Por Juan Manuel Moreno-Luque, autor de "El desgobierno de los fondos de inversión" y presidente de Activa, asociación creada por partícipes del fondo Santander Banif Inmobiliario.
Publicado en El Confidencial (30/06/2011)
No pude en la Junta 2011 del Banco Santander, pues el presidente me quitó la palabra antes de que terminara el tiempo que me había concedido, proponer al consejo de administración que siguiera muy de cerca el caso Banif Inmobiliario, en mi opinión, un caso de escuela de corrupción sistémica, que cada vez se está complicando más.
Como dice Ferrajoli (Poder salvaje. La crisis de la democracia constitucional), una democracia puede quebrar aún sin golpes de estado en sentido propio, si sus principios son de hecho violados o contestados sin que sus violaciones susciten rebelión o, al menos, disenso.
No le gustó al presidente, muy nervioso durante toda la sesión, que le dijera que creía que no había sido suficiente con la hecatombe financiera, fiscal y social que mantiene a nuestro país al borde del abismo para que se tomara conciencia del impacto de la corrupción de la democracia en nuestra economía.
En realidad, las medidas de ajuste han ido encaminadas a apuntalar a costa de los ciudadanos las instituciones financieras y las obsesiones neoliberales y antisociales de la UE, sin corregir ninguno de los procedimientos, mecanismos e instrumentos de la corrupción de la democracia que es, sin lugar a dudas, la principal causa de la ineficiencia de la economía financiera y no financiera de nuestro país.
El incesto entre los poderes públicos y los banqueros, entre los banqueros y algunos jueces, entre la economía financiera y la contabilidad de alto riesgo, entre los bancos de favores y los favores de los bancos, entre las políticas de información y las políticas de propaganda, entre la cultura de los académicos y los banqueros de la cultura son, por desgracia, prácticas habituales en las democracias, entre comillas, de nuestro tiempo.
En la corrupción sistémica incluyo, por supuesto, el pésimo funcionamiento de servicios esenciales para la cohesión social, la estabilidad financiera y el progreso económico, entre los que se encuentran los prestados por la CNMV destinados, en teoría, a proteger el ahorro popular contra los abusos de las gestoras.
El prestigioso e ilustre economista SAMUELSON (Mutual Fund Legislation of 1967: Hearing on S. 1659 Before the Senate Comm. on Banking and Currency, 90th Cong. 368-69, 1967) ha denunciado “el peligro de que los organismos de supervisión creados originariamente para controlar y regular a la industria, de hecho, terminen siendo una herramienta de esta industria, estando más preocupados por protegerla que de proteger al inversor... Los organismos de supervisión deben estar por sí mismos bajo constante escrutinio para que no disminuya sino que incremente la protección de los pequeños inversores.“
Pues bien, la ciencia política y constitucional cuestiona, desde un punto de vista teórico, su legitimación democrática. En este sentido, son emblemáticos los artículos de Strauss, The Place of Agencies in Government: Separation of Powers and the Fourth Branch, y de Miller, Independent Agencies.
Secuestro de las autoridades por los grupos de interés
Pero hay más. Numerosos trabajos sociológicos y económicos denuncian "el secuestro de las autoridades administrativas independientes por los grupos de interés o por los poderes políticos o burocráticos". Son emblemáticas las obras clásicas de Wilson, Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do it, de Laffont y Tirole, A Theory of Incentives in Regulation and Procurement, y Gélard, Les Autorités administratives indépendantes: évaluation d'un objet juridique non indentifqué.
Por todo ello, la mejor doctrina coincide en exigir a las autoridades administrativas independientes que día a día demuestren su eficacia su sometimiento a las autoridades de control, su imparcialidad y su respeto a los procedimientos, extremando el rigor de sus argumentos y la transparencia y publicidad de sus actos.
Me referiré en este artículo, exclusivamente, a mi experiencia con la CNMV, aunque ésta no sea el único instrumento útil a la corrupción sistémica y aunque, por supuesto, los mecanismos y procedimientos de la corrupción sean muchos y muy poderosos (hablaremos de ellos en otra ocasión). Hablo del caso Santander Banif Inmobiliario.
Por desgracia, la actuación de la CNMV da la razón a los que piensan que las autoridades administrativas independientes son especialmente propensas y vulnerables a la desviación de poder, que no es otra cosa que una forma de corrupción de la democracia.
En relación con la eficacia basta remitirse a las estadísticas de la propia CNMV en torno a la evolución de la descomposición patrimonial de los fondos de inversión para darse cuenta de la monumental erosión y destrucción del ahorro popular que se ha producido bajo su supervisión.
En relación con el sometimiento a las autoridades de control hay que referirse a la denuncia del Tribunal de Cuentas sobre la imposibilidad de supervisar a la CNMV, al Banco de España y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que se amparan en el secreto profesional, contenida en el Informe nº 751, "Informe de fiscalización de la organización y los procedimientos de supervisión sobre las entidades de crédito, seguros y servicios de inversión y de la coordinación entre los organismos supervisores y con la agencia estatal de administración tributaria".
Y, por último, en relación con la imparcialidad y su respeto a los procedimientos, extremando el rigor de los argumentos, basta con referirse al caso del Santander Banif Inmobiliario, que he tenido la oportunidad de denunciar en estas páginas en dos artículos en abril de 2009 y en abril de 2010. 43.000 familias han perdido su dinero, su salud, su tiempo y su confianza en el sistema financiero español. No se trataba de multimillonarios: 40.273 tenían una posición inferior a 60.000 €, de los que 26.915 tenían una posición inferior a 30.000€, y de los que, a su vez, 12.094 partícipes tenían una posición inferior a 10.000 €.
El cuestionable papel de la CNMV
Resulta sorprendente cómo permitió la CNMV la creación de un activo sin otro futuro que el que se derivaba de su naturaleza piramidal (los reembolsos se pagaban con suscripciones), y cómo no prohibió durante 14 años, que se vendiera como un producto de perfil conservador y de riesgo bajo, un producto financiero complejo y especulativo en alto grado y de alto riesgo, que situó a los partícipes en el epicentro de la burbuja inmobiliaria y en el mundo fantástico de las ganancias no realizadas. La especialidad del "fondo".
El señuelo era el incremento del valor liquidativo gracias a las plusvalías latentes y a las suscriciones calculadas en función de las mismas. Sólo en el periodo 2007-2008 las plusvalías latentes crecieron en un 46,80%, mientras tanto, el Índice Fotocasa-Iese Inmobiliario, seleccionado por el Fondo Monetario Internacional como documento de referencia para el estudio y análisis de la evolución del mercado inmobiliario en España, bajó un 7,85%. Por el contrario, los resultados de explotación del "fondo" eran negativos.
Así las cosas, entre el año 2003 y 2008 se registraron suscripciones al "fondo" por importe de 3.716 millones de euros pero, lo más importante, es que el incremento del precio de la participación fue en dicho periodo de un 41,5%. Es decir, se hablaba de los rendimientos virtuales del "fondo" pero no del esfuerzo real y del riesgo, cada vez mayor, que se exigía para ser partícipe del mismo.
El Grupo Santander presume de contar con un manual de procedimientos de comercialización de productos financieros desde el año 2003, y con un Comité Global de nuevos productos que no prohibió, sorprendentemente, la comercialización de un producto que se dedicaba a comprar inmuebles con el dinero de los partícipes para explotarlos en forma de arriendo en exclusivo beneficio de los bancos del Grupo Santander, que no dejaron ni un sólo euro, ni uno sólo, en las arcas del "fondo". Se llevaron, ni más ni menos, 789 millones en comisiones.
Pero eso no es todo. Sorprende, cómo ha podido la CNMV sumir en un desconcierto absoluto a los inversores durante dos años, manteniendo secretos los expedientes administrativos relativos al colapso del Santander Banif Inmobiliario, ocultando que había autorizado la venta de los inmuebles con menos de tres años de antigüedad en la cartera, que alcanzaba los 1.028 millones de euros, cerrando los ojos al incumplimiento del coeficiente de liquidez y permitiendo que se vendieran inmuebles por debajo del precio de tasación; y promoviendo, y el gobierno de la nación aprobando, en contra de la opinión del Consejo de Estado, una increíble iniciativa legislativa hecha a la medida del Grupo Santander para que pudiera liquidar el "fondo" con toda la calma del mundo y así ocultar la brecha entre los precios de tasación y los precios de mercado. El Tribunal Supremo tiene ahora la palabra.
Afortunadamente, el Grupo Santander no se ha atrevido ni a estrenar dicho traje a la medida, ni a someter su política de compra de activos al juicio del mercado, y ha revocado, "por motivos comerciales", su decisión de disolver y liquidar el "fondo", aportando 2.500 millones de euros para atender los reembolsos a un valor liquidativo inferior al de noviembre de 2004, es decir, más de 6 años en el limbo financiero. Un alivio para los empleados de la casa que no podían mirar a los ojos a los clientes, y para los partícipes, que han puesto pies en polvorosa. Más de 600 han decidido, no obstante, continuar con las acciones judiciales emprendidas e iniciar otras nuevas contra la CNMV y los gestores del "fondo" hasta el total resarcimiento de los quebrantos sufridos, que están en relación directa con los años de permanencia en el "fondo". A más años más quebrantos.
Todo ello me recuerda, por las circunstancias del caso concreto (la mayor parte pequeños inversores, sin voz y sin voto, sin derechos, con los ahorros de toda una vida congelados y seriamente dañados), por su fatal manejo de la esperanza (dando a entender, primero, que el problema se va a solucionar en el segundo semestre de 2010 mientras que urdían aplazar la liquidación sine die) y por el desarrollo gradual, semejante a la atroz evolución de una pesadilla (el valor liquidativo se iba rebajando mes a mes al paso que marcaban gestora y depositario), uno de los relatos de Borges incluido en su historia universal de la infamia, El atroz redentor Lazarus Morell, que como el caso Santander Banif Inmobiliario, también acabó en sede penal.
jueves, 30 de junio de 2011
miércoles, 29 de junio de 2011
Canto de cisne de Zapatero y ocasión pérdida del PP
Por Antonio Casado
Publicado en El Confidencial (29/06/2011)
Aires de despedida del casi ex presidente por la mañana y subidón por la tarde, cuando protagonizó un vivo debate con el casi presidente. Entonces se reanimaron las tribunas y sus señorías se levantaron de los asientos, como en los toros, ora a favor, ora en contra, según las preferencias, la faena o el diestro en cuestión. Contra todo pronóstico, la mejor parte de crítica y público se la lleva el que se despide de los ruedos, no el que está a punto de confirmar su alternativa en la Moncloa.
Sólo en la sesión de la mañana caló la sensación irremediable de Legislatura terminada. El cuerpo a cuerpo Zapatero-Rajoy de la tarde, sin embargo, fue tan intenso que el partido parecía estar en lo mejor, aún lejos del pitido final. Una apariencia que Zapatero quiso reforzar al hilo de los caballerosos deseos de Rajoy por un futuro mejor en lo personal y en lo familiar. Aquél le devolvió el cumplido para que también a Rajoy le vaya bien en lo personal y en lo familiar, “pero no en lo político”. Un minuto antes le había reprochado que su programa económico, como líder de la oposición, continúa siendo “tan inédito como sus victorias electorales”.
Ya entonces, en el tercero de los cruces, había cundido la impresión de que Mariano Rajoy estaba perdiendo la oportunidad de proyectarse hacia el futuro como un casi presidente y pasar por encima de un casi ex presidente cargado de pasado. No ocurrió. Por la agresividad de la esgrima practicada por Zapatero y la escasa frescura de las réplicas de Rajoy, daba la impresión de que los papeles estaban cambiados. No obstante, y aunque Zapatero mostrase un mayor dominio de la situación, los problemas de credibilidad que aquejan, irreversibles a mi juicio, sólo permiten hablar de canto del cisne. Aún así ayer dio la impresión de estar más pendiente del futuro que Rajoy.
En lo argumental, ninguna sorpresa. Enésimo despliegue del mismo discurso. Por ambos lados. Zapatero, en positivo, como es lógico en quien todavía tiene la responsabilidad de gestionar los intereses generales. Rajoy, en negativo, con más soflamas que propuestas concretas. Y más centrado en explicar lo mal que hace las cosas el Gobierno socialista que en lo bien que podría hacerlo un Gobierno del PP. Algo que, por desgracia, se suele considerar lógico en un jefe de oposición que asienta su ventaja electoral en los dramáticos datos de la situación económica.
Enésima petición de elecciones anticipadas por parte de Rajoy porque cada día más de “agonía”, según él, significa también “más deuda, más paro, más desconfianza”. Y enésima reprobación de Zapatero a la incapacidad del PP para arrimar el hombro en los planes anticrisis. El casi ex presidente acusó al casi presidente de optar por lo fácil, que es reclamar elecciones, y renunciar a lo más esforzado, que es presentar propuestas. Y la eterna excusa de Rajoy: “No nos puede pedir que, como oposición, nos sumemos a sus errores”.
Y así sucesivamente.
Publicado en El Confidencial (29/06/2011)
Aires de despedida del casi ex presidente por la mañana y subidón por la tarde, cuando protagonizó un vivo debate con el casi presidente. Entonces se reanimaron las tribunas y sus señorías se levantaron de los asientos, como en los toros, ora a favor, ora en contra, según las preferencias, la faena o el diestro en cuestión. Contra todo pronóstico, la mejor parte de crítica y público se la lleva el que se despide de los ruedos, no el que está a punto de confirmar su alternativa en la Moncloa.
Sólo en la sesión de la mañana caló la sensación irremediable de Legislatura terminada. El cuerpo a cuerpo Zapatero-Rajoy de la tarde, sin embargo, fue tan intenso que el partido parecía estar en lo mejor, aún lejos del pitido final. Una apariencia que Zapatero quiso reforzar al hilo de los caballerosos deseos de Rajoy por un futuro mejor en lo personal y en lo familiar. Aquél le devolvió el cumplido para que también a Rajoy le vaya bien en lo personal y en lo familiar, “pero no en lo político”. Un minuto antes le había reprochado que su programa económico, como líder de la oposición, continúa siendo “tan inédito como sus victorias electorales”.
Ya entonces, en el tercero de los cruces, había cundido la impresión de que Mariano Rajoy estaba perdiendo la oportunidad de proyectarse hacia el futuro como un casi presidente y pasar por encima de un casi ex presidente cargado de pasado. No ocurrió. Por la agresividad de la esgrima practicada por Zapatero y la escasa frescura de las réplicas de Rajoy, daba la impresión de que los papeles estaban cambiados. No obstante, y aunque Zapatero mostrase un mayor dominio de la situación, los problemas de credibilidad que aquejan, irreversibles a mi juicio, sólo permiten hablar de canto del cisne. Aún así ayer dio la impresión de estar más pendiente del futuro que Rajoy.
En lo argumental, ninguna sorpresa. Enésimo despliegue del mismo discurso. Por ambos lados. Zapatero, en positivo, como es lógico en quien todavía tiene la responsabilidad de gestionar los intereses generales. Rajoy, en negativo, con más soflamas que propuestas concretas. Y más centrado en explicar lo mal que hace las cosas el Gobierno socialista que en lo bien que podría hacerlo un Gobierno del PP. Algo que, por desgracia, se suele considerar lógico en un jefe de oposición que asienta su ventaja electoral en los dramáticos datos de la situación económica.
Enésima petición de elecciones anticipadas por parte de Rajoy porque cada día más de “agonía”, según él, significa también “más deuda, más paro, más desconfianza”. Y enésima reprobación de Zapatero a la incapacidad del PP para arrimar el hombro en los planes anticrisis. El casi ex presidente acusó al casi presidente de optar por lo fácil, que es reclamar elecciones, y renunciar a lo más esforzado, que es presentar propuestas. Y la eterna excusa de Rajoy: “No nos puede pedir que, como oposición, nos sumemos a sus errores”.
Y así sucesivamente.
Un debate para retorcer las estadísticas hasta que diga lo que uno quiere
Por Carlos Sánchez
Publicado en El Confidencial (29/06/2011)
Alguien dijo que la economía es la única disciplina académica en la que dos especialistas pueden compartir el mismo premio por decir justamente lo contrario. Hayek y Myrdal, por ejemplo, fueron galardonados en 1974 con el mismo Premio Nobel pese a defender posturas antitéticas, lo cual revela que casi todo es posible en la ciencia económica.
Zapatero y Rajoy no son economistas, pero lidian con la materia de la mejor forma que pueden. Tal vez por eso, se han apuntado al viejo truco de retorcer las estadísticas hasta que canten, que diría un castizo. Y eso explica que ayer, a partir de las mismas cifras de Eurostat -la oficina estadística de la Unión Europea-, ambos se acusaran de distorsionar la realidad. El presidente del Gobierno fue más lejos e incluso llamó a Rajoy “mentiroso”.
¿Quién miente? Ninguno de los dos. O los dos, según se mire. Como sostiene el líder del PP es cierto que el PIB per cápita de los españoles ha retrocedido hasta niveles de 2004, el año en que Zapatero ganó las elecciones. Se sitúa en estos momentos en el 101% de la media de la UE (a 27), el mismo nivel que en 2004, después de haber caído dos puntos porcentuales en 2010.
¿Tiene razón por lo tanto Rajoy? Sí, pero también Zapatero, que se agarra como a un clavo ardiendo al hecho de que en las últimas dos legislaturas España se ha acercado en términos de renta per cápita a algunos de los países punteros de mayor tamaño. Lo cual es cierto. En concreto, a Reino Unido, Francia e Italia.
Zapatero en un alarde de tacticismo económico y político llega incluso a ampararse en un planteamiento incuestionable, pero con truco. Es verdadero que en 2005 el PIB per cápita en poder de compra se situaba en 22.900 euros, y que en 2009 se alcanzaron los 24.500 euros, pero en términos corrientes, es decir con inflación. Esto quiere decir que si se descuentan los precios, se ha pasado de 22.900 ppc (paridad de poder de compra) a 22.700, lo que supone una ligera caída.
Cobertura de desempleo
¿Y qué hay de la cobertura de desempleo? Sostiene Rajoy que en el último año la tasa de cobertura ha bajado casi diez puntos, al pasar del 79,4% al 70%. Y tiene razón. Si la comparación se hace con series más largas el resultado es incluso más elocuente. Si en enero de 2010, el 80,88% de los parados recibía alguna prestación económica, los datos más recientes rebajan esa cobertura hasta el 69,95%. Una caída, como se ve, en picado. En todo caso, como sostiene Zapatero, es cierto, que todavía es superior al 61,48% que existía en 2004 (con la mitad de parados), pero es posible que al actual ritmo de deterioro de este indicador cuando acabe la legislatura los niveles de protección sean similares.
¿Y qué pasa con el volumen de deuda en circulación? Asegura Rajoy con buen criterio que este año el endeudamiento público crecerá hasta representar el 67% del PIB. O lo que es lo mismo, unos 730.000 millones de euros. Y estas cifras van a misa, aunque si en vez de utilizar el Protocolo de Déficit Excesivo hubiera esgrimido el conjunto de los pasivos en circulación, el resultado hubiera sido más llamativo. La deuda pública alcanza en estos momentos (primer trimestre de 2011) los 805.000 millones de euros (alrededor del 75% del PIB).
Sostiene Zapatero, sin embargo, que la deuda todavía sigue siendo muy pequeña respecto de la eurozona. Y es cierto, pero es que el punto de partida era sensiblemente inferior. En 2007, la deuda española apenas representaba el 36,1% del PIB, lejos del 66,2% existente en la eurozona. Tres años más tarde, la española ha repuntado hasta el 60,1% (años 2010), mientras que la europea ha escalado hasta el 85,1%. Quiere decir esto que la distancia se ha estrechado de forma relevante. Al comenzar la crisis era de 30,1 puntos porcentuales y ahora es de 25 puntos porcentuales. En términos relativos la reducción de la diferencia es más elocuente. Se ha pasado de una distancia equivalente al 83,4% superior la europea al 41,6%, lo que refleja nítidamente de qué manera ha avanzado el endeudamiento español. La distancia se ha reducido a la mitad.
En lo único que hay acuerdo entre Rajoy y Zapatero es en las cifras del paro. No están sujetas a ninguna interpretación torticera. Hoy hay en España, 4,91 millones de parados, cuando en el segundo trimestre de 2004 el desempleo afectaba a apenas 2,2 millones de trabajadores. Hay hoy, por el contrario, más ocupación, 18,1 millones frente a 17,8 millones, pero si se descuenta el empleo público el resultado es que hoy hay menos trabajadores en el sector privado que hace poco más de siete años, al inicio de la era Zapatero.
Publicado en El Confidencial (29/06/2011)
Alguien dijo que la economía es la única disciplina académica en la que dos especialistas pueden compartir el mismo premio por decir justamente lo contrario. Hayek y Myrdal, por ejemplo, fueron galardonados en 1974 con el mismo Premio Nobel pese a defender posturas antitéticas, lo cual revela que casi todo es posible en la ciencia económica.
Zapatero y Rajoy no son economistas, pero lidian con la materia de la mejor forma que pueden. Tal vez por eso, se han apuntado al viejo truco de retorcer las estadísticas hasta que canten, que diría un castizo. Y eso explica que ayer, a partir de las mismas cifras de Eurostat -la oficina estadística de la Unión Europea-, ambos se acusaran de distorsionar la realidad. El presidente del Gobierno fue más lejos e incluso llamó a Rajoy “mentiroso”.
¿Quién miente? Ninguno de los dos. O los dos, según se mire. Como sostiene el líder del PP es cierto que el PIB per cápita de los españoles ha retrocedido hasta niveles de 2004, el año en que Zapatero ganó las elecciones. Se sitúa en estos momentos en el 101% de la media de la UE (a 27), el mismo nivel que en 2004, después de haber caído dos puntos porcentuales en 2010.
¿Tiene razón por lo tanto Rajoy? Sí, pero también Zapatero, que se agarra como a un clavo ardiendo al hecho de que en las últimas dos legislaturas España se ha acercado en términos de renta per cápita a algunos de los países punteros de mayor tamaño. Lo cual es cierto. En concreto, a Reino Unido, Francia e Italia.
Zapatero en un alarde de tacticismo económico y político llega incluso a ampararse en un planteamiento incuestionable, pero con truco. Es verdadero que en 2005 el PIB per cápita en poder de compra se situaba en 22.900 euros, y que en 2009 se alcanzaron los 24.500 euros, pero en términos corrientes, es decir con inflación. Esto quiere decir que si se descuentan los precios, se ha pasado de 22.900 ppc (paridad de poder de compra) a 22.700, lo que supone una ligera caída.
Cobertura de desempleo
¿Y qué hay de la cobertura de desempleo? Sostiene Rajoy que en el último año la tasa de cobertura ha bajado casi diez puntos, al pasar del 79,4% al 70%. Y tiene razón. Si la comparación se hace con series más largas el resultado es incluso más elocuente. Si en enero de 2010, el 80,88% de los parados recibía alguna prestación económica, los datos más recientes rebajan esa cobertura hasta el 69,95%. Una caída, como se ve, en picado. En todo caso, como sostiene Zapatero, es cierto, que todavía es superior al 61,48% que existía en 2004 (con la mitad de parados), pero es posible que al actual ritmo de deterioro de este indicador cuando acabe la legislatura los niveles de protección sean similares.
¿Y qué pasa con el volumen de deuda en circulación? Asegura Rajoy con buen criterio que este año el endeudamiento público crecerá hasta representar el 67% del PIB. O lo que es lo mismo, unos 730.000 millones de euros. Y estas cifras van a misa, aunque si en vez de utilizar el Protocolo de Déficit Excesivo hubiera esgrimido el conjunto de los pasivos en circulación, el resultado hubiera sido más llamativo. La deuda pública alcanza en estos momentos (primer trimestre de 2011) los 805.000 millones de euros (alrededor del 75% del PIB).
Sostiene Zapatero, sin embargo, que la deuda todavía sigue siendo muy pequeña respecto de la eurozona. Y es cierto, pero es que el punto de partida era sensiblemente inferior. En 2007, la deuda española apenas representaba el 36,1% del PIB, lejos del 66,2% existente en la eurozona. Tres años más tarde, la española ha repuntado hasta el 60,1% (años 2010), mientras que la europea ha escalado hasta el 85,1%. Quiere decir esto que la distancia se ha estrechado de forma relevante. Al comenzar la crisis era de 30,1 puntos porcentuales y ahora es de 25 puntos porcentuales. En términos relativos la reducción de la diferencia es más elocuente. Se ha pasado de una distancia equivalente al 83,4% superior la europea al 41,6%, lo que refleja nítidamente de qué manera ha avanzado el endeudamiento español. La distancia se ha reducido a la mitad.
En lo único que hay acuerdo entre Rajoy y Zapatero es en las cifras del paro. No están sujetas a ninguna interpretación torticera. Hoy hay en España, 4,91 millones de parados, cuando en el segundo trimestre de 2004 el desempleo afectaba a apenas 2,2 millones de trabajadores. Hay hoy, por el contrario, más ocupación, 18,1 millones frente a 17,8 millones, pero si se descuenta el empleo público el resultado es que hoy hay menos trabajadores en el sector privado que hace poco más de siete años, al inicio de la era Zapatero.
jueves, 23 de junio de 2011
El término de una época
Por Manuel Bustos
Publicado en Diario de Cádiz (22/06/2011)
ESTAMOS al cabo de un tiempo político: la época Zapatero parece tornar a su fin. Quiero creer que quienes se acerquen a ella con objetividad, sin resabios ideológicos, concordarán en que es una de las peores, si no la peor, que hemos conocido desde hace décadas. La crisis económica generalizada no basta por sí misma para justificar tanta herida, tanta inutilidad e impericia, tantas contradicciones como se han prodigado. Ciertamente, ha sido necesario el crecimiento acelerado del paro para que muchos hayan reaccionado ante lo que ya se veía con claridad en la primera legislatura. No pasará esta época a los anales del buen gobierno.
La tarea que ahora se presenta es ardua; los temas pendientes de calado, capaces de poner a prueba a quien haya de gobernar en los próximos años. Habrá que tomar medidas duras, tener coraje y prudencia a la vez, rectificar tanta medida errada como se ha adoptado.
El consenso entre los grandes partidos nacionales no parece posible y eso agrava el problema, pues las necesarias reformas deberá afrontarlas uno sólo, tal vez con algunas ayudas puntuales. Sabemos que la mayoría de las formaciones que pudieran actuar como bisagra no persiguen el bien común de la nación española, sino utilizarla para sus intereses nacionalistas y/o independentistas. Me atrevo, brevemente, a sugerir las labores más urgentes.
Parece ineludible reconsiderar el Estado de las autonomías. Ello exige establecer pronto un techo, una delimitación clara entre el poder central y los autonómicos, acabar con tantas desigualdades, duplicidad de funciones y gastos innecesarios. Pero, tal y como se presenta ya a estas alturas la cohesión nacional, creo que sería preciso cambiar de estrategia. Se ha perdido un tiempo precioso. Nadie está obligado a ser español; si se elige continuar vinculado a una historia compartida y a una empresa común, como parece sensato, el poder de las "nacionalidades" no puede crecer hasta el infinito y los líderes de las mismas deberán renunciar, de una vez por todas, a las amenazas independentistas. De lo contrario, si quieren la secesión, convendría preparar con tiempo la posibilidad de un referéndum para ellas con todas las consecuencias, pues es preciso acabar, definitivamente, con ese pago entre todos, bajo amenaza, de la independencia gradual de algunos. O el buscar mayorías a precio de oro.
La Justicia es hoy un horror para muchos españoles, siendo como es uno de los pilares del Estado de derecho. Tres son, en mi opinión, los ejes sobre los que habrá de remodelarse: despolitización, rapidez y agilidad en sus procedimientos y una mayor "justicia" de la Justicia. Cámbiense las leyes, si es preciso, para que el delincuente y el agresor no sean los inocentes y el inocente agresor.
La educación exige también una mejora notable. Su triste realidad lo está pidiendo a voces. Vea el lector los datos al respecto. A mi juicio, la reforma debe basarse en unos pocos principios básicos: mayor nivel en la calidad de los estudios, fortalecimiento de la autoridad del profesor, reconocimiento del mérito y esfuerzo de los alumnos, y libre elección de los padres acerca del tipo de enseñanza y educación moral que desean para sus hijos.
La crisis económica ha sido la traca final de la deteriorada situación actual. Asistimos a un incremento inusitado del paro, jóvenes que emigran en busca de trabajo, situaciones familiares dramáticas, aunque sea precisamente la familia, tan injustamente atacada, quien esté actuando como amortiguador. Serán precisas reformas profundas y, con probabilidad, costosas. No obstante, son convenientes dos cosas: ir a las raíces del problema, que no es solamente económico, y que la crisis no descargue su peso sobre los más débiles.
Las movilizaciones más importantes han sido, en el periodo que acaba, por asuntos varios de honda carga moral, referidos a la negociación con el terrorismo al margen de la legalidad, la "ingeniería social", urdida desde arriba, frente a la defensa de la vida y de la familia, y contra la utilización del poder político para obtener prebendas, influencia o enriquecerse. Pienso que algún tipo de consideración, y rectificación, merecerían estos temas por parte de quienes gobiernen.
Quedan en el tintero otras iniciativas necesarias, difíciles de impulsar desde los propios partidos y sindicatos. Por ejemplo, las de su propia reforma o la de la ley electoral. En consecuencia, hay que fortalecer la movilización, ya iniciada, de la ciudadanía y su maduración, aunque sepamos, desgraciadamente, que los españolitos no estamos para grandes ideales ni arriesgados compromisos. Mientras no nos falte la "Champion" y la Liga, las salidas de copas, los fines de semana de campo y playa, los "puentes" y el libro de autoayuda, la necesaria presión para los cambios seguirá estando comprometida.
Publicado en Diario de Cádiz (22/06/2011)
ESTAMOS al cabo de un tiempo político: la época Zapatero parece tornar a su fin. Quiero creer que quienes se acerquen a ella con objetividad, sin resabios ideológicos, concordarán en que es una de las peores, si no la peor, que hemos conocido desde hace décadas. La crisis económica generalizada no basta por sí misma para justificar tanta herida, tanta inutilidad e impericia, tantas contradicciones como se han prodigado. Ciertamente, ha sido necesario el crecimiento acelerado del paro para que muchos hayan reaccionado ante lo que ya se veía con claridad en la primera legislatura. No pasará esta época a los anales del buen gobierno.
La tarea que ahora se presenta es ardua; los temas pendientes de calado, capaces de poner a prueba a quien haya de gobernar en los próximos años. Habrá que tomar medidas duras, tener coraje y prudencia a la vez, rectificar tanta medida errada como se ha adoptado.
El consenso entre los grandes partidos nacionales no parece posible y eso agrava el problema, pues las necesarias reformas deberá afrontarlas uno sólo, tal vez con algunas ayudas puntuales. Sabemos que la mayoría de las formaciones que pudieran actuar como bisagra no persiguen el bien común de la nación española, sino utilizarla para sus intereses nacionalistas y/o independentistas. Me atrevo, brevemente, a sugerir las labores más urgentes.
Parece ineludible reconsiderar el Estado de las autonomías. Ello exige establecer pronto un techo, una delimitación clara entre el poder central y los autonómicos, acabar con tantas desigualdades, duplicidad de funciones y gastos innecesarios. Pero, tal y como se presenta ya a estas alturas la cohesión nacional, creo que sería preciso cambiar de estrategia. Se ha perdido un tiempo precioso. Nadie está obligado a ser español; si se elige continuar vinculado a una historia compartida y a una empresa común, como parece sensato, el poder de las "nacionalidades" no puede crecer hasta el infinito y los líderes de las mismas deberán renunciar, de una vez por todas, a las amenazas independentistas. De lo contrario, si quieren la secesión, convendría preparar con tiempo la posibilidad de un referéndum para ellas con todas las consecuencias, pues es preciso acabar, definitivamente, con ese pago entre todos, bajo amenaza, de la independencia gradual de algunos. O el buscar mayorías a precio de oro.
La Justicia es hoy un horror para muchos españoles, siendo como es uno de los pilares del Estado de derecho. Tres son, en mi opinión, los ejes sobre los que habrá de remodelarse: despolitización, rapidez y agilidad en sus procedimientos y una mayor "justicia" de la Justicia. Cámbiense las leyes, si es preciso, para que el delincuente y el agresor no sean los inocentes y el inocente agresor.
La educación exige también una mejora notable. Su triste realidad lo está pidiendo a voces. Vea el lector los datos al respecto. A mi juicio, la reforma debe basarse en unos pocos principios básicos: mayor nivel en la calidad de los estudios, fortalecimiento de la autoridad del profesor, reconocimiento del mérito y esfuerzo de los alumnos, y libre elección de los padres acerca del tipo de enseñanza y educación moral que desean para sus hijos.
La crisis económica ha sido la traca final de la deteriorada situación actual. Asistimos a un incremento inusitado del paro, jóvenes que emigran en busca de trabajo, situaciones familiares dramáticas, aunque sea precisamente la familia, tan injustamente atacada, quien esté actuando como amortiguador. Serán precisas reformas profundas y, con probabilidad, costosas. No obstante, son convenientes dos cosas: ir a las raíces del problema, que no es solamente económico, y que la crisis no descargue su peso sobre los más débiles.
Las movilizaciones más importantes han sido, en el periodo que acaba, por asuntos varios de honda carga moral, referidos a la negociación con el terrorismo al margen de la legalidad, la "ingeniería social", urdida desde arriba, frente a la defensa de la vida y de la familia, y contra la utilización del poder político para obtener prebendas, influencia o enriquecerse. Pienso que algún tipo de consideración, y rectificación, merecerían estos temas por parte de quienes gobiernen.
Quedan en el tintero otras iniciativas necesarias, difíciles de impulsar desde los propios partidos y sindicatos. Por ejemplo, las de su propia reforma o la de la ley electoral. En consecuencia, hay que fortalecer la movilización, ya iniciada, de la ciudadanía y su maduración, aunque sepamos, desgraciadamente, que los españolitos no estamos para grandes ideales ni arriesgados compromisos. Mientras no nos falte la "Champion" y la Liga, las salidas de copas, los fines de semana de campo y playa, los "puentes" y el libro de autoayuda, la necesaria presión para los cambios seguirá estando comprometida.
El oscuros sistema de incentivos de los EREs
Por Samuel Bentolila es profesor de Economía del CEMFI y Juan José Dolado es catedrático del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid.
Publicado en El Confidencial (22/06/2011)
Las circunstancias que rodean en España a los despidos colectivos, conocidos como expedientes de regulación de empleo (ERE), plantean serias dudas sobre la eficiencia de los incentivos que rigen las actuaciones de empresas y sindicatos.
Los despidos colectivos tienen una regulación especial si: (a) en un mes, la empresa despide al menos al 10% de sus empleados o al menos a 30 trabajadores si tiene más de 300, o (b) en tres meses, despide al menos a 20 trabajadores. La regulación europea exige que la empresa realice consultas con los representantes de los trabajadores, exigencia que en nuestro país se amplía a solicitar autorización a la autoridad laboral de la comunidad autónoma o estatal, lo que obliga a la empresa a acordar el despido y, por tanto, a pagar mayores indemnizaciones.
Vayamos al primer problema de incentivos. En España, además de que cualquier afectado por un ERE percibe prestaciones por desempleo durante 2 años (si ha contribuido durante 6 años) y de que la indemnización está exenta de IRPF, los trabajadores mayores de 52 años que cumplan todos los requisitos para acceder a la pensión contributiva de jubilación salvo la edad, tienen derecho a cobrar el subsidio por desempleo (426 euros mensuales) hasta alcanzar dicha edad. Se trata de sostener la renta de las personas en ese grupo de edades, cuya probabilidad de encontrar otro empleo es baja.
No obstante, el derecho a cobrar el subsidio seguramente lleva a las empresas a despedir a más trabajadores de lo necesario, puesto que el Estado sufraga una parte significativa de los costes. En ocasiones la empresa paga un suplemento al trabajador hasta casi completar su salario anterior, lo que conlleva una pérdida social neta. En el caso del ERE de Telefónica anunciado en abril, el escándalo público por sus actuales elevados beneficios ha llevado al Gobierno a suprimir el incentivo y obligar a la compañía a abonar las prestaciones y subsidios por desempleo que cobren los despedidos hasta su jubilación. No obstante, se trata de un caso especial que, por ejemplo, no se ha dado en el ERE (4.000 trabajadores) del SIP liderado por Caja Madrid y Bancaja o en otras cajas de ahorros.
Costes sociales
Este subsidio sesga además la decisión hacia el despido de los trabajadores mayores de 52 años, cuya temprana retirada del mercado laboral supone un coste social enorme. En este caso, probablemente resultase socialmente mucho más rentable dedicar más recursos a reciclar, vía formación, a esos trabajadores (posiblemente a cambio de una revisión salarial a la baja) y/o incluso elevar las subvenciones existentes a su contratación, antes que prescindir de colectivos con gran experiencia acumulada, además de pagarles prestaciones durante periodos que pueden llegar hasta los 13 años.
Otro asunto llamativo y menos conocido es el recogido en la noticia aparecida en septiembre pasado en Expansión, que dice textualmente:
Los empleados de las empresas afectadas por un ERE pagan por los servicios de asesoría jurídica del sindicato una cantidad fija que oscila entre los 100 y los 400 euros. Además, la organización sindical tiene un ingreso extra: cobra a cada uno de estos trabajadores entre un 10% y un 15% de la cantidad que obtiene como indemnización por encima de los veinte días por año trabajado. (…) Así, desde que comenzó la crisis, los sindicatos se han embolsado –sólo por la parte fija del pago– alrededor de 240 millones de euros (unos 80 millones anuales). (…) ¿Saben los trabajadores afectados por un ERE que una parte de su indemnización va a parar a los sindicatos? Los abogados laboralistas consultados coincidieron en responder que generalmente esto se desconoce. “Teóricamente, cada trabajador debería firmar una hoja de encargo para solicitar los servicios jurídicos del sindicato en cuestión, pero esto en la práctica nunca ocurre”.
En efecto, parece que muchos trabajadores afectados por ERE desconocen que el sindicato les cobrará una comisión. Cuando se enteran no se muestran muy conformes y los tribunales les están dando la razón. Ya hay sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad Valenciana (25/4/2008, comisión del 6% para los trabajadores no afiliados y del 4% para los de afiliación reciente), Cataluña (4/5/2008) y Murcia (5/10/2009, 5% para los no afiliados y 3.5% para los de nueva afiliación) en que se ha condenado a los demandados a devolver las cantidades deducidas a los trabajadores. Así que un primer requisito de eficiencia sería proporcionar mucha más información a los trabajadores afectados sobre este particular. Por cierto, en estos casos la comisión es más baja que la citada en la noticia.
Es comprensible que el sindicato sea remunerado por la asesoría legal que proporciona a los trabajadores no afiliados, pero el sistema actual no es óptimo. Por una parte, al percibir una comisión proporcional a la indemnización, el sindicato tiene incentivos para elevarla al máximo. A modo de ejemplo, suponiendo que los sindicatos percibiesen 150 euros de comisión fija por trabajador y un 5% de los 25 días de salario por año de servicio (45 días – los 20 días del despido por causas económicas), los sindicatos que firmaron el ERE de los 4.000 trabajadores del SIP antes mencionado (bajo el supuesto de un salario medio de 40.000 euros y 28 años de antigüedad) habrían percibido casi 16 m. de euros (*) y, en caso de firmar el ERE de Telefónica, unos 26 m. de euros.
La cifra real quizás sea más baja pero, en cualquier caso, incentiva claramente el aumento de la indemnización muy por encima de la correspondiente a las causas económicas. Ello beneficia en principio al trabajador, pero perjudica mucho a la empresa, que acaba pagando indemnizaciones muy parecidas a las del despido improcedente (45 días de salario por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades, ver esta entrada). El mayor coste del despido reduce la propensión a contratar e incentiva el uso masivo de contratos temporales encadenados, factor determinante de la altísima variabilidad del empleo en nuestro país (casi el doble que en EEUU).
Conflicto de intereses
Por otra parte, hay un claro conflicto de intereses. Si los sindicatos perciben una comisión por trabajador despedido, entonces tienen menos incentivos a reducir el número de afectados. Quizá este conflicto explique lo ocurrido en el citado ERE de Telefónica. La empresa propuso inicialmente despedir a 6.400 trabajadores, pero luego aceptó “la propuesta de los sindicatos mayoritarios de vincular la duración del ERE con la del convenio” y, como resultado, el número de despidos aumentó hasta los 8.500 (un 33% más). Tras imponer el Gobierno que la empresa pagara las prestaciones y subsidios, Telefónica volvió a la inferior cifra inicial de despidos. Todo ello muestra que podría tener sentido que la tarifa tuviera una parte fija que cubriera en promedio anual la mayor parte de los costes de asesoría jurídica en que incurre el sindicato globalmente (no en una empresa) y se eliminara la parte proporcional.
Un punto final se refiere al nivel de la comisión. Los sindicatos se deben a sus afiliados pero son una institución pública que también debe representar los intereses de los no afiliados, en un contexto en que algo más del 85% de los trabajadores se rigen por convenios colectivos frente a menos del 20% de afiliación. Por ello, parece razonable que no repercutan todos los costes de su gestión en los ERE sobre los no afiliados. Hay que tener en cuenta que reciben fondos públicos, por ejemplo para gestionar actividades de formación de los parados, y que está primada su representación en la negociación colectiva y en muchas otras instituciones, como las cajas de ahorros o los consejos económicos y sociales nacional y autonómicos. En este sentido, sería deseable que hubiera un mayor grado de transparencia sobre las fuentes de ingresos sindicales.
(*) La cifra de 16 m. de euros se obtiene de la siguiente operación: 4.000 trabajadores x [150 + 0.05 x (25/365) x 28 x 40.000 euros].
Publicado en El Confidencial (22/06/2011)
Las circunstancias que rodean en España a los despidos colectivos, conocidos como expedientes de regulación de empleo (ERE), plantean serias dudas sobre la eficiencia de los incentivos que rigen las actuaciones de empresas y sindicatos.
Los despidos colectivos tienen una regulación especial si: (a) en un mes, la empresa despide al menos al 10% de sus empleados o al menos a 30 trabajadores si tiene más de 300, o (b) en tres meses, despide al menos a 20 trabajadores. La regulación europea exige que la empresa realice consultas con los representantes de los trabajadores, exigencia que en nuestro país se amplía a solicitar autorización a la autoridad laboral de la comunidad autónoma o estatal, lo que obliga a la empresa a acordar el despido y, por tanto, a pagar mayores indemnizaciones.
Vayamos al primer problema de incentivos. En España, además de que cualquier afectado por un ERE percibe prestaciones por desempleo durante 2 años (si ha contribuido durante 6 años) y de que la indemnización está exenta de IRPF, los trabajadores mayores de 52 años que cumplan todos los requisitos para acceder a la pensión contributiva de jubilación salvo la edad, tienen derecho a cobrar el subsidio por desempleo (426 euros mensuales) hasta alcanzar dicha edad. Se trata de sostener la renta de las personas en ese grupo de edades, cuya probabilidad de encontrar otro empleo es baja.
No obstante, el derecho a cobrar el subsidio seguramente lleva a las empresas a despedir a más trabajadores de lo necesario, puesto que el Estado sufraga una parte significativa de los costes. En ocasiones la empresa paga un suplemento al trabajador hasta casi completar su salario anterior, lo que conlleva una pérdida social neta. En el caso del ERE de Telefónica anunciado en abril, el escándalo público por sus actuales elevados beneficios ha llevado al Gobierno a suprimir el incentivo y obligar a la compañía a abonar las prestaciones y subsidios por desempleo que cobren los despedidos hasta su jubilación. No obstante, se trata de un caso especial que, por ejemplo, no se ha dado en el ERE (4.000 trabajadores) del SIP liderado por Caja Madrid y Bancaja o en otras cajas de ahorros.
Costes sociales
Este subsidio sesga además la decisión hacia el despido de los trabajadores mayores de 52 años, cuya temprana retirada del mercado laboral supone un coste social enorme. En este caso, probablemente resultase socialmente mucho más rentable dedicar más recursos a reciclar, vía formación, a esos trabajadores (posiblemente a cambio de una revisión salarial a la baja) y/o incluso elevar las subvenciones existentes a su contratación, antes que prescindir de colectivos con gran experiencia acumulada, además de pagarles prestaciones durante periodos que pueden llegar hasta los 13 años.
Otro asunto llamativo y menos conocido es el recogido en la noticia aparecida en septiembre pasado en Expansión, que dice textualmente:
Los empleados de las empresas afectadas por un ERE pagan por los servicios de asesoría jurídica del sindicato una cantidad fija que oscila entre los 100 y los 400 euros. Además, la organización sindical tiene un ingreso extra: cobra a cada uno de estos trabajadores entre un 10% y un 15% de la cantidad que obtiene como indemnización por encima de los veinte días por año trabajado. (…) Así, desde que comenzó la crisis, los sindicatos se han embolsado –sólo por la parte fija del pago– alrededor de 240 millones de euros (unos 80 millones anuales). (…) ¿Saben los trabajadores afectados por un ERE que una parte de su indemnización va a parar a los sindicatos? Los abogados laboralistas consultados coincidieron en responder que generalmente esto se desconoce. “Teóricamente, cada trabajador debería firmar una hoja de encargo para solicitar los servicios jurídicos del sindicato en cuestión, pero esto en la práctica nunca ocurre”.
En efecto, parece que muchos trabajadores afectados por ERE desconocen que el sindicato les cobrará una comisión. Cuando se enteran no se muestran muy conformes y los tribunales les están dando la razón. Ya hay sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad Valenciana (25/4/2008, comisión del 6% para los trabajadores no afiliados y del 4% para los de afiliación reciente), Cataluña (4/5/2008) y Murcia (5/10/2009, 5% para los no afiliados y 3.5% para los de nueva afiliación) en que se ha condenado a los demandados a devolver las cantidades deducidas a los trabajadores. Así que un primer requisito de eficiencia sería proporcionar mucha más información a los trabajadores afectados sobre este particular. Por cierto, en estos casos la comisión es más baja que la citada en la noticia.
Es comprensible que el sindicato sea remunerado por la asesoría legal que proporciona a los trabajadores no afiliados, pero el sistema actual no es óptimo. Por una parte, al percibir una comisión proporcional a la indemnización, el sindicato tiene incentivos para elevarla al máximo. A modo de ejemplo, suponiendo que los sindicatos percibiesen 150 euros de comisión fija por trabajador y un 5% de los 25 días de salario por año de servicio (45 días – los 20 días del despido por causas económicas), los sindicatos que firmaron el ERE de los 4.000 trabajadores del SIP antes mencionado (bajo el supuesto de un salario medio de 40.000 euros y 28 años de antigüedad) habrían percibido casi 16 m. de euros (*) y, en caso de firmar el ERE de Telefónica, unos 26 m. de euros.
La cifra real quizás sea más baja pero, en cualquier caso, incentiva claramente el aumento de la indemnización muy por encima de la correspondiente a las causas económicas. Ello beneficia en principio al trabajador, pero perjudica mucho a la empresa, que acaba pagando indemnizaciones muy parecidas a las del despido improcedente (45 días de salario por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades, ver esta entrada). El mayor coste del despido reduce la propensión a contratar e incentiva el uso masivo de contratos temporales encadenados, factor determinante de la altísima variabilidad del empleo en nuestro país (casi el doble que en EEUU).
Conflicto de intereses
Por otra parte, hay un claro conflicto de intereses. Si los sindicatos perciben una comisión por trabajador despedido, entonces tienen menos incentivos a reducir el número de afectados. Quizá este conflicto explique lo ocurrido en el citado ERE de Telefónica. La empresa propuso inicialmente despedir a 6.400 trabajadores, pero luego aceptó “la propuesta de los sindicatos mayoritarios de vincular la duración del ERE con la del convenio” y, como resultado, el número de despidos aumentó hasta los 8.500 (un 33% más). Tras imponer el Gobierno que la empresa pagara las prestaciones y subsidios, Telefónica volvió a la inferior cifra inicial de despidos. Todo ello muestra que podría tener sentido que la tarifa tuviera una parte fija que cubriera en promedio anual la mayor parte de los costes de asesoría jurídica en que incurre el sindicato globalmente (no en una empresa) y se eliminara la parte proporcional.
Un punto final se refiere al nivel de la comisión. Los sindicatos se deben a sus afiliados pero son una institución pública que también debe representar los intereses de los no afiliados, en un contexto en que algo más del 85% de los trabajadores se rigen por convenios colectivos frente a menos del 20% de afiliación. Por ello, parece razonable que no repercutan todos los costes de su gestión en los ERE sobre los no afiliados. Hay que tener en cuenta que reciben fondos públicos, por ejemplo para gestionar actividades de formación de los parados, y que está primada su representación en la negociación colectiva y en muchas otras instituciones, como las cajas de ahorros o los consejos económicos y sociales nacional y autonómicos. En este sentido, sería deseable que hubiera un mayor grado de transparencia sobre las fuentes de ingresos sindicales.
(*) La cifra de 16 m. de euros se obtiene de la siguiente operación: 4.000 trabajadores x [150 + 0.05 x (25/365) x 28 x 40.000 euros].
miércoles, 22 de junio de 2011
La economía de la infelicidad
Por Borja Vilaseca, director del master en Desarrollo Personal y Liderazgo de la Universidad de Barcelona
Publicado en El País (08/05/2011)
La economía no es algo ajeno a nosotros. Los seres humanos formamos parte de ella del mismo modo que los peces forman parte del océano. Tanto es así, que podría describirse como el tablero de juego sobre el que hemos edificado nuestra existencia, y en el que a través del dinero se relacionan e interactúan tres jugadores principales: el sistema monetario, las organizaciones y los seres humanos. Cabe decir que esta partida está regulada por leyes diseñadas por los Estados. Sin embargo, por encima de su influencia, el poder real reside en los ciudadanos: con nuestra manera de ganar dinero (trabajo) y de gastarlo (consumo) moldeamos día a día la forma que toma el sistema.
Más allá de cubrir nuestras necesidades, a lo largo de las últimas décadas nos hemos convencido de que debemos tener deseos y aspiraciones materiales de cuya satisfacción dependa nuestra felicidad. Y no es para menos. En 2010, la inversión publicitaria en España superó los 12.880 millones de euros, según la agencia Infoadex. Así, las empresas se gastaron 280 euros por ciudadano con el objetivo de persuadirnos para comprar sus productos y servicios. Cabe decir que esta inversión multimillonaria promueve unas determinadas creencias, valores y prioridades en nuestro paradigma. Es decir, en nuestra manera de comprender y de vivir la vida. Prueba de ello es el triunfo del hiperconsumismo.
Además, mientras seguimos asfaltando y urbanizando la naturaleza, conviene recordar que la economía creada por la especie humana es un subsistema que está dentro de un sistema mayor: el planeta Tierra, cuya superficie física y recursos naturales son limitados y finitos. De hecho, creer que el crecimiento económico va a resolver nuestros problemas existenciales es como pensar que podemos atravesar un muro de hormigón al volante de un coche pisando a fondo el acelerador.
Sin embargo, hoy en día es común escuchar a políticos, economistas y empresarios afirmar que "el sistema capitalista es el menos malo" de todos los que han existido a lo largo de la historia. Y que "afortunadamente" ya empiezan a verse señales de "recuperación económica". Es decir, que la idea general es seguir creciendo y expandiendo la economía tal y como lo hemos venido haciendo. Es decir, sin tener en cuenta los costes humanos y medioambientales. De lo que se trata es de "superar cuanto antes" el bache provocado por la crisis financiera.
Ante este tipo de declaraciones podemos concluir que como sociedad no estamos aprendiendo nada de lo que esta crisis ha venido a enseñarnos. De ahí que sigamos mirando hacia otro lado, obviando la auténtica raíz del problema. No nos referimos a la guerra, a la pobreza o al hambre que padecen millones de seres humanos en todo el mundo. Ni a la voracidad con la que estamos consumiendo los recursos naturales del planeta. Tampoco estamos hablando del abuso y de la dependencia de los combustibles fósiles -petróleo, carbón y gas natural-, que tanto contaminan la naturaleza. Ni siquiera del calentamiento global. Estos solo son algunos síntomas que ponen de manifiesto el verdadero conflicto de fondo: nuestra propia infelicidad.
Cegados por nuestro afán materialista llevamos una existencia de segunda mano. Parece como si nos hubiéramos olvidado de que estamos vivos y de que la vida es un regalo. Prueba de ello es que el vacío existencial se ha convertido en la enfermedad contemporánea más común. Tanto es así, que lo normal es reconocer que nuestra vida carece de propósito y sentido. Y también que muchos confundan la verdadera felicidad con sucedáneos como el placer, la satisfacción y la euforia que proporcionan el consumo de bienes materiales y el entretenimiento.
La paradoja es que el crecimiento económico que mantiene con vida al sistema se sustenta sobre la insatisfacción crónica de la sociedad. Y la ironía es que cuanto más crece el consumo de antidepresivos como el Prozac o el Tranquimazín, más aumenta la cifra del producto interior bruto. De ahí que no sea descabellado afirmar que el malestar humano promueve bienestar económico.
Frente a este panorama, la pregunta aparece por sí sola: ¿hasta cuándo vamos a posponer lo inevitable? Es hora de mirarnos en el espejo y cuestionar las creencias con las que hemos creado nuestro falso concepto de identidad y sobre las que estamos creando un estilo de vida puramente materialista. Si bien el dinero nos permite llevar una existencia más cómoda y segura, la verdadera felicidad no depende de lo que tenemos y conseguimos, sino de lo que somos. Para empezar a construir una economía que sea cómplice de nuestra felicidad, cada uno de nosotros ha de asumir la responsabilidad de crear valor a través de nuestros valores. Y este aprendizaje pasa por encontrar lo que solemos buscar desesperadamente fuera en el último lugar al que nos han dicho que debemos mirar: dentro de nosotros mismos.
Publicado en El País (08/05/2011)
La economía no es algo ajeno a nosotros. Los seres humanos formamos parte de ella del mismo modo que los peces forman parte del océano. Tanto es así, que podría describirse como el tablero de juego sobre el que hemos edificado nuestra existencia, y en el que a través del dinero se relacionan e interactúan tres jugadores principales: el sistema monetario, las organizaciones y los seres humanos. Cabe decir que esta partida está regulada por leyes diseñadas por los Estados. Sin embargo, por encima de su influencia, el poder real reside en los ciudadanos: con nuestra manera de ganar dinero (trabajo) y de gastarlo (consumo) moldeamos día a día la forma que toma el sistema.
Más allá de cubrir nuestras necesidades, a lo largo de las últimas décadas nos hemos convencido de que debemos tener deseos y aspiraciones materiales de cuya satisfacción dependa nuestra felicidad. Y no es para menos. En 2010, la inversión publicitaria en España superó los 12.880 millones de euros, según la agencia Infoadex. Así, las empresas se gastaron 280 euros por ciudadano con el objetivo de persuadirnos para comprar sus productos y servicios. Cabe decir que esta inversión multimillonaria promueve unas determinadas creencias, valores y prioridades en nuestro paradigma. Es decir, en nuestra manera de comprender y de vivir la vida. Prueba de ello es el triunfo del hiperconsumismo.
Además, mientras seguimos asfaltando y urbanizando la naturaleza, conviene recordar que la economía creada por la especie humana es un subsistema que está dentro de un sistema mayor: el planeta Tierra, cuya superficie física y recursos naturales son limitados y finitos. De hecho, creer que el crecimiento económico va a resolver nuestros problemas existenciales es como pensar que podemos atravesar un muro de hormigón al volante de un coche pisando a fondo el acelerador.
Sin embargo, hoy en día es común escuchar a políticos, economistas y empresarios afirmar que "el sistema capitalista es el menos malo" de todos los que han existido a lo largo de la historia. Y que "afortunadamente" ya empiezan a verse señales de "recuperación económica". Es decir, que la idea general es seguir creciendo y expandiendo la economía tal y como lo hemos venido haciendo. Es decir, sin tener en cuenta los costes humanos y medioambientales. De lo que se trata es de "superar cuanto antes" el bache provocado por la crisis financiera.
Ante este tipo de declaraciones podemos concluir que como sociedad no estamos aprendiendo nada de lo que esta crisis ha venido a enseñarnos. De ahí que sigamos mirando hacia otro lado, obviando la auténtica raíz del problema. No nos referimos a la guerra, a la pobreza o al hambre que padecen millones de seres humanos en todo el mundo. Ni a la voracidad con la que estamos consumiendo los recursos naturales del planeta. Tampoco estamos hablando del abuso y de la dependencia de los combustibles fósiles -petróleo, carbón y gas natural-, que tanto contaminan la naturaleza. Ni siquiera del calentamiento global. Estos solo son algunos síntomas que ponen de manifiesto el verdadero conflicto de fondo: nuestra propia infelicidad.
Cegados por nuestro afán materialista llevamos una existencia de segunda mano. Parece como si nos hubiéramos olvidado de que estamos vivos y de que la vida es un regalo. Prueba de ello es que el vacío existencial se ha convertido en la enfermedad contemporánea más común. Tanto es así, que lo normal es reconocer que nuestra vida carece de propósito y sentido. Y también que muchos confundan la verdadera felicidad con sucedáneos como el placer, la satisfacción y la euforia que proporcionan el consumo de bienes materiales y el entretenimiento.
La paradoja es que el crecimiento económico que mantiene con vida al sistema se sustenta sobre la insatisfacción crónica de la sociedad. Y la ironía es que cuanto más crece el consumo de antidepresivos como el Prozac o el Tranquimazín, más aumenta la cifra del producto interior bruto. De ahí que no sea descabellado afirmar que el malestar humano promueve bienestar económico.
Frente a este panorama, la pregunta aparece por sí sola: ¿hasta cuándo vamos a posponer lo inevitable? Es hora de mirarnos en el espejo y cuestionar las creencias con las que hemos creado nuestro falso concepto de identidad y sobre las que estamos creando un estilo de vida puramente materialista. Si bien el dinero nos permite llevar una existencia más cómoda y segura, la verdadera felicidad no depende de lo que tenemos y conseguimos, sino de lo que somos. Para empezar a construir una economía que sea cómplice de nuestra felicidad, cada uno de nosotros ha de asumir la responsabilidad de crear valor a través de nuestros valores. Y este aprendizaje pasa por encontrar lo que solemos buscar desesperadamente fuera en el último lugar al que nos han dicho que debemos mirar: dentro de nosotros mismos.
El PSOE pide el vot de IU para hacer políticas de derechas
Por Carlos Fonseca
Publicado en El Confidencial (22/06/2011)
El PSOE lleva semanas culpando a IU de permitir que la derecha gobierne en algunos ayuntamientos por no haber votado a sus candidatos ni lo vaya a hacer, y esta es la gorda, en la Junta de Extremadura. Los militantes de la coalición han acordado que sus tres diputados se abstengan en el pleno de investidura, lo que convertirá al popular José Antonio Monago en el nuevo presidente gracias a sus 32 escaños, dos más que los socialistas. Monago gobernará porque ha sido el candidato más votado, y el PSOE haría mejor en buscar las causas de su derrumbe que en criticar a IU por no plegarse a sus intereses. Que pregunte a sus votantes por qué han dejado de serlo.
Marcelino Iglesias, secretario de Organización del PSOE, calificó el lunes de “lamentable” la decisión de IU, a la que ha recordado que “forzar políticas más progresistas, políticas más a la izquierda, no es fácilmente conciliable con apoyar a candidatos de la derecha”. A mí me parece que la decisión de IU de Extremadura es coherente, porque por encima de las siglas están los hechos, y no es de recibo que el PSOE reivindique ahora políticas de izquierda cuando lleva toda la legislatura haciendo políticas de derechas. ¿Por qué tendría IU que apoyarlo?, ¿porque lleva el término “socialista” en sus siglas? Su política económica ha sido neoliberal y no hay razones que justifiquen el respaldo de la coalición.
Los socialistas van a apoyar a UPN en Navarra para que Yolanda Barcina sea la nueva presidenta del gobierno foral, y en Canarias a Paulino Rivero (CC) para que siga al frente del Ejecutivo canario. No se van a abstener, como hará IU en Extremadura, van a votar a dos candidatos de la derecha y, además, van a formar parte de sus gobiernos. Sería clarificador que la Ejecutiva explicara si han adoptado estas decisiones por la coincidencia de programas o para repartirse las canonjías del poder. Y en el País Vasco, junto a Andalucía sus únicos reductos autonómicos, Patxi López es lehendakari gracias al apoyo del PP, pese a haber obtenido 5 escaños menos que el PNV en las autonómicas de 2009.
El presidente Rodríguez Zapatero lleva ocho años gobernando en minoría gracias a su “geometría variable” de pactos, en los que dos partidos de derechas, CiU y PNV, han sido sus aliados preferentes. El PSOE ha ignorado al bloque de izquierdas (IU, ERC y BNG) para negociar, por ejemplo, la reforma laboral o la de las pensiones, y se ha negado a una reforma de la Ley Electoral para que IU, por ejemplo, tenga la representación parlamentaria que le corresponde como tercera fuerza política nacional en número de votos. De eso nada, pero el PSOE reclama sin rubor el apoyo de aquellos a quienes ha ninguneado y despreciado.
El hundimiento electoral del 22 de mayo le ha llevado a convocar una Conferencia Política de la que saldrá su programa para las generales del próximo año. Los barones que dijeron “amen” a las recetas económicas del Gobierno reclaman un giro a la izquierda para recuperar votos, pero callan cuando el presidente Zapatero insiste en seguir con sus reformas neoliberales que han supuesto el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el mayor recorte de derechos de los trabajadores de toda la democracia. ¿Dónde está el giro a la izquierda que defienden? ¿en el futuro programa electoral? Para recuperar el crédito ciudadano hacen falta hechos, no solo promesas.
Mención aparte merece la posición de la dirección federal de IU. Su coordinador general, Cayo Lara, ha amenazado con sanciones a sus compañeros extremeños por negarse a votar al candidato socialista, pese a que él lleva todo la legislatura criticando la política del Gobierno. El líder de IU propone pasar por encima de una decisión que no ha tomado la dirección regional, sino las bases, que, como le ha recordado el coordinador regional, Pedro Escobar, no están solo para pegar carteles y pagar las cuotas.
Si la izquierda sigue defendiendo una política de mínimos, la del mal menor, la de que gobierne el PSOE mejor que el PP, está condenada a desaparecer. Nadie vota a una fuerza subalterna de otra, y esa es la imagen que IU está dando. La izquierda real tiene su espacio en el hartazgo ciudadano hacia una forma de hacer política que fomenta el bipartidismo y reduce su participación a votar cada cuatro años. El Movimiento 15M es un ejemplo de lo que digo.
El único político socialista sensato en este sainete ha sido Guillermo Fernández Vara, el presidente extremeño en funciones, que ha pedido “respeto” para IU porque no es justo cargar en ellos el fracaso propio. Fernández Vara tiene claro que las causas de la derrota hay que buscarlas dentro del partido y no fuera. Lo demás son excusas.
Publicado en El Confidencial (22/06/2011)
El PSOE lleva semanas culpando a IU de permitir que la derecha gobierne en algunos ayuntamientos por no haber votado a sus candidatos ni lo vaya a hacer, y esta es la gorda, en la Junta de Extremadura. Los militantes de la coalición han acordado que sus tres diputados se abstengan en el pleno de investidura, lo que convertirá al popular José Antonio Monago en el nuevo presidente gracias a sus 32 escaños, dos más que los socialistas. Monago gobernará porque ha sido el candidato más votado, y el PSOE haría mejor en buscar las causas de su derrumbe que en criticar a IU por no plegarse a sus intereses. Que pregunte a sus votantes por qué han dejado de serlo.
Marcelino Iglesias, secretario de Organización del PSOE, calificó el lunes de “lamentable” la decisión de IU, a la que ha recordado que “forzar políticas más progresistas, políticas más a la izquierda, no es fácilmente conciliable con apoyar a candidatos de la derecha”. A mí me parece que la decisión de IU de Extremadura es coherente, porque por encima de las siglas están los hechos, y no es de recibo que el PSOE reivindique ahora políticas de izquierda cuando lleva toda la legislatura haciendo políticas de derechas. ¿Por qué tendría IU que apoyarlo?, ¿porque lleva el término “socialista” en sus siglas? Su política económica ha sido neoliberal y no hay razones que justifiquen el respaldo de la coalición.
Los socialistas van a apoyar a UPN en Navarra para que Yolanda Barcina sea la nueva presidenta del gobierno foral, y en Canarias a Paulino Rivero (CC) para que siga al frente del Ejecutivo canario. No se van a abstener, como hará IU en Extremadura, van a votar a dos candidatos de la derecha y, además, van a formar parte de sus gobiernos. Sería clarificador que la Ejecutiva explicara si han adoptado estas decisiones por la coincidencia de programas o para repartirse las canonjías del poder. Y en el País Vasco, junto a Andalucía sus únicos reductos autonómicos, Patxi López es lehendakari gracias al apoyo del PP, pese a haber obtenido 5 escaños menos que el PNV en las autonómicas de 2009.
El presidente Rodríguez Zapatero lleva ocho años gobernando en minoría gracias a su “geometría variable” de pactos, en los que dos partidos de derechas, CiU y PNV, han sido sus aliados preferentes. El PSOE ha ignorado al bloque de izquierdas (IU, ERC y BNG) para negociar, por ejemplo, la reforma laboral o la de las pensiones, y se ha negado a una reforma de la Ley Electoral para que IU, por ejemplo, tenga la representación parlamentaria que le corresponde como tercera fuerza política nacional en número de votos. De eso nada, pero el PSOE reclama sin rubor el apoyo de aquellos a quienes ha ninguneado y despreciado.
El hundimiento electoral del 22 de mayo le ha llevado a convocar una Conferencia Política de la que saldrá su programa para las generales del próximo año. Los barones que dijeron “amen” a las recetas económicas del Gobierno reclaman un giro a la izquierda para recuperar votos, pero callan cuando el presidente Zapatero insiste en seguir con sus reformas neoliberales que han supuesto el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el mayor recorte de derechos de los trabajadores de toda la democracia. ¿Dónde está el giro a la izquierda que defienden? ¿en el futuro programa electoral? Para recuperar el crédito ciudadano hacen falta hechos, no solo promesas.
Mención aparte merece la posición de la dirección federal de IU. Su coordinador general, Cayo Lara, ha amenazado con sanciones a sus compañeros extremeños por negarse a votar al candidato socialista, pese a que él lleva todo la legislatura criticando la política del Gobierno. El líder de IU propone pasar por encima de una decisión que no ha tomado la dirección regional, sino las bases, que, como le ha recordado el coordinador regional, Pedro Escobar, no están solo para pegar carteles y pagar las cuotas.
Si la izquierda sigue defendiendo una política de mínimos, la del mal menor, la de que gobierne el PSOE mejor que el PP, está condenada a desaparecer. Nadie vota a una fuerza subalterna de otra, y esa es la imagen que IU está dando. La izquierda real tiene su espacio en el hartazgo ciudadano hacia una forma de hacer política que fomenta el bipartidismo y reduce su participación a votar cada cuatro años. El Movimiento 15M es un ejemplo de lo que digo.
El único político socialista sensato en este sainete ha sido Guillermo Fernández Vara, el presidente extremeño en funciones, que ha pedido “respeto” para IU porque no es justo cargar en ellos el fracaso propio. Fernández Vara tiene claro que las causas de la derrota hay que buscarlas dentro del partido y no fuera. Lo demás son excusas.
martes, 21 de junio de 2011
Arranca la incierta aventura electoral de Rubalcaba
Por Antonio Casado
Publicado en El Confidencial (21/06/2011)
Con el reparto de papeles decidido en la Ejecutiva Federal la dirección del PSOE avanzó ayer en una de sus dos grandes tareas pendientes: la presentación en sociedad de su candidato a la Moncloa, Pérez Rubalcaba, que se formalizará el próximo 9 de julio. Tarea de carácter orgánico que incluye hoja de ruta y elaboración de programa. La otra es de carácter institucional y pasa por la luz verde del Congreso a los Presupuestos del Estado para 2012 y la culminación del plan de reformas en los mercados nacionales del capital y del trabajo.
Ya conocemos a los primeros compañeros de viaje de Rubalcaba. La actual secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, Elena Valenciano, el vicepresidente de la Fundación Ideas, Jesús Caldera, y la embajadora de España en la OCDE, Cristina Narbona, como coordinadores de la campaña, el programa y la ponencia marco de la conferencia política de septiembre, respectivamente, serán los encargados de aplicar los términos de la difícil ecuación enunciada por Rubalcaba: continuidad y cambio. Ya veremos en qué condiciones afrontarán el reto de hacerlos compatibles: ¿Cómo diferenciarse de Rodríguez Zapatero (cambio) sin renegar de haber sido su escudero hasta cinco minutos antes (continuidad)?
Estar por encima de Zapatero y Rajoy en las escalas de valoración de líderes nacionales puede ser un buen comienzo en la incierta aventura electoral que le espera pero no es suficiente. Rubalcaba necesita un proyecto nuevo que ofrezca algo distinto de lo que se despacha. En este sentido son lógicas las dudas de los votantes propios, ahora hundidos en el desaliento, respecto a la credibilidad de quien ha estado y está comprometido hasta las cejas con las políticas que han ahuyentado a una buena parte del electorado socialista.
Un ejemplo: la nueva normativa sobre contratación colectiva, cabo suelto de la reforma laboral de hace un año, que se tramita como ley en el Congreso. Mal empezaría el intento de recuperar votantes propios si se traslada la impresión de que el Gobierno, cuyo vicepresidente es el aspirante socialista a la Moncloa, abraza las tesis de la patronal en nombre de ese Pacto del Euro denostado por los indignados del 15-M.
La candidatura de Rubalcaba sólo tendrá recorrido si se asienta sobre un proyecto de recuperación de la izquierda, que pasa por redefinirla. O sea, por volver a darle un sentido. Uno de sus referentes aquí y ahora tendría que ser necesariamente la conexión con el espíritu del mentado movimiento urbano que denuncia la corrupción política, pide una democracia más participativa, exige que se aplique el principio de división de poderes y detesta el injusto reparto de los efectos de la crisis.
Si los partidos de izquierda se justifican cuando la confrontación entre capital y trabajo se ha quedado en el desván de la historia será por sus políticas de inclusión social, el acercamiento del gobernante al gobernado y su compromiso contra las malas prácticas. Lo que no tiene ningún sentido es hacer políticas de derechas en nombre de la izquierda, que es lo que ha causado la bancarrota electoral del PSOE en las recientes elecciones territoriales del 22 de mayo.
Publicado en El Confidencial (21/06/2011)
Con el reparto de papeles decidido en la Ejecutiva Federal la dirección del PSOE avanzó ayer en una de sus dos grandes tareas pendientes: la presentación en sociedad de su candidato a la Moncloa, Pérez Rubalcaba, que se formalizará el próximo 9 de julio. Tarea de carácter orgánico que incluye hoja de ruta y elaboración de programa. La otra es de carácter institucional y pasa por la luz verde del Congreso a los Presupuestos del Estado para 2012 y la culminación del plan de reformas en los mercados nacionales del capital y del trabajo.
Ya conocemos a los primeros compañeros de viaje de Rubalcaba. La actual secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, Elena Valenciano, el vicepresidente de la Fundación Ideas, Jesús Caldera, y la embajadora de España en la OCDE, Cristina Narbona, como coordinadores de la campaña, el programa y la ponencia marco de la conferencia política de septiembre, respectivamente, serán los encargados de aplicar los términos de la difícil ecuación enunciada por Rubalcaba: continuidad y cambio. Ya veremos en qué condiciones afrontarán el reto de hacerlos compatibles: ¿Cómo diferenciarse de Rodríguez Zapatero (cambio) sin renegar de haber sido su escudero hasta cinco minutos antes (continuidad)?
Estar por encima de Zapatero y Rajoy en las escalas de valoración de líderes nacionales puede ser un buen comienzo en la incierta aventura electoral que le espera pero no es suficiente. Rubalcaba necesita un proyecto nuevo que ofrezca algo distinto de lo que se despacha. En este sentido son lógicas las dudas de los votantes propios, ahora hundidos en el desaliento, respecto a la credibilidad de quien ha estado y está comprometido hasta las cejas con las políticas que han ahuyentado a una buena parte del electorado socialista.
Un ejemplo: la nueva normativa sobre contratación colectiva, cabo suelto de la reforma laboral de hace un año, que se tramita como ley en el Congreso. Mal empezaría el intento de recuperar votantes propios si se traslada la impresión de que el Gobierno, cuyo vicepresidente es el aspirante socialista a la Moncloa, abraza las tesis de la patronal en nombre de ese Pacto del Euro denostado por los indignados del 15-M.
La candidatura de Rubalcaba sólo tendrá recorrido si se asienta sobre un proyecto de recuperación de la izquierda, que pasa por redefinirla. O sea, por volver a darle un sentido. Uno de sus referentes aquí y ahora tendría que ser necesariamente la conexión con el espíritu del mentado movimiento urbano que denuncia la corrupción política, pide una democracia más participativa, exige que se aplique el principio de división de poderes y detesta el injusto reparto de los efectos de la crisis.
Si los partidos de izquierda se justifican cuando la confrontación entre capital y trabajo se ha quedado en el desván de la historia será por sus políticas de inclusión social, el acercamiento del gobernante al gobernado y su compromiso contra las malas prácticas. Lo que no tiene ningún sentido es hacer políticas de derechas en nombre de la izquierda, que es lo que ha causado la bancarrota electoral del PSOE en las recientes elecciones territoriales del 22 de mayo.
Una crisis que amenaza con pudrirse
Por Jose Luis González Quirós
Publicado en El Confidencial (21/06/2011)
La literatura política ha echado mano de manera muy frecuente de la metáfora de la nave para referirse a los asuntos del Estado, a la deriva de los problemas nacionales. La nave española parece encontrarse ante una serie de amenazas que si no llegan a constituir la tormenta perfecta, tampoco le andan muy lejos. Seguramente lo más peculiar que nos pasa es que se han juntado varias situaciones agónicas, a la vez que hemos debido soportar los efectos de un desgobierno realmente muy pernicioso porque ha jugado con nuestras vidas y haciendas tratando de ahuyentar los peligros con frases pomposas y con acciones ridículas y contraproducentes. Además del castigo que siempre inflige un mal gobierno, sobre todo si es persistente, como es el caso, padecemos, al tiempo y como mínimo, una crisis financiera, una crisis de modelo productivo, una crisis constitucional, y una fortísima crisis de credibilidad, además de un buen número de graves desajustes en asuntos nada menores como la Justicia o la Educación.
Ante un panorama tan sombrío y amenazante, a mucha gente le pasa que no sabe si viene o si va, si ponerse a servir o tomar criada. Les ocurre lo que a los indignados, que saben dónde duele, pero ignoran la causa, y discuten de forma confusa y bastante primitiva, contaminada del voluntarismo poético con el que Zapatero ha deteriorado el ambiente, sobre lo que habría que hacer. En una situación política normal, es evidente que estaríamos a punto de adoptar medidas excepcionales con el apoyo de todos, pero con la política que padecemos eso es hablar de lo excusado.
La solución que debiera imponerse desde un punto de vista lógico, una vez descartado por inimaginable, lo que es tremendo, un pacto de estado en forma de gran coalición, es la convocatoria inmediata de elecciones generales. Es lo que acabará sucediendo, porque apenas queda tiempo útil para otra cosa, pero hay que subrayar que nunca podrán tener el mismo efecto político unas elecciones que se convocasen con gallardía y convicción para pedir al pueblo, incluso con dramatismo, que se pronuncie con claridad sobre las políticas contrapuestas, que unas elecciones a redopelo, que se celebren porque no se pueden evitar.
Como estamos ante este escenario, resultaría verdaderamente preocupante que los fenómenos en que se concreta el clima de rechazo hacia las instituciones se volcasen sobre las elecciones y sobre su vencedor, que se arriesgaría a ganarlas con una notable merma de legitimidad. Es obvio que una manipulación de tal calibre es poco sensata, pero la subversión y la alteración del orden, el clima que precede a las revoluciones, suelen tener poco que ver con la sensatez. Además, a quienes interesa que se generalice el motín, no necesitan que ninguna revolución triunfe; en realidad son tan enemigos de ella como los conservadores más recalcitrantes, porque les basta la serie de beneficios marginales que creen obtener con la crispación, la tensión y el desorden, y no sería la primera vez que usasen este tipo de estratagemas para acrecer una colecta de votos muy mermada.
Como era previsible ante la gravedad del caso, se ha desatado un proceso con características inéditas. Quienes se obstinen en interpretarlo, y en torcerlo, de manera partidista, tratando de poner en aprietos a un PP que es claro favorito para ganar las generales con amplitud, no deberían desechar la verosimilitud del efecto contrario, que el PP aumente sus votos por el miedo que desencadena un proceso de apariencia, al menos, revolucionaria.
Es muy lamentable la devaluación de la democracia que se denuncia por todas partes, porque además es muy injusta, muy poco inteligente. Cualquier persona que no sea ciega e insensible tiene que sentirse dolida con el daño que, por culpa de políticos mediocres y cobardes, se está haciendo a los principios de la democracia liberal por la que siempre han luchado los mejores de entre nosotros y que muchos jóvenes apenas pueden valorar porque, muy equivocadamente, los dan por descontados, ignorando que la libertad siempre está en riesgo y que, como dijo Jiménez Lozano, es una capa muy fina la que siempre separa la civilización de la barbarie. A pesar de todos su feos e ingentes defectos del presente, la democracia ha significado para España una época de progreso y de bienestar, nada común en nuestra historia.
Pase lo que pase, la convocatoria de elecciones tendrá que servir para restaurar la confianza en la democracia y en los valores que la hacen preferible, ahora muy deteriorados, y eso dependerá, sobre todo, de la grandeza de miras y del patriotismo de nuestros líderes, pero también de la inteligencia y el valor de quienes no estamos dispuestos a consentir que esta crisis se pudra, y, con ella, nuestra esperanza, y la de toda una generación que ahora está asustada y desesperada porque no tiene horizonte, porque nadie le ofrece otra cosa que becas inútiles, aplazamientos, subsidios y mentiras.
Publicado en El Confidencial (21/06/2011)
La literatura política ha echado mano de manera muy frecuente de la metáfora de la nave para referirse a los asuntos del Estado, a la deriva de los problemas nacionales. La nave española parece encontrarse ante una serie de amenazas que si no llegan a constituir la tormenta perfecta, tampoco le andan muy lejos. Seguramente lo más peculiar que nos pasa es que se han juntado varias situaciones agónicas, a la vez que hemos debido soportar los efectos de un desgobierno realmente muy pernicioso porque ha jugado con nuestras vidas y haciendas tratando de ahuyentar los peligros con frases pomposas y con acciones ridículas y contraproducentes. Además del castigo que siempre inflige un mal gobierno, sobre todo si es persistente, como es el caso, padecemos, al tiempo y como mínimo, una crisis financiera, una crisis de modelo productivo, una crisis constitucional, y una fortísima crisis de credibilidad, además de un buen número de graves desajustes en asuntos nada menores como la Justicia o la Educación.
Ante un panorama tan sombrío y amenazante, a mucha gente le pasa que no sabe si viene o si va, si ponerse a servir o tomar criada. Les ocurre lo que a los indignados, que saben dónde duele, pero ignoran la causa, y discuten de forma confusa y bastante primitiva, contaminada del voluntarismo poético con el que Zapatero ha deteriorado el ambiente, sobre lo que habría que hacer. En una situación política normal, es evidente que estaríamos a punto de adoptar medidas excepcionales con el apoyo de todos, pero con la política que padecemos eso es hablar de lo excusado.
La solución que debiera imponerse desde un punto de vista lógico, una vez descartado por inimaginable, lo que es tremendo, un pacto de estado en forma de gran coalición, es la convocatoria inmediata de elecciones generales. Es lo que acabará sucediendo, porque apenas queda tiempo útil para otra cosa, pero hay que subrayar que nunca podrán tener el mismo efecto político unas elecciones que se convocasen con gallardía y convicción para pedir al pueblo, incluso con dramatismo, que se pronuncie con claridad sobre las políticas contrapuestas, que unas elecciones a redopelo, que se celebren porque no se pueden evitar.
Como estamos ante este escenario, resultaría verdaderamente preocupante que los fenómenos en que se concreta el clima de rechazo hacia las instituciones se volcasen sobre las elecciones y sobre su vencedor, que se arriesgaría a ganarlas con una notable merma de legitimidad. Es obvio que una manipulación de tal calibre es poco sensata, pero la subversión y la alteración del orden, el clima que precede a las revoluciones, suelen tener poco que ver con la sensatez. Además, a quienes interesa que se generalice el motín, no necesitan que ninguna revolución triunfe; en realidad son tan enemigos de ella como los conservadores más recalcitrantes, porque les basta la serie de beneficios marginales que creen obtener con la crispación, la tensión y el desorden, y no sería la primera vez que usasen este tipo de estratagemas para acrecer una colecta de votos muy mermada.
Como era previsible ante la gravedad del caso, se ha desatado un proceso con características inéditas. Quienes se obstinen en interpretarlo, y en torcerlo, de manera partidista, tratando de poner en aprietos a un PP que es claro favorito para ganar las generales con amplitud, no deberían desechar la verosimilitud del efecto contrario, que el PP aumente sus votos por el miedo que desencadena un proceso de apariencia, al menos, revolucionaria.
Es muy lamentable la devaluación de la democracia que se denuncia por todas partes, porque además es muy injusta, muy poco inteligente. Cualquier persona que no sea ciega e insensible tiene que sentirse dolida con el daño que, por culpa de políticos mediocres y cobardes, se está haciendo a los principios de la democracia liberal por la que siempre han luchado los mejores de entre nosotros y que muchos jóvenes apenas pueden valorar porque, muy equivocadamente, los dan por descontados, ignorando que la libertad siempre está en riesgo y que, como dijo Jiménez Lozano, es una capa muy fina la que siempre separa la civilización de la barbarie. A pesar de todos su feos e ingentes defectos del presente, la democracia ha significado para España una época de progreso y de bienestar, nada común en nuestra historia.
Pase lo que pase, la convocatoria de elecciones tendrá que servir para restaurar la confianza en la democracia y en los valores que la hacen preferible, ahora muy deteriorados, y eso dependerá, sobre todo, de la grandeza de miras y del patriotismo de nuestros líderes, pero también de la inteligencia y el valor de quienes no estamos dispuestos a consentir que esta crisis se pudra, y, con ella, nuestra esperanza, y la de toda una generación que ahora está asustada y desesperada porque no tiene horizonte, porque nadie le ofrece otra cosa que becas inútiles, aplazamientos, subsidios y mentiras.
lunes, 20 de junio de 2011
Verdades como puños en las marchas de los indignados
Por Antonio Casado
Publicado en El Confidencial (20/06/2011)
Las manifestaciones de ayer obligan a volver sobre el asunto. Nada tan importante como el grito del malestar social. Todavía espontáneo, todavía instintivo, sabiendo perfectamente lo que no se quiere aunque sin acabar de concertar lo que se quiere. Sin embargo el coro se va imponiendo a la algarabía. La melodía va tomando forma. Y no es descartable que acabe llevando el título de “Huelga general”.
Contra los designios economicistas que, en colaboración de Gobiernos como el español, cargan sobre las espaldas de los trabajadores los efectos de una crisis no creada por los trabajadores. Pero también contra el narcisismo de una clase política en la que no se reconocen las nuevas generaciones de españoles. Ni los españoles de cualquier edad entre los que ya maduró el descubrimiento: ni con el PSOE ni con el PP sus males tienen remedio. Ambos dedican una mirada distraída a los vicios ocultos del sistema: corrupción, divorcio entre gobernantes y gobernados, malversación del principio de la división de poderes… Y mucha impostura.
Los indignados volvieron a tomar Madrid, con asamblea incluida a última hora junto al kilómetro cero de la Puerta del Sol. En fecunda complicidad con los indignados de otros países (98 manifestaciones en todo el mundo). Contra el Pacto del Euro, ese que habla de productividad por no decir recorte salarial, de flexibilidad por no decir despido, de recortes de gasto público por no decir recortes en el Estado del Bienestar ¿En la estela de la izquierda clásica? Nada de eso. Cristianos, humanistas, ecologistas o simplemente demócratas por convicción, a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se ponen del lado del débil frente al fuerte, del que vive de su trabajo frente al que vive de su capital, del interés general frente al interés particular y de la paz frente a la violencia. Nada que ver con el mito de la sociedad sin clases, el Manifiesto Comunista o la dictadura del proletariado.
Tomar Madrid pacíficamente sin intención de soltarla. Aviso para navegantes y mensaje para quienes creían que lo del 15M sería flor de un día. Si ayer fueron seis columnas de pacíficos manifestantes las que confluyeron en el templo de la representación popular (llegaron lo más cerca del Congreso de los Diputados que se les permitió llegar), el 23 de julio serán otras tantas las se encontrarán en la capital de España después de cubrir sus respectivas rutas desde Valencia, Compostela, Barcelona, Sevilla, etcétera. En sus pancartas, verdades como puños. Unas, de validez universal, como “Esta crisis no la pagamos”, “No seas violento”, “Nuestra indiferencia les hacer fuertes. Indígnate”. Y otras, más de andar por casa, como “Tu Botín es mi crisis”, “Detrás de un político corrupto hay seis tertulianos” o el ya famoso “No hay pan para tanto chorizo”, asociado a la imagen del 15M. Como asociado quedó a la imagen de mayo del 68 aquel “Seamos realistas, pidamos lo imposible”, que en absoluto retrata a los indignados casi medio siglo después.
Todo el repertorio de demandas del 15M encaja en el sistema de pesas y medidas manejado por la clase política. Y, en general, no puede ser más realista. Se equivocarán los políticos españoles si no se las toman en serio en vez de dar lecciones cuando se producen excesos. Soy pesimista al respecto. Los dos políticos que se disputarán la Moncloa dentro de unos meses no son precisamente los más indicados para conectar con el espíritu de dicho movimiento. Demasiado placeados.
Publicado en El Confidencial (20/06/2011)
Las manifestaciones de ayer obligan a volver sobre el asunto. Nada tan importante como el grito del malestar social. Todavía espontáneo, todavía instintivo, sabiendo perfectamente lo que no se quiere aunque sin acabar de concertar lo que se quiere. Sin embargo el coro se va imponiendo a la algarabía. La melodía va tomando forma. Y no es descartable que acabe llevando el título de “Huelga general”.
Contra los designios economicistas que, en colaboración de Gobiernos como el español, cargan sobre las espaldas de los trabajadores los efectos de una crisis no creada por los trabajadores. Pero también contra el narcisismo de una clase política en la que no se reconocen las nuevas generaciones de españoles. Ni los españoles de cualquier edad entre los que ya maduró el descubrimiento: ni con el PSOE ni con el PP sus males tienen remedio. Ambos dedican una mirada distraída a los vicios ocultos del sistema: corrupción, divorcio entre gobernantes y gobernados, malversación del principio de la división de poderes… Y mucha impostura.
Los indignados volvieron a tomar Madrid, con asamblea incluida a última hora junto al kilómetro cero de la Puerta del Sol. En fecunda complicidad con los indignados de otros países (98 manifestaciones en todo el mundo). Contra el Pacto del Euro, ese que habla de productividad por no decir recorte salarial, de flexibilidad por no decir despido, de recortes de gasto público por no decir recortes en el Estado del Bienestar ¿En la estela de la izquierda clásica? Nada de eso. Cristianos, humanistas, ecologistas o simplemente demócratas por convicción, a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se ponen del lado del débil frente al fuerte, del que vive de su trabajo frente al que vive de su capital, del interés general frente al interés particular y de la paz frente a la violencia. Nada que ver con el mito de la sociedad sin clases, el Manifiesto Comunista o la dictadura del proletariado.
Tomar Madrid pacíficamente sin intención de soltarla. Aviso para navegantes y mensaje para quienes creían que lo del 15M sería flor de un día. Si ayer fueron seis columnas de pacíficos manifestantes las que confluyeron en el templo de la representación popular (llegaron lo más cerca del Congreso de los Diputados que se les permitió llegar), el 23 de julio serán otras tantas las se encontrarán en la capital de España después de cubrir sus respectivas rutas desde Valencia, Compostela, Barcelona, Sevilla, etcétera. En sus pancartas, verdades como puños. Unas, de validez universal, como “Esta crisis no la pagamos”, “No seas violento”, “Nuestra indiferencia les hacer fuertes. Indígnate”. Y otras, más de andar por casa, como “Tu Botín es mi crisis”, “Detrás de un político corrupto hay seis tertulianos” o el ya famoso “No hay pan para tanto chorizo”, asociado a la imagen del 15M. Como asociado quedó a la imagen de mayo del 68 aquel “Seamos realistas, pidamos lo imposible”, que en absoluto retrata a los indignados casi medio siglo después.
Todo el repertorio de demandas del 15M encaja en el sistema de pesas y medidas manejado por la clase política. Y, en general, no puede ser más realista. Se equivocarán los políticos españoles si no se las toman en serio en vez de dar lecciones cuando se producen excesos. Soy pesimista al respecto. Los dos políticos que se disputarán la Moncloa dentro de unos meses no son precisamente los más indicados para conectar con el espíritu de dicho movimiento. Demasiado placeados.
El banquero del Titanic
Por Carlos Sánchez
Publicado en El Confidencial (19/06/2011)
La última Memoria de la Fiscalía General del Estado incluye un párrafo esclarecedor. Por no decir aterrador. Se refiere al número de delitos fiscales, y quien redacta el escrito, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de León, muestra su “sorpresa” (sic) porque el año anterior [2009] no se hubiera incoado en toda la provincia “ningún delito contra la Hacienda Pública”.
No es, desde luego, el caso de la provincia de Almería. Allí sucede todo lo contrario, aunque el resultado sea idéntico. Se han detectado, asegura la Fiscalía, numerosos fraudes fiscales, pero el funcionario de turno reconoce la impotencia de los poderes públicos para atajar el problema. La mayoría de los expedientes, sostiene el escrito, “se encuentran paralizados por no poder ser localizado el denunciado”.
Estas revelaciones no tendrían mayor interés -dando por bueno que todos los contribuyentes leoneses sean leales con la Hacienda pública- si no fuera porque en ese mismo periodo de tiempo se multiplicaron en la provincia de adopción de Zapatero (el único leonés nacido en Valladolid) las insolvencias punibles y los delitos societarios debido a la crisis económica, como reconoce la propia Fiscalía. Pelillos a la mar, debió pensar Hacienda. Nada que objetar. Ni un expediente abierto por delito fiscal.
Se supone que con estos antecedentes tampoco extrañaría en su día que la declaración fiscal por IRPF de Jaime Botín correspondiente al año 2009 le hubiera salido “a devolver”. Tal y como señala el Auto de la Audiencia Nacional que ha abierto en canal la credibilidad del sistema fiscal español, convertido en un gigantesco queso de gruyer agujerado por tanta defraudación. El Auto, incluso, desnuda la solvencia de la propia CNMV, incapaz de desvelar el origen de algunas participaciones accionariales sin ponerlas, al menos, en entredicho o bajo sospecha. Ni siquiera las puso en conocimiento de Hacienda.
No es de extrañar, por lo tanto, el malestar de buena parte de la ciudadanía con el pobre funcionamiento de la Hacienda Pública a la hora de combatir el fraude fiscal. Sin duda, por ausencia de medios materiales y humanos, como demuestra este estudio de la OCDE, pero también por falta de determinación política para acabar con tanto engaño. No sólo por la vía penal, sino mediante la eliminación de instrumentos de elusión fiscal que sólo favorecen al defraudador. Es patético, en este sentido, leer en el escrito del juez Andreu las miserias de una Agencia Tributaria que reconoce su inoperancia para atacar estructuras patrimoniales “complejas” mediante la creación de “trust, fundaciones o sociedades de diversa índole”, lo cual pone al Estado de Derecho en una evidente debilidad frente al defraudador. Ni siquiera el Estado, con su legítima capacidad de coacción y su facultad legisladora, es capaz de poner orden en tanta trapacería.
El sistema financiero mundial cayó -entre otras razones- por la creación de instrumentos financieros complejos que no entendían ni quienes los colocaban en los mercados para su negociación; y lo mismo está sucediendo en algunas haciendas públicas. Impotentes e inanes ante una complejidad tributaria diseñada y ejecutada, en muchos casos, por funcionarios que al cabo del tiempo (y en situación de excedencia) se pasan al sector privado con armas y bagajes. Precisamente para hacer inoperantes las propias normas que ellos ayudaron a aprobar.
Como observó alguna vez con amargura el cardenal Richelieu, la historia conoce muchos más ejércitos arruinados por las carencias y el desorden interno, que por la acción de sus enemigos. Y España se suicida con un sistema tributario obsoleto e ineficiente que hace posible que Grecia, un país cercano a la bancarrota y con tipos impositivos menores, recaude cinco puntos más de pib que España (50.000 millones de euros). No es de extrañar, por lo tanto, que las tres cuartas partes de los contribuyentes -última encuesta del Instituto de Estudios Fiscales- piense que el fraude fiscal ha aumentado en la última década. O que casi el 60% opine que existen colectivos que defraudan de forma habitual y continuada. O, incluso, que el 43% de los contribuyentes justifique de alguna manera la conducta defraudadora.
La circunstancia de que el primer banquero del país esté incurso en una de esas investigaciones -derivada, no hay que olvidarlo, de una denuncia de la Hacienda francesa raíz de un chivatazo-, sólo produce, en este sentido, hastío y cansancio en una sociedad que ha dejado de creer en sus instituciones. Pero que, paradójicamente, se ha convertido en rehén de su propia desidia.
El hecho de que algunos sectores sociales reaccionen ahora, tres años después de la crisis, sólo demuestra la falta de respuesta social al desempleo, la clave de bóveda de todos los problemas de la economía española. Incluida la dejadez y hasta la desidia de algunos empresarios -entre ellos Botín- que durante años coquetearon con el poder político en busca de cierta impunidad. Y cuyo patriotismo parece de hojalata.
La patria, como decía Azaña, no es otra cosa que la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y por eso cuando pasan 17 años sin que ricos herederos regularicen una situación fiscal ya de por sí suficientemente ominosa (fuga de capitales), estamos ante un ataque contra la ciudadanía. O contra la patria, como se prefiera. O, incluso, contra el propio deber moral que necesariamente debe iluminar la conducta humana.
Tampoco hay que olvidar, sin embargo, que el Titanic del que habló Zapatero navega a la deriva, y es posible que el capitán Rubalcaba (la información es poder) tenga la tentación de poner en circulación la política del escarmiento público para ganar votos. Sobre todo si los protagonistas son banqueros. Pero una sociedad inteligente es aquella que es capaz de separar el trigo de la paja sin caer, desde luego, en osadas teorías de la conspiración. Hacer un totum revolutum contribuye a hundir a este país un poco más la miseria. Y pensar que todos los banqueros o todos los empresarios son iguales. O que todos los indignados el 15-M son unos violentos y unos desarrapados, no es más que un empobrecimiento intelectual. A cada cual lo suyo. Aunque lo cierto, en todo caso, es que la familia Botín tuvo casi dos décadas para regularizar la situación y no encontró el momento ¿Por qué habrá sido?
Pero repugna, al mismo tiempo, que el ministro Valeriano Gómez, recien salido del Gobierno cuando Zapatero dijo que España tenía el mejor sistema financiero del mundo, sostenga ahora que son los bancos los culpables del paro. Las dos cosas no pueden ser ciertas, y el ministro lo sabe, pero parece que se ha impuesto una deriva populista con tal de intentar ganar las elecciones.
Los banqueros son culpables de muchas cosas. Sobre todo si defraudan a Hacienda, pero el aumento de los desahucios no tiene nada que ver con ellos, hay que vincularlo al crecimiento del desempleo y a una desastrosa política económica. Pero también a la existencia de una Ley Hipotecaria añeja que no entiende fenómenos contemporáneos, y que hace que el riesgo de la inversión crediticia no corra contra la cuenta de resultados de quienes prestan el dinero, los bancos y las cajas de ahorros, sino contra quien recibe el préstamo, lo cual es un auténtico disparate. Es el parlamento, y no los banqueros, quien debe legislar.
Lo malo del caso de la familia Botín es, por lo tanto, la sensación que deja en la opinión pública. Incluso los ciudadanos en teoría mejor vigilados –las 200 fortunas que controla directamente la unidad de grandes contribuyentes- escapan del control de los poderes públicos. Ese es el problema, la sensación –y en algunos casos la certeza- de que la impunidad se filtra por los poros del Estado. Hasta algunos medios de comunicación que presumen de buscar la verdad y combatir la corrupción han acabado por contaminarse y por ser permeables a tanta mezquindad.
Publicado en El Confidencial (19/06/2011)
La última Memoria de la Fiscalía General del Estado incluye un párrafo esclarecedor. Por no decir aterrador. Se refiere al número de delitos fiscales, y quien redacta el escrito, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de León, muestra su “sorpresa” (sic) porque el año anterior [2009] no se hubiera incoado en toda la provincia “ningún delito contra la Hacienda Pública”.
No es, desde luego, el caso de la provincia de Almería. Allí sucede todo lo contrario, aunque el resultado sea idéntico. Se han detectado, asegura la Fiscalía, numerosos fraudes fiscales, pero el funcionario de turno reconoce la impotencia de los poderes públicos para atajar el problema. La mayoría de los expedientes, sostiene el escrito, “se encuentran paralizados por no poder ser localizado el denunciado”.
Estas revelaciones no tendrían mayor interés -dando por bueno que todos los contribuyentes leoneses sean leales con la Hacienda pública- si no fuera porque en ese mismo periodo de tiempo se multiplicaron en la provincia de adopción de Zapatero (el único leonés nacido en Valladolid) las insolvencias punibles y los delitos societarios debido a la crisis económica, como reconoce la propia Fiscalía. Pelillos a la mar, debió pensar Hacienda. Nada que objetar. Ni un expediente abierto por delito fiscal.
Se supone que con estos antecedentes tampoco extrañaría en su día que la declaración fiscal por IRPF de Jaime Botín correspondiente al año 2009 le hubiera salido “a devolver”. Tal y como señala el Auto de la Audiencia Nacional que ha abierto en canal la credibilidad del sistema fiscal español, convertido en un gigantesco queso de gruyer agujerado por tanta defraudación. El Auto, incluso, desnuda la solvencia de la propia CNMV, incapaz de desvelar el origen de algunas participaciones accionariales sin ponerlas, al menos, en entredicho o bajo sospecha. Ni siquiera las puso en conocimiento de Hacienda.
No es de extrañar, por lo tanto, el malestar de buena parte de la ciudadanía con el pobre funcionamiento de la Hacienda Pública a la hora de combatir el fraude fiscal. Sin duda, por ausencia de medios materiales y humanos, como demuestra este estudio de la OCDE, pero también por falta de determinación política para acabar con tanto engaño. No sólo por la vía penal, sino mediante la eliminación de instrumentos de elusión fiscal que sólo favorecen al defraudador. Es patético, en este sentido, leer en el escrito del juez Andreu las miserias de una Agencia Tributaria que reconoce su inoperancia para atacar estructuras patrimoniales “complejas” mediante la creación de “trust, fundaciones o sociedades de diversa índole”, lo cual pone al Estado de Derecho en una evidente debilidad frente al defraudador. Ni siquiera el Estado, con su legítima capacidad de coacción y su facultad legisladora, es capaz de poner orden en tanta trapacería.
El sistema financiero mundial cayó -entre otras razones- por la creación de instrumentos financieros complejos que no entendían ni quienes los colocaban en los mercados para su negociación; y lo mismo está sucediendo en algunas haciendas públicas. Impotentes e inanes ante una complejidad tributaria diseñada y ejecutada, en muchos casos, por funcionarios que al cabo del tiempo (y en situación de excedencia) se pasan al sector privado con armas y bagajes. Precisamente para hacer inoperantes las propias normas que ellos ayudaron a aprobar.
Como observó alguna vez con amargura el cardenal Richelieu, la historia conoce muchos más ejércitos arruinados por las carencias y el desorden interno, que por la acción de sus enemigos. Y España se suicida con un sistema tributario obsoleto e ineficiente que hace posible que Grecia, un país cercano a la bancarrota y con tipos impositivos menores, recaude cinco puntos más de pib que España (50.000 millones de euros). No es de extrañar, por lo tanto, que las tres cuartas partes de los contribuyentes -última encuesta del Instituto de Estudios Fiscales- piense que el fraude fiscal ha aumentado en la última década. O que casi el 60% opine que existen colectivos que defraudan de forma habitual y continuada. O, incluso, que el 43% de los contribuyentes justifique de alguna manera la conducta defraudadora.
La circunstancia de que el primer banquero del país esté incurso en una de esas investigaciones -derivada, no hay que olvidarlo, de una denuncia de la Hacienda francesa raíz de un chivatazo-, sólo produce, en este sentido, hastío y cansancio en una sociedad que ha dejado de creer en sus instituciones. Pero que, paradójicamente, se ha convertido en rehén de su propia desidia.
El hecho de que algunos sectores sociales reaccionen ahora, tres años después de la crisis, sólo demuestra la falta de respuesta social al desempleo, la clave de bóveda de todos los problemas de la economía española. Incluida la dejadez y hasta la desidia de algunos empresarios -entre ellos Botín- que durante años coquetearon con el poder político en busca de cierta impunidad. Y cuyo patriotismo parece de hojalata.
La patria, como decía Azaña, no es otra cosa que la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y por eso cuando pasan 17 años sin que ricos herederos regularicen una situación fiscal ya de por sí suficientemente ominosa (fuga de capitales), estamos ante un ataque contra la ciudadanía. O contra la patria, como se prefiera. O, incluso, contra el propio deber moral que necesariamente debe iluminar la conducta humana.
Tampoco hay que olvidar, sin embargo, que el Titanic del que habló Zapatero navega a la deriva, y es posible que el capitán Rubalcaba (la información es poder) tenga la tentación de poner en circulación la política del escarmiento público para ganar votos. Sobre todo si los protagonistas son banqueros. Pero una sociedad inteligente es aquella que es capaz de separar el trigo de la paja sin caer, desde luego, en osadas teorías de la conspiración. Hacer un totum revolutum contribuye a hundir a este país un poco más la miseria. Y pensar que todos los banqueros o todos los empresarios son iguales. O que todos los indignados el 15-M son unos violentos y unos desarrapados, no es más que un empobrecimiento intelectual. A cada cual lo suyo. Aunque lo cierto, en todo caso, es que la familia Botín tuvo casi dos décadas para regularizar la situación y no encontró el momento ¿Por qué habrá sido?
Pero repugna, al mismo tiempo, que el ministro Valeriano Gómez, recien salido del Gobierno cuando Zapatero dijo que España tenía el mejor sistema financiero del mundo, sostenga ahora que son los bancos los culpables del paro. Las dos cosas no pueden ser ciertas, y el ministro lo sabe, pero parece que se ha impuesto una deriva populista con tal de intentar ganar las elecciones.
Los banqueros son culpables de muchas cosas. Sobre todo si defraudan a Hacienda, pero el aumento de los desahucios no tiene nada que ver con ellos, hay que vincularlo al crecimiento del desempleo y a una desastrosa política económica. Pero también a la existencia de una Ley Hipotecaria añeja que no entiende fenómenos contemporáneos, y que hace que el riesgo de la inversión crediticia no corra contra la cuenta de resultados de quienes prestan el dinero, los bancos y las cajas de ahorros, sino contra quien recibe el préstamo, lo cual es un auténtico disparate. Es el parlamento, y no los banqueros, quien debe legislar.
Lo malo del caso de la familia Botín es, por lo tanto, la sensación que deja en la opinión pública. Incluso los ciudadanos en teoría mejor vigilados –las 200 fortunas que controla directamente la unidad de grandes contribuyentes- escapan del control de los poderes públicos. Ese es el problema, la sensación –y en algunos casos la certeza- de que la impunidad se filtra por los poros del Estado. Hasta algunos medios de comunicación que presumen de buscar la verdad y combatir la corrupción han acabado por contaminarse y por ser permeables a tanta mezquindad.
viernes, 17 de junio de 2011
Indignados que nos indignan y teoría de la conspiración bis
Por Antonio Casado
Publicado en El Confidencial (17/06/2011)
Sin violencia, sin coaccionar a los diputados, sin impedirles celebrar la sesión de investidura. Tarjetas rojas contra los políticos corruptos y pancartas contra los recortes que sólo afectan a los más débiles. Eso ocurrió ayer frente al Parlamento valenciano donde Francisco Camps fue investido de nuevo como presidente del ejecutivo regional.
Peor le fue al Príncipe de Asturias, don Felipe, en la Universidad Autónoma de Madrid, donde fue recibido por una bandera republicana y ruidosamente abucheado por apenas una treintena de estudiantes. Sonrió, saludó, fuese y no hubo nada. Ni la Casa Real ni el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que le acompañaba, y también tuvo que oír lo suyo como gobernante, se han puesto estupendos para dar lecciones de buena conducta a nadie.
Con la perspectiva de las 48 horas transcurridas desde los sucesos de Barcelona y la acumulación de testimonios de condena, se entenderá ya que no se puede generalizar ni construir un discurso denigratorio contra el movimiento del 15-M a partir de acciones puntuales y minoritarias que dañan su imagen y nadie aplaude. No ocurre todos los días y tampoco es tan malo que de vez en cuando a esos señores diputados que se les llena la boca hablando de democracia sientan que no todo es tan apacible como el trabajo en un confortable despacho costeado por los contribuyentes. Si es triste tener que llegar al Parlamento en helicóptero por culpa de unos alborotadores, bastante más triste es hacer cola en un comedor social, perder una vivienda por impago de la hipoteca o viajar hacinado en el metro de Madrid en hora punta.
No saquemos las cosas de quicio. La democracia no se conquista a empujones. Cierto. Pero tampoco se conquista metiendo la mano en la caja común. Los ni-nis del 15-M (ni PSOE ni PP) no son los únicos que pisan las rayas rojas. ¿Vamos a seguir creyendo que llevan en sus mochilas los planos de una conspiración contra la democracia, amparada en la dejación de funciones del ministro del Interior? Es la más tóxica de las hipótesis. Otras son igual de inverosímiles pero más maliciosas. Sugieren una conspiración de cercanías cuyo autor intelectual, o genio tenebroso, no estaría en desiertos lejanos ni en remotas montañas. El objetivo: impedir el retorno del PP al poder, del mismo modo que el 11-M (el jueves de sangre de 2004) se montó para quitárselo. Un colega, Arcadi Espada, ha sentenciado que el 15-M es la única esperanza de remontada electoral que les queda a los socialistas. Aunque el diagnóstico está bien traído sopla a favor de quienes se preguntan a todas horas por qué los indignados no bloquean la Moncloa o se manifiestan ante la sede del PSOE.
La mayoría de colectivos implicados en el movimiento del 15-M han condenado en todos los idiomas el uso de la coacción y la violencia contra los diputados catalanes. La Fiscalía ya ha abierto diligencias contra los detenidos de ayer en Barcelona a la luz del Código Penal (artículos 494 y 498). El ministro Rubalcaba ya ha dicho que no le temblará el pulso con los violentos y será prudente con los pacíficos. El padrino intelectual del movimiento “Indignaos”, Stephane Hessel, condena los sucesos de Barcelona y los califica de “intolerables”, sin dejar de ensalzar a quienes han pasado “de la indiferencia al compromiso” ante una “economía deshumanizada” y “los déficits democráticos de nuestras sociedades”.
Insisto en que las cuadernas del sistema democrático no se van a resentir porque un puñado de muchachos, aunque algunos lo hagan con violencia reprobable, llamen corruptos en plena calle a los políticos, aunque haya bastantes que no lo son.
Publicado en El Confidencial (17/06/2011)
Sin violencia, sin coaccionar a los diputados, sin impedirles celebrar la sesión de investidura. Tarjetas rojas contra los políticos corruptos y pancartas contra los recortes que sólo afectan a los más débiles. Eso ocurrió ayer frente al Parlamento valenciano donde Francisco Camps fue investido de nuevo como presidente del ejecutivo regional.
Peor le fue al Príncipe de Asturias, don Felipe, en la Universidad Autónoma de Madrid, donde fue recibido por una bandera republicana y ruidosamente abucheado por apenas una treintena de estudiantes. Sonrió, saludó, fuese y no hubo nada. Ni la Casa Real ni el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que le acompañaba, y también tuvo que oír lo suyo como gobernante, se han puesto estupendos para dar lecciones de buena conducta a nadie.
Con la perspectiva de las 48 horas transcurridas desde los sucesos de Barcelona y la acumulación de testimonios de condena, se entenderá ya que no se puede generalizar ni construir un discurso denigratorio contra el movimiento del 15-M a partir de acciones puntuales y minoritarias que dañan su imagen y nadie aplaude. No ocurre todos los días y tampoco es tan malo que de vez en cuando a esos señores diputados que se les llena la boca hablando de democracia sientan que no todo es tan apacible como el trabajo en un confortable despacho costeado por los contribuyentes. Si es triste tener que llegar al Parlamento en helicóptero por culpa de unos alborotadores, bastante más triste es hacer cola en un comedor social, perder una vivienda por impago de la hipoteca o viajar hacinado en el metro de Madrid en hora punta.
No saquemos las cosas de quicio. La democracia no se conquista a empujones. Cierto. Pero tampoco se conquista metiendo la mano en la caja común. Los ni-nis del 15-M (ni PSOE ni PP) no son los únicos que pisan las rayas rojas. ¿Vamos a seguir creyendo que llevan en sus mochilas los planos de una conspiración contra la democracia, amparada en la dejación de funciones del ministro del Interior? Es la más tóxica de las hipótesis. Otras son igual de inverosímiles pero más maliciosas. Sugieren una conspiración de cercanías cuyo autor intelectual, o genio tenebroso, no estaría en desiertos lejanos ni en remotas montañas. El objetivo: impedir el retorno del PP al poder, del mismo modo que el 11-M (el jueves de sangre de 2004) se montó para quitárselo. Un colega, Arcadi Espada, ha sentenciado que el 15-M es la única esperanza de remontada electoral que les queda a los socialistas. Aunque el diagnóstico está bien traído sopla a favor de quienes se preguntan a todas horas por qué los indignados no bloquean la Moncloa o se manifiestan ante la sede del PSOE.
La mayoría de colectivos implicados en el movimiento del 15-M han condenado en todos los idiomas el uso de la coacción y la violencia contra los diputados catalanes. La Fiscalía ya ha abierto diligencias contra los detenidos de ayer en Barcelona a la luz del Código Penal (artículos 494 y 498). El ministro Rubalcaba ya ha dicho que no le temblará el pulso con los violentos y será prudente con los pacíficos. El padrino intelectual del movimiento “Indignaos”, Stephane Hessel, condena los sucesos de Barcelona y los califica de “intolerables”, sin dejar de ensalzar a quienes han pasado “de la indiferencia al compromiso” ante una “economía deshumanizada” y “los déficits democráticos de nuestras sociedades”.
Insisto en que las cuadernas del sistema democrático no se van a resentir porque un puñado de muchachos, aunque algunos lo hagan con violencia reprobable, llamen corruptos en plena calle a los políticos, aunque haya bastantes que no lo son.
martes, 14 de junio de 2011
Elecciones, ya
Publicado en El Confidencial (14/06/2011)
Es una obviedad que no hay democracia sin soberanía popular. Y sólo este principio debería ser suficiente para convencer al presidente del Gobierno de la necesidad de convocar elecciones lo antes posible. Por supuesto, sin esperar a la llegada del otoño.
Se equivoca el jefe del Ejecutivo si piensa que las elecciones del 22-M significaron una simple derrota del PSOE derivada de la crisis económica. Los resultados ponen de manifiesto que el ciclo político de Rodríguez Zapatero se ha agotado, y esta realidad evidente no tiene nada que ver con una visión apriorística de carácter ideológico al margen de hechos probados. Se ha manifestado con toda crudeza tras las elecciones municipales y autonómicas, y hasta en la propia incapacidad del PSOE para convocar unas elecciones primarias.
Cuando un presidente del Gobierno recibe tal varapalo de los electores, sólo caben dos opciones: el camino de las urnas o la presentación de una cuestión de confianza ante el parlamento. Como establece, por cierto, el artículo 112 de la Constitución. Y la segunda de las opciones la ha desechado Zapatero.
El último episodio de este desgaste del Gobierno tiene que ver con la dimisión en bloque de tres magistrados del Constitucional. Un hecho que sólo tiene un precedente: la salida antes de tiempo de Manuel García Pelayo como presidente del TC. Estamos, por lo tanto, ante un escenario prácticamente inédito que simboliza el grado de descomposición de la vida política española. Cuando los dos principales partidos no se ponen de acuerdo sobre la renovación de las altas instituciones del Estado es que el sistema está agujereado. E incluso noqueado tras la legalización de Bildu, que no significa otra cosa que tirar por la borda una década de política antiterrorista.
No es el momento de buscar culpables sobre las dimisiones en el TC, pero lo que está fuera de toda duda es que así no se puede seguir gobernando un país ni un día más. Y menos con un presidente en retirada que además tiene pendiente de hacer una crisis de Gobierno para sustituir al candidato Rubalcaba. Y que para más inri ha convertido el poder legislativo en una cámara que simplemente convalida los textos que le remite el Consejo de Ministros, pero sin iniciativa propia. No se puede gobernar a golpe de Real Decreto-ley, como hace este Gobierno.
La crisis económica y las renovadas presiones sobre la deuda pública española son, en este sentido, el corolario lógico a la debilidad política del Gobierno, que está utilizando los minutos basura de su mandato no para hacer reformas económicas de calado, como cabría esperar, sino para abonar el terreno electoral al ministro del Interior.
Un Gobierno inane
Se trata de un error de indudable transcendencia que sólo emponzoñará un poco más la vida política española y empobrecerá al país. El aumento del diferencial con Alemania, el incremento del desempleo, los problemas para elegir a los consejeros y presidentes de algunos órganos reguladores, la sangría de las cuentas públicas y el previsible retraso del proceso de reestructuración del sistema financiero por las dudas sobre la economía española, no son más que la consecuencia lógica de un Gobierno inane que ya sólo lucha por sobrevivir a cualquier precio. Y cuyos actos los están pagando los agentes económicos privados.
Es ridículo pensar que el Ejecutivo tiene fuerza suficiente para agotar la legislatura. Máxime cuando carece de impulso y potencia política para controlar el gasto autonómico. Sobre todo después de esa reforma de la Constitución por la puerta de atrás que significó el Estatuto de Cataluña. Ni las comunidades autónomas del PP ni, por supuesto, las del PSOE o de CiU tienen incentivo alguno para endurecer su política fiscal con unas elecciones a la vista. El Gobierno no está en condiciones de imponer nada. Sólo este argumento debería ser suficiente para adelantar las elecciones sin esperar un minuto.
Una dilación injustificada sólo dañará a la economía. Algo extraordinariamente grave en un país con casi cinco millones de parados. Como decía un catedrático de Derecho Político hace muchos años, estamos ante un fallo del sistema político “multiorgánico” que sólo se podrá superar con elecciones. Ya
Es una obviedad que no hay democracia sin soberanía popular. Y sólo este principio debería ser suficiente para convencer al presidente del Gobierno de la necesidad de convocar elecciones lo antes posible. Por supuesto, sin esperar a la llegada del otoño.
Se equivoca el jefe del Ejecutivo si piensa que las elecciones del 22-M significaron una simple derrota del PSOE derivada de la crisis económica. Los resultados ponen de manifiesto que el ciclo político de Rodríguez Zapatero se ha agotado, y esta realidad evidente no tiene nada que ver con una visión apriorística de carácter ideológico al margen de hechos probados. Se ha manifestado con toda crudeza tras las elecciones municipales y autonómicas, y hasta en la propia incapacidad del PSOE para convocar unas elecciones primarias.
Cuando un presidente del Gobierno recibe tal varapalo de los electores, sólo caben dos opciones: el camino de las urnas o la presentación de una cuestión de confianza ante el parlamento. Como establece, por cierto, el artículo 112 de la Constitución. Y la segunda de las opciones la ha desechado Zapatero.
El último episodio de este desgaste del Gobierno tiene que ver con la dimisión en bloque de tres magistrados del Constitucional. Un hecho que sólo tiene un precedente: la salida antes de tiempo de Manuel García Pelayo como presidente del TC. Estamos, por lo tanto, ante un escenario prácticamente inédito que simboliza el grado de descomposición de la vida política española. Cuando los dos principales partidos no se ponen de acuerdo sobre la renovación de las altas instituciones del Estado es que el sistema está agujereado. E incluso noqueado tras la legalización de Bildu, que no significa otra cosa que tirar por la borda una década de política antiterrorista.
No es el momento de buscar culpables sobre las dimisiones en el TC, pero lo que está fuera de toda duda es que así no se puede seguir gobernando un país ni un día más. Y menos con un presidente en retirada que además tiene pendiente de hacer una crisis de Gobierno para sustituir al candidato Rubalcaba. Y que para más inri ha convertido el poder legislativo en una cámara que simplemente convalida los textos que le remite el Consejo de Ministros, pero sin iniciativa propia. No se puede gobernar a golpe de Real Decreto-ley, como hace este Gobierno.
La crisis económica y las renovadas presiones sobre la deuda pública española son, en este sentido, el corolario lógico a la debilidad política del Gobierno, que está utilizando los minutos basura de su mandato no para hacer reformas económicas de calado, como cabría esperar, sino para abonar el terreno electoral al ministro del Interior.
Un Gobierno inane
Se trata de un error de indudable transcendencia que sólo emponzoñará un poco más la vida política española y empobrecerá al país. El aumento del diferencial con Alemania, el incremento del desempleo, los problemas para elegir a los consejeros y presidentes de algunos órganos reguladores, la sangría de las cuentas públicas y el previsible retraso del proceso de reestructuración del sistema financiero por las dudas sobre la economía española, no son más que la consecuencia lógica de un Gobierno inane que ya sólo lucha por sobrevivir a cualquier precio. Y cuyos actos los están pagando los agentes económicos privados.
Es ridículo pensar que el Ejecutivo tiene fuerza suficiente para agotar la legislatura. Máxime cuando carece de impulso y potencia política para controlar el gasto autonómico. Sobre todo después de esa reforma de la Constitución por la puerta de atrás que significó el Estatuto de Cataluña. Ni las comunidades autónomas del PP ni, por supuesto, las del PSOE o de CiU tienen incentivo alguno para endurecer su política fiscal con unas elecciones a la vista. El Gobierno no está en condiciones de imponer nada. Sólo este argumento debería ser suficiente para adelantar las elecciones sin esperar un minuto.
Una dilación injustificada sólo dañará a la economía. Algo extraordinariamente grave en un país con casi cinco millones de parados. Como decía un catedrático de Derecho Político hace muchos años, estamos ante un fallo del sistema político “multiorgánico” que sólo se podrá superar con elecciones. Ya
La renuncia es denuncia: el TC no cumple la Constitución
Por Antonio Casado
Publicado en El Confidencial (14/06/2011)
Fue en una reunión del Consejo de Estado celebrada el jueves 12 de mayo. Aunque el orden del día anunciaba el preceptivo informe sobre la Ley de Comunicaciones se improvisó un homenaje al recientemente fallecido, Jerónimo Arozamena, que el actual presidente del Consejo, Francisco Rubio Llorente, acabó convirtiendo en un homenaje al primer Tribunal Constitucional. Como si con Arozamena, que fue vicepresidente del alto tribunal (1980-1986) al igual que Rubio Llorente, también hubiera muerto el espíritu fundacional del mismo.
Me cuenta uno de los presentes que tanto Rubio Llorente como Luis Díez Picazo, que había tomado la palabra anteriormente para recordar a Arozamena, se mostraron nostálgicos de aquel primer Tribunal Constitucional sin dejar de mirar al actual presidente del mismo, Pascual Sala, que asistía a la reunión. Especialmente cuando se recordó que entonces los magistrados fueron capaces de rechazar al candidato propuesto por los partidos políticos para ejercer la presidencia.
Esa es la clave de las renuncias unilaterales presentadas ayer por el vicepresidente, Eugenio Gay, y los magistrados Elisa Pérez Vera y Javier Delgado. Su renuncia es denuncia. La dimisión no ha sido aceptada pero nos quedamos con la copla. Una rebelión contra la autoridad del Congreso, al que le corresponde elegir a los cuatro nuevos magistrados para sustituir a quienes agotaron su mandato hace seis meses (los tres citados y el fallecido García Calvo). Una reprimenda a la Cámara Baja por incumplir sus deberes constitucionales y burlarse descaradamente del espíritu y la letra de las leyes en materia de renovación de los órganos del Estado.
Ahí está la parte pedagógica del episodio. Si no sirve de nada el persistente clamor contra un Tribunal Constitucional parcialmente caducado (cuatro años llevamos así, aunque ahora la caducidad sólo afectaba a los cuatros antedichos), espero que sirva la espantada de los propios magistrados. La espantada es el mensaje: contra un Tribunal Constitucional que no cumple la Constitución. Parece una aberración pero encaja absolutamente en la realidad. Cierto. El alto tribunal no cumple la Constitución, al menos en lo que se refiere a su renovación, perfectamente tasada en el artículo 159.3 de la Carta Magna: “Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres”.
Pues esto se lo pasan por el arco del triunfo los dos principales partidos políticos a partir de las reyertas menores sobre la personalidad de tal o cual candidato que la contraparte rechaza. En este caso, como se sabe, la renovación está empantanada porque los socialistas no aceptan la propuesta de Enrique López, una de las dos que ha de formular el PP en el marco de la obligación que este partido tiene de entenderse con el PSOE porque la Constitución impone la elección por una mayoría de tres quintos en la Cámara.
Y a causa del desencuentro, la casa sin barrer, incluidas otras renovaciones pendientes, como el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, por ejemplo. Hasta que los propios magistrados han tirado por la calle del medio. Para vergüenza de los dos grandes partidos, nada ejemplares a la hora de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Mire usted por donde, los tres magistrados que ayer presentaron su dimisión podrían incorporarse con toda propiedad al batallón de los indignados. Sin violencia, por supuesto.
Publicado en El Confidencial (14/06/2011)
Fue en una reunión del Consejo de Estado celebrada el jueves 12 de mayo. Aunque el orden del día anunciaba el preceptivo informe sobre la Ley de Comunicaciones se improvisó un homenaje al recientemente fallecido, Jerónimo Arozamena, que el actual presidente del Consejo, Francisco Rubio Llorente, acabó convirtiendo en un homenaje al primer Tribunal Constitucional. Como si con Arozamena, que fue vicepresidente del alto tribunal (1980-1986) al igual que Rubio Llorente, también hubiera muerto el espíritu fundacional del mismo.
Me cuenta uno de los presentes que tanto Rubio Llorente como Luis Díez Picazo, que había tomado la palabra anteriormente para recordar a Arozamena, se mostraron nostálgicos de aquel primer Tribunal Constitucional sin dejar de mirar al actual presidente del mismo, Pascual Sala, que asistía a la reunión. Especialmente cuando se recordó que entonces los magistrados fueron capaces de rechazar al candidato propuesto por los partidos políticos para ejercer la presidencia.
Esa es la clave de las renuncias unilaterales presentadas ayer por el vicepresidente, Eugenio Gay, y los magistrados Elisa Pérez Vera y Javier Delgado. Su renuncia es denuncia. La dimisión no ha sido aceptada pero nos quedamos con la copla. Una rebelión contra la autoridad del Congreso, al que le corresponde elegir a los cuatro nuevos magistrados para sustituir a quienes agotaron su mandato hace seis meses (los tres citados y el fallecido García Calvo). Una reprimenda a la Cámara Baja por incumplir sus deberes constitucionales y burlarse descaradamente del espíritu y la letra de las leyes en materia de renovación de los órganos del Estado.
Ahí está la parte pedagógica del episodio. Si no sirve de nada el persistente clamor contra un Tribunal Constitucional parcialmente caducado (cuatro años llevamos así, aunque ahora la caducidad sólo afectaba a los cuatros antedichos), espero que sirva la espantada de los propios magistrados. La espantada es el mensaje: contra un Tribunal Constitucional que no cumple la Constitución. Parece una aberración pero encaja absolutamente en la realidad. Cierto. El alto tribunal no cumple la Constitución, al menos en lo que se refiere a su renovación, perfectamente tasada en el artículo 159.3 de la Carta Magna: “Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres”.
Pues esto se lo pasan por el arco del triunfo los dos principales partidos políticos a partir de las reyertas menores sobre la personalidad de tal o cual candidato que la contraparte rechaza. En este caso, como se sabe, la renovación está empantanada porque los socialistas no aceptan la propuesta de Enrique López, una de las dos que ha de formular el PP en el marco de la obligación que este partido tiene de entenderse con el PSOE porque la Constitución impone la elección por una mayoría de tres quintos en la Cámara.
Y a causa del desencuentro, la casa sin barrer, incluidas otras renovaciones pendientes, como el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, por ejemplo. Hasta que los propios magistrados han tirado por la calle del medio. Para vergüenza de los dos grandes partidos, nada ejemplares a la hora de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Mire usted por donde, los tres magistrados que ayer presentaron su dimisión podrían incorporarse con toda propiedad al batallón de los indignados. Sin violencia, por supuesto.
lunes, 13 de junio de 2011
El poder regional: mucho ruido financiero pero pocos proyectos estratégicos
Por Ignacio J. Domingo
Publicado en El Confidencial (13/06/2011)
La resaca postelectoral del 22-M ha dado paso a un nuevo orden autonómico y municipal en España. Un proceso de renovación de parlamentos y gobiernos regionales, por un lado, y de plenos y corporaciones locales, por otro, en el que no han faltado ruidos de sables políticos. Casi todos ellos, a cuenta de las cuentas públicas, de las carencias financieras, del rampante endeudamiento, de la morosidad o del retraso en el pago de facturas a proveedores y, en general, de las dificultades que tendrán los nuevos responsables autonómicos y municipales para cuadrar los presupuestos y contener el déficit. Sin embargo, este exceso de verborrea en torno a la falta de recursos de ambas administraciones choca con la ausencia casi total de proyectos estratégicos dentro de los programas electorales de los candidatos. Esas ideas que deberían estar en las agendas de presidentes regionales y alcaldes para captar el interés del sector privado, atraer capital o, incluso, crear o, en su caso, consolidar planes de actuación concretos que sirvan para generar prosperidad, calidad de vida y estimular la producción y el empleo.
La caída de los ingresos y las dificultades de liquidez de las arcas municipales y regionales no son un obstáculo genuinamente español. Más bien al contrario, resulta una constante en todas las latitudes del mundo; en especial, en las naciones industrializadas, que están atravesando sus propios desiertos financieros. Por ejemplo, en Estados Unidos. Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Rating, el triunvirato de agencias de calificación, han rebajado paulatina y constantemente, en los últimos meses, las calificaciones sobre los bonos de no pocos Estados y de una larga treintena de ciudades norteamericanas ante el elevado nivel de endeudamiento y los riesgos que comportan las carencias de financiación de este año.
La Fundación PEW Center of the States también ha dado la señal de alerta. Al inicio de 2010, el agujero presupuestario de los Estados de la Unión sobrepasaba los 1,26 billones de dólares -cifra algo inferior al PIB español- y nada menos que 31 de ellos -fundamentalmente del interior del país- no están en condiciones de sufragar el 80% de sus sistemas de pensiones. Al mismo tiempo, hace dos semanas Moody’s puso en cuarentena la nota de una docena de ciudades japonesas. Otro botón de muestra de la encerrona de liquidez -merma de recursos por la caída de ingresos tributarios y sequía crediticia con alza de morosidad- que asola a las administraciones más cercanas al ciudadano.
Hechos diferenciales de España
Pero España parece tener en este terreno un hecho diferencial. No sólo por las decenas de casos de corrupción urbanística vinculados al ámbito regional y municipal, por el suspenso del Consejo de Europa a la falta de transparencia de las administraciones españolas y, en especial, al nexo que une la opacidad de las ayudas locales con la oscura financiación de los partidos políticos, o por el hecho de que la clase política sea el segundo foco de mayor preocupación social tras el desempleo y la economía. También porque desde el mapa autonómico y municipal español sólo surgen quejas financieras, sin prestar atención a la efectividad que puede llegar a tener programas locales de estímulo para generar prosperidad en épocas de crisis como la actual. Un desafío que puede ser sinónimo de éxito, tal y como lo atestigua un reciente diagnóstico de la consultora Brookings, que repasa el distinto comportamiento que han tenido las 100 mayores urbes estadounidenses en 2010.
Según MetroMonitor, que combina cuatro parámetros -comparación del ratio de empleo, tasa de desempleo, producción económica e índice de precios de la vivienda desde su cota más alta (en casi todos los casos, de diciembre de 2007) con el último mes del pasado año-, destaca las 20 áreas metropolitanas que han ganado en fortaleza y, en consecuencia, se han recuperado de los número rojos, de las 20 que han tenido mayores problemas para salir de la recesión. Entre las pioneras en sacar músculo económico y de empleo destacan Washington DC; San Antonio; Pittsburg o Dallas, gracias a planes industriales y empresariales y a las políticas activas de sus autoridades locales. Mientras entre las más rezagadas cita a Miami, Las Vegas, Detroit o Chicago, entre otras. Casi todas ellas, aún asoladas por sus negocios tradicionales, sumergidos, además, en lo más hondo de la crisis. Miami y el sector inmobiliario o Detroit y la industria automovilística son dos buenas pruebas de ello.
El cuadro coyuntural de los municipios americanos no difiere mucho del español. El estudio de Brookings refleja que, al término de 2010, estas 100 ciudades mantenían un descenso del empleo público del 60%, aunque ya 49 de ellas estaban en la senda de la creación de puestos de trabajo e, incluso, 14 de ellas rubricaron tres meses consecutivos de reducción de la tasa de paro. Los municipios más dinámicos en la salida de la crisis americana han apostado por áreas productivas tecnológicas o de energías verdes, fundamentalmente. Un reto que está encima de la mesa del deseado y largamente esperado cambio de patrón de crecimiento español pero que, en la escala regional y municipal española, sigue brillando por su ausencia. A pesar de proyectos emblemáticos, pero aún poco representativos del tránsito hacia la nueva economía, como la Ciudad de la Energía, en Ponferrada (León) -con presupuesto estatal- o la apuesta de Málaga por convertirse en el Sillicon Valley de España y por cubrir el déficit de centro tecnológico en el sur de Europa que no deja de pregonar el Ejecutivo comunitario desde el comienzo de la Agenda de Lisboa, allá por el año 2000.
Ofertas de las metrópolis del futuro
La importancia de trasladar a lo local planes estratégicos de dimensión global no es un capricho pasajero, sino que pone a prueba la propia supervivencia futura de las ciudades. Estudios como el de PriceWaterhouseCoopers (Cities of Opportunity) son un buen barómetro de la trascendencia de este desafío. Su ránking, de 26 grandes capitales del mundo, entra a valorar la proyección de las mismas a partir de indicadores como el capital intelectual y la innovación, la preparación tecnológica, las infraestructuras, la influencia económica, sostenibilidad (consumo de energías renovables) o la demografía y la habitabilidad. En el informe de 2011, Madrid irrumpe por primera vez en el puesto número 15, con buenas calificaciones en transportes y poder financiero, pero con notas rezagadas en I+D+i o medioambiente. Nueva York encabeza, un año más, la clasificación pero, como se encarga de advertir el propio análisis de la consultora, su liderazgo está cada vez más amenazado por cuatro beta cities –Toronto, San Francisco, Estocolmo y Sydney, que destacan en los parámetros tecnológicos, de innovación, habitabilidad y sostenibilidad energética-, precisamente las lagunas programáticas de los partidos políticos españoles en el ámbito local.
Para más inri, otras prospecciones de futuro, como la de la consultora McKinsey, alertan de los cambios fulgurantes que se aprestan a vivir las grandes ciudades a medio plazo. Los expertos de McKinsey describe el siguiente salto urbano. En la actualidad, las 600 mayores metrópolis del mundo acogen a 1.500 millones de personas, el 22% de la población del planeta; producen 30 billones de dólares -algo más de la mitad del PIB global- y disponen de 485 millones de viviendas, con una renta per cápita media de 20.000 dólares. Pero, en 2025, esas mismas ciudades pasarán a albergar 2.000 millones de personas (el 25% de la demografía); acumularán 64 billones de riqueza (el 60% del PIB) y tendrán 735 millones de inmuebles, con un valor per cápita de 32.000 dólares.
El espejo de los länders alemanes
En el orden autonómico, el cuadro de mando español tampoco es demasiado halagüeño. Las tensiones entre el Gobierno central y los ejecutivos regionales a cuenta del déficit excesivo de alguna de ellas -diez comunidades reclaman al Ministerio de Hacienda más de 5.400 millones de euros, mientras Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía llevan al Ejecutivo de Zapatero a los tribunales anticipos del fondo de convergencia y Cataluña reivindica 1.450 millones para realizar su contribución a la reducción del desequilibrio presupuestario-, resultan inimaginables en Alemania. Entre otras razones, afirma Frank Zipfel, analista de Deutsche Bank, porque, “pese a la autonomía que la Constitución germana confiere a los länder y municipios en materia económica”, la propia Carta Magna alemana consagra también el principio de “integración financiera”, lo cual implica, de facto, “importantes manifestaciones de solidaridad entre las cuentas federales, regionales y locales”.
Zipfel aclara que los pagos directos entre administraciones han fluido de manera habitual desde 1959. Y que, hasta 1994, fecha en la que esta figura de la solidaridad financiera empieza a operar con los länders y municipios del Este tras la reunificación del país, totalizaron al menos 43.000 millones de euros. Desde 1995, este sistema se ha intensificado hasta alcanzar, al término de 2009, los 107.000 millones de euros, lo que supone una factura de solidaridad de 150.000 millones desde 1950. Berlin, con 39.400 millones; Sajonia; Sajonia-Anhalt y Turingia, han sido los mayores receptores de fondos de solidaridad alemana desde la reunificación; mientras, los tradicionales contribuyente netos, en este periodo, han sido Baviera, Baden-Wuerttemberg, Hesse y Hamburgo.
Publicado en El Confidencial (13/06/2011)
La resaca postelectoral del 22-M ha dado paso a un nuevo orden autonómico y municipal en España. Un proceso de renovación de parlamentos y gobiernos regionales, por un lado, y de plenos y corporaciones locales, por otro, en el que no han faltado ruidos de sables políticos. Casi todos ellos, a cuenta de las cuentas públicas, de las carencias financieras, del rampante endeudamiento, de la morosidad o del retraso en el pago de facturas a proveedores y, en general, de las dificultades que tendrán los nuevos responsables autonómicos y municipales para cuadrar los presupuestos y contener el déficit. Sin embargo, este exceso de verborrea en torno a la falta de recursos de ambas administraciones choca con la ausencia casi total de proyectos estratégicos dentro de los programas electorales de los candidatos. Esas ideas que deberían estar en las agendas de presidentes regionales y alcaldes para captar el interés del sector privado, atraer capital o, incluso, crear o, en su caso, consolidar planes de actuación concretos que sirvan para generar prosperidad, calidad de vida y estimular la producción y el empleo.
La caída de los ingresos y las dificultades de liquidez de las arcas municipales y regionales no son un obstáculo genuinamente español. Más bien al contrario, resulta una constante en todas las latitudes del mundo; en especial, en las naciones industrializadas, que están atravesando sus propios desiertos financieros. Por ejemplo, en Estados Unidos. Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Rating, el triunvirato de agencias de calificación, han rebajado paulatina y constantemente, en los últimos meses, las calificaciones sobre los bonos de no pocos Estados y de una larga treintena de ciudades norteamericanas ante el elevado nivel de endeudamiento y los riesgos que comportan las carencias de financiación de este año.
La Fundación PEW Center of the States también ha dado la señal de alerta. Al inicio de 2010, el agujero presupuestario de los Estados de la Unión sobrepasaba los 1,26 billones de dólares -cifra algo inferior al PIB español- y nada menos que 31 de ellos -fundamentalmente del interior del país- no están en condiciones de sufragar el 80% de sus sistemas de pensiones. Al mismo tiempo, hace dos semanas Moody’s puso en cuarentena la nota de una docena de ciudades japonesas. Otro botón de muestra de la encerrona de liquidez -merma de recursos por la caída de ingresos tributarios y sequía crediticia con alza de morosidad- que asola a las administraciones más cercanas al ciudadano.
Hechos diferenciales de España
Pero España parece tener en este terreno un hecho diferencial. No sólo por las decenas de casos de corrupción urbanística vinculados al ámbito regional y municipal, por el suspenso del Consejo de Europa a la falta de transparencia de las administraciones españolas y, en especial, al nexo que une la opacidad de las ayudas locales con la oscura financiación de los partidos políticos, o por el hecho de que la clase política sea el segundo foco de mayor preocupación social tras el desempleo y la economía. También porque desde el mapa autonómico y municipal español sólo surgen quejas financieras, sin prestar atención a la efectividad que puede llegar a tener programas locales de estímulo para generar prosperidad en épocas de crisis como la actual. Un desafío que puede ser sinónimo de éxito, tal y como lo atestigua un reciente diagnóstico de la consultora Brookings, que repasa el distinto comportamiento que han tenido las 100 mayores urbes estadounidenses en 2010.
Según MetroMonitor, que combina cuatro parámetros -comparación del ratio de empleo, tasa de desempleo, producción económica e índice de precios de la vivienda desde su cota más alta (en casi todos los casos, de diciembre de 2007) con el último mes del pasado año-, destaca las 20 áreas metropolitanas que han ganado en fortaleza y, en consecuencia, se han recuperado de los número rojos, de las 20 que han tenido mayores problemas para salir de la recesión. Entre las pioneras en sacar músculo económico y de empleo destacan Washington DC; San Antonio; Pittsburg o Dallas, gracias a planes industriales y empresariales y a las políticas activas de sus autoridades locales. Mientras entre las más rezagadas cita a Miami, Las Vegas, Detroit o Chicago, entre otras. Casi todas ellas, aún asoladas por sus negocios tradicionales, sumergidos, además, en lo más hondo de la crisis. Miami y el sector inmobiliario o Detroit y la industria automovilística son dos buenas pruebas de ello.
El cuadro coyuntural de los municipios americanos no difiere mucho del español. El estudio de Brookings refleja que, al término de 2010, estas 100 ciudades mantenían un descenso del empleo público del 60%, aunque ya 49 de ellas estaban en la senda de la creación de puestos de trabajo e, incluso, 14 de ellas rubricaron tres meses consecutivos de reducción de la tasa de paro. Los municipios más dinámicos en la salida de la crisis americana han apostado por áreas productivas tecnológicas o de energías verdes, fundamentalmente. Un reto que está encima de la mesa del deseado y largamente esperado cambio de patrón de crecimiento español pero que, en la escala regional y municipal española, sigue brillando por su ausencia. A pesar de proyectos emblemáticos, pero aún poco representativos del tránsito hacia la nueva economía, como la Ciudad de la Energía, en Ponferrada (León) -con presupuesto estatal- o la apuesta de Málaga por convertirse en el Sillicon Valley de España y por cubrir el déficit de centro tecnológico en el sur de Europa que no deja de pregonar el Ejecutivo comunitario desde el comienzo de la Agenda de Lisboa, allá por el año 2000.
Ofertas de las metrópolis del futuro
La importancia de trasladar a lo local planes estratégicos de dimensión global no es un capricho pasajero, sino que pone a prueba la propia supervivencia futura de las ciudades. Estudios como el de PriceWaterhouseCoopers (Cities of Opportunity) son un buen barómetro de la trascendencia de este desafío. Su ránking, de 26 grandes capitales del mundo, entra a valorar la proyección de las mismas a partir de indicadores como el capital intelectual y la innovación, la preparación tecnológica, las infraestructuras, la influencia económica, sostenibilidad (consumo de energías renovables) o la demografía y la habitabilidad. En el informe de 2011, Madrid irrumpe por primera vez en el puesto número 15, con buenas calificaciones en transportes y poder financiero, pero con notas rezagadas en I+D+i o medioambiente. Nueva York encabeza, un año más, la clasificación pero, como se encarga de advertir el propio análisis de la consultora, su liderazgo está cada vez más amenazado por cuatro beta cities –Toronto, San Francisco, Estocolmo y Sydney, que destacan en los parámetros tecnológicos, de innovación, habitabilidad y sostenibilidad energética-, precisamente las lagunas programáticas de los partidos políticos españoles en el ámbito local.
Para más inri, otras prospecciones de futuro, como la de la consultora McKinsey, alertan de los cambios fulgurantes que se aprestan a vivir las grandes ciudades a medio plazo. Los expertos de McKinsey describe el siguiente salto urbano. En la actualidad, las 600 mayores metrópolis del mundo acogen a 1.500 millones de personas, el 22% de la población del planeta; producen 30 billones de dólares -algo más de la mitad del PIB global- y disponen de 485 millones de viviendas, con una renta per cápita media de 20.000 dólares. Pero, en 2025, esas mismas ciudades pasarán a albergar 2.000 millones de personas (el 25% de la demografía); acumularán 64 billones de riqueza (el 60% del PIB) y tendrán 735 millones de inmuebles, con un valor per cápita de 32.000 dólares.
El espejo de los länders alemanes
En el orden autonómico, el cuadro de mando español tampoco es demasiado halagüeño. Las tensiones entre el Gobierno central y los ejecutivos regionales a cuenta del déficit excesivo de alguna de ellas -diez comunidades reclaman al Ministerio de Hacienda más de 5.400 millones de euros, mientras Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía llevan al Ejecutivo de Zapatero a los tribunales anticipos del fondo de convergencia y Cataluña reivindica 1.450 millones para realizar su contribución a la reducción del desequilibrio presupuestario-, resultan inimaginables en Alemania. Entre otras razones, afirma Frank Zipfel, analista de Deutsche Bank, porque, “pese a la autonomía que la Constitución germana confiere a los länder y municipios en materia económica”, la propia Carta Magna alemana consagra también el principio de “integración financiera”, lo cual implica, de facto, “importantes manifestaciones de solidaridad entre las cuentas federales, regionales y locales”.
Zipfel aclara que los pagos directos entre administraciones han fluido de manera habitual desde 1959. Y que, hasta 1994, fecha en la que esta figura de la solidaridad financiera empieza a operar con los länders y municipios del Este tras la reunificación del país, totalizaron al menos 43.000 millones de euros. Desde 1995, este sistema se ha intensificado hasta alcanzar, al término de 2009, los 107.000 millones de euros, lo que supone una factura de solidaridad de 150.000 millones desde 1950. Berlin, con 39.400 millones; Sajonia; Sajonia-Anhalt y Turingia, han sido los mayores receptores de fondos de solidaridad alemana desde la reunificación; mientras, los tradicionales contribuyente netos, en este periodo, han sido Baviera, Baden-Wuerttemberg, Hesse y Hamburgo.
¿Pero cuánto va a durar aún esta crisis?
Por Marc Garrigasait
Publicado en Cotizalia (13/06/2011)
Esta es la pregunta del millón de dólares o mas bien del billón de dólares, ¿estamos ya cerca de salir de la esta profunda crisis que nos ha atropellado a prácticamente todas las economías occidentales-avanzadas del planeta, y al mismo tiempo, y que en menor medida también afectó a las economías emergentes, aunque estas ya hace muchos meses se recuperaron?
Cuando analizo datos macroeconómicos históricos del último siglo, siempre de los Estados Unidos, ya que es el único país del mundo con estadísticas históricas completas de todo el siglo XX, siempre extraigo la conclusión que solo la gran crisis de los años 30, con la gran depresión, es comparable a la crisis actual.
De hecho, la crisis actual es quizás las mas terrible en términos de creación de empleo y paro registrado, con España con el record mundial de tasas de paro del 20% de la población activa y de un terrible 40% en la población joven, o con Estados Unidos con la menor creación de empleo post-recesiones de los últimos 50 años.
Opinar sin datos de cuanto tiempo nos queda aún de crisis, es como opinar de fútbol en un bar. Y en estos temas el mayor experto mundial son la pareja de economistas Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart, autores de diversos estudios y del mejor libro de la historia sobre crisis económicas de países, el famoso This time is diferent.
En uno de los análisis que más pueden interesarnos, Rogoff y Reinhart, calculan los datos de todas y cada una de las crisis económicas en cualquier país del mundo tras una gran crisis bancaria. Como ya escribí, las crisis económicas tras una crisis bancaria, son siempre las mas largas y profundas. Es muy lógico, cuando en una recesión los bancos no tienen problemas graves, enseguida vuelven a conceder créditos y la economía se puede recuperar más rápido.
En dos cuadros clarividentes que expuse este pasado viernes en el Financial Congress en Bilbao, muestran las medias históricas de la duración en las crisis en la historia, en términos de duración y caídas de precios en el sector inmobiliario y bursátil.
Vamos primero con el comportamiento de los precios inmobiliarios. Analizando las 21 crisis económicas profundas con crisis bancaria incluida, Rogoff y Reinhart calculan que la caída media de los precios de la vivienda es de un 35,5%, con una duración total de 6 años (ver aquí el cuadro completo). Estas 21 crisis históricas van desde la de crisis asiática en Hong Kong que se inicia en 1997, la peor de todas con caídas del 54% en solo 5 años, o la de Colombia en 1998 con un 50% de caídas desde máximos durante 5 años y medio. O por ejemplo se incluye la crisis de Noruega de 1899, con caídas del 22% en unos 6 años.
En Estados Unidos la caída acumulada actual del precio de la vivienda desde máximos es del 33%, en términos nominales, según el índice Case-Shiller, con una duración de unos 5 años desde 2006.
Por tanto en términos de caída de los precios en USA, no parece muy lejos de los mínimos si teneos en cuenta la historia. No podemos decir lo mismo de otros mercados inmobiliarios como el español.
En términos de las caídas bursátiles históricas, las caídas medias históricas de las bolsas en crisis similares son del -55,9% en 3,4 años de duración (ver aquí el cuadro con todos los datos). En términos bursátiles quizás este estudio es más complejo de interpretar ya que las caídas desde máximos fueron superiores al 50% en 2009, pero a la fecha actual, los niveles de los índices bursátiles en los estados Unidos están ya otra vez cerca de máximos.
En mi opinión aunque los precios inmobiliarios en USA parecen ya cerca de mínimos, que no los españoles, la crisis económica en los países occidentales no parece aún finalizada. La virulencia de esta crisis es mucho mayor a la media en base a muchos indicadores. Y hemos de tener en cuenta que la recuperación conseguida en 2009 y 2010, ha sido exclusivamente por inyecciones artificiales por parte de los bancos centrales y gobiernos, lo que además ha aumentado sobremanera el endeudamiento público, reduciendo las posibilidades de más inyecciones futuras. El proceso de desapalancamiento privado en la mayoría de economías occidentales, en mi opinión continuará imposibilitando cualquier crecimiento significativo en los próximos años en los países europeos y anglosajones.
Pero como decía Abraham Lincoln "I will prepare myself and the opportunity will come", cada individuo, cada familia, cada negocio, por pequeño que sea, cada organización, debemos prepararnos para cuando lleguen las oportunidades, cuanto mas lo hayamos hecho, mejor nos irá el futuro y sin duda triunfaremos. El que se quede lamentándose siempre de los problemas del día a día, no se dará cuenta, y al llegar los tiempos mejores estará con el pie cambiado y le adelantará todo el mundo por la derecha y por la izquierda
Solo los perdedores se quejan que el mundo les va en contra y justifican su mala situación, cada día de su vida culpando al resto del mundo.
Publicado en Cotizalia (13/06/2011)
Esta es la pregunta del millón de dólares o mas bien del billón de dólares, ¿estamos ya cerca de salir de la esta profunda crisis que nos ha atropellado a prácticamente todas las economías occidentales-avanzadas del planeta, y al mismo tiempo, y que en menor medida también afectó a las economías emergentes, aunque estas ya hace muchos meses se recuperaron?
Cuando analizo datos macroeconómicos históricos del último siglo, siempre de los Estados Unidos, ya que es el único país del mundo con estadísticas históricas completas de todo el siglo XX, siempre extraigo la conclusión que solo la gran crisis de los años 30, con la gran depresión, es comparable a la crisis actual.
De hecho, la crisis actual es quizás las mas terrible en términos de creación de empleo y paro registrado, con España con el record mundial de tasas de paro del 20% de la población activa y de un terrible 40% en la población joven, o con Estados Unidos con la menor creación de empleo post-recesiones de los últimos 50 años.
Opinar sin datos de cuanto tiempo nos queda aún de crisis, es como opinar de fútbol en un bar. Y en estos temas el mayor experto mundial son la pareja de economistas Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart, autores de diversos estudios y del mejor libro de la historia sobre crisis económicas de países, el famoso This time is diferent.
En uno de los análisis que más pueden interesarnos, Rogoff y Reinhart, calculan los datos de todas y cada una de las crisis económicas en cualquier país del mundo tras una gran crisis bancaria. Como ya escribí, las crisis económicas tras una crisis bancaria, son siempre las mas largas y profundas. Es muy lógico, cuando en una recesión los bancos no tienen problemas graves, enseguida vuelven a conceder créditos y la economía se puede recuperar más rápido.
En dos cuadros clarividentes que expuse este pasado viernes en el Financial Congress en Bilbao, muestran las medias históricas de la duración en las crisis en la historia, en términos de duración y caídas de precios en el sector inmobiliario y bursátil.
Vamos primero con el comportamiento de los precios inmobiliarios. Analizando las 21 crisis económicas profundas con crisis bancaria incluida, Rogoff y Reinhart calculan que la caída media de los precios de la vivienda es de un 35,5%, con una duración total de 6 años (ver aquí el cuadro completo). Estas 21 crisis históricas van desde la de crisis asiática en Hong Kong que se inicia en 1997, la peor de todas con caídas del 54% en solo 5 años, o la de Colombia en 1998 con un 50% de caídas desde máximos durante 5 años y medio. O por ejemplo se incluye la crisis de Noruega de 1899, con caídas del 22% en unos 6 años.
En Estados Unidos la caída acumulada actual del precio de la vivienda desde máximos es del 33%, en términos nominales, según el índice Case-Shiller, con una duración de unos 5 años desde 2006.
Por tanto en términos de caída de los precios en USA, no parece muy lejos de los mínimos si teneos en cuenta la historia. No podemos decir lo mismo de otros mercados inmobiliarios como el español.
En términos de las caídas bursátiles históricas, las caídas medias históricas de las bolsas en crisis similares son del -55,9% en 3,4 años de duración (ver aquí el cuadro con todos los datos). En términos bursátiles quizás este estudio es más complejo de interpretar ya que las caídas desde máximos fueron superiores al 50% en 2009, pero a la fecha actual, los niveles de los índices bursátiles en los estados Unidos están ya otra vez cerca de máximos.
En mi opinión aunque los precios inmobiliarios en USA parecen ya cerca de mínimos, que no los españoles, la crisis económica en los países occidentales no parece aún finalizada. La virulencia de esta crisis es mucho mayor a la media en base a muchos indicadores. Y hemos de tener en cuenta que la recuperación conseguida en 2009 y 2010, ha sido exclusivamente por inyecciones artificiales por parte de los bancos centrales y gobiernos, lo que además ha aumentado sobremanera el endeudamiento público, reduciendo las posibilidades de más inyecciones futuras. El proceso de desapalancamiento privado en la mayoría de economías occidentales, en mi opinión continuará imposibilitando cualquier crecimiento significativo en los próximos años en los países europeos y anglosajones.
Pero como decía Abraham Lincoln "I will prepare myself and the opportunity will come", cada individuo, cada familia, cada negocio, por pequeño que sea, cada organización, debemos prepararnos para cuando lleguen las oportunidades, cuanto mas lo hayamos hecho, mejor nos irá el futuro y sin duda triunfaremos. El que se quede lamentándose siempre de los problemas del día a día, no se dará cuenta, y al llegar los tiempos mejores estará con el pie cambiado y le adelantará todo el mundo por la derecha y por la izquierda
Solo los perdedores se quejan que el mundo les va en contra y justifican su mala situación, cada día de su vida culpando al resto del mundo.
jueves, 9 de junio de 2011
Un pacto de Estado necesario que no llegará
Por Melchor Miralles
Publicado en El Confidencial (09/06/2011)
Desde que se consumó la debacle socialista en las urnas municipales y autonómicas, los decibelios de la batalla entre PP y PSOE a costa de las cuentas públicas de ayuntamientos, comunidades y Estado están al límite. Bruselas entra de nuevo en escena y sugiere que subamos los impuestos al consumo. Bildu, envalentonados a su estilo, van de amenaza en amenaza hasta la victoria final. En Valencia, Camps anuncia un contrato multimillonario para la Fórmula 1. En Castilla La Mancha, las trituradoras de papel están ardiendo y va Marcelino Iglesias y dice que se trata de documentos personales; si es así, ¿por qué no se los llevan a sus casas?, y, además, ¿qué hacían tantos documentos personales en los despachos?, ¿a qué se dedicaban esos altos cargos? El Gobierno prepara un decretazo light que va a cabrear más aún a todas las partes. Las cajas siguen en apuros. Los del 15-M empiezan a parecer una caricatura... y los cuarteles generales de los partidos preparan ya el Debate del estado de la Nación para el 28 y 29 de este mes. Lo único evidente es que el estado es lamentable, que la Nación está hecha unos zorros y que los paganos de este desastre somos todos.
Ante este panorama, creo de verdad que el Debate de fin de mes, habitualmente poco útil, podría servir este año, si nuestros políticos tuvieran altura de miras para alcanzar un gran pacto de Estado (con mayúscula); abandonar actitudes escatimosas y tomar decisiones que nos permitan salir de esta esclerosis; ganarle la batalla a la crisis tomando decisiones sensatas para salir de ella; comenzar a ganarle de verdad la batalla al desempleo; adoptar medidas drásticas para el control del déficit nacional, autonómico y local; afrontar una reforma del mercado laboral que todos saben imprescindible; poner patas arriba nuestro sistema financiero; colocar las primeras piedras de la regeneración democrática; adoptar medidas concretas practicas y de obligado cumplimiento en la lucha contra la corrupción y el despilfarro...
No va a suceder, pero no está de más, creo yo, reclamarlo por más que quede como una voz en el desierto. Le podría permitir al presidente José Luis Rodríguez Zapatero afrontar el final de su legislatura con una limpieza de su imagen insuperablemente deteriorada. Le sería útil a Alfredo para afrontar la carrera electoral alejado de su papel de conspirador y permanente derrotado en sus batallas internas. El PP podría alardear de haber aparcado esa imagen de cri-ti-ca-lo-to-do-pa-se-lo-que-pa-se en beneficio del interés general y daría un paso rentable para ellos con la vista puesta en las cuentas que previsiblemente tendrán que gestionar a partir de 2012, como muy tarde. Rajoy reforzaría su imagen de hombre sensato y podría darle un empujón a una imagen que no termina de consolidarse. Los partidos minoritarios tendrían la oportunidad de jugar un papel relevante en una cuestión de interés general y podrían sumarse a una foto útil que los ciudadanos agradecerían. Un gran pacto de Estado para sacar a España del agujero y espantar del todo el fantasma de una intervención supondría además un espaldarazo ante la opinión pública a una casta política cuyo desprestigio no cesa.
Pero no. El Gobierno y el PSOE, tienen claro que no adelantan las elecciones ni por el forro porque andan encelados en tratar de armar una candidatura en torno a Alfredo que haga posible una derrota que no sea por mayoría absoluta del PP y ya andan negociando con PNV y CiU un posible Gobierno tripartito, persiguiendo equivocadamente un final de ETA que no se va a producir, desgraciadamente, y tratando ahora de hacer creer que todo el problema de España está en esas autonomías que gobernará mayoritariamente el PP, a quienes va a colocar todas las chinitas que encuentre en el camino. Los populares empiezan a tener dudas de que la victoria vaya a ser por mayoría absoluta, aunque las encuestas así lo digan. Saben que si es así podrían no poder gobernar aunque sean la lista más votada y están en el discurso de que al enemigo ni agua, y a por ellos que son pocos y cobardes. Los nacionalistas están a lo suyo, como siempre, tratando de buscar su sitio, negociando con unos y otros, colocando una vela a Dios y otra al diablo. IU buscando aún su sitio para salir de la marginalidad. UPyD como esperanza blanca, tratando de consolidar en las Generales los buenos datos de algunas autonomías y ayuntamientos.
Y nosotros, los ciudadanos, a verlas venir. Por más que sea evidente, más allá de las ideologías, que hay un desencanto generalizado, que hay coincidencia en que es necesario hacer algo, que podríamos empezar a ganarle la batalla a la crisis y ganaríamos nueve meses que se presentan tediosos en esta política del "y tu más" y del "quítate tú que me pongo yo" que tanto hastío genera y que tanta desafección hacia los políticos provoca. Es su responsabilidad. Ellos sabrán lo que hacen. Yo tengo claro que es en las grandes crisis, en los grandes momentos, cuando son necesarios los grandes políticos capaces de anteponer los intereses generales a los particulares o partidistas. Es en las grandes crisis cuando se consagran los políticos que pueden pasar a la Historia. Pues eso. Que seguiremos igual, y por lo tanto, peor.
Publicado en El Confidencial (09/06/2011)
Desde que se consumó la debacle socialista en las urnas municipales y autonómicas, los decibelios de la batalla entre PP y PSOE a costa de las cuentas públicas de ayuntamientos, comunidades y Estado están al límite. Bruselas entra de nuevo en escena y sugiere que subamos los impuestos al consumo. Bildu, envalentonados a su estilo, van de amenaza en amenaza hasta la victoria final. En Valencia, Camps anuncia un contrato multimillonario para la Fórmula 1. En Castilla La Mancha, las trituradoras de papel están ardiendo y va Marcelino Iglesias y dice que se trata de documentos personales; si es así, ¿por qué no se los llevan a sus casas?, y, además, ¿qué hacían tantos documentos personales en los despachos?, ¿a qué se dedicaban esos altos cargos? El Gobierno prepara un decretazo light que va a cabrear más aún a todas las partes. Las cajas siguen en apuros. Los del 15-M empiezan a parecer una caricatura... y los cuarteles generales de los partidos preparan ya el Debate del estado de la Nación para el 28 y 29 de este mes. Lo único evidente es que el estado es lamentable, que la Nación está hecha unos zorros y que los paganos de este desastre somos todos.
Ante este panorama, creo de verdad que el Debate de fin de mes, habitualmente poco útil, podría servir este año, si nuestros políticos tuvieran altura de miras para alcanzar un gran pacto de Estado (con mayúscula); abandonar actitudes escatimosas y tomar decisiones que nos permitan salir de esta esclerosis; ganarle la batalla a la crisis tomando decisiones sensatas para salir de ella; comenzar a ganarle de verdad la batalla al desempleo; adoptar medidas drásticas para el control del déficit nacional, autonómico y local; afrontar una reforma del mercado laboral que todos saben imprescindible; poner patas arriba nuestro sistema financiero; colocar las primeras piedras de la regeneración democrática; adoptar medidas concretas practicas y de obligado cumplimiento en la lucha contra la corrupción y el despilfarro...
No va a suceder, pero no está de más, creo yo, reclamarlo por más que quede como una voz en el desierto. Le podría permitir al presidente José Luis Rodríguez Zapatero afrontar el final de su legislatura con una limpieza de su imagen insuperablemente deteriorada. Le sería útil a Alfredo para afrontar la carrera electoral alejado de su papel de conspirador y permanente derrotado en sus batallas internas. El PP podría alardear de haber aparcado esa imagen de cri-ti-ca-lo-to-do-pa-se-lo-que-pa-se en beneficio del interés general y daría un paso rentable para ellos con la vista puesta en las cuentas que previsiblemente tendrán que gestionar a partir de 2012, como muy tarde. Rajoy reforzaría su imagen de hombre sensato y podría darle un empujón a una imagen que no termina de consolidarse. Los partidos minoritarios tendrían la oportunidad de jugar un papel relevante en una cuestión de interés general y podrían sumarse a una foto útil que los ciudadanos agradecerían. Un gran pacto de Estado para sacar a España del agujero y espantar del todo el fantasma de una intervención supondría además un espaldarazo ante la opinión pública a una casta política cuyo desprestigio no cesa.
Pero no. El Gobierno y el PSOE, tienen claro que no adelantan las elecciones ni por el forro porque andan encelados en tratar de armar una candidatura en torno a Alfredo que haga posible una derrota que no sea por mayoría absoluta del PP y ya andan negociando con PNV y CiU un posible Gobierno tripartito, persiguiendo equivocadamente un final de ETA que no se va a producir, desgraciadamente, y tratando ahora de hacer creer que todo el problema de España está en esas autonomías que gobernará mayoritariamente el PP, a quienes va a colocar todas las chinitas que encuentre en el camino. Los populares empiezan a tener dudas de que la victoria vaya a ser por mayoría absoluta, aunque las encuestas así lo digan. Saben que si es así podrían no poder gobernar aunque sean la lista más votada y están en el discurso de que al enemigo ni agua, y a por ellos que son pocos y cobardes. Los nacionalistas están a lo suyo, como siempre, tratando de buscar su sitio, negociando con unos y otros, colocando una vela a Dios y otra al diablo. IU buscando aún su sitio para salir de la marginalidad. UPyD como esperanza blanca, tratando de consolidar en las Generales los buenos datos de algunas autonomías y ayuntamientos.
Y nosotros, los ciudadanos, a verlas venir. Por más que sea evidente, más allá de las ideologías, que hay un desencanto generalizado, que hay coincidencia en que es necesario hacer algo, que podríamos empezar a ganarle la batalla a la crisis y ganaríamos nueve meses que se presentan tediosos en esta política del "y tu más" y del "quítate tú que me pongo yo" que tanto hastío genera y que tanta desafección hacia los políticos provoca. Es su responsabilidad. Ellos sabrán lo que hacen. Yo tengo claro que es en las grandes crisis, en los grandes momentos, cuando son necesarios los grandes políticos capaces de anteponer los intereses generales a los particulares o partidistas. Es en las grandes crisis cuando se consagran los políticos que pueden pasar a la Historia. Pues eso. Que seguiremos igual, y por lo tanto, peor.
miércoles, 8 de junio de 2011
¿Escucharán Rajoy y Rubalcaba el grito de los indignados?
Por Antonio Casado
Publicado por El Confidencial (08/06/2011)
Aparecen los primeros síntomas de disgregación entre los indignados que acampan en las glorietas de España. En las muy mermadas “asambleas” ya no se discute sobre política de becas, reforma de la ley electoral o referéndum monarquía-república, sino sobre el modo de poner fin a las acampadas sin claudicar. Tratan de encontrar la forma de darle continuidad a la revuelta y me parece bien.
Al tiempo crece otro tipo de indignación. La de quienes desde determinadas posiciones políticas, adivinen cuáles, les afean la conducta y reclaman el desalojo policial. “Acabo de pasar por Sol y el olor era nauseabundo”, decía ayer una señora en la tele, nada partidaria de la movida, mientras que los oficiantes arremetían contra la desidia del Gobierno de Rodríguez Zapatero por su incapacidad de hacer cumplir la ley.
En la crecida parroquia de la derecha los acampados no tienen buena prensa, para qué vamos a engañarnos. Y regalan las excusas, mejor que mejor. Esa es la hazaña de los acampados de Murcia: asaltar un hipermercado y llevarse sin pagar comida para “los más necesitados”. Hazaña frustrada, claro. Entre otras cosas porque los clientes habituales se pusieron del lado de la Policía, como hicieron los intelectuales en la Comuna de Paris.
No es esto, no es esto, que diría un orteguiano. Correcto. Pero tampoco es cosa de endosar la revuelta de los indignados a una especie de infantilismo revolucionario de cercanías. O peor, a “una bacanal de golfos andrajosos movidos por la locura senil de escritores sin talento”, como dice mi amigo Raúl del Pozo al recordar el dictamen de la historia sobre los procesos asamblearios que en el mundo han sido.
El abajo firmante siempre ha sostenido la importancia del aldabonazo que desde el malestar social se inició al grito de “Democracia real, ya” el pasado 15 de mayo. No por el eventual valor programático de una asamblea a la intemperie sino como aviso para navegantes de la vida pública y, más concretamente, de una clase política considerada por la ciudadanía como el tercer problema nacional.
En términos de regeneración del sistema y sus servidores, entre los que sobra opacidad y falta frescura, esa es la semilla que debería crecer en el espíritu y la letra de nuestros gobernantes. Malas noticias al respecto. No es precisamente frescura lo que venden quienes abanderan la lucha por el poder en nombre de sus respectivos grupos políticos. Demasiado toreados, tanto Mariano Rajoy como Pérez Rubalcaba.
Dos políticos que están de vuelta no parecen los más indicados para refundar la democracia. Pero ambos deberían echarse a las alforjas el trasfondo del grito apadrinado por Stephane Hessel y José Luis Sampedro, y proferido por miles de personas en las plazas españolas, así como un pasaje del libro 'El malestar de la vida pública', escrito hace quince años por Victoria Camps, catedrática de Ética. Escribía Camps: “La deslegitimación de los gobiernos no tiene su causa sólo en transgresiones de la ley denunciadas y sentenciadas por los jueces. Es la incoherencia ideológica, el incumplimiento de lo prometido, la inacción política, la omisión de respuestas, lo que desilusiona a los electores y hace cundir el descrédito”.
Publicado por El Confidencial (08/06/2011)
Aparecen los primeros síntomas de disgregación entre los indignados que acampan en las glorietas de España. En las muy mermadas “asambleas” ya no se discute sobre política de becas, reforma de la ley electoral o referéndum monarquía-república, sino sobre el modo de poner fin a las acampadas sin claudicar. Tratan de encontrar la forma de darle continuidad a la revuelta y me parece bien.
Al tiempo crece otro tipo de indignación. La de quienes desde determinadas posiciones políticas, adivinen cuáles, les afean la conducta y reclaman el desalojo policial. “Acabo de pasar por Sol y el olor era nauseabundo”, decía ayer una señora en la tele, nada partidaria de la movida, mientras que los oficiantes arremetían contra la desidia del Gobierno de Rodríguez Zapatero por su incapacidad de hacer cumplir la ley.
En la crecida parroquia de la derecha los acampados no tienen buena prensa, para qué vamos a engañarnos. Y regalan las excusas, mejor que mejor. Esa es la hazaña de los acampados de Murcia: asaltar un hipermercado y llevarse sin pagar comida para “los más necesitados”. Hazaña frustrada, claro. Entre otras cosas porque los clientes habituales se pusieron del lado de la Policía, como hicieron los intelectuales en la Comuna de Paris.
No es esto, no es esto, que diría un orteguiano. Correcto. Pero tampoco es cosa de endosar la revuelta de los indignados a una especie de infantilismo revolucionario de cercanías. O peor, a “una bacanal de golfos andrajosos movidos por la locura senil de escritores sin talento”, como dice mi amigo Raúl del Pozo al recordar el dictamen de la historia sobre los procesos asamblearios que en el mundo han sido.
El abajo firmante siempre ha sostenido la importancia del aldabonazo que desde el malestar social se inició al grito de “Democracia real, ya” el pasado 15 de mayo. No por el eventual valor programático de una asamblea a la intemperie sino como aviso para navegantes de la vida pública y, más concretamente, de una clase política considerada por la ciudadanía como el tercer problema nacional.
En términos de regeneración del sistema y sus servidores, entre los que sobra opacidad y falta frescura, esa es la semilla que debería crecer en el espíritu y la letra de nuestros gobernantes. Malas noticias al respecto. No es precisamente frescura lo que venden quienes abanderan la lucha por el poder en nombre de sus respectivos grupos políticos. Demasiado toreados, tanto Mariano Rajoy como Pérez Rubalcaba.
Dos políticos que están de vuelta no parecen los más indicados para refundar la democracia. Pero ambos deberían echarse a las alforjas el trasfondo del grito apadrinado por Stephane Hessel y José Luis Sampedro, y proferido por miles de personas en las plazas españolas, así como un pasaje del libro 'El malestar de la vida pública', escrito hace quince años por Victoria Camps, catedrática de Ética. Escribía Camps: “La deslegitimación de los gobiernos no tiene su causa sólo en transgresiones de la ley denunciadas y sentenciadas por los jueces. Es la incoherencia ideológica, el incumplimiento de lo prometido, la inacción política, la omisión de respuestas, lo que desilusiona a los electores y hace cundir el descrédito”.
martes, 7 de junio de 2011
Si el Rey no se calla ¿por qué lo hace la prensa?
Por Antonio Casado
Publicado en El Confidencial (07/06/2011)
Se imagina por un momento al presidente del Gobierno, al líder de la oposición o al presidente del Tribunal Constitucional abroncando en público a un grupo de periodistas por una información no ya crítica hacia ellos mismos o las instituciones a las que representan, sino supuestamente inexacta? ¿Qué pensaría si José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy o Pascual Sala se encarasen -literalmente- con los medios de comunicación cada vez que éstos, en el ejercicio de su libertad de expresión, publicaran una noticia que les irrita?
Ahora suponga que no es ni Zapatero, ni Rajoy ni Sala quienes pierden los papeles y coaccionan a la prensa -porque, en definitiva, se trata de eso-, sino el jefe del Estado. ¿Seguiría creyendo que esa actitud insolente e incompatible con los usos democráticos le desacredita -como a aquéllos- para ejercer su cargo? Porque esa fue, precisamente, la conducta exhibida el pasado martes por el Rey durante un acto oficial en el palacio de La Zarzuela, cuando, en un tono desabrido e impropio de quien "modera el funcionamiento regular de las instituciones" (artículo 56.1 de la Constitución), respondió a los periodistas que le interrogaron por su estado de salud, un día después de que la Casa del Rey anunciase que el monarca iba a ser intervenido quirúrgicamente en su rodilla derecha.
"Lo que os gusta es matarme y ponerme un pino en la tripa todos los días. Eso es lo que hacéis la prensa", fue el exabrupto lanzado a los estupefactos informadores por Don Juan Carlos, visiblemente crispado por las especulaciones de algunos medios de comunicación sobre el alcance de sus achaques. Puede que alguien agradezca la espontánea contribución del Rey a la riqueza del castellano con esa florida metáfora -confieso que jamás había escuchado la expresión poner un pino en la tripa como representación de un féretro, pero ésa es otra cuestión-; o que no falte quien aplauda al ubicuo presidente del Congreso, José Bono, que salió en defensa de la manoseada campechanía del monarca al afirmar que éste "hasta resultó simpático" con su amenazante berrinche; o incluso que otros se den por satisfechos con el melifluo tirón de orejas que le dedicó la portavoz de UPyD, Rosa Díez, molesta porque aquellas palabras supusieron un "juicio excesivo" sobre la labor de los periodistas.
Todas esas consideraciones, sin embargo, chapotean en la superficie. Y el altercado merece un análisis mucho más profundo. Sobre todo si se tiene en cuenta que, al día siguiente, la Casa del Rey dio otra vuelta de tuerca en su grosero intento de amordazar a la prensa -y no es, ni mucho menos, la primera vez que esto ocurre- al decidir que, a partir de ahora, ningún periodista tendrá acceso a las "audiencias y actos programados" de Don Juan Carlos o su familia en el Palacio Real y en los de El Pardo, La Zarzuela y La Almudaina (Palma de Mallorca), cuya cobertura informativa será en adelante "exclusivamente gráfica, salvo que haya indicaciones específicas". Eso tiene un nombre: censura. Y, desde luego, no resulta nada simpática.
Cambiar las reglas del juego
Si el jefe del Estado quiere imponer unas reglas del juego tan alejadas de los códigos de una monarquía parlamentaria, tal vez los medios de comunicación deberían responder aplicando unos patrones mucho más democráticos en el tratamiento informativo de los asuntos que conciernen a la Corona e idénticos a los que rigen para cualquier otra institución: veracidad, imparcialidad, transparencia y objetividad. Y ese propósito es incompatible con el acatamiento casi ciego de una ley no escrita vigente desde la Transición, según la cual el Rey -cuya persona es "inviolable" y no está "sujeta a responsabilidad", según el artículo 56.3 de la Constitución- está libre de crítica y sus actos escapan al escrutinio fiscalizador de la prensa.
Ese pacto de caballeros entre editores y monarquía muy probablemente tuvo plena justificación en aquellos años convulsos de mudanza política, cuando la Corona sirvió de parapeto frente a los ataques y conspiraciones de los náufragos del franquismo contra una democracia todavía balbuciente e insegura. Desde entonces, los periodistas han seguido casi a rajatabla el espíritu -que no una letra inexistente- de aquella norma, trasladando a los ciudadanos una información casi siempre edulcorada, amable y acrítica sobre la primera autoridad del Estado. Pero quizá sea oportuno preguntarse hoy, más de 35 años después de la entronización de Don Juan Carlos, si aún tiene sentido que los medios de comunicación sirvan de dique de contención frente a los posibles errores y abusos de la institución monárquica.
¿Por qué silenciar el debate sobre la sucesión cuando los ciudadanos hablan con naturalidad en la calle de los pros y los contras de una abdicación del monarca en favor del heredero, el príncipe Felipe de Borbón? ¿Acaso debería ocultarse a la opinión pública la presunta conexión del yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, con el llamado caso Palma Arena, después de que un juez haya imputado a su ex socio en el Instituto Nóos, la entidad que presidía el ex jugador de balonmano del FC Barcelona? ¿Hay que mirar hacia otro lado cuando Don Juan Carlos rebasa las competencias que le atribuye la Constitución e interfiere en el debate político, excluyendo al PP de un pacto anticrisis auspiciado por él mismo? ¿O cuando Patrimonio Nacional paga la elevada factura de una lujosa cinta de correr para uso exclusivo del Rey?
Los únicos límites a esa normalización informativa los deben marcar el interés periodístico, el respeto a la intimidad personal del monarca y los preceptos del Código Penal. Y conviene recordar que incluso el PSOE aceptó el pasado mes de marzo debatir en el Congreso la modificación de este último para suprimir el delito de injurias a la Corona, actualmente castigado con hasta dos años de cárcel.
Publicado en El Confidencial (07/06/2011)
Se imagina por un momento al presidente del Gobierno, al líder de la oposición o al presidente del Tribunal Constitucional abroncando en público a un grupo de periodistas por una información no ya crítica hacia ellos mismos o las instituciones a las que representan, sino supuestamente inexacta? ¿Qué pensaría si José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy o Pascual Sala se encarasen -literalmente- con los medios de comunicación cada vez que éstos, en el ejercicio de su libertad de expresión, publicaran una noticia que les irrita?
Ahora suponga que no es ni Zapatero, ni Rajoy ni Sala quienes pierden los papeles y coaccionan a la prensa -porque, en definitiva, se trata de eso-, sino el jefe del Estado. ¿Seguiría creyendo que esa actitud insolente e incompatible con los usos democráticos le desacredita -como a aquéllos- para ejercer su cargo? Porque esa fue, precisamente, la conducta exhibida el pasado martes por el Rey durante un acto oficial en el palacio de La Zarzuela, cuando, en un tono desabrido e impropio de quien "modera el funcionamiento regular de las instituciones" (artículo 56.1 de la Constitución), respondió a los periodistas que le interrogaron por su estado de salud, un día después de que la Casa del Rey anunciase que el monarca iba a ser intervenido quirúrgicamente en su rodilla derecha.
"Lo que os gusta es matarme y ponerme un pino en la tripa todos los días. Eso es lo que hacéis la prensa", fue el exabrupto lanzado a los estupefactos informadores por Don Juan Carlos, visiblemente crispado por las especulaciones de algunos medios de comunicación sobre el alcance de sus achaques. Puede que alguien agradezca la espontánea contribución del Rey a la riqueza del castellano con esa florida metáfora -confieso que jamás había escuchado la expresión poner un pino en la tripa como representación de un féretro, pero ésa es otra cuestión-; o que no falte quien aplauda al ubicuo presidente del Congreso, José Bono, que salió en defensa de la manoseada campechanía del monarca al afirmar que éste "hasta resultó simpático" con su amenazante berrinche; o incluso que otros se den por satisfechos con el melifluo tirón de orejas que le dedicó la portavoz de UPyD, Rosa Díez, molesta porque aquellas palabras supusieron un "juicio excesivo" sobre la labor de los periodistas.
Todas esas consideraciones, sin embargo, chapotean en la superficie. Y el altercado merece un análisis mucho más profundo. Sobre todo si se tiene en cuenta que, al día siguiente, la Casa del Rey dio otra vuelta de tuerca en su grosero intento de amordazar a la prensa -y no es, ni mucho menos, la primera vez que esto ocurre- al decidir que, a partir de ahora, ningún periodista tendrá acceso a las "audiencias y actos programados" de Don Juan Carlos o su familia en el Palacio Real y en los de El Pardo, La Zarzuela y La Almudaina (Palma de Mallorca), cuya cobertura informativa será en adelante "exclusivamente gráfica, salvo que haya indicaciones específicas". Eso tiene un nombre: censura. Y, desde luego, no resulta nada simpática.
Cambiar las reglas del juego
Si el jefe del Estado quiere imponer unas reglas del juego tan alejadas de los códigos de una monarquía parlamentaria, tal vez los medios de comunicación deberían responder aplicando unos patrones mucho más democráticos en el tratamiento informativo de los asuntos que conciernen a la Corona e idénticos a los que rigen para cualquier otra institución: veracidad, imparcialidad, transparencia y objetividad. Y ese propósito es incompatible con el acatamiento casi ciego de una ley no escrita vigente desde la Transición, según la cual el Rey -cuya persona es "inviolable" y no está "sujeta a responsabilidad", según el artículo 56.3 de la Constitución- está libre de crítica y sus actos escapan al escrutinio fiscalizador de la prensa.
Ese pacto de caballeros entre editores y monarquía muy probablemente tuvo plena justificación en aquellos años convulsos de mudanza política, cuando la Corona sirvió de parapeto frente a los ataques y conspiraciones de los náufragos del franquismo contra una democracia todavía balbuciente e insegura. Desde entonces, los periodistas han seguido casi a rajatabla el espíritu -que no una letra inexistente- de aquella norma, trasladando a los ciudadanos una información casi siempre edulcorada, amable y acrítica sobre la primera autoridad del Estado. Pero quizá sea oportuno preguntarse hoy, más de 35 años después de la entronización de Don Juan Carlos, si aún tiene sentido que los medios de comunicación sirvan de dique de contención frente a los posibles errores y abusos de la institución monárquica.
¿Por qué silenciar el debate sobre la sucesión cuando los ciudadanos hablan con naturalidad en la calle de los pros y los contras de una abdicación del monarca en favor del heredero, el príncipe Felipe de Borbón? ¿Acaso debería ocultarse a la opinión pública la presunta conexión del yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, con el llamado caso Palma Arena, después de que un juez haya imputado a su ex socio en el Instituto Nóos, la entidad que presidía el ex jugador de balonmano del FC Barcelona? ¿Hay que mirar hacia otro lado cuando Don Juan Carlos rebasa las competencias que le atribuye la Constitución e interfiere en el debate político, excluyendo al PP de un pacto anticrisis auspiciado por él mismo? ¿O cuando Patrimonio Nacional paga la elevada factura de una lujosa cinta de correr para uso exclusivo del Rey?
Los únicos límites a esa normalización informativa los deben marcar el interés periodístico, el respeto a la intimidad personal del monarca y los preceptos del Código Penal. Y conviene recordar que incluso el PSOE aceptó el pasado mes de marzo debatir en el Congreso la modificación de este último para suprimir el delito de injurias a la Corona, actualmente castigado con hasta dos años de cárcel.
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