de alcance constringente tanto en materia de progreso social como en materia macroeconómica (unas GOPS, grandes orientaciones de política social).
FALSA EVIDENCIA N°9: EL EURO ES UN ESCUDO CONTRA LA CRISIS
El euro debería haber sido un factor de protección contra la crisis financiera mundial. Después de todo, la supresión de toda incertidumbre sobre las tasas de cambio entre las monedas europeas eliminó un factor fundamental de inestabilidad. Sin embargo, no ha habido nada de eso: Europa se ha visto afectada más duramente y de forma duradera por la crisis que el resto del mundo. Esto se debe a las propias modalidades de construcción de la unión monetaria.
Desde 1999 la zona euro conoció un crecimiento relativamente mediocre y un aumento de las divergencias entre los Estados miembro en términos de crecimiento, de inflación, de paro y de desequilibrios exteriores. El marco de política económica de la zona euro, que tiende a imponer a unos países en situaciones diferentes unas políticas macroeconómicas parecidas, ha ampliado las disparidades de crecimiento entre los Estados miembro. En la mayoría de los países, en particular los más grandes, la introducción del euro no ha provocado la prometida aceleración del crecimiento. Para otros, hubo crecimiento pero a costa de desequilibrios difícilmente sostenibles. La rigidez monetaria y presupuestaria, reforzada por el euro, ha permitido hacer caer todo el peso de los ajustes sobre el trabajo. Se ha promovido la flexibilidad y la austeridad salarial, reducido la parte de los salarios en el ingreso total, aumentado las desigualdades.
Esta carrera a la baja social la ha ganado Alemania, que ha sabido liberar importantes surplus comerciales en detrimento de sus vecinos y, sobre todo, de sus propios asalariados, imponiéndose una bajada del coste del trabajo y de las prestaciones sociales, lo que le ha conferido una ventaja comercial en relación a sus vecinos que no han podido tratar tan duramente a sus trabajadores. Los excedentes comerciales alemanes pesan sobre el crecimiento de los demás países. Los déficits presupuestarios y comerciales de unos sólo son la contrapartida de los excedentes de los demás … Los Estados miembro no han sido capaces de definir una estrategia coordinada.
La zona euro hubiera debido verse menos afectada por la crisis que Estados Unidos y Reino Unido. Los hogares están claramente menos implicados en los mercados financieros, que son menos sofisticados. Las finanzas públicas estaban en una situación mejor; el déficit público del conjunto de los países de la zona era del 0,6% del PIB en 2007, frente a casi el 3% en Estados Unidos, en Reino Unido o Japón. Pero la zona euro sufría un aumento de los desequilibrios: los países del norte (Alemania, Austria, Países Bajos, países escandinavos) limitaban sus salarios y sus demandas internas, y acumulaban excedentes exteriores, mientras que los países del sur (España, Grecia, Irlanda) conocían un crecimiento vigoroso impulsado por unas tasas de interés débiles en relación a la tasa de crecimiento, al tiempo que acumulaban unos déficits exteriores.
Aunque la crisis económica partió de Estados Unidos, éste ha tratado de establecer una política real de reactivación presupuestaria y monetaria al tiempo que iniciaba un movimiento de desregulación financiera. Europa, por el contrario, no ha sabido emprender una política suficientemente reactiva. De 2007 a 2010 el impulso presupuestario ha sido del orden de 1,6 puntos de PIB en la zone euro, de 3,2 puntos en Reino Unido y de 4,2 puntos en Estados Unidos. La pérdida de producción debida a la crisis ha sido claramente más fuerte en la zona euro que en Estados Unidos. En la zona se ha sufrido más el aumento del déficits que el resultado de una política activa.
Al mismo tiempo, la Comisión ha seguido lanzando unos procedimientos de déficit excesivo contra los Estados miembro de modo que a mediados de 2010 prácticamente todos los Estados de la zona estaban sometidos a ellos. Ha pedido a los Estados miembro que para 2013 ó 2014 se comprometan a volver bajo la línea del 3%, independientemente de la evolución economía. Las instancias europeas han seguido reclamando unas políticas salariales restrictivas y que se replanteen los sistemas públicos de jubilación y de sanidad, con el riesgo evidente de hundir al continente en la depresión y de aumentar las tensiones entre los países. Esta ausencia de coordinación y, más fundamentalmente, la ausencia de un verdadero presupuesto europeo que permita una solidaridad efectiva entre los Estados miembro han incitado a los operadores financieros a desviarse del euro, incluso a especular abiertamente contra él.
Para que el euro pueda proteger realmente a los ciudadanos europeos de la crisis proponemos debatir dos [sic] medidas:
Medida n°18: garantizar una verdadera coordinación de las políticas macroeconómicas y una reducción concertada de los desequilibrios comerciales entre los países europeos,
Medida n°19: compensar los desequilibrios de pago en Europa por medio de un Banco de Pagos (que organice los préstamos entre los países europeos),
Medida n°20: si la crisis del euro lleva a su desintegración y esperando el ascenso en régimen del presupuesto europeo (cf. infra), establecer un régime monetario intraeuropeo (moneda común tipo “bancor”) que organice la reabsorción de los desequilibrios de los balances comerciales en el seno de Europa.
FALSA EVIDENCIA N°10: LA CRISIS GRIEGA HA PERMITIDO FINALMENTE AVANZAR HACIA UN GOBIERNO ECONÓMICO Y UNA VERDADERA SOLIDARIDAD EUROPEA
A partir de mediados de 2009 los mercados financieros empezaron a contar con las deudas de los países europeos. Globalmente la fuerte subida de las deudas y de los déficits públicos a escala mundial no ha provocado (todavía) subidas de las tasas largas: los operadores financieros consideran que los bancos centrales mantendrán mucho tiempo las tasas monetarias reales a un nivel próximo de cero y que no hay riesgo de inflación ni de falta [de pago] de un gran país. Pero los especuladores han percibido los fallos de la organización de la zona euro. Mientras que los gobiernos de los demás países desarrollados siempre pueden ser financiados por su Banco Central, los países de la zona euro han renunciado a esta posibilidad y dependen totalmente de los mercados financieros para sus déficits. Por ello se ha podido desencadena la especulación sobre los países más frágiles de la zona: Grecia, España e Irlanda.
Las instancias europeas y los gobiernos han tardado en reaccionar al no querer dar la impresión de que los países miembro tenían derecho a un apoyo ilimitado de sus socios y querer sancionar a Grecia, culpable de haber ocultado (con ayuda de Goldman Sachs) la magnitud de sus déficits. Con todo, en mayo de 2010 el BCE y los países miembro tuvieron que crear urgentemente un Fondo de Estabilización para indicar a los mercados que aportarían este apoyo sin límites a los países amenazados. En contrapartida estos han tenido que anunciar unos programas de austeridad presupuestaria sin precedentes que los van a condenar a un retroceso de la actividad a corto plazo y a un largo periodo de recesión. Bajo la presión del FMI y de la Comisión Europea Grecia debe privatizar sus servicios públicos y España flexibilizar su mercado laboral. Del mismo modo, Francia y Alemania, que no están afectadas por la especulación, han anunciado medidas restrictivas.
Sin embargo, la demanda no es en modo alguno excesiva en Europa. La situación de las finanzas públicas es mejor que la de Estados Unidos o de Gran Bretaña, lo que deja márgenes de maniobra presupuestaria. Hay que reabsorber los desequilibrios de manera coordinada: los países excedentarios del norte y del centro de Europa deben llevar a cabo políticas expansionistas (amento de los salarios, de los gastos sociales …) para compensar las políticas restrictivas de los países del sur. Globalmente la política presupuestaria no debe ser restrictiva en la zona euro mientras que la economía no se acerque al pleno empleo a una velocidad satisfactoria.
Pero, por desgracia, hoy se han reafirmado los partidarios de las políticas presupuestarias automáticas y restrictivas en Europa. La crisis griega permite hacer olvidar los orígenes de la crisis financiera. Quienes han aceptado apoyar financieramente a los países del sur quieren imponer en contrapartida un Pacto de Estabilidad. La Comisión Europea y Alemania quieren imponer a todos los países miembro que inscriban en su Constitución el objetivo del presupuesto equilibrado, hacer que unos comités de expertos independientes vigilen la política presupuestaria. La Comisión quiere imponer a los países una larga cura de austeridad para volver a una deuda pública inferior al 60% del PIB. Si hay un avance hacia un gobierno económico es hacia un gobierno que en vez de aflojar el torno de las finanzas va a imponer la austeridad y profundizar las “reformas” estructurales en detrimento de las solidaridades sociales en cada país y entre los países.
La crisis ofrece a las elites financieras y a las tecnocracias europeas la tentación de establecer la “estrategia del choque” aprovechando la crisis para radicalizar la agenda neoliberal. Pero esta política tiene pocas posibilidades de éxito:
La disminución de los gastos públicos va a comprometer el esfuerzo necesario a escala europea para mantener los gastos del futuro (investigación, educación, política familiar), para ayudar a la industria europea a mantenerse y a invertir en los sectores del futuro (economía verde).
La crisis va a permitir imponer fuertes reducciones de los gastos sociales, objetivo incansablemente buscado por los paladines del neoliberalismo, a riesgo de comprometer la cohesión social, de reducir la demanda efectiva, de empujar a los hogares a ahorrar para su jubilación y su salud en las instituciones financieras, responsables de la crisis.
Los gobiernos y las instancias europea se niegan a organizar la armonización fiscal que permitiría la subida necesaria de los impuestos en el sector financiero, en los patrimonios importantes y en los ingresos altos.
Los países europeos instauran duraderamente unas políticas presupuestarias restrictivas que van a pesar enormemente sobre el crecimiento. Van a descender las recaudaciones fiscales. Los sueldos públicos apenas mejorarán, las ratios de deuda se degradarán, no se tranquilizará a los mercados.
Debido a la diversidad de sus culturas políticas y sociales los países europeos no han podido plegarse todos a la disciplina de hierro impuesta por el Tratado de Maastricht; no se plegarán todos al reforzamiento de éste que se está organizando actualmente. El riesgo de activar una dinámica generalizada de repliegue sobre sí mismo es real.
Para avanzar hacia un verdadero gobierno económico y una solidaridad europea proponemos debatir dos medidas:
Medida n°21: desarrollar una fiscalidad europea (tasa carbono, impuesto sobre los beneficios, …) y un verdadero presupuesto europeo para ayudar a la convergencia de las economías y tender a una igualación de las condiciones de acceso a los servicios públicos y sociales en los diversos Estados miembro sobre la base de las mejores prácticas.
Medida n°22: lanzar un vasto plan europeo, financiado por suscripción pública a tasas de interés débil pero garantizado y/o por medio de creación monetaria del BCE para emprender la reconversión ecológica de la economía europea.
CONCLUSIÓN
DEBATIR LA POLÍTICA ECONÓMICA,
TRAZAR CAMINOS PARA REFUNDAR LA UNIÓN EUROPEA
Desde hace tres décadas Europa se ha construido sobre una base tecnocrática que excluye a las poblaciones del debate de política económica. Se debe abandonar la doctrina neoliberal que descansa sobre la hipótesis hoy indefendible de la eficiencia de los mercados financieros. Hay que volver a abrir el espacio de las políticas posibles y debatir propuestas alternativas y coherentes que limiten el poder de las finanzas y organicen la armonización en el progreso de los sistemas económicos y sociales europeos. Esto supone la mutualización de importantes recursos presupuestarios, obtenidos por medio del desarrollo de una fiscalidad europea fuertemente redistributiva. También hay que liberar a los mercados del cerco de los mercados financieros. Solamente así el proyecto de construcción europea podrá esperar recuperar una legitimidad popular y democrática de la que hoy carece.
Evidentemente, no es realista esperar que 27 países decidan al mismo tiempo operar semejante ruptura en el método y los objetivos de la construcción europea. La Comunidad Económica Europea comenzó con seis países: también la refundación de la Unión Europea pasará al principio por un acuerdo entre algunos países deseosos de explorar unas vías alternativas. A medida que se hagan evidentes las consecuencias desastrosas de las políticas adoptadas hoy, aumentará por toda Europa el debate sobre las alternativas. Luchas sociales y cambios políticos intervendrán a ritmo diferente según los países. Unos gobiernos nacionales tomarán decisiones innovadoras. Quienes lo deseen deberán adoptar unas cooperaciones reforzadas para adoptar medidas audaces en materia de regulación financiera, de política fiscal o social. Por medio de unas propuestas concretas tenderán la mano a los demás pueblos para que se unan al movimiento.
Por ello nos parece importante esbozar y debatir ahora las grandes líneas de políticas económicas alternativas que harán posible esta refundación de la construcción europea.
Premiers signataires :
Philippe Askenazy (CNRS, Ecole d’économie de Paris), Thomas Coutrot (Conseil scientifique d’Attac), André Orléan (CNRS, EHESS), Henri Sterdyniak (OFCE)
Introducción
La reactivación económica mundial, lograda por medio de una colosal inyección de gasto público en el circuito económico (de los EEUU a China), es frágil pero real. Un solo continente se queda atrasado, Europa. Encontrar el camino del crecimiento no es su prioridad política. Europa entró en otra vía: la de la lucha contra los déficits públicos.
En la Unión Europea estos déficits son elevados, es verdad, -7% en promedio en el 2010-, pero mucho menos que el 11% de los EEUU. Mientras algunos Estados norteamericanos de peso económico superior al de Grecia, California por ejemplo, están cercanos a la quiebra, los mercados financieros decidieron especular sobre la deuda soberana de los países europeos, particularmente los del sur. Europa está prisionera de su propia trampa institucional: los Estados deben tomar créditos ante instituciones financieras privadas que obtienen liquidez a bajo precio del Banco Central Europeo. Así, los mercados tienen la llave del financiamiento de los Estados. En este marco la ausencia de solidaridad europea suscita la especulación, tanto más cuanto que las agencias de calificación juegan a acentuar la desconfianza.
Fue necesaria la degradación de la nota de Grecia por la agencia Moody’s el 15 de junio, para que los dirigentes europeos retomaran el término de “irracionalidad” que tanto emplearon al inicio de la crisis de los subprimes. De este modo se descubre que España está más amenazada por la fragilidad de su modelo de crecimiento y de su sistema bancario que por su deuda pública.
Para “tranquilizar los mercados” se improvisó un Fondo de estabilización del euro, y se lanzaron por toda Europa drásticos, y a menudo ciegos, planes de reducción del gasto público. Los funcionarios son las primeras víctimas, incluso en Francia, en donde el alza de cotizaciones de su previsión será una disimulada baja de sus salarios. El número de funcionarios disminuye en todas partes, amenazando los servicios públicos. Las prestaciones sociales, de los Países Bajos a Portugal, pasando por Francia con su actual reforma de la previsión, están siendo gravemente amputadas. El paro y la precariedad del empleo crecerán forzosamente en los años venideros. Estas medidas son irresponsables desde un punto de vista político y social, e incluso en el estricto ámbito económico.
Esta política, que ha calmado provisoriamente la especulación, tiene ya consecuencias sociales muy negativas en numerosos países europeos, particularmente en la juventud, el mundo del trabajo y los más vulnerables. A corto plazo agudizará las tensiones en Europa y con ello amenazará la propia construcción europea que es mucho más que un proyecto económico. Allí la economía debiese estar al servicio de la construcción de un continente democrático, pacificado y unido. En lugar de eso, se impone por todas partes una forma de dictadura de los mercados, y especialmente hoy en día en Portugal, España y Grecia, tres países que aun eran dictaduras a principios de los años 1970, hace apenas cuarenta años.
Que se la interprete como el deseo de “tranquilizar los mercados” por parte de gobiernos asustados, o bien como un pretexto para imponer decisiones dictadas por la ideología, la sumisión
a esta dictadura es inaceptable tanto ha dado ya la prueba de su ineficacia económica y de su potencial destructivo en los planos político y social.
Un verdadero debate democrático sobre las decisiones de política económica debe pues abrirse en Francia y en Europa. La mayor parte de los economistas que intervienen en el debate público lo hacen para justificar o racionalizar la sumisión de las políticas a las exigencias de los mercados financieros. Cierto, en todas partes los poderes públicos debieron improvisar planes keynesianos de reactivación e incluso nacionalizar temporariamente los bancos. Pero quieren cerrar este paréntesis lo más pronto posible. El software neoliberal aun sigue siendo considerado como legítimo, a pesar de sus patentes fracasos. Este, fundado sobre la hipótesis de eficiencia de los mercados financieros, plantea reducir el gasto público, privatizar los servicios públicos, flexibilizar el mercado del trabajo, liberalizar el comercio, los servicios financieros y los mercados de capitales, aumentar la competencia en todo tiempo y lugar…
En tanto economistas, estamos aterrados al ver que estas políticas siguen a la orden del día y que sus fundamentos teóricos no son cuestionados. No obstante, los argumentos avanzados desde hace treinta años para orientar las decisiones de política económica europea son desmentidos por los hechos. La crisis desnudó el carácter dogmático e infundado de la mayor parte de las pretendidas evidencias repetidas hasta la saciedad por quienes deciden y por sus consejeros. Ya se trate de la eficacia y de la racionalidad de los mercados financieros, de la necesidad de mutilar el gasto para reducir la deuda pública o de reforzar el “pacto de estabilidad”, hay que interrogar dichas falsas evidencias y mostrar la pluralidad de decisiones posibles en materia de política económica. Otras decisiones son posibles y deseables, a condición, primero que nada, de liberarse del dominio impuesto por la industria financiera sobre las políticas públicas.
Hacemos más adelante una presentación crítica de diez postulados que continúan inspirando cada día las decisiones de los poderes públicos en toda Europa, a pesar de los brutales desmentidos aportados por la crisis financiera y sus consecuencias. Se trata de falsedades que inspiran medidas injustas e ineficaces, frente a las cuales proponemos al debate veintidós contra proposiciones. Ellas no cuentan necesariamente con el asentimiento unánime de los signatarios de este texto, pero deben ser tomadas en serio si queremos sacar a Europa del atolladero.
Falsedad n°1: los mercados financieros son eficientes.
Falsedad n°2: los mercados financieros son favorables al crecimiento económico.
Falsedad n°3: los mercados son buenos jueces de la solvencia de los Estados.
Falsedad n°4: el aumento de la deuda pública resulta de un aumento del gasto.
Falsedad n°5: hay que reducir el gasto para reducir la deuda pública.
Falsedad n°6: la deuda pública le hará pagar nuestros excesos a nuestros nietos.
Falsedad n°7: hay que tranquilizar a los mercados financieros para financiar la deuda pública.
Falsedad n°8: la Unión Europea defiende el modelo social europeo.
Falsedad n°9: el euro nos protege contra la crisis.
Falsedad n°10: la crisis griega permitió avanzar hacia un gobierno económico y una verdadera solidaridad europea.
FALSA EVIDECIA N°1: LOS MERCADOS FINACIEROS SON EFICIENTES
Un hecho se impone hoy a todos los observadores: el papel primordial que desempeñan los mercados financieros en el funcionamiento de la economía. Es el resultado de una larga evolución que empezó finales de la década de 1970. La midamos como la midamos esta evolución marca una ruptura neta, tanto cuantitativa como cualitativa, con las décadas precedentes. Bajo la presión de los mercados financieros la regulación del conjunto del capitalismo se transforma en profundidad y da nacimiento a una forma inédita de capitalismo que algunos llamaron “capitalismo patrimonial”, capitalismo financiero” o incluso “capitalismo neoliberal”.
Estas mutaciones encontraron en la hipótesis de eficiencia informativa de los mercados financieros su justificación teórica. En efecto, según esta hipótesis, es importante desarrollar los mercados financieros, hacer que puedan funcionar lo más libremente posible porque constituyen el único mecanismo de asignación eficaz del capital. Las políticas que se han llevado a cabo obstinadamente desde hace treinta años son conformes a esta recomendación. Se trata de construir un mercado financiero mundialmente integrado en el que todos los actores (empresas, hogares, Estados, instituciones financieras) puedan intercambiar todas las categorías de títulos (acciones, obligaciones, deudas, derivados, divisas) en todos los plazos (largo plazo, medio plazo, corto plazo). Los mercados financieros han llegado a parecerse al mercado “sin fricción” de los manuales: el discurso económico ha conseguido crear la realidad. Como los mercados eran cada vez más “perfectos” en el sentido de la teoría económica dominante, los analistas creyeron que en adelante el sistema financiero era mucho más estable que en el pasado. La “gran moderación” (este periodo de crecimiento económico sin subida de los salarios que conoció Estados Unidos desde 1990 a 2007) parecía confirmarlo.
Todavía hoy el G20 persiste en la idea de que los mercados financieros son el buen mecanismo de asignación del capital. La primacía y la integridad de los mercados financieros siguen siendo los objetivos finales que prosigue su nueva regulación financiera. La crisis se interpreta no como un resultado inevitable de la lógica de los mercados desregulados sino como el efecto de la deshonestidad e irresponsabilidad de algunos actores financieros mal vigilados por los poderes públicos.
Sin embargo, la crisis se ha encargado de demostrar que los mercados no son eficientes y que no permiten una asignación eficaz del capital. Las consecuencias de este hecho en materia de regulación y de política económica son inmensas. La teoría de la eficiencia reposa sobre la idea de que los inversores buscan y encuentran la información más fiable posible sobre el valor de los proyectos que compiten para encontrar una financiación. De creer esta teoría, el precio que se forma en un mercado refleja los juicios de los inversores y sintetiza el conjunto de la información disponible: constituye, por consiguiente, un buen cálculo del verdadero valor de los títulos. Ahora bien, se supone que este valor resume toda la información necesaria para orientar la actividad económica y así la vida social. De este modo el capital se invierte en los proyectos más rentables y deja de lado los proyectos menos eficaces. Ésta es la idea central de esta teoría: la competencia financiera produce unos precios justos que constituyen señales fiables para los inversores y orientan eficazmente el desarrollo económico.
Pero la crisis vino a confirmar los diferentes trabajos críticos que habían puesto en duda esta propuesta. La competencia financiera no produce necesariamente precios justos. Peor: con frecuencia la competencia financiera es desestabilizante y lleva a unas evoluciones de precios excesivas e irracionales, las burbujas financieras.
El error principal de la teoría de la eficiencia de los mercados financieros consiste en trasponer a los productos financieros la teoría habitual de los mercados de bienes ordinarios. En estos últimos la competencia es en parte autorreguladora en virtud de lo que se llama la “ley” de la oferta y la demanda: cuando el precio de un bien aumenta, entonces los productores van a aumentar su oferta y los compradores a reducir su demanda; el precio, por lo tanto, va a bajar y a volver cerca de su nivel de equilibrio. En otras palabras, cuando el precio de un bien aumenta unas fuerzas de llamada tienden a frenar y después a invertir este alza. La competencia produce lo que se llama “feedbacks negativos”, unas fuerzas de llamada que van en el sentido contrario del choque inicial. La idea de la eficiencia nace de una transposición directa de este mecanismo a la finanza de mercado.
Ahora bien, para esta última la situación es muy diferente. Cuando el precio aumenta es frecuente observar no una bajada, ¡sino una subida de la demanda! En efecto, la subida del precio significa un rendimiento mayor para quienes poseen el título debido a la plusvalía realizada. Por consiguiente, la subida del precio atrae a nuevos compradores, lo que refuerza más la subida inicial. Las promesas de bonos empujan a los traders a ampliar aún más el movimiento. Hasta el incidente, imprevisible pero inevitable, que provoca la inversión de las anticipaciones y la quiebra. Este fenómeno digno de la irreflexión de los borregos es un proceso de “feedbacks positivos” que empeora los desequilibrios. Es la burbuja especulativa: una subida acumulativa de los precios que se alimenta a sí misma. Este tipo de proceso no produce precios justos sino, por el contrario, precios inadecuados.
Por consiguiente, el lugar preponderante ocupado por los mercados financieros no puede llevar a eficacia alguna. Aún más, es una fuente permanente de inestabilidad, como lo demuestra claramente la serie ininterrumpida de burbujas que hemos conocido desde hace 20 años: Japón, Sudeste de Asia, internet, mercados emergentes, la inmobiliaria, conversión de la deuda en valores. Así, la inestabilidad financiera se traduce en fuertes fluctuaciones de las tasas de intercambio y de la Bolsa, que manifiestamente no tienen relación con los fundamentos de la economía. Esta inestabilidad, nacida del sector financiero, se propaga a la economía real por medio de numerosos mecanismos.
Para reducir la ineficiencia e inestabilidad de los mercados financieros sugerimos cuatro medidas:
Medida n°1: compartimentar estrictamente los mercados financieros y las actividades de los actores financieros, prohibir a los bancos especular por su propia cuenta para evitar la propagación de las burbujas y de las quiebras,
Medida n°2: Reducir la liquidez y la especulación desestabilizadora por medio de controles sobre los movimientos de capitales y de las tasas sobre las transacciones financieras,
Medida n°3: limitar las transacciones financieras a las que respondan a las necesidades de la economía real (por ejemplo, CDS [Credit Default Swap o permuta de incumplimiento crediticio] únicamente para quienes detentan títulos asegurados, etc.)
Medida n°4: limitar la remuneración de los traders.
FALSA EVIDENCIA N°2: LOS MERCADOS FINANCIEROS SON FAVORABLES AL CRECIMIENTO ECONÓMICO
La integración financiera ha llevado el poder de las finanzas a su cenit debido al hecho de que unifica y centraliza la propiedad capitalista a escala mundial. En adelante ella es quien determina las normas de la rentabilidad exigidas al conjunto de los capitales. El proyecto era que la finanza de mercado sustituyera a la financiación bancaria de los inversores. Proyecto que, además, ha fracasado porque hoy, globalmente, son las empresas las que financian a los accionistas en vez de lo contrario. En adelante la gobernanza de las empresas se ha transformado profundamente para alcanzar las normas de rentabilidad del mercado. Con el aumento en potencia del valor accionarial se ha impuesto una concepción nueva de la empresa y de su gestión, pensadas como puestas al servicio exclusivo del accionista. Ha desaparecido la idea de un interés común propio de las diferentes parte interesadas vinculadas a la empresa. Los dirigentes de las empresas que cotizan en Bolsa tiene en adelante la misión primera de satisfacer únicamente el deseo de enriquecimiento de los accionistas. En consecuencia, dejan ellos mismos de ser asalariados, como demuestra el desmesurado aumento de sus remuneraciones. Como avanza la teoría de “la agencia”, se trata de hacer de modo que los intereses de los dirigentes sean en adelante convergentes con los de los accionistas.
El ROE (Return on Equity, o rendimiento de los capitales propios) de 15% a 25% es en adelante la norma que impone el poder de la finanza a las empresas y a los asalariados. La liquidez es el instrumento de este poder que permite en cualquier momento a los capitales no satisfechos ir a buscar a otra parte. Frente a esta potencia, tanto los asalariados como la soberanía política parecen por su fraccionamiento en estado de inferioridad. Esta situación desequilibrada lleva a unas exigencias de beneficio descabelladas porque reprimen el crecimiento económico y llevan a un aumento continuo de las desigualdades de ingresos. Por un lado las exigencias de rentabilidad inhiben fuertemente la inversión: cuanto más elevada es la rentabilidad demandada más difícil es encontrar proyectos suficientemente eficientes para satisfacerla. Las tasas de inversión siguen siendo históricamente débiles en Europa y en Estados Unidos. Por otra parte, estas exigencias provocan una constante presión a la baja sobre los salarios y el poder adquisitivo, lo que no es favorable a la demanda. La ralentización simultánea de la inversión y del consumo lleva a un crecimiento débil y a un paro endémico. En los países anglosajones se ha contrarrestado esta tendencia por medio de desarrollo del endeudamiento de los hogares y por medio de las burbujas financieras que crean una riqueza que permite un crecimiento del consumo sin salarios, pero terminan en quiebras.
Para remediar los efectos negativos sobre la actividad económicas ponemos debatir tres medidas :
Medida n°5: reforzar significativamente los contra-poderes en las empresas para obligar a las direcciones a tener en cuenta los intereses del conjunto de las partes interesadas,
Medida n°6: aumentar fuertemente los impuestos a los ingresos muy altos para disuadir la carrera por los rendimientos insostenibles,
Medida n°7: reducir la dependencia de las empresas en relación a los mercados financieros desarrollando una política pública del crédito (tasas preferenciales para las actividades prioritarias en el plano social y medioambiental).
FALSA EVIDENCIA N° 3 : LOS MERCADOS SON BUENOS JUECES DE LA SOLVENCIA DE LOS ESTADOS
Según los defensores de la eficiencia de los mercados financieros, los operadores de mercado tendrían en cuenta la situación objetiva de las finanzas públicas para evaluar el riesgo de suscribir un préstamo de Estado. Tomemos el caso de la deuda griega: los operadores financieros y quienes toman las decisiones se remiten únicamente a las evaluaciones financieras para juzgar la situación. Así, cuando la tasa exigida a Grecia ascendió a más del 10%, cada uno dedujo que el riesgo de falta [de pago] estaba cercano: si los inversores exigen semejante prima de riesgo es que el peligro es extremo.
Hay en ello un profundo error si se comprende la verdadera naturaleza de la evaluación por el mercado financiero. Como éste no es eficiente, lo más frecuente es que produzca unos precios completamente desconectados de los fundamentales. En esas condiciones es descabellado entregarse únicamente a las evaluaciones financieras para juzgar una situación. Evaluar el valor de un título financiero no es una operación comparable a medir un tamaño objetivo, por ejemplo, a calcular el peso de un objeto. Un título financiero es un derecho sobre unos ingresos futuros: para evaluarlo hay que prever lo que será el futuro. Es una cuestión de juicio, no una medida objetiva porque en el instante t, el futuro no está en modo alguno predeterminado. En las salas de mercado sólo es lo que los operadores imaginan que será. Un precio financiero resulta de un juicio, de una creencia, de una apuesta sobre el futuro: nada asegura que el juicio de los mercados tenga algun tipo de superioridad sobre las demás formas de juicio.
Sobre todo, la evaluación financiera no es neutra: afecta al objeto medido, compromete y construye el futuro que ella imagina. Así, las agencias de calificación financieras contribuyen en mucho a determinar las tasas de interés en los mercados de obligaciones atribuyendo unas notas cargadas de una gran subjetividad, incluso de una voluntad de alimentar la inestabilidad, fuente de beneficios especulativos. Cuando degradan la calificación de un Estado aumentan la tasa de interés exigida por los actores financieros para adquirir los títulos de la deuda pública de este Estado y aumentan con ello el riesgo de quiebra que ellas han anunciado.
Para reducir la influencia de la psicología de los mercados sobre la financiación de los estados, proponemos debatir dos medidas:
Medida n°8: no se debe autorizar a las agencias de calificación financiera a pesar arbitrariamente en las tasas de interés de los mercados de obligaciones degradando la calificación de un Estado: su actividad se debería reglamentar exigiendo que esta nota resulte de un calculo económico transparente.
Medida n°8 bis: liberar a los Estados de la amenaza de los mercados financieros garantizando que el Banco Central Europeo (BCE) compra los títulos púbicos.
FALSA EVIDENCIA N° 4 : LA SUBIDA ESPECTACULAR DE LAS DEUDAS PÚBLICAS ES EL RESULTADO DE UN EXCESO DE GASTOS
Michel Pébereau, uno de los “padrinos” de la banca francesa, describía en 2005 en unos de estos informes oficiales ad hoc a una Francia asfixiada por la deuda pública y sacrificando sus generaciones futuras al entregarse a unos gastos sociales irreflexivos. El Estado que se endeuda como un padre de familia alcohólico que bebe por encima de sus medios: ésta es la visión que suelen propagar la mayoría de los editorialistas. La reciente explosión de la deuda pública en Europa y en el mundo se debe en todas partes a otra cosa: a los planes de salvamiento de las finanzas y, sobre todo, a la recesión provocada por la crisis bancaria y financiera que empezó en 2008: el déficit público medio en la zona euro era sólo el 0,6% del PIB en 2007, pero la crisis le ha hecho pasar al 7% en 2010. Al mismo tiempo la deuda pública ha pasado del 66% al 84% del PIB.
Sin embargo, el aumento de la deuda pública tanto en Francia como en muchos países europeos fue primero moderada y anterior a esta recesión: proviene en gran parte no de una tendencia a la subida de los gastos públicos (puesto que, al contrario, desde principios de la década de 1990 estos son estables o en baja en la Unión Europea en proporción al PIB) sino del desmoronamiento de los ingresos públicos debido a la debilidad del crecimiento económico en el periodo y a la contrarrevolución fiscal que han llevado a cabo la mayoría de los gobiernos desde hace veinticinco años. A más largo plazo la contrarrevolución fiscal ha alimentado continuamente el hinchamiento de la deuda de una recesión a otra. Así, en Francia un reciente informe parlamentario cifra en 100.000 millones de euros en 2010 el coste de las bajadas de impuestos consentidas entre 2000 y 2010, sin incluir siquiera las exoneraciones de cotizaciones sociales (30.000 millones) y otros “gastos fiscales”. A falta de una armonización fiscal, los Estados europeos se han entregado a la competencia fiscal, bajando los impuestos a las sociedades, los altos ingresos y los patrimonios. Aunque el peso relativo de sus determinantes varíe de un país a otro, la subida casi general de los déficits públicos y de las ratios de deuda pública en el curso de los treinta últimos años no resulta principalmente de una deriva culpable de los gastos públicos. Un diagnóstico que, evidentemente, abre otras pistas que la sempiterna reducción de los gastos públicos.
Para restaurar un debate público informado sobre el origen de la deuda y, por lo tanto, de los medios de remediarla, proponemos debatir una propuesta:
Medida n° 9: realizar una auditoría pública de las deudas públicas para determinar su origen y conocer la identidad de los principales poseedores de títulos de la deuda y los montantes que poseen.
FALSA EVIDENCIA N°5: HAY QUE REDUCIR LOS GASTOS PARA REDUCIR LA DEUDA PÚBLICA
Aunque el aumento de la deuda pública resultara en parte de un aumento de los gastos públicos, cortar en estos gastos no contribuiría necesariamente a la solución porque la dinámica de la deuda pública no tiene mucho que ver con la de un hogar: la macroeconomía no es reducible a la economía doméstica. Generalmente la dinámica de la deuda depende de varios factores: el nivel de los déficits primarios, pero también la diferencia entre la tasa de interés y la tasa de crecimiento nominal de la economía.
Y es que si este último es más débil que la tasa de interés la deuda va a crecer mecánicamente debido al “efecto bola de nieve”: explota el importe de los intereses y también el déficit total (incluidos los intereses de la deuda). Así, a principios de la década de 1990 la política del franco fuerte que llevó a cabo Bérégovoy y se mantuvo a pesar de la recesión de 1993-94 se tradujo en una tasa de interés más elevada de forma duradera que la tasa de crecimiento, lo que explica el salto de la deuda pública de Francia durante este periodo. Es el mismo mecanismo que explicaban el aumento de la deuda durante la primera mitad de la década de 1980 bajo el impacto de la revolución neoliberal y de la política de tasas de interés elevadas que llevaron a cabo Ronald Reagan y Margaret Thatcher.
Pero la propia tasa de crecimiento no es independiente de los gastos públicos: a corto plazo la existencia de gastos públicos estables limita la magnitud de las recesiones (“estabilizadores automáticos”); a largo plazo las inversiones y gastos públicos (educación, sanidad, investigación, infraestructuras …) estimulan el crecimiento. Es falso afirmar que todo déficit público crece tanto como la deuda pública o que toda reducción del déficit permite reducir la deuda. Si la reducción de los déficit compromete la actividad económica la deuda aumentará aún más. Los comentaristas liberales subrayan que algunos países (Canadá, Suecia, Israel) realizaron unos ajustes brutales de sus cuentas públicas en la década de 1990 e inmediatamente después conocieron un fuerte rebote del crecimiento. Pero esto sólo es posible si el ajuste concierne a un país aislado, que vuelve a ganar competitividad sobre sus rivales. Lo que evidentemente olvidan los partidarios del ajuste estructural europeo es que los países europeos tienen por principales clientes y rivales a otros países europeos ya que la Unión Europea está globalmente poco abierta al exterior. Una reducción simultánea y masiva de los gastos públicos del conjunto de los países de la Unión Europea sólo puede tener como efecto una recesión agravada y, por lo tanto, una nueva subida de la deuda pública.
Para evitar que el restablecimiento de las finanzas públicas provoque un desastre social y politico proponemos debatir dos medidas:
Medida n°10: mantener el nivel de las protecciones sociales, incluso mejorarlas (subsidio de desempleo, vivienda…);
Medida n°11: aumentar el esfuerzo presupuestario en materia de educación, de investigación, de inversion en reconversión ecológica… para establecer las condiciones de un crecimiento sostenible que permita un fuerte descenso del paro.
FALSA EVIDENCIA N°6: LA DEUDA PÚBLICA TRASLADA EL PRECIO DE NUESTROS EXCESOS A NUESTROS NIETOS
La afirmación de que la deuda pública sería una transferencia de riqueza en detrimento de las generaciones futuras es otra afirmación falsa que confunde economía doméstica y macroeconomía. La deuda pública es un mecanismo de transferencia de riquezas, pero es sobre todo de los contribuyentes ordinarios hacia los rentistas.
En efecto, basándose en la creencia raramente verificada según la cual bajar los impuesto estimularía el crecimiento y aumentaría in fine los ingresos públicos, desde 1980 los Estados europeos han imitado a Estados Unidos en una política sistemática de hacer la oferta fiscal más baja. Se han multiplicado las reducciones de impuestos y de cotizaciones (sobre los beneficios de las sociedades, sobre los ingresos de los particulares más acomodados, sobre los patrimonios, sobre las cotizaciones patronales…), pero su impacto en el crecimiento económico sigue siendo muy incierto. Por consiguiente, estas políticas fiscales anti-redistributivas han agravado a la vez y de manera acumulativa las desigualdades sociales y los déficits públicos.
Estas políticas fiscales han obligado a las administraciones públicas a endeudarse con hogares acomodados y mercados financieros para financiar los déficits así creados. Es lo que se podría llamar “el efecto jackpot”: con el dinero ahorrado de sus impuestos los ricos han podido adquirir títulos (portadores de interés) de la deuda pública emitida para financiar los déficits públicos provocados por la reducciones de los impuestos… Así, el servicio de la deuda pública en Francia representa 40.000 millones de euros, casi tanto como las recaudaciones del impuesto sobre la renta. Tour de force tanto más brillante cuanto que a continuación se ha logrado hacer creer al público que los culpables de la deuda pública eran los funcionarios, los jubilados y los enfermos.
Por consiguiente, el aumento de la deuda pública en Europa o en Estados Unidos no es el resultado de políticas keynesianas expansionistas o de políticas sociales dispendiosas sino más bien de una política en favor de las capas privilegiadas: los “gastos fiscales” (bajadas de impuestos y de cotizaciones) aumentan los ingresos disponibles de quienes menos lo necesitan, los cuales gracias a ello pueden aumentar más sus inversiones, sobre todo en Bonos del Tesoro, que son remunerados en intereses por medio del impuesto procedente de todos los contribuyentes. En resumen, se establece un mecanismo de redistribución al revés, desde las clases populares hacia las clases acomodadas, vía la deuda pública cuya contrapartida es siempre la renta privada.
Para rectificar de manera equitativa las finanzas públicas en Europa y en Francia proponemos debatir dos medidas:
Medida n°12: volver a dar un carácter fuertemente redistributivo a la fiscalidad directa sobre los ingresos (supresión de los vacíos [fiscales], creación de nuevas series y aumento de las tasas del impuesto sobre la renta…)
Medida n°13: suprimir las exoneraciones consentidas a las empresas que no tienen suficiente efecto sobre el empleo.
FALSA EVIDENCIA N°7 : HAY QUE ASEGURAR A LOS MERCADOS FINANCIEROS PARA PODER FINANCIAR LA DEUDA PÚBLICA
A nivel mundial se debe analizar el ascenso de las deudas públicas correlativamente a la financiarización. Durante los últimos treinta años a favor de la liberalización total de la circulación de los capitales las finanzas han aumentado considerablemente su influencia sobre la economía. Las grandes empresas recurren cada vez menos al crédito bancario y cada vez más a los mercados financieros. Los hogares también ven una parte cada vez mayor de su ahorro drenado hacia las finanzas para sus pensiones, vía los diversos productos de inversión o incluso en algunos países vía la financiación de su vivienda (préstamos hipotecarios). Los gestores de carteras que tratan de diversificar los riesgos buscan títulos públicos como complemento a los privados. Los han encontrado fácilmente en los mercados porque los gobiernos han llevado a cabo unas políticas similares que han llevado a un relanzamiento de los déficits: tasas de interés altas, bajada de los impuestos centradas en los ingresos altos, incitaciones masivas al ahorro financiero de los hogares para favorecer las jubilaciones por capitalización, etc.
A nivel de la UE la financiarización de la deuda pública se ha inscrito en los tratados: desde Maastricht los Bancos Centrales tienen prohibido financiar directamente a los Estados, que deben encontrar prestamistas en los mercados financieros. Esta “represión monetaria” acompaña a la “liberación financiera” y hace exactamente lo contrario de las políticas adoptadas tras la gran crisis de la década de 1930, de “represión financiera” (drásticas restricciones a la libertad de acción de las finanzas) y de “liberación monetaria” (con el final del patrón oro). Se trata de someter a los Estados, que se supone que son por naturaleza demasiado dispendiosos, a la disciplina de los mercados financieros, que se supone que son eficientes y omniscientes por naturaleza.
Como resultado de esta elección doctrinaria, el Banco Central Europeo no tiene así derecho a suscribir directamente las emisiones de obligaciones públicas de los Estados europeos. Privados de la garantía de poder financiarse siempre en el Banco Central, los Estados europeos del sur han sido así víctimas de ataques especulativos. En efecto, aunque en nombre de una ortodoxia sin fisuras el BCR siempre se había negado a ello, desde hace algunos meses compra obligaciones de Estado a la tasa de interés del mercado para calmar las tensiones en el mercado de obligaciones europeos. Pero nada dice que esto sea suficiente si la crisis de la deuda se agrava y y se esfuman las tasas de interés de mercado. Entonces podría ser difícil mantener esta ortodoxia monetaria que carece de fundamentos científicos serios.
Para remediar el problema de la deuda pública proponemos debatir dos medidas:
Medida n°14: autorizar al Banco Central Europeo a financiar directamente a los Estados (o a imponer a los bancos comerciales suscribir la emisión de obligaciones públicas) a bajo interés, aflojando así el lastre con el que les traban los mercados financieros,
Medida n°15: si fuera necesario, reestructurar la deuda pública, por ejemplo, limitando el servicio de la deuda pública a determinado tanto por ciento del PIB, y operando una discriminación entre los acreedores según el volumen de los títulos que poseen: los rentistas muy grandes (particulares o instituciones) deben aceptar un alargamiento sensible del perfil de la deuda, incluso anulaciones parciales o totales. También hay que volver a negociar las exorbitantes tasas de interés de los títulos emitidos por los países en dificultades desde la crisis.
FALSA EVIDENCIA N°8: LA UNIÓN EUROPEA DEFIENDE EL MODELO SOCIAL EUROPEO
La construcción europea parece una experiencia ambigua. Coexisten dos visiones de Europa sin osar enfrentarse abiertamente. Para los socialdemócratas, Europa hubiera debido proponerse el objetivo de promover el modelo social europeo, fruto del compromiso social de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, con su protección social, sus servicios públicos y sus políticas industriales. Europa hubiera debido construir una muralla defensiva frente a la globalización liberal, un medio de proteger, de hacer vivir y progresar este modelo. Europa hubiera debido defender una visión específica de la organización de la economía mundial, la globalización regulada por unas organizaciones de gobernanza mundial. Hubiera debido permitir a los países miembro mantener un nivel elevado de gastos públicos y de redistribución, protegiendo su capacidad de financiarlos por medio de la armonización de la fiscalidad sobre las personas, las empresas y los ingresos del capital.
Sin embargo, Europa no ha querido asumir su especificidad. Actualmente la visión dominante en Bruselas y en el seno de la mayoría de los gobiernos nacionales es la contraria a la de una Europa liberal, cuyo objetivo es adaptar a las sociedades europeas a las exigencias de la globalización: la construcción europea es la ocasión de poner en tela de juicio el modelo social europeo y de desregular la economía. La preeminencia del derecho de la competencia sobre las reglamentaciones nacionales y sobre los derechos sociales en el Mercado Único permite introducir más competencia en los mercados de los productos y de los servicios, disminuir la importancia de los servicios públicos y organizar competitividad de los trabajadores europeos. La competencia social y fiscal permitió reducir los impuestos, sobre todo sobre los ingresos del capital y de las empresas (las “bases móviles”) y hacer presión sobre los gastos sociales. Los tratados garantizan cuatro libertades fundamentales: la libre circulación de las personas, de las mercancías, de los servicios y de los capitales. Pero lejos de limitarse al mercado interior, la libertad de circulación de los capitales se ha concedido a los inversores del mundo entero, sometiendo así al tejido productivo europeo a los imperativos de valorización de los capitales internacionales. La construcción europea perece un medio de imponer a los pueblos unas reformas neoliberales.
La organización de la política macroeconómica (independencia del BCE frente a la política, Pacto de Estabilidad) está marcada por la desconfianza respecto a los gobierno elegidos democráticamente. Se trata de privar a los países de toda autonomía en materia tanto de política monetaria como en materia presupuestaria. Para ya sólo dejar jugar a la “estabilización automática” se debe alcanzar el equilibrio presupuestario y después toda política discrecional desterrada de reactivación. A nivel de la zona no se ha establecido ninguna política coyuntural común ni se ha definido ningún objetivo común en términos de crecimiento o de empleo. No se tienen en cuenta las diferencias de situación entre los países porque el pacto no se interesa ni por las tasas de inflación ni por los déficits exteriores nacionales; los objetivos de las finanzas públicas no tienen en cuenta situaciones económicas nacionales.
Las instancias europeas trataron de impulsar unas reformas estructurales (por medio de las Grandes Orientaciones Políticas Económicas, el Método Abierto de Coordinación o la Agenda de Lisboa) con un éxito muy desigual. Como su modo de elaboración no era democrático ni movilizador, su orientación liberal no correspondía obligatoriamente a las políticas decididas a nivel nacional, teniendo en cuenta las relaciones de fuerza existentes en cada país. Esta orientación no conoció de entrada los brillantes éxitos fulgurantes que la habría legitimado. Se puso en tela de juicio el movimiento de liberalización económica (fracaso de la Directiva Bolkestein); se tentó a algunos países con nacionalizar su política industrial mientras que la mayoría se oponía a la europeización de sus políticas fiscales o sociales. La Europa social ha seguido siendo una palabra vacía, sólo se ha afirmado realmente la Europa de la competencia y de las finanzas.
Para que Europa promueva verdaderamente un modelo social europeo proponemos debatir dos medidas:
Medida n°16: poner en tela de juicio la libre circulación de los capitales y de las mercancías entre la UE y el resto del mundo negociando si fuera necesario acuerdos multilaterales o bilaterales,
Medida n°17: en vez de la política de competencia, convertir a “la armonización en el progreso” en el hilo director de la construcción europea. Establecer unos objetivos comunes de alcance constringente tanto en materia de progreso social como en materia macroeconómica (unas GOPS, grandes orientaciones de política social).
FALSA EVIDENCIA N°9: EL EURO ES UN ESCUDO CONTRA LA CRISIS
El euro debería haber sido un factor de protección contra la crisis financiera mundial. Después de todo, la supresión de toda incertidumbre sobre las tasas de cambio entre las monedas europeas eliminó un factor fundamental de inestabilidad. Sin embargo, no ha habido nada de eso: Europa se ha visto afectada más duramente y de forma duradera por la crisis que el resto del mundo. Esto se debe a las propias modalidades de construcción de la unión monetaria.
Desde 1999 la zona euro conoció un crecimiento relativamente mediocre y un aumento de las divergencias entre los Estados miembro en términos de crecimiento, de inflación, de paro y de desequilibrios exteriores. El marco de política económica de la zona euro, que tiende a imponer a unos países en situaciones diferentes unas políticas macroeconómicas parecidas, ha ampliado las disparidades de crecimiento entre los Estados miembro. En la mayoría de los países, en particular los más grandes, la introducción del euro no ha provocado la prometida aceleración del crecimiento. Para otros, hubo crecimiento pero a costa de desequilibrios difícilmente sostenibles. La rigidez monetaria y presupuestaria, reforzada por el euro, ha permitido hacer caer todo el peso de los ajustes sobre el trabajo. Se ha promovido la flexibilidad y la austeridad salarial, reducido la parte de los salarios en el ingreso total, aumentado las desigualdades.
Esta carrera a la baja social la ha ganado Alemania, que ha sabido liberar importantes surplus comerciales en detrimento de sus vecinos y, sobre todo, de sus propios asalariados, imponiéndose una bajada del coste del trabajo y de las prestaciones sociales, lo que le ha conferido una ventaja comercial en relación a sus vecinos que no han podido tratar tan duramente a sus trabajadores. Los excedentes comerciales alemanes pesan sobre el crecimiento de los demás países. Los déficits presupuestarios y comerciales de unos sólo son la contrapartida de los excedentes de los demás … Los Estados miembro no han sido capaces de definir una estrategia coordinada.
La zona euro hubiera debido verse menos afectada por la crisis que Estados Unidos y Reino Unido. Los hogares están claramente menos implicados en los mercados financieros, que son menos sofisticados. Las finanzas públicas estaban en una situación mejor; el déficit público del conjunto de los países de la zona era del 0,6% del PIB en 2007, frente a casi el 3% en Estados Unidos, en Reino Unido o Japón. Pero la zona euro sufría un aumento de los desequilibrios: los países del norte (Alemania, Austria, Países Bajos, países escandinavos) limitaban sus salarios y sus demandas internas, y acumulaban excedentes exteriores, mientras que los países del sur (España, Grecia, Irlanda) conocían un crecimiento vigoroso impulsado por unas tasas de interés débiles en relación a la tasa de crecimiento, al tiempo que acumulaban unos déficits exteriores.
Aunque la crisis económica partió de Estados Unidos, éste ha tratado de establecer una política real de reactivación presupuestaria y monetaria al tiempo que iniciaba un movimiento de desregulación financiera. Europa, por el contrario, no ha sabido emprender una política suficientemente reactiva. De 2007 a 2010 el impulso presupuestario ha sido del orden de 1,6 puntos de PIB en la zone euro, de 3,2 puntos en Reino Unido y de 4,2 puntos en Estados Unidos. La pérdida de producción debida a la crisis ha sido claramente más fuerte en la zona euro que en Estados Unidos. En la zona se ha sufrido más el aumento del déficits que el resultado de una política activa.
Al mismo tiempo, la Comisión ha seguido lanzando unos procedimientos de déficit excesivo contra los Estados miembro de modo que a mediados de 2010 prácticamente todos los Estados de la zona estaban sometidos a ellos. Ha pedido a los Estados miembro que para 2013 ó 2014 se comprometan a volver bajo la línea del 3%, independientemente de la evolución economía. Las instancias europeas han seguido reclamando unas políticas salariales restrictivas y que se replanteen los sistemas públicos de jubilación y de sanidad, con el riesgo evidente de hundir al continente en la depresión y de aumentar las tensiones entre los países. Esta ausencia de coordinación y, más fundamentalmente, la ausencia de un verdadero presupuesto europeo que permita una solidaridad efectiva entre los Estados miembro han incitado a los operadores financieros a desviarse del euro, incluso a especular abiertamente contra él.
Para que el euro pueda proteger realmente a los ciudadanos europeos de la crisis proponemos debatir dos [sic] medidas:
Medida n°18: garantizar una verdadera coordinación de las políticas macroeconómicas y una reducción concertada de los desequilibrios comerciales entre los países europeos,
Medida n°19: compensar los desequilibrios de pago en Europa por medio de un Banco de Pagos (que organice los préstamos entre los países europeos),
Medida n°20: si la crisis del euro lleva a su desintegración y esperando el ascenso en régimen del presupuesto europeo (cf. infra), establecer un régime monetario intraeuropeo (moneda común tipo “bancor”) que organice la reabsorción de los desequilibrios de los balances comerciales en el seno de Europa.
FALSA EVIDENCIA N°10: LA CRISIS GRIEGA HA PERMITIDO FINALMENTE AVANZAR HACIA UN GOBIERNO ECONÓMICO Y UNA VERDADERA SOLIDARIDAD EUROPEA
A partir de mediados de 2009 los mercados financieros empezaron a contar con las deudas de los países europeos. Globalmente la fuerte subida de las deudas y de los déficits públicos a escala mundial no ha provocado (todavía) subidas de las tasas largas: los operadores financieros consideran que los bancos centrales mantendrán mucho tiempo las tasas monetarias reales a un nivel próximo de cero y que no hay riesgo de inflación ni de falta [de pago] de un gran país. Pero los especuladores han percibido los fallos de la organización de la zona euro. Mientras que los gobiernos de los demás países desarrollados siempre pueden ser financiados por su Banco Central, los países de la zona euro han renunciado a esta posibilidad y dependen totalmente de los mercados financieros para sus déficits. Por ello se ha podido desencadena la especulación sobre los países más frágiles de la zona: Grecia, España e Irlanda.
Las instancias europeas y los gobiernos han tardado en reaccionar al no querer dar la impresión de que los países miembro tenían derecho a un apoyo ilimitado de sus socios y querer sancionar a Grecia, culpable de haber ocultado (con ayuda de Goldman Sachs) la magnitud de sus déficits. Con todo, en mayo de 2010 el BCE y los países miembro tuvieron que crear urgentemente un Fondo de Estabilización para indicar a los mercados que aportarían este apoyo sin límites a los países amenazados. En contrapartida estos han tenido que anunciar unos programas de austeridad presupuestaria sin precedentes que los van a condenar a un retroceso de la actividad a corto plazo y a un largo periodo de recesión. Bajo la presión del FMI y de la Comisión Europea Grecia debe privatizar sus servicios públicos y España flexibilizar su mercado laboral. Del mismo modo, Francia y Alemania, que no están afectadas por la especulación, han anunciado medidas restrictivas.
Sin embargo, la demanda no es en modo alguno excesiva en Europa. La situación de las finanzas públicas es mejor que la de Estados Unidos o de Gran Bretaña, lo que deja márgenes de maniobra presupuestaria. Hay que reabsorber los desequilibrios de manera coordinada: los países excedentarios del norte y del centro de Europa deben llevar a cabo políticas expansionistas (amento de los salarios, de los gastos sociales …) para compensar las políticas restrictivas de los países del sur. Globalmente la política presupuestaria no debe ser restrictiva en la zona euro mientras que la economía no se acerque al pleno empleo a una velocidad satisfactoria.
Pero, por desgracia, hoy se han reafirmado los partidarios de las políticas presupuestarias automáticas y restrictivas en Europa. La crisis griega permite hacer olvidar los orígenes de la crisis financiera. Quienes han aceptado apoyar financieramente a los países del sur quieren imponer en contrapartida un Pacto de Estabilidad. La Comisión Europea y Alemania quieren imponer a todos los países miembro que inscriban en su Constitución el objetivo del presupuesto equilibrado, hacer que unos comités de expertos independientes vigilen la política presupuestaria. La Comisión quiere imponer a los países una larga cura de austeridad para volver a una deuda pública inferior al 60% del PIB. Si hay un avance hacia un gobierno económico es hacia un gobierno que en vez de aflojar el torno de las finanzas va a imponer la austeridad y profundizar las “reformas” estructurales en detrimento de las solidaridades sociales en cada país y entre los países.
La crisis ofrece a las elites financieras y a las tecnocracias europeas la tentación de establecer la “estrategia del choque” aprovechando la crisis para radicalizar la agenda neoliberal. Pero esta política tiene pocas posibilidades de éxito:
La disminución de los gastos públicos va a comprometer el esfuerzo necesario a escala europea para mantener los gastos del futuro (investigación, educación, política familiar), para ayudar a la industria europea a mantenerse y a invertir en los sectores del futuro (economía verde).
La crisis va a permitir imponer fuertes reducciones de los gastos sociales, objetivo incansablemente buscado por los paladines del neoliberalismo, a riesgo de comprometer la cohesión social, de reducir la demanda efectiva, de empujar a los hogares a ahorrar para su jubilación y su salud en las instituciones financieras, responsables de la crisis.
Los gobiernos y las instancias europea se niegan a organizar la armonización fiscal que permitiría la subida necesaria de los impuestos en el sector financiero, en los patrimonios importantes y en los ingresos altos.
Los países europeos instauran duraderamente unas políticas presupuestarias restrictivas que van a pesar enormemente sobre el crecimiento. Van a descender las recaudaciones fiscales. Los sueldos públicos apenas mejorarán, las ratios de deuda se degradarán, no se tranquilizará a los mercados.
Debido a la diversidad de sus culturas políticas y sociales los países europeos no han podido plegarse todos a la disciplina de hierro impuesta por el Tratado de Maastricht; no se plegarán todos al reforzamiento de éste que se está organizando actualmente. El riesgo de activar una dinámica generalizada de repliegue sobre sí mismo es real.
Para avanzar hacia un verdadero gobierno económico y una solidaridad europea proponemos debatir dos medidas:
Medida n°21: desarrollar una fiscalidad europea (tasa carbono, impuesto sobre los beneficios, …) y un verdadero presupuesto europeo para ayudar a la convergencia de las economías y tender a una igualación de las condiciones de acceso a los servicios públicos y sociales en los diversos Estados miembro sobre la base de las mejores prácticas.
Medida n°22: lanzar un vasto plan europeo, financiado por suscripción pública a tasas de interés débil pero garantizado y/o por medio de creación monetaria del BCE para emprender la reconversión ecológica de la economía europea.
CONCLUSIÓN
DEBATIR LA POLÍTICA ECONÓMICA,
TRAZAR CAMINOS PARA REFUNDAR LA UNIÓN EUROPEA
Desde hace tres décadas Europa se ha construido sobre una base tecnocrática que excluye a las poblaciones del debate de política económica. Se debe abandonar la doctrina neoliberal que descansa sobre la hipótesis hoy indefendible de la eficiencia de los mercados financieros. Hay que volver a abrir el espacio de las políticas posibles y debatir propuestas alternativas y coherentes que limiten el poder de las finanzas y organicen la armonización en el progreso de los sistemas económicos y sociales europeos. Esto supone la mutualización de importantes recursos presupuestarios, obtenidos por medio del desarrollo de una fiscalidad europea fuertemente redistributiva. También hay que liberar a los mercados del cerco de los mercados financieros. Solamente así el proyecto de construcción europea podrá esperar recuperar una legitimidad popular y democrática de la que hoy carece.
Evidentemente, no es realista esperar que 27 países decidan al mismo tiempo operar semejante ruptura en el método y los objetivos de la construcción europea. La Comunidad Económica Europea comenzó con seis países: también la refundación de la Unión Europea pasará al principio por un acuerdo entre algunos países deseosos de explorar unas vías alternativas. A medida que se hagan evidentes las consecuencias desastrosas de las políticas adoptadas hoy, aumentará por toda Europa el debate sobre las alternativas. Luchas sociales y cambios políticos intervendrán a ritmo diferente según los países. Unos gobiernos nacionales tomarán decisiones innovadoras. Quienes lo deseen deberán adoptar unas cooperaciones reforzadas para adoptar medidas audaces en materia de regulación financiera, de política fiscal o social. Por medio de unas propuestas concretas tenderán la mano a los demás pueblos para que se unan al movimiento.
Por ello nos parece importante esbozar y debatir ahora las grandes líneas de políticas económicas alternativas que harán posible esta refundación de la construcción europea.
Premiers signataires :
Philippe Askenazy (CNRS, Ecole d’économie de Paris), Thomas Coutrot (Conseil scientifique d’Attac), André Orléan (CNRS, EHESS), Henri Sterdyniak (OFCE)
viernes, 22 de abril de 2011
Harry S. Truman
HARRY TRUMAN
¿Sean políticos de izquierda o de derecha o de centro? Muy difícil. Es una especie que se ha extinguido. En el mundo ya no existen políticos ejemplares.
HARRY TRUMAN fue un Presidente diferente. Probablemente tomó tantas o más
decisiones que los 42 presidentes que lo precedieron. Malas o buenas. Sin embargo, un
aspecto de su grandeza puede que permanezca para siempre.
El único 'activo' que tenía cuando falleció era la casa en la que vivía, que se hallaba en Independence, Missouri. Su esposa la había heredado de sus padres y,
aparte de los años que pasaron en la Casa Blanca, fue donde vivieron toda la
vida.
Cuando se retiró de la vida oficial en 1952, sus ingresos se reducían a una
pensión del Ejército USA, de $13,507.72 al año. El Congreso, enterándose de que,
incluso, pagaba los sellos de correo le otorgó una prestación y, más tarde, una
pensión de $25,000 al año.
Despues de la "entrega" de la Presidencia al general Eisenhower, Harry and Bess regresaron, conduciendo su coche, a su casa en Missouri, sin ninguna compañía del Servicio Secreto.
Cuando le ofrecían cargos con elevados salarios, los rechazaba, diciendo:
"Ustedes no me quieren a mí, lo que quieren es a la figura del Presidente, y esa
no me pertenece. Le pertenece al pueblo norteamericano y no está en venta...".
Cuando el 6 de Mayo de 1971, el Congreso pretendía otorgarle la Medalla de Honor
con ocasión de su 87 cumpleaños, él la rehusó, escribiendo una carta que decía:
"No considero que haya hecho algo para merecer esa medalla, venga del Congreso o venga de cualquier otra parte."
Mientras fue Presidente se pagó todos los gastos de viaje y manutención con su
dinero. Muchos políticos modernos de todo el mundo se hacen ricos gracias a los cargos que desempeñan.
El bueno de Harry Truman estaba en lo correcto cuando comentó en una ocasión:
"Mis metas en la vida fueron ser pianista en una casa de putas o ser político. Y
para decir la verdad, no existe gran diferencia entre estas dos ocupaciones".
Debiéramos desenterrarlo, clonarlo y re-elegirlo !!
¿Sean políticos de izquierda o de derecha o de centro? Muy difícil. Es una especie que se ha extinguido. En el mundo ya no existen políticos ejemplares.
HARRY TRUMAN fue un Presidente diferente. Probablemente tomó tantas o más
decisiones que los 42 presidentes que lo precedieron. Malas o buenas. Sin embargo, un
aspecto de su grandeza puede que permanezca para siempre.
El único 'activo' que tenía cuando falleció era la casa en la que vivía, que se hallaba en Independence, Missouri. Su esposa la había heredado de sus padres y,
aparte de los años que pasaron en la Casa Blanca, fue donde vivieron toda la
vida.
Cuando se retiró de la vida oficial en 1952, sus ingresos se reducían a una
pensión del Ejército USA, de $13,507.72 al año. El Congreso, enterándose de que,
incluso, pagaba los sellos de correo le otorgó una prestación y, más tarde, una
pensión de $25,000 al año.
Despues de la "entrega" de la Presidencia al general Eisenhower, Harry and Bess regresaron, conduciendo su coche, a su casa en Missouri, sin ninguna compañía del Servicio Secreto.
Cuando le ofrecían cargos con elevados salarios, los rechazaba, diciendo:
"Ustedes no me quieren a mí, lo que quieren es a la figura del Presidente, y esa
no me pertenece. Le pertenece al pueblo norteamericano y no está en venta...".
Cuando el 6 de Mayo de 1971, el Congreso pretendía otorgarle la Medalla de Honor
con ocasión de su 87 cumpleaños, él la rehusó, escribiendo una carta que decía:
"No considero que haya hecho algo para merecer esa medalla, venga del Congreso o venga de cualquier otra parte."
Mientras fue Presidente se pagó todos los gastos de viaje y manutención con su
dinero. Muchos políticos modernos de todo el mundo se hacen ricos gracias a los cargos que desempeñan.
El bueno de Harry Truman estaba en lo correcto cuando comentó en una ocasión:
"Mis metas en la vida fueron ser pianista en una casa de putas o ser político. Y
para decir la verdad, no existe gran diferencia entre estas dos ocupaciones".
Debiéramos desenterrarlo, clonarlo y re-elegirlo !!
jueves, 21 de abril de 2011
Los unos, los otros y nosotros
Por Carlos Morillo
Publicado en La Voz de Cádiz (18/04/2011)
Dice la calle que todos son iguales y que la corrupción es innata a la política o, mejor, a los políticos; que los unos son iguales a los otros y que si estuvieran los otros harían lo mismo que los unos. Si todos son iguales me niego a ser gobernado por ellos o a darles mi dinero, a modo de impuestos, para que lo administren y gestionen. Si todos son iguales es que nosotros, como ellos, haríamos lo mismo que hacen si tuviéramos la ocasión y me niego a creer que todos somos como ellos aunque ellos, antes, fueran como nosotros. Que la opinión mayoritaria sea que los otros cuando lleguen al gobierno andaluz, si llegan, harían lo mismo es que ya no creemos en el buen gobierno. Si hemos desistido de la política y del buen gobierno cada uno de nosotros se tomará la justicia por su mano y cumplirá o no la leyes según su propia ética personal, familiar o del entorno. La anomia nos abrazaría.
Llevamos unas semanas siendo noticia en los medios de comunicación nacionales: se empezó con los polémicos Eres, siguió la dimisión de Pizarro, continuó con el espinoso asunto del hijo del expresidente Chaves y ahora, para colmo, el juicio en la Audiencia Provincial de la ‘Operación Karlos’. El Norte mira al Sur. y se ríe despreciándonos. Aunque aquí no haya casos Gürtel, ni Palma Arena, ni Palau de la Música barcelonés, también tenemos lo nuestro.
Ellos nos intentan alejar de las urnas justificando su mal gobierno. Unos apelan a la legalidad en la actividad como comisionista del hijo del expresidente andaluz, maquillando lo deleznable del tema y otros permiten la presencia de imputados en sus listas. A pesar de todo a las urnas debemos acudir aunque la mejor opción sea el voto en blanco.
Publicado en La Voz de Cádiz (18/04/2011)
Dice la calle que todos son iguales y que la corrupción es innata a la política o, mejor, a los políticos; que los unos son iguales a los otros y que si estuvieran los otros harían lo mismo que los unos. Si todos son iguales me niego a ser gobernado por ellos o a darles mi dinero, a modo de impuestos, para que lo administren y gestionen. Si todos son iguales es que nosotros, como ellos, haríamos lo mismo que hacen si tuviéramos la ocasión y me niego a creer que todos somos como ellos aunque ellos, antes, fueran como nosotros. Que la opinión mayoritaria sea que los otros cuando lleguen al gobierno andaluz, si llegan, harían lo mismo es que ya no creemos en el buen gobierno. Si hemos desistido de la política y del buen gobierno cada uno de nosotros se tomará la justicia por su mano y cumplirá o no la leyes según su propia ética personal, familiar o del entorno. La anomia nos abrazaría.
Llevamos unas semanas siendo noticia en los medios de comunicación nacionales: se empezó con los polémicos Eres, siguió la dimisión de Pizarro, continuó con el espinoso asunto del hijo del expresidente Chaves y ahora, para colmo, el juicio en la Audiencia Provincial de la ‘Operación Karlos’. El Norte mira al Sur. y se ríe despreciándonos. Aunque aquí no haya casos Gürtel, ni Palma Arena, ni Palau de la Música barcelonés, también tenemos lo nuestro.
Ellos nos intentan alejar de las urnas justificando su mal gobierno. Unos apelan a la legalidad en la actividad como comisionista del hijo del expresidente andaluz, maquillando lo deleznable del tema y otros permiten la presencia de imputados en sus listas. A pesar de todo a las urnas debemos acudir aunque la mejor opción sea el voto en blanco.
miércoles, 20 de abril de 2011
La pésima precampaña del partido popular
Por Jose Antonio Zarzalejos
Publicado en El Confidencial (20/04/2011)
Como se ha escrito con acierto, las encuestas publicadas antes del anuncio de la retirada de Rodríguez Zapatero no valen. Hay que rehacerlas, porque el escenario político ha cambiado, por más que las inquietudes económicas, lejos de remitir, arrecien. El presidente del Gobierno está abonado al error: erró en su viaje a China y ha vuelto a hacerlo cuando dio por finiquitada la crisis de la deuda española. Y seguramente se ha equivocado también cuando sostiene que ya no son necesarios más ajustes. Pero como Zapatero está descontado, los adversarios del PSOE, y singularmente el PP, han de ser versátiles. No lo han sido por partida doble: siguen atacando al presidente que no se presentará a las elecciones y no dejan de hostigar -a veces con una falta de sutileza e inteligencia incomprensible- a un Rubalcaba que absorbe esos impactos para fortalecerse ante el electorado socialista, al que motiva con una extraordinaria facilidad.
Los populares se han confundido de medio a medio con las listas en la Comunidad Valenciana porque han destrozado su propio discurso ético. Atacar la corrupción en Andalucía, incluido el nepotismo de Chaves, y situar hasta tres imputados en las listas levantinas es de una inconsecuencia supina que sugiere a los electores que “todos son iguales” y que, por lo tanto, la alternativa no recaba entusiasmo alguno. Tampoco es perspicaz duplicar o triplicar los discursos contra el Gobierno a propósito de ETA. En el PP coexisten tres: el de Jaime Mayor Oreja que atribuye al Ejecutivo una negociación encubierta con la banda terrorista; el de Federico Trillo que no cree a Mayor Oreja y pacta con Rubalcaba el procedimiento de impugnación de las listas de Bildu y el del propio Mariano Rajoy, que parece no estar ni con el uno ni con el otro. Mientras tanto, la Guardia Civil y la Policía Nacional se aplican a detener comandos y descubrir arsenales, hechos que impactan en la opinión pública de manera inequívoca desacreditando la sospecha o la reticencia popular hacia la política antiterrorista del Gobierno. Y por si fuera poco, el ex presidente Aznar quiebra el consenso -casi el único- alcanzado por su partido con el Gobierno y el PSOE en el Parlamento sobre la intervención en Libia, al tiempo que lanza dudas serias sobre la capacidad de nuestro sistema financiero para hacer frente a los pagos inmediatos, creando una inquietud adicional.
A estos errores y descoordinaciones -que delatan faltan de estrategia- se añade que el PP no dispone de apoyos mediáticos sólidos. Las televisiones privadas deben al Gobierno socialista un extraordinario ejercicio 2010 gracias a la supresión de la publicidad en TVE y están agradeciéndoselo mediante un tratamiento benevolente. En el espectro de la derecha, hay periódicos que quieren ajustar cuentas con Rajoy desde 2008 y eso se nota, y otros no terminan de acertar en planteamientos de proximidad que le sean útiles al PP. Determinadas TDTs le hacen un flaco favor a los conservadores con tertulias que cada noche le tratan de dictar a gritos la senda por la que debe discurrir su actuación y su discurso. Sumemos a esta carencia, el vacío de interlocución con sectores sociales y económicos esenciales: el mundo de la cultura y el empresarial, ambos acunados por el PSOE y el Gobierno con auténtico mimo.
El PP requiere de una recomposición que se adapte al nuevo escenario que ha provocado la estrategia socialista. El PSOE está muy lejos de arrojar la toalla en las próximas elecciones y en las generales; su disposición anímica es ahora mejor que hace un par de meses porque creen que un tándem Rubalcaba-Chacón -o, eventualmente, el liderazgo del vicepresidente- puede ser un potente recurso de dinamización de la izquierda. Es lógico que el PP fie muchas de sus posibilidades al mal devenir de la crisis y a la falta de confianza que suscita Zapatero. Pero no es suficiente con esa apuesta; tiene que ser más ambicioso y más coherente. La clave está en que los populares no han interiorizado que el órdago que el país estaría dispuesto a ver no sería otro que el de un reformismo radical que sanease un sistema político que, como el nuestro, amenaza ruina. Sólo una fuerte convulsión en forma de auténtica y creíble regeneración haría que la oposición al PSOE lograse un cierto entusiasmo popular. La opción por el continuismo y la ausencia de vigor en el discurso y en los hechos, componen un cuadro desalentador en la precampaña, muy mala, de los populares. Que deben sentarse y reflexionar. El tiempo apremia.
Publicado en El Confidencial (20/04/2011)
Como se ha escrito con acierto, las encuestas publicadas antes del anuncio de la retirada de Rodríguez Zapatero no valen. Hay que rehacerlas, porque el escenario político ha cambiado, por más que las inquietudes económicas, lejos de remitir, arrecien. El presidente del Gobierno está abonado al error: erró en su viaje a China y ha vuelto a hacerlo cuando dio por finiquitada la crisis de la deuda española. Y seguramente se ha equivocado también cuando sostiene que ya no son necesarios más ajustes. Pero como Zapatero está descontado, los adversarios del PSOE, y singularmente el PP, han de ser versátiles. No lo han sido por partida doble: siguen atacando al presidente que no se presentará a las elecciones y no dejan de hostigar -a veces con una falta de sutileza e inteligencia incomprensible- a un Rubalcaba que absorbe esos impactos para fortalecerse ante el electorado socialista, al que motiva con una extraordinaria facilidad.
Los populares se han confundido de medio a medio con las listas en la Comunidad Valenciana porque han destrozado su propio discurso ético. Atacar la corrupción en Andalucía, incluido el nepotismo de Chaves, y situar hasta tres imputados en las listas levantinas es de una inconsecuencia supina que sugiere a los electores que “todos son iguales” y que, por lo tanto, la alternativa no recaba entusiasmo alguno. Tampoco es perspicaz duplicar o triplicar los discursos contra el Gobierno a propósito de ETA. En el PP coexisten tres: el de Jaime Mayor Oreja que atribuye al Ejecutivo una negociación encubierta con la banda terrorista; el de Federico Trillo que no cree a Mayor Oreja y pacta con Rubalcaba el procedimiento de impugnación de las listas de Bildu y el del propio Mariano Rajoy, que parece no estar ni con el uno ni con el otro. Mientras tanto, la Guardia Civil y la Policía Nacional se aplican a detener comandos y descubrir arsenales, hechos que impactan en la opinión pública de manera inequívoca desacreditando la sospecha o la reticencia popular hacia la política antiterrorista del Gobierno. Y por si fuera poco, el ex presidente Aznar quiebra el consenso -casi el único- alcanzado por su partido con el Gobierno y el PSOE en el Parlamento sobre la intervención en Libia, al tiempo que lanza dudas serias sobre la capacidad de nuestro sistema financiero para hacer frente a los pagos inmediatos, creando una inquietud adicional.
A estos errores y descoordinaciones -que delatan faltan de estrategia- se añade que el PP no dispone de apoyos mediáticos sólidos. Las televisiones privadas deben al Gobierno socialista un extraordinario ejercicio 2010 gracias a la supresión de la publicidad en TVE y están agradeciéndoselo mediante un tratamiento benevolente. En el espectro de la derecha, hay periódicos que quieren ajustar cuentas con Rajoy desde 2008 y eso se nota, y otros no terminan de acertar en planteamientos de proximidad que le sean útiles al PP. Determinadas TDTs le hacen un flaco favor a los conservadores con tertulias que cada noche le tratan de dictar a gritos la senda por la que debe discurrir su actuación y su discurso. Sumemos a esta carencia, el vacío de interlocución con sectores sociales y económicos esenciales: el mundo de la cultura y el empresarial, ambos acunados por el PSOE y el Gobierno con auténtico mimo.
El PP requiere de una recomposición que se adapte al nuevo escenario que ha provocado la estrategia socialista. El PSOE está muy lejos de arrojar la toalla en las próximas elecciones y en las generales; su disposición anímica es ahora mejor que hace un par de meses porque creen que un tándem Rubalcaba-Chacón -o, eventualmente, el liderazgo del vicepresidente- puede ser un potente recurso de dinamización de la izquierda. Es lógico que el PP fie muchas de sus posibilidades al mal devenir de la crisis y a la falta de confianza que suscita Zapatero. Pero no es suficiente con esa apuesta; tiene que ser más ambicioso y más coherente. La clave está en que los populares no han interiorizado que el órdago que el país estaría dispuesto a ver no sería otro que el de un reformismo radical que sanease un sistema político que, como el nuestro, amenaza ruina. Sólo una fuerte convulsión en forma de auténtica y creíble regeneración haría que la oposición al PSOE lograse un cierto entusiasmo popular. La opción por el continuismo y la ausencia de vigor en el discurso y en los hechos, componen un cuadro desalentador en la precampaña, muy mala, de los populares. Que deben sentarse y reflexionar. El tiempo apremia.
martes, 19 de abril de 2011
Hablando en el Desierto - Historia Imaginaria
(Francisco Bejarano - Publicado en el Diario de Cádiz el 19.04.2011)
Los días grandes de las celebraciones republicanas han pasado, pero no al olvido: el goteo de la propaganda para simplificar la situación, complejísima, que se dio en España en el decenio de los años 30 del siglo XX continuará mientras haya pensamiento simple y acrítico que alimentar. Quitar las herramientas de pensar, dando los juicios ya hechos para comodidad de todos, es una tentación de la política en general, pero muy particularmente de los partidos de vocación totalitaria.
El pueblo necesita odiar y amar esquemas. En El placer de odiar, de 1826, escribió William Hazlitt que el pueblo inglés había encontrado un gran desahogo para sus iras en el Papa, los Borbones y la Inquisición, sin que en los últimos tiempos les hubieran causado daño alguno: "No, pero tenemos una cantidad excesivas de bilis en el estómago y necesitábamos un objetivo en quien volcarla." Se refiere también a la resistencia a perder la fe en brujas y fantasmas, para no renunciar a los placeres de perseguir a las unas y asustarse de los otros.
La comodidad de no esforzarse y que nos den los prejuicios hechos y los objetos de reverencia o rechazo definidos, sin que tengamos que hacer juicios críticos ni análisis, hace que una vida baste para ver cómo cambian, y esto sólo debería incitar a pensar. ¿Por qué hay guerras, dictaduras, crímenes, persecuciones, asfixia social, mordazas y censuras defendibles y condenables? Cada época tiene sus brujas y fantasmas y en la España del siglo XX han cambiado de signo con frecuencia. Se recuerdan en estos días frases brillantes, ingeniosas como mínimo, sobre los cambios políticos españoles: España se acostaba monárquica y se despertaba republicana, o España había dejado de ser católica, o si se había levantado el ejército de África, el presidente del Consejo se iba a acostar. Si no fuera porque estas afirmaciones se decían en momentos delicados o dramáticos, parecerían frivolidades. Y lo eran. La República fue una frivolidad que no podían permitirse las naciones modernas y civilizadas.
Los anglicanos y los católicos han dejado de quemarse en la hoguera mutuamente, dice Hazlitt, pero en muchos pueblos se sigue celebrado la quema en efigie Guy Faux, y los improperios, las agresiones y los zarandeos dirigidos a un muñeco de trapo y paja es motivo de alegría y celebración popular. La bestia depredadora nos domina en esos momentos y dejamos de lado la civilización para convertirnos en cazadores primitivos de nuestros propios semejantes.
En España hay fiestas parecidas. Este es el espíritu vengador que se quiere reavivar en España con la memoria 'histórica' y el republicanismo, la resurrección de brujas y fantasmas, que la cultura y la civilización combaten, en los que ya no creemos ni nos hacen daño, pero encauzan nuestras iras y frustraciones contra efigies traídas de lejos y no contra la realidad presente.
Los días grandes de las celebraciones republicanas han pasado, pero no al olvido: el goteo de la propaganda para simplificar la situación, complejísima, que se dio en España en el decenio de los años 30 del siglo XX continuará mientras haya pensamiento simple y acrítico que alimentar. Quitar las herramientas de pensar, dando los juicios ya hechos para comodidad de todos, es una tentación de la política en general, pero muy particularmente de los partidos de vocación totalitaria.
El pueblo necesita odiar y amar esquemas. En El placer de odiar, de 1826, escribió William Hazlitt que el pueblo inglés había encontrado un gran desahogo para sus iras en el Papa, los Borbones y la Inquisición, sin que en los últimos tiempos les hubieran causado daño alguno: "No, pero tenemos una cantidad excesivas de bilis en el estómago y necesitábamos un objetivo en quien volcarla." Se refiere también a la resistencia a perder la fe en brujas y fantasmas, para no renunciar a los placeres de perseguir a las unas y asustarse de los otros.
La comodidad de no esforzarse y que nos den los prejuicios hechos y los objetos de reverencia o rechazo definidos, sin que tengamos que hacer juicios críticos ni análisis, hace que una vida baste para ver cómo cambian, y esto sólo debería incitar a pensar. ¿Por qué hay guerras, dictaduras, crímenes, persecuciones, asfixia social, mordazas y censuras defendibles y condenables? Cada época tiene sus brujas y fantasmas y en la España del siglo XX han cambiado de signo con frecuencia. Se recuerdan en estos días frases brillantes, ingeniosas como mínimo, sobre los cambios políticos españoles: España se acostaba monárquica y se despertaba republicana, o España había dejado de ser católica, o si se había levantado el ejército de África, el presidente del Consejo se iba a acostar. Si no fuera porque estas afirmaciones se decían en momentos delicados o dramáticos, parecerían frivolidades. Y lo eran. La República fue una frivolidad que no podían permitirse las naciones modernas y civilizadas.
Los anglicanos y los católicos han dejado de quemarse en la hoguera mutuamente, dice Hazlitt, pero en muchos pueblos se sigue celebrado la quema en efigie Guy Faux, y los improperios, las agresiones y los zarandeos dirigidos a un muñeco de trapo y paja es motivo de alegría y celebración popular. La bestia depredadora nos domina en esos momentos y dejamos de lado la civilización para convertirnos en cazadores primitivos de nuestros propios semejantes.
En España hay fiestas parecidas. Este es el espíritu vengador que se quiere reavivar en España con la memoria 'histórica' y el republicanismo, la resurrección de brujas y fantasmas, que la cultura y la civilización combaten, en los que ya no creemos ni nos hacen daño, pero encauzan nuestras iras y frustraciones contra efigies traídas de lejos y no contra la realidad presente.
Elogio de la política
Por José Luis González de Quirós
Publicado en El Confidencial (18/04/2011)
Quienes creemos, como Burke, que la política es una de las más nobles vocaciones a las que puede dedicar su vida una persona decente, hemos de padecer una auténtica plaga de desprestigio de la política, a la que naturalmente no son ajenos quienes a ella se dedican con tan escaso éxito de imagen. A día de hoy, según el barómetro del CIS, la tercera de las preocupaciones de los españoles es su escasa confianza en los políticos. No tengo a mano datos precisos, pero apostaría que esta es una de las peores calificaciones obtenidas en lo que llevamos de democracia. Los españoles creen tener buenas razones para desconfiar de nuestros políticos, seguramente porque los considera mentirosos, hipócritas, pusilánimes, demagogos, rutinarios, corruptos, abusones e improductivos, pero lo hacen sin reparar hasta qué punto esos vicios son posibles porque nuestra sociedad las consiente y practica.
El caso es que la política, y, en general, la función pública, se ha desprovisto del halo de ejemplaridad que le es enteramente exigible. Sería normal que nuestros políticos fuesen mejores de lo que son si la justicia se administrase con cierta rapidez y equidad, si las cátedras universitarias se proveyesen con objetividad y transparencia, si los periodistas fuesen menos acomodaticios y partidistas, si los criterios para adjudicar las subvenciones estuviesen sometidos a control público, o si en los negocios imperase una ética que está clamorosamente ausente. Ya sabemos que no es así, pero por alguna parte habrá que empezar y la política nos brinda una oportunidad de hacerlo, aunque sea mínima, discriminando entre candidatos del mismo partido y dejando sin voto al que ha tenido una conducta reprobable, independientemente de lo que puedan decir en su momento, siempre tardío, los jueces.
La diferencia entre los políticos y el resto de oficios debería residir en que la dedicación política se acercase a algo parecido a una selección ideal de los candidatos, pero nadie sería capaz de defender que en ninguno de los partidos haya el menor asomo de objetividad y de fomento de la competencia a la hora de establecer los sistemas para llegar a las antesalas del cargo, a ese disparadero en el que los electores acaban dando su voto a unas siglas, aunque, en realidad, se lo den a alguien que puede ser un perfecto granuja.
Entre los políticos no hay, pues, ni asomo de una mínima voluntad de competencia pública para llegar a la meta, ni el menor interés en que los ciudadanos puedan valorar la condición personal de los que van a ser elegidos por la extraordinaria maquinaria del voto que se desencadena con las elecciones. No es de extrañar, por tanto, que aparezcan tantos casos de corrupción, ya que no existe el menor control para evitarlo, ni parece existir interés alguno en que se arbitre. Bien mirado, el sistema es tal que deberíamos admirarnos de que exista un porcentaje tan alto de personas razonablemente honorables. El colmo del caso es que, acogiéndose al principio de presunción de inocencia, se continúen presentando a las elecciones muchas personas, y no poco significativas, que aparecen imputadas en casos de corrupción.
Es verdad que en algunos casos la práctica contraria podría perjudicar a un inocente, pero no lo es menos que los más inocentes debieran ser los primeros en apartarse de las listas para no perjudicar, aunque sea un mínimo, al propio bando, lo que sería una prueba de que están en política para servir a los ciudadanos y a unos ideales, no para servirse de ellos. Que los votantes actúen como si fuese irrelevante la moral del electo, indica lo pesimista que es su visión del mundo político.
Sería interesante que los partidos empezasen a comprobar que los electores discriminan entre la persona que es intachable, y el que anda metido en dibujos cuando menos equívocos. No habrá manera de reformar los partidos, uno de los mayores problemas de la democracia, si los electores no son capaces de hacer ver que no da lo mismo votar a Alberto que a Esperanza, por escoger dos nombres al azar.
Nuestra democracia se encuentra en un momento realmente malo, seguramente el peor de toda su historia; España ha padecido un Gobierno pésimo y en ocasiones parece no haber ningún otro horizonte que el desastre económico, institucional y territorial. Hay que desechar el derrotismo, pero eso solo puede hacerse con un nivel máximo de exigencia, pidiendo a los electores que se olviden de mandatos ideológicos y que voten libremente por lo que consideren mejor, que empiecen a castigar las listas contaminadas o encabezadas por políticos a los que no comprarían un coche de segunda mano. Es imposible que España afronte su futuro, tan problemático, con la energía que se requiere si todo lo que se puede hacer es votar a unas listas manchadas por la corrupción. En plena treintena de la democracia, necesitamos plantear objetivos ambiciosos y no estaría nada mal que los electores empezasen por limpiar el patio.
Publicado en El Confidencial (18/04/2011)
Quienes creemos, como Burke, que la política es una de las más nobles vocaciones a las que puede dedicar su vida una persona decente, hemos de padecer una auténtica plaga de desprestigio de la política, a la que naturalmente no son ajenos quienes a ella se dedican con tan escaso éxito de imagen. A día de hoy, según el barómetro del CIS, la tercera de las preocupaciones de los españoles es su escasa confianza en los políticos. No tengo a mano datos precisos, pero apostaría que esta es una de las peores calificaciones obtenidas en lo que llevamos de democracia. Los españoles creen tener buenas razones para desconfiar de nuestros políticos, seguramente porque los considera mentirosos, hipócritas, pusilánimes, demagogos, rutinarios, corruptos, abusones e improductivos, pero lo hacen sin reparar hasta qué punto esos vicios son posibles porque nuestra sociedad las consiente y practica.
El caso es que la política, y, en general, la función pública, se ha desprovisto del halo de ejemplaridad que le es enteramente exigible. Sería normal que nuestros políticos fuesen mejores de lo que son si la justicia se administrase con cierta rapidez y equidad, si las cátedras universitarias se proveyesen con objetividad y transparencia, si los periodistas fuesen menos acomodaticios y partidistas, si los criterios para adjudicar las subvenciones estuviesen sometidos a control público, o si en los negocios imperase una ética que está clamorosamente ausente. Ya sabemos que no es así, pero por alguna parte habrá que empezar y la política nos brinda una oportunidad de hacerlo, aunque sea mínima, discriminando entre candidatos del mismo partido y dejando sin voto al que ha tenido una conducta reprobable, independientemente de lo que puedan decir en su momento, siempre tardío, los jueces.
La diferencia entre los políticos y el resto de oficios debería residir en que la dedicación política se acercase a algo parecido a una selección ideal de los candidatos, pero nadie sería capaz de defender que en ninguno de los partidos haya el menor asomo de objetividad y de fomento de la competencia a la hora de establecer los sistemas para llegar a las antesalas del cargo, a ese disparadero en el que los electores acaban dando su voto a unas siglas, aunque, en realidad, se lo den a alguien que puede ser un perfecto granuja.
Entre los políticos no hay, pues, ni asomo de una mínima voluntad de competencia pública para llegar a la meta, ni el menor interés en que los ciudadanos puedan valorar la condición personal de los que van a ser elegidos por la extraordinaria maquinaria del voto que se desencadena con las elecciones. No es de extrañar, por tanto, que aparezcan tantos casos de corrupción, ya que no existe el menor control para evitarlo, ni parece existir interés alguno en que se arbitre. Bien mirado, el sistema es tal que deberíamos admirarnos de que exista un porcentaje tan alto de personas razonablemente honorables. El colmo del caso es que, acogiéndose al principio de presunción de inocencia, se continúen presentando a las elecciones muchas personas, y no poco significativas, que aparecen imputadas en casos de corrupción.
Es verdad que en algunos casos la práctica contraria podría perjudicar a un inocente, pero no lo es menos que los más inocentes debieran ser los primeros en apartarse de las listas para no perjudicar, aunque sea un mínimo, al propio bando, lo que sería una prueba de que están en política para servir a los ciudadanos y a unos ideales, no para servirse de ellos. Que los votantes actúen como si fuese irrelevante la moral del electo, indica lo pesimista que es su visión del mundo político.
Sería interesante que los partidos empezasen a comprobar que los electores discriminan entre la persona que es intachable, y el que anda metido en dibujos cuando menos equívocos. No habrá manera de reformar los partidos, uno de los mayores problemas de la democracia, si los electores no son capaces de hacer ver que no da lo mismo votar a Alberto que a Esperanza, por escoger dos nombres al azar.
Nuestra democracia se encuentra en un momento realmente malo, seguramente el peor de toda su historia; España ha padecido un Gobierno pésimo y en ocasiones parece no haber ningún otro horizonte que el desastre económico, institucional y territorial. Hay que desechar el derrotismo, pero eso solo puede hacerse con un nivel máximo de exigencia, pidiendo a los electores que se olviden de mandatos ideológicos y que voten libremente por lo que consideren mejor, que empiecen a castigar las listas contaminadas o encabezadas por políticos a los que no comprarían un coche de segunda mano. Es imposible que España afronte su futuro, tan problemático, con la energía que se requiere si todo lo que se puede hacer es votar a unas listas manchadas por la corrupción. En plena treintena de la democracia, necesitamos plantear objetivos ambiciosos y no estaría nada mal que los electores empezasen por limpiar el patio.
lunes, 18 de abril de 2011
Un plan indecente nunca desautorizado por Rajoy
Por Antonio Casado
Publicado en El Confidencial (18/04/2011)
Cuatro cúpulas de ETA reventadas, 430 detenciones y la mayoría de los presos, favorable al abandono de las armas, mientras en la banda terrorista reina una situación de “inseguridad, confusión y vacío de poder”, según un informe policial desvelado ayer por el diario El País. Es el balance de la política antiterrorista del Gobierno de la Nación desde que las esperanzas de un final dialogado quedaron enterradas bajo los escombros de la T-4. Son elementos de prueba suficientes para cargar de razón y saludar las palabras del presidente, Rodríguez Zapatero, y del lehendakari, Patxi López, ayer en Durango, dando a ETA por “derrotada y a punto de desaparecer”.
No parecen las señales propias de una complicidad tóxica entre el PSOE gobernante y el grupo de criminales que nos ha amargado la vida durante los últimos cuarenta años. Da igual. Desde el lado derecho de la barricada política se siguen venteando maldades en ese sentido. O alentando manifestaciones de advertencia a Zapatero y Rubalcaba para que no se les ocurra hacerle favores a la banda terrorista, dados sus antecedentes negociadores con la cúpula de ETA.
Es como si desde el lado izquierdo de la barricada se convocasen manifestaciones de advertencia para que al PP no se le ocurra poner en marcha la recuperación del Franquismo en base a los antecedentes franquistas de algunos de sus dirigentes, empezando por el fundador, don Manuel Fraga. Qué barbaridad, dirán ustedes. Con razón. Pero no es mayor barbaridad que referirse al ministro del Interior como colaborador de banda terrorista o al presidente del Gobierno como un cómplice de Eta.
Sin embargo, véase como hay sectores mediáticos dispuestos a venderlo y sectores sociales dispuestos a comprarlo. También los habría por el lado de la izquierda si a este lado de la barricada se alcanzase un nivel similar de indecencia. No es el caso. Dicho sea lo uno y lo otro sin ánimo de generalizar porque gente decente la hay en las dos partes, pero creo que se me entiende.
Cospedal, Pons, Mayor Oreja, Trillo, saben perfectamente que este Gobierno está seriamente comprometido en la tarea de echar a ETA de nuestras vidas. También saben que ponerlo en duda tiene relevancia política y electoral. Tanta como desde el otro lado le otorgan a la posibilidad de que, como dice Zapatero, Patxi López se convirtiese en el “lehendakari de la paz” o Rubalcaba en el ministro del Interior que puso a ETA contra las cuerdas. Ahí está la caja negra de esa operación, a mi juicio indecente, encabezada por el ex ministro Mayor Oreja y nunca expresamente desautorizada por Mariano Rajoy.
La operación consiste en impedir que un eventual fin de ETA quedase asociado a la gestión de un Gobierno del PSOE. Y no importa que para conseguirlo se tome la palabra de ETA como verdad revelada o se asimilen decisiones judiciales a la voluntad del Gobierno, si la palabra de ETA o dichas decisiones no favorecen los planes de esa derecha que aún lleva luto por la derrota del 14-M- No hay más que echar un vistazo a las últimas declaraciones del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, capaz de sostener que Gadafi es de mejor condición que Sadan Husein, o que los acreedores van a castigar a la economía española. Sólo por situarse al lado contrario de su sucesor en Moncloa, al margen de que eso coincida o no con los intereses generales o con la defensa de la imagen de España en el exterior.
Publicado en El Confidencial (18/04/2011)
Cuatro cúpulas de ETA reventadas, 430 detenciones y la mayoría de los presos, favorable al abandono de las armas, mientras en la banda terrorista reina una situación de “inseguridad, confusión y vacío de poder”, según un informe policial desvelado ayer por el diario El País. Es el balance de la política antiterrorista del Gobierno de la Nación desde que las esperanzas de un final dialogado quedaron enterradas bajo los escombros de la T-4. Son elementos de prueba suficientes para cargar de razón y saludar las palabras del presidente, Rodríguez Zapatero, y del lehendakari, Patxi López, ayer en Durango, dando a ETA por “derrotada y a punto de desaparecer”.
No parecen las señales propias de una complicidad tóxica entre el PSOE gobernante y el grupo de criminales que nos ha amargado la vida durante los últimos cuarenta años. Da igual. Desde el lado derecho de la barricada política se siguen venteando maldades en ese sentido. O alentando manifestaciones de advertencia a Zapatero y Rubalcaba para que no se les ocurra hacerle favores a la banda terrorista, dados sus antecedentes negociadores con la cúpula de ETA.
Es como si desde el lado izquierdo de la barricada se convocasen manifestaciones de advertencia para que al PP no se le ocurra poner en marcha la recuperación del Franquismo en base a los antecedentes franquistas de algunos de sus dirigentes, empezando por el fundador, don Manuel Fraga. Qué barbaridad, dirán ustedes. Con razón. Pero no es mayor barbaridad que referirse al ministro del Interior como colaborador de banda terrorista o al presidente del Gobierno como un cómplice de Eta.
Sin embargo, véase como hay sectores mediáticos dispuestos a venderlo y sectores sociales dispuestos a comprarlo. También los habría por el lado de la izquierda si a este lado de la barricada se alcanzase un nivel similar de indecencia. No es el caso. Dicho sea lo uno y lo otro sin ánimo de generalizar porque gente decente la hay en las dos partes, pero creo que se me entiende.
Cospedal, Pons, Mayor Oreja, Trillo, saben perfectamente que este Gobierno está seriamente comprometido en la tarea de echar a ETA de nuestras vidas. También saben que ponerlo en duda tiene relevancia política y electoral. Tanta como desde el otro lado le otorgan a la posibilidad de que, como dice Zapatero, Patxi López se convirtiese en el “lehendakari de la paz” o Rubalcaba en el ministro del Interior que puso a ETA contra las cuerdas. Ahí está la caja negra de esa operación, a mi juicio indecente, encabezada por el ex ministro Mayor Oreja y nunca expresamente desautorizada por Mariano Rajoy.
La operación consiste en impedir que un eventual fin de ETA quedase asociado a la gestión de un Gobierno del PSOE. Y no importa que para conseguirlo se tome la palabra de ETA como verdad revelada o se asimilen decisiones judiciales a la voluntad del Gobierno, si la palabra de ETA o dichas decisiones no favorecen los planes de esa derecha que aún lleva luto por la derrota del 14-M- No hay más que echar un vistazo a las últimas declaraciones del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, capaz de sostener que Gadafi es de mejor condición que Sadan Husein, o que los acreedores van a castigar a la economía española. Sólo por situarse al lado contrario de su sucesor en Moncloa, al margen de que eso coincida o no con los intereses generales o con la defensa de la imagen de España en el exterior.
domingo, 17 de abril de 2011
El Escándalo de la Cruz por Rafael Padilla
(Publicado en el Diario de Cádiz el 17.04.2011)
HOY escribo para cuantos aún sientan que esta semana no es una semana más, sino el tiempo en el que conmemoramos el misterio que da sentido a nuestro ser. No es fácil cargar con la cruz de Cristo. No lo fue, en realidad, nunca; pero todavía menos en un mundo que se considera lo suficientemente instruido y desarrollado como para ignorar a Dios. La cruz, como símbolo, se procura apartada. Hiere su sola visión. Se la quiere escondida, silente ante los nuevos valores que, a partir de la estricta razón, pretenden instaurar un orden diferente.
Nada, por otra parte, que deba extrañar. Fue, desde los orígenes, motivo de escándalo. Pablo (Gál 5,11) ya se refiere, en esos mismos términos, a la inquietud que produce la contemplación de un Dios muerto en muerte de cruz. Profundizando en las causas, podemos encontrar -y sigo en esto la predicación de Spurgeon- cuatro motivos que la hacen difícilmente asumible. En primer lugar, desafía el propio núcleo de nuestro saber. No hay, en ella, nada maravilloso que interrogue la lógica de los filósofos, ni su absoluta sencillez deja margen para el debate o la disputa. La verdad descarnada del madero se acepta o no, no tolera especulaciones y, en ese sentido, estorba y ofende nuestro permanente instinto creador. Niega, en segundo lugar, nuestras capacidades. No hay más camino a la salvación que el que inaugura Cristo. Sin Él, todo esfuerzo será inútil, todo intento vano. Él es la única puerta y eso lastima nuestro orgullo de seres presunta y falsamente autosuficientes. Enlaza esta segunda idea con la tercera: la cruz escandaliza también porque se opone diametralmente a nuestra noción acerca del mérito. Una vida santa puede perderse en un instante. Una vida depravada alcanza buen puerto si aprovecha un punto de contrición.
No es la justicia de los hombres, sino la de Dios, la que prevalece en el juicio y esta verdad nos desconcierta, desmiente la confianza que podamos tener en nosotros mismos. Es cierto que, por ella, nunca nos faltará la esperanza; pero, de idéntico modo, nos mantiene, a todos y en todo momento, al borde del abismo. En los Evangelios hay numerosos ejemplos de esta aparente incongruencia y del enojo que perpetuamente produce. Por último, y eso incomoda a dignidades y poderes, la cruz nos iguala, nos presenta universalmente desnudos ante la misericordia de Dios. No hay atajos para lograr su perdón, ni sitios preferentes. Es la fe la que nos redimirá, sea la imperceptible del humilde, la proclamada del sacerdote o la fastuosa del rico. Todos, como Cristo, hemos de encomendar nuestro espíritu en las manos del Padre.
Escandaliza, claro que escandaliza. Y sin embargo, aunque nos estremezca, la cruz es el signo máximo de la inmolación de Jesucristo, el pilar de un credo que nos dice que muriendo con Él resucitaremos también con Él. Ojalá que así acertemos a verla en los días que llegan.
HOY escribo para cuantos aún sientan que esta semana no es una semana más, sino el tiempo en el que conmemoramos el misterio que da sentido a nuestro ser. No es fácil cargar con la cruz de Cristo. No lo fue, en realidad, nunca; pero todavía menos en un mundo que se considera lo suficientemente instruido y desarrollado como para ignorar a Dios. La cruz, como símbolo, se procura apartada. Hiere su sola visión. Se la quiere escondida, silente ante los nuevos valores que, a partir de la estricta razón, pretenden instaurar un orden diferente.
Nada, por otra parte, que deba extrañar. Fue, desde los orígenes, motivo de escándalo. Pablo (Gál 5,11) ya se refiere, en esos mismos términos, a la inquietud que produce la contemplación de un Dios muerto en muerte de cruz. Profundizando en las causas, podemos encontrar -y sigo en esto la predicación de Spurgeon- cuatro motivos que la hacen difícilmente asumible. En primer lugar, desafía el propio núcleo de nuestro saber. No hay, en ella, nada maravilloso que interrogue la lógica de los filósofos, ni su absoluta sencillez deja margen para el debate o la disputa. La verdad descarnada del madero se acepta o no, no tolera especulaciones y, en ese sentido, estorba y ofende nuestro permanente instinto creador. Niega, en segundo lugar, nuestras capacidades. No hay más camino a la salvación que el que inaugura Cristo. Sin Él, todo esfuerzo será inútil, todo intento vano. Él es la única puerta y eso lastima nuestro orgullo de seres presunta y falsamente autosuficientes. Enlaza esta segunda idea con la tercera: la cruz escandaliza también porque se opone diametralmente a nuestra noción acerca del mérito. Una vida santa puede perderse en un instante. Una vida depravada alcanza buen puerto si aprovecha un punto de contrición.
No es la justicia de los hombres, sino la de Dios, la que prevalece en el juicio y esta verdad nos desconcierta, desmiente la confianza que podamos tener en nosotros mismos. Es cierto que, por ella, nunca nos faltará la esperanza; pero, de idéntico modo, nos mantiene, a todos y en todo momento, al borde del abismo. En los Evangelios hay numerosos ejemplos de esta aparente incongruencia y del enojo que perpetuamente produce. Por último, y eso incomoda a dignidades y poderes, la cruz nos iguala, nos presenta universalmente desnudos ante la misericordia de Dios. No hay atajos para lograr su perdón, ni sitios preferentes. Es la fe la que nos redimirá, sea la imperceptible del humilde, la proclamada del sacerdote o la fastuosa del rico. Todos, como Cristo, hemos de encomendar nuestro espíritu en las manos del Padre.
Escandaliza, claro que escandaliza. Y sin embargo, aunque nos estremezca, la cruz es el signo máximo de la inmolación de Jesucristo, el pilar de un credo que nos dice que muriendo con Él resucitaremos también con Él. Ojalá que así acertemos a verla en los días que llegan.
jueves, 14 de abril de 2011
La República de abril: una reflexión
Por Manuel Muela (Presidente del Centro de Investigación y Estudios Republicanos).
Publicado en El Confidencial (14/04/2011)
Hace 80 años, el 14 de abril de 1931, se proclamó en España la Segunda República, que pretendía aglutinar la esperanza de los españoles en un futuro mejor y los deseos de cambios políticos y sociales de una sociedad hastiada de las prácticas corruptas y autoritarias de la monarquía, que se había convertido, con la ayuda inestimable de los partidos dinásticos, en un obstáculo insalvable para el progreso de la nación. Fue un tiempo en el que el arroyuelo murmurante de gentes descontentas se convirtió en ancho río, que anegó los viejos principios de la Restauración. Y lo hizo de forma pacífica y bienintencionada, algo insólito en un país que, por mérito de la Dinastía, arrastraba un siglo de guerras civiles. Pero aquella esperanza se rompió, y la República, cinco años más tarde, desapareció tras una guerra civil atroz, que marcó el destino de España hasta tal punto que todavía hoy andamos a la búsqueda de los principios de libertad política e igualdad, que abanderaron muchos de nuestros compatriotas de 1931.
En los años transcurridos, casi un siglo, los españoles hemos construido un país distinto, aprovechando los ciclos económicos, también políticos, de este largo tiempo: la estratificación social es más equilibrada, con abundancia de clases medias, la economía es diversa, aunque no en la medida de lo deseable, y el bienestar social se ha extendido en función del aumento de los recursos públicos. Todavía no llegamos a los niveles de los vecinos y socios europeos, pero se ha procurado el acercamiento Nuestro país no tiene las aristas de insatisfacción ni los problemas de injusticia y de pobreza de la España de los años 30. Los problemas y las carencias de hoy son otros y, si se trata de buscar alguna similitud, la podemos encontrar en que, además de en una crisis económico-financiera, vivimos inmersos en una aguda crisis político-constitucional que supone un obstáculo, creo que insalvable, para que España salga airosa, a medio plazo, de la postración en que ahora se encuentra.
Resulta complicado sintetizar las causas de la inquietud que nos atenaza, pero, en mi opinión, se pueden subrayar dos: una de orden político, que viene definida por la decadencia del régimen constitucional otorgado en 1978, que se ha demostrado incapaz de restituir a los españoles la libertad política y la educación cívica en grado suficiente para homologarnos con una sociedad moderna y desarrollada; la otra causa es de orden económico y tiene que ver con el fracaso en la construcción de un modelo productivo análogo al de las potencias industriales de la Unión Europea.
La crisis española actual ha puesto de manifiesto no solo que España está mal gobernada, algo que podría subsanarse con relativa facilidad en un orden democrático, sino que el mal gobierno hunde sus raíces en un sistema político aquejado de esclerosis y dominado por las elites de los partidos, que niega las prácticas parlamentarias, de las que presume, y que se obstina en no revisar aquello que ha contribuido al descrédito del Estado. Este se ha convertido en rehén de las organizaciones territoriales y de las apetencias de poder cercanas de los propios miembros de los partidos dominantes. Todos los recursos, no solo los económicos, de que dispone un Estado moderno han sido puestos al servicio de una manera de entender el ejercicio del poder público, que ha empeorado las viejas prácticas caciquiles y clientelares de la Restauración, que se pensó fenecerían con la llamarada de 1931.
Debate sobre el mantenimiento del statu quo
No creo que sea hiperbólico ni sectario señalar que en esta España de la segunda década del siglo XXI se va extendiendo el debate sobre la permanencia de unas estructuras políticas y constitucionales, cada vez más alejadas de la realidad social, en las que prima la defensa de sí mismas, mejor dicho de quienes las poseen y disfrutan, eludiendo la autocrítica y negando a los ciudadanos la posibilidad de opinar, salvo que dicha opinión no traspase los límites de esa dictadura moderna que es lo llamado políticamente correcto: una muestra inmediata de ello es que el país ha sido convocado a unas elecciones municipales y regionales a las que, de antemano, se niega cualquier posibilidad de cambiar el statu quo. Otra cosa será que se consiga. Toda la máquina partidaria y de comunicación trabaja para dar apariencia de normalidad a una consulta que se celebra en un país confuso y desesperanzado, que desconfía profundamente tanto de quienes le dirigen como de los que aspiran a ello.
Desde el punto de vista económico y financiero, la realidad no deja de ser desoladora: nuestro tejido productivo ha sido devastado y el paro y el endeudamiento público y privado son las indeseadas columnas vertebrales de un triste presente y de un azaroso porvenir. Son las consecuencias visibles de una gigantesca especulación, que fue abrazada con entusiasmo desde que España pasó a formar parte de la Unión Europea. No se han sabido digerir y sembrar la bonanza económica y la abundancia de recursos de estas dos décadas; por eso, frente al declive económico y las exigencias de los acreedores, aparecemos inermes y mendicantes, confiando en la benevolencia de nuestro socios europeos, también importantes acreedores, a los que vendemos unas sedicentes reformas, que agudizan la penuria de los débiles y pretenden dilatar el reconocimiento de los errores, que sería la base para encarar las actuaciones de saneamiento y de reestructuración que necesita el país. Se dice, todo es pura imagen, que la tempestad ha pasado y que se acercan tiempos mejores. Nada más falso: solo el terror de la Unión Monetaria ante la magnitud del desastre español hace de momentáneo dique de contención.
Por eso, hoy, que recordamos a otros compatriotas que hace 80 años intentaron sacar a España de la incuria y de la injusticia, nos convendría reflexionar sobre nuestras capacidades y sobre nuestra exigencia ciudadana, para fortalecer la libertad política y proponer con ella los cambios templados y rigurosos, que permitan superar un sistema que se ha adueñado de la voluntad del país en exclusivo beneficio de unas minorías políticas y económicas. Porque hay salida y esperanza, pero no por los caminos empedrados de la corrupción política y de la perversión económica. Se trata, en fin, de realizar las tareas pendientes e inacabadas de nuestra tortuosa historia.
Publicado en El Confidencial (14/04/2011)
Hace 80 años, el 14 de abril de 1931, se proclamó en España la Segunda República, que pretendía aglutinar la esperanza de los españoles en un futuro mejor y los deseos de cambios políticos y sociales de una sociedad hastiada de las prácticas corruptas y autoritarias de la monarquía, que se había convertido, con la ayuda inestimable de los partidos dinásticos, en un obstáculo insalvable para el progreso de la nación. Fue un tiempo en el que el arroyuelo murmurante de gentes descontentas se convirtió en ancho río, que anegó los viejos principios de la Restauración. Y lo hizo de forma pacífica y bienintencionada, algo insólito en un país que, por mérito de la Dinastía, arrastraba un siglo de guerras civiles. Pero aquella esperanza se rompió, y la República, cinco años más tarde, desapareció tras una guerra civil atroz, que marcó el destino de España hasta tal punto que todavía hoy andamos a la búsqueda de los principios de libertad política e igualdad, que abanderaron muchos de nuestros compatriotas de 1931.
En los años transcurridos, casi un siglo, los españoles hemos construido un país distinto, aprovechando los ciclos económicos, también políticos, de este largo tiempo: la estratificación social es más equilibrada, con abundancia de clases medias, la economía es diversa, aunque no en la medida de lo deseable, y el bienestar social se ha extendido en función del aumento de los recursos públicos. Todavía no llegamos a los niveles de los vecinos y socios europeos, pero se ha procurado el acercamiento Nuestro país no tiene las aristas de insatisfacción ni los problemas de injusticia y de pobreza de la España de los años 30. Los problemas y las carencias de hoy son otros y, si se trata de buscar alguna similitud, la podemos encontrar en que, además de en una crisis económico-financiera, vivimos inmersos en una aguda crisis político-constitucional que supone un obstáculo, creo que insalvable, para que España salga airosa, a medio plazo, de la postración en que ahora se encuentra.
Resulta complicado sintetizar las causas de la inquietud que nos atenaza, pero, en mi opinión, se pueden subrayar dos: una de orden político, que viene definida por la decadencia del régimen constitucional otorgado en 1978, que se ha demostrado incapaz de restituir a los españoles la libertad política y la educación cívica en grado suficiente para homologarnos con una sociedad moderna y desarrollada; la otra causa es de orden económico y tiene que ver con el fracaso en la construcción de un modelo productivo análogo al de las potencias industriales de la Unión Europea.
La crisis española actual ha puesto de manifiesto no solo que España está mal gobernada, algo que podría subsanarse con relativa facilidad en un orden democrático, sino que el mal gobierno hunde sus raíces en un sistema político aquejado de esclerosis y dominado por las elites de los partidos, que niega las prácticas parlamentarias, de las que presume, y que se obstina en no revisar aquello que ha contribuido al descrédito del Estado. Este se ha convertido en rehén de las organizaciones territoriales y de las apetencias de poder cercanas de los propios miembros de los partidos dominantes. Todos los recursos, no solo los económicos, de que dispone un Estado moderno han sido puestos al servicio de una manera de entender el ejercicio del poder público, que ha empeorado las viejas prácticas caciquiles y clientelares de la Restauración, que se pensó fenecerían con la llamarada de 1931.
Debate sobre el mantenimiento del statu quo
No creo que sea hiperbólico ni sectario señalar que en esta España de la segunda década del siglo XXI se va extendiendo el debate sobre la permanencia de unas estructuras políticas y constitucionales, cada vez más alejadas de la realidad social, en las que prima la defensa de sí mismas, mejor dicho de quienes las poseen y disfrutan, eludiendo la autocrítica y negando a los ciudadanos la posibilidad de opinar, salvo que dicha opinión no traspase los límites de esa dictadura moderna que es lo llamado políticamente correcto: una muestra inmediata de ello es que el país ha sido convocado a unas elecciones municipales y regionales a las que, de antemano, se niega cualquier posibilidad de cambiar el statu quo. Otra cosa será que se consiga. Toda la máquina partidaria y de comunicación trabaja para dar apariencia de normalidad a una consulta que se celebra en un país confuso y desesperanzado, que desconfía profundamente tanto de quienes le dirigen como de los que aspiran a ello.
Desde el punto de vista económico y financiero, la realidad no deja de ser desoladora: nuestro tejido productivo ha sido devastado y el paro y el endeudamiento público y privado son las indeseadas columnas vertebrales de un triste presente y de un azaroso porvenir. Son las consecuencias visibles de una gigantesca especulación, que fue abrazada con entusiasmo desde que España pasó a formar parte de la Unión Europea. No se han sabido digerir y sembrar la bonanza económica y la abundancia de recursos de estas dos décadas; por eso, frente al declive económico y las exigencias de los acreedores, aparecemos inermes y mendicantes, confiando en la benevolencia de nuestro socios europeos, también importantes acreedores, a los que vendemos unas sedicentes reformas, que agudizan la penuria de los débiles y pretenden dilatar el reconocimiento de los errores, que sería la base para encarar las actuaciones de saneamiento y de reestructuración que necesita el país. Se dice, todo es pura imagen, que la tempestad ha pasado y que se acercan tiempos mejores. Nada más falso: solo el terror de la Unión Monetaria ante la magnitud del desastre español hace de momentáneo dique de contención.
Por eso, hoy, que recordamos a otros compatriotas que hace 80 años intentaron sacar a España de la incuria y de la injusticia, nos convendría reflexionar sobre nuestras capacidades y sobre nuestra exigencia ciudadana, para fortalecer la libertad política y proponer con ella los cambios templados y rigurosos, que permitan superar un sistema que se ha adueñado de la voluntad del país en exclusivo beneficio de unas minorías políticas y económicas. Porque hay salida y esperanza, pero no por los caminos empedrados de la corrupción política y de la perversión económica. Se trata, en fin, de realizar las tareas pendientes e inacabadas de nuestra tortuosa historia.
miércoles, 13 de abril de 2011
Las listas de Camps minan la moral de Rajoy y sus expectativas electorales
Publicado en El Confidencial (13/04/2011)
Las listas de Camps minan la moral de Rajoy y sus expectativas electorales
El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, no quiere ni oír hablar de la lista del PP por Valencia en las próximas elecciones autonómicas del 22 de mayo. Cada vez que se le pregunta evita la respuesta. Su malestar le lleva a actuar a veces como si no conociera a Ricardo Costa, el ex secretario regional del PP al que el partido abrió expediente disciplinario con expulsión durante un año, un quebradero de cabeza que difícilmente olvidará Mariano Rajoy.
Una de las razones por las que Rajoy no quiere saber nada de lo ocurrido con la lista de Valencia es que cuestiona el discurso del PP en Andalucía. “No podemos ser todo lo críticos que quisiéramos con el PSOE, que además lleva más imputados que nosotros en sus candidaturas”, señalan fuentes de Génova. La lista de Valencia, además, empobrece cualquier intento del PP por hacer un discurso de regeneración de la vida pública y lucha contra la corrupción, y de eso también se resiente el líder de este partido.
Lo cierto es que casi nadie en el PP entiende lo ocurrido, y lo achacan a que, habiendo cedido una vez en la candidatura de Camps, era muy difícil no hacerlo la segunda cuando éste presentó las listas a las Cortes Valencianas. Las únicas esperanzas del PP llevan el nombre de dos alcaldes: Rita Barberá y Alberto Fabra. “Son la única garantía de que si al final Camps se sienta en el banquillo y tiene que dimitir, se produzca la ansiada renovación en el PP valenciano”, dicen en Génova.
La razón de este manifiesto desprecio del líder del PP hacia la lista que ha presentado Valencia no es otra que el haberse sentido, de nuevo, engañado por el presidente valenciano, Francisco Camps, que había prometido a la Dirección Nacional una ‘lista limpia’ en la que no hubiera más imputados que él mismo y, como mucho, Vicente Rambla, y en la que se llevara a cabo una profunda renovación sobre la composición actual del Grupo Parlamentario.
Al final, entre Valencia, Castellón y Alicante, Camps presentó al Comité Electoral Nacional una lista con nueve imputados o investigados por diversas causas. De todos ellos, Génova había aceptado la inclusión de dos: el propio Camps, y la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que no está imputada en el ‘caso Brugal’ y a la que sólo se relaciona con el mismo por un viaje en el yate del empresario Enrique Ortiz que ella misma ha admitido.
El PP necesitaba ‘compensar’ la presencia de Camps como candidato a la reelección con unas listas en las que se evidenciara el compromiso de la Dirección Nacional con la “limpieza y la renovación”, según reconocen fuentes del PP de la Comunidad Valenciana a este diario. “Eso fue lo que se pidió desde Madrid, pero no se ha cumplido el compromiso”. De hecho, en la tarde del viernes 8 se produjo alguna destacada ausencia en la reunión del Comité Electoral Regional.
Factura electoral
La razón no es otra que las discrepancias que la última hazaña de Camps, que no tiene más sentido que el de asegurar el aforamiento para los imputados en el ‘caso Gürtel’, ha generado incluso en el seno del PP valenciano: “No deberíamos haber ido tan lejos”, aseguran estas fuentes. Y es que ahora el mayor temor del PP empieza a ser que este asunto pueda pasarle alguna clase de factura en las elecciones del 22 de mayo.
“Una cosa era Camps y los trajes, y otra que todos los implicados estén en las listas como si de esa manera el resultado de las elecciones les limpiara”, dicen fuentes de la Dirección Nacional. De hecho, por primera vez en todo este tiempo existe en Génova 13 la impresión de que el ‘caso Gürtel’ pueda afectar a sus expectativas electorales. De hecho, son varios los líderes regionales que han expresado a Rajoy el temor a que lo ocurrido en Valencia les pueda costar votos.
Incluso en la propia Comunidad Valenciana podría haber un castigo al PP que por ahora no recogen los sondeos, “porque en las encuestas los ciudadanos lo primero que hacen es manifestar su rechazo a Zapatero, pero los últimos sondeos conocidos empiezan a reflejar algo de insatisfacción hacia el PP, probablemente por este asunto”, reconocen fuentes ‘populares’. Con todo, nadie en el PP cree que se pueda perder Valencia.
Las listas de Camps minan la moral de Rajoy y sus expectativas electorales
El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, no quiere ni oír hablar de la lista del PP por Valencia en las próximas elecciones autonómicas del 22 de mayo. Cada vez que se le pregunta evita la respuesta. Su malestar le lleva a actuar a veces como si no conociera a Ricardo Costa, el ex secretario regional del PP al que el partido abrió expediente disciplinario con expulsión durante un año, un quebradero de cabeza que difícilmente olvidará Mariano Rajoy.
Una de las razones por las que Rajoy no quiere saber nada de lo ocurrido con la lista de Valencia es que cuestiona el discurso del PP en Andalucía. “No podemos ser todo lo críticos que quisiéramos con el PSOE, que además lleva más imputados que nosotros en sus candidaturas”, señalan fuentes de Génova. La lista de Valencia, además, empobrece cualquier intento del PP por hacer un discurso de regeneración de la vida pública y lucha contra la corrupción, y de eso también se resiente el líder de este partido.
Lo cierto es que casi nadie en el PP entiende lo ocurrido, y lo achacan a que, habiendo cedido una vez en la candidatura de Camps, era muy difícil no hacerlo la segunda cuando éste presentó las listas a las Cortes Valencianas. Las únicas esperanzas del PP llevan el nombre de dos alcaldes: Rita Barberá y Alberto Fabra. “Son la única garantía de que si al final Camps se sienta en el banquillo y tiene que dimitir, se produzca la ansiada renovación en el PP valenciano”, dicen en Génova.
La razón de este manifiesto desprecio del líder del PP hacia la lista que ha presentado Valencia no es otra que el haberse sentido, de nuevo, engañado por el presidente valenciano, Francisco Camps, que había prometido a la Dirección Nacional una ‘lista limpia’ en la que no hubiera más imputados que él mismo y, como mucho, Vicente Rambla, y en la que se llevara a cabo una profunda renovación sobre la composición actual del Grupo Parlamentario.
Al final, entre Valencia, Castellón y Alicante, Camps presentó al Comité Electoral Nacional una lista con nueve imputados o investigados por diversas causas. De todos ellos, Génova había aceptado la inclusión de dos: el propio Camps, y la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que no está imputada en el ‘caso Brugal’ y a la que sólo se relaciona con el mismo por un viaje en el yate del empresario Enrique Ortiz que ella misma ha admitido.
El PP necesitaba ‘compensar’ la presencia de Camps como candidato a la reelección con unas listas en las que se evidenciara el compromiso de la Dirección Nacional con la “limpieza y la renovación”, según reconocen fuentes del PP de la Comunidad Valenciana a este diario. “Eso fue lo que se pidió desde Madrid, pero no se ha cumplido el compromiso”. De hecho, en la tarde del viernes 8 se produjo alguna destacada ausencia en la reunión del Comité Electoral Regional.
Factura electoral
La razón no es otra que las discrepancias que la última hazaña de Camps, que no tiene más sentido que el de asegurar el aforamiento para los imputados en el ‘caso Gürtel’, ha generado incluso en el seno del PP valenciano: “No deberíamos haber ido tan lejos”, aseguran estas fuentes. Y es que ahora el mayor temor del PP empieza a ser que este asunto pueda pasarle alguna clase de factura en las elecciones del 22 de mayo.
“Una cosa era Camps y los trajes, y otra que todos los implicados estén en las listas como si de esa manera el resultado de las elecciones les limpiara”, dicen fuentes de la Dirección Nacional. De hecho, por primera vez en todo este tiempo existe en Génova 13 la impresión de que el ‘caso Gürtel’ pueda afectar a sus expectativas electorales. De hecho, son varios los líderes regionales que han expresado a Rajoy el temor a que lo ocurrido en Valencia les pueda costar votos.
Incluso en la propia Comunidad Valenciana podría haber un castigo al PP que por ahora no recogen los sondeos, “porque en las encuestas los ciudadanos lo primero que hacen es manifestar su rechazo a Zapatero, pero los últimos sondeos conocidos empiezan a reflejar algo de insatisfacción hacia el PP, probablemente por este asunto”, reconocen fuentes ‘populares’. Con todo, nadie en el PP cree que se pueda perder Valencia.
La justicia al revés
Por Jose Manuel Romero
Publicado en El País (12/04/2011)
Dos años después de que un exconcejal del PP de Majadahonda destapara la trama de corrupción masiva vinculada al partido de Mariano Rajoy y José María Aznar, solo se ha abierto juicio oral contra quienes investigaron o denunciaron los hechos. Los culpables de la rapiña, empresarios y políticos, siguen esperando a que los tribunales resuelvan sus múltiples recursos, que ralentizan la investigación hasta hacerla casi inviable.
El juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro abrió ayer juicio oral contra el magistrado Baltasar Garzón por un supuesto delito de prevaricación al ordenar escuchas en la cárcel a los abogados de los cabecillas de la red Gürtel a sabiendas de que no podía hacerlo. Su veredicto no es unánime en la carrera judicial. Ni mucho menos.
El juez que instruye desde hace dos años este caso en Madrid, Antonio Pedreira, que prorrogó las escuchas en la cárcel, entiende que es posible ordenar grabaciones en prisión aunque no se trate de casos de terrorismo. "La profesión de la abogacía es digna, pero no puede disfrutar de privilegios discriminatorios frente a otras profesiones. De la misma forma que se puede adoptar la medida motivada de entrada y registro en despachos profesionales, se puede de forma motivada acordar la intervención de comunicaciones", señala.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló las escuchas en la cárcel en un auto acordado por dos magistrados con el voto particular de un tercero, José Manuel Suárez Robledano, quien argumentó así su apoyo a la intervención de las comunicaciones a los abogados: "Pensemos que un interno en prisión preventiva se concierta con su abogado para que transmita -y eso nunca es derecho de defensa sino otra cosa muy diferente- y para que dé instrucciones de matar a una persona o hacer desaparecer el cadáver de la persona asesinada o para facilitar el blanqueo de dinero sucio procedente del tráfico de drogas, de la prostitución ilegal o del tráfico de influencias. La inmunidad absoluta que se da en esos casos a la confidencialidad en el locutorio impediría la prevención e investigación y acaso hasta la comisión de delitos contra la vida o de otros considerados siempre con la categoría de graves en el Código Penal Vigente". Pese a los argumentos de los jueces Pedreira y Suárez Robledano ha habido otros que consideran ilegales las escuchas. Y un magistrado del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que señala que Garzón grabó a los abogados a sabiendas de que la ley se lo impedía por lo que ahora abre juicio oral a través de un auto casi condenatorio: "Con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que no tenía la seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos, el magistrado acusado [Garzón] decidió acceder libremente a las conversaciones confidenciales que mantuvieran los internos con sus abogados...".
Los que denunciaron al juez por las escuchas ilegales pretenden que toda la investigación se anule y que las pruebas principales de la corrupción queden en nada. Sin embargo, antes de la orden judicial de intervenir las comunicaciones en la cárcel de los jefes corruptos con sus abogados, el juez Baltasar Garzón llevaba seis meses recabando pruebas del cohecho, del tráfico de influencias, del blanqueo de dinero y de la malversación de fondos públicos en las comunidades de Madrid, Valencia, Castilla y León y Galicia, todas gobernadas por el PP.
El juez Garzón es la segunda persona sin relación con la trama de corrupción que será juzgada por este caso antes que se haga lo mismo con los culpables de la red de rapiña. El otro acusado que ya se ha sentado en el banquillo sin tener trato con la red de Francisco Correa es el portavoz socialista valenciano. Ángel Luna, que espera sentencia por el supuesto delito de haber mostrado en el Parlamento un informe policial bajo secreto de sumario que denunciaba la corrupción y que había sido publicado por los medios de comunicación cinco meses antes.
Es la justicia al revés.
Publicado en El País (12/04/2011)
Dos años después de que un exconcejal del PP de Majadahonda destapara la trama de corrupción masiva vinculada al partido de Mariano Rajoy y José María Aznar, solo se ha abierto juicio oral contra quienes investigaron o denunciaron los hechos. Los culpables de la rapiña, empresarios y políticos, siguen esperando a que los tribunales resuelvan sus múltiples recursos, que ralentizan la investigación hasta hacerla casi inviable.
El juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro abrió ayer juicio oral contra el magistrado Baltasar Garzón por un supuesto delito de prevaricación al ordenar escuchas en la cárcel a los abogados de los cabecillas de la red Gürtel a sabiendas de que no podía hacerlo. Su veredicto no es unánime en la carrera judicial. Ni mucho menos.
El juez que instruye desde hace dos años este caso en Madrid, Antonio Pedreira, que prorrogó las escuchas en la cárcel, entiende que es posible ordenar grabaciones en prisión aunque no se trate de casos de terrorismo. "La profesión de la abogacía es digna, pero no puede disfrutar de privilegios discriminatorios frente a otras profesiones. De la misma forma que se puede adoptar la medida motivada de entrada y registro en despachos profesionales, se puede de forma motivada acordar la intervención de comunicaciones", señala.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló las escuchas en la cárcel en un auto acordado por dos magistrados con el voto particular de un tercero, José Manuel Suárez Robledano, quien argumentó así su apoyo a la intervención de las comunicaciones a los abogados: "Pensemos que un interno en prisión preventiva se concierta con su abogado para que transmita -y eso nunca es derecho de defensa sino otra cosa muy diferente- y para que dé instrucciones de matar a una persona o hacer desaparecer el cadáver de la persona asesinada o para facilitar el blanqueo de dinero sucio procedente del tráfico de drogas, de la prostitución ilegal o del tráfico de influencias. La inmunidad absoluta que se da en esos casos a la confidencialidad en el locutorio impediría la prevención e investigación y acaso hasta la comisión de delitos contra la vida o de otros considerados siempre con la categoría de graves en el Código Penal Vigente". Pese a los argumentos de los jueces Pedreira y Suárez Robledano ha habido otros que consideran ilegales las escuchas. Y un magistrado del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que señala que Garzón grabó a los abogados a sabiendas de que la ley se lo impedía por lo que ahora abre juicio oral a través de un auto casi condenatorio: "Con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que no tenía la seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos, el magistrado acusado [Garzón] decidió acceder libremente a las conversaciones confidenciales que mantuvieran los internos con sus abogados...".
Los que denunciaron al juez por las escuchas ilegales pretenden que toda la investigación se anule y que las pruebas principales de la corrupción queden en nada. Sin embargo, antes de la orden judicial de intervenir las comunicaciones en la cárcel de los jefes corruptos con sus abogados, el juez Baltasar Garzón llevaba seis meses recabando pruebas del cohecho, del tráfico de influencias, del blanqueo de dinero y de la malversación de fondos públicos en las comunidades de Madrid, Valencia, Castilla y León y Galicia, todas gobernadas por el PP.
El juez Garzón es la segunda persona sin relación con la trama de corrupción que será juzgada por este caso antes que se haga lo mismo con los culpables de la red de rapiña. El otro acusado que ya se ha sentado en el banquillo sin tener trato con la red de Francisco Correa es el portavoz socialista valenciano. Ángel Luna, que espera sentencia por el supuesto delito de haber mostrado en el Parlamento un informe policial bajo secreto de sumario que denunciaba la corrupción y que había sido publicado por los medios de comunicación cinco meses antes.
Es la justicia al revés.
Sospechando del talento
Por Miguel Ángel Aguilar
Publicado en El Páis (12/04/2011)
Indiscutible la importancia del talante, aunque no solo del talante vive la política. Puede que el talante sea condición necesaria pero desde luego no suficiente. Porque además hace falta el contraste de la experiencia, la preparación, el dominio de lenguas, la competencia probada en algún área profesional y el talento. Esas condiciones deberían dibujar el perfil exigible a los integrantes de las candidaturas, que los partidos contendientes se afanan ahora en confeccionar para la convocatoria de las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo.
Pero el examen de las que se van presentando confirma que los parámetros empleados para esta comprometida selección difieren de modo notable. Queda claro que prima la docilidad, la sumisión, la adhesión inquebrantable del propuesto. Es decir, que el reclutamiento más probable se circunscribe a quienes acreditan comportamientos susceptibles de inspirar confianza en los dirigentes con potestad para hacer la lista. Según el conocido ortegajo estamos ante el esquema del ejemplar y sus dóciles
La decisión sobre las candidaturas se toma en el ámbito cerrado de las cúpulas partidarias. Sabemos que deberán atenerse a una determinada proporción de hombres y de mujeres, que ofrecerán una mixtura de edades y que combinarán experiencia y renovación. Pero toda esa alquimia es compatible con la aversión instintiva al talento, siempre sospechoso, más aún si reencarna en gentes con criterio, fuera de la domesticidad de los sin base de sustentación propia, independiente de la voluntad del designador. Porque cunde el temor de que deriven en incontrolados, imposibles de ser aniquilados. Si de los nombres pasamos a las promesas, de aquella, según la cual los nuestros pudiera ser que metieran la pata pero en ningún caso la mano, es imposible encontrar rastro alguno.
Vale que en el empleo cuanto más humilde y peor remunerado mayor sea la exigencia de honradez, de informes favorables, incluido el certificado de penales. Pero esa regla salta cuando se trata de las altas responsabilidades empresariales, confiadas muchas veces a los mismos que nos llevaron al precipicio, recipiendarios de bonus exorbitantes fuera de discusión. Y tampoco parece regir para el oficio de la política. Véanse las listas de candidatos para confirmar cómo en ellas ha encontrado asiento una porción significativa de justiciables.
Nada une más que un hurto a medias. Por eso, los imputados están mereciendo grande consideración. De su contento depende que mantengan el hermetismo conveniente. De su despecho, que se desate la temida locuacidad. El caso más notable es el de Valencia, donde campea el presidente de la Generalidad, Francisco Camps. Se le diría imbuido del mismo espíritu que rezumaba en los banderines de enganche de la Legión extranjera, en sus años fundacionales. Allí a nadie se le preguntaba por su conducta anterior. Se confiaba al ardor guerrero la redención, si fuera necesaria, de sus delitos, en pago por haber salvado la civilización cristiana y occidental. Luego vendría el desfilar a 160 pasos por minuto, echando siempre la cabra por delante, y las aclamaciones del público agradecido. De modo que, conforme al artículo cuarto del Credo Legionario, "a la voz de ¡A mí la Legión!, sea donde sea" -en Gürtel, en la sastrería Forever Young, en el aeropuerto sin aviones de Castellón, en las pingües comisiones por la visita del Papa-, "acudirán todos y, con razón o sin ella, defenderán al legionario que pida auxilio". Ese es "el espíritu de unión y socorro" que une a los implicados levantinos. Claro, tampoco aporta consuelo alguno que los partidos en liza jueguen al "y tú más" y piensen que los errores del contrario indultan los propios.
Mariano Rajoy se muestra convencido de que dejándose ir será arrumbado por el viento de la crisis hasta la playa de la Moncloa. Nada tiene que decir. Prefiere recoger en Ponferrada el premio periodístico Micrófono de Oro, tan merecido por su incomparecencia ante los medios de comunicación, antes que poner orden en el griterío de los manifestantes empeñados en tergiversar la convocatoria de las víctimas del terrorismo y derivarla contra el Gobierno. Sin atender a que haya sido el que más terroristas ha detenido y el que más ha reducido la capacidad operativa de ETA. Al presidente Zapatero no se le deja salir. A Rubalcaba se le declara objetivo a destruir.
"¡La fortuna que nos ha costado mantener a Gandhi pobre!", señalaba certera la poetisa Sarajoni Devi, integrada en su círculo intelectual más íntimo. Pues, del mismo modo, nos correspondería ahora a nosotros cifrar en una exclamación el derroche energético que nos cuesta mantener a Rajoy inmóvil.
Publicado en El Páis (12/04/2011)
Indiscutible la importancia del talante, aunque no solo del talante vive la política. Puede que el talante sea condición necesaria pero desde luego no suficiente. Porque además hace falta el contraste de la experiencia, la preparación, el dominio de lenguas, la competencia probada en algún área profesional y el talento. Esas condiciones deberían dibujar el perfil exigible a los integrantes de las candidaturas, que los partidos contendientes se afanan ahora en confeccionar para la convocatoria de las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo.
Pero el examen de las que se van presentando confirma que los parámetros empleados para esta comprometida selección difieren de modo notable. Queda claro que prima la docilidad, la sumisión, la adhesión inquebrantable del propuesto. Es decir, que el reclutamiento más probable se circunscribe a quienes acreditan comportamientos susceptibles de inspirar confianza en los dirigentes con potestad para hacer la lista. Según el conocido ortegajo estamos ante el esquema del ejemplar y sus dóciles
La decisión sobre las candidaturas se toma en el ámbito cerrado de las cúpulas partidarias. Sabemos que deberán atenerse a una determinada proporción de hombres y de mujeres, que ofrecerán una mixtura de edades y que combinarán experiencia y renovación. Pero toda esa alquimia es compatible con la aversión instintiva al talento, siempre sospechoso, más aún si reencarna en gentes con criterio, fuera de la domesticidad de los sin base de sustentación propia, independiente de la voluntad del designador. Porque cunde el temor de que deriven en incontrolados, imposibles de ser aniquilados. Si de los nombres pasamos a las promesas, de aquella, según la cual los nuestros pudiera ser que metieran la pata pero en ningún caso la mano, es imposible encontrar rastro alguno.
Vale que en el empleo cuanto más humilde y peor remunerado mayor sea la exigencia de honradez, de informes favorables, incluido el certificado de penales. Pero esa regla salta cuando se trata de las altas responsabilidades empresariales, confiadas muchas veces a los mismos que nos llevaron al precipicio, recipiendarios de bonus exorbitantes fuera de discusión. Y tampoco parece regir para el oficio de la política. Véanse las listas de candidatos para confirmar cómo en ellas ha encontrado asiento una porción significativa de justiciables.
Nada une más que un hurto a medias. Por eso, los imputados están mereciendo grande consideración. De su contento depende que mantengan el hermetismo conveniente. De su despecho, que se desate la temida locuacidad. El caso más notable es el de Valencia, donde campea el presidente de la Generalidad, Francisco Camps. Se le diría imbuido del mismo espíritu que rezumaba en los banderines de enganche de la Legión extranjera, en sus años fundacionales. Allí a nadie se le preguntaba por su conducta anterior. Se confiaba al ardor guerrero la redención, si fuera necesaria, de sus delitos, en pago por haber salvado la civilización cristiana y occidental. Luego vendría el desfilar a 160 pasos por minuto, echando siempre la cabra por delante, y las aclamaciones del público agradecido. De modo que, conforme al artículo cuarto del Credo Legionario, "a la voz de ¡A mí la Legión!, sea donde sea" -en Gürtel, en la sastrería Forever Young, en el aeropuerto sin aviones de Castellón, en las pingües comisiones por la visita del Papa-, "acudirán todos y, con razón o sin ella, defenderán al legionario que pida auxilio". Ese es "el espíritu de unión y socorro" que une a los implicados levantinos. Claro, tampoco aporta consuelo alguno que los partidos en liza jueguen al "y tú más" y piensen que los errores del contrario indultan los propios.
Mariano Rajoy se muestra convencido de que dejándose ir será arrumbado por el viento de la crisis hasta la playa de la Moncloa. Nada tiene que decir. Prefiere recoger en Ponferrada el premio periodístico Micrófono de Oro, tan merecido por su incomparecencia ante los medios de comunicación, antes que poner orden en el griterío de los manifestantes empeñados en tergiversar la convocatoria de las víctimas del terrorismo y derivarla contra el Gobierno. Sin atender a que haya sido el que más terroristas ha detenido y el que más ha reducido la capacidad operativa de ETA. Al presidente Zapatero no se le deja salir. A Rubalcaba se le declara objetivo a destruir.
"¡La fortuna que nos ha costado mantener a Gandhi pobre!", señalaba certera la poetisa Sarajoni Devi, integrada en su círculo intelectual más íntimo. Pues, del mismo modo, nos correspondería ahora a nosotros cifrar en una exclamación el derroche energético que nos cuesta mantener a Rajoy inmóvil.
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