Cajas de Ahorros: la responsabilidad del Partido Popular

Por Manuel Muela

Publicado en El Confidencial (09/03/2011)

Esta semana el Congreso de los Diputados debe decidir la convalidación o no del Decreto Ley 2/2011 para el reforzamiento del sistema financiero. Una norma que ha sembrado la incertidumbre, contra lo que aparentemente pretende, distorsionando gravemente los proyectos de reestructuración de gran número de entidades, fundamentalmente cajas de ahorros, hasta el punto de poner en cuestión su propia supervivencia. Parece que el Gobierno tiene resuelto el trámite parlamentario, pero se desconoce la posición última que adoptará el Partido Popular, que es lo que de verdad interesa a quienes tienen que planificar el futuro inmediato en el que se vislumbra la opción de gobierno de dicho partido. Su apoyo o desafecto a dicha norma marcará la pauta de su aplicación.

La crisis iniciada en el verano de 2007, que ha afectado, como no podía ser menos, a los sistemas financieros, se ha vivido en España de forma singular: cuando la mayoría de los países encararon los problemas de sus entidades crediticias, aquí se optó por embalsarlos con la creencia de que era una crisis transitoria de liquidez que, en ningún caso, se transformaría en un problema de solvencia. Y así se estuvo hasta la primavera de 2009 en la que empezó la inquietud por la crisis de la economía real, mejor dicho su depresión, y su repercusión evidente en el sistema crediticio, cuyo endeudamiento exterior y volumen de activos dañados fue conociéndose.

Las cajas de ahorros, que son la mitad de dicho sistema, estaban particularmente afectadas por la especulación inmobiliaria: su exposición en promoción y suelo es muy importante, más que en el caso de la banca, aunque esta última está muy comprometida por la crisis de las empresas. Es verdad que no todas las cajas tienen el mismo nivel de exposición, pero a partir del momento en que se fueron conociendo los datos se inició una ola de descrédito sobre todo el sector, que ha creado alarma e incertidumbre, y que nadie, empezando por los propios afectados, ha tratado de atenuar o contrarrestar. Imperaron la política del avestruz y la ignorancia de responsabilidades.

En 2009 y 2010 las cajas entraron en procesos de concentración y reestructuración, algunos de los cuales de dudoso rigor: fusiones intrarregionales poco consistentes y agrupaciones virtuales, los SIP, muchas de ellas forzadas para obtener ayudas públicas y mantener a los administradores causantes de los problemas. La imagen que se ha transmitido, con el concurso de las propias autoridades, es que la fusión y concentración de entidades era la panacea para resolver las dificultades, sin necesidad de optar por otras alternativas de saneamiento de las carteras crediticias, que ya figuraban en la regulación del FROB.

Al finalizar 2010 se anunció urbi et orbe que había concluido la reestructuración del sector. Pero, a los quince días del comienzo del año, el Gobierno anunció una nueva reforma que establece mayores exigencias de recursos propios, discriminando a las cajas respecto de los bancos, con la pretensión de bancarizar todo el sistema crediticio. Se ha sembrado de nuevo la incertidumbre y se ha puesto de manifiesto un objetivo, que algunos sospechábamos, cual es que las cajas de ahorros están condenadas a la desaparición. Hasta tal punto es así que el nuevo Decreto Ley exige que las cajas de ahorros que necesiten recurrir al FROB deban transformarse previamente en bancos. La razón de ello es un arcano.

Con independencia de otras opiniones sobre los contenidos del Decreto-Ley, pendiente de convalidación, lo importante es que aboga por la eliminación del modelo de cajas y estimula, quizá sin pretenderlo, la posibilidad de que se puedan fraguar alrededor de ello operaciones especulativas en beneficio de unos pocos y en perjuicio de la mayoría, teniendo en cuenta el ciclo bajo de la economía y las dificultades para obtener recursos privados a precios razonables, porque para las gangas siempre hay compradores.

El Decreto Ley de creación del FROB del año 2009 contempla instrumentos de reestructuración y saneamiento de las entidades, que son la columna vertebral de la norma y que han venido siendo ignorados, porque su utilización podía implicar la remoción de administradores. Se ha preferido optar por la vía de préstamos sin acometer políticas de saneamiento y limpieza de activos dañados, aunque se tenga conciencia de que tales préstamos difícilmente serán devueltos y que las entidades no pueden, en tales condiciones, dinamizar sus políticas de crédito.

Por otra parte, la reforma de la LORCA de julio de 2010 concede a las cuotas participativas una calificación análoga a las acciones o a las aportaciones sociales de las cooperativas, los famosos derechos políticos, que habilitan para participar en los órganos de administración. Con ello se pretendía desvanecer las dudas acerca de la participación en el control y administración por parte de hipotéticos inversores en las cajas, estableciendo un sistema mixto de gobierno respetuoso con el modelo jurídico de las cajas y con los derechos de los inversores en las mismas.

En mi opinión, la utilización de los instrumentos del FROB combinados con la emisión de cuotas participativas, que pueda, en su caso, suscribir el propio FROB serían inicialmente suficientes para ordenar y sanear los balances de las cajas, sin necesidad de proclamar su defunción, obligándolas a convertirse apresuradamente en bancos y a malvenderse en un mercado ávido de gangas.

Por eso resulta capital, a mi juicio, la posición del Partido Popular, ya que este partido no aboga, que sepamos, por la desaparición de las cajas y sí da prioridad a las políticas de saneamiento frente a la opción del Decreto Ley, basada sólo en la mayor exigencia de recursos propios que todos sabemos que, sin saneamiento previo, no deja de ser una proclama poco eficaz, si se quiere activar la política crediticia. Los instrumentos para sanear y capitalizar, en su caso, ya están vigentes, y conviene que alguien lo recuerde y asuma su utilización.

Hay quienes sostienen que no apoyar el Decreto Ley es desestabilizador. Es el recurso al trágala propio de la política española. Al contrario, sería la oportunidad para imponer algo de sosiego en el campo de Agramante en que se ha convertido el sistema crediticio, enviando un mensaje de seriedad y de esperanza no solo a la mitad del mismo, las cajas de ahorros, sino a todos a quienes interesa que nuestros bancos y cajas contribuyan a superar la depresión económica del país.