Las cajas de ahorro y el Estado

Por Manuel Muela Publicado en El Confidencial (30/03/2011) Las idas y venidas de la reestructuración del sistema financiero español parecen desembocar en lo que unos pocos pensábamos desde el principio de la crisis: que la utilización de recursos públicos debería implicar la presencia del Estado en la administración y gestión de las entidades que los recibieran. Sin embargo, este principio, que parece acorde con la defensa del interés público, es presentado en España como algo peyorativo, probablemente por el descrédito que sufre todo lo público y también por la creencia en la bondad absoluta de lo privado que, como estamos viendo, carece de capacidad para ayudar a superar los problemas del sistema crediticio. Creo que, en estas circunstancias, el Estado podría pasar de ser el mal menor para algunos a convertirse en la garantía de la ordenación y del saneamiento eficaz de un sector tan importante para España como es el de las cajas de ahorros. Es un hecho aceptado que el estallido financiero de agosto de 2007 y su prolongación en otoño de 2008 con la quiebra de Lehmans Brothers alteró profundamente los mercados financieros y causó la parálisis de la economía real. Ello puso de manifiesto que los poderes públicos, llevados de un entendimiento erróneo de la libertad de mercado, hicieron dejación de su obligación de velar por los equilibrios fundamentales tanto sociales como económicos; lo que fue aprovechado por la codicia de algunos agentes financieros: el discurso de la globalización, muy influenciado por el del capitalismo financiero, ha anegado durante los últimos quince años las posiciones públicas de los diferentes gobiernos, incluidos los nuestros, sin distinción ideológica alguna, hasta el punto de hacernos pensar que el Estado era algo residual y poco adecuado para los nuevos tiempos. Pero la cadena de decisiones adoptadas desde entonces, siguiendo la iniciativa de los Estados Unidos, nos obligan a considerar el papel central de los Estados en la ordenación de la crisis, incluida la del crédito. Tanto para los fundamentalistas del liberalismo como para los múltiples conversos procedentes de la socialdemocracia, las iniciativas públicas adoptadas han resultado extrañas y chocantes, sin pararse a pensar que los gobiernos tienen la obligación de defender el interés público y de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, algo a lo que los liberales genuinos nunca renunciaron. Y en esa línea es en la que creo que conviene situar el proceso de nacionalización de algunas cajas de ahorros españolas, ante la imposibilidad manifiesta de las ilusorias opciones privadas. Aunque sea tardío y poco vigoroso, puede ser el principio de un recorrido más sólido y eficiente para estas cajas y otras que pueden llegar después. Es importante que el camino que ahora se inicia quede despejado de reservas y de prejuicios. Lo señalo, porque la corriente imperante, incluso entre los gobernantes, es que la nacionalización es un mal necesario del que hay que pasar cuanto antes. Y eso podría estimular actuaciones guiadas más por un sentido liquidador que por un propósito constructivo y conservador de instituciones necesarias, que lo que requieren son políticas profesionales de gestión y saneamiento, orientadas a devolver el dinamismo a un sector vilipendiado, por causa de una simplificación muy frecuente en España: confundir a los gestores negligentes con las entidades que gestionan. Como nunca es tarde para encontrar un buen gobierno, en el caso de las cajas de ahorros puede que la presencia del Estado en las mismas, aunque éste la haya rehuido expresamente, obligue a separar el grano de la paja y a aplicar los principios y las políticas que demandan los problemas que tiene el sector, con transparencia y con exigencia, lejos de los intereses particulares. Precisamente en España, que vivió en los años 70 y 80 la crisis bancaria más importante de la época en Europa, no falta experiencia. Y, al fin y al cabo, es lo mínimo que se puede esperar de quienes tienen la responsabilidad del poder público. Porque debajo de la hojarasca de propaganda y de las versiones interesadas acerca del porvenir de las cajas de ahorros españolas conviene subrayar que, aun con los ingentes problemas que las atenazan, representan unos de los activos más sólidos de nuestro sistema crediticio: su presencia en el país, su implicación en la economía real y su grado de eficiencia en el mercado minorista son valores que, gestionados adecuadamente por el Estado, pueden permitir que, en plazo breve, se reanude el caudal del crédito, cuya ausencia esta condenando a la economía española a una larga postración.