Una imputación judicial recalienta el caso de los ERE's

Por Antonio Casado

Publicado en El Confidencial (15/03/2011)


Se anima la pugna de los dos grandes partidos por ver quién mea más alto, o más bajo, según se mire desde una orilla u otra, en materia de corrupción. En la cuenta particular de gurteles valencianos frente a ERE's andaluces, el borrón se lo apuntó ayer el PSOE. El ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, ya está imputado por el fraude de los famosos Expedientes de Regulación de Empleo aprobados y financiados por la Junta de Andalucía.

El asunto de los ERE's fraudulentos es una más de las numerosas formas de malversación del dinero público que hemos ido conociendo a lo largo de los años. Por mejor decir, es una forma de malversación de un objetivo tan decente como minimizar los daños por pérdida de puestos de trabajo en empresas fallidas. Discutible en una concepción estrictamente liberal del sistema, de acuerdo, pero decente, siempre que las malas prácticas no lo contaminen a favor del amiguete, el familiar, el vecino o el compañero de partido.

Lo de Mercasevilla, detectado por la Intervención General de Hacienda en 2005, no se quedó ahí. Se hincha, como dice el cuento. El citado ex consejero de Empleo (2004-2010) recibió ayer una comunicación de la jueza que lleva el caso, Mercedes Alaya (Juzgado número 6 de Sevilla), anunciándole que será llamado a declarar como imputado en la causa. Con procurador y letrado, Fernández deberá explicar en sede judicial cómo se gestionaron los 650 millones destinados por los poderes públicos a la reestructuración de empresas en crisis.

Ese era el objetivo decente. Del uso que se pudo hacer de esos dineros de todos los ciudadanos ya nos dio una pista el ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, cuando lo calificó con descaro de “fondo de reptiles”. Y del rigor con el que fueron administrados nos hacemos una idea a la vista del propio expediente personal de Antonio Fernández (sí, sí, el ex consejero ahora imputado) como prejubilado de la empresa González Byass en el año 1981. Pero, ojo al dato, la fecha de antigüedad en la empresa obrante en el expediente -ya corregido, al parecer- era la de su nacimiento.

La derivada política es imparable. Y va a más. Patinaron los dirigentes socialistas andaluces al anunciar que el escándalo no rebasaría el ámbito de competencias del director general. La imputación del consejero deja el listón indagatorio de la jueza a los pies del ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, hoy vicepresidente del Gobierno central, y del actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, pues ambos tuvieron bajo su autoridad política e institucional al ex consejero Fernández, un histórico dirigente local del PSOE gaditano.

Griñán y Chaves tienen la obligación de construir un relato convincente que acredite lo que el portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, atribuyó a “una cuadrilla de cuatro sinvergüenzas que aprovecharon su posición al frente de algunas empresas ajenas a la Administración autonómica” ¿Sin colaboradores necesarios de cierto nivel dentro de la Junta? No parece creíble. Y si lo es, el presidente andaluz no debería desaprovechar la ocasión de cargarse de razón ante una comisión parlamentaria, donde deben ventilarse las responsabilidades políticas mientras el procedimiento judicial sigue su camino.